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Unesco: ¿Cuáles son los principales desafíos educativos en América Latina y el Caribe?

Durante la 10 ° Cumbre Líderes por la Educación, Nicolás Reyes, oficial de educación de la Unesco, explicó que la pérdida de aprendizajes, la crisis climática y el acceso a educación de calidad son algunos de los retos más urgentes en la región.

Latinoamérica se enfrenta a grandes desafíos educativos como región. De acuerdo con Nicolás Reyes, oficial del Sector Educación de la Oficina de la Unesco en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, actualmente estamos obligados a “repensar la educación, porque nos enfrentamos a nuevos desafíos como el cambio climático, desigualdades sociales y también a otros retos comunes como países”.

La reinvención del sistema educativo es fundamental para responder a estos desafíos. Durante su intervención en la 10 ° Cumbre Líderes por la Educación, Reyes explicó que se deben pensar en soluciones acordes a las crisis actuales como “el cambio climático, las tensiones democráticas y la llegada de la revolución tecnológica”.

Sobre la incursión de tecnologías como la inteligencia artificial en la educación, el experto dijo que “no hay que dejar de lado los riesgos que tiene para los niños, niñas y jóvenes, pues efectivamente la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que debe ser usada con cautela y cuidado”.

En medio de su intervención, el representante de la Unesco también aseguró que aún quedan muchas metas pendientes para el cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca a 2030 “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. “Solo un tercio de las 111 metas van en la trayectoria y el ritmo adecuado, por lo que es una situación crítica”, dijo Reyes.

Ocho desafíos claves

El experto advirtió que hay ocho desafíos claves de cara al futuro educativo de la región: “acceso, inclusión y equidad; contenidos y métodos educativos innovadores y creativos; docentes con mayor formación y desarrollo; aprendizajes significativos y holísticos; la creación de una agenda educativa digital alrededor de la conectividad y la inteligencia artificial; una educación para el desarrollo sostenible y educación sobre cambio climático; y gobernanza y financiamiento de la educación”.

Frente al primer desafío, Reyes dijo que “el sector educativo y el sector salud no pueden trabajar de forma separada, pues son claves para atender emergencias como la pandemia del covid-19, pues hay “unas regiones que están más preparadas que otras”.

Aurora Vergara, Ministra de Educación
Contexto: Cumbre de Educación | Ministra Vergara defendió la reforma a la Ley 30: “Queremos garantizar la oferta educativa en todos los niveles”

Asimismo, sostuvo que el acceso, la inclusión y la equidad educativa son aspectos claves que deben ser atendidos con mayor énfasis en primera infancia, pues “solo el 18,6 % de los niños está accediendo a educación durante sus primeros años de vida y la primera infancia es la ventana de oportunidad que estructura los aprendizajes para toda la vida”.

De igual forma, según él, en educación superior las brechas son grandes, ya que “solo cinco de cada 10 jóvenes en la región, logra acceder a una institución de educación superior”.

El desarrollo de contenidos y métodos educativos acordes al contexto global es otro de los retos. “Es importante una contextualización curricular y pedagógica con autonomía de las comunidades para la construcción de currículos, porque es muy diferente lo que pasa en una región u otra”.

Por otra parte, incrementar el número de docentes calificados en las escuelas, así como reducir los indicadores de aprendizajes perdidos en Latinoamérica es crucial, ya que “el 60 % de los estudiantes de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura y matemática”.

El experto finalizó diciendo que “hay que equiparar el acceso tecnológico en las zonas rurales y trabajar en el concepto de ciudadanía digital. El cambio climático y herramientas alrededor del daño medioambiental, así como la financiación de la educación, son otros tres desafíos a trabajar en busca de un futuro educativo con mayor inclusión y equidad”.

https://www.semana.com/educacion/articulo/cuales-son-los-principales-desafios-educativos-en-america-latina-y-el-caribe/202358/

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De Argentina a río Bravo, una ola de huelgas docentes se extiende por Latinoamérica

Por: Andrea Lobo, Guilherme Ferreira

En al menos una docena de países, los profesores han realizado importantes huelgas y protestas en el último mes contra la erosión de sus salarios por la alta inflación, la falta de personal y el estado deplorable de las escuelas.

Tanto los Gobiernos abiertamente de derecha como los de la llamada “marea rosa” se han negado a atender sus demandas, alegando que “no hay dinero”. En varios casos, han usado una brutal represión policial y militar, así como represalias como despidos.

En todas partes, las burocracias sindicales han intentado aislar las luchas en cada país, provincia o incluso escuela, mientras limitan las huelgas y protestas para aplacar el malestar e imponer los recortes salariales y sociales exigidos por las élites gobernantes.

Las protestas son una respuesta a los ataques a los niveles de vida y a los servicios sociales a medida que las burguesías subordinan la educación, la salud y la vida de los trabajadores y sus hijos a una competición incesante por el capital y los mercados extranjeros. Estas luchas se han intensificado en medio de una crisis cada vez más profunda del capitalismo global, acelerada por la pandemia continua de COVID-19 y las campañas militares lideradas por EE.UU. contra Rusia y China. Son un importante anuncio de un estallido más amplio de la lucha de clases a nivel global.

Después de los dos primeros años de la pandemia de COVID-19, cuando los docentes y las familias se vieron privados de los recursos tecnológicos, pedagógicos y económicos necesarios para clases a distancia adecuadas, la ONU declaró que Latinoamérica vive su peor crisis educacional de los últimos 100 años.

Un estudio de UNESCO y el Banco Mundial constató un retroceso dramático en compresión de lectura, matemática y otras habilidades, lo que relacionan con efectos socioeconómicos para el resto de sus vidas que impactan más fuertemente a las capas más pobres.

Tras ser obligados a dar clases presenciales en condiciones inseguras para que los padres pudieran volver a trabajar a tiempo completo y generar ganancias para las empresas y los bancos, los maestros, los alumnos y los padres están siendo forzados a cargar con todo el peso de los déficits acumulados de aprendizaje y los daños a la salud emocional y física en medio de recortes masivos a sus salarios y los presupuestos educativos.

Estas condiciones intolerables están alimentando las luchas en toda la región, que tiene la mayor desigualdad del mundo. La siguiente lista no está completa, pero incluye las principales protestas realizadas por los docentes en el periodo reciente.

Los profesores han realizado huelgas este mes en al menos siete provincias de Argentina, incluyendo Salta, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Jujuy, la Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Estas huelgas fueron desencadenadas por el acuerdo entre el aparato sindical y los Gobiernos para pagar aumentos salariales muy por debajo de la inflación, que se espera que llegue a 150 por ciento este año. Los educadores también están luchando contra un fuerte ataque a la educación pública por parte del Gobierno peronista de Alberto Fernández, quien abandonó las promesas de gastar 6 por ciento del PBI en educación y, en cambio, lo redujo al nivel más bajo en 11 años.

Estas protestas están siendo organizadas en gran medida en oposición a la burocracia sindical, incluyendo asambleas de profesores de base “autoconvocados” en Salta que votaron en contra de las propuestas del Gobierno. En respuesta, la pseudoizquierda se ha dedicado a desviar la rabia con llamados a votar nuevos burócratas “combativos” o simplemente para exigir que la misma dirección sindical peronista que pertenece al Gobierno convoque a una huelga nacional.

En Brasil, los profesores han realizado cuantiosas huelgas y protestas por el cumplimiento del piso salarial nacional dese inicio de año. Después de las huelgas en Río Grande del Norte y Maranhão, gobernados respectivamente por el Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado Partido Socialista Brasileño (PSB), en marzo y abril, los profesores de Amazonas, Amapá y el Distrito Federal iniciaron en mayo movilizaciones masivas. La próxima semana, los profesores de Pernambuco también amenazan con entrar en huelga.

Hoy día, las luchas docentes brasileñas se concentran en Río de Janeiro, donde su huelga ya completó 44 días (al 29 de junio). La semana pasada, los tribunales decidieron que era ilegal, pero los maestros están desafiando el fallo.

Asimismo, otras huelgas han durado más de un mes y los profesores sufrieron recortes salariales, demostrando su disposición a luchar para revertir los años de ataques a la educación pública, profundizados hoy pro la pandemia de COVID-19. La situación precaria de los docentes se empeoró con la implementación de la reforma propatronal de educación media.

Por ahora, a pesar del carácter nacional del movimiento, los sindicatos controlados por el PT y sus aliados pseudoizquierdistas han aislado las luchas de los profesores y estudiantes y las han subordinado al Gobierno del presidente Lula da Silva (PT). Al estar sumamente desacreditados tras boicotear las luchas por años, los sindicatos docentes asumieron un carácter criminal cuando traicionaron las luchas de los profesores que exigían el cierre de las escuelas durante la pandemia.

Trabajadores uruguayos hacen huelga para conmemorar el 50º aniversario del golpe del 27 de junio de 1973 [Photo: @PITCNT1]

El 21 de junio, los maestros del sector público en Uruguay realizaron una huelga de un día y marcharon a la Torre Ejecutiva para protestar contra los recortes presupuestarios y exigir alzas salariales y un mayor gasto social en general. Posteriormente, el 27 de junio, hubo una huelga general convocada por la principal confederación sindical, la PIT-CNT, para conmemorar los 50 años del golpe militar apoyado por EE.UU. en 1973.

En México, los profesores celebraron varias huelgas y marchas a lo largo del año para protestar contra el insuficiente aumento salarial del 8,2 por ciento anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las promesas de un gran incremento de los salarios reales. En comparación, el coste de la canasta básica ha registrado un aumento anual del 13,5 por ciento.

El 16 de mayo, una manifestación de profesores frente al palacio presidencial exigiendo un aumento salarial del 100 por ciento y garantías educativas para las comunidades indígenas fue atacada por cientos de policías antidisturbios.

Los profesores de educación media superior también se han declarado en huelga en varias ocasiones, alegando que ni siquiera se ha aplicado el pequeño aumento concedido por AMLO. El Frente Nacional de Educación Media Superior (FNSEMS) se vio obligado a organizar una huelga nacional el 22 de junio. Además, los docentes denunciaron que AMLO no había cumplido su promesa de federalizar todos los pagos a los profesores. En su lugar, el fondo para estos pagos (Fone) se ha reducido en casi un 10 por ciento desde 2015, mientras que en muchas regiones sigue habiendo impago de salarios. Las protestas por estas cuestiones en Michoacán, donde los profesores bloquearon las principales vías férreas, fueron brutalmente reprimidas por parte de soldados de la Guardia Nacional.

Los profesores de primaria y secundaria de Santiago, Chile, iniciaron una huelga el 14 de junio por la “deuda histórica” que el presidente pseudoizquierdista Gabriel Boric había prometido pagar a los docentes, así como por los problemas de salud mental y el exceso de trabajo a los que se enfrentan los profesores. El Colegio de Profesores ha aplazado continuamente una huelga nacional indefinida por el pago de la “deuda”, que se refiere a los aumentos salariales y presupuestarios previstos que no se han cumplido desde 1981, cuando la dictadura de Pinochet destruyó gran parte del sistema educativo público.

La respuesta de Boric a los llamados cada vez más extensos de los profesores a una huelga nacional a principios de este mes resume la actitud de la clase dominante en todo el mundo hacia la educación pública. “Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación”.

Los profesores de Perú han estado al frente de las masivas manifestaciones contra el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos del pasado diciembre y el régimen de Dina Boluarte, que respondió con una represión asesina y amenazas de despedir a los profesores en huelga. Los profesores y otros trabajadores del sureño departamento de Puno realizaron una serie de huelgas de 24 horas en mayo y junio exigiendo la dimisión de Boluarte, mientras que los sindicatos de profesores anunciaron huelgas en apoyo de la “Tercera Toma de Lima” liderada por organizaciones indígenas, prevista para el 19 de julio.

En marzo y abril, los educadores de Bolivia llevaron a cabo importantes huelgas, bloqueos y manifestaciones en todo el país para protestar por el “déficit histórico” de horas no pagadas y el deterioro de las condiciones de trabajo en las escuelas. Los profesores no cobraron gran parte del tiempo que enseñaban a distancia, y muchas escuelas dependen de las asociaciones de padres para recaudar dinero para salarios.

El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce reaccionó enviando a la policía antidisturbios contra los manifestantes y declarando que los profesores no tienen derecho a la huelga. Desde las últimas grandes manifestaciones del 1 de mayo, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana ha seguido anunciando nuevas movilizaciones “en las próximas semanas”, pero las ha aplazado indefinidamente.

En Costa Rica, miles de estudiantes universitarios y profesores de todos los niveles marcharon el 20 de junio hacia el Congreso para protestar contra los recortes presupuestarios en educación destinados a reforzar la policía, en las primeras grandes manifestaciones contra el Gobierno derechista de Rodrigo Chaves.

En la República Dominicana, los profesores celebraron repetidas huelgas y grandes manifestaciones en mayo y junio para exigir mejores salarios y pensiones, así como mejores condiciones de trabajo, incluida la entrega de libros y material didáctico, comidas escolares, más personal, una cobertura médica adecuada y la finalización de numerosos edificios escolares inacabados.

A finales de mayo, los profesores celebraron en Jamaica una huelga nacional de dos días para reclamar alzas salariales, cuestión que aún no se ha resuelto.

A lo largo del mes de junio, en Honduras se produjeron casi a diario ocupaciones de escuelas por parte de padres, profesores y alumnos, debido principalmente a la escasez de personal. Tras dos años de clases a distancia en condiciones de pobreza generalizada y altos índices de analfabetismo entre los padres, miles de alumnos siguen sin profesores.

En febrero, los profesores del Cauca, Colombia, acamparon durante dos semanas frente al Congreso para exigir una mejor atención sanitaria. Y a finales de marzo, más de 10.000 profesores de Bogotá hicieron huelga y se manifestaron contra el trabajo excesivo, los recortes salariales y la falta de personal, y fueron objeto de represalias.

Fuera de América Latina, en las últimas semanas estallaron huelgas continuas del personal de las universidades de Reino Unido y votaciones a favor de huelgas de los maestros de Inglaterra en relación con los salarios, las pensiones y la falta de personal; una huelga de casi un mes de duración de 150.000 profesores de Rumanía que exigían un importante aumento salarial; una huelga de los profesores portugueses en relación con los salarios; huelgas de los trabajadores de las universidades públicas de Eslovenia; y una huelga indefinida de los profesores suplentes de Cataluña, entre otras luchas.

En la expresión más avanzada del actual resurgimiento de las luchas docentes, los Comités de Base de Seguridad de los Educadores de Michigan se movilizaron la semana pasada hasta la planta de camionetas en Warren, cerca de Detroit, para luchar por la unidad de los educadores y los trabajadores automotores en una lucha contra los despidos y los recortes presupuestarios, ya que ambos sectores de trabajadores se enfrentan a importantes batallas contractuales en las próximas semanas y meses.

Esta lucha, que debe extenderse a todas las grandes industrias y más allá de las fronteras nacionales se está organizando como parte de la construcción de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base. La AIO-CB fue creada en 2021 por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional para coordinar la necesaria contraofensiva internacional de la clase obrera contra la desigualdad social, la explotación, la guerra, la pandemia del COVID-19, el cambio climático y todos los grandes problemas sociales, junto con su fuente: el capitalismo.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de junio de 2023)

https://www.wsws.org/es/articles/2023/07/01/ykaz-j01.html

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Proyectos chinos afectan a comunidades y medio ambiente de Latinoamérica

Por: David Tarazona

 

Las empresas chinas invirtieron cerca de 172 000 millones de dólares en América Latina entre 2010 y 2016, según una investigación académica. Además, han construido 200 proyectos de infraestructura en veinte países de la región. Estas cifras aumentarán en los próximos años si se cumplen las proyecciones que estiman que para 2035 se duplique el comercio entre el país asiático y la región latinoamericana, de acuerdo con los datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.

Estos resultados son sólo una cara de la moneda. El otro lado muestra cómo varias empresas de capital chino no respetan los derechos de las comunidades afectadas por sus proyectos, de acuerdo con el informe “China: derechos humanos y actividades empresariales en América Latina”, publicado en febrero de 2023 por un colectivo de organizaciones no gubernamentales.

Estas organizaciones realizaron el informe para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuviera conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales que provocan algunos de los proyectos chinos que se establecen en América Latina, en el marco de una revisión periódica que hace el organismo internacional a los firmantes del tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos China, con el objetivo de dar recomendaciones en materia de derechos humanos.

Represa de Ivirizu - Foto Google Earth. Proyectos chinos afectan a comunidades y medio ambiente, según informe de ONGs en América Latina.
Represa de Ivirizu – Foto Google Earth. Proyectos chinos afectan comunidades de América Latina, según informe de ONGs.

Aunque el comité de la ONU no tiene herramientas para castigar a China o los demás países, sí puede generar una discusión constructiva para que las naciones acojan de manera voluntaria las sugerencias. De hecho, en su sesión de marzo de 2023, este organismo emitió sus más recientes recomendaciones al país asiático. Entre estas, le pidió a este país garantizar el respeto de los derechos humanos en sus proyectos realizados en el exterior, como exigían las organizaciones que realizaron el informe sobre las actividades empresariales chinas en América Latina.

Las organizaciones que elaboraron el documento —entre ellas la suiza Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) hallaron poco más de una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Seis de esos proyectos son mineros, cuatro son hidroeléctricas, dos de hidrocarburos y uno de alimentos.

Uno de los hallazgos del informe es que los proyectos analizados afectan el medio ambiente. “Estos proyectos están en ecosistemas frágiles, como los son las zonas de humedales Ramsar, en áreas protegidas claves para la sostenibilidad del clima global o declaradas zonas patrimonio de la UNESCO”, denuncia Sofía Jarrín Hidalgo, asesora de incidencia en Amazon Watch, una de las organizaciones miembro del CICDHA firmante del informe.

CICDHA y las demás organizaciones seleccionaron los casos después de un monitoreo de más de cinco años de las inversiones chinas en la región. Su informe se nutre, sobre todo, de las denuncias de comunidades afectadas.

Mapa Minería 2022 en Pueblo Shuar Arutam. Datos: F. EcoCiencia y monitoreo PSHA.
Mapa Minería 2022 en Pueblo Shuar Arutam. Datos: F. EcoCiencia y monitoreo PSHA.

Afectaciones a pueblos indígenas y daños ambientales

El análisis realizado por las organizaciones encontró que los proyectos han tenido un impacto negativo en ecosistemas frágiles. Tres proyectos impactan a la Amazonía, tres a áreas protegidas y uno a un sitio patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Todos los proyectos presentan un impacto significativo en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano, como resultado de la deforestación y la contaminación del aire y del agua, lo que compromete la soberanía alimentaria y el acceso al agua de comunidades aledañas y pueblos indígenas”, dice el informe.

De los tres proyectos desarrollados en Ecuador, dos son mineros y uno de hidrocarburos. Todos están en la cuenca amazónica de este país. Según el informe, “solo el proyecto minero Mirador impacta al menos 16 ecosistemas diferentes, donde se encuentran 4 000 especies de plantas y hasta 400 especies de algas”. Por ejemplo, en el proyecto Mirador —operado por la compañía china Tongguan con financiación de seis bancos chinos— se deforestaron, al menos, 1 300 hectáreas, según el informe.

Sofía Jarrín Hidalgo comentó que los tres proyectos chinos en la Amazonía ecuatoriana tienen problemas de cumplimiento del consentimiento libre e informado. Por ejemplo, al pueblo shuar arutam, a fines de 2022 la Corte Constitucional le reconoció la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del proyecto minero de cobre San Carlos-Panantza —desarrollado por la china Tongguan con dineros de, al menos, cinco bancos chinos, incluido el Banco de Desarrollo de China— ordenando dejar sin efecto la licencia ambiental. “Pese a eso, el gobierno ecuatoriano sigue promoviendo el proyecto en publicidad radial a nivel local y promoviendo espacios de socialización”, dijo Jarrín Hidalgo.

El informe también resalta que hay proyectos de capital chino desarrollados en áreas protegidas. Uno de estos espacios es la Reserva de la Biosfera Yasuní en Ecuador —que cuenta con categoría de protección ambiental Ramsar— impactada por el proyecto campo petrolero Ishpingo, el cual  “se sitúa en un humedal de importancia mundial, con 1500 especies de plantas, 600 de aves y 178 de mamíferos”, incluyendo algunos amenazados como el manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y delfines de río o toninas (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Allí, además, habitan los pueblos indígenas cofán, kichwa, huaorani, shuar, secoyas y sionas.

Otros proyectos que, según el informe, afectan especies de flora y fauna protegidas son la planta de procesamiento de salmón Dumestre de la firma china Joyvio en Chile, y la hidroeléctrica Santa Cruz, en Argentina —adjudicada a un consorcio que incluye a la china China Gezhouba Group Company Ltd y financiada por el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercio de China y el Banco de China—  así como la hidroeléctrica Ivirizu, en Bolivia.

El Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en el sur de Argentina, tuvo mucha oposición de los comuneros del lugar. Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina).
El Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en el sur de Argentina, tuvo mucha oposición de los comuneros del lugar. Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina). De acuerdo con el documento de las ONGs, este y otros proyectos chinos afectan comunidades y al medio ambiente en América Latina.

Sobre la hidroeléctrica Ivirizu, operada por la empresa china Sinohydro Corporation Ltd, Mongabay Latam habló con Franco Albarracin, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), organización que participó del informe. “El proyecto afectará varias zonas ecológicas que se caracterizan por su elevada diversidad biológica. Se estima la existencia de más de 3 000 especies de plantas, de las cuales solo 614 han sido registradas en la zona. Entre las más notables están los bosques de queñua (Polylepis), huaycha (Weinmannia boliviana) y nogal (Juglans)”, dice Albarracin.

Y agrega que “la deforestación (proyectada) de más de 280 hectáreas de bosque amenaza en particular a la fauna silvestre”. En el área existen más de 382 especies que incluyen 52 de mamíferos superiores, entre los que destacan el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) el venado andino (Hippocamelus antisensis), el jaguar (Panthera onca) y el gato andino (Leopardus jacobita). También hay más de 700 diferentes tipos de aves. La especie en mayor peligro de extinción es la rana yuracare (Telmatobius yuracare).

Además, denuncia que las vías del proyecto han fomentado el ingreso ilegal de cultivadores de hoja de coca, lo que pone en riesgo el equilibrio ecológico del Parque Nacional Carrasco y las comunidades indígenas de la zona. También denuncia que la empresa Sinohydro, encargada del proyecto, subcontrata a 120 de los trabajadores y que la compañía no entrega información a la comunidad.

El informe también menciona los campos petroleros Junín y Ayacucho, en Venezuela, al considerar que afectan un humedal y al río Orinoco. Estos campos hacen parte del proyecto Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco operados por la compañía China National

Petroleum Corporation con financiación del Banco de Desarrollo de China. El reporte también habla de un proyecto minero en Buriticá, Colombia, que afecta el bosque seco tropical en la región del río Cauca, zona que ya ha perdido 66 % de sus bosques entre 1957 y 1986.

Campamento del proyecto San Carlos Panantza. Foto: Segundo Espín / Revista Vistazo.
Campamento del proyecto San Carlos Panantza. Foto: Segundo Espín / Revista Vistazo. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

El agua ha sido uno de los recursos más impactados, según el documento. “En el caso del mega complejo industrial de la Planta Dumestre, en Chile, se redujo la disponibilidad de agua para comunidades vecinas en 12 000 litros; en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela) dichas restricciones han generado protestas”, describe.

El recurso hídrico ha sido contaminado en seis casos, según la denuncia de las organizaciones. Por ejemplo, el proyecto minero Buriticá en Colombia —de la empresa china Zijin-Continental Group— está generando un vertimiento de aguas servidas y está usando cianuro, de acuerdo al informe.

El proyecto Orinoco en Venezuela ha tenido derrames petroleros, mientras que el sistema de drenaje y vertimiento de depósitos en la mina Toromocho en Perú —de la compañía Aluminum Corporation of China con dineros del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China—también afecta la calidad del agua, dice la investigación.

Además, las organizaciones alertan del riesgo de derrame de contaminantes en caso de ruptura del proyecto minero Mirador en Ecuador.

Las organizaciones ISHR y CICDHA mencionan el caso de la planta Dumestre en Chile por contaminación del agua con desechos de antibióticos y residuos, así como el del proyecto hidroeléctrico São Manuel en Brasil —operado por un consorcio de empresas públicas y privadas, entre ellas la China Three Gorges y con financiación del Banco de Desarrollo de China— que afecta fuentes de agua. Adicionalmente, denuncian la contaminación del aire ocasionada por proyectos ubicados en Colombia, Chile y Perú.

Raphaël Viana David, responsable de incidencia para China y América Latina en el International Service for Human Rights, además de ser uno de los autores del reporte comentó este hallazgo. “Hay afectaciones al derecho al agua y a la soberanía alimentaria. Hay casos de contaminación del aire, del agua, lo que implica afectaciones a la salud de las personas que la consumen. Representa una amenaza a las fuentes tradicionales de alimentación, en particular de pueblos indígenas. Pueden poner en riesgo a especies en peligro de extinción y sus ecosistemas”, dice Viana.

El informe además halló que en once de los proyectos “se evidencian abusos de pueblos indígenas, los cuales carecieron de procesos de consulta adecuados que garantizaran su consentimiento libre, previo e informado (…) Los desalojos forzosos y la restricción de acceso a vivienda y la destrucción de la tierra y territorio de los pueblos indígena han afectado negativamente su salud mental individual y colectiva y han debilitado fuertemente su tejido comunitario y organización sociocultural”.

Uno de los casos es el de las 1 200 familias del pueblo shuar arutam, distribuidas en 47 comunidades, impactadas por el proyecto minero San Carlos-Panantza, en Ecuador, que denuncian no haber sido consultados de manera diligente. El proyecto petrolero Ishpingo en Ecuador —operado por la compañía China National Petroleum Corporation— y la hidroeléctrica São Manuel en Brasil podrían generar un contacto forzado con pueblos en aislamiento voluntario. En el caso de Ecuador, los pueblos aislados relativamente cercanos al proyecto son los Tagaeri y los Taromenane, según el informe. El caso ecuatoriano está siendo evaluado por  “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad del caso y posible etnocidio”, se señala en el documento.

“Hay un sistemático irrespeto con los derechos de las comunidades locales e indígenas”, complementa Marco Gandarillas, responsable de fortalecimiento de capacidades de la organización no gubernamental Latinoamérica Sustentable. Gandarillas también resalta que los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa están siendo incompletos.

Mineria en Ecuador. Más de 800 personas siguen trabajando en el proyecto Mirador, según dice el Viceministro de Minas. Fotografía de Diego Ayala León.
Más de 800 personas siguen trabajando en el proyecto Mirador, según dice el Viceministro de Minas. Fotografía de Diego Ayala León. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

La responsabilidad del Estado chino

Los investigadores del informe consultados por Mongabay Latam también reclaman que los proyectos están generando represión contra las comunidades afectadas. En algunos proyectos “hay convenios con empresas de seguridad que afectan los derechos de asociación y protesta de las comunidades”, dice Gandarillas. “Pese a la intención de las comunidades y las organizaciones, sólo ha sido posible establecer espacios de diálogo esporádicos con las empresas chinas”, agrega. También asegura que es común que ni el Estado chino, ni las compañías respondan a las comunicaciones de las personas afectadas o las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas.

¿Pero quiénes desarrollan los proyectos cuestionados? Trece de estos son operados por once empresas o consorcios chinos y ocho son financiados por bancos del país asiático. Las empresas responsables de los proyectos cuestionados incluyen nombres como Sinohydro Corporation Ltd, en el caso de la hidroeléctrica Ivirizu en Bolivia; y la China National Petroleum Corporation (CNPC), con financiación del Banco de Desarrollo de China, en el proyecto petrolero Orinoco en Venezuela.

En China es frecuente que las empresas sean de capital estatal. Entre los financiadores están el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Banco EXIM), el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China, todos propiedad del Estado chino.

Para los analistas, el Estado chino no se puede desligar de su obligación de proteger los derechos humanos fuera de su territorio. “El Estado chino tiene una gran responsabilidad. La mayor parte de las empresas son de propiedad estatal, semiestatal o han tenido apoyo financiero de entidades estatales chinas”, señala Gandarillas.

Viana agrega que “es claro que China también tiene obligaciones extraterritoriales en casos en los que el gobierno tiene la obligación de asegurarse que los actores que están bajo su jurisdicción no cometan abusos de derechos humanos, porque eso implicaría un incumplimiento con las obligaciones del Estado. Para nosotros estos casos constituyen incumplimientos a sus obligaciones extraterritoriales bajo el derecho internacional”.

Mapa Base. La extensión de la vía de acceso (en rojo) se acerca a las plataformas planificadas dentro del campo Ishpingo y a la Zona Intangible. Datos: ACA/MAAP.
Mapa Base. La extensión de la vía de acceso (en rojo) se acerca a las plataformas planificadas dentro del campo Ishpingo y a la Zona Intangible. Datos: ACA/MAAP.  Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

Sofía Jarrín, por su parte, considera que es necesario que se establezcan mecanismos eficaces de seguimiento y control de la actividad empresarial, particularmente donde existen denuncias previas de abuso corporativo. “Es fundamental contar con canales formales y adecuados de queja y denuncia, que permitan responsabilizar a las empresas y financistas, en virtud de sancionar el comportamiento abusivo de las empresas y garantizar el acceso a la remediación y reparación integral de las comunidades afectadas”.

Por ahora, celebran que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya entregado al país asiático en marzo de 2023 recomendaciones similares a las del colectivo de ONGs sobre una mejor debida diligencia en los proyectos chinos en el extranjero. “Este comité ha dado un paso histórico para exigir mayor responsabilidad de China con sus obligaciones extraterritoriales en derechos humanos en sus proyectos de inversión y financiamiento en el mundo. Esperamos que este país se comprometa con la implementación de las recomendaciones del comité DESC”, dice Gandarillas.

Mongabay Latam buscó conocer la posición de las compañías chinas mencionadas en este artículo a raíz de los hallazgos del informe, pero al cierre de esta publicación no se recibió su respuesta.

*Imagen principal: Bosque del Parque Nacional Yasuní. Este lugar megadiverso en fauna y flora está ubicado en Pastaza y Orellana. Foto de José Schreckinger. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.

Fuente de la información e imagen:  Mongabay Latam

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Feministas latinoamericanas prometen redoblar esfuerzos por el derecho al aborto en 2023

Por: Angelina de los Santos                             

Activistas por los derechos sexuales y reproductivos de la región avisan que ‘la lucha continúa’ para sostener los avances conseguidos.

En 2022, mientras los conservadores estadounidenses condujeron a la Suprema Corte de Justicia a eliminar la protección constitucional del aborto, las feministas de América Latina y el Caribe hicieron avanzar a varios países en la dirección contraria.

Sin embargo, el poderoso movimiento que sostiene este cambio progresista todavía enfrenta retos difíciles en 2023, como salvaguardar los derechos que tanto costó conseguir y superar la disparidad de políticas de aborto entre los países.

Las feministas defienden derechos «en permanente disputa», dijo a openDemocracy Giselle Carino, directora general de Fós Feminista, una alianza internacional de grupos de derechos sexuales y reproductivos.

«La clave es apoyar a los movimientos feministas, que son los que siempre están al frente de la lucha y los que sostienen los cambios logrados», explicó.

El derecho al aborto ganó…

En Argentina el aborto se legalizó en 2020 – una victoria de la ‘Ola Verde’, el movimiento nacido dos años antes. que debe su nombre a los pañuelos de ese color que usan las manifestantes y que se transformó en un fenómeno de masas, con capacidad para infundir nueva energía a los movimientos feministas de todo el mundo.

Tras los pasos de Argentina, activistas mexicanas lograron en los últimos dos años que ocho estados reconocieran el derecho legal de las mujeres y las niñas a ejercer su capacidad de elegir si quieren o no gestar.

Tres de esas victorias se produjeron en 2022, y un total de 10 de los 32 estados del país ahora permiten el aborto, en general entre la semana 12 y la 14. Las activistas también consiguieron una sentencia histórica en 2021, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización del aborto.

«El futuro que esperamos es que nuestra lucha siga avanzando tanto en lo jurídico como en lo social», dijo a openDemocracy la fundadora de la organización Aborto Legal México, Fanny González.

En Colombia, defensoras del derecho al aborto encabezaron la campaña que concluyó con la sentencia de la Corte Constitucional de febrero de 2022 que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Causa Justa, un movimiento que aglutina a más de 100 grupos y miles de activistas de todo el país, presentó ante el tribunal argumentos basados en evidencias y contribuyó a cambiar la situación jurídica y social del aborto en el país.

En Puerto Rico, las activistas por el derecho a decidir lograron que en noviembre el Congreso rechazara cuatro proyectos de ley que pretendían restringir el acceso al aborto y castigar a quienes se habían sometido a interrupciones del embarazo.

… pero persisten prohibiciones y restricciones

Pero no fue pan comido para las feministas de América Latina y el Caribe.

Todavía persisten sistemas opresivos que siguen considerando a las mujeres incapaces de tomar decisiones sobre su cuerpo. Alrededor de 83% de las mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad reproductiva viven en países con algún tipo de restricción al aborto..

En República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Surinam, el aborto está totalmente prohibido. En El Salvador, las mujeres pueden recibir hasta 50 años de prisión si tienen un aborto espontáneo o un mortinato. En Honduras, cada día tres niñas menores de 14 años se convierten en madres como resultado de una violación. No se les permite abortar.

Pero, como explica Indiana Jiménez, directora de comunicación de la organización dominicana Profamilia que ofrece servicios de salud sexual y reproductiva, en muchos de estos países el derecho al aborto «no es necesariamente la principal prioridad para las mujeres». Muchas de ellas tienen que lidiar con problemas diarios de «acceso al agua, a la comida, al trabajo y hacer frente a la brutal violencia doméstica dentro de sus familias», dijo a openDemocracy.

En estas circunstancias, «lo primero y lo que cubre todo es la enseñanza de la educación sexual integral», aseguró.

En Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela, el aborto está permitido en solo bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando la salud o la vida de la persona gestante está en peligro.

Argentina es uno de los países que deben salvaguardar derechos duramente conquistados

«Los embarazos no deseados contribuyen a la deserción escolar, al abuso doméstico, al abuso financiero y al abuso emocional perpetrado por hombres, niños y otros miembros de la familia”, dijo a openDemocracy Chanelle Beatrice, feminista de Trinidad y Tobago e integrante de la organización no gubernamental Feminitt Caribbean.

“La falta de acceso a abortos legales también contribuye a la infertilidad, el desempleo, el maltrato infantil, las enfermedades mentales y la muerte», agregó.

No basta con las leyes

Incluso en países que avanzaron hacia una legislación sexual y reproductiva progresista en la última década, las feministas se mantienen alerta en la protección de la autonomía corporal y la igualdad de género. Las políticas no son suficientes para garantizar la aceptación, el acceso y la calidad de la atención al aborto.

Argentina es uno de los países que deben salvaguardar derechos duramente conquistados. Tras décadas de lucha, las feministas consiguieron, en diciembre de 2020, legalizar el aborto hasta la semana 14.

Fue un gran logro en ese momento, pero ahora, a la luz de nuevas reglas más inclusivas en Colombia, parece haberse quedado corto. Dos años después, la aplicación de la ley es desigual y varía mucho según el ámbito social, cultural, económico e incluso geográfico.

«Sabemos que aunque a veces ganemos, aunque haya políticas públicas, el principal desafío que tenemos y seguiremos teniendo en Argentina y en el resto de los países del mundo, es sostener los avances que hemos logrado con las políticas públicas», dijo Carino de Fós Feminista.

Ana Cristina González, médica, activista feminista y portavoz de Causa Justa de Colombia, coincide. «Necesitamos crear un ambiente de legitimidad para las decisiones de las mujeres… el futuro posible [para la lucha por el aborto] es sostener esta decisión, lograr que se arraigue entre más y más personas en los servicios de salud, y entre los ciudadanos», dijo a openDemocracy.

«Nos enfrentamos a una gran batalla cultural. Hoy nosotras vamos mostrando con sensatez que hay argumentos [por el aborto legal] y que es un debate en el que la gente puede transformarse», añadió.

Las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de Uruguay – el primer país sudamericano en legalizar el aborto, hasta la semana 12, en 2012 – también destacan la importancia de proteger los derechos de las mujeres.

A lo largo de la última década, estas defensoras monitorearon la aplicación de la ley y denunciaron los obstáculos de acceso. Como explicaron recientemente, el acceso es un problema sobre todo en las zonas rurales, donde los centros de salud son escasos y el personal médico se niega a realizar abortos alegando objeción de conciencia.

La calidad de la atención también varía, y la información y la evaluación son inadecuadas, dicen las activistas.

En 2020, Uruguay eligió su primer gobierno conservador en 15 años. Poco después de asumir el cargo, el presidente Luis Lacalle Pou aseguró que su gobierno tenía una «agenda provida». Desde entonces, «resistir se ha convertido en un acto heroico» para quienes defienden el derecho al aborto, aseguró Lilián Abracinskas, fundadora de la iniciativa de salud femenina Mujer y Salud en Uruguay.

Abracinskas dijo que el gobierno «relativiza el concepto de derechos humanos, de violencia de género [y considera] a las feministas y a la diversidad sexual como agentes desestabilizadores externos influenciados por fuerzas extranjeras».

«Estamos resistiendo en condiciones absolutamente adversas, y fuera del radar de las organizaciones e intereses regionales e internacionales», subrayó.

¿Demasiado lejos, demasiado rápido?

En 2022, mientras Colombia despenalizaba el aborto, Chile redactaba una nueva constitución que consagraba los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, como fundamentales y garantizados por el Estado.

Pero en septiembre el país rechazó la nueva constitución. Y así quedó en vigor la ley promulgada en 2017, que solo permite la interrupción del embarazo en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la persona gestante.

Mientras tanto, Brasil vivía en octubre una de las elecciones más dramáticas de su historia, entre el entonces presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el expresidente de izquierdas Luiz Inácio Lula da Silva. En la campaña, Lula decidió recordar a sus simpatizantes conservadores su postura antiabortista. Ganó, y fue investido presidente el 1 de enero.

«El mayor desafío para los movimientos feministas es unir fuerzas y tener una estrategia clara para evitar que se reviertan los avances logrados en nuestros países», dijo a openDemocracy la directora del grupo Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, Ana María Kudelka Zalles. «Pero también necesitamos ganar y cautivar a través de acciones de comunicación mucho más innovadoras que realmente lleguen a toda la población».

https://www.opendemocracy.net/es/5050-es/america-latina-caribe-aborto-derechos-feministas/

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CIDH: Año más letal para la prensa en Latinoamérica en dos décadas ha sido 2022

A lo largo del presente año han sido asesinados 38 periodistas en la región siendo el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender a nivel regional”, dijo Paula Roko, coordinadora de la Relatoria, quien se encarga de monitorear los ataques contra la libertad de prensa en los países latinoamericanos.

Además de señalar a los medios, los Ejecutivos de la región no investigan de manera adecuada los asesinatos a periodistas: un 95 % de los crímenes cometidos este año siguen impunes, explicó Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc).

Añadió que, requieren acciones, pidiendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) que reclame a las naciones que investiguen los crímenes y que enjuicien a los responsables.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó los ataques a la prensa y rechazó “cualquier forma directa o indirecta de restricción” contra la libertad de expresión.

“El periodismo no mata, articula palabras, expone ideas y denuncia hechos”, dijo Almagro en su intervención ante la reunión, organizada por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

https://caracol.com.co/2022/12/05/el-ano-mas-letal-para-la-prensa-en-latinoamerica-en-dos-decadas-ha-sido-2022/

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“La mitad de la población latinoamericana está quedando por fuera de la protección social”

Por: Karina Batthyány

Recordemos a modo de contexto general que los países de nuestra región tienen un panorama económico más que complejo. Al menor crecimiento económico, se suman en nuestros países las presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación del empleo, las caídas de la inversión y crecientes demandas sociales que vuelven a observarse en las calles de América Latina y el Caribe.

Esta situación se traduce en desafíos muy importantes por supuesto para la política macroeconómica que tiene que conciliar políticas que impulsen la reactivación económica, pero también con políticas dirigidas a controlar la inflación y a dar sostenibilidad a las cuentas y finanzas públicas.

Al escenario complejo desde el punto de vista interno de nuestra región, tenemos que agregar el escenario internacional, donde un elemento central es la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, que ocasiona crecientes tensiones desde el punto de vista geopolítico, pero también un menor dinamismo del crecimiento económico global: una menor disponibilidad en materia de alimentos –nada más ni nada menos– y aumentos en el precio de la energía que incrementan esas presiones inflacionarias que ya venían dándose como resultado de la post pandemia del COVID-19.

Recordemos también que la CEPAL está proyectando para este 2022 que América del Sur crecerá solo un 2.6% (el año pasado creció un 7%), que Centroamérica y México van a crecer un 2.5% (el año pasado lo hicieron en el entorno del 6%) y que el Caribe va a ser la única sub región de nuestra región que va a crecer casi un 5% (en comparación con el 4% que creció en el año anterior).

Además, hay un aumento de la pobreza por sexto año consecutivo y la desigualdad también sigue aumentando, quebrando esa tendencia a la baja que se había iniciado en el entorno de 2002 hasta el 2014 de manera ininterrumpida. También tenemos que sumarle la crisis en la educación en términos de los problemas de continuidad, las brechas de aprendizaje, el aumento del abandono, que son un tema realmente complejo para nuestra región.

En este panorama, la situación laboral de América Latina y el Caribe, dio algunas muestras de recuperación parcial –muy parcial– durante 2021 tras la crisis causada por la pandemia, los distanciamientos y las cuarentenas en 2020. La tasa de participación laboral y el empleo registraron leves mejoras, pero algunos de los grupos más afectados por el impacto de la pandemia, como las mujeres y las personas mayoritariamente mujeres que trabajan en el servicio doméstico, siguen presentando grandes rezagos en comparación con la situación previa a la pandemia.

La recuperación parcial de la demanda local y la influencia del entorno internacional en los costos de producción, inciden en el aumento de la inflación regional, y esto afecta a los salarios mínimos y los salarios reales. Dicho de manera más sencilla: estamos observando una caída en materia salarial y en materia de salarios reales en la región.

Los salarios reales se encuentran más rezagados que la reactivación del empleo, es decir, la recuperación salarial no acompaña a la recuperación del empleo que se observa en la región, siempre comparando con los niveles anteriores a la pandemia. Y allí algunos grupos particularmente afectados como son las mujeres, los y las jóvenes y los y las trabajadoras menos calificadas, donde también observamos además un fuerte conjunto de trabajadores migrantes que están padeciendo esta crisis con mayor intensidad.

Si miramos la primera de estas dimensiones, la de género, que afecta a las mujeres, la pandemia ocasionó una salida muy importante de las mujeres del mercado de trabajo (una salida total o parcial), con una importante pérdida de ingresos y un aumento de la sobrecarga de cuidados durante las situaciones de pandemia. Mientras que la tasa de desocupación masculina pasó del 10% a fines del segundo trimestre de 2020 a 7% a fines del primer trimestre de 2022 (con una reducción mayor a los 3 puntos porcentuales), la tasa de desocupación femenina registró una disminución solamente de 2 puntos porcentuales en el mismo periodo, es decir, pasó de 12% a 10% del segundo trimestre de 2020 al primer trimestre de 2022.

También a fines del primer trimestre de este año, la tasa de participación laboral femenina se ubicaba en 51% frente a la masculina que es del 74%. Allí observamos una brecha de 23 puntos, y esto tiene que ver con el rezago de la reincorporación de las mujeres en el mercado de trabajo que está condicionado por el atraso en la recuperación de los sectores económicos que concentran el empleo femenino y también, una vez más, por el aumento de la necesidad de cuidados que se manifestó con mucha fuerza tras el inicio de la pandemia.

Además, dicho empleo femenino, tomando los datos de un informe de la CEPAL, se habla de un retroceso de más 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, es decir, hemos retrocedido más de 18 años a causa de los efectos de la pandemia.

Esta recuperación que estamos observando en el mercado laboral de América Latina, es desigual, es desigual desde el punto de vista género y es desigual también en relación a los sectores formales o informales y al desempleo. Veamos entonces la región de América Latina y el Caribe, que reanudó su crecimiento económico, pero con una reactivación de los mercados laborales limitados, porque en gran medida se basó en el trabajo informal esa recuperación. Y, por lo tanto, no tuvo una consecuencia directa sobre el desempleo. El desempleo llegó a superar el 10% durante la pandemia, se prevé que va a disminuir al 9% en 2022 y al 8.8% en 2023 de acuerdo a los estudios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Recordemos que antes de la pandemia nuestra región se ubicaba a niveles de desempleo menores al 8% (7.8% para ser más exacta).

Además, en 10 de los 14 países que brindan estos datos, la tasa de ocupación en este primer trimestre de 2022 no había registrado todavía los niveles del 2019. Y solo en 3 de los 14 países que presentaron los datos para el primer trimestre del 2022, la tasa de participación económica había recuperado los niveles del primer trimestre de 2019.

Además, entre 50% y 80% de las ocupaciones generadas en el proceso de recuperación, han sido en condiciones de informalidad, en una región donde ya sabemos que los niveles de informalidad en el empleo rondan el 50%. Y donde ya sabemos también que estos trabajadores y estas trabajadoras en situación informal, no tienen ningún tipo de acceso a protección social y seguridad social, lo que implicó graves niveles de inseguridad durante la pandemia.

Y, por último, el tema de los jóvenes. Sabemos muy bien que la inserción laboral en la juventud siempre es un tema relevante y desafiante. Allí volvemos a encontrar el empleo juvenil como uno de los más afectados como consecuencia de la pandemia y además donde también se producen brechas de género al interior de este sector de la población entre los y las jóvenes. La brecha de género persiste en los indicadores de empleo juvenil. Tanto la tasa de actividad juvenil como la tasa de empleo, tiene una diferencia de 25 puntos porcentuales menor en el caso de las mujeres en comparación con los varones. Y la brecha en la tasa en el desempleo juvenil, alcanza en promedio los 6 puntos porcentuales, siendo el doble de la que se observa para el total de los trabajadores de la economía. Es decir, vemos cómo estos fenómenos de género también se acentúan en un sector difícil desde el punto de vista de la inserción laboral.

Los problemas justamente de inserción laboral son generalizados entre la población juvenil, aunque se manifiestan por supuesto de manera diferencial de acuerdo a los logros educativos y a la zona de residencia de estos jóvenes. Evidentemente los jóvenes con niveles educativos medio o superior tienen menores dificultades que aquellos que no han completado los niveles medios o que tienen niveles muy básicos de ocupación. Las dificultades de inserción entre los jóvenes disminuyen en estos sectores de mayor nivel educativo o de nivel educativo medio. Los problemas también de calidad de empleo afectan a los jóvenes, y es particularmente importante el nivel de informalidad entre la población joven en el momento de la inserción laboral. La informalidad realmente es mayor que en la población en general. La inserción laboral de la población juvenil, en términos de la calidad del empleo, realmente es bastante deficitaria en comparación con los empleos que obtienen los adultos. Y eso se traduce una vez más también en términos de carencias de protección y de seguridad social.

Entonces, frente a esta situación y estos datos que estamos empezando a conocer de lo que es el desempeño de 2022, marcado por los problemas de nuestra región, pero también por esta coyuntura internacional que se prolonga e implica altos niveles de inflación, encarecimiento de los alimentos, de la energía y de servicios básicos, miremos qué está pasando a nivel del mercado de trabajo y cómo volvemos a colocar una vez más esta discusión sobre la necesidad de discutir nuevas bases para el contrato social, en este caso nuevas bases para los contratos en término sociales desde el punto de vista laboral. Y cómo una vez más, necesitamos fortalecer la participación estatal, las distintas instituciones y particularmente las vinculadas a los sistemas de protección social, para que efectivamente sean universales, sostenibles, integrales, porque si no, si lo miramos desde el punto de vista del mercado de trabajo, la mitad de la población latinoamericana nos está quedando por fuera de esta protección social. Entonces, coloquemos una vez más estos nudos estructurales en el centro de la discusión.

-Me quedé con un dato que me llamó mucho la atención que tiene que ver con el efecto después de la pandemia más dura y restrictiva de 2021, con crecimiento del 7% en América del Sur y al día de hoy las previsiones del 2.6%. Es un cambio enorme, se trató de un cierto efecto rebote después de la pandemia en cuanto a la parálisis total de la economía de la subida muy grande y después regulación… ¿Qué pasó ahí?

-Exacto. Es justamente el efecto rebote que estaba previsto que así fuera. Lo que no estaba previsto es que después de esos niveles de crecimiento, que una parte se explicaban por el rebote, la disminución fuera tan grande en este 2022. Por eso comencé explicando el contexto tanto de las dificultades regionales como las dificultades internacionales, particularmente este conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania y el alza en determinadas materias como los alimentos, la energía y la inflación que es la que afecta directamente todo lo expuesto.

https://www.clacso.org/la-mitad-de-la-poblacion-latinoamericana-esta-quedando-por-fuera-de-la-proteccion-social/

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Un llamado a la acción ante la pérdida de aprendizaje

Por: Paulette Delgado

El Banco Mundial hace un llamado a la acción en América Latina y el Caribe para actuar para proteger el capital humano de los estudiantes.

Lamentablemente, como vimos la semana pasada, el COVID-19 ha dejado a la educación en América Latina y el Caribe (ALC) al borde de lo que el Banco Mundial describe como una “tragedia educativa” debido a la pérdida de aprendizaje en la región. Después de evaluar casi doce meses del cierre de las escuelas en la región, el estudio del Banco Mundial titulado “Actuemos ya para Proteger el Capital Humano de Nuestros Niños : Los Costos y la Respuesta ante el Impacto de la Pandemia de COVID-19 en el Sector Educativo de América Latina y el Caribe”, considera que la pandemia “puede poner en peligro los avances en capital humano mencionados precedentemente y, sobre todo, exacerbar las pérdidas en la acumulación de capital humano de millones de niños y niñas, con impactos sobre los futuros niveles de productividad”.

Los principales puntos que establece el análisis son que las estimaciones iniciales del cierre de las escuelas son abrumadoras. Si algo ha demostrado la pandemia es que la educación a distancia no puede reemplazar la presencial, especialmente si surge de una emergencia y no hubo tiempo para prepararse antes de que las clases fueran remotas. Esto hizo que las métricas de aprendizaje empeoren drásticamente.

Además, los sistemas educativos deben estar preparados para la reapertura de las aulas e invertir en los recursos necesarios para recuperar la pérdida de aprendizaje de sus alumnos al mismo tiempo que siguen todas las recomendaciones para prevenir más contagios. La pandemia abrió una ventana de posibilidades para reconstruir el sistema educativo para que sean más “efectivos, equitativos y resilientes”, por lo que las instituciones deben enfocarse en el financiamiento público y comenzar a explorar diferentes opciones para hacer la educación más eficiente a largo plazo.

Un llamado a la acción

La pérdida de aprendizaje debido al cierre de las escuelas puede mejorar si los gobiernos de la región ALC actúan urgentemente para abordar los distintos problemas que enfrentan los sistemas educativos en su esfuerzo por mantener la continuidad, participación y calidad. El Banco Mundial enfatiza que, “es importante recordar que la búsqueda de mejora no se debería hacer sólo para enfrentar la situación actual sino también para preparar o mejorar la educación híbrido, en la que coexisten la educación presencial y la educación a distancia en las mismas escuelas”. Más allá de sólo crear iniciativas de emergencia, pensar cómo “adaptar, mejorar y adoptar dichas medidas para el largo plazo de forma de crear sistemas educativos más inclusivos, efectivos y resilientes”. Para lograr estos objetivos, el Banco Mundial empieza diciendo que es necesario “enfrentar la pandemia durante el cierre de las escuelas”. Aunque ya muchas instituciones abrieron sus puertas, la situación sigue siendo sumamente cambiante, por lo que no se debe de descartar nuevos cierres de las escuelas en el futuro.

Uno de los mayores retos es retener a los alumnos en las escuelas y mejorar la efectividad de la educación remota, por lo que la organización sugiere combinar mecanismos de recopilación de información, ya sea a distancia o en persona; ya sea por llamada telefónica o mensajes de texto o haciendo entrevistas o encuestas. Varios países implementaron sistemas para poder monitorear individualmente a los estudiantes durante la pandemia con el fin de identificar aquellos que están en mayor riesgo de desertar. Cuando hacer este seguimiento no es posible, lo mejor es involucrar a las familias. En el reporte, el Banco Mundial encontró que la intervención de las familias reduce en un 77 % la deserción escolar y un 44 % la falta de motivación para regresar a la escuela.

Una estrategia para retener a los estudiantes es por medio de campañas de comunicación donde no sólo se dé información sobre cómo acceder a contenidos educativos, sino también, sobre la importancia de permanecer en la escuela. Perú y Uruguay, por ejemplo, presentaron información regularmente sobre lo que ofrecen sus instituciones de educación a distancia que alcanzó a más del 85 % de la población estudiantil. A veces, los alumnos no regresan por temas económicos, por lo cual, el sistema educativo debería considerar la posibilidad de brindar apoyo financiero para aquellos que se encuentren en situación de riesgo. El 61 % de los países en América Latina y el Caribe han centrado su apoyo al aspecto psicológico, y menos del 40 % ofrecen medidas económicas. La República Dominicana tiene el programa “Bono Estudio Contigo” que subsidia de manera parcial el costo de la matrícula de 30 mil estudiantes de bajos recursos en distintas universidades privadas. Este tipo de medidas son esenciales para mitigar la deserción escolar y reducir desigualdades.

Seguir buscando maneras de apoyar a los menos privilegiados para que reciban educación de calidad, aunque sea a distancia, debería ser prioridad en toda la región. Volviendo a la República Dominicana, el 41 % de los estudiantes recibieron menos de dos horas de clase al día durante el cierre de las escuelas, dejando una gran pérdida de aprendizaje. Para evitar este tipo de casos, se deben ofrecer alternativas de baja tecnología para tratar de erradicar las brechas digitales, especialmente cuando cierran las escuelas o cuando los estudiantes tienen que regresar a aprender en línea por casos de COVID-19 en las aulas. Al mismo tiempo, deben esforzarse en seguir involucrando a los estudiantes, asegurándose que cuenten con las habilidades y motivación para seguir aprendiendo más allá de que si las clases son presenciales o no.

De acuerdo con el Banco Mundial, existen cinco estrategias para evitar la pérdida del aprendizaje:

  1. Soluciones multimodales con estrategias específicas para alcanzar y apoyar a todos los estudiantes, inclusive los de grupos menos privilegiados.

  2. Involucrar a las familias y docentes mediante planes de comunicación interactiva.

  3. Capacitar a los docentes.

  4. Darle prioridad al currículum.

  5. Estrategias de evaluación de aprendizaje.

Además, se necesita que los países sigan desarrollándose, especialmente en temas de tecnología educativa y continuar los esfuerzos de participación efectiva de los estudiantes. Aunque involucrar a las familias es de suma importancia, para realmente contrarrestar la pérdida de aprendizaje, especialmente en grupos vulnerables, es necesario seguir desarrollando las habilidades digitales y pedagógicas de los docentes. Los programas de capacitación que tomen no sólo deben enfocarse en herramientas digitales, sino también en cómo desarrollar habilidades pedagógicas necesarias para asegurarse que el estudiantado reciba educación de calidad sin importar si la clase es presencial o no.

Gestionar la continuidad y recuperar los aprendizajes durante la reapertura de escuelas

Los gobiernos deben seguir tomando medidas para cerciorarse de que las instituciones estén listas para abrir sus puertas de manera segura y efectiva. El reporte menciona que la mayoría de los países de la región ALC han iniciado en cierta manera el proceso de reapertura, hacerlo es una “decisión compleja que debe basarse en datos sobre salud pública”. Se necesita que el sistema de salud pública colabore con el de educación para tener toda la información necesaria para decidir si reabrir sus puertas o no.

El Banco Mundial junto con otras organizaciones, preparan orientaciones sobre los criterios clave para abrir las escuelas, lo que les ha permitido identificar seis estrategias que sí funcionan; políticas y financiamiento, que son transversales a las otras cuatro: operación segura, aprendizaje, inclusión de los más marginados, bienestar y protección. UNICEF identificó 24 de los 36 países y territorios de ALC que ya cuentan con protocolos para el regreso seguro a las escuelas, los cuales incluyen aspectos generales de salud e higiene. Aún así, se debe monitorear cómo cada país y gobiernos locales implementan estos protocolos y cómo hacen que éstos se cumplan.

La comunicación continua y el apoyo a la comunidad educativa ayudará a abordar preocupaciones, conocer nuevas ideas, saber si están de acuerdo con la reapertura, y cómo se planea llevar a cabo los protocolos de salud. Lo mejor es tener estrategias de comunicación en conjunto con las autoridades para responder las preguntas de manera más clara. Según UNICEF, 85 % de los países de la región ya cuentan con algún tipo de estrategia de promoción y comunicación para la reapertura.

También es importante considerar que la mayoría de los estudiantes han experimentado pérdida de aprendizaje, además de que cada uno de ellos atravesó un proceso de aprendizaje distinto, ya sea por la dinámica familiar, como por los recursos económicos o la falta de herramientas digitales. Los docentes deben tomar esto en cuenta y pensar en estrategias efectivas para adaptar sus clases a las necesidades individuales de cada estudiante. El reporte sugiere la simplificación de los programas de estudios, la modificación del calendario escolar y la suspensión de exámenes finales como “medidas necesarias para adaptar la docencia y el aprendizaje a la nueva realidad”.

Simplificar el currículo contribuye a manejar la incertidumbre y facilitar el aprendizaje. Algunos países de América Latina y el Caribe decidieron centrarse en impartir sólo una parte del contenido para asegurar la “continuidad educativa”. Otros decidieron cubrir cierto porcentaje según lo que enseñaron antes del primer cierre en el 2020. México, por ejemplo, cubrió el 25 % del currículum de cada nivel educativo ya que estimó que ya habían enseñado el 75 % al momento en que se cerraron las escuelas. Otra manera de compensar las pérdidas de aprendizajes es adaptando el calendario académico. Durante el cierre, los países modificaron sus calendarios para tener más tiempo para preparar la educación a distancia, reduciendo o aumentando las vacaciones, por ejemplo. En República Dominicana, la educación a distancia comenzó casi tres meses después de lo que decía el calendario ya que decidieron capacitar a los docentes para que supieran adaptarse y crear contenido educativo digital antes de empezar a enseñar de manera remota.

Para la reapertura, se debe realizar una evaluación de la pérdida de aprendizaje lo más pronto posible para conocer el estado actual de los estudiantes y qué tanto perdieron de su aprendizaje. Después, crear modelos bien diseñados para abordar la crisis, enfocándose también la brecha de aprendizaje entre los estudiantes de mayores recursos con los más vulnerables. Otro factor importante en el regreso a clases es la educación híbrida ya que parece que se ha convertido en la “nueva normalidad”, ya sea porque algunas familias aún no se sienten seguras de mandar a sus hijos a la escuela, porque subieron los contagios, o porque se presentó un caso en el salón y se tuvo que mandar a todo el grupo a sus casas. Más allá de que estos modelos aprovechan distintas tecnologías, la educación híbrida debe considerar que los estudiantes más jóvenes necesitan más apoyo de parte de sus familiares y cómo aligerar su carga.

Estos modelos pueden ser una gran carga para los docentes, administradores, estudiantes y familias ya que todos necesitan más apoyo. En el caso de los educadores, enfrentan retos de pedagogía y logística al tratar de adaptarse a las dos maneras de enseñar. Por otro lado, muchas veces la planificación y reorganización de la educación híbrida cae en los directores que, muchas veces, tienen poca o nula experiencia en el tema. El cuerpo directivo también necesita capacitación en elementos de logística como la organización de horarios, así como del enfoque pedagógico del programa. Su toma de decisiones determina si se migrarán los efectos negativos del cierre de las escuelas o no.

Por otro lado, durante la pandemia, tanto estudiantes, familias y docentes han enfrentado momentos difíciles que han afectado seriamente su bienestar y salud mental. Muchos países ampliaron distintos programas de protección social, especialmente para apoyar y retener al estudiantado. Desde ofrecer apoyo económico para las familias con transferencias monetarias o becas, hasta la salud mental y psicosocial para mitigar los efectos del COVID-19. Algunas medidas que recomienda el reporte para ayudar en la educación a distancia incluye definir horarios específicos para las sesiones en línea, cumplimiento de tareas para las tareas, fomentar las actividades al aire libre y tener una buena comunicación con la comunidad.

Impulsar mejoras y aceleración para el largo plazo

Aunque los gobiernos se vieron en la necesidad de adaptar un modelo educativo a distancia de emergencia, la pandemia brinda la oportunidad de reformar los sistemas educativos a largo plazo. El Banco Mundial señala que “una revisión internacional de los planes de reapertura de escuelas revela que durante la etapa de reapertura a menudo los gobiernos se han concentrado en implementar protocolos de higiene, por encima de reformas sistémicas y coherentes para reconstruir mejores sistemas educativos”. Aunque esas medidas atienden la necesidad de corto plazo, deberían de enfocarse en sus objetivos a largo plazo también.

En un par de semanas, se introdujo un nuevo enfoque educativo para responder al cierre de las escuelas por COVID-19, es necesario adaptar e integrar las experiencias positivas al sistema educativo. Un ejemplo es la introducción de distintas tecnologías, plataformas digitales y el uso de datos para construir modelos educativos más eficientes que desarrollen capacidades digitales y pedagógicas, así como para prevenir la deserción escolar. En Guatemala, por ejemplo, combinaron los mejores datos para identificar a los estudiantes en riesgo de desertar, lo que permitió a los directores hacer acciones sencillas para alentarlos a seguir estudiando. Los resultados tanto de este país como de Honduras, según el reporte, muestran que los datos administrativos pueden identificar correctamente el 80 % de los estudiantes de sexto grado con riesgo de deserción. Y esto es sólo un ejemplo del potencial de utilizar datos en los sistemas educativos.

Según el Banco Mundial, “las intervenciones pedagógicas que ajustan el contenido a los niveles de aprendizaje de los estudiantes y refuerzan contenidos dependiendo de las necesidades individuales” son las que dan mejores resultados de rendimiento y han sido las más relevantes durante la pandemia. Estos sistemas adaptativos deberían mejorar la equidad de aprendizaje entre los estudiantes y permitir que los educadores se centran en enseñar habilidades aplicadas. Además, permite monitorear el progreso de los estudiantes y proporcionar material de apoyo o clases remediales después de clases en caso de necesitarlo.

Aún así, la pandemia expuso la gran brecha digital que existe en América Latina y el Caribe. Este reto limita el potencial de la tecnología para brindar una mejor educación, especialmente a los estudiantes que se encuentran en un bajo nivel socioeconómico, en áreas rurales, tienen alguna discapacidad, entre otros factores. La desigualdad también se ve entre niveles escolares ya que menos del 43 % de las escuelas primarias y el 66 % de las secundarias tienen acceso a internet para fines educativos. En este sentido es vital proporcionar infraestructura digital pero el costo estimado para que la región cuente con acceso universal a internet para el 2030 es de 47 millones de dólares, lo cual supone una gran inversión. Además, una buena infraestructura debe contar con plataformas y contenidos adecuados para el aprendizaje, dispositivos y saber utilizarlos, no sólo acceso a una banda ancha. Aparte es fundamental capacitar a los docentes para cerrar las brechas digitales, quienes deben contar con habilidades digitales y pedagógicas para utilizar tecnologías educativas de manera efectiva.

La crisis del COVID-19 deja como resultado la oportunidad de transformar el sector educativo que sea incluyente y pueda ser accesible para todas las personas y en todo lugar, independientemente de si las escuelas están abiertas o cerradas. Antes de la pandemia, la región ya enfrentaba el reto de que sus sistemas educativos no estaban centralizados en el aprendizaje individual de los estudiantes. El cierre de las escuelas sólo exacerbó el problema, haciendo que “la ‘recuperación de aprendizajes’ simplemente no es suficiente en ALC, especialmente en algunos países donde la mayor parte de los alumnos no estaban dominando conceptos básicos”, dice el reporte del Banco Mundial.

Y aunque ya muchas escuelas están abriendo, no se debe olvidar el papel fundamental que tuvieron las familias para motivar a sus hijos a que sigan estudiando. No se debe de soltar esa conexión creada con ellas por lo que los sistemas educativos deberían apoyarlas proporcionando ideas, información, material y alternativas para que continúen ayudando a sus hijos e hijas utilizando estrategias multimodales. Por otro lado, muchos jóvenes tuvieron que renunciar a sus estudios para apoyar económicamente a sus familias, por lo que el Banco Mundial propone crear programas de ciclo corto, de dos o tres años. Este tipo de propuestas sólo existe en un 9 % de las matrículas de la región, a comparación de un 34 % a nivel mundial. Estas iniciativas han mostrado tener altas tasas de retorno, además de mejorar los resultados de empleabilidad de los alumnos ya que les da certificación válida.

Aunque la pandemia creó la mayor crisis de la historia para los sistemas educativos de la región, también ha abierto una gran oportunidad para realizar cambios, especialmente para abordar las brechas digitales. La región debe aprovechar las soluciones pedagógicas innovadoras, así como el potencial de la tecnología educativa y las TIC, para desarrollar un mejor sistema educativo, especialmente el aprovechamiento de datos ya que abre la puerta a mejorar el proceso de aprendizaje por medio del análisis y monitoreo de la información.

El reporte concluye que “los países de América Latina y el Caribe han hecho loables esfuerzos en muchos frentes, pero podríamos ser testigos de una tragedia educativa nunca antes vista durante los próximos años si los países no actúan rápido y más integralmente. Las grandes ganancias en capital humano de las últimas décadas podrían ser borradas. Pero peor aún, estas pérdidas podrían hacerse permanentes, deteriorando eventualmente las oportunidades de toda una generación en América Latina y el Caribe. El momento de actuar es ahora”.

Fuente de la información e imagen: https://observatorio.tec.mx

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