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Todas las luchas de las mujeres

Por: Daliri Oropeza

Las múltiples luchas de las mujeres florecen en el movimiento social de mayor potencia de inicio de siglo. Aunque no todas comparten la visión del feminismo, no cabe duda que la mujer es el motivo, inspiración y motor.

—¿Eres Feminista? —me preguntó la colega Andrea Arzaba en 2013.

Yo veía una ausencia de voces de mujeres en los medios de comunicación en general.

“No, pero siempre quiero escribir sobre mujeres en mis historias”.

Tuve una sensación cuando me hizo la pregunta. Me cuestioné a mí misma si necesitaba ser feminista para impulsar la voz de las mujeres ante una disparidad monumental en la narración de los hechos históricos vistos desde el periodismo. Es ahí donde encontré la justicia.

Seis años antes de esta entrevista, mi papá me regaló El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Estaba por entrar a la Universidad.

Al recordar esa sensación durante la entrevista con Andrea, pienso que ahora se ha vuelto una moda relacionar el feminismo al mostrar los naturales vellos en las cuerpas femeninas. Pero en mis años de estudiante me veían como a un escarabajo tornasol, con extrañeza.

Cuando hojeaba El segundo sexo, ya tenía discusiones candentes con tías conservadoras que me exigían depilarme las axilas. Claramente, yo me sentía cómoda con mis vellos y los exhibía en reuniones familiares. Una lucha por la cuerpa misma.

¿Necesito ser feminista para entender que si salen vellos es por algo y yo decido si los dejo o los quito?

No lo sé, algunas llegaron por ese camino.

Recuerdo estos pasajes porque leí este tuit:

Tal vez fue hasta el #MeToo que entendí que mi diferencia principal con el feminismo es el enfoque individualista que lo caracteriza. Yo no percibo el cambio sin lo colectivo. Que la postura crítica sobre la blanquitud que Valeria Angola señala tiene que ver con su creación como ideología. Enfoca desde la afrodescendencia.

Y es que en el comienzo del feminismo era más fácil identificar algo que unificara la lucha de la mujer, por el voto, por los derechos laborales, civiles y hasta humanos que nos han sido negados.

Hoy vivimos un movimiento de mujeres muy grande. Se desborda. Muchas lo llevan a cabo a través del feminismo. A muchas otras no las convoca. Y eso no quiere decir que no luchen por las mujeres.

Vemos muy claramente con las mujeres zapatistas que han llevado a cabo un reordenamiento profundo del tejido social, cuyo ejemplo es el impulso para las mujeres indígenas en todo el país, y el mundo, desde el enfoque de la triple discriminación: por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. La lucha de las mujeres zapatistas siempre ha sido desde la colectividad, desde sus comunidades.

Primer encuentro de mujeres que luchan en el caracol zapatista de Morelia. Foto: Daliri Oropeza

Eso lo entendí seis años después de intercambiar aquel libro de El segundo sexo de Beauvoir con una mujer en Oventik, en los Altos de Chiapas.

Las mujeres zapatistas, al realizar una actividad política activa en el Ejército o como promotoras, subvertían la principal opresión del tiempo Colonial. Lo que Aura Cumes señala como momento en que queda trunca la deliberación interna en las sociedades indígenas, pero previo a esto hay registros de mujeres en todos los niveles de la sociedad como gobernantas, sacerdotisas escribanas, comadronas, médicas, músicas.

“Las mujeres fueron sometidas sistemáticamente”, dice Cumes en el ensayo Cosmovisión maya y patriarcado al enfatizar que la colonización construyó una división jerárquica entre mujeres y hombres.

El que vivimos hoy es un movimiento de mujeres con muchísima fuerza por las distintas luchas que se acompañan, aunque también hay tensión.

Al feminismo también lo quieren volver institucional, descafeinado y también con motivos del poder hay quienes se vuelven feministas, y también vemos que por motivos de género hay una disputa por el poder.

Eso no le quita la relevancia al feminismo como pensamiento de nuestra época. Sin embargo, vale la pena abonar a su reflexión crítica y ver en sus diferentes enfoques su fortaleza, desde el feminismo negro, decolonial, comunitario, interseccional, radical, socialista, disidente, marxista, de la igualdad, de la diferencia, anarquista. O también detectar feminismo libera, como ha sido nombrado, pero que excluyen en vez de tejer.

En esta apertura de narrativas, de cohesión, es más difícil que entre la derecha o la blanquitud, que suelen ser verticales. Donde no solo se etiquete con el feminismo, sino que encuentre en las diferencias un modo de impulsar todas las luchas de las mujeres.

¿Desde dónde dan la lucha por las mujeres?

Desde que estaba en medios tradicionales procuraba buscar la voz de las mujeres, y hasta la fecha sigue siendo parte característica mi trabajo, en donde intento que, por lo menos, haya voz de una mujer en la mayor parte de lo que hago. A veces no se puede y no lo voy forzar. Así es la realidad. Cuando sí, las impulsamos y se vuelven medulares para provocar cambios en el tejido social.

TODAS. Foto: Daliri Oropeza
Fuente: https://piedepagina.mx/todas-las-luchas-de-las-mujeres/

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Libertad de expresión y revuelta juvenil

Por: Carlos Martínez García

Cuando estas líneas puedan ser leídas pesará más en la retina y memoria de millones de españoles una suerte de violencia gratuita de jóvenes en muchos lugares del estado en favor de la libertad de un rapero, que la realidad de un movimiento muy amplio de protesta fundamentalmente juvenil más allá de determinadas siglas políticas y que tiene mucho de estallido social y protesta frente a una situación de paro, falta de expectativas y sobre todo de futuro.

En primer lugar los pequeños grupos de radicales y “extrema izquierda” existentes no son capaces de desarrollar un movimiento tan amplio y en tantas zonas del estado español, ellos solos, ni tienen capacidad de una organización tan coordinada en lugares tan diferentes. Solo una causa que tan solo necesita un chispa para encenderse es capaz de generar esta respuesta sea más o menos adecuada según la inteligencia de cada cual. Lo cierto es que en España y los hechos lo demuestran hay serias carencias democráticas y es una democracia, es muy baja calidad. La Corona está blindada no solo por leyes represivas, sino por una “omertá” social e informativa, siendo la clave de bóveda de la defensa de intereses económicos y políticos corruptos o de dominio político.

En segundo lugar el reino de España es el estado de Europa Unión con más presos de conciencia o de libertad artística y un sistema judicial muy duro y politizado con los disidentes más cerca de Polonia o Marruecos que de Alemania. Cuando un problema político existe y hay protestas, lo mejor es convertirlo en un problema de orden público y medios los hay, al objeto de diluir y desprestigiar la protesta haciendo olvidar el origen cual es un encarcelado por cuestiones que en Holanda o los EE.UU no son delito. Que más del 50% de personas jóvenes no tengan empleo, o expectativas de tenerlo y este no sea basura cuando se tenga ya nadie lo dice. Es mejor sacar comercios saqueados en televisión. Nadie va a justificar actos de provocación y/o violencia gratuita, pero tampoco se puede ignorar la causa de un movimiento que sí que tiene raíces en un malestar tan justificado como real, con una sociedad que ha decido destrozar el bienestar y acabar con la justicia laboral y el derecho a una vida digna para la mayor parte de sus habitantes.

En tercer lugar la cuestión no es ya defender a un rapero, mejor o peor artista según gustos y más o menos coherente en lo personal. Pablo Hasél es una víctima más de la ausencia de libertad de expresión en España, pero puede no ser y para mí no lo es un referente de una lucha por la justicia y la libertad, dado su carácter y unas posiciones políticas cercanas al estalinismo que no comparto en absoluto, ni muchas y muchos de los jóvenes que están en la calle, pero sí que ha sido convertido por el aparato judicial del Rey en un símbolo de la ausencia de libertad y sobre todo de la rabia de una juventud sin futuro a pesar de su formación y estudios o no. Además la mayor parte de los jóvenes no se informan ya ni en las televisiones, ni en la prensa, ni ven los telediarios que les resbalan ni hacen caso de los mensajes de una sociedad que o bien les ignora o bien les explota y menos de una monarquía ridícula, que necesita de la represión y las condenas, cuya ejemplaridad es nula. La mayor parte de las personas jóvenes tienen otros referentes culturales o informativos y por tanto la desesperación de los medios cortesanos solo les lleva a asustar a sus padres. Por tanto este estallido social está fuera de los cauces de la sociedad biempensante y la protesta evidentemente carece de una dirección politica al uso incluido en la izquierda. Hacer como hace toda la derecha y los monárquicos al vender este movimiento como un hecho promovido por algún partido de la izquierda institucional es desconocer la realidad politica de millones de personas jóvenes o querer simplemente desprestigiar pero no mejorar la calidad democrática. El terrible dilema es que con la monarquía del 18 de Julio en España no puede haber una democracia real, formal y laica y eso ya es sabido por importantes sectores juveniles al margen en muchos casos de ideologías.

Hay pues que tratar de prevenir acerca de lo que son provocaciones y agentes del poder que siempre se infiltran en estos casos al objeto de mediante el caos volver a imponer el orden. Pero es esperanzador que las personas jóvenes se vuelvan a movilizar y además lo hagan por la libertad. La provocación puede venir de apedrear lugares que son un referente cultural como el Palau de la Música de Barcelona o de grabar imágenes de un saqueo convenientemente rodadas desde el interior de una tienda. No se sacarán nunca las imágenes de una carga policial contra manifestantes que ni queman nada ni tienen la intención de hacerlo como también ha ocurrido o detenciones cuando ya los jóvenes abandonan las concentraciones y sin ejercer violencia.

Estamos pues ante un estallido social, en un estado con carencias y una sociedad que no avanza hacía el reparto de la riqueza sino de su concentración en manos de los poderosos. Con una derecha egoísta, corrupta y mentirosa, una monarquía nada ejemplar, distante y ridícula y unos medios “autistas” ante una juventud que los cree ni los siguen y por tanto no puede encauzar. Una sociedad cuyos empleadores solo ofrecen salarios de mierda, empleos de mierda y contratos laborales tan falsos como un “duro amadeo” o una democracia que ni ilusiona, ni cumple con su función de estar al servicio de todas y todos, sino tan solo de los ricos cada vez menos y más ricos.

En estos momentos emerge un nuevo proletariado juvenil en un capitalismo que regresa al siglo XIX en materia de derechos y capacidad explotadora y una poderosa fuerza político-económica que se reconduce hacía la destrucción del bienestar y la concentración de riqueza. La ausencia de partido obrero hace el resto, pero las fuerzas de la resistencia buscan fórmulas y métodos de organización y por tanto la cosa no pasa por demonizar y criminalizar, sino por acompañar y de ser posible tratar de formar y transmitir una cultura reivindicativa. Los luditas fueron el antecedente del movimiento obrero. Un partido obrero solo puede ser republicano, solo puede tener la semilla socialista en su interior y por eso la decimonónica derecha que sufrimos solo puede tratar de acusar a la izquierda republicana de terrorista al objeto de diluir sus exigencias y reivindicaciones al tiempo que reeditar el pacto del Pardo de la restauración canovista, solo que esta vez con el PSOE y no en su contra. Tal vez lo único por descubrir en muchas personas jóvenes es que como mucho son jornaleras y jornaleros nada más y nada menos.

Fuente:  https://www.diariocritico.com/opinion/carlos-martinez-libertad-de-expresion-y-revuelta-juvenil

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México: Gobierno sigue sin reconocer violaciones del ejército a los derechos humanos en Chiapas: Frayba

Fuente> Desinformemonos

El gobierno mexicano continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).


Por el contrario, indicó el Frayba, «el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población».

Señaló que a 26 años de la incursión militar al ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano en Chiapas, el Estado mexicano ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ejecución extrajudicial del indígena tseltal Gilberto Jiménez Hernández, cometida por integrantes del 17° Batallón de Infantería.

La ejecución extrajudicial de Jiménez Hernández ocurrió durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados. «Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo», recuerda el Frayba.

Añadió que «frente a la impunidad en México», en noviembre de 2016 CIDH recomendó al Estado mexicano reparar las violaciones de derechos humanos y realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable sobre la ejecución de Gilberto Jiménez.

Sin embargo, a más de 4 años de la recomendación «las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado sea compatible con los estándares internacionales».

Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender las medidas emitidas por la CIDH, así como a suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, «así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad».

A continuación el comunicado completo:

A 26 años de la incursión militar al Ejido La Grandeza, en el municipio de Altamirano, Chiapas, el Estado mexicano incumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos1 (CIDH) relativas a la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández (Gilberto) y continúa sin reconocer las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano en la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.2

A partir de febrero de 1995, el Ejército mexicano intensificó el cerco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional3 (EZLN) con la ocupación de territorios de Pueblos Originarios y el asedio a la población. Los objetivos de la intervención militar se plasmaron en el “Plan de Campaña Chiapas 1994”, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para “destruir y desorganizar la estructura política militar del EZLN”. La acción de las fuerzas armadas mexicanas cambió de ocuparse directamente de la seguridad nacional a dedicarse más activamente al control de la seguridad interna, a consecuencia perpetraron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamiento forzado, entre otras violaciones a derechos humanos.

En este contexto integrantes del 17° Batallón de Infantería, cometieron la ejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández, de origen tseltal, el 20 de febrero de 1995, cerca de las 13:00 horas, entre el ejido Patiwitz y La Grandeza, durante la incursión militar de la Fuerza de Tarea Arcoíris del Agrupamiento “Yabur”, dependiente de la SEDENA. Su familia y él huían a la montaña como desplazados forzados, Gilberto llevaba a una de sus hijas atada a la espalda con un rebozo.

Frente a la impunidad en México, los hechos y sus consecuencias fueron presentados ante la (CIDH), instancia que el 30 de noviembre de 2016, emitió su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 del Caso 11.564, en el cual recomendó al Estado mexicano: reparar las violaciones de derechos humanos tomando en consideración los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 1994; realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos y tomando en cuenta el esclarecimiento del contexto.

A más de 4 años de la recomendación internacional, las investigaciones no presentan ningún avance, rompiendo con el plazo razonable, sin identificar las líneas de investigación a seguir, sin conocer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos, sin adoptarse medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole con la finalidad de asegurar que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, sea compatible con los estándares internacionales.

La CIDH estableció como precedente que la incursión militar en el Ejido La Grandeza fue parte de un Plan oficial implementado por el Ejército mexicano y que éste generó un marco propicio para la actuación arbitraria, discriminatoria y excesiva del uso de la fuerza antisubversiva.

El actual gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador tiene el reto histórico y progresivo de construir un camino que conlleve a la aceptación de los hechos y del contexto, que incluya el reconocimiento de la estrategia implementada a través del Plan de Campaña Chiapas 94 y ejecutada por el Ejercito mexicano. Elementos como los anteriores darán cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH. Su aceptación se perfilaría como una medida de satisfacción para los Pueblos Originarios que sufrieron un grave impacto frente a la guerra contrainsurgente. Además de dar garantías de no repetición del uso excesivo de la fuerza en operativos militares.

Sin embargo, el Estado mexicano mantiene la lógica de guerra con estructuras militarizadas, sin el respeto a los derechos humanos de la población. A partir de 2019, con la creación de la Guardia Nacional y con el acuerdo presidencial de 2020, la seguridad pública está a cargo de las Fuerzas Armadas permanentemente.4 Por lo anterior, el Frayba urgimos al Estado mexicano suspender el modelo militarizado de seguridad nacional, así como prevenir crímenes cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y cesar su impunidad. Instamos garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Originarios a la autonomía, el territorio y la libre determinación.

1 CIDH, Informe No. 51/16, Caso 11.564. Fondo. Gilberto Jiménez Hernández y otros(La Grandeza). México. 30 de noviembre de 2016. Disponible en:https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/MXPU11564ES.pdf

2 Plan de Campaña Chiapas 94. Disponible en:https://frayba.org.mx/historico/archivo/articulos/941001_plan%20de_campana_chiapas94_sedena.pdf

3 El 1 de enero de 1994, inició el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomando las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas en el estado de Chiapas, desde entonces la presencia del Ejército mexicano aumentó en la región.

4 Para julio del 2020, la Guardia Nacional se componía aproximadamente de 90,000 elementos, de los cuales 51,101 habían sido transferidos del Ejercito y 10,149 de la Marina. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Modelos de Seguridad. México. 2020. pág.57.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/gobierno-sigue-sin-reconocer-violaciones-del-ejercito-a-los-derechos-humanos-en-chiapas-frayba/

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La educación, proceso eficaz para prevenir la corrupción en los jóvenes

Por: Dinorah García Romero 

Ahora la Procuraduría General de la República está dando pasos para recuperar el sentido y la responsabilidad de la justicia.

La República Dominicana está viviendo, en estos momentos, episodios históricos; hechos vinculados a la justicia y a la corrupción. La justicia de nuestro país empieza a darse cuenta de que necesariamente tiene que ser coherente con su naturaleza, principios y valores. Tiene cientos de años dispersa y sin reconocimiento de su propia identidad. Ahora la Procuraduría General de la República está dando pasos para recuperar el sentido y la responsabilidad de la justicia. La corrupción, que anda con la mayor libertad por amplios rincones y sectores sociales del país, está encontrando, por fin, una instancia judicial que le está plantando cara. Observamos con frecuencia el desfile de funcionarios de administraciones pasadas y de la actual, que son interrogados por delitos y prácticas corruptas en detrimento del Estado dominicano. Adultos, jóvenes y ancianos se ven envueltos en problemas de corrupción.

La corrupción duele de cualquier persona que la cometa; pero hiere más la dignidad nacional y familiar cuando se evidencia que este virus está inoculado en personas jóvenes. Se vuelve más compleja cuando se manifiesta en adultos cuyos hijos empiezan a imitarlos o a renegar del padre o de la madre que le finge un comportamiento en la casa y otro en la función pública. Muchos hogares viven de forma dramática esta ambigüedad: padres que se mueven en la cultura de la incongruencia, orientan los hijos con una corrección aparente; y fuera del hogar hacen lo contrario de lo que orientaron. Esto mismo pasa con algunos jueces y fiscales. Se comportan con una doble moral; y con esto destruyen su propia dignidad y afectan ética y socialmente a la familia y a la sociedad.

Todos los ciudadanos hemos de superar las prácticas cotidianas relacionadas directamente con la corrupción, pero tenemos que trabajar de manera ardua con la juventud del país. Estas personas requieren atención sistemática para que desarrollen esfuerzos y estrategias que los comprometan con las causas más nobles y dignificantes. Para avanzar en esta dirección, hemos de promover procesos educativos que ayuden a forjar mentalidades y prácticas alejadas de la corrupción. Ha de ser una educación que libere del deber ser y recupere el valor de la responsabilidad personal y social; y la importancia de un pensamiento lúcido para buscar y hacer el bien. Un bien que ha de fortalecer a la persona y a la sociedad.

El país ha de superar la educación que acentúa reglas y margina la creatividad. Se ha de avanzar hacia una educación que proponga valores; y eduque en y para la libertad. Los jóvenes demandan una educación que encauce la vitalidad y la energía que poseen. Por la crisis familiar, social y de la educación, muchos jóvenes están afectados por la desorientación y la vida fácil. El Estado, el Sistema Educativo Dominicano y la sociedad han de priorizar las necesidades y los problemas de los jóvenes. Estas prioridades no solo responden a un sector de la población, sino que forman parte del presente y del futuro de la nación.  El currículo dominicano ha de actualizarse para que introduzca conceptos, competencias y estrategias que orienten a los jóvenes sobre las implicaciones de un comportamiento ético y productivo a favor de sí mismo y de la sociedad. Ha de ser un currículo que les permita a los jóvenes y a su entorno una comprensión reflexiva y situada de los problemas que aquejan al país y del compromiso de cada ciudadano para aportar a la búsqueda de soluciones, acompañado de una vida íntegra. La corrupción no puede continuar encontrando terreno abierto en los jóvenes. Este es un desafío relevante, también, para el Ministerio de la Juventud. Sus políticas han de ponerle atención a la corrupción en el ámbito de los jóvenes. Trabajar en esta dirección contribuye a la previsión y a la optimización de la calidad e integridad de vida de los jóvenes y de la organización social. La prevención de la corrupción en los jóvenes no es tarea opcional, es tarea que obliga al Estado dominicano, a las familias y a la sociedad en general.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/la-educacion-proceso-eficaz-para-prevenir-la-corrupcion-en-los-jovenes-8913086.html

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Chile: Colectivos de arte, músicxs, actores y actrices reclaman justicia por el artista callejero Francisco Martínez, asesinado por carabineros

Comunicado: El arte callejero no es delito

Por: Asamblea de Artistas autoconvocadxs, Concepción

Le decían El Tíbet, se llamaba Francisco Martínez. Tenía 24 años. Era artista callejero circense, malabarista. Trabajaba hace 5 años en el semáforo en Panguipulli. Sabía que no había permiso pero necesitaba trabajar para llevarse algo a la boca, lo hizo a conciencia, reivindicando sus derechos.

El día de ayer, 5 de febrero, carabineros le arrebató la vida a Francisco. Le dispararon 5 veces a quemarropa en plena calle, en su lugar de trabajo, en su escenario. Posteriormente, carabineros se dio a la fuga. Ayer, 5 de febrero, quedará profundamente grabado en la memoria colectiva. Con impotencia y profundo dolor nos enteramos del homicidio a través de crudas imágenes por medios de comunicación y redes sociales. Señalamos con fuerza que este tipo de actos no deben quedar impunes.

Condenamos el asesinato de Francisco. Basta de represión y brutalidad policiaca. No descansaremos hasta conseguir justicia. Como artistas y trabajadores de las artes y la cultura, trabajamos por poner la cultura como centro de desarrollo, especialmente al arte callejero que hace uso legítimo del espacio público, donde aún las ordenanzas están al debe para respetar y dignificar este trabajo, nuestro trabajo. Donde nos persiguen, criminalizan y violentan por trabajar y hacer arte.

Sin embargo, el arte callejero NO ES DELITO. Así lo vienen manifestando ya desde hace años artistas, trabajadoras y trabajadores culturales en toda Latinoamérica. Debe haber un cambio radical, donde el Estado de Chile, no sólo posibilite la regulación del arte callejero sino que también y por sobre todo, lo proteja y fomente.

Exigimos dignidad y reconocimiento de nuestro oficio, que es lo mínimo que merecemos. Porque el arte en la calle es un regalo para la ciudad y su gente. Se detiene la rueda aplastante de la rutina, de la racionalidad y de las lógicas comerciales, embelleciendo la vida urbana, imaginando mundos nuevos, creando magia y permitiendo a las personas encontrarse, reconocerse y colaborar.

Ayer mataron a Francisco pero mañana puede ser cualquiera de nosotres. Lo asesinaron por su amor al arte, por no morir de hambre y lo hizo alguien que debía protegerlo. Eso es violencia, es indolencia. No son armas, son juguetes, son herramientas de trabajo. Ustedes tienen las armas, tienen el poder pero también tienen miedo de nosotres porque tenemos algo aún más poderoso.

La comunidad, el amor y la memoria. Por eso seguiremos en la calle, fuertes, con unidad y un profundo cariño. Convocamos a manifestarse activamente en todos los territorios. Exigiendo que se disuelva la institución macabra de Carabineros de Chile, que exista justicia para Francisco y que su asesinato no quedé impune. Que todos sus colores iluminen las ciudades y cada semáforo. El arte es subversivo y sobre todo, libre. Te lloramos Francisco, te abrazamos donde quiera que estés.

Convocatoria

Ante el asesinato de nuestro compañero malabarista y artista callejero Francisco Martínez, por parte del estado de Chile, lxs artistas autoconvocadxs del Biobío convocamos a toda la comunidad a manifestarnos mañana en Paicarrera y a intervenir los semáforos de todo el territorio con simbología que recuerde y de valor al arte callejero: Cintas de colores, globos, velas, flores o lo que creas pertinente para recordar su importancia. No seamos indiferentes. Llenemos de colores este gris escenario. Por todxs nuestrxs muertos


Colectivo Bioenergía: declaración frente al asesinato al artista callejero y malabarista en Panguipulli

Es indescriptible el dolor y la impotencia que como trabajadorxs de las culturas. Artes y patrimonio, sentimos, al ver constantemente imágenes, de controles de identidad o de oficio, hacia el sector por el desempeño a nuestras labores en la via publica-no solo sin perjuicio por la ciudadania- si no que ademas no representando de forma evidente un peligro para nadie. Los hechos de hoy, no son la molestia de siempre, si no que hoy desatan la impotencia de ver a un colega muerto injustificadamente por estar trabajando, por estar trabajando, un derecho humano universal.

Luego de 11 meses luchando inagotablemente para exigir el estado de chile medidas de contencion para un sector que contempla aproximadamente a 2 millones de trabajadorxs a lo largo de todo el territorio; tenemos que soportar hoy-ademas de la vulnerabilidad economica y social de esta emergencia- la criminalizacion y la marginacion de nuestro trabajo cuando por fin podemos desempeñarlo.

Exigimos por lo tanto al ministro del interior, responsable de la seguridad publica y el control ciudadano de la nacion una investigacion exhaustiva que no solo pida disculpas si no que tambien repare de manera sustantiva a la familia del trabajador en cuestion, imputando debidamente a los culpables y llevando a una reforma completa de medidas de todas las practicas de esta institucion. Estos hechos superan todos los límites. Ya son casi 2 años de violaciones sistematicas a los derechos humanos y con ellos, algo mas de 40 años de criminalizacion de las culturas artes y patrimonio de chile.

Por este motivo, convocamos a una movilizacion nacional, de todos los sectores culturales, arte y patrimonio, de todo el territorio nacional, para defender y dignificar la memoria de este trabajador que ha dejado la vida por anhelar vivir de lo que hace. Llamamos a toda la ciudadania, que empatice con los derechos humanos ciudadanos, a que nos acompañen en un cacerolazo hoy viernes 5 de febrero a las 22 horas; y a una marcha desde las plazas ciudadanas hasta el edificio de la autoridad maxima regional el LUNES 8 DE FEBRERO, A LAS 12 HORAS…”

Instagram Colectivo Bioenergía


“El arte está de luto”: Figuras de la música y la actuación lamentan el crimen de Francisco Martínez

El crimen del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli, a manos de un funcionario de Carabineros, ha provocado una serie de reacciones en el mundo artístico nacional, apuntando nuevamente al actuar policial.

La Coordinadora intersectorial Cultura en Emergencia, que reúne a más de 30 organizaciones artísticas, repudió el hecho a través de un comunicado: “El compañero y colega, malabarista y artista callejero, no sólo ha sido inmovilizado y demonizado, sino que esta vez con un descriterio sin precedentes ha sido asesinado por un irresponsable“.

Desde el rubro musical, Camila Gallardo publicó una historias a través de Instagram y señaló: “Lo mataron. Justicia para Francisco”.

Por otra parte, la rapera Ana Tijoux alzó la voz y critica la ley de control de identidad, procedimiento por el cual surgió el hecho que terminó con la muerte de Martínez, quien además vivía en situación de calle.

“El arte está de luto (…) La ley de control de identidad es una aberración y una vergüenza hacia nuestro pueblo”, dijo la cantante, quien además señaló que “tu asesinato a sangre fría es otra continuidad de la dictadura”

 

A través de un video publicado en sus redes sociales, Roberto Márquez de Illapu también manifestó su conmoción por lo sucedido y apuntó a Carabineros: “Por negarse a un control de identidad fue asesinado de cinco balazos por un paco asesino”. Al final del registro le dedicó una canción al artesano.

 

El destacado compositor y productor Alex Anwandter se sumó a las críticas por el actuar policial y compartió una imagen del funcionario que provocó la muerte de “Pancho”. “Asesinos. Hay que desmantelar a esa banda de psicópatas criminales que es Carabineros de Chile“, escribió.

 

Desde el mundo de la actuación y la comedia, Javiera Contador publicó una imagen en Instagram con la palabra “tristeza”.

“Qué tristeza más grande. Cuánto horror, cuánto dolor. Relativizar la vida, intentar justificar lo injustificable. Que sensación tan fea sentir que se pierde la esperanza“, escribió la ex animadora de televisión.

 

La actriz de cine, teatro y televisión Daniela Ramírez también repudió el procedimiento policial: “Impactada con el descarnado crimen cometido por carabinero”, escribió en una historia.

Daniela Vega lamentó el deceso del joven y nuevamente apuntó al silencio de la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, Consuelo Valdés: “¿La ministra de cultura sigue mute?”, preguntó en Twitter.

Posteriormente, escribió en la misma red social: “hablan de países bananeros, ¿qué más bananero que temerle a la policía de tu propio país?”.

CNN Chile

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“Ira transicional”

Por: Leonardo Díaz

Aceptando el referido supuesto, debemos ser conscientes de nuestra propensión a confundir nuestro miedo y nuestra ira vengativa con el deseo de justicia.

Concluyo mi pasado artículo,Ira y justicia”,  con dos problemas: ¿es posible transmutar la ira vengativa en una indignación no colérica? ¿cuál es la importancia de lograrlo para una sociedad democrática?

Martha Nussbaum introduce el concepto de ira transicional” para plantear la posibilidad de una ira no vengativa. (La monarquía del miedo, cap. 3). A diferencia de la ira colérica, que se cierra en torno a una acción pasada para agraviar al transgresor, la ira transicional” se abre hacia el futuro, en busca de la rehabilitación.

Nussbaum ejemplifica el fenómeno con la indignación de los padres por la acción indebida de sus hijos. Los buenos tutores se indignan, pero no castigan retributivamente” a sus tutelados. Pueden imponer un castigo, pero no realizan un acto vengativo. Su indignación no colérica se proyecta al futuro mediante una acción formadora.

La actitud vengativa no busca una auténtica reparación. La pena de muerte para el asesino no repara el asesinato, solo aniquila al homicida. Por el contrario, la actitud de la ira transicional” pretende reincorporar al infractor transformándolo como agente moral; una transformación que no solo lo modifica como individuo, sino también, contribuye a cambiar las condiciones objetivas que lo han llevado a producir un agravio. Por esto, a diferencia de la primera disposición, la segunda contribuye a una auténtica transformación social.

Nussbaum sostiene que la ira vengativa se fundamenta en el miedo, que a su vez, se relaciona con nuestra vulnerabilidad. Partiendo del supuesto de que la ira constituye la respuesta a un daño causado contra nosotros, o contra el objeto de nuestro amor, una persona invulnerable nunca sentiría ira, porque nunca sería agraviada. Una tradición rigorista de la filosofía, que se remonta a la escuela estoica, ha querido hacernos invulnerables a través del desapego a todo aquello que puede generar daño o dolor, y con ello, convertirnos en invulnerables con respecto al miedo.

El problema, como señala Nussbaum, es que esta actitud no es viable, nos deshumaniza. Cuando perdemos el miedo, perdemos también el amor” (op. cit. p.111). Cuando amamos, somos vulnerables, no estamos en control de la situación, ni pretendemos tenerlo; somos más sensibles, más humanos. El precio de nuestro amor, de nuestra humanidad, es la conservación del miedo.

Aceptando el referido supuesto, debemos ser conscientes de nuestra propensión a confundir nuestro miedo y nuestra ira vengativa con el deseo de justicia. Esto puede ocurrir defendiendo una causa social (la equidad de género, la igualdad racial, la libertad de expresión), si nos preocupamos mucho más por destruir a los responsables de una situación que consideramos injusta en vez de comprender los procesos sociales y psicológicos que la han creado para transitar hacia otros nuevos.

La evolución de las sociedades democráticas ha implicado el proceso de una ira vengativa a lo que Nussbaum denomina una ira transicional”. El avance en el reconocimiento de los derechos humanos que caracteriza a las sociedades abiertas, y las distingue de las sociedades autoritarias, nos ha dado muestras históricas fehacientes. En mi próximo artículo, mostraré uno de ellos.

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¿Por qué enseñar justicia retributiva y restaurativa en el aula?

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En las clases de civismo y ética es crucial la educación en distintas vertientes de justicia y sus aplicaciones en el mundo moderno.

Desde el 2017 hemos visto el surgimiento y repunte de diversos movimientos sociales que han hecho de estos tres años un periodo sumamente activo en términos de la búsqueda de la equidad y la justicia social. Instancias de activismo como #MeToo y #BlackLivesMatter han sido la punta de lanza para una tendencia de crítica y reevaluación sobre las estructuras sociales que generan violencia sexista, racial, xenofóbica, homofóbica y transfóbica.

Pero este despertar epistemológico tuvo un precio que nos ha llevado a reflexionar sobre la validez de los métodos y proceder de estos movimientos. Si bien su necesidad es indiscutible, existe una razón por la cual los movimientos de justicia social están siendo cuestionados. El motivo de este desafío no es propiamente una negación de que la equidad que pretende traer consigo es necesaria, es más bien que la idea de justicia que tenemos, aún antes de entrar a su dimensión social, es un concepto que entendemos superficialmente.

Si no fuera así, sabríamos que estamos usando justicia de retribución como base de los movimientos sociales más importantes hoy en día, y que este tipo particular de justicia no es suficiente para conseguir los objetivos que persiguen los grupos activistas, para esto habría que tener un mayor dominio de la justicia restaurativa. ¿Pero qué significa esto? ¿Hay más de un tipo de justicia? ¿En qué consiste cada uno?¿Por qué necesitamos los dos?

Estos serían cuestionamientos de gran utilidad que deberían enseñarse  en las escuelas y universidades. Si eres maestro de ética, civismo, ciencias sociales o solo buscas una forma de proporcionar a tus alumnos un mejor entendimiento de cómo funciona el activismo, la justicia y cómo ha resultado esta última ola de movimiento social, los conceptos de justicia de retribución y justicia restaurativa te resultarán útiles.

Justicia de retribución: un sistema de relevancia histórica

La justicia de retribución se define como una respuesta directa hacia una conducta criminal que se enfoca el castigo sobre los infractores y la compensación para las víctimas. En teoría, la mayoría de los casos considera la severidad de castigo en proporción a la seriedad del crimen. Este es el tipo de justicia con el que estamos más familiarizados, y en el que se basan el grueso de los códigos penales desde sus inicios históricos.

Si bien se pueden encontrar instancias de justicia restaurativa en los códigos antiguos penales y modernos, las bases que tenemos para entender la justicia hoy en día, que serían documentos como el Código de Hamurabi o La Ley de las 12 tablas, fueron estructuradas de acuerdo a un entendimiento punitivo de la justicia.

El principio filosófico sobre el cual se escribieron estos códigos penales designaba un crimen como una violación a los derechos de otra persona. Bajo este contexto, las víctimas tendrían que ser compensadas por el daño sufrido, intencional o no, y los infractores tendrían que ser castigados en consecuencia de sus acciones incorrectas.

Estas primeras instancias de justicia impartida por el Estado y sus consecuentes evoluciones, fueron eficaces en desplazar las disputas generacionales entre familias o clanes como la forma más aceptada administración de justicia. Gracias a esto, en distintas civilizaciones se pudieron instaurar códigos basados mayoritariamente en justicia retributiva bajo la tutela de un poder judicial. Esto ayudó a que se estableciera un sistema de leyes que partiera de la intención de un orden social y no de un deseo directo de venganza o ajuste de cuentas. Sin este cambio en el mundo antiguo no habría sido posible concebir ni perseguir la idea de equidad social que tenemos hoy en día.

Pero los principios y evoluciones de la justicia de retribución vienen de las necesidades de un mundo que se cobraba justicia “ojo por ojo”. Por eso, en el ambiente social que marca el siglo XXI comienza a presentar limitaciones que se traducen en trabas y hasta tropezones en los esfuerzos de los movimientos sociales de actualidad.

Para un contexto tan complejo como el de aquí y ahora, la justicia de retribución no logra abarcar todas las ramificaciones necesarias para cubrir la agenda de movimientos sociales  de actualidad. Si lo que se busca dentro del ejercicio del activismo en 2020 son mecanismos para rendición de cuentas, instancias de aprendizaje, diálogo, entendimiento, trabajo en conjunto y superación de situaciones sistémicas sin la invalidación o deshumanización de afectados o infractores; un marco teórico que sólo considera delito, pena y compensación se queda corto.

Sin duda, el trabajo planteado por los activistas actuales es en extremo retador, sin embargo, para completar su conjunto de herramientas, es necesario traer al centro otro tipo de aproximación a la justicia que no se limite a considerar solo crimen y castigo.

Justicia restaurativa: una nueva aproximación al equilibrio social

Una justicia basada en el castigo para los infractores y la compensación para las víctimas es buena para establecer un orden social, pero no presenta utilidad si lo que se busca es el progreso a una sociedad más equilibrada, empática y con conciencia propia. La justicia restaurativa, también llamada justicia reparadora o justicia compasiva, se compone de elementos que expanden el alcance de la justicia de retribución.

Este tipo de justicia se conforma de un sistema en el que las partes involucradas o que poseen un interés sobre cierto delito o acción incorrecta, deciden cómo lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro.

La justicia restaurativa ve un crimen como algo más que el rompimiento de la ley, también dimensiona el daño que esta acción causa a las personas involucradas, las relaciones interpersonales entre infractores y afectados, así como el impacto en la comunidad a la que pertenecen. El proceso restaurativo se entiende como un medio de gestión para la resolución de conflictos. Más que castigar y compensar, se enfoca en comprender, conciliar y solucionar. El diálogo es su base y su objetivo principal es restablecer la paz social fracturada por un conflicto o acto criminal.

Gordon Bazemore, profesor, catedrático y director del Instituto de Justicia en Comunidad para la Universidad Atlántica de Florida, así como Lode Walgrave, catedrático de la Red Internacional de Investigación de Justicia Restaurativa para jóvenes, puntualizan certeramente el resultado final ideal de la justicia restaurativa: hacer justicia a través de la restauración o reparación del daño causado por el delito.

La justicia restaurativa permite a los involucrados acordar en conjunto una manera de actuar a posteriori, que tome en cuenta los impactos y las necesidades de todas las partes. Tanto infractor como afectado. Esta es la parte más difícil de entender, de cómo funciona este tipo de justicia o porqué podría ser útil para la resolución de conflictos modernos. Estamos históricamente condicionados a pensar en el crimen como la violación de los derechos de otra persona, y como consecuencia, los derechos de quien comete el crimen deben ser reducidos o anulados en cierta capacidad para encontrar un balance.

Esto no nos permite ver la raíz de las acciones incorrectas o los crímenes y si bien sirve como medida de control, no nos ayuda a prevenir que determinado crimen o acción incorrecta vuelva a repetirse, castigo y corrección no son lo mismo que aprendizaje. 

En algunos casos, el disparador de crímenes, como el robo, puede ser la pobreza sistemática. La razón para crímenes como destrucción de propiedad pública o manifestaciones no pacíficas puede ser un hartazgo hacia un sistema de seguridad pública y síntomas sociales tan marcados que imposibilitan al Estado de brindar una vida digna y libre de violencia a todos sus ciudadanos. Estos actos traen consigo un desorden social, y sí pueden ser tipificados como crímenes, pero al aplicar un enfoque mayoritariamente retributivo, ¿estamos resolviendo el problema que generó el crimen en primer lugar?, ¿estamos evitando su reincidencia?, ¿estamos aprendiendo algo?

Por otro lado, existe mérito y utilidad en remover de una posición de poder a personas que han causado daño sistémico, que han contribuido consciente y voluntariamente para crear estructuras que favorecen el ejercicio de la violencia. Idealmente, esto es lo que grupos de activistas en movimientos como #MeToo y #BlackLivesMatter pretenden hacer, pero no puede lograrse sólo con el uso de la justicia de retribución que se ha estado usando desde hace milenios y que no dimensiona completamente las aristas de las necesidades sociales actuales.

Si no hay en el centro de la conversación instancias tanto de retribución como de restauración, caemos en el riesgo de no ser efectivos en la obtención de una rendición de cuentas para los infractores o de no lograr un aprendizaje que prevenga las infracciones que se quieren erradicar en primer lugar.

La necesidad de aproximaciones nuevas a la justicia que incluyan un uso proporcionado y utilitario de ambos rubros es crucial para evitar un estancamiento y desacreditación de los movimientos sociales, así como para asegurar la continuidad de un avance hacia la sociedad más justa y equitativa que pretenden lograr a través de su activismo. En las clases de civismo y ética, ¿has aprendido o enseñado sobre diversos tipos de justicia?, ¿crees que saber más sobre esto es necesario para tener un mejor entendimiento de cómo avanzar hacia una sociedad mejor? Cuéntanos en los comentarios.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/teoria-justicia

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