América del Sur/Colombia/14-05-2021/Autor(a) y Fuente: www.fecode.edu.co
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE – denuncia ante el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y el Derecho, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Unidad Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, demandando de ellas en el marco de sus funciones y competencias las acciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los responsables del asesinato de la docente pensionada BEATRIZ MORENO MOSQUERA.
BEATRIZ MORENO MOSQUERA entregó su vida al ejercicio magisterial, al servicio de la lucha sindical, social y comunitaria. El pasado 3 de mayo, su cuerpo sin vida con posibles signos de tortura, fue encontrado en la Playa de Ladrilleras, municipio de Buenaventura, según comunicado de rechazo y denuncia del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL VALLE -SUTEV-.
FECODE condena y rechaza este posible feminicidio y exige de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN la más pronta y exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos y dar con los presuntos responsables.
FECODE expresa su más sentida solidaridad con la organización sindical –SUTEV- con el movimiento ADEP, con la comunidad y con los familiares de la lideresa social; exhortándolos a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa de los DERECHOS HUMANOS y la consolidación de la PAZ para todos los colombianos.
Fuente e Imagen: https://www.fecode.edu.co/index.php/denuncia-publica-rechazamos-el-homicidio-de-la-docente-pensionada-beatriz-moreno-mosquera-lider-social-y-sindical-del-sutev.html
El informe Forensis 2019, de Medicina Legal, registra 11.880 muertes violentas y 26.158 delitos sexuales.
El Instituto de Medicina Legal publicó este jueves su informe Forensis 2019, en el que se da cuenta que se 2018 al año pasado bajaron los homicidios pero subieron los delitos sexuales.
De acuerdo con el reporte, hubo 11.880 muertes violentas en 2019 en el país, que significan un 2,06% menos que las 12.130 perpetradas en 2018.
En Barranquillase presentaron 312 homicidios en 2019, en Cartagena 197, en Santa Marta 133, en Valledupar 82, en Riohacha 67, en Montería 90, en Sincelejo 49 y en San Andrés 21.
En cuanto a delitos sexuales, el incremento fue de 0,36%, al pasar de 26.065 casos denunciados en 2018 a 26.158 episodios reportados el año pasado.
Contra la primera infancia, se perpetraron en 2019 87 homicidios contra niños de 0 a 5 años y se cometieron 3.850 delitos sexuales contra la población infantil.
Y con víctimas de 6 a 11 años de edad hubo 27 homicidios y 8.336 delitos sexuales.
Han pasado tres años desde que alrededor de 740.000 personas de etnia rohinyá huyeron de la campaña de violencia selectiva de las fuerzas armadas myanmaras en el estado de Rajine para dirigirse a los campos de personas refugiadas en Bangladesh. Sin embargo, la población rohinyá que se quedó en Myanmar sigue enfrentándose a múltiples peligros en su vida, y las violaciones de derechos humanos no han cesado.
En enero, como parte de una causa abierta contra Myanmar por presunto genocidio, el máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó que el Estado myanmaro protegiera a los rohinyás. Aun así, igual que en 2017, Amnistía Internacional continúa recibiendo vídeos y fotografías de violaciones de derechos humanos en el estado de Rajine. En este blog explicamos cómo se ha verificado la localización de algunas de las imágenes de vídeo recibidas recientemente por Amnistía Internacional, y cómo revelan el alcance de los abusos que siguen cometiéndose actualmente contra la población rohinyá.
Crímenes contra la humanidad
En 2017, un equipo de investigación de Amnistía Internacional estaba trabajando sobre el terreno en Cox’s Bazar (Bangladesh), destino de muchas de las personas refugiadas rohinyás. Entrevistamos a personas en los campos, dejándoles espacio para contar su historia. También verificamos los vídeos que llevaban consigo en sus teléfonos móviles, utilizando imágenes de satélite para confirmar lo que nos contaban. Todo ello llevó a Amnistía a calificar la violencia sistemática de “crímenes contra la humanidad”. La Corte Penal Internacional puso en marcha una investigación, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar. El gobierno de Myanmar pasó a ser un paria en la escena internacional.
Desde entonces, la vigilancia todavía resulta más difícil. Uno de los motivos ha sido el prolongado bloqueo de Internet móvil, que ha durado más de 12 meses en muchos municipios del estado de Rajine, y continúa con unos servicios limitados de telefonía 2G. Donde hay conectividad actualmente, es lenta o ineficaz. No obstante, las imágenes de vídeo recibidas, verificadas y publicadas por Amnistía Internacional demuestran que la situación sobre el terreno sigue siendo grave en el norte del estado de Rajine. De hecho, la población rohinyá que no cruzó la frontera para huir a Bangladesh continúa en estado de sitio: asediada por el gobierno, que no ha desmantelado el régimen de segregación que rige todos los aspectos de su vida; asediada por el conflicto, ya que los enfrentamientos armados entre las fuerzas armadas de Myanmar y el Ejército de Arakan, grupo armado étnico de Rajine, continúan en forma de sangrientas batallas y la población civil —rohinyás y otras minorías diversas— está atrapada en el fuego cruzado; y asediada por la amenaza que representa la pandemia de COVID-19, en un estado donde ya soportan unos servicios médicos vergonzosamente desiguales e inadecuados. Además, Myanmar está haciendo modificaciones del paisaje en varias zonas del norte del estado de Rajine que dificultarán aún más el retorno al hogar de la población refugiada rohinyá.
Las pruebas que hemos publicado para conmemorar el tercer aniversario provienen de activistas del norte del estado de Rajine que corren riesgos a diario para grabar estos hechos. Los vídeos reflejan muertes de rohinyás, corrupción y nuevas estructuras administrativas extendiéndose por las tierras de esa comunidad. Este contenido, grabado en 2020, se entregó a Evidence Lab, del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía, y al equipo de investigación sobre Myanmar de Amnistía, que han trabajado juntos para verificarlo de manera independiente.
El proceso de verificación siempre es importante, ya que en Myanmar es habitual que circule contenido sobre casos anteriores con la pretensión de que corresponde a atrocidades recientes. Además, dado que gran parte del contenido ha sido grabado por personas que han corrido graves riesgos, es primordial preservar su seguridad. En muchos casos no podemos revelar el lugar ni el momento de las grabaciones. Sin embargo, en el caso de un vídeo grabado desde las inmediaciones del pueblo de Nan Yar Kone, en el distrito de Kun Taing, municipio de Buthidaung (estado de Rajine), sí podemos.
Pruebas en vídeo de apropiaciones de tierras
En el citado vídeo aparece una zona de obras. Activistas nos contaron que es la sede de una nueva escuela tecnológica pública en terrenos que pertenecen a la comunidad rohinyá. Pero, desde la distancia, ¿cómo confirmamos que este vídeo realmente se grabó cerca del pueblo de Nan Yar Kone y que es reciente?
El primer paso de este proceso es averiguar si el pueblo existe realmente y, si es así, determinar sus coordenadas geográficas. La Unidad de Gestión de la Información sobre Myanmar ha creado una base de datos con los nombres y localizaciones de muchos pueblos y municipios.
Descargado como hoja de cálculo, el archivo es grande y difícil de manejar pero, si se dedica un tiempo a estudiarlo, buscar las coordenadas de pueblos myanmaros nombrados es relativamente sencillo. Averiguamos que existe el pueblo de Nan Yar Kone, en el distrito (subdivisión de los municipios rurales de Myanmar) de Kun Taing, municipio de Buthidaung. El nombre al menos coincide con el que nos dijeron nuestras fuentes. Las coordenadas de Nan Yar Kone son: 20.875150, 92.5463027.
Google Earth Pro
Sin embargo, no basta con encontrar el nombre del pueblo y sus coordenadas geográficas para confirmar la localización del vídeo. Introduciendo las coordenadas en Google Earth Pro pudimos acceder a imágenes satelitales del pueblo y examinarlas. Justo al este del pueblo vimos lo que parecía una zona de obras.
Pero, ¿era reciente? Para averiguarlo utilizamos la función de imágenes históricas de Google Earth Pro. Examinando las imágenes históricas observamos que las obras ya estaban en marcha en septiembre de 2019 y que el terreno era un solar en 2017. Sin embargo no había imágenes disponibles de 2017 a 2019, por lo que no podíamos saber la fecha exacta del inicio de la construcción. Enseguida volveremos sobre eso…
¿Coinciden los edificios?
El siguiente paso era confirmar que los edificios coinciden. En el vídeo —que, según nos dijeron, se grabó en enero de 2020— pueden verse tres estructuras principales. Todos se corresponden con las imágenes de satélite.
Si se observa atentamente el edificio situado en el extremo izquierdo, se ve un tejado azul que aparece en las imágenes satelitales de marzo de 2020 pero no en las de noviembre de 2019. Las imágenes de satélite establecen el marco temporal en que se grabó el vídeo, que confirma lo que nos contaron.
¿Cuándo comenzó la construcción?
Como ya se ha dicho, las imágenes históricas sólo nos permitían remontarnos hasta septiembre de 2019, cuando las obras ya estaban en marcha. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo comenzó realmente la construcción? En Evidence Lab, del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía, aprovechamos nuestra asociación con Planet Labs para utilizar imágenes de inferior resolución y descubrimos que la construcción empezó entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2019.
Más pruebas
El siguiente paso es descubrir más información que esté públicamente disponible. Mediante una serie de sencillas búsquedas en Google utilizando palabras clave surgió una historia publicada en el sitio web The Stateless en febrero de 2019, según la cual en Nan Yar Kone se habían usurpado más de nueve hectáreas de terreno para construir una “escuela secundaria pública de tecnología”. En primer lugar, como con todas las fuentes, abordamos la información desde el prisma de la verificación. En este artículo destaca un dato: una apropiación de más de nueve hectáreas de terreno para construir la escuela.
En Google Earth Pro es posible delimitar la zona de obras. Usando la herramienta de medición de Google Earth Pro podemos medir el área. Con la herramienta Polígono se puede medir el vallado perimetral de las obras, y el resultado, prácticamente idéntico al dato publicado en el artículo, son nueve hectáreas.
Consideraciones éticas
En este vídeo describimos varias de las violaciones de derechos humanos que sigue sufriendo la población rohinyá en el estado de Rajine. Muchos de los vídeos que recibimos, que suman casi dos horas de contenido, muestran los momentos inmediatamente posteriores a explosiones de proyectiles de artillería o minas terrestres, a incendios provocados en pueblos, a desplazamientos y a extorsiones.
Seleccionamos cuidadosamente imágenes que contaran la historia de lo que está pasando actualmente en el norte del estado de Rajine —sin revelar identidades ni poner en grave peligro a quienes sufren estas situaciones— pero también tuvimos muy en cuenta que la gente necesita que el mundo conozca sus historias. Aunque la tragedia de los rohinyás en Myanmar ocupó titulares hace tres años, hoy está lejos de salir en las portadas. Contar estas historias durante un bloqueo de Internet móvil, cuando la gente corre riesgos para obtener vídeos y fotos que demuestren los abusos, es difícil. Se lo debemos a personas valientes que asumen tales riesgos para compartir sus historias. Garantizar la verificación exhaustiva en todo el proceso es fundamental para transmitir correctamente estas historias.
Con los problemas generales de acceso a que tienen los observadores independientes en el estado de Rajine, agravados por las restricciones del gobierno myanmaro y la pandemia de COVID-19, las grabaciones de vídeo, imágenes satelitales y otros datos para monitorear los acontecimientos son herramientas que aumentan nuestra capacidad de recopilar pruebas y exigir responsabilidades a las autoridades de Myanmar.
La población rohinyá no puede seguir esperando justicia, y la comunidad internacional de derechos humanos no puede dar la espalda a su terrible situación.
América Central/Honduras/07-06-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
Redacción TEGUCIGALPA
Las muertes violentas se han reducido un 22% en Honduras, pero las denuncias por violencia machista aumentaron 4,1% en medio de la emergencia por la pandemia de Covid-19, alertó este miércoles el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país centroamericano.
Honduras ha sido considerado uno de los países más violentos del mundo por las altas tasas de muertes violentas, sin vivir en guerra, pero los últimos años ha logrado reducir en la mitad la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, a 44,2.
«Hay una baja, en promedio 7 homicidios diarios, la mayoría de ellos por ajustes de cuenta», subrayó Ayestas, quien dijo que la mayor parte de las muertes violentas se producen con armas de fuego y blanca.
Fin de semana, más violencia
El descenso no ha sido tan evidente a partir de la segunda quincena de marzo, pese a que el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, decretó un toque de queda, los fines de semana.
Ayestas lamentó que el sábado y domingo, días cuando nadie circula en Honduras, se reporta «la mayor incidencia de homicidios», al acumular el 33,2 % del total de víctimas.
Durante la cuarentena en Honduras «ningún día ha cerrado con cero homicidios», señaló el Observatorio de la Violencia.
Los sectores más afectados por las restricciones por el coronavirus y la violencia son “las mujeres y los niños”, subrayó.
Honduras vive una «cultura de violencia que avala y promueve la violencia contra las mujeres y los niños, los homicidios y lleva a muchas personas al suicidio», indicó Ayestas.
EFE
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/noticia/1102319785/baja-el-contagio-pero-no-la-violencia-machista
América del Sur/ Colombia/ 28.04.2020/ Fuente: noticias.caracoltv.com.
La víctima fue identificada como Jairo Jiménez, de 63 años. Su cuerpo fue encontrado en las últimas horas.
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Las autoridades del municipio de Abejorral, oriente antioqueño, investigan el homicidio del rector de la institución educativa Zoila Duque Baena, de la vereda Chagualal.
De acuerdo con información preliminar, el docente fue ultimado con arma de fuego y presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo.
“Hemos destinado un equipo de criminalística especial, el cual desde las primeras horas arribó a Abejorral para apoyar la recolección de los elementos materiales probatorios, que den cuenta de los móviles y autores materiales de este hecho”, informó el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia,
La Alcaldía envió un mensaje a su familia y destacó la labor de Jairo Jiménez como docente: “Nuestra solidaridad con la familia del rector Jairo Jiménez y con la comunidad de Chagualal, a la cual dedicó los mejores años de su vida. Un hombre humilde y de un gran corazón que le mereció el cariño y afecto de los abejorraleños”.
Fuente de la noticia: https://noticias.caracoltv.com/antioquia/conmocion-en-abejorral-por-homicidio-de-reconocido-rector-nid227405
Durante el año en curso, Colombia volverá a decidir si ampliar o limitar el porte de armas en manos de los ciudadanos. En esta columna señalo algunos argumentos de por qué se puede prever que, si se aumenta la flexibilización en el país, muy seguramente se elevaría el número de homicidios.
A principio del año, el país se conmocionó con la historia de un médico asaltado al norte de Bogotá a altas horas de la noche, ya que desenfundó su arma y mató a los tres presuntos ladrones. Miles de personas salieron en redes a defenderlo y no faltaron quienes, incluso, llegaron a denominarlo un “héroe nacional”. Muy seguramente actuó en defensa propia, pero eso no lo convierte en héroe, sino en víctima. El rigor conceptual es esencial en cualquier reflexión y debate, mucho más si aquello que se debate tiene consecuencias directas sobre la vida y el desarrollo ético de la comunidad.
Mucho menos revuelo causó el asesinato de un niño en Medellín, cuyo padre, al parecer, había robado una bicicleta días atrás. Ante el cadáver de su hijo pusieron un letrero tan cruel como inhumano: “Siga robando HP”.
Los dos casos anteriores vuelven a poner sobre la mesa un debate esencial en toda democracia: ¿Se debe flexibilizar el porte de armas o, por el contrario, fortalecer el total monopolio del Estado sobre ellas?
Un porte más libre de armas ha sido ampliamente defendido por algunos parlamentarios del Centro Democrático y del Partido Conservador; muy especialmente, por Christian Garcés, Alfredo Rangel y Juan Carlos Wills. A nivel internacional esta tesis ha contado con el total respaldo de Donald Trump, quien llegó a proponer la absurda idea de armar a los profesores para detener las frecuentes masacres en las instituciones educativas. En Brasil, Jair Bolsonaro, desde su campaña había propuesto liberalizar el porte de armas, bajo la tesis de que era lícito “matar ladrones” y que, quien lo hiciera, sería indultado.
Como puede verse, el debate sobre la flexibilización en el porte de armas, claramente marca fronteras ideológicas, éticas y políticas. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la defensa de la vida, los derechos humanos y los principios democráticos. La idea de los defensores de la flexibilización es muy sencilla: proponen liberar el porte de armas para que los “ciudadanos de bien”, se defiendan de los maleantes.
El término “ciudadano de bien” debería estar proscrito de la reflexión y el debate, por excluyente, clasista y segregador. Pero muy especialmente, por ser completamente falso, dado que atribuye un mejor comportamiento ético y ciudadano a quien posee mayores recursos económicos, lo cual, a todas luces es una asociación que no necesariamente se cumple. Sin embargo, la idea central del proyecto que deberá discutirse durante el año en curso, propone facilitar el porte de armas para que los ciudadanos ejerzan su defensa.
En Colombia 690.000 colombianos tienen armas amparadas. De ellos, 400.000 pueden portarlas. Así mismo, se estima que hay 3 millones de armas ilegales que circulan por las diversas regiones.
Tres argumentos principales se pueden exponer en contra de la flexibilización del porte de armas, entendiendo que, en casos muy excepcionales, es comprensible que puedan portarlas los ciudadanos cuyas vidas corran gran peligro, pero eso ya está contemplado y reglamentado en detalle por la ley. Nos interesa plantear si las excepciones deben seguir ampliándose indefinidamente, como proponen algunos políticos, y cuál sería el costo social y humano de hacerlo.
En primer lugar, al flexibilizar el porte de armas el Estado está trasladando la potestad de ejercer justicia a una muy pequeña parte de la población. En la práctica queda legalizada la pena de muerte, ya que un ciudadano que se sienta amenazado, sin ningún juicio, ni defensa, ni proceso en curso, puede disponer de la vida de quien considera que lo está amenazando. Más grave: la decisión sobre la vida o la muerte de otra persona la debe tomar en pocos segundos. Todavía más delicado: quien posee un arma tiene mayor poder de intimidación y mayor capacidad para ejercer violencia. Todos sabemos lo intimidante que puede volverse una persona que desenfunda su arma. Por tanto, seguramente la flexibilización se convertiría en Colombia en un factor que, en lugar de reducir, eleve el número de homicidios. En mayor medida, si tenemos en cuenta que somos un país acostumbrado a la muerte, muy intolerante, poco empático e insensibilizado tras décadas de violencias, mafias y conflicto armado.
¿Se imaginan cuántas de las mujeres maltratadas en Colombia, habrían terminado muertas si sus esposos tuvieran autorización para portar armas? ¿Se imaginan cuántos muertos se producirían en las calles de las ciudades del país, si en las riñas callejeras, algunos de los involucrados hubieran tenido derecho a usarlas? ¿Se imaginan cuántos hinchas deportivos habrían muerto si los hinchas de los equipos contrarios tuvieran permiso para portar armas? ¿Se imaginan cuántos reclamantes de tierras habrían sido asesinados, si los usurpadores de sus tierras tuvieran derecho a portar armas?
