Centroamérica/ Costa Rica/ 21.05.2018/ Por:Andi Mirom / Fuente: www.elpais.cr.
Lo que está pasando en la directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es impresentable. La elección por parte de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) de un Rector de una “Universidad” Privada como miembro de ese órgano colegiado, sin lugar a dudas, genera un conflicto de interés en toda regla.
Comencemos diciendo que el Rector designado en la Junta Directiva de la CCSS, representa a una organización privada que se ha dedicado a vender servicios para formar profesionales en Ciencias Médicas. Lo anterior tiene como propósito lucrar con base en lo que pagan los estudiantes, no obstante que muchas de estas organizaciones asumen la figura jurídica de fundación o asociación.
A pesar de ser una organización privada, la “Universidad” que representa ese Rector que ha sido elegido por la UCCAEP en la directiva de la CCSS, ha procurado utilizar la infraestructura hospitalaria pública para hacer su giro empresarial. En efecto, en lugar de preocuparse por desarrollar su propia infraestructura privada para hacer su negocio, lo que ha procurado es que los hospitales de la CCSS reciban a sus clientes (estudiantes) para no tener que invertir en este rubro.
Este modo de operar en que un negocio privado se aprovecha de la infraestructura pública, se ha dado con la complicidad de la jurisdicción constitucional y de la jurisdicción contencioso administrativa. Y es que esas instancias haciendo interpretaciones simplistas, especialmente del artículo 33 de la Constitución Política, han dicho que se debe aplicar una igualdad conmutativa para analizar estos casos, dejando de lado las diferencias que existen entre una Universidad Pública y un negocio educativo de carácter privado.
Y lo digo claramente, no es cierto que las sentencias de la jurisdicción constitucional o de cualquier otra jurisdicción no se puedan cuestionar. Para empezar, muchas sentencias tienen problemas serios de argumentación lógica, pero como si eso no fuera poco, en no pocas ocasiones, las sentencias no son redactadas por los magistrados sino que son los letrados de los magistrados ponentes quienes (prácticamente) definen como quedará la sentencia; adicionalmente, es vergonzoso observar como una gran cantidad de sentencias, no son otra cosa que un rejuntado de citas textuales de otras sentencias que se “construyen” por medio del copie y pegue del procesador de texto.
El Rector del negocio educativo que ahora pretende llegar a la directiva de la CCSS como representante de la UCCAEP, lo único que evidencia es el descaro al que ha llegado esta persona. Son múltiples los procesos judiciales que ha incoado contra Caja con el propósito de someterla a los intereses de su negociado educativo, sin embargo, no contento con eso, ahora quiere favorecer sus intereses desde adentro de la institución. Caballo de Troya se llama esa ya vieja y conocida estrategia.
Ojalá que las personas que entienden lo que está en juego con esta estratagema político-jurídica eleven su voz y exijan que este negociante de la educación se retire a su empresa educativa. Desconozco si hay estudios sobre lo que ha representado para la CCSS los fallos (en sentido literal) de las jurisdicciones que ha prohijado los intereses de esta empresa privada de la educación, ha simple vista uno observa el agobio de los pacientes cuando aparece una multitud de estudiantes (ellos no tienen la culpa) cuya presencia es asfixiante y atentatoria contra sus derechos.
No más negocio con la educación costarricense utilizando la infraestructura pública. La educación no es una mercancía. ¡Basta ya!
Fuente de la noticia: https://www.elpais.cr/2018/05/20/no-mas-negocio-con-la-educacion-costarricense-utilizando-infraestructura-publica-bsta-y
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