Docentes venezolanos iniciaron este martes un paro de 48 horas para exigir aumentos salariales y mejoras en las instituciones públicas, y advirtieron que podrían extenderlo si no hay respuesta gubernamental.
Con mensajes como «sueldo justo ya», decenas de profesores se concentraron frente al Ministerio de Educación, en Caracas, y en varios estados del país.
Según la sindicalista y docente Griselda Sánchez, el paro fue acatado por más del 80% de los educadores en la capital, mientras que se han parado «entre 90% y 93% de instituciones» en el país.
Los trabajadores del sector demandan al ministro Aristóbulo Istúriz una revisión de su contrato colectivo, programas de alimentación para los estudiantes y servicios básicos en las escuelas públicas.
«Somos docentes de vocación, pero no podemos permitir que nos sigan pagando una miseria», denunció a la AFP Adriana Brito, de 46 años, que percibe poco más de un salario mínimo.
El ingreso básico en Venezuela (sueldo más un bono de alimentación) pasó de 65.000 bolívares a 300.000 bolívares (unos 16,3 dólares), tras un ajuste del gobierno de Nicolás Maduro anunciado el pasado 14 de octubre.
Pero los pocos recursos de Adriana, especialista en cultura con 16 años de experiencia, se diluyen en medio de una inflación proyectada por el FMI en 200.000% para 2019. «No tenemos ni para ir a los colegios», se queja.
Venezuela está sumida en la peor crisis de su historia reciente, con una inflación de 4.679,5% entre enero y septiembre, y una fuerte caída de su vital producción de crudo.
El gremio ya ha denunciado que más del 70% de las instituciones del país se encuentran vacías por la fuga de profesores y alumnos, y en precario estado.
«Luego de este paro (…), estamos pidiendo otro paro de 72 horas. Si no hay respuesta, vamos rumbo a la huelga nacional de maestros», aseguró Sánchez.
Fuente de la Información: https://retodiario.com/noticia/INTERNACIONAL/Venezuela-Profesores-inician-paro-en-reclamo-de-mejoras-salariales/172300.html
Argentina / 28 de abril de 2019 / Autora: Marcela Isaías / Fuente: Autoeducación Digital
Distintas voces coinciden en que la clave está en la educación sexual integral
Y un día partió, en busca de algo mejor/ Ella sabía que volver sería mucho peor/ Nació en el dolor, se fue detrás de una canción/ Ella cantaba para engañar a su propio dolor..,” dice la letra de Ella #NiUnaMenos de La Berisso. La canción es sugerida por los estudiantes para reflexionar sobre la violencia de género. Esa violencia que causa abusos y femicidios como el de Micaela García. ¿Qué puede hacer la escuela para prevenirla? Distintas voces acuerdan que la clave está en la aplicación plena de la educación sexual integral (ESI).
“Que la educación sexual deje de ser un espacio que se sólo da en los últimos años, en biología y empiece a ser una materia más; que se dicte desde los primeros años y cuente con profesores capacitados para enseñarla”, resume su pedido Julia Alabern, alumna de la Nigelia Soria, integrante del centro de estudiantes de esta escuela.
Sostiene que “para hacerle frente a la violencia de género desde las escuelas, es fundamental la implementación de la ley de educación sexual integral”. Tiene un pedido puntual para las autoridades escolares, con razones bien fundamentadas: que les brinden espacio a los centros de estudiantes, ya que por lo general son los chicos y las chicas quienes toman la iniciativa “de hablar de estos temas tan tabúes”. “Los centros de estudiantes nos permiten organizar cine debate, charlas y diversas actividades de temas tan transversales como lo son la violencia machista y la educación sexual en general”.
Marcos Bomprezzi está en el último año de la escuela obligatoria y participa de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES). Sugiere escuchar (con video incluido) el tema de La Berisso para pensar en la dimensión del #NiUnaMenos. También pone el acento en que se respete la ley de ESI. “Para hacerle frente a la violencia contra las mujeres —dice—, en la escuela deberíamos tener formación en género, sobre qué es esta violencia de género y se debería respetar en todas las instituciones educativas la ley de ESI, ley que no es respetada por muchos directivos. También escuchar más a los centros de estudiantes que reclaman que se aplique correctamente esta ley, y muchas veces no se nos escucha”.
La voz del Estado
La voz del Estado llega de la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, que resalta las leyes como la ESI (26.150) y sus lineamientos curriculares, junto con diversos materiales específicos, que acercan “herramientas y perspectivas para trabajar en el ámbito educativo la prevención, detección y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Además de las leyes nacional Nº 26.485 (de protección integral a las mujeres) y provincial Nº 13.348 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
El Programa de ESI —destaca— es el instrumento que permite “problematizar estereotipos de género, abordar las relaciones afectivas entre adolescentes y visibilizar situaciones que vulneren derechos como el abuso sexual” y que posibilita “trabajar para la construcción de relaciones democráticas e igualitarias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Balagué afirma que Educación provincial desarrolla diversas líneas de acción en las cuales “se aborda la desnaturalización de la violencia contra las mujeres, como también estrategias ante situaciones concretas”. Menciona la capacitación docente, talleres con estudiantes secundarios, producción de afiches y folletos, trabajo articulado entre los equipos ESI y Socioeducativos ante situaciones de violencia de género; además de una jornada de prevención de violencia de género en las cinco mil escuelas provinciales.
Formación docente
Los gremios docentes también se centran en el valor de la aplicación plena de la ESI para hacerle frente a la violencia de género. Ponen el acento en la formación de los docentes, no como una capacitación más sino como un recorrido propio para cada educador y educadora.
“Desde la escuela se puede hacer mucho. Hay cuestiones que no están en debates, como el cuerpo de leyes que protegen derechos”, analiza María de los Angeles Menna, maestra de grado y dirigente de Amsafé Provincial. Cita las leyes de ESI, las de defensa de los derechos de la mujer y de protección de la infancia y adolescencia (26.061) que “ayudan a identificar los tipos de violencias en el aula y los modos en que se expresan”.
Menna, quien también es antropóloga e integra los Equipos Socioeducativos, subraya el carácter obligatorio y horizontal de esta enseñanza. Además de la necesidad de que la formación en ESI llegue a todo el magisterio para que educar en la materia no sea un trabajo ajeno ni una bajada de línea. Al respecto tiene una mirada crítica sobre el acceso al valioso material de ESI producido por Nación (cuadernos por niveles, láminas y cartillas), que enviaba a las escuelas pero que no llegaba porque era cajoneado por la Provincia. También sobre la política provincial de capacitación: “En un tema tan tabú como es el de la sexualidad, esta decisión de seleccionar uno o dos docentes para que participen de la ESI y que sean multiplicadores es casi como dar por tierra con el proyecto. Hay que ser protagonista de este proceso para poder revisar muchas prácticas que están encarnadas en nosotras”. Y recuerda que “muchas veces las propias maestras son víctimas de la violencia de género y no lo pueden asumir”.
La secretaria de Cultura y Derechos Humanos del Sadop Rosario, Silvana Cadahia, también destaca el valor de la ESI, pero con didácticas apropiadas para garantizar su implementación: “A veces se corre el riesgo que al tomarla como un contenido transversal nadie se haga cargo de esta enseñanza”.
Ante la violencia de género, dice que la escuela tiene la doble tarea de fomentar a largo plazo un análisis más estructural de por qué ocurren estas problemáticas y a la vez trabajar sobre lo urgente, como son los femicidios, como pasó con la vida de Micaela García, la estudiante violada y asesinada el primero de abril pasado en Gualeguay.
Se trata —profundiza— de enmarcar el femicidio dentro de un contexto de violencia sistemática, que tiene una intencionalidad sobre los sectores históricamente más vulnerables que son los niños y niñas, los jóvenes y las mujeres.
“La escuela tiene que trabajar —se explaya— con la comprensión de los sistemas de violencia que genera este sistema desigual e injusto. Pero también ir tratando de formar subjetividades que dejen de estar en riesgo, fortalecidas unas con otras, desde la información, desde el empoderamiento colectivo. Para esto se necesitan políticas de Estado urgentes”.
En esas urgencias propone preguntarse por los estereotipos que se replican en la escuela. “Yo Soy Luna se reproduce en la primaria. Hay que tomar conciencia de que convertimos a los chicos y chicas en consumidores de ciertos modelos y también que los exponemos a una erotización temprana de sus cuerpos”, advierte sobre este programa de televisión y otros similares y define que “la escuela tiene una batalla cultural por delante”.
Mujeres de la historia
La diputada provincial Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) distingue el papel del Estado y de la ESI para responder a la violencia de género. “La violencia sexista, los femicidios, las violaciones y los abusos sexuales son las versiones más crueles de la subordinación de las mujeres en nuestra sociedad. A lo que estamos asistiendo en este momento es a un incremento y visibilización de la resistencia de las mujeres a esa subordinación histórica. A partir de esas visibilizaciones, la escuela es la principal herramienta que tiene el Estado para derrumbar ese andamiaje cultural y social que subordina a las mujeres”.
¿Qué hacer? Augsburger opina que lo primero es jerarquizar, priorizar fuertemente la ESI. Recuerda aquí parte de las discusiones que se daban en 2006 cuando era legisladora nacional y se debatía el proyecto de ESI: “Venían muchas personas planteando la no exigencia de la ESI para las escuelas confesionales, diciendo que eran las familias quienes debían decidir la orientación de esa educación para sus hijos. El debate lo ganamos mostrando las cifras de abuso sexual infantil que se da mayoritariamente en los entornos familiares y por tanto no se pude dejar libradas a las mismas esta decisión, sino que debe intervenir fuertemente el Estado para garantizar la vida sin violencias”.
Otra tarea para la escuela es “usar un lenguaje inclusivo, no sexista, genérico porque el lenguaje estructura el pensamiento”. También hay que insistir con la enseñanza de la historia de nuestras heroínas, “en las mujeres de nuestra Independencia y en aquellas más recientes que jugaron papeles protagónicos para promover un mundo más justo, como las Madres de la Plaza, las piqueteras, las Mujeres en lucha que pararon los remates en los años 90 que están absolutamente invisibilizadas”. Y considera decisivo terminar con los estereotipos de género: “Seguimos insistiendo en que las nenas son más ordenadas y los nenes más revoltosos, que tienen más interés en determinadas actividades y menos las mujeres. Hay un montón de herramientas que tenemos en nuestras manos para eliminar la subordinación de la mujer en todos los ámbitos”.
Por qué es un femicidio
¿Femicidio o feminicidio? “En la Argentina son sinónimos femicidio y feminicidio, pero se usa en general femicidio”, explica la periodista Loreley Flores integrante de la organización “Con X, comunicación plural e igualitaria”. La diferenciación entre un término y otro la sostiene la académica, antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde —continúa Flores— quien dice que femicidio es la contraparte de homicidio. Es decir, el primero sería un asesinato a una mujer (por ejemplo, en un robo) y el segundo un asesinato a un varón. Mientras que “feminicidio” es un asesinato a una mujer por cuestiones de género, es decir por ser mujer.
“Sin embargo, en la Argentina usamos el término femicidio con la connotación que le da Marcela Lagarde al término feminicidio. Con lo cual debemos hablar del «Femicidio de Micaela», ya no de asesinato porque no alcanza para decir que fue agredida por ser mujer, donde un varón violento quiso disponer de su cuerpo en una clara relación de dominación de su vida”.
Lecturas para ampliar la mirada
Una serie de lecturas amplían y acompañan el trabajo didáctico de la educación sexual integral, y en particular profundizan en la problemática de la violencia de género.
La diputada Silvia Augsburber sugiere dos académicas y autoras “que tienen un lenguaje sencillo, cotidiano y que permiten de manera inmediata ver qué se puede hacer desde la escuela”: Graciela Morgade y Catalina Wainerman.
La dirigente del Sadop Rosario, Silvana Cadahia, propone sumergirse en literatura temática como “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez”, de Rita Segato; “Historia del pecho”, de Marilyn Yalom; “Mujeres que corren con los lobos”, de Clarissa Pinkola Estés; “Pariremos con placer”, de Casilda Rodrigánez Bustos; “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”, de Alicia Fernández; “Cuerpo de mujer y experiencia de Dios”, de María Clara Lucchetti Bingemer y “Mujeres que callan”, de Marta Fernández Boccardo.
Argentina / 28 de abril de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Página 12
No habrá clases en todo el país
Los gremios docentes anunciaron que se sumarán al paro general convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, al que adhirieron la CTA y Camioneros, y que se realizará el próximo martes 30. “Paramos en defensa del salario y el empleo y en particular en defensa de la paritaria nacional docente”, confirmó Sonia Alesso, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).
Tal como lo hicieron ayer los pilotos, la dirigente confirmó que los sindicatos docentes agrupados en Ctera también adhieren a la medida de fuerza, algo que es independiente de la negociación salarial alcanzada en la provincia de Buenos Aires.
“Desde enero de 2018 el gobierno nacional viola por decreto la paritaria nacional docente. También congelaron los fondos para educación, subejecutaron las partidas, incumplieron con todo los objetivos de inversión educativa”, afirmó Alesso, que en la enumeración de promesas incumplidas incluyó a los 3000 jardines que nunca se realizaron.
Alesso remarcó que le Gobierno también congeló el incentivo docente y el fondo compensador, que va a las provincias más pobres. La misma suerte que corrieron las partidas de comedor. “Estamos viendo con mucha preocupación como los niños van cayendo en situación de pobreza y cómo eso influye en las escuelas”, agregó en declaraciones al Destape Radio.
“No es la primera vez que confluimos con diferentes sindicatos y sectores, creo que es lo necesario para enfrentar el ajuste. Estamos viviendo una situación verdaderamente grave. Ayer se conoció el índice de inflación sin que el gobierno diera una sola respuesta. La unidad para enfrentar el ajuste es fundamental”, dijo la dirigente.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 28 de abril de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – España: ‘Los 41’, un proyecto de gamificación para salvar la educación
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América del Sur/ Paraguay/ 05.02.2019/ Fuente: www.hoy.com.py.
Los gremios docentes analizan recurrir a medidas de fuerza desde el mes de abril, si el Gobierno no cumple con el acuerdo en relación al ajuste salarial. En ese sentido, vieron con preocupación las últimas declaraciones del ministro de Educación, Eduardo Petta.
Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), explicó que el Parlamento tiene aprobado con ellos un ajuste salarial a ser implementado desde abril.
Pero, “sorpresivamente” el ministro de Educación, Eduardo Petta, salió con una declaración de que va a enviar una propuesta legislativa, con unas condicionantes para la implementación del ajuste salarial.
Dichas condicionantes, según Espínola son de “imposible cumplimiento”.
“Nosotros lo que hemos planteado, son dos cosas. Uno, no es un problema que lo hemos generado nosotros, lo han generado el Ministerio de Educación y Hacienda. Dos, el Decreto Reglamentario no debiera ser tan imperativo como está planteado”, agregó el dirigente docente.
El gremialista señaló que el acuerdo al que se llegó, sostiene que los ajustes progresivos deben darse hasta el 2021, donde se estaría llegando al salario básico profesional que establece el estatuto del educador.
Adelantó que, si no se cumple con lo acordado, en el mes de abril iniciarán una medida de fuerza. “No está en discusión el inicia de las tareas educativas”, arremetió.
Fuente de la noticia: https://www.hoy.com.py/nacionales/salario-docente-petta-metio-la-pata-y-maestros-amenazan-con-huelga-si-no-corrige-su-proyecto
Los docentes y los trabajadores de universidades cobrarán en dos cuotas el bono de fin de año. En cambio, Educación se negó a reabrir ahora la discusión salarial, como exigían los gremios.
Los docentes universitarios y los trabajadores no docentes cobrarán a fin de año el bono anunciado por el Gobierno. Así lo acordaron esta semana los gremios del sector con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en sus respectivas reuniones de mesa técnica salarial. En cambio, la SPU rechazó el pedido de los docentes de adelantar la cláusula de revisión paritaria, por lo que continúa prevista para enero.
El monto del bono docente varía según el cargo. Será de 5 mil pesos para los profesores con dedicaciones exclusivas, de 2500 para los de dedicación semiexclusiva y de 1250 para los que tienen dedicaciones simples. Se cobrará por cada cargo y en dos tramos: la mitad el 13 de diciembre, junto con el medio aguinaldo, y la otra entre el 15 y 20 enero. Para los docentes de escuelas preuniversitarias, el monto del bono será de 166 pesos por cada hora reloj y se abonará de la misma manera. No es a cuenta de futuros aumentos.
La reunión técnica se hizo anteayer y fue convocada por la SPU tras reiterados pedidos y medidas de fuerza de los gremios docentes, que incluyeron un paro, movilizaciones y un petitorio. Además del pago del bono, el principal reclamo era el adelantamiento de la cláusula de revisión salarial para el mes de noviembre, debido a la escalada inflacionaria de los últimos meses. El acuerdo paritario firmado en septiembre establece dos instancias de revisión para su actualización: en enero –tras conocerse la inflación de diciembre– y en marzo –tras conocerse la de febrero–. Tal pedido fue denegado por las autoridades del Ministerio de Educación y la fecha para la reunión de revisión ya se fijó para el 16 de enero de 2019.
“Si bien el Gobierno sigue sin atender nuestros reclamos, el bono es un reconocimiento de la crítica situación que atraviesa la docencia universitaria. Durante la reunión pudimos en algún caso mejorar sustancialmente la propuesta original, y nuestro foco seguirá estando en la lucha por la cláusula de revisión”, señaló el secretario general de la federación docente Conadu, Carlos De Feo.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) aseguraron que no comparten el criterio del “bono” porque “siempre es mejor un incremento salarial”, pero rescataron que es un “avance” que se pague, ya que en 2016 los docentes no lo cobraron, a diferencia de los trabajadores universitarios no docentes y el resto de los trabajadores estatales.
La federación Conadu Histórica no fue convocada a la reunión debido a que es el único gremio que no firmó el acuerdo paritario 2018, por considerarlo insuficiente. Su secretario general, Luis Tiscornia, aseguró que la reunión “fue una puesta en escena para tratar de tapar la grave situación salarial” de los docentes universitarios. “El bono no puede pretender ocultar el deterioro salarial que tenemos. A enero vamos a estar 20 puntos por debajo de la inflación. Si el Gobierno y los gremios que han firmado el acuerdo pretenden ocultarlo, están subestimando mucho a la docencia universitaria”, sostuvo el dirigente y ratificó la vigencia del plan de lucha de la federación para exigir la reapertura de la paritaria y un aumento de emergencia que “al menos” empate la inflación.
La movilización contra la reforma fiscal de Alvarado pierde fuelle después de que varios sindicatos convocantes se hayan ido desmarcando
La huelga de trabajadores públicos de Costa Rica contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Carlos Alvarado cumple ya un mes y medio sostenida por los gremios de maestros y profesores. Con el paso de las semanas, el movimiento, iniciado el pasado 10 de septiembre, ha ido perdiendo el apoyo de varios de los sindicatos convocantes, pero miles de educadores se resisten aún a devolver la normalidad a las aulas. El curso lectivo en Costa Rica, que acaba en noviembre, sigue en vilo, mientras los servicios de salud y transporte ya han sido plenamente restablecidos.
El comité coordinador de la huelga reiteró este miércoles la decisión de sostener el movimiento de protesta a pesar de haber fracasado en su mayor objetivo: paralizar la economía nacional de manera suficiente como para obligar al Ejecutivo, de centroizquierda, a retirar su reforma fiscal. Esta propuesta, sin embargo, parece encaminada a su aprobación en el Congreso, después de una primera votación favorable el 5 de octubre, con el apoyo 61% de los diputados entre la minoría oficialista y grupos opositores.
De la aprobación definitiva de la reforma tributaria depende buena parte del futuro económico costarricense a corto y medio plazo: con ella, el Gobierno de Alvarado trata de frenar el severo deterioro de las finanzas públicas y poner límite al déficit público, que ya está dejando sentirse sobre la economía, en plena fase de desaceleración. Algunos partidos opositores y líderes de empresarios apoyan la propuesta, que eleva el impuesto de renta, amplía el de ventas a nuevos sectores y limita el crecimiento de beneficios salariales de empleados estatales.
Los maestros insisten en que la reforma fiscal los afecta de manera injusta. De poco ha servicio la promesa del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley para enmendar un rubro. La amplia mayoría de los educadores mantienen su lucha, según datos del Ministerio de Educación Pública, patrono de 85.000 personas (2,5% de la población mayor de 18 años) que trabajan para 5.500 centros que suman casi un millón de alumnos entre niños y adolescentes. Esta es la base de un modelo considerado ejemplar en la región: Costa Rica está entre los 30 mejores países del mundo en términos de calidad de educación, según el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial. La cobertura general en primaria y secundaria supera el 90% y la tasa de alfabetización cercana al 97%, en medio de Uruguay, Argentina y Chile.
“Han capturado el calendario escolar. Es difícil encontrar en este momento una escuela pública o un colegio que funcione con normalidad, menos aún en las zonas periféricas del país”, dijo a EL PAÍS el ministro de Educación, Édgar Mora. Dice que han vuelto a trabajar más de 7.000 educadores, pero la cifra es baja frente al volumen del gremio agrupado en tres organizaciones sindicales poderosas en afiliados y en recursos. El principal portavoz sindical, Gilberto Cascante, dijo que no tenía tiempo para contestar preguntas de este periódico. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada el 5 de octubre decía que la huelga perdía apoyo popular en su cuarta semana y que tres de cada cuatro costarricenses se oponía a la suspensión de clases en centros educativos.
El presidente Alvarado insiste en la necesidad de una reforma fiscal que permita lanzar señales favorables a los financistas internacionales para mejorar las condiciones de la deuda, que equivale a un 52% del Producto Interno Bruto (PIB). El desfase entre gasto público e ingresos alcanza en este 2018 el 7% de la producción, lo que muestra el peor cuadro de aprietos financieros en 40 años. Aunque la economía se prevé crezca 3% en este año, el Ministerio de Hacienda ya reportó un bajo crecimiento de la recaudación en lo que va del 2018, inferior a 1%, el peor desde la crisis del 2009. “No hay más tiempo. Los sindicatos deben entender que estamos tratando de evitar que sean los mercados los que hagan el ajuste, de una manera más dolorosa”, advertía la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, este miércoles en una de sus decenas de entrevistas para insistir en la necesidad del plan fiscal y en la imposibilidad de complacer a los huelguistas.
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