Este libro es el primer resultado del proyecto «Las historias de la humanidad en otras palabras», que busca elaborar un registro de las narrativas sobre los orígenes y trayectorias de la humanidad que han sido preservadas y reproducidas por las autoridades tradicionales de los diversos pueblos originarios de nuestra América. La exploración de estas narrativas orales busca no solo problematizar las versiones hegemónicas de los orígenes sino también contribuir con claves novedosas para una relectura crítica de nuestro presente regional y global.
Autoras(es): Eduardo A. Rueda. Ana María Larrea. Augusto Castro. Óscar Bonilla. Nicolás Rueda. Carlos Guzmán. [Editora y Editores]
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2482&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1622
Por: Geraldine Santos, Yanua Atamaín, Leslie Searles, David Díaz Gonzales
En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con más de 70 mil integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un miembro de tu comunidad ante la Fiscalía o la Policía Nacional no está permitido, ni aunque se trate de un agresor sexual de menores. La violación de un niño o adolescente se atiende con la intervención del apu de cada comunidad y con una multa económica al violador que varía que entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por un equipo de cuatro periodistas de OjoPúblico que recorrió seis comunidades de la región Amazonas. Esta alarmante situación no permite tener cifras reales de estos casos y mantiene impune estos hechos. Las mujeres líderes de los pueblos indígenas luchan en solitario contra esta situación.
Através de una rendija de la puerta de su casa, Nayáp* mira a otros niños que juegan afuera. Sus ojos marrones no dejan de admirar la alegría ajena, pero se limita a observar. Es originario del pueblo awajún, tiene siete años y la piel tostada por el incandescente sol de la Amazonía. No habla castellano, pero el dolor que lleva consigo no necesita palabras para manifestarse, se siente en la habitación donde lo observamos. En setiembre del 2021 fue violentado sexualmente por un integrante de su comunidad, desde ese día solo su silencio lo acompaña, casi no habla.
Nayáp mira a todos con temor. Su casa de madera en la comunidad indígena Nazaret, en Imaza, ubicada en la región Amazonas, es su refugio. En los cuatro últimos meses apenas ha salido al patio de su hogar, teme ir más allá. Dice que el iwa, monstruo que come a los hombres en awajún, está al acecho y prefiere estar oculto.
Un equipo de cuatro periodistas OjoPúblico que recorrió seis comunidades de Amazonas ha llegado a Nazaret, a cuatro horas de la ciudad de Bagua en viaje por carretera, para recoger la historia de Nayáp, cuya madre accedió a hablar con este medio. En esta comunidad hay otros 14 niños que fueron víctimas de abuso sexual solo el año pasado, según las denuncias que recibió la lideresa indígena Georgina Rivera Paz, quien realiza acompañamiento a las niñas y mujeres violadas.
Una calurosa tarde de setiembre del 2021, Nayáp fue encontrado ensangrentado por Sekút*, su madre, al interior de su vivienda, pero la agresión ocurrió en el bosque donde antes solía jugar sin miedo. Lo cogió en sus brazos y lo llevó ante el apu de la comunidad en busca de ayuda y justicia, pero el líder le dijo que no había sanción en el estatuto para los violadores sexuales de varones, cuenta. La herida de la impunidad volvió a abrirse en Sekút. En el 2014, su hija mayor —que entonces tenía 4 años— había sido violada y el líder de ese momento tampoco aplicó ninguna sanción al autor del delito. Por el contrario, Sekút fue acusada de mentirosa.
—No tengo esperanzas de solución aquí, no confío en la justicia de mi pueblo— dice Sekút, de 36 años, en lengua awajún. Ella, al igual que su niño, no habla español. Al traducir los abusos que han sufrido los dos hijos de Sekút, la periodista indígena Yanua Atamaín baja la mirada y un silencio estremecedor invade la pequeña choza.
Sekút debió vender una de sus gallinas ponedoras de huevos para comprar medicamentos que atenuaran el dolor de Nayáp. No pudo llevar a su niño a un centro de salud por orden del apu. “Llevarlo hubiera implicado que el caso sea reportado ante las autoridades, aquí no denunciamos sin el permiso del líder”, explica la lideresa indígena Georgina Rivera mientras sostiene la mano de Sekút.
VIGILANTES. Las mujeres awajún temen dejar solos a sus hijos en sus casas porque pueden ser víctimas de abusadores sexuales cuando ellas salen a trabajar sus tierras.
Foto: David Diaz
El miedo a hablar
Nazaret es una pampa verde llena de casas de madera y pequeños árboles, donde el sol no tiene piedad. Sus más de mil habitantes, los awajún, viven ahí desde hace más de 50 años. La comunidad ha soportado invasiones de extraños, derrames de petróleo y el reciente impacto de la pandemia. Estos daños han sido reclamados ante la justicia peruana, pero del abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la misma comunidad no se habla.