Preguntas todas ellas muy pertinentes en un país en el que la mitad de los homicidios son generados por alguien que conocía previamente a sus víctimas; los victimarios eran, muy posiblemente, sus esposos, sus compañeros o sus vecinos y murieron en una actividad deportiva o social acompañada, por lo general, de licor. Es tan triste que el Día de la Madre sea la fecha con mayor número de homicidios en el país. Aun así, ¿prefieren que más personas salgan armadas a la calle todos los días?
El segundo argumento es científico. Dado que esta es una medida que ya se ha adoptado en diversas regiones del mundo, es relativamente fácil saber cuál ha sido su impacto. El caso más claro de todos es Estados Unidos, país en el que de tiempo atrás en diversos estados ha sido permitido el porte, hasta tal punto, que se consiguen armas y municiones en cualquier supermercado, como muy claramente lo ilustró Michael Moore en el documental Bowling for Columbine (Premio Óscar al mejor documental largo en 2002).
Estados Unidos es un buen contraejemplo a la propuesta del porte legal de armas. Según un estudio reciente, entre 1966 y 2012 en este país se presentaron 90 tiroteos masivos. Los 90 tiroteos son cerca de un tercio de los 292 ataques que se registraron en el mundo para el mismo periodo. Sin embargo, aunque esta nación tiene el 5% de la población mundial, allí se presentaron el 31% de los tiroteos masivos. Una variable central para explicar esto, tiene que ver con su política de liberación de armas. Así mismo, en el Estado de la Florida, tras promulgarse la ley de libre porte de armas en 2005, el homicidio aumentó casi un 30 por ciento durante los años siguientes.
Investigaciones adelantadas en el mismo país, encuentran que no sólo se eleva el número de asesinatos por homicidios con un porte más flexible. También se evidencia que aumenta el riesgo de suicidios. La explicación es sencilla: es más fácil quitarse la vida si hay armas al alcance de individuos con tendencias suicidas.
Aunque el tiempo todavía es breve para conclusiones generales, en Brasil la situación al parecer ha sido similar. Bolsonaro recién posesionado, cumplió su promesa de campaña y flexibilizó el porte de armas. El Atlas de la Violencia registró el 2019 en Brasil como el año de mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes.
Los partidarios de la legalización harían bien en estudiar el dramático caso venezolano. Cuando Chávez llegó al poder en 1999 la cifra oficial era de 19 homicidios por cada 100.000 personas. Hoy en día, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), estima que se multiplicó por cuatro al llegar a 79 muertos. ¿Qué pasó? Que el gobierno repartió armamento preparando a la población para una supuesta invasión norteamericana. Amnistía Internacional estima que, en un país de 29 millones de habitantes, existen 6 millones de armas distribuidas entre la población. Caracas se convirtió en la tercera ciudad más insegura del planeta y otras dos (Guayana y Ciudad Bolívar), están entre las diez más inseguras. Como puede verse, la experiencia internacional permite pensar que una mayor flexibilización, eleva la inseguridad y no la reduce, como suponen sus defensores.
El tercer argumento se puede inferir de diversos estudios y experiencias colombianas. Un estudio realizado en 2017 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) encontró que, incluso personas entrenadas en su uso, como los vigilantes, presentaban en Colombia y contrario a lo que presuponen sus defensores, mayor riesgo de ser asesinadas si estaban armadas.
Otro estudio de la FIP, realizado en 2019, ratifica que el uso de armas de fuego en homicidios ha disminuido en los últimos siete años en el país, cuando se restringió el uso libre de armas. En 2010, el 81% de los homicidios se producían con armas de fuego y en 2018 el 72%. Sigue siendo muy alto, pero la tendencia es favorable.
Una experiencia significativa en esta misma dirección, se encuentra con la búsqueda del monopolio de las armas en Bogotá durante la alcaldía de Antanas Mockus. Sus medidas a favor del desarme permitieron reducir significativamente las tasas de homicidios de 72 (1994) a 51 por cada 100.000 habitantes (1997).
De todas maneras, la experiencia más importante de todas se ha vivido con el desarme de las FARC alcanzado gracias al proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia. Es así como, entre 2012 y 2017, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se redujo de 34 a 24 casos en el país. Lo verdaderamente grave es que esta tendencia ha comenzado a revertirse con la llegada al poder de Iván Duque y muy especialmente desde finales del año 2019. La Misión de Observación Electoral (MOE), concluye que enero de 2020 es el mes más violento contra los líderes sociales en los últimos cinco años.
El presidente Duque afirma que defiende el desarme. Lo mismo ha dicho su Consejero para la seguridad. Ojalá se consoliden estas posiciones en la nación, ya que en una democracia le corresponde al Estado garantizar el monopolio total en el uso de las armas y de la fuerza, para que solo tengan como propósito proteger la vida, que es el más importante de todos los derechos.
En la práctica, permitir el porte de armas equivale a establecer la pena de muerte sin juicio previo. Un meme que circuló en redes lo expresaba de manera clara: “Si matar para robar es malo, pero matar al que roba es bueno, entonces lo que importa no es la vida, sino la propiedad”. ¿Eso es lo que más importa hoy en Colombia?
(*) Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación
Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/es-conveniente-flexibilizar-el-porte-de-armas-en-colombia-julian-de-zubiria/652415
América del Sur/Brasil/26-01-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
Redacción BRUMADINHO
“Vale #Asesinos”. El cartel con letras negras entre dos árboles a la entrada de Brumadinho avisa que esta pequeña ciudad del sudeste de Brasil sigue cargando el dolor y los estigmas de la rotura hace un año de un dique perteneciente a ese grupo minero.
Un total de 270 personas (11 de ellas desaparecidas hasta hoy) murieron tras el colapso de la presa, el 25 de enero de 2019, que sepultó gran parte de la región bajo un torrente de lodo.
El lugar ya nunca será el mismo, pese a las millonarias indemnizaciones de unos 2.000 millones de reales (unos 480 millones de dólares) que Vale fue condenada a pagar.
Los ausentes no son olvidados y los bomberos siguen buscando hasta ahora los desaparecidos.
“Brumadinho es pequeño y la mayoría de la gente se conoce. Tenemos a nuestros amigos de infancia. Yo he ido a unos 30 o 40 entierros”, cuenta Natalia de Oliveira, que perdió a una hermana y a muchos amigos.
“Cuando nos encontramos en la calle o en el supermercado, nos decimos: ‘¡Cuánta gente murió aquí!’ Alguien que perdió a su padre, a su madre, que habían ido a trabajar”.
Al duelo se suman la devastación y el impacto ecológico de los 12 millones de metros cúbicos de lodo cargado con residuos mineros que se desprendieron del dique. El siniestro es particularmente visible en los suburbios rurales de Brumadinho: viviendas abandonadas, poblaciones desplazadas, pescadores y agricultores a quienes se prohibió ejercer su oficio.
Una región parada
La contaminación del río Paraopeba paralizó las actividades de la zona y dejó sin sustento a pescadores y agricultores.
Adelson Silva de Oliveira aplasta con su tractor las malezas de dos metros de altura que invadieron su campo junto al río. Desde hace un año, no ha plantado nada.
“Plantábamos lechuga, coles, maíz. Pero paramos todo. ¿Quién quiere comprar productos de aquí. ¡Nadie!”, afirma.
Los 106.000 habitantes que viven a menos de un kilómetro del río reciben una “ayuda de emergencia” de 1.000 reales por mes (240 dólares), equivalente a un salario mínimo. Esa suma se reducirá a la mitad a partir de febrero.
Homicidio intencional
Vale, por su lado, que había perdido un cuarto de su valorización de mercado, recuperó la semana pasada en la Bolsa de Sao Paulo su nivel de antes de la catástrofe.
Y se mantuvo por encima de esa marca incluso tras perder 2,32% el martes, después de que la fiscalía de Minas Gerais acusase a su expresidente y otros ejecutivos de ese época de homicidio intencional y a la firma de crimen ambiental.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102301074/un-ano-de-duelo-por-el-desastre-minero-en-brasil
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