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“Ayotzinapa está más viva que nunca y no tolerará más impunidad”: normalistas bloquean Autopista del Sol

Ciudad de México | Desinformémonos. “Ayotzinapa está más viva que nunca y no tolerará más impunidad de este mal gobierno, somos el inicio de una lucha interminable”, aseguraron normalistas que este lunes bloquearon la Autopista del Sol México-Acapulco, en exigencia de justicia por el asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, perpetrado el pasado 7 de marzo por la policía de Chilpancingo, Guerrero.

Alrededor de 200 normalistas llegaron a medio día a la autopista para protestar por la violencia y criminalización contra los estudiantes de Ayotzinapa, que se ha recrudecido en las últimas semanas, en el marco de la intensificación de la lucha de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos que exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que cumpla su compromiso de resolver el Caso Ayotzinapa.

“Seguiremos en la lucha por la verdad y justicia para nuestros camaradas caídos y desaparecidos, por la educación pública y por un mundo mejor, ningún gobierno logrará silenciar nuestra voz critica”, leyeron de un comunicado los normalistas en el bloqueo.

Los jóvenes permanecieron alrededor de una hora en la autopista, donde repartieron volantes a los automovilistas para visibilizar la situación de violencia contra los estudiantes de Ayotzinapa.

El bloqueo se suma a la jornada de protestas que los normalistas han protagonizado desde el pasado 7 de marzo, cuando fue asesinado Gómez Peralta a manos de un policía en el libramiento a Tixtla, en Chilpancingo.

Tan sólo el sábado 16 de marzo, más de mil estudiantes de diferentes normales del país, junto con la madre de Yanqui Kothan, los padres y madres de los 43, activistas y maestros, marcharon en Chilpancingo para exigir justicia por su compañero asesinado y demandar a las autoridades que cese la criminalización contra los estudiantes y contra la lucha por la verdad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

“Insisten en criminalizarnos y nos quieren cerrar nuestra escuela, mejor que analicen lo que no han hecho bien los funcionarios y diputados”, señalaron los estudiantes, que junto con la madre de Gómez Peralta y los padres de los 43 normalistas denunciaron la “inoperancia” de las autoridades locales y demandaron que sus casos no queden en la impunidad.

Fuente de la información e imagen:  https://desinformemonos.org

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Honduras: La violencia, los conflictos por la tierra, la corrupción y la impunidad desafían los derechos humanos

La violencia persistente, incluida la violencia de género, los conflictos por la tierra y la impunidad, son algunos de los desafíos de derechos humanos más graves de Honduras, ha asegurado este viernes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos al presentar su último informe sobre el país.

“Si bien observo una reducción de los homicidios, la violencia y la inseguridad siguen estando profundamente arraigadas y son comunes, afectando particularmente a las mujeres y a las personas LGBTQ+”, dijo Volker Türk.

El año pasado se registraron 380 muertes violentas de mujeres, así como 47 asesinatos de personas LGBTQ+. Mientras siguen faltando protocolos especializados para que las instituciones de justicia penal puedan abordar las altas tasas de violencia contra las mujeres, según el informe.

Para que el Estado pueda asegurar un entorno seguro y libre de crimen organizado, necesita los recursos y políticas necesarios para abordar las enormes desigualdades en el país, los flujos financieros ilícitos, impuestos y corrupción, recomienda Türk.

“También es importante desarrollar una política de seguridad nacional coherente basada en los derechos humanos que incorpore medidas de prevención”, asegura.

El Alto Comisionado se dice preocupado por el incremento de la militarización de la seguridad pública y el sistema penitenciario.

“Por dar un ejemplo, tras el trágico ataque ocurrido en junio en la prisión de mujeres de Támara, en el que murieron 46 mujeres privadas de libertad, el Gobierno devolvió la administración del sistema penitenciario a la policía militar. Desde entonces hemos recibido información de que algunas de las acciones de la policía militar pueden llegar a constituir malos tratos”, indicó Türk.

Además, se mostró especialmente preocupado por el actual estado de emergencia, que ha estado vigente desde hace más de 15 meses, y que otorga a la policía nacional y a la policía militar poderes para implementar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.

Discriminación de pueblos indígenas y afrodescendientes

En todo Honduras persisten los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y los recursos naturales, siendo los pueblos indígenas, los pueblos afrohondureños y los campesinos los más afectados por la violencia, la apropiación de tierras y los desalojos.

“Me preocupa mucho el hecho de que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dijo Türk.

Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron el año pasado, con unas 561 personas víctimas de agresión. Al menos 15 personas defensoras de los derechos humanos y dos periodistas fueron asesinadas.

“Mi Oficina alienta firmemente a las autoridades a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y a implementar todas las medidas institucionales necesarias para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”. agregó.

Por otro lado, Türk saludó la derogación y reforma de Decretos del llamado “Pacto de Impunidad” por parte del Congreso Nacional, así como la voluntad del Gobierno de abordar la corrupción.

La corrupción drena el país

Sin embargo, los altos niveles de corrupción e impunidad continúan agotando los recursos disponibles para el país, así como erosionando la confianza en las instituciones públicas.

“Insto a Honduras a que adopte medidas para garantizar transparencia y rendición de cuentas, incluidas aquellas para fortalecer el poder judicial, el Ministerio Público y otras instituciones nacionales claves contra la corrupción, y garantizar su independencia”, añadió.

También saludó el nuevo proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y el énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la paridad de género: “Esto representa una oportunidad concreta para que Honduras fortalezca el estado de derecho y el acceso a la justicia”.

Al mismo tiempo, dijo que su Oficina continúa instando a realizar progresos en las investigaciones de las graves violaciones cometidas en la década de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2017.

“También doy la bienvenida al histórico proyecto de ley recientemente aprobado que protege los recursos naturales y las áreas protegidas en favor de los derechos de las comunidades afectadas. Esta ley, junto con el decreto ejecutivo para garantizar los derechos ancestrales y de propiedad del pueblo garífuna, son cruciales para avanzar en el disfrute de los derechos de los más vulnerables”, aseguró

https://news.un.org/es/story/2024/03/1528062

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Chile. Estudiantes son duramente reprimidos por protestar en sede pinochetista: «Lucharemos hasta borrar su legado de miseria e impunidad»

El lunes 4 de septiembre, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, un grupo de jóvenes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarixs-ACES, junto a otras organizaciones sociales, se encadenaron en el enrejado de la sede principal de Santiago del partido político pinochetista Unión Demócrata Independiente, UDI, ubicada en la comuna de Providencia, enarbolando un lema impreso sobre fuego, memoria y porvenir: «Lucharemos hasta borrar su legado de miseria e impunidad».

Refiriéndose a los miembros directivos de la formación de extrema derecha, las y los muchachos expresaron que, «Quienes están aquí no sólo han impedido los cambios para cuidar los negocios de los empresarios, sino que también fueron impulsores y defensores de la dictadura. Son los mismos que han hecho todo lo posible para impedir que encontremos a nuestros familiares detenidos desaparecidos, para que no exista justicia contra los responsables de la masacre, manteniéndolos en total impunidad», y añadieron que, «han defendido el modelo instalado en dictadura que precariza nuestras vidas, negándose a la gratuidad en la educación, a terminar con el lucro, la implementación de la educación sexual integral y a todo avance que hemos exigido durante años por nuestra vida y educación. Aquí están los negacionistas del golpe de Estado, quienes protegen con uñas y dientes el legado de Pinochet».

La protesta pacífica fue rápidamente reprimida por Fuerzas Especiales de Carabineros, como ya es práctica habitual en un país policializado donde la administración de turno de La Moneda, independientemente de sus matices, opera aplicando la violencia estatal contra todo tipo de disidencia respecto del orden autoritario, antidemocrático y conservador establecido. Se trata de un nuevo incidente que expresa la alarmante derechización de la institucionalidad imperante. De hecho, mientras por arriba el gobierno del Frente Amplio cede en todos los planos a los intereses y agenda del gran capital y del Estado corporativo estadounidense, e intenta alcanzar un «consenso civilizatorio» o relato común sobre los 50 años del golpe de 1973 con la derecha pinochetista antes del próximo 11 de septiembre; por abajo, los costos de la recesión económica en curso son facturados a las clases trabajadoras y populares mediante el desempleo, el aumento de la informalidad laboral, el precio disparado de los alimentos básicos y las energías, y un ajuste estructural antipopular en toda regla.

8 mujeres y 4 hombres fueron detenidos brutalmente por agentes uniformados en las afueras de las instalaciones de la UDI, y trasladados a la comisaría N° 19 de la comuna de Providencia. Sin embargo, la represión no acabó allí. Por la noche del 4 de septiembre, a vista y presencia de sus familiares, amigos, abogados y organismos de derechos humanos, fueron llevados a la comisaría N° 1 de Santiago, en la que los ficharon para luego tener que pernoctar en dependencias policiales. Por la mañana del 5 de septiembre, las y los jóvenes detenidos fueron transportados a los juzgados correspondientes donde, debido a que ninguno contaba con antecedentes previos, por fin obtuvieron su libertad, sin antes ser castigados con una orden de alejamiento del local de la UDI y 100 días de investigación por la pintura roja que lanzaron, considerados daños y desórdenes por el tribunal.

Sólo las conmemoraciones avaladas por el gobierno de Gabriel Boric, como proyectar imágenes de los rostros de detenidos desaparecidos sobre el frontis de La Moneda, están permitidas. Autorización que no necesariamente garantiza evitar el despliegue de la violencia represiva de Carabineros sobre la comunidad que recuerda y vuelve promesa de sentido los únicos 3 años de la historia de Chile donde el pueblo trabajador y los oprimidos, como relámpago y tiempo revelado y rebelde, tocaron el futuro con los dedos.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2023/09/chile-estudiantes-son-duramente-reprimidos-por-protestar-en-sede-pinochetista-lucharemos-hasta-borrar-su-legado-de-miseria-e-impunidad/

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La misión de la OEA sobre la violencia política contra las mujeres en Argentina: «Hostigamiento, ataques e impunidad»

Por: Mariana Carbajal

«El ataque a Cristina Kirchner no vino del vacío»

La misión tuvo por objeto analizar los ataques sufridos por mujeres en su actividad política en el país. El grupo de expertas advirtió sobre los discursos de odio y cómo pavimentaron el atentado contra CFK.

 

“Los discursos de odio que se reflejan en redes sociales y portadas de medios” hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner “pavimentan la situación” que desembocó “en el atentado contra su vida: el ataque no vino del vacío”, consideró en una entrevista con Página/12 la abogada peruana Marcela Huaita, presidenta del Comité de Expertas que integran el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mecsevi) de la Organización de Estados Americanos (OEA), al finalizar este viernes la visita oficial al país, que se extendió por tres días, para investigar la problemática de la violencia contra las mujeres en la vida pública y política Argentina.

El intento de magnicidio contra CFK fue uno de los casos abordados. “El tipo de imágenes con las que la representan en portadas de medios y en redes sociales constituyen violencia política por razones de género y naturaliza este tipo de violencia contra las mujeres. Tenemos otro atentado más reciente contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y a una concejala en Bolivia directamente la han asesinado. Esto es algo muy grave que le hace daño a la democracia y a la sociedad. Hay que frenarla”, advirtió la experta.

Por la tarde, durante una conferencia de prensa, en un hotel del centro porteño, Huaita leyó el comunicado elaborado por la delegación del Comité de Expertas, en el que destacaron que los casos de violencia política contra mujeres en el país “no son hechos aislados” y dejaron un extenso pliego de recomendaciones a los tres poderes y a los medios de comunicación.

La delegación pudo evidenciar –expresó Huaita– que “el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública”.

Además subrayó que “estos hechos se agravan por una evidente tolerancia por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática”. En este sentido, señaló las asimetrías a nivel nacional y provincial, en especial en los procesos de administración de justicia. “En algunos casos, los resortes de atención e investigación de estas violencias pueden ser menos o más eficientes, dependiendo del nivel de tolerancia, aceptación y desarrollo de los mecanismos institucionales para combatir la violencia”, apuntó.

El impacto de la impunidad

–¿Cómo analiza el rol de los medios de comunicación? –le preguntó luego este diario a Huaita.

–Los medios van naturalizando estos discursos de odio. Esta violencia es un reflejo de la discriminación hacia la mujer. Los medios deben mirarse a sí mismos.

–¿Con qué impresión se va?

–Hay dos frases que hemos escuchado en las distintas reuniones que hemos mantenido que me impactaron: las mujeres se sienten solas y tiene miedo. Es una cuestión bastante potente, porque más allá de que hay normas e instituciones, no están funcionando. Los partidos políticos no están apoyando a sus propias militantes y esto se da en las provincias y a nivel nacional. Las mujeres hemos ocupado espacios pero los sentimos propios. Siguen sintiendo que no tienen respaldo y esto le hace daño a la democracia y es un mensaje que va calando en las nuevas generaciones. Hemos conquistado espacios, hemos llegado para quedarnos, pero necesitamos que haya un cambio cultural, que todos tenemos que construir.

“No son hechos aislados”

“Autocensura, hostigamiento, miedo e impunidad”: con estas cuatro palabras la delegación resumió su visión de la problemática que encontró en el país. En los tres días que duró la misión técnica, realizada a pedido del Gobierno, mantuvieron diversas audiencia privadas, entre ellas con la vicepresidenta CFK, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y dos de las “Ramonas Atrevidas”, las dirigentas catamarqueñas del radicalismo, sancionadas por la propia UCR por impugnar a un candidato denunciado por acoso y abuso sexual en esa provincia norteña.

El Comité de Expertas advirtió que “la impunidad” que rodea a estos hechos “tiene un enorme impacto en las mujeres y en las instituciones democráticas, en tanto la violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que agrede a la democracia y a sus instituciones”. Y consideró que, de acuerdo a los testimonios recogidos, los mecanismos institucionales existentes en el país “no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político”.

La delegación constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política “no son hechos aislados”, que se trata de “una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación”, dijo Huaita, al encabezar la rueda de prensa.

“Los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o exfuncionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local”, agregó la experta peruana.

Principales preocupaciones

A lo largo de las reuniones mantenidas con autoridades y representantes del Estado, mujeres víctimas de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación, el Comité de Expertas destacó que pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, “a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política”.

También escucharon a una delegación del Comité por la Libertad de Milagro Sala que expuso la persecución judicial que viene sufriendo en Jujuy la militante social encarcelada.

Prácticamente la totalidad de las entrevistadas durante las diferentes audiencias que mantuvieron “coincidió en que los hechos de violencia pretendían tener un carácter disciplinador por ejercer sus derechos en espacios que tradicionalmente no les pertenecían”, dijo Huaita. Además, agregó, “los diferentes testimonios escuchados apuntaron a que la violencia política contra las mujeres se ha visto exacerbadas por medios de comunicación y a través de redes sociales”.

Especial preocupación generó también al Comité “la situación de periodistas y comunicadoras sociales, así como defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes manifestaron un claro retroceso en los espacios logrados y un elevado costo personal que obligó a muchas de ellas a silenciar su voz para protegerse, dándose así un proceso amplio de inhibición y autocensura”.

La visita

La misión estuvo conformada además por las expertas Leila Linhares Barsted, de Brasil, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia, y Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, y por la Secretaria Técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero. Estuvo junto a la delegación la experta independiente argentina, la abogada rosarina Susana Charotti.

En los tres días que duró la visita, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado: representantes de la Cancillería, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio del Interior; con la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, con la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, con la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozetta, y con el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía; también con diputadas, senadoras y representantes de partidos políticos.

Además tuvo encuentro con representantes de la sociedad civil, la academia y mujeres periodistas víctimas de violencia en el ejercicio de su profesión.

“Los actos de agresión en línea dirigidos en contra de mujeres con un perfil público o que son activas en los debates digitales son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública, lo cual debilita al sistema democrático”, destacó Huaita.

Al respecto, el Comité consideró “importante” recordar que “esta violencia causa daños y sufrimientos graves a las mujeres, incluyendo daños psicológicos, físicos, sexuales, laborales y perjuicios económicos, quienes a menudo son objeto de victimización ulterior debido a estereotipos de género perjudiciales y negativos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Silenciamiento, ausencia de condena pública e impunidad

 

El Comité llamó la atención sobre el hecho de que existe “un silenciamiento y una ausencia de condena pública de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política”.

También dijo que en los casos donde convergen diferentes interseccionalidades como las condiciones de mujeres indígenas o las representaciones de las militancias por los derechos de las mujeres lesbianas o trans, “se evidencia que el racismo o el desconocimiento de estos derechos facilitan la falta de esclarecimiento de las denuncias”.

Fragilidad institucional y desconfianza

A pesar de la percepción de que existe una legislación robusta de protección de derechos de las mujeres en el país, con leyes que han supuesto importantes avances, “según la información recibida por el Comité se desprende que hacen falta mecanismos para la implementación de dichas leyes, como reglamentos y protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia”.

Por otro lado, a través de los diferentes testimonios recibidos, Huaita dijo que el Comité constató que los mecanismos existentes “no se están utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político”.

“La falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no sólo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del estado de derecho y de justicia. En este contexto la característica casi común de los casos de violencia contra mujeres en la política es la impunidad”, dijo Huatia.

Recomendaciones

A la luz de las observaciones preliminares que punteó Huatia en la conferencia de prensa, el Comité de Expertas, en ejercicio de su mandato y en cumplimiento de las obligaciones y estándares de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, solicitó al Estado de Argentina implementar las siguientes recomendaciones iniciales:

Al Estado Argentino

1. Incluir a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” dentro del boque de constitucionalidad. No tiene rango constitucional todavía.

Poder Ejecutivo

El Comité destacó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de las iniciativas que se están desarrollando para la atención de las violencias contra las mujeres. Pero frente a “la gravedad de los hechos de violencia política y simbólica contra las mujeres políticas y periodistas” consideró necesario “la implementación de medidas urgentes” tendientes a:

  1. Establecer un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, así como para la efectiva resolución de los casos;
  2. Incorporar la violencia contra las mujeres en la vida política en los protocolos de atención e investigación de violencia contra las mujeres;
  3. Desarrollar acciones para la investigación y recopilación de estadísticas sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres en la vida política, determinando los medios para su divulgación
  4. Adoptar una metodología que permita evaluar el riesgo particular que pueden enfrentar las mujeres de sufrir violencia en la vida política debido a múltiples factores de discriminación como sexo, edad, raza, etnia y posición económica, entre otros, y diseñar las medidas para prevenirlo;
  5. Generar una revisión en colaboración con el órgano electoral, y el órgano contra la discriminación mediante un escrutinio estricto, de todas las normas y prácticas relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, incluyendo los sistemas normativos y prácticas culturales, que puedan tener un impacto discriminatorio y violento contra las mujeres en la política.
  6. Desarrollar campañas de sensibilización sobre las implicaciones de la violencia contra las mujeres en la vida política, como un factor de debilitamiento de la democracia, así como de prevención e información sobre las rutas de atención y denuncia en casos de violencia en el ejercicio de los derechos políticos.
  7. Promover el cumplimiento efectivo de lo estipulado por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en materia de violencia contra las mujeres en la vida política.

Al Órgano Electoral

  1. Establecer un protocolo de actuación de carácter interno que identifique las dependencias responsables, así como las medidas y sanciones aplicables ante los casos de violencia contra las mujeres en la vida política que conozcan;
  2. Fortalecer la capacidad de generar estadísticas sobre violencia contra las mujeres en la vida política en el ámbito electoral que permita diagnosticar el problema y diseñar acciones concretas;

Al Órgano Legislativo:

Incorporar dentro de su reglamento, tanto del Congreso de Diputados como del Senado, la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política e incluir acciones disciplinarias entre pares para sancionar los actos de violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones.

  1. Implementar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
  2. Actuar de manera inmediata y con la debida diligencia contra actos y discursos violentos en el ejercicio de la actividad parlamentaria que menoscaban la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones y sin discriminación.

A los Órganos Judiciales y Ministerio Público:

  1. Actuar con debida diligencia reforzada frente a casos de violencia contra las mujeres en la vida política para garantizar el efectivo acceso a la justicia a las víctimas, la investigación expedita de los actos de violencia, la sanción y reparación y no repetición.
  2. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia en la vida política su derecho a todas las garantías establecidas en la legislación nacional de violencia contra las mujeres.

A los Medios de Comunicación:

  1. Promover que los medios de comunicación y las redes sociales no violenten los derechos de las mujeres, la imagen de las mujeres que participan en la vida pública y su privacidad, y combatan los contenidos que refuerzan, justifican o toleran la violencia contra las mujeres en la vida política;
  2. Generar políticas internas con los medios de comunicación y las empresas de redes, así como códigos de autorregulación dirigidos a desnaturalizar las agresiones en línea y sensibilizar entorno a sus impactos en las personas y la sociedad. En este sentido, las políticas deberán estar orientadas tanto a quienes habitan hoy el espacio digital, como a niños, niñas y jóvenes que lo harán en el futuro.
  3. Eliminar como parte de una política editorial interna toda expresión que desprestigie a las mujeres con base a estereotipos de género y asegurar el respeto a los derechos políticos de las mujeres y a la reputación de las mujeres que participan en la vida política.
  4. Prohibir toda propaganda en contra de los derechos políticos de las mujeres y toda apología del odio en base al género y/o sexo que constituya incitaciones a la violencia contra las mujeres en la vida política, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en la vida política, por motivos de sexo y/o género.
  5. Promover el uso responsable y respetuoso de la comunicación, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en relación a los derechos de las mujeres y su participación política, con particular atención al periodo legal de campaña electoral.

Fuente de la información e imagen: https://www.pagina12.com.ar

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México: policías de Guerrero disparan contra normalistas de Ayotzinapa

Ciudad de México | Desinformémonos. Elementos de la policía de Guerrero interceptaron y dispararon armas de fuego contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que regresaban de Chilpancingo, donde participaron en la protesta para exigir justicia para Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverri de Jesús, normalistas asesinados por la policía federal el 12 de diciembre de 2011.

Los normalistas de Ayotzinapa fueron agredidos en el tramo de la carretera de Libramiento a Tixtla-Chilpancingo, donde la policía disparó contra el autobús en el que viajaban.

Los estudiantes denunciaron que tras el ataque los medios de comunicación «manipularon» la información para difundir que los mismos normalistan retuvieron a elementos de la policía y los agredieron.

«La prensa comenzó a emitir notas amarillistas, como en toda ocasión, en contra de nuestros compañeros y siempre encubriendo a las autoridades, dando a conocer que fueron los estudiantes quienes atentaron en contra de la policía, cuando sucedió todo lo contrario», señaló el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) en un comunicado.

El Frente exigió a las autoridades un alto a la represión contra los normalistas y sus luchas así como castigo a los responsables de las agresiones de este 12 de diciembre, además del cese de difusión de «notas amarillistas» y de la impunidad en los hechos.

A continuación el comunicado completo:

 

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org
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México| La verdad es que no hay verdad»: madres y padres en lucha por sus 43 hijos

En la reunión provisional de la Asamblea Nacional Popular, doña Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, normalista de Ayotzinapa desaparecido en 2014, señaló que el gobierno «se ha burlado mucho de nosotras las madres y los padres. Nosotras vamos a seguir y no vamos a creer que nuestros hijos ya están muertos. Si no me dan pruebas de mi hijo cómo voy me voy a quedar con esa verdad… La verdad es que no hay verdad».

El 17 de septiembre, se articularon organizaciones sociales y colectivas con la lucha social de las madres y padres por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Las madres siempre se han preguntado dónde están sus hijos, qué pasó con ellos y a dónde los fueron a dejar. «Como madre sigo esperando a mi hijo, no pierdo la fe y la esperanza de que será lo último que voy a perder», dijo doña Blanca Nava.

Lo más que se ha podido hacer son búsquedas donde encontraron mil restos óseos de 4 a 5 centímetros. También se han realizado detenciones, con irregularidades. Las últimas detenciones han sido las de Jesús Murillo Karam, tres militares, entre los que está el coronel José Rodríguez Pérez. Sin embargo, sobre el paradero de los 43 estudiantes no se sabe nada.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43, hizo notar las preocupaciones de los últimos acontecimientos en el caso Ayotzinapa. Primero, las madres y padres ven que hay una demora injustificada en la ejecución de las 20 órdenes de aprehensión en contra de los militares, pero es el día en que no se han ejecutado. El pasado miércoles 14 de septiembre sólo se pudieron detener a tres militares sin saber las razones de qué ha pasado con el resto. Lo que sí vemos es que hay una dosificación en las órdenes de aprehensión.

Segundo, hay una «demora después del discurso del secretario de la defensa nacional en la detención de militares. El presidente de México les da la tribuna a las fuerzas armadas y desde ahí cuestionan a las madres y padres porque supuestamente están generando un conjunto de acciones con el fin de querer desprestigiar a una institución militar». Estas declaraciones son sumamente peligrosas.

Esta posición recia del secretario de la Sedena preocupa porque da un mensaje directo para que no se toquen 17 militares más que tienen orden de detención. Hay un temor justificado de que el ejército esté apretando la tuerca al ejecutivo. Después de que se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión se dio el discurso del secretario donde dice que «hay intereses perversos de querer crear una desconfianza en las fuerzas armadas porque estamos diciendo que son asesinos, que infiltran de manera infundada los movimientos sociales y que deben responder por graves violaciones a los derechos humanos». En fin, el ejército quiere encubrir a 20 de sus elementos.

Tercero, «la comentocracia, quienes escriben para las oligarquías y un régimen militaristas, afirman que el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa, están creando acusaciones infundadas contra un pobre ejército que carga a México en sus espaldas», asevera Vidulfo Rosales.

Las madres y padres consideran que hay un ambiente enrarecido que trata de tejer una cortina de humo. Están minimizando las detenciones como el general que está en la cárcel por violar derechos humanos en México. Lo cierto es que no se están ejecutando las órdenes de aprehensión que el mismo gobierno las anunció. Además, los jueces están exonerando a personas responsables, y caciques en Guerrero tratan de dividir a los padres de familia.

Las organizaciones sociales se solidarizaron con las madres y padres, así como el apoyo a Vidulfo Rosales y se manifestaron contra los ataques mediáticos de la clase política y del ejército que se muestra indiferente al dolor de las madres, que, al contrario, busca ocultar la verdad.

Las madres y padres exigen cárcel para todos los militares, desde el soldado hasta los generales que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes. Al general Cienfuegos no se le está investigando, pues no fue ajeno a lo que estuvo ocurriendo. Es impensable que no supiera que la normal estaba siendo infiltrada y que tenían monitoreados a los jóvenes desde su salida hasta el arribo en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y que sus elementos estaban participando de manera directa en la agresión. Por eso debe enfrentar la justicia.

Vidulfo Rosales habla en que «nos negamos mirar al México profundo y otro imaginario con sus contradicciones, lleno de exclusión, desigualdad y más 100 mil desaparecidos. Qué pasa con los desaparecidos. Nos encontramos una burbuja donde la juventud está en un ensueño por la narrativa de una ideología neoliberal. Así, el discurso del gobierno termina criminalizando la protesta social».

El debacle de la democracia en México se profundiza con una crisis de derechos humanos. Se pensó que todo cambiaría con el gobierno de la cuarta transformación. Sin embargo, las imágenes del terror, de la impunidad y la corrupción continúan. Se habla de libertad de expresión, pero se criminaliza la protesta aun cuando la lucha es por verdad y justicia.

Fuente de la información e imagen:  Tlachinollan

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México: Agresiones sexuales contra mujeres aumentaron un 30%: SSPC

Por: Voces feministas

En México, La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana asegura que no se ha reducido presupuesto para atender violencia contra mujeres

En el contexto de la conmemoración mensual del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres la Secretaria Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reconoció pendientes para lograr una vida sin violencia de mujeres ya que dijo, en materia de violaciones, se sigue con un aumento del 30%.

“En promedio se destina el 57% del total de los recursos del bienestar a las mujeres y niñas, en cuanto al segundo eje, el gobierno de México tiene el compromiso de que cada vez haya menos violencia contra las mujeres y por lo tanto menor impunidad, como informamos el pasado 20 de enero a diciembre de 2021 el feminicidio disminuyó 7% mientras que lamentablemente el delito de violación se incrementó 30% comparado con el mismo mes del año anterior, además la violencia familiar disminuyó 17% de mayo de 2021 a diciembre, hemos avanzado pero no lo suficiente”.

La funcionaria indicó que el Gobierno Federal trabaja en tres ejes: atender las causas, combatir la impunidad y atender a las víctimas. Señaló que para atacar las causas que generan la violencia contra las mujeres, se asignó una inversión social de 233 mil 732 millones de pesos, lo que representa un incremento del 82 por ciento. Así mismo negó disminución en los centros para atender a víctimas.

“Relativo a la atención a las víctimas, Conavim ampliará sus servicios e invertirá 950 millones de pesos en la construcción y fortalecimiento de centros de justicia para las mujeres, para la operación de unidades locales de atención y refugios especializados para mujeres víctimas de la violencia y destinará más recursos que en los años anteriores para apoyar acciones en estados y municipios con alerta de violencia de género, no disminuyó el presupuesto al contrario aumentó sustancialmente”.

Rodríguez Velázquez dijo que, además, se destinarán más recursos a los estados y municipios con alerta de género para apoyar acciones en esta materia. En materia de prevención indicó que se tiene contemplado recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, con el objetivo de reforzar las Redes Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ).

La idea, dijo, es articular con estados y municipios la aplicación del Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres; acciones que forman parte de una agenda de trabajo amplia para que las mujeres accedan a una vida libre de violencia.

La titular de la SSPC reconoció que las acciones que se han hecho desde el Gobierno Federal han avanzado, pero no lo suficiente como para erradicarla.

“Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Por lo tanto, en 2022 se intensificará el trabajo de revisión de carpetas de investigación por delitos como feminicidio desde las Mesas Estatales y Regionales de Paz y la estrategia cero impunidad”, añadió.

Fuente de la información e imagen: https://vocesfeministas.mx

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