Sekút tiene miedo, pero con sus manos pequeñas y rostro afligido trata de explicarnos el dolor de la injusticia. Dice que acusar a un integrante de la comunidad ante extraños puede traerle enemistades que la llevarían a ser desterrada o hasta la muerte, pero está decidida a que Nayáp encuentre justicia. Sin embargo, acudir a la comisaría de Imaza está a una hora por carretera desde su comunidad e ir al médico legista del Ministerio Público a otras cuatro horas hasta Bagua. “No sé cómo llevar la denuncia fuera de aquí”, se lamenta.
En el pueblo awajún —el segundo más grande de la Amazonía peruana, con 70.468 integrantes que viven en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín— denunciar a un integrante de tu propia comunidad ante la justicia ordinaria no está permitido.
—Los problemas se tratan internamente, solo se va a la justicia de los apash (los de afuera, en awajún) si el apu lo decide— explica la periodista indígena Yanua Atamain.
Esta práctica es aplicada en la gran mayoría de las comunidades, donde los líderes no permiten la intervención de la policía ni de la Fiscalía sin su consentimiento, e interpretan que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) les reconoce la justicia comunal en el territorio indígena. En un estudio realizado el 2020 sobre la violencia sexual y la justicia comunal en los pueblos indígenas awajún – wampis, elaborado por el abogado Roberto Guevara Aranda, se evidencia que, efectivamente, las comunidades no reportan los casos ante la justicia ordinaria basándose en normas internas que se plasman en los reglamentos de cada comunidad.
El informe de Guevara Andrade analiza los reglamentos comunales de 28 comunidades awajún – wampis en Amazonas, como una muestra de las 393 que existen en el territorio de la región. Según las normas internas analizadas, el 96,43 % de estas comunidades no reportan los casos de violación sexual de menores ante el Ministerio Público y el 79 % no brinda tratamiento a las víctimas. Sin embargo, el 67,86 % de las comunidades optan por aplicar multas económicas a los agresores, un acuerdo entre los familiares de la víctima y el violador que varía entre S/2.000 a S/5.000, según los testimonios recogidos por OjoPúblico en seis comunidades de la región Amazonas.
Ni Nayáp ni su hermana, que ahora tiene 11 años, conocen la justicia que administra su pueblo ni la de los apash ya que no fueron ‘indemnizados’ con pagos económicos y sus agresores no han sido castigados. Sekút, la madre de ambos, tiene miedo de ir a trabajar a sus campos de cultivo porque ello implica dejar a sus cinco hijos solos, ya que su pareja labora en otro lugar y no tiene familia en la comunidad a quien confiar a sus pequeños. “No estoy tranquila, tengo miedo de volver a ver a mis hijos heridos”, dice la awajún.
El antropólogo Wilson Atamain explicó a OjoPúblico que no se cuenta con cifras reales sobre la violencia sexual en las comunidades awajún porque la justicia que administran los apus no permite a las familias reportar estos abusos y solo se tienen referencias de casos que atienden las lideresas indígenas. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Nazaret: de los 15 casos registrados el 2021, solo tres fueron reportados ante el Ministerio Público. “Los casos son invisibles ante la justicia ordinaria, silenciados por la propia comunidad”, dice el experto.
No existe tampoco una base de datos sobre casos de abuso sexual donde se especifique la variable étnica, confirmó el Ministerio de Cultura a OjoPúblico a través de un cuestionario. Solo en el distrito de Imaza, al que pertenece la comunidad donde vive Nayáp, la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) —un mecanismo para atender casos de violencia en las zonas rurales— registró 32 violaciones sexuales el último año, de los cuales 28 fueron contra menores de edad, pero no se puede conocer cuántas de estas víctimas son niños indígenas.
Un manto de impunidad
La comunidad de Huampami en el distrito de El Cenepa —a cinco horas desde la ciudad de Nieva por río— tiene calles estrechas, sin árboles, pese a estar en la misma Amazonía. Allí la docente intercultural Lady Akintui Tsajuput promueve la formación de líderes en el colegio internado Moisés Moreno Romero, que alberga a 475 adolescentes. En esta institución interviene la Estrategia Rural del MIMP para enseñar a las mujeres y varones sus derechos y cómo actuar ante una agresión física, sexual, psicológica y de propiedad en la justicia ordinaria.
SIN ACCESO A JUSTICIA. Lizbeth Chamik no inicia un juicio por alimentos a su expareja porque no puede pagar el viaje hasta Bagua, donde está la Fiscalía.
Foto: Leslie Searles
Además, Akintui Tsajuput les explica a sus alumnos cómo era antiguamente el pueblo awajún: sus tradiciones, sus luchas y los castigos que se imponían a quienes no cumplían las normas. Antes a los violadores se les sancionaba dándoles toé (bebida ancestral, como el ayahuasca, con fines medicinales y alucinógenos) para que limpie su espíritu y luego de eso eran exhibidos ante la comunidad, cuenta la docente.
Para evitar estos castigos y disminuir el derecho a la venganza, que se aplicaba devolviendo el mismo daño que había causado el victimario, se estableció en el pueblo awajún acuerdos económicos a favor de la familia afectada, explica Peña Jumpa. Sin embargo, estos acuerdos económicos han originado que la violencia sexual y física hacia las mujeres y niños indígenas se incremente porque permiten proteger al agresor ya que se evita que sea juzgado por la justicia ordinaria, refiere Juan Carlos Akintui, uno de los jóvenes líderes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú. En la gran mayoría de comunidades de la región Amazonas, las víctimas viven cerca de sus agresores y no reciben tratamiento psicológico ni de las secuelas físicas producto del abuso, asevera.
“Con los años, el pueblo awajún ha ido normalizando las violaciones, por eso ahora estos hechos se negocian económicamente, como si la dignidad de un hermano tuviera precio”, lamenta Akintui Tsajuput.
Pero no solo se trata de que se hayan dejado de lado sanciones severas sino de que el abuso sexual a menores prácticamente se ha institucionalizado en las comunidades indígenas donde se permite el matrimonio desde los 12 años de edad, según el informe La justicia comunal aguaruna en el Alto Marañón del abogado y magíster en antropología Antonio Peña Jumpa. Esta uniones legitiman las relaciones sexuales desde muy temprana edad y expone a las niñas a abandonar sus estudios, a la violencia y a embarazos tempranos. En el Perú, una persona puede casarse partir de los 16 años, aunque también se trata de un matrimonio adolescente que limita la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Cuando se reporta un caso de violación sexual en las comunidades se castiga con dos meses de calabozo (si la víctima es una mujer adulta) y tres meses (si es menor de edad). El Código Penal establece cadena perpetua para quien abuse sexualmente de un menor de 14 años y pena privativa de libertad no menor de 20 años ni mayor de 26 años si la víctima tiene entre 14 años y menos de 18 años.
Por su parte, la abogada y magíster en derecho constitucional Beatriz Ramírez Huaroto refiere que la mayoría de las familias indígenas denuncian los casos de violación sexual ante la comunidad porque “les ofrecen respuestas medianamente rápidas” a comparación de la justicia ordinaria. Sin embargo, estas no aseguran la protección de la víctima porque no hay tratamientos psicológicos ni sanción efectiva al agresor.
“No es que [los indígenas] opten por una sola vía [la comunal], sino que hay barreras fuertes como la distancia geográfica para acceder a los servicios de justicia. No hay un adecuado sistema de justicia que articule entre la justicia comunal y ordinaria”, señala la experta.
ESPERANZA.Melissa Kayap, de 16 años, es defensora escolar en la comunidad de Humapami. Ella es preparada por sus docentes para defender los derechos de la mujer y los niños.
Foto: David Diaz
Otra de las razones para que persista la violencia sexual es el arraigado machismo en el pueblo awajún, dice el antropólogo indígena Wilson Atamaín, quien cuestiona que los actuales líderes indígenas no permitan que las mujeres accedan a la administración del poder en sus comunidades, lo que ayudaría a luchar contra la violencia hacia mujeres y menores de edad. “Hay una constante pugna de poder que no deja que las mujeres asuman cargos políticos y, por el contrario, hay un desprestigio a su labor”, dice Atamaín.
En los años 90’ se conformó la Federación de Mujeres del Alto Marañón en Amazonas para capacitar a las nuwas (mujeres en awajún) en reconocer y defender sus derechos ante la justicia ordinaria, pero a partir del año 2000 los casos de violencia familiar y sexual fueron incluidos en los reglamentos de las comunidades precisando que deben resolverse de manera interna, por lo que la violencia volvió a invisibilizarse.
La federación continúa trabajando en empoderar a la mujer indígena para asumir cargos políticos y lograr cambios fundamentales en la cultura awajún, pero “mientras los reglamentos no cambien, los casos seguirán ocultos en las comunidades”, advierte la lideresa Elva Yagkikat Kiak, quien fue formada para asumir el rol de defensora de la mujer indígena en esta organización.
Comisarias sin traductores
—No hay justicia, todo es negocio— dice la defensora comunal Elva Yagkikat Kiak (53), quien en sus 30 años como lideresa awajún dice haber visto decenas de casos de violación sexual contra menores que no lograron justicia porque se llegaron a acuerdos económicos entre agresores y las familias de las víctimas. Aunque lideresas como Elva sensibilizan a las familias indígenas para que estos casos lleguen a la justicia ordinaria, los obstáculos son más fuertes y muchas desisten porque no pueden costear los gastos de movilidad para denunciar la violación en una comisaría o asistir a las citaciones del Ministerio Público. El 36.1 % de la población en esta región vive en pobreza y el 7.7 % en pobreza extrema.
Otro de los temores de las familias para buscar una reparación a las víctimas en la justicia ordinaria es el lenguaje, ya que muchas madres awajún no hablan español. En ninguna de las comisarías de Amazonas hay traductores awajún, por lo que la atención se vuelve complicada para una madre indígena si no tiene la compañía de una líder, quienes tampoco reciben ningún tipo de ayuda para solventar sus viajes y muchas veces se ven expuestas a agresiones y amenazas por su labor.
INFANCIA ROTA. En el pueblo awajún se permite que las niñas se casen desde los 12 años. Amazonas es una de las regiones con la tasa más alta de gestantes entre los 12 y 17 años.
Foto: Leslie Serles
—La ausencia del Estado y el miedo a ser despreciado en la comunidad por denunciar a un hermano pesan más, todos debemos callar y llorar en silencio la muerte de nuestros niños por violación—, señala la lideresa Georgina Rivera del Consejo Indígena Amazónico del Perú, quien reportó el año pasado la muerte de tres niñas producto de violaciones sexuales. Los casos no tuvieron sanción en las comunidades y los agresores quedaron libres.
OjoPúblico reportó en noviembre del año pasado uno de estos casos a través de su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se comprometió a intervenir, la familia de la víctima nunca fue contactada para llevar el caso ante el Ministerio Público.
— ¿Quién repara un corazón roto, cómo se vive después de ver morir a tu hijo y aparentar que todo está bien?—se pregunta Rivera Paz sin hallar respuesta. Hace siete años, su sobrino falleció a causa de una violación sexual, y si bien el caso fue a la justicia ordinaria no hubo sanción porque el padre de la víctima falleció y no hubo quien siguiera el proceso.
El fracaso de dos formas de hacer justicia
Los líderes consultados para este informe refieren que los casos de violación disminuirán si se aplican sanciones más drásticas contra los victimarios. Salomón Awanach, presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú, refiere que con los años el pueblo awajún perdió el valor del “respeto a la vida de sus hermanos”, que los hizo resistir a través de los siglos. Hoy, por el contrario, los niños abusados sexualmente son discriminados, no tienen oportunidades de insertarse en la comunidad y hay quienes son empujados a la prostitución en su lucha por sobrevivir.
El sociólogo Rafael Molina Palacios explica que si bien la justicia propia es reconocida por el Estado Peruano a raíz del Convenio 169 de la OIT, lo que está ocurriendo es que sobre la base de ello se están vulnerado los derechos de los niños abusados sexualmente. Se requiere de un cambio en el enfoque de hacer justicia por parte de los sabios indígenas, señala. Sin embargo, sostiene que el cambio en las leyes de las comunidades demorará años y es un proceso de evolución social que necesita del compromiso de académicos, fiscales, abogados, docentes y jueces awajún que reflexionen y planteen soluciones a esta cruda problemática.
LUCHA. En la comunidad de Mamayaque, Elizbeth Tsakím saca adelante sola a sus cuatro hijos tras el abandono de su pareja. Ella siente que su familia es más vulnerable ante la violencia sexual.
Foto: David Diaz
Por su parte, el abogado Roberto Guevara Aranda, quien trató casos de violación sexual en niños indígenas en la Defensoría del Pueblo de Amazonas, afirma que es necesario que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia trabajen junto a las organizaciones indígenas para llegar a un consenso al impartir justicia para estos casos, cambiando los reglamentos comunales para imponer sanciones mayores a los agresores.
Al respecto, la vocería del Ministerio de Cultura respondió a OjoPúblico a través de un cuestionario de preguntas que “trabajan en la elaboración de una estrategia con enfoque intercultural en los servicios que brinda el Estado para la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas”. Sin embargo, no dio más detalles de plazos ni de los expertos que trabajan en el tema.
El Ministerio de Cultura tampoco aceptó la entrevista solicitada por este medio con la viceministra de Interculturalidad, Rocilda Nunta Guimaraes, ni el Ministerio Publico concretó la entrevista con el fiscal Alexander Fasanando Riveiro, quien forma parte del subsistema especializado en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo. Ambas autoridades son indígenas shipibos que tienen como función ver la interculturalidad en los organismos del Estado.
—Es el fracaso de dos sistemas porque no existen políticas públicas ni comunales para enfrentar esta dolorosa realidad— cuestiona Guevara Aranda. El Estado no ha podido acercarse al pueblo awajún porque busca implementar procedimientos largos y tediosos como estipula el Código Penal y no comprende las dificultades económicas y geográficas que deben enfrentar las víctimas en busca de justicia en la Amazonía. Mientras ello ocurra, el dolor de niños como Nayáp seguirá ocultándose en sus casas de madera, invisibilizado en medio de la Amazonía.
Thioune reside desde hace 20 años en Canarias. En su reciente libro «Yakar» repasa los problemas para viajar desde su país, el peso de la colonización y la importancia de que se conozca la riqueza de su continente africano.
«Mi tierra es más que malas noticias», defiende Khaly Thioune (Senegal, 1976), un artista que reside en Gran Canaria desde hace 20 años y que no pierde la esperanza de que algún día Senegal y el África «sea vista por los africanos, americanos y europeos como lo que es: un continente lleno de cultura, historias y saberes». Salió de Bambey, su pueblo natal, cuando terminó el colegio y se trasladó a Dakar para estudiar con mucho esfuerzo y sacrificios económicos en la Escuela Nacional de Arte, una aventura en la que también le acompañó su hermano Aly. Ambos siempre tuvieron claro que querían vivir del arte, que entiende como vehículo de transmisión de cultura y de educación. «La música sirve para trabajar la interculturalidad, enseñar mejor África a los europeos y enseñar mejor Europa a los africanos para que podamos vivir en un ambiente de solidaridad, paz y enriquecimiento», explica. En la actualidad existen aún muchos prejuicios que combatir y por ello insiste en que su continente tiene mucho que enseñar.
Khaly Thioune llegó a Canarias pasando primero por París, pero su experiencia no fue fácil. Cuando él y su hermano Aly estaban finalizando sus estudios en la Escuela Nacional de Arte les surgió la oportunidad de seguir estudiando en la capital de Francia. Tenían la preinscripción aceptada pero obtener el visado no es sencillo porque a los ciudadanos senegaleses para salir de su país se les exige demostrar que cuentan con una determinada cantidad de dinero (unos 3.000 euros), algo que no le ocurre a las personas de Europa, que pueden viajar por donde quieran con su pasaporte. «Es una inmigración seleccionada, porque solo pueden viajar las personas con dinero», asegura. Esta odisea para poder llegar a Francia por avión es detallada por el artista en su reciente libro Yakar, una palabra escrita en wolof y que en español significa esperanza, esa esperanza que no pierde pero por la que recuerda que hay que seguir luchando cada día. Gracias a esa hospitalidad que aún se respira en los países africanos logró recaudar el dinero que necesitaba para demostrar a la embajada que tenía solvencia para viajar. Un dinero que más tarde fue devolviendo poco a poco.
La llegada a París no era tan de color de rosa como le pintaban en su país, donde Khaly lamenta que se difunden muchas mentiras y se idealiza Europa. «Te llegan a decir que podrás tener hasta cinco trabajos», explica. En la capital francesa los días transcurrían en la escuela de arte y en el barrio donde se hospedaba. En su libro explica que le llamaba la atención la segregación que existía y el hecho de que hubiera tantas personas negras en ese país, lo cual es fruto de la colonización, de la que lamenta que en África aún no se han liberado del todo. Khaly cree que para conseguir que los países de su continente lleguen a tener el respeto y el lugar que merecen debe cambiar el modelo educativo. En Senegal la educación se imparte en la lengua de la potencia que lo colonizó, Francia, y aunque su país logró la independencia en 1960 sigue habiendo huellas de esa época que se mantienen en la actualidad. «Llegó la colonización y no nos dio tiempo a valorar nuestra cultura. Cambiaron todo y nos impusieron su cultura, su idioma y su moneda», expresa en su libro, donde añade que «nos enseñaron a creer que la única civilización era Europa y nos empujaron a avergonzarnos de nuestra cultura». Por ello, en la entrevista con este periódico destaca que «el modelo tiene que cambiarse en África, tenemos que estar muy pendiente de lo que queremos enseñar a nuestros hijos». Una realidad que aunque admite que es dolorosa de reconocer tiene que cambiar.
El artista es muy crítico con Occidente pero también con los propios africanos, ya que consideran que tienen que luchar y despertar ya que el yugo al que aún Europa somete a estos países cuenta con la complicidad de presidentes africanos y periodistas que guardan silencio. «África necesita más información, conocer nuestros derechos para poder defendernos y vivir la igualdad», apunta. De hecho, unas de las frases llamativas del libro es en la que afirma: «Conocí más África estando en Europa» y explica que esto ocurre porque no «nos han enseñado la realidad de África» y porque desde fuera se aprecia con otra perspectiva y ha podido valorarlo más.
Romper barreras a lo desconocido
En el año 2002, cuando ya estaba asentado junto a su hermano en la escuela artística francesa donde continuaban sus estudios, decidieron viajar a Gran Canaria para visitar a un hermano de ambos que vivía ahí desde hacía años, Mbaye Thioune. En Gran Canaria les llamó la atención que en la televisión solo se hablaba de «pateras», una palabra que no habían escuchado hasta ese momento. Además, percibían cierta desconfianza hacia ellos por parte de las personas de la isla, lo que les llevó a pensar que lo mejor era volver a Francia cuanto antes. En la estancia en la isla se percataron de las condiciones en las que vivían algunos de sus paisanos, en un edificio Astoria, uno de los pocos lugares donde conseguían el alquiler de una habitación, ya que otro de los problemas a los que se enfrentan aún en la actualidad las personas migrantes es al de no encontrar un piso de alquiler por los prejuicios que aún existen. Durante esa visita acompañaron un día a Mbaye a la oficina de empleo. Khaly explica que aún recuerda a la persona que les atendió y cómo se interesó por él y su hermano Aly y los estudios que estaban realizando en París. Ahí fue cómo les surgió la oportunidad de posponer la finalización de esos estudios para impartir clases con un contrato que les brindaba el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el objetivo era impartir clases en la Universidad Popular sobre cultura y arte africano.
Los primeros días fueron duros por esa barrera que aún percibían por parte del alumnado, pero poco a poco esa barrera se fue rompiendo y fueron tejiendo lazos y conociéndose los unos a los otros. Es la prueba que ofrece Khaly de lo que es capaz de cambiar el arte. La barrera se produce por «el desconocimiento el uno del otro por la información falsa de la tele», subraya. De hecho, lamenta que los medios de comunicación solo cuenten las noticias negativas de África y no muestran su realidad en conjunto. «Eso hace que crezcan los miedos de la gente, porque no lo ven con normalidad, ven la inmigración como una amenaza», apunta. «Es muy importante hacer una buena información, la información tiene que cambiar para que la gente pueda saber la realidad de África», pero añade que al contrario ocurre igual y que en África hay muchas veces una concepción un poco diferente de la realidad de Europa. En este punto recuerda el lema que había en Senegal durante la crisis de los cayucos de 2006: «Barcelona o la muerte», decían, mientras muchos jóvenes perdieron la vida tratando de llegar a España.
Por ello, insiste en que las leyes tienen que cambiar, pero en que también se necesitan oportunidades para los jóvenes africanos en sus países. «Tenemos que darles, oportunidades, información y valorarlos», insiste Khaly, que espera que su libro sea útil para que el viaje de esos jóvenes hacia la «prosperidad, no se convierta en dolor, en un sueño roto o en una pesadilla» y que «los jóvenes africanos tomen el timón del rumbo de África para que se convierta en lugar donde haya prosperidad y se sacuda, de una vez por todas del yugo que Europa le ha puesto». Yakar está escrito para remover conciencias y para hacer reflexionar a las dos partes; a los propios africanos, a los americanos y a los europeos, para que conozcan más África y a los africanos. El autor confía además en seguir en que «la música es una puerta importante» para fomentar la interculturalidad y en ello seguirá trabajando para construir puentes reales entre los continentes.
Por: Bruno Baronnet, Juliana Merçon y Gerardo Alatorre
Destinado a estudiantes, investigadores/as y público en general, este libro está guiado por la imbricación de los ejes temáticos de la interculturalidad y la sustentabilidad, los cuales están entrelazados por la concreción de distintos procesos socioeducativos y ambientales. Ambiciona asimismo contribuir al campo científico con aportaciones reflexivas para la acción y la intervención educativa. Los capítulos examinan, por un lado, la política y la ética de la interculturalidad y la sustentabilidad y, por otro lado, lo intercultural y lo sustentable en la transformación de las prácticas educativas.
Índice
Aprendizaje, interculturalidad y sustentabilidad: Introducción a un campo en permanente construcción
Bruno Baronnet, Juliana Merçon y Gerardo Alatorre
De aprendizajes interculturales a currículos sustentables en clave decolonial
Acción colectiva, autonomía y capacidad de transformación social
Navegando al filo del agua de la acción educativa para la interculturalidad y la sustentabilidad
Sustentabilidad e interculturalidad como herramientas teórico-políticas para la transformación social
Gerardo Alatorre Frenk
Los valores y criterios de la sustentabilidad
Apuntes sobre el concepto de interculturalidad
Alcances y limitaciones de los conceptos de sustentabilidad e interculturalidad en nuestras asimétricas sociedades
Algunas recomendaciones
Éticas comunitarias, políticas de la naturaleza y perspectivas del sur global
Eckart Boege
¿Por qué introducir la idea de reflexividad y reapropiación en una plataforma dialógica?
Autonomía y gobiernos del bien común
Derechos indígenas, territorios y buenos vivires
Donde imaginarios decoloniales y ambientales se entrelazan: Buen Vivir y educación
Juliana Merçon
Buscando una nueva morada
Seis rasgos de la noción de Buen Vivir
Educación y Buen Vivir: paradojas, pistas y experiencia
A la luz del Buen Vivir, el México profundo nos sigue interpelando
Helio García Campos
Lecciones desde Chiapas
Iksemijka ma yolito: Que siempre se mueva su corazón
El México profundo como legado…
Procesos educativos y disputas políticas
Luisa Paré
Lo que está en juego
Aprendizajes a partir de un proyecto de Gestión de cuenca
La difícil apropiación del territorio desde la perspectiva de la sustentabilidad
Reflexiones sobre la formación de intérpretes sociales para la interculturalidad
Cristina V. Kleinert
Traducir, interpretar y mediar para construir ciudadanía
Recuperar el uso público de las lenguas indígenas
Diálogo y escucha atento como protagonistas
Retos para el futuro
Educación y agroecología: Otra forma de promover procesos formativos hacia la sustentabilidad y la soberanía alimentaria
Miguel Ángel Escalona y Roberto Gregorio Chiquito Contreras
Reflexiones sobre formas creativas de educación
Retos y desafíos de la formación para la sustentabilidad y soberanía alimentaria
Hacia propuestas para promover una educación para la sustentabilidad
Niñez indígena y escolarización. Retos epistémicos para la interculturalidad educativa
Gialuanna Ayora Vásquez
Puedo saber mejor a dónde voy si tengo claridad de dónde vengo. Locus de enunciación
Entender otras lógicas no es necesariamente estar de acuerdo con ellas. Las diversidades
La lógica de la escolarización y la niñez indígena
Los retos de la educación. La articulación escuela-comunidad
Reflexiones finales
Educación Superior Intercultural, aprender en y como comunidad
Shantal Meseguer Galván
El conocimiento como experiencia de vida, oportunidad de participación y herramienta de transformación
El currículum como espacio de diálogo y establecimiento de vínculos
Retos y desafíos de la formación para la interculturalidad
Interculturalidad y Sustentabilidad: Horizontes de acción educativa
Juliana Merçon, Gerardo Alatorre y Bruno Baronnet
De la inconformidad a la conformación de nuevas experiencias
Éticas, políticas, epistemes y ontologías en Diálogo
Que siempre se mueva el corazón de la Tierra: pulsando en el Sur
En el marco del Foro plural y abierto “Elecciones intermedias 2021. La agenda pendiente en materia educativa”, organizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), Diego Juárez Oaxaca, investigador de este Instituto, señaló que la interculturalidad es uno de los ejes transversales en el sistema educativo, por lo que aún existen muchos retos al respecto, sin embargo, reconoce que al fin se ha reconocido al fin en las leyes secundarias que enmarcan la última Reforma Educativa.
Durante su participación en este encuentro académico, explicó que se debe aprovechar este marco legal para mejorar la situación educativa nacional, reconociendo que una de las mejores iniciativas publicadas por el gobierno es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, donde se contempla la educación intercultural y e iniciativas de mejora educativa de la población con necesidades específicas.
Otra acción que se puede rescatar es la creación de la Universidad Benito Juárez y sus cien planteles, las cuales, algunas están en las comunidades rurales y más necesitadas, sin embargo, explica, aún no hay una definición académica, de investigación, funcionamiento y operatividad, lo que opaca los pocos resultados y la posible aportación a la mejora del país.
Sin embargo, advierte, no hay continuidad de proyectos educativos gubernamentales y existe una constante rotación de funcionarios de alto nivel, por lo que no existe un seguimiento puntual de lo que va sucediendo.
Adicionalmente, cree que es pertinente el desarrollo de contenidos educativos regionalizados y contextualizados para atender las particularidades de la pluralidad, haciendo un llamado a las autoridades para escuchar y llevar a cabo las propuestas que emanan desde los colectivos docentes de todo el país.
«Se deberían crear mecanismos de recopilación de experiencias educativas, las cuales podrían retroalimentar a otros docentes que se encuentran en contextos o situaciones similares», explica.
Otro pendiente, advierte, es el fortalecimiento de la infraestructura física educativa, la cual, consideró, se debe enfocar en la mejora de los planteles que se encuentran en comunidades marginadas, indígenas y rurales.
Finalmente, señaló que estos esfuerzos requieren acciones conjuntas entre el gobierno, académicos e investigadores, comunidad educativa y gremios sindicales.
El Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó, el 29 de diciembre de 1978, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Este mismo órgano dio a conocer, el 20 de abril de 2021, una Ley General de Educación Superior (LGES), que abrogaba la anterior. Nada más habían transcurrido 43 años, entre uno y otro evento. Durante ese periodo, el sistema nacional de educación superior se había transformado profundamente en cuanto a su conformación segmentada, al tamaño de la matrícula, a los rasgos de la profesión académica, a los soportes de la enseñanza virtual o presencial y al suministro, territorial y por nivel, de los servicios de enseñanza.
Ante la multiplicación de los lugares de aprendizaje y la reconfiguración de los tiempos educativos, contar un nuevo instrumento regulatorio era de hecho indispensable para responder las reestructuraciones contextuales y las inducidas por las políticas públicas de educación superior, durante las pasadas 4 décadas. Era, además un paso esperado, conforme con el activismo legislativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (auto-denominado Cuarta Transformación – 4T), que se había traducido previamente en la aprobación de una Ley General de Educación, el 30 de septiembre 2019.
Una lectura de la LGES, recientemente promulgada, revela su estrecha conexión con los posicionamientos de la 4T, en términos éticos y de equilibrios entre poderes. No sorprende el énfasis del texto en la inclusión, la no-discriminación y la interculturalidad. Esos valores están en sintonía con los desarrollos recientes de la educación superior, a escala continental, y con la moral pública que esgrime el gobierno. Pero la articulación de la LGES con un proyecto partidista no se agota en una dimensión « moral ». Justifica, sobre todo, un reforzamiento de las atribuciones del gobierno federal, en la supervisión del subsistema de educación particular y en la rectoría del público.
El subsistema particular agrupaba el 36.2% de la matricula inscrita en educación superior, en 2019-2020, antes de la pandemia de Covid-19 y el largo cierre de las instalaciones de educación superior. Representaba, en consecuencia, un actor colectivo importante en el sistema educativo nacional, aunque sus componentes fueran heterogéneos. La LGES propone regular su funcionamiento en forma estricta, mediante la aplicación obligatoria de un procedimiento anterior, el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), atribuido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por otras instancias. Si bien ese afán expresa una preocupación por garantizar la calidad de los programas y de los servicios y estandarizarlos con base en criterios mínimos de desempeño, plantea cuestiones sobre las capacidades instaladas en los organismos habilitados a expedir el RVOE para llevar a cabo expeditamente esos procedimientos y a lo que ocurrirá a los establecimientos, si sus programas no lo consiguen.
En ese mismo tenor, habrá que monitorear cómo las instituciones particulares acogerán una propuesta nueva, la de reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa para las instituciones particulares, contenida en el artículo 73. Supuestamente, ese dispositivo aligera los requisitos burocráticos hacia el sector para los establecimientos acreditados pero ¿será suficiente esa oferta conciliadora para que las instituciones particulares acepten, sin reparos, nuevas exigencias, por ejemplo las de obtener un aval externo para impartir las carreras de formación para el magisterio o de otorgar becas a sus estudiantes? Aunque varias ya manejaban sus propios programas de apoyos académicos (por desempeño sobresaliente) o económicos (asistenciales), en una coyuntura de tensiones con el gobierno y de supresión del financiamiento indirecto a ciertas funciones, habrá que verificar si esas disposiciones no envenenarán una relación de por sí degradada.
Es sin embargo en el sistema público donde se encienden los focos rojos. Como era previsible, la LGES formula la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior (artículo 1) en condiciones de acceso gratuito (artículo 4). Las consecuencias de esas decisiones habían sido previamente discutidas en filtraciones sucesivas de las versiones anteriores del documento. Muchos especialistas habían señalado reiteradamente que acarrearían problemas no sólo financieros, sino pedagógicos, cualitativos y de capacidades institucionales de atención a la diversidad y a los nuevos estudiantes. En cierta forma, afectarían la autonomía de las instituciones para aplicar criterios de ingreso, selectivos o abiertos y definir sus cupos. Contribuirían a disminuir los recursos propios de los establecimientos, esencialmente procedentes de cuotas, derechos de inscripción y venta de servicios.
Ante el revuelo provocado, la LGES indicó que esas medidas tendrán una implementación gradual, a partir del ciclo escolar 2022-2023. Señaló, como apoyo a las instituciones, la apertura de un Fondo Especial Federal, cuyo monto dependería de los recursos disponibles. Dada la magnitud de los retos generados y la espada de Damocles que significa la « ·austeridad republicana » para la educación superior, uno puede interrogarse sobre la suficiencia de una medida de esas características y la certidumbre financiera que brinda a establecimientos ya sumidos en una severa crisis presupuestal.
La LGES, indudablemente, está orientada a regular el sistema de educación superior, en su estado actual. Está destinada, asimismo, a apuntalar, en lo educativo, un proyecto político que reivindica el rol interventor del gobierno, en tanto arbitro y financiador de la res publica y, en particular, de los servicios de bienestar. No se sostiene por ende en un ejercicio de construcción de consensos, destinado a reconstruir pactos sociales extensos, sino que remite a una manifestación de poder.
En ese contexto, es probable que la implementación de la LGES no será tersa sino que avivará las discrepancias preexistentes entre sectores partidarios y opositores al gobierno, en la esfera educativa. Más allá de eso, la Ley pregona ambiciones de transformar la educación superior, alineadas sobre los objetivos de refundación ideológica y social del país, perseguidos por la administración federal. Pero, ¿obtendrá el sistema educativo los recursos y los medios indispensables para concretar esos propósitos?
La existencia de notables experiencias educativas y en diferentes contextos y países en Latinoamérica, puede enriquecer sustancialmente una reforma educativa. Para ello, la importancia de socializar las experiencias de diálogo intra e intercultural en Bolivia, Latinoamérica y el mundo debe ser considerada como la base de una nueva educación y universidad pública que tenga presencia y sea parte de los movimientos sociales. La propuesta de desarrollo endógeno sostenible se considera como una necesidad que las bases sociales encuentran desde la recuperación y reconstrucción de su propia identidad en el camino de auto-desenvolvimiento desde adentro que desenrolle todo su potencial de sociedad y de civilización en unidad con la tierra, el territorio, la madre tierra, el cosmos y toda la totalidad.
Autor/a:
Mantilla, Julio – Peréz, Raúl – Copa, Cosme – Delgado B., Adalino – Tagle, Pamela – Gonzales García, Jimena T. – Zarate Pardo, Eugenio – Fernández Negrete, Nelly – Delgado B., Freddy – Gómez, Felipe – Haverkort, Bertus – Mulino Giannattasio, Alexandra – Mazorco Irureta, Graciela – Monsalve, Mario – Carevic Rivera, Álvaro – Medina, Javier – San Martín, Juan – Yampara H., Simón – Illescas Pompilia, José Mario – Mariscal Castro, Juan Carlos – Compilador/a o Editor/a Delgado B., Freddy – Compilador/a o Editor/a
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