Pueblos indígenas, ¿“interculturalidad” sin desarrollo?

Bertha Dimas Huacuz

El “problema indio” no puede seguir abordándose como asunto de interculturalidad ni de filantropía de Estado. Se debe poner fin a los severos rezagos de los pueblos originarios –pobreza, ignorancia, marginación, enfermedad– ahora, no en 1 década

Desde hace 75 años se discute en las tierras del lago de Pátzcuaro (Michoacán) acerca de los indígenas y de sus problemas. El Primer Congreso Indigenista Interamericano se celebró en esa ciudad en 1940. De ahí partió la creación del Instituto Indigenista Interamericano y, años más tarde, en 1948, la fundación del Instituto Nacional Indigenista, antecesor en México de la, ahora, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003). Larga historia de un indigenismo incisivo, mutante y persistente en los comienzos del siglo XXI.

A pesar de esta atención institucional temprana, que se esperaba sería privilegiada, las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades p’urhépecha de Michoacán, y de los demás pueblos indígenas de México y América Latina, no han mejorado. Contrario a los requerimientos mínimos de una vida digna, los rezagos son vastos en toda dimensión. Predominan la pobreza, la ignorancia, la marginación y la enfermedad.

Mientras que se pueden mencionar avances en la provisión de servicios básicos en los países de la región, en general, el estudio Latinoamérica indígena en el siglo XXI (LatIndi-XXI) es contundente al indicar que “los pueblos indígenas se han beneficiado menos que los no indígenas en la mayoría de los aspectos, lo que ha contribuido a la persistencia –y en algunos casos, al aumento– de brechas importantes” (El estudio del Banco Mundial se puede obtener gratuitamente en la página www.bancomundial.org, pulsando sucesivamente en: 1. Publicaciones, y 2. Destacado).

El propio estudio subraya que el número de indígenas que viven en la pobreza ha disminuido, pero la brecha que los separa de los demás ciudadanos se ha estancado o se ha ampliado. En efecto, el informe apunta que la “pobreza” afecta al 43 por ciento de los hogares indígenas de la región –más del doble de la proporción de no indígenas–; y especifica que el 24 por ciento de todos los hogares indígenas viven en condiciones de “pobreza extrema”, lo que resulta ser 2.7 veces más frecuente que la proporción de hogares no indígenas.

La probabilidad para los jóvenes indígenas de completar el ciclo entero de educación secundaria en las ciudades es del 17 por ciento, mientras que en el sector rural es tan sólo del 5 por ciento”

A su vez, de acuerdo con el informe Medición de la pobreza en México 2014, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza alcanzó al 73.2 por ciento de la población indígena –en el ámbito nacional mexicano– en comparación con el 43.2 por ciento de la población no indígena. Además, la proporción de “carentes alimentarios” aumentó de manera severa entre los indígenas del país, de 34.4 por ciento a 38.8 por ciento, en el periodo 2012-2014.

Por lo que corresponde a la región, el estudio LatIndi-XXI se enfoca a los 42 millones de indígenas de América Latina, quienes representan cerca del 8 por ciento de la población total. México, Guatemala, Perú y Bolivia mantienen las poblaciones indígenas más extensas, tanto en términos absolutos como proporcionales, representando más del 80 por ciento (34 millones) del total regional.

Perfil indígena de México

Para poner las cosas en una perspectiva nuestra, nacional, y sus posibles implicaciones en relación a las políticas públicas de desarrollo, deben tomarse en cuenta los siguientes elementos, entre los muchos revelados por el estudio del Banco Mundial: (a) un número creciente de familias indígenas viven en entornos urbanos severamente marginales y sin servicios básicos. Ésta es una situación relacionada con el hecho de que más de la mitad de los indígenas de México habitan ya en zonas urbanas y no en el campo (54 por ciento); (b) la población indígena estimada en México (2010) es de casi 17 millones; es decir, 15 por ciento de la población total, y no el 10 por ciento que todavía se maneja en las esferas de la administración pública; y (c) en las zonas urbanas, los hogares indígenas tienen menos de la mitad del acceso a electricidad y agua potable que otros hogares; un quinto del acceso a servicios de saneamiento; y triplican la proporción de hogares con piso de tierra.

¿Cuáles son las causas de estas brechas económicas y sociales? ¿Por qué persisten, en lugar de tender a desaparecer? El propio Banco Mundial había ya notado, en un estudio similar, anterior, la dinámica de este fenómeno, señalando que la incidencia de la pobreza extrema en México “era 4.5 veces mayor en las municipalidades predominantemente indígenas en comparación a las no indígenas (2002)”. Del mismo estudio se concluye que esta pobreza ha sido dramáticamente creciente, al afirmarse que esta situación “se encuentra por encima de la proporción de 3.7 de la década anterior” (Hall y Patrinos, 2006) (“Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994–2004”, Londres, Palgrave).

Rezago educativo indígena y de educación superior

Además de que el analfabetismo entre la población indígena no ha sido eliminado, severa es en sí misma la secuela de rezago educativo que se presenta entre el total de los indígenas que acceden al sistema educativo nacional. Como presentado en el estudio LatIndi-XXI: el 60 por ciento de esta población de hablantes indígenas no terminó su educación primaria, en tanto que apenas 33 por ciento cuenta con la primaria completa. A su vez, sólo el 5 por ciento de este mismo universo poblacional terminó la secundaria; y, sólo el 2 por ciento alcanzó estudios completos de educación superior. Esto se da en el contexto de una cobertura general de educación superior para el país, de alrededor del 30 por ciento.

Educación superior en la región. Bajo patrones similares de rezago educativo –grado por grado (primario, secundario…)– la situación de los hablantes de lenguas indígenas en los demás países de América Latina se manifiesta con la misma desigualdad al llegar al nivel universitario. La población indígena mayor de 24 años que completó estudios universitarios es apenas registrable: Bolivia, 2 por ciento; Colombia, 1 por ciento; Ecuador, 2 por ciento; Nicaragua, 2 por ciento.

Lo urbano y lo rural

En el mismo estudio se desglosa la situación social y de acceso a los servicios básicos (electricidad, agua y saneamiento) de los indígenas latinoamericanos, según su localización en el contexto de los procesos de migración rural-urbana de los países. De ahí que se revele el gran desafío que enfrentan los jóvenes indígenas y sus familias en la búsqueda de los medios de vida y educación fuera de sus comunidades. Estas familias terminan asentadas en los barrios, contornos peri-urbanos y favelas de las ciudades.

Para el caso de México, de acuerdo con el informe, la probabilidad para los jóvenes indígenas de completar el ciclo entero de educación secundaria en las ciudades es mayor, del orden del 17 por ciento. Esto resulta en comparación con sólo el 5 por ciento de conseguir la misma educación en las áreas rurales. Del mismo informe se aprende que sólo el 1 por ciento de los indígenas que habitan en las zonas rurales terminaron estudios de educación superior; y sólo el 5 por ciento de los indígenas que habitan en las ciudades cuenta con una educación universitaria terminada.

El modelo de universidad intercultural

Al paso de la primera década de su establecimiento como guía para la operación de las universidades interculturales de México, el modelo educativo de la universidad intercultural (Secretaría de Educación Pública, 2006) se encuentra rebasado en varias dimensiones críticas para su vigencia y validez.

Una, principal, tiene que ver con las vulnerabilidades y limitaciones intrínsecas del esquema fundamental de gestión académico-administrativa de estas instituciones, de la manera como está instituido en los convenios de coordinación con las entidades federativas, y en los decretos de creación de las universidades. La funcionalidad de esta estructura resultante queda a la buena de Dios, en las decisiones discrecionales,  unilaterales de los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas.

Esto quedó patentemente manifestado en los decretos de contrarreforma emitidos por el gobernador anterior de Michoacán, Salvador Jara Guerrero (2014-2015), con respecto de la estructura orgánica de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM). Estos decretos administrativos del 18 de marzo y 27 de mayo de 2015 representan cambios fragmentados en la estructura de gestión, sin miras hacia una mejoría estratégica e integral de la institución (ver los artículos de la autora sobre el tema: Contralínea, ediciones 451, 458 y 466; y del doctor J Gledhill, el artículo “The counter-reform of Michoacán’s Indigenous University”, Contralínea en internet).

Los cambios principales introducidos en los decretos: (a) se centran en rebajar el perfil y requisitos del cargo de rector, eliminando las características de afinidad profesional a la interculturalidad; (b) adecuan estos requisitos a la persona que fue nombrada por el Ejecutivo para este puesto, reduciendo la edad mínima requerida, de 30 a 25 años; (c) reducen, de grado, el requisito para ser director de división o de área académica, de nivel maestría, como mínimo, a sólo licenciatura; y (d) fortalecen el control vertical, directo del propio gobernador, hacia la universidad, por medio de cambios a la estructura del órgano directivo principal. Esto se consigue adicionando funcionarios del gobierno estatal al Consejo Directivo, para establecer una amplia e innecesaria mayoría.

En resumen: además de la fragilidad institucional en la que operan, el marco de gestión de las UIs es contraria al concepto y práctica de la autonomía universitaria: restringe el ejercicio libre e ilustrado de sus funciones sustantivas como entidades del pensar, del hacer, del desarrollo.

Dinámica demográfica y oferta educativa. Otro elemento cardinal a considerar, corresponde a los inconsistentes supuestos socio-demográficos y educativos en los que se basa el “modelo” de universidad intercultural, en el contexto de: la dinámica poblacional nacional; las desigualdades socioeconómicas regionales; la estructura heterogénea de los “subsistemas” de educación superior; las aspiraciones profesionales de los propios jóvenes (indígenas y no indígenas); y las demandas reales de los mercados laborales del país.

Mientras que las condiciones del entorno social, económico y educativo, donde operan las universidades interculturales del país, han cambiado drásticamente durante los últimos diez años, los programas y carreras –además de los procesos educativos, al interior de las propias instituciones–, han operado sin mayor modificación.

El modelo educativo referido, en sí, tendrá que evaluarse a profundidad, comenzando por lo que se deduce de su “teoría de cambio”. El modelo está fundamentado bajo premisas sin sustento, inter alia, en relación a los requerimientos de atención educativa para los jóvenes asentados en las zonas urbanas y rurales. Como ya se ha mencionado en esta reseña, la población indígena de México habita ya, predominantemente, en las zonas urbanas (54 por ciento).

Es así que la demanda mayor de servicios sociales y educativos, por parte de los jóvenes indígenas de Janitzio o la Meseta P’urhépecha de Michoacán, se encuentra dispersa en lugares como Mexicali, Morelia, Tijuana o la zona conurbada de la Ciudad de México. Igualmente, el acercamiento de estos jóvenes a la actividad económica es marcadamente desventajosa: en autoempleo, el sector informal, el trabajo doméstico… Múltiples ocupaciones poco remuneradas.

Al enfatizar el “enfoque intercultural” y fomentar el “diálogo de saberes” dentro de los núcleos poblacionales rurales, se ha descuidado la educación de los jóvenes indígenas de la periferia socioeconómica urbana. Se han restringido, al mismo tiempo, nuevas opciones de carreras de educación superior, muchas de las cuales son de mayor interés para los jóvenes indígenas (hombres y mujeres), tanto urbanos como rurales, quienes por ahora se quedan sin acceso al bachillerato, la educación superior y la oportunidad de participar de los nuevos oficios del siglo XXI.

Finalmente, a pesar de todo nuestras culturas están vivas. Los ciclos de los cargos sociales y de la convivencia cultural de las familias indígenas, se ejercen –siempre con el mismo entusiasmo y devoción–, en salones modestos, rentados para fiestas, en los barrios pobres y zonas peri-urbanas de las ciudades, además de los núcleos poblacionales a los que las familias emigran en el exterior.

Latinoamérica indígena del siglo XXI

Después de la secuencia de dos “Decenios Internacionales de los Pueblos Indígenas del Mundo” (1995–2004) (2005-2014), proclamados por la ONU; y de las acciones insatisfactorias de desarrollo realizadas por los gobiernos de cada país de la región, hace falta la definición de un nuevo modelo efectivo y compartido por, y para los pueblos indígenas.

La configuración de este nuevo modelo —prototipo potencial de transformación estructural incluyente entre los sectores de la economía, que comprenda inversión social-cum-desarrollo de capacidades locales y gobernabilidad institucional, además de planificación territorial y gestión racional de los recursos naturales—, es una acción fundamental, inaplazable en esta década (“Transformación estructural incluyente en México: el papel estratégico de la educación superior indígena intercultural”, CenLib-Morelia).

Este modelo de desarrollo, y la acción efectiva consecuente, son los instrumentos clave  para la erradicación definitiva de las manifestaciones más severas de pobreza, desnutrición, ignorancia, hacinamiento y desigualdad en las comunidades urbanas y rurales de “Nuestra América”, la Patria de Bolívar, Hidalgo, Morelos y Martí.

Bertha Dimas Huacuz*

*Médica p’urhépecha por la UMSNH, estudió salud pública en la Universidad de Harvard. Directora fundadora de la Escuela Preparatoria Indígena Intercultural de Santa Fe de la Laguna (semifinalista del Premio Municipal Gobierno y Gestión Local 2015). Integrante del Consejo Estatal de Ecología y del Primer Consejo Económico y Social de Michoacán. Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo (2004, 2005, 2008)

Fuente del articulo: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/06/03/pueblos-indigenas-interculturalidad-sin-desarrollo/

Fuente de la imagen: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/wp-content/uploads/2016/05/pueblos-indigenas-600.jpg

Comparte este contenido:

Bosques en manos de indígenas tienen menos deforestación

30 Octubre 2016/Fuente:scidev /Autor:Lisbeth Fog

  • Estudio revela que deforestación promedio fue inferior en los bosques si los indígenas eran dueños de la tierra. La investigación se realizó en Bolivia, Brasil y Colombia. Dar tierra a los indígenas es una solución barata y con beneficios ambientales, aseguran expertos

Si los indígenas del Amazonas boliviano, brasileño y colombiano tuvieran asegurada la tenencia de sus tierras, se reduciría la deforestación a la mitad, incluso a un tercio, se mitigaría la emisión de carbono, y beneficiaría a la población local y el planeta.

Un estudio concentrado en la Amazonia demuestra que la tasa de deforestación promedio de tres países estudiados —Bolivia, Brasil y Colombia— fue inferior en los bosques indígenas con tenencia segura que en áreas similares sin ella: 35 por ciento menor en Bolivia, 40 por ciento menor en Brasil y 50 por ciento menor en Colombia.

“Los costos son muy bajos para algo tan importante como reducir el cambio climático, en términos globales, así como para el desarrollo comunitario, en el nivel local”, dice Juan Carlos Altamirano a SciDev.Net, economista senior del Instituto de los Recursos Mundiales (WRI), con sede en Washington, y uno de los autores del informe.

“Esta es una solución ‘suave’, barata y con beneficios para el mundo, el ambiente y las comunidades”, continuó.

Presentado el 7 de octubre, el informe contempla los aspectos legales que rigen en los tres países latinoamericanos en relación con la tenencia de la tierra; analizó los mapas de asentamientos indígenas y de deforestación; y produjo un análisis económico, que consistió en identificar costos y beneficios globales y locales de la deforestación evitada, una de las consecuencias de asegurar los derechos sobre la tierra a la población.

“Vimos que la tasa de deforestación bajaba en una forma significativa en las comunidades que tenían sus derechos de propiedad bien delimitados y eran respetados”, continúa Altamirano, lo cual beneficiaría al planeta porque aumentaría la captura de carbono.

Los beneficios económicos para la región en los próximos 20 años serían de máximo US$ 119 mil millones para Bolivia, 1.165 mil millones para Brasil y 277 mil millones para Colombia, informa el estudio.

“El llamado que se hace a los gobiernos para facilitar la legalidad y remover obstáculos en la ampliación de estos territorios es importante no solo para los temas de secuestro de carbono, sino también para orientar las prioridades de sostenibilidad que deben acompañar las acciones que desarrollen en este territorio las comunidades que habitan”, dijo a Scidev.Net Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).

Juan Carlos Preciado, consultor en derechos territoriales y pueblos indígenas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), dijo que el reconocimiento a la propiedad de la tierra, “tiene que estar en el marco de un concepto mucho más amplio que es el de los derechos territoriales, del derecho político al gobierno, al ejercicio de la autoridad y el respaldo absoluto a ese ejercicio de la autoridad basado en los sistemas del conocimiento propio”.

El estudio propone a gobiernos y organismos internacionales de cooperación incentivar los derechos sobre la tierra y protegerlos, lo que “significaría aumentar los beneficios eco sistémicos como la recreación y el turismo, la regulación de la dinámica climática y el ciclo del agua, los servicios hidrológicos, la polinización y la retención de nutrientes”, concluye Altamirano.

Para ver el informe en español: http://www.wri.org/sites/default/files/Climate_Benefits_Tenure_Costs_ES.pdf

Fuente de la noticia: http://www.scidev.net/america-latina/conservacion/noticias/bosques-en-manos-de-indigenas-tienen-menos-deforestacion.html?utm_source=SciDevsite&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Advert

Fuente de la imagen:http://www.scidev.net/objects_store/thumbnail/04B85F781AD00E7F5A88C99CB0A7202E.jp

Comparte este contenido:

Derecho a educación sigue esquivo para indígenas latinoamericanos.

Por: Orlando Milesi.

La educación, el  instrumento más poderoso en la lucha contra la exclusión y la discriminación, es aún esquivo para los pueblos indígenas de América Latina que, pese a tener una amplia presencia en la región, son todavía los más desfavorecidos.

La creciente necesidad de otorgar mayor acceso a una educación de calidad para los pueblos originarios de la región, con respeto a la interculturalidad y sus tradiciones, sigue siendo una declaración de buenas intenciones,  aún lejos de transformarse en políticas públicas reales y de largo plazo, afirmó a IPS el alcalde del municipio chileno de Tirúa, Adolfo Millabur.

En Chile, por ejemplo, “hay una especie de voluntad declarada, pero que no se realiza en la práctica”, dijo Millabur, cuyo municipio, a 685 kilómetros al sur de Santiago, se sitúa en la región de La Araucanía, donde se concentra casi 50 por ciento de población mapuche, el más numeroso pueblo indígena del país.

“Hoy la gente está demandando participar en espacios de toma de decisiones de toda índole, y es ahí donde los pueblos originarios se configuran como actores sociales a los que hay que prestar más atención”: Loreto Jara.

Millabur creció en la localidad de El Malo, a 35 kilómetros de Tirúa. Junto a sus ocho hermanos se levantaba a las cinco de la mañana y caminaban cada día 30 kilómetros hasta la escuela de Antiquina. Después de un par de horas en clase, todos emprendían el viaje de regreso a casa.

No recuerda cómo aprendió a leer y asegura que no tenía idea de cómo firmar un cheque cuando en 1996, con 28 años, se convirtió en el primer alcalde mapuche de Chile.

El derecho a la educación es el tema este año del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra en el mundo cada 9 de agosto.

Ello porque se considera que el acceso a una escolaridad apropiada a sus métodos culturales de aprendizaje y con pleno reconocimiento de su diversidad, de sus valores y de sus necesidades específicas, incluyendo el aprender en su lengua materna, se considera la clave para romper con su vulnerabilidad y exclusión.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en América Latina viven cerca de 45 millones de personas indígenas, equivalentes a 8,3 por ciento de la población regional que supera los 605 millones de habitantes.

Bolivia posee algo más de 10 millones de habitantes y de ellos,  62,2 por ciento (6,2 millones) declara formar parte de un pueblo originario, lo que lo transforma en el país que cuenta con mayor porcentaje de personas indígenas sobre la población total, seguido por Guatemala, donde 41 por ciento de sus algo más de 16 millones de habitantes declara ser indígena (5,9 millones).

Les siguen Perú, donde 24 por ciento de su población total afirma pertenecer a un pueblo originario, y México, con 15,1 por ciento.

Según el estudio “Los pueblos indígenas de América Latina”, publicado en 2014 por la Cepal,  en la región existen 826 pueblos indígenas, con un panorama altamente heterogéneo.

En un extremo se ubica Brasil, con 0,5 por ciento indígena del total de su población  (900.000 habitantes), pero que cuenta con 305 pueblos originarios distintos, seguido por Colombia (102), Perú (85) y México (78). En el otro extremo están Costa Rica y Panamá, con solo nueve  pueblos indígenas cada uno, El Salvador (tres) y Uruguay (dos).

Los pueblos quechua, nahua, aymara, maya yucateco, ki’che’ y mapuche, son aquellos que cuentan con mayor población en la región, según ese estudio.

Pese a su presencia e influencia histórica, los pueblos originarios de América Latina aún representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región, indica la Cepal.

Los indígenas no solo han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar, sino que constituyen el grupo más vulnerable en materia de pobreza y desigualdad en todos sus ámbitos.

En este escenario, el derecho a la educación es clave para el pleno goce de los derechos humanos y colectivos, y constituye un instrumento poderoso en la lucha para la erradicación de la exclusión y la discriminación.

“Uno de los grandes ausentes de las políticas educativas y también en términos curriculares  son los pueblos originarios”, afirmó Loreto Jara, investigadora de Política Educativa de la organización no gubernamental Educacion 2020.

“Hay una ausencia como sujeto histórico en el currículum mismo, pero también como actor social  en torno a los procesos de participación en la construcción  de los currículos”, añadió en diálogo con IPS.

Si bien en los últimos años se han observado progresos en el panorama educativo de los pueblos indígenas latinoamericanos, se comete el error de homogenizar los procesos “porque es más fácil trabajar en un escenario más o menos similar que  atender a  la diversidad”, explicó.

Precisó que la educación de cualquier pueblo originario “tiene lógicas distintas de nuestro sistema escolarizante”, por lo que es necesario incorporar, por ejemplo, educadores interculturales  en las escuelas.

Jara recordó la experiencia de Colombia donde existen “etnias por montones y son de diversa naturaleza, pueblos más pequeños, dialectos específicos, ligados a recuperación del territorio y a la reivindicación de las culturas indígenas”.

Precisó que en ese país, “la cultura indígena se está visualizando más desde el espacio de la ruralidad” y “las escuelas rurales están revitalizando mucho el tema de las lenguas indígenas”.

Esto, que busca también detener la migración de los jóvenes a las urbes, también ocurre en algunas zonas de México, agregó.

En la región chilena de La Araucanía, en tanto, hay 845 escuelas con enseñanza del mapudungun, la lengua mapuche, hasta cuarto año de enseñanza básica.

De ellas, 300 cuentan con apoyo directo del Ministerio de Educación y las demás con apoyo de un sostenedor particular, precisó María Díaz Coliñir, supervisora del gubernamental programa de Educación Intercultural Bilingüe.

La legislación chilena señala que todas las escuelas con más del 20 por ciento de alumnos de origen indígena deben tener programas de educación intercultural bilingüe en el que se enseñe mapudungun, quechua,  aymara o rapa nui, según corresponda en cada región.

Si bien el programa no garantiza que los niños y niñas aprendan su lengua originaria, sí potencia un mayor grado de identidad. “Se ha avanzado en la mayor autoidentificación del niño mapuche y en el mejoramiento de su autoestima”, afirmó Díaz a IPS.

Jara coincidió en las bondades de esta aproximación para todos los pueblos originarios de la región. “La reivindicación es a partir del lenguaje, porque eso representa su cosmovisión. Detrás de las lenguas indígenas se esconde toda la riqueza cultural de cada pueblo”, expresó.

Precisó que la necesidad de visibilizar a los pueblos originarios como actores sociales,  desde la enseñanza y el aprendizaje de su propia historia y su vínculo con la historia común del país,  es parte de los caminos pendientes por transitar en materia educativa.

“Hoy la gente está demandando participar en espacios de toma de decisiones de toda índole, y es ahí donde los pueblos originarios se configuran como actores sociales a los que hay que prestar más atención”, concluyó.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2016/08/derecho-a-educacion-sigue-esquivo-para-indigenas-latinoamericanos/

Imagen: http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2016/08/8169571385_2c603b6afe_o-629×472.jpg

Comparte este contenido: