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México: Para garantizar educación, se debe abatir desigualdad. INEE

América del norte/México/29 Agosto 2018/Fuente: Educación Futura

El derecho a la educación solo puede considerarse garantizado si ésta se ofrece con calidad, destacó la consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, luego de señalar que el Estado está obligado a promover, respetar y proteger este derecho de los mexicanos.

Durante la segunda sesión ordinaria de 2018 del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (CONSCEE), dijo que la enseñanza es un factor que potencia el desarrollo individual y el disfrute de otros derechos y que cuando no se cumple ocasiona daños en las personas difíciles de resarcir.

Ante representantes de 15 organizaciones sociales interesadas en la educación, Bracho González afirmó que la desigualdad educativa merma las oportunidades de los individuos y los priva de participar de los beneficios del desarrollo social.

Acompañada de los consejeros de la Junta de Gobierno de este organismo autónomo, Sylvia Schmelkes del Valle, Patricia Vázquez del Mercado Herrera, Bernardo Naranjo Piñera y Gilberto Guevara Niebla, dio a conocer que los resultados insuficientes en el nivel de aprendizaje o índices de desigualdad elevados representan derechos no cubiertos que el Estado debe combatir a través de políticas públicas.

Bracho González pidió a las organizaciones sociales unir esfuerzos para que se cumpla con el derecho a una educación con calidad para los más desprotegidos del país, a mantener un diálogo permanente con este Instituto y a promover las tareas que realiza.

El consejero Bernardo Naranjo Piñera presentó a los participantes el Indicador de eficiencia terminal efectiva, el cual es el resultado del porcentaje de estudiantes que concluyen un nivel educativo, pero que además demuestra contar con los conocimientos mínimos aceptables.

Como resultado de la reunión se acordó establecer reuniones de trabajo con instituciones pertinentes para promover la difusión e implementación de las directrices que emite este organismo autónomo y de los resultados de las evaluaciones que realiza; incorporar en el universo de Planea Preescolar a la población indígena de las zonas urbanas, y establecer estrategia de difusión de las directrices del INEE dirigida a maestros, directivos, alumnos y padres de familia.

En la segunda sesión del CONCSEE también se trataron los temas Características generales de la evaluación Planea en Preescolar y El papel de las organizaciones de la sociedad civil en apoyo de la continuidad de las directrices, y La definición y medición de la calidad de la educación.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/para-garantizar-educacion-se-debe-abatir-desigualdad-inee/

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Asistir a la escuela: sueño imposible de millones de mexicanos

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz

De manera contradictoria, la educación obligatoria dista de ser universal. Si bien es un mandato constitucional que todo mexicano curse desde la educación preescolar hasta la educación media superior, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE,2018a, p. 282), para el ciclo escolar 2016-2017 existían más de tres millones de niños y jóvenes que no estaban matriculados en su nivel correspondiente dentro de los que comprende el tramo educativo obligatorio. Así pues, por diversas razones, había una gran cantidad de niños y jóvenes que no tenían las posibilidades de ejercer su derecho a la educación. La presencia y ausencia de alumnos en la escuela se resume en la siguiente proporción: por cada alumno fuera de la escuela (3,325,310 en total) existen diez dentro de ella (30,112,010 en total) (INEE,2018a, p. 282).

A nivel nacional, se puede afirmar que conforme se avanza en edad típica para ejercer la educación obligatoria (3 a 17 años), la población va dejando de asistir a la escuela. Si bien en el primer año de este trayecto la población no matriculada es considerable (56.5%), de los cinco a los 11 años la matriculación es prácticamente universal. El drama inicia a partir de la edad típica para educación secundaria y hasta media superior, pues el porcentaje de no matriculados comienza un crecimiento sostenido y vigoroso que lleva del 2% a los 12 años al 42.4% a los 17 (INEE, 2018b, p.286). La crisis se hace aún más aguda al ingresar al nivel superior: la tasa de matriculación de alumnos en edades típicas para este nivel supera en todos los casos el 60% de la población nacional.

Las posibilidades de tener acceso a una escuela se ven afectada, además, por una serie de variables que reafirman la naturaleza discriminatoria del Sistema Educativo Nacional. Por ejemplo, situándonos en el tramo final de la educación obligatoria (bachillerato o edad típica de 15 a 17 años), los hablantes de lenguas indígenas tienen una tasa de asistencia casi 20% menor que los no hablantes de lenguas indígenas (56.7% de los primeros, por 74.4% de los segundos); quienes provienen de hogares cuyo jefe no tiene instrucción tienen casi la mitad de tasa de asistencia (53.1%) de aquellos en los que el jefe tiene escolaridad superior (94.7%); así como los casos anteriores, la asistencia a un centro escolar se ve seriamente afectada en función de la presencia de otros rasgos, tales como el grado de marginación las condición de discapacidad o de pobreza (INEE, 2018a, p. 113). Lo anterior quiere decir que el problema para poder asistir a una escuela no es generalizado entre la población nacional, sino que se ensaña precisamente en aquellos grupos poblacionales que de por sí ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. De este modo, al no ser capaz de retener a alumnos de este tipo de grupos poblacionales, el sistema educativo hace eco de la enorme injusticia y desigualdad social que imperan en nuestro país.

Una vez que los alumnos son capaces de matricularse en el nivel educativo que les corresponde surge un nuevo reto: la permanencia en el mismo. Si bien el INEE (2018b, p. 336) destaca que los índices de abandono han disminuido levemente desde el ciclo escolar 2001-2002, aun se sitúan en niveles preocupantes, sobre todo en la educación secundaria y media superior. De acuerdo con la misma fuente, durante el ciclo escolar 2015-2016 abandonaron la escuela 1,180,500 alumnos desde educación primaria hasta educación media superior. ¿Qué tanto representa esto? Si consideramos que el calendario escolar de aquel entonces comprendía 200 días, esto quiere decir que por cada día escolar 5,902.5 estudiantes se dieron de baja en todo el país. Dicho de otra forma, por cada hora transcurrida durante los días escolares, ¡se dieron de baja cuatro alumnos! Así pues, concluido el primer día del ciclo escolar, se podría estimar que ya se han ido de la escuela casi seis mil alumnos: ¿cuántas escuelas vacías significará esto? Tan solo imaginarlo resulta escalofriante.

Ya sea por desafiar y burlar a la autoridad o por experimentar aventuras peligrosas, deseos típicos de la adolescencia, muchos estudiantes de secundaria y bachillerato alguna vez llevaron a cabo la fuga de clases. Desafortunadamente, tal acción no sólo representa una anécdota entre quienes la practicaron, sino que, revisando las estadísticas, se observa que existe una fuga masiva  de estudiantes en tales niveles educativos: para el ciclo escolar 2015-2016, “se fugaron”, pero no regresaron nunca, 310,893 estudiantes de secundaria y bachillerato (INEE, 2018b, p. 336). Desafortunadamente, quienes conforman tal fuga masiva no tendrán motivos para compartir este hecho como una anécdota divertida y memorable entre sus compañeros de clase, sino que se verán condenados a  sufrir las consecuencias del alejamiento de la vida escolar. La falta de oferta educativa y las adversas condiciones sociales conforman un coctel que hace difícil el acceso y la permanencia en la educación secundaria y media superior.

Ante los escandalosos datos que se han escrito surgen algunos cuestionamientos: si el Sistema Educativo no es capaz de asegurar con firmeza el primer paso al ejercicio del derecho a la educación (el acceso físico a una escuela), ¿será capaz de garantizar que quienes lograron ingresar a una escuela ejerzan este derecho recibiendo un servicio de calidad? Si entre no matriculados y “desertores” (término por demás injusto) hay más de cuatro millones de niños y jóvenes , ¿se debe pensar en el servicio educativo que se ofrece en México como un medio para propiciar la movilización social o, por el contrario, para perpetuar las desigualdades sociales? ¿Es realista y viable pensar en aspirar a mejores resultados de aprendizaje  cuando las condiciones sociales ni siquiera dejan que millones de alumnos tomen sus clases diariamente? En tiempos de cambios políticos en que se discuten ampliamente temas como las condiciones laborales del magisterio o la pertinencia de los programas de estudio, es urgente que el debate público se centre también en otras asignaturas pendientes, tales como la cobertura y la matriculación, junto con muchas otras que laceran gravemente el derecho consagrado en el artículo tercero constitucional.

Referencias

INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018a.

INEE. Panorama educativo de México 2017. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: autor, 2018b.

SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. México: autor, 2017.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/asistir-a-la-escuela-sueno-imposible-de-millones-de-mexicanos/

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Evaluaciones educativas deben ayudar a mejorar la realidad escolar: Fernando Reimers en el INEE

México / 12 de agosto de 2018 / Autor: Erick Juárez Pineda / Fuente: Educación Futura

La evaluación educativa por sí sola no hace milagros y sólo es útil en la medida en que inspira a la acción y al mejoramiento de la realidad escolar, destacó el profesor de educación y director de Educación Global y de Política Internacional de la Universidad de Harvard, Fernando Reimers, al impartir la conferencia magistral Apoyando a las escuelas a ofrecer una educación más relevante, en el auditorio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Luego de que el consejero de la Junta de Gobierno de este Instituto, Bernardo Naranjo Piñeira, y el presidente del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), Sergio Cárdenas, le dieran la bienvenida, subrayó que la evaluación debe ofrecer información confiable sobre la realidad de las escuelas y de cómo se aprende en los distintos contextos sociales. Ésta debe apoyar los procesos de transformación de las instituciones educativas y la información derivada de ella debe beneficiar a los maestros, a las autoridades y a los padres de familia.

Reimers dijo que los resultados de las evaluaciones son fundamentales en la formación continua de los docentes y en el aprendizaje de los alumnos, tareas en las cuales el INEE ha jugado un papel importante.

Manifestó que es bueno diversificar los productos para comunicar a todos los actores educativos, y no sólo a las élites políticas, académicas o intelectuales, los resultados de la evaluación.

El académico de la Universidad de Harvard comentó que la invención de la escuela es una de las más extraordinarias que ha hecho la humanidad, ya que permite empoderar a los individuos pues les da la posibilidad de conocerse a sí mismos y a los demás, desarrollar su talento y potencial y convertirse en autores de su propia vida.

En la tarea de empoderar a los alumnos consideró que los maestros no deben asumir que los estudiantes tienen los mismos intereses, pues cada uno es único. Los docentes deben abrirse al diálogo con los estudiantes y descubrir juntos mejores formas para aprender, finalizó.

Fuente del Artículo:

Evaluaciones educativas deben ayudar a mejorar la realidad escolar: Fernando Reimers en el INEE

ove/mahv

 

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Panorama educativo de la población indígena y afrodescendiente

Informe/09 Agosto 2018/Fuente: Ntrzacatecas

Esta mañana, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentaron el Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente.

El propósito de este estudio es mostrar estadísticas e indicadores del estado que guarda el derecho a la educación entre la población indígena en México y, por primera vez, de la población afrodescendiente. También busca advertir sobre las carencias y los retos que el Sistema Educativo Nacional debe atender para proveer una educación de calidad, pertinente y equitativa en el país.
“Los niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes tienen, al igual que todos los niños del país y del mundo, el derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad”, señaló Paola Gómez, Oficial Nacional de Educación de UNICEF México, durante el evento. “Esta publicación conjunta entre el INEE y UNICEF es un paso clave en la generación de evidencia y datos estadísticos sobre el cumplimiento del derecho a la educación de estas poblaciones.”

“UNICEF se compromete a seguir trabajando por el cumplimiento de ese derecho en conjunto con aliados como el INEE. Es central que México pueda contar permanentemente con cifras e información actualizada para poder revisar y mejorar, de forma informada, las políticas educativas y lingüísticas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Finalmente, es fundamental que las niñas, niños y adolescentes, puedan participar en los procesos de mejora de las políticas educativas que afectan su derecho a la educación.”

Durante la presentación del evento, la consejera de Junta de Gobierno del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, destacó que la información contenida en el Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente muestra la urgencia de que el Sistema Educativo Nacional aborde, con criterios de equidad y atención a la diversidad, la educación de la población mexicana, y también para que mejore sustancialmente la calidad de la atención educativa destinada a la población, muy especial a la población indígena.

Sylvia Schmelkes añadió que el INEE se ha preocupado por informar sobre la realidad educativa de esa población y ahora de la afrodescendiente, pero también por proponer una política educativa diferente para estas poblaciones. Seguiremos insistiendo en la necesidad de una educación relevante, pertinente, de calidad y con equidad para todos los niños y jóvenes del país, porque es su derecho, finalizó.

En el Panorama Educativo de la Población Indígena y Afrodescendiente 2018 se destaca que:

· Uno de cada 10 mexicanos es indígena y que 1.2 % de la población se autodenominó como afrodescendiente.
· Poco más de la mitad de la población hablante de una lengua indígena hablaba náhuatl (23.4 %), maya (11.6 %), tseltal (7.5 %), mixteco (7.0 %) y tsotsil (6.6 %).
· Alrededor de la mitad de la población indígena, en edad de cursar la educación obligatoria, y tres cuartas partes de los hablantes de lengua indígena, vivían en localidades rurales y más de la mitad de los afrodescendientes en zonas urbanas.
· Mientras que la población en México alcanza en promedio el tercer grado de secundaria, la población indígena apenas logra concluir la educación primaria y la hablante de lengua indígena llega a quinto grado de primaria. Si se considera que se avanza un grado por década, la población indígena se encuentra rezagada casi tres décadas con respecto al promedio nacional.
· En el ciclo escolar 2016-2017, se contó con una matrícula de casi 31 millones de niños, niñas y adolescentes en la educación obligatoria, atendidos por 1.5 millones de docentes, en 243 mil 480 escuelas.
· Casi una quinta parte de la población indígena (17.8 %) era analfabeta y entre los hablantes de lengua indígena uno de cada cuatro no sabía leer ni escribir, cifras superiores al dato nacional (5.5 %). De la población afrodescendiente 6.9 % era analfabeta.
· En el mismo ciclo escolar, 9.5 % de las escuelas indígenas de preescolar no contaba con docentes que hablaran una de las lenguas maternas de la comunidad. Chiapas representó la proporción más alta (21.7 %).
· Sólo en 8.7% de los telebachilleratos comunitarios y en 29.1% de los centralizados se contaba con hasta ocho alumnos por computadora para realizar actividades de enseñanza y aprendizaje.
· Las mujeres de las poblaciones indígenas, hablantes de lengua indígena y monolingües, tuvieron un nivel de asistencia escolar menor al de los hombres, diferencia que se acentúa a partir de los 12 años. En contraste, a nivel nacional, las mujeres asisten en mayor número a la escuela que los hombres.
· Finalmente, la población afrodescendiente tiene un menor rezago educativo que la indígena. A los 19 años de edad, 44 % de alumnos afrodescendientes concluye la educación media superior y solo 32. 8 por ciento de los indígenas lo hace.

Descargar informe completo en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/Panorama_XV_/presentacion/Presentacion-Sylvia-Schmelkes-PEPIA.pdf

Fuente: http://ntrzacatecas.com/2018/08/09/presentan-panorama-educativo-de-la-poblacion-indigena-y-afrodescendiente/

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Directores comisionados: los grandes olvidados del sistema educativo

México / 5 de agosto de 2018 / Autor: Adolfo del Ángel Rodríguez / Fuente: Insurgencia Magisterial

En nuestro Sistema Educativo existe un caso al que no se le ha prestado la atención necesaria,  concerniente a los directores comisionados o encargados de los centros escolares, quienes –según “La educación obligatoria en México. Informe 2016” del INEE– constituyen más de la mitad de los directivos a nivel nacional, siendo docentes frente a grupo que no reciben ningún incentivo por realizar la doble tarea, además de que no les queda otra opción cuando se encuentran en escuelas unitarias.

Según el informe del INEE, es en las escuelas multigrado y en las de educación indígena es en donde más se da ese caso, según datos específicos de dicho documento, “esto es así en prácticamente todas las escuelas multigrado (99.1% de generales e indígenas); en las escuelas generales no multigrado y en las privadas, el porcentaje de directores con grupo es sensiblemente menor (15.7 y 10.4%, respectivamente)” (INEE, 2016: 75), ante lo que se debe considerar que el ejercicio de la doble función interfiere con el desempeño de ambas tareas, ya que cada una tiene sus propias demandas y se ejercen dentro de la misma jornada escolar.

En estos casos, se debe considerar además que las escuelas multigrado se encuentran lejos de las cabecera municipales en donde se encuentran ubicadas las supervisiones escolares y los ayuntamientos, por lo que para realizar gestiones, entregar documentación o asistir a reuniones convocadas por la autoridad inmediata, deben disponer de días laborales en los que los pequeños no asisten a clases, a lo que se suma que los docentes comisionados o encargados deben absorber los gastos de su bolsillo debido a que no existe compensación alguna por el servicio que ofrecen.

En el marco de la reforma educativa, al respecto se habla del Sistema Básico de Mejora Educativa, cuyas prioridades son a) impulsar la normalidad mínima; b) mejorar el aprendizaje y c) abatir el rezago educativo; asimismo, para concretar dichas prioridades, el Sistema estable tres condiciones generales: a) el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona; b) el fortalecimiento de la supervisión escolar, y c) la descarga administrativa para la educación básica, siendo importante poner atención en la última condición, la cual ha quedado en letra muerta, pues el trabajo administrativo para los docentes sigue siendo el mismo, siendo aún los planteles escolares quienes se encargan de programas referidos a la salud, la nutrición y administración de recursos, además de programas sociales, por lo que la carga de trabajo en ese aspecto no parece que vaya a disminuir próximamente.

En su momento Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública, en el marco de Escuelas al Centro hizo referencia a lo anterior mencionando que la descarga administrativa creando la figura de Subdirector Administrativo; sin embargo, dicha figura solo opera en escuelas completas con más de diez grupos escolares, por lo que las escuelas multigrado de nuevo no son contempladas y, además, en el caso de las escuelas completas habrá que esperar que se asignen las claves respectivas de acuerdo a los resultados de las evaluaciones para tal fin, por lo que el asunto permanece en las mismas condiciones.

Ante ese panorama, se hace necesario voltear hacia las escuelas multigrado y hacia las escuelas bilingües para considerar la creación de un programa de incentivos para quienes cumplen con la función de director comisionado a pesar de muchos impedimentos, como la distancia y la atención a los grupos, logran que sus centros de trabajo cumplan en tiempo y forma,  pues hay quienes llevan varios ciclos escolares cumpliendo administrativamente ante sus autoridades locales en el anonimato, siendo injusto que sean invisibles ante el Sistema Educativo cuando cumplen con las mismas funciones de un director con clave.

Fuente del Artículo:

http://insurgenciamagisterial.com/directores-comisionados-los-grandes-olvidados-del-sistema-educativo/

ove/mahv

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INEE y cancelación de la reforma educativa

México / 5 de agosto de 2018 / Autor: Hugo Aboites / Fuente: La Jornada

En la agenda legislativa que AMLO presentó a los legisladores electos se incluye la derogación de la reforma educativa, pero, al mismo tiempo, hay declaraciones –como las del próximo secretario de Educación, Moctezuma Barragán (expresadas en Adela Micha, El Financiero-Bloomberg, 11/07/2018)– que reducen el tema a sólo la cancelación de La Ley General del Servicio Profesional Docente (Lgspd); la que incluye el examen que puede llevar al despido o remoción del maestro. Una vez eliminada esa ley ya no habrá evaluación punitiva y, se piensa, puede crearse un clima sereno, favorable al desarrollo de lo que se considera fundamental: un nuevo proyecto de educación nacido del diálogo con maestros, comunidades, académicos y autoridades.

Se plantea, además, que en ese nuevo proyecto de educación no estaría ausente una evaluación a los maestros, pero claramente orientada no al despido, sino a la mejoría del aprendizaje de los niños y jóvenes. Y, precisamente por eso, se dice, ya hay conversaciones con los del INEE con el fin de ligar evaluación con capacitación y mejoramiento del magisterio.

El problema, sin embargo, es que la llamada evaluación punitiva no es un elemento aislado. La reforma, toda, es punitiva. Y, por eso, el INEE, tiene la misma orientación. Quienes diseñaron la reforma la blindaron para el futuro, por eso hasta lograron un absurdo: que la Constitución se ocupara de exámenes a los maestros y que viniera luego sustentada en un tupido entramado de leyes y disposiciones. Éstas crean lo que en ingeniería se conoce como un sistema redundante, donde si una pieza viene eliminada, el funcionamiento de la estructura sufre sólo daños mínimos. Así, aunque se suprima la Lgspd, por ley y por la modificación de 2012 a la Constitución, al INEE le corresponde asegurar que la evaluación esté orientada a decidir la permanencia del maestro como docente y también puede obligar a la autoridad a aplicarla en esos términos: en efecto dice la ley que “… corresponde al instituto definir los procesos de evaluación a que se refiere la Ley III. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio…” de los maestros (artículo 28). Lo que significa que si bien puede llegarse a un pacto de caballeros mediante el cual los directivos del INEE prometan hacer a un lado una evaluación excluyente, se mantiene incólume la atribución legal de vocación punitiva y en cualquier momento puede ser retomada. Sea porque lo decida él mismo (es autónomo), por la presión de organismos empresariales (como Coparmex) que se oponen a la abrogación de la reforma o porque un juez le ordene que cumpla con su mandato legal. Si se elimina la Lgspd, pero se dejan sin tocar las definiciones sobre evaluación y sus alcances en la llamada Ley del INEE (y en otras disposiciones), queda ahí pendiente y aplicable en cualquier momento del futuro las funciones de evaluación respecto de la permanencia de los maestros. Y ante esa amenaza real, el clima de la relación con el magisterio difícilmente mejorará.

Incluso en el caso de que haciendo caso omiso del INEE, la SEP o las autoridades locales decidieran ensayar otras alternativas de evaluación, legalmente tampoco pueden hacerlo porque se dotó al instituto de tal poder que los lineamientos que éste emita son obligatorios para la SEP y otras autoridades, y si no los acatan podrá ser sancionados: los lineamientos emitidos por el INEE en materia de evaluación serán obligatorios para las autoridades educativas, (y) su incumplimiento será sancionado… (artículo 49). Además, si la SEP, cualquier institución o gobierno aplica evaluaciones a maestros y éstas, a juicio del INEE, se desvían de sus lineamientos, carecerán de valor: los procesos de evaluación realizados por las autoridades educativas en contravención a los lineamientos emitidos por el instituto serán nulos. (artículo 49).

Todo esto significa que, si sólo desaparece la Lgspd y el resto queda intacto, el nuevo gobierno federal y locales difícilmente podrán llevar a cabo un proyecto educativo distinto, con una evaluación discordante del INEE. Y esto es grave, pues desde maestros hasta especialistas muchos consideramos indispensable una evaluación, aunque distinta: desde las escuelas, comunidades y maestros; desde las propias regiones; horizontal y orientada a mejorar la formación de los maestros y el aprendizaje de niños y jóvenes. Es decir, opuesta a la centralizada, autoritaria y punitiva idea de evaluación de la denominada Ley INEE y la Lgspd.

Precisamente porque la intención punitiva era tan fundamental en la reforma, la bien trabada y redundante construcción legal que hasta ayer fue su coraza, ahora es su mayor debilidad: para cancelarla no basta con suprimir una ley.

Fuente del Artículo:

http://www.jornada.com.mx/2018/07/21/opinion/015a2pol

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¿Por qué ha generado polémica la reforma educativa en México?

ove/mahv

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Voces de la ciudadanía / El proyecto educativo en la era de Andrés Manuel López Obrador

Por: ODEJ

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Carolina Bodewig

Maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Ibero, Ciudad de México

SIMO Consulting[1]

A inicios de 2013, a través de un decreto presidencial, se realizó una reforma al artículo tercero constitucional, lo que devendría en el punto de partida y sustento jurídico de la Reforma Educativa que desde entonces ha generado tantos desacuerdos, tensiones y encontronazos en el sistema educativo, sobre todo, entre las y los docentes y las autoridades educativas.

Esta reforma al artículo tercero implicó la creación del Servicio Profesional Docente – la cual regula el ingreso, la promoción y la permanencia de las y los docentes en el sistema a partir de una evaluación obligatoria – y, por lo tanto, la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya máxima autoridad es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), constituido en este contexto como una entidad autónoma.

La reforma educativa también se constituye a partir de otros ejes como la mejora de la infraestructura escolar, el impulso de la política de la Escuela al Centro, la formación continua de docentes, una estrategia de equidad e inclusión, el diseño del Nuevo Modelo Educativo, reforma de escuelas normales, entre otras acciones relevantes.

Mucho se ha dicho sobre esta reforma educativa, sin embargo, la razón por la que más se ha hablado y discutido sobre ella es por la evaluación docente. La evaluación vista como una forma de controlar, castigar y perseguir a las y los docentes es uno de los principales argumentos en contra de este proceso, además de concebirla como una evaluación de carácter punitivo y con consecuencias laborales sobre la planta docente. Es esto lo que hace que muchos críticos a la reforma – entre ellos investigadores y organizaciones de la sociedad civil- concluyan que más que una reforma impulsada con un objetivo pedagógico, esta reforma es de carácter laboral y punitivo contra las y los docentes.

Durante la pasada jornada electoral SIMO Consulting levantó una encuesta de salida. Ésta reveló que, en términos generales, hay una gran cantidad de votantes que no están de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa. Sin embargo, cuando esta opinión se separa según los candidatos, se encuentran diferencias llamativas.

De los que votaron por Anaya, 34% está de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa, mientras que el 59% no lo está. En 2013, el candidato había votado a favor de la ley promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, luego, al inicio de su campaña presidencial, sostuvo una postura en la que manifestaba que la Reforma Educativa era un buen proyecto, pero que “lamentablemente fue mal implementado”. Además, su postura sobre la evaluación docente –el tema que ocupa el centro de la discusión – se observó un poco floja o quiso mantenerse en la “zona segura”. Es decir, resonó el discurso “oficial” de la evaluación que trajo la reforma como un proceso formativo y de mejora continua, sin que retomara, por ejemplo, la discusión de cómo la evaluación podría ser más equitativa y la consideración de los contextos en los que trabajan las y los docentes.

De los que votaron por José Antonio Meade, el 23% manifestó estar de acuerdo con la cancelación de la reforma educativa y un 64% no estuvo de acuerdo. Durante su campaña, la postura del candidato consistió en mantener la reforma educativa tal como está: “La reforma educativa va, porque le vamos a apostar a los niños, le vamos apostar a los maestros, porque estamos comprometidos con los padres de familia y en el futuro de nuestros hijos. No nos vamos a echar para atrás.”[2]

De los que votaron por Jaime Heliodoro Rodríguez (El Bronco), el 29% estaba de acuerdo con cancelar la reforma y el otro 57% se mostró en contra. Por su parte, el candidato expresó que no cancelaría la evaluación docente, sin embargo, no profundizó mucho en su postura.

Finalmente, con respecto a los que votaron por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ve algo diferente, es un porcentaje mayor de votantes quienes están de acuerdo con la cancelación (49%) que con su continuidad (39%). Esto tiene bastante lógica porque él sí sostuvo, durante la mayor parte de su campaña, que cancelaría la reforma educativa.

Y sí, lo cierto es que el candidato, ahora electo presidente, expresó que una de sus acciones en materia educativa sería cancelar la reforma educativa, asegurando que ésta atentaba contra la estabilidad laboral y contra los derechos de las y los docentes. De hecho, quien sería el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que la reforma será derogada, que conservarán lo que sea útil para el aprendizaje y trabajarán en un nuevo marco jurídico que sustente estos cambios. En cuanto a la evaluación docente, el próximo titular de educación aseguró que se mantendría, pero prescindiendo de su carácter punitivo; es decir, sin estar ligada a consecuencias laborales.

También manifestaron que parte de su plan es impulsar un nuevo plan educativo nacional a partir de una gran consulta nacional con docentes, padres y madres de familia, directivos y especialistas en educación. Lo cual, en palabras del equipo de AMLO, garantizaría la viabilidad de la reforma educativa.

Ahora bien, en este contexto en el que el equipo recientemente electo comenzará a prepararse para tomar posesión y seguramente a tomar acciones sobre la reforma educativa que está en vigencia, considero necesario pensar más allá de las dos posturas antagónicas existentes: estar de acuerdo o no con la cancelación de dicha reforma. Antes que nada, se debe tener en cuenta que la reforma educativa abarca diferentes procesos y componentes como el nuevo modelo educativo o el tema de la infraestructura escolar. Al tener presente esta acotación, se comprendería mejor a cuáles aspectos se hace referencia al hablar de “derogar” la reforma: aquellos que están relacionados estrictamente con el enfoque de la evaluación docente como una herramienta con consecuencias laborales sobre las y los docentes.

En este tenor, también es muy importante no perder de vista que la derogación de la reforma tiene implicaciones jurídicas, políticas y administrativas. Por ejemplo, para lograr cancelar – como es su intención- o modificar algunas partes de esta reforma, se debe remitir a la ley que dio origen a la misma, por ejemplo, se modificaría o cancelaría la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que finalmente da lugar a la evaluación vinculada al tema laboral de las y los docentes. Pero esta modificación o cancelación de la ley solo sería posible hacerla a través del Congreso de la Unión. Es decir, finalmente, derogar la reforma educativa tal como se conoce hoy, no es tarea fácil, es necesario también pasar por un proceso jurídico y político; más aun, contar con una plataforma jurídica como contrapropuesta.

En lo que sí han dado un poco más de detalle es en una propuesta alterna respecto al nuevo modelo educativo que la reforma educativa en cuestión planteó. Su propuesta toma como punto de partida el argumento de que dicho modelo llegó casi al final del sexenio de EPN de forma apresurada, inconclusa y con baja participación de agentes ajenos a las autoridades educativas. En este sentido, con la nueva propuesta, se busca valorar y garantizar la implementación de dicho modelo a través una gran consulta con docentes, pares y madres de familia, expertos y sociedad en general. Su idea es que este modelo “mejore, de verdad, la calidad, de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio” (Documento de respuesta a la iniciativa “10 por la educación”, p. 2).

A partir de estos dos grandes temas que forman parte de la postura y propuesta de AMLO ante la reforma educativa tal como está, es necesario asumir un rol que acompañe este proceso que iniciará el 1 de diciembre y en adelante. Es decir, acompañar en la construcción de este proyecto: desde el seguimiento, el cuestionamiento, la participación en el diálogo, el intercambio. Debe existir una postura de exigibilidad por parte de las y los ciudadanos, pero también de toma de responsabilidad de construir y transformar los procesos educativos actuales.

En este sentido, el primer paso es obtener claridad sobre su postura; en algunos discursos sostuvo que cancelará la reforma educativa completamente, pero en otros momentos ha asegurado que no la derogará en su totalidad, que lo que busca es un reajuste de la misma. Aún no queda claro cuál es el destino de la reforma educativa en términos jurídicos y administrativos. Por ejemplo, no queda claro todavía qué partes de la ley cambiarían, cuál sería una contrapropuesta a lo que ya existe y cuál sería el mecanismo para lograrlo.

Segundo –y, por supuesto, tomando en cuenta que no ha iniciado la gestión de su sexenio-  hay que requerirle a su equipo los “cómos” de sus planteamientos sobre el proceso de “reajuste” de la reforma, sea cual sea el caso, y acompañar en este proceso de construcción. Finalmente, construir ciudadanía desde el acompañamiento y seguimiento al proceso de cambio educativo que se está vislumbrando en la propuesta de AMLO y su equipo.

También habrá que requerir los “cómos” de la consulta que planea hacer con padres, madres, académicos y docentes: cómo se organizará, cómo se convocará, cómo se sistematizará e integrará en un modelo educativo y en una nueva propuesta de reforma a partir de toda la información y la reflexión que resulte de ese proceso.

El reto de este nuevo gobierno en cuanto a la reforma educativa está en dejar de repetir lo que le faltó o falló a la reforma educativa actual, porque eso se ha escuchado ya en incontables discursos o apariciones públicas. El reto está en hacer del proceso de reforma educativa – con los componentes que se decidan de forma colectiva y participativa- algo incluyente, más equitativo, contextualizado, dialogado y respetuoso, sin prisas. El reto está en construir el diálogo sobre los cómos: sobre el camino a seguir para transformar el rumbo que llevaba la reforma educativa actual, sobre las prioridades que se trazarán, con quiénes se trazarán y el porqué de esas prioridades.


[1] Simo Consulting es una consultora dedicada al análisis de fenómenos sociales y económicos, a través de investigación disruptiva para el cambio social mediante la aplicación de diversas metodologías que alimentan la teoría del pensamiento radical; es decir, repensar los problemas sociales a partir de su origen y sus causas primarias. Sus áreas de trabajo son: estudios electorales, política pública y evaluación, sociedad civil, estudios educativos, entre otros.

[2] Canchola, A. (2018). “Meade: Vamos por reforma educativa.” El Universal, 15 de mayo de 2018.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/voces-de-la-ciudadania-el-proyecto-educativo-en-la-era-de-andres-manuel-lopez-obrador/

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