Colombia: Sobre la incidencia del Banco Mundial en las políticas de educación superior

Colombia / 3 de febrero de 2019 / Autor: UN Periódico / Fuente: Observatorio de la Universidad de Colombia

El académico de la U. Nacional, Gabriel Misas Arango, evalúa cómo este organismo incidide en la forma como los gobienos asumen su compromiso con la ed. superior.

Desde hace seis décadas las políticas sobre financiación y expansión de la educación en América Latina variaron según las visiones irrigadas por el Banco Mundial. En entrevista con el economista y académico Gabriel Misas Arango, el experto explica cómo esos vaivenes afectaron gravemente el sistema educativo en la región, hasta llegar a la coyuntura actual, sobre todo en países como Colombia y Chile.

En los años sesenta la directriz del Banco Mundial (BM) era que el Estado no debía financiar la educación superior porque a ella solo accedían las élites; a mediados de los ochenta fijó que era necesario responder a las lógicas del modelo economicista de rentabilidad (la educación como servicio, que aún se mantiene), y en los noventa –hasta la fecha– estableció que el gasto público para el sector no podía superar el 20 %, algo que los países de la región acataron, sobre todo Colombia, donde no supera el 10 %.

El profesor e investigador Gabriel Misas Arango, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UN), explica que si bien América Latina siguió la mayoría de esas políticas, en algunos aspectos no cedió por completo. Por ejemplo, los Gobiernos no dejaron de financiar la educación superior pública para evitar problemas políticos internos, pero sí redujeron recursos drásticamente. Colombia y Chile fueron los más aplicados en seguir esta regla, y, en la orilla contraria, Cuba y Uruguay la ignoraron.

Según el experto, en Colombia los lineamientos del BM modificaron la estructura de todo el sistema educativo más que en otras naciones. Por un lado, para las décadas de los ochenta y noventa el país tuvo una sobrerrepresentación en el BM, debido a que altos funcionarios nacionales en el campo educativo llegaron a posiciones influyentes en la división de educación de la entidad. Y ¿cómo llegaban allá?, “portándose bien en aplicar las reglas impartidas”, afirma.

Por otro lado, desde los años treinta el país tuvo una mayor participación del sector privado en el manejo de la educación que en el resto de la región, una tendencia que, de la mano de ese organismo multilateral, se agudizó a partir de los años sesenta e influyó en el marchitamiento de la educación pública superior y en que la básica primaria y secundaria públicas se masificaran, pero con bajísimos indicadores de calidad.

El exdecano afirma que “hace más de cincuenta años, por su experiencia en África, el Banco Mundial difundió la idea de que la calidad en la educación primaria en los países en desarrollo, fuera buena o mala, era indiferente frente a la reducción de las tasas de fertilidad en las mujeres y la optimización de la productividad agrícola en los hombres. Ese enfoque, además de equivocado, no permitió ver las particularidades para el caso de Latinoamérica, donde existía una profunda estratificación social tras siete décadas de desarrollo capitalista”.

¿Cómo se evidenció esa visión africana en Colombia? En primer lugar en una decisión en la época del Frente Nacional que, en opinión del profesor Misas, fue fatal para la educación del país: la implementación de la doble jornada. Esta medida, que se suponía era excepcional y por corto tiempo ante la alta demanda y la poca infraestructura en Bogotá, aún se mantiene después de sesenta años y se generalizó en todo el país. Se añadieron otras reformas, como tener un mayor número de niños por curso y, en los años ochenta, eliminar paulatinamente las materias relacionadas con las artes (música, apreciación estética, etc.).

Ley 30 nunca fijó techos para invertir en la educación superior

Para el investigador, los eventos antes mencionados propinaron un duro golpe a todos los niveles del sistema educativo hasta llegar a la actual crisis. Y aunque con la Ley 30 de 1992 se trató de resolver muchos conflictos relacionados con la educación superior, tanto la falta de voluntad política como nuevas imposiciones del BM no ayudaron a redirigir y a situar a la educación como eje central del desarrollo del país.

Debido a la falta de reglamentación, asegura el académico, todos los ministros de Educación aprovecharon para argumentar que si asignaban recursos más arriba del IPC estarían violando las normas, lo que en su opinión es una mentira, porque la Ley 30 nunca fijó techos para invertir en la educación superior. A ese difícil contexto se sumaron las presiones del BM, que condicionó el otorgamiento de créditos a la aplicación de sus políticas; por ejemplo, que el financiamiento de la educación superior no podía sobrepasar el 20 % del gasto público total y que había que promover a las instituciones privadas como protagonistas en el manejo de la educación.

“De la noche a la mañana, y sin explicar el porqué, en los años noventa el organismo definió que ahora sí los Gobiernos debían financiar la educación superior, pero más la privada que la pública. De ahí que se hayan instaurado programas como Ser Pilo Paga, que es una copia del sistema chileno, donde los mejores 27.000 alumnos en las pruebas estatales de conocimiento (lo que aquí se llama Pruebas Saber) reciben una beca para acceder a universidades acreditadas privadas. ¿Eso qué significa?, que con recursos públicos se ayuda a financiar la educación de los más ricos. Y hay algo grave que casi nadie se atreve a decir, y es que en estos programas el nivel de deserción es casi nulo, porque hay órdenes de no reprobar a los beneficiados, ya que si esos jóvenes salen, se afectan las finanzas”, manifiesta el exdecano.

La tendencia a privilegiar la educación privada en Colombia también se evidencia en el papel que ha cumplido el Icetex en las últimas décadas: ser una entidad de otorgamiento de créditos para que las clases menos pudientes accedan a la educación superior, sobre todo a decenas de instituciones de dudosa calidad. Este y otros graves problemas estructurales del sistema educativo colombiano “hacen necesario que el país llegue a unos acuerdos fundamentales sobre qué queremos para nuestros niños y jóvenes”, expone el profesor Misas.

En primaria, por ejemplo, aceptar que los retornos económicos y sociales son mayores que otras formas de inversión en educación, como lo muestra la evidencia teórica y la experiencia en los países desarrollados; que la educación secundaria debe tener una única jornada, con un currículo mucho más amplio que permita desarrollar el sentido crítico de los estudiantes; y en la formación superior es indudable la necesidad de destinar más recursos económicos, claro está, dice el experto: con el compromiso de las instituciones de mejorar las metas de calidad y eficiencia.

“Es imposible que la universidad, como quiere el Gobierno, se sostenga con el arancel (lