Guatemala / 26 de noviembre de 2017 / Autor: Isabel Soto Mayedo / Fuente: Siglo 21
Guatemala transpira juventud: cerca del 70% de su población tiene menos de 30 años y la mayor parte de sus habitantes estará por debajo de los 24 en 2032. Pero en estos momentos, de 800 mil a un millón de jóvenes están excluidos del sistema educacional o del mercado laboral, incluso de ambos.
Un repaso a las estadísticas y la alarma es mayor. Planes presupuestarios y estrategias estatales poco o nada consideran esos datos, mientras continúa la controversia en torno a la urgencia de revertir lo que para algunos especialistas cobra rango de tragedia en el terreno educacional.
Según el Programa Estado de la Región, en Centroamérica existen alrededor de 98,000 centros educativos y la mayoría de estos están en Guatemala. Sin embargo, el país de mayores niveles de exclusión social de la región también posee el más bajo nivel de inclusión educativa plena. Asimismo, es considerado el territorio donde existen los peores índices de escolaridad en esta zona geográfica y donde la calidad de la enseñanza es muy cuestionada.
Paralelo a esto, los niveles de deserción continúan siendo sumamente elevados, por la falta de recursos económicos, los elevados índices de violencia, los embarazos prematuros y otras causas que provocan el desinterés de los más jóvenes en proseguir estudios.
En 2015 cerca de la mitad de la población estudiantil guatemalteca estaba alejada de las aulas, es decir, unos 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, y los especialistas concuerdan en que ello está emparentado con que este es el país centroamericano en el cual el Estado invierte menos en educación.
La investigación Más y mejor educación en Guatemala (2008-2021) ¿Cuánto nos cuesta?, desarrollada por especialistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), mostró que en 2014 la inversión del Estado en la educación pública fue de apenas 3% del Producto Interno Bruto (PIB), para un promedio de 600 dólares anuales por persona en edad escolar. Mientras, Costa Rica invirtió 7.4, Honduras 7, y El Salvador 3.8, por sólo citar algunos ejemplos.
La transición demográfica y el período de bono demográfico, durante el cual los países tienen cantidades crecientes de población en edad laboral, constituye una oportunidad irrepetible para impulsar el desarrollo y frente a la necesidad de ampliar con rapidez la cobertura educativa, se hace imperativo elevar la inversión.
EDUCACIÓN EN EL PRESUPUESTO
A pesar de eso el plan de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 sugiere la escasa comprensión de los impactos de tan compleja realidad. De los Q14 mil 612 millones contemplados para el Ministerio de Educación (MINEDUC) 75 % irá al pago de salarios (Q11 mil millones), 3.2% a infraestructura, y 10% a programas de apoyo. Los Q897 millones aumentados, con relación al año anterior, apenas alcanzarían para financiar la Ley de alimentación escolar.
Además, hay que considerar que, si bien esa cartera de Gobierno es la que recibe mayor cantidad de recursos, igual es la que mayor cantidad de personas emplea y muchas de ellas son beneficiadas por salarios elevados, a tono con la vigencia de acuerdos o pactos colectivos de trabajo que sobreviven sujetos a la polémica. Por otra parte, de las 134 mil personas inscritas como trabajadores de la entidad, nueve mil cumplen funciones administrativas.
Mientras, las autoridades del MINEDUC insisten en su interés de mejorar la calidad y la cobertura educativa, mas investigadores del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) advierten que los fondos con que cuentan para esos esfuerzos están muy por debajo de lo requerido, debido al deterioro acumulado.
Esto impide resolver problemas añejos en esa rama elemental para el desarrollo de la nación y contribuye a alimentar el círculo vicioso en el cual se reproduce el flagelo de la pobreza, que pende sobre casi el 60 por ciento de la población cual espada de Damocles.
RUMBO INCIERTO
La brecha en la cobertura educativa del Estado, unido a la proclividad de algunas familias de empujar a sus hijas e hijos a trabajar desde edades tempranas para garantizar el sustento en medio de la miseria reinante, redunda cada año en la expulsión del sistema educativo de cientos de infantes, adolescentes y jóvenes.
En Guatemala las escuelas públicas para los niveles primario y secundario son escasas, y buena parte de las existentes presentan techos, puertas o paredes rotas; carecen de mobiliario y de útiles necesarios para la impartición de las clases, así como de suficiente cantidad de maestros. Peor ocurre en los locales que sirven como tales en zonas rurales, sin cumplir con los requerimientos pedagógicos elementales, sin sanitarios apropiados y hasta con pedazos de tablas en las rodillas de los educandos por mesas, o de piedras o bloques por pupitres.
“Aproximadamente, de 20 mil edificios, el 25 por ciento está en condición de bastante daño, y de ese 25 por ciento, unas mil 700 escuelas tienen problemas serios en techos, pisos, sanitarios y ventanales”, reconoció el titular del Mineduc, Oscar Hugo López, al inaugurar el curso lectivo en enero de 2017.
A su vez admitió la ausencia de un censo de infraestructura escolar y la falta de capacidad del Estado para atender toda la educación en el país, ya que el 80 por ciento del básico y diversificado está en manos privadas y solo el 20 por ciento lo maneja esa cartera.
En medio de este panorama, las limitadas inversiones en infraestructura, maestros y materiales, así como las políticas educativas implementadas hasta la fecha sólo centraron su atención en contener la crisis, sin alternativas claras, en desmedro de la atención a la calidad de la enseñanza.
Pensum y programas desactualizados surten el efecto de una nube que ensombrece lo poco que en materia educativa pueden alcanzar los empeñados en vencer los primeros años escolares, quienes suelen salir con conocimientos insuficientes para enfrentar el desafío de cualquier carrera profesional.
OPINIONES
Al intervenir en un conversatorio sobre el tema, auspiciado por el Programa Estado de la Región, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA), el viceministro técnico de la rama, Héctor Canto, destacó las acciones realizadas por el MINEDUC, en las diferentes áreas, con tal de avanzar hacia el cambio soñado en materia educativa. Sin embargo, reconoció que no se adelantó lo suficiente en las metas de cobertura previstas.
“El tema presupuestario es la principal limitante”
“El tema presupuestario es la principal limitante”, declaró el funcionario y recordó que en torno a la educación existe una corresponsabilidad. Esta debe importar a toda la población, pero “no todos ven la educación como un problema”, enfatizó.
En tanto, la vicepresidenta de la junta directiva de Empresarios por la Educación, Inés Torrebiarte, aseveró que en este país todos tienen interés en la transformación del sistema de enseñanza, sólo que “diferimos en el camino, en el cómo lograrlo”.
“Las competencias que necesitamos para el futuro, no las está dando el sistema educativo y nos están sobrepasando los países vecinos”, lamentó y reconoció la necesidad de que la empresa privada aporte más con vistas a resolver la problemática, porque “con el modelo actual, nunca tendremos los resultados que esperamos”.
Torrebiarte aseguró que los “empresarios queremos un modelo distinto, que responda más a los intereses de las niñas y los niños, y de todos los sectores en Guatemala”.
Estamos en un punto en el cual requerimos reformar la educación a partir de una política de Estado y no desde la visión de un ministro o de un determinado grupo social, concordaron participantes en la cita. Pero para que estas iniciativas destinadas a solucionar rezagos educativos tengan los resultados deseados, son necesarias dos condiciones: diálogo productivo, y hablar de impuestos, opinó el co-director de PRODESSA, Federico Roncal, quien cree imprescindible “hacer una reforma profunda del sistema tributario, porque Guatemala no puede seguir siendo el paraíso fiscal ni el país de América Latina con menor carga tributaria dedicada a educación”.
“La sociedad tiene que ponerse de acuerdo en un plan concreto de metas de ampliación de cobertura establecidas, porque no se puede ampliar de forma tan violenta y repentina, pero sí tiene que haber un plan muy claro con recursos asignados y con evaluaciones periódicas para ampliar cobertura y dotar de recursos a los centros educativos. Creo que la reforma financiera y luego llegar a consenso nacional sobre los planes para implementar la reforma es lo que nadie se ha atrevido a hacer después de la firma de la paz”, subrayó.
Roncal calificó a la educación en Guatemala como tragedia, “porque la sociedad en conjunto sabe que está pasando y que son dos cosas: un gran sector de la población no está yendo a estudiar porque no tiene oportunidad, que son casi todos los jóvenes que son el 60 por ciento y no hacemos nada. Otro problema es que los que sí van a estudiar, los niños, no están aprendiendo, están saliendo de sexto primaria sin saber leer ni escribir correctamente, sin manejar conocimientos o competencias de cálculo básicas”.
La existencia de muchas universidades privadas es otra cuestión sujeta a la polémica. De acuerdo con Roncal, ello responde a la existencia de “un grupo que lucra muchísimo, y que tiene bastante influencia sobre el sector educación, porque encontró que la educación superior es un buen negocio”.
Por su parte, el director del ICEFI, Jonathan Menkos, defendió que “la gran mayoría de los ciudadanos, funcionarios, académicos y empresarios guatemaltecos estamos conscientes de que la educación es uno de los pilares más importantes para la construcción de un desarrollo sostenible”.
Empero, recordó los múltiples retos por enfrentar e instó a “responder con acciones, compromisos y recursos a preguntas sobre cómo vamos a llevar a todas las niñas, niños y adolescentes a las escuelas, honrando sus culturas particulares; qué valores y competencias queremos que estudien y desarrollen para que la sociedad no tenga únicamente buenos trabajadores, sino también buenos inventores, grandes artistas y filósofos, buenos deportistas e, incluso, qué valores y competencias debemos promover para contar con políticos que estén a la altura de nuestros tiempos”.
Fuente del Artículo:
Presupuesto, educación y el desafío de Guatemala
Sin embargo, aunque los docentes deben actuar para hacer frente a la violencia de género en el entorno escolar, algunos son a su vez los que cometen los abusos y la explotación de tipo sexual, con frecuencia impunemente, tal como demostró un 
En el marco de la encuesta del SACMEQ de 2007, el 39% de los directores de escuela afirmó que en sus instituciones habían ocurrido casos de acoso entre profesores y alumnos. Esto variaba ampliamente entre los sistemas educativos, concretamente de aproximadamente una quinta parte de las escuelas encuestadas en Mauricio y Mozambique, a más de tres cuartos en Seychelles (Gráfico 1).
escuelas. Las chicas de la República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá sufren frecuentemente acoso sexual en la escuela y “chantaje sexual” por las calificaciones. Ciertos estudios a pequeña escala en Bangladesh, la India, Nepal y Pakistán también informan sobre gestos sexuales por parte de los profesores hacia las chicas. Una encuesta sobre la violencia de género en las escuelas en Malawi determinó que aproximadamente una quinta parte de los docentes decía estar al tanto de que ciertos colegas presionaban a las chicas para tener relaciones sexuales, o las obligaban.
planteles más pobres informaron sobre acoso sexual de los docentes hacia los alumnos, en comparación con el 20% en los más ricos. No obstante, en otros países, como Lesotho, Namibia y Mozambique, se informó sobre más casos de acoso de profesores a alumnos en las escuelas más ricas. En Sierra Leona, las chicas que no pueden pagar los gastos relativos a la escuela suelen ser obligadas por los profesores a tener relaciones sexuales.
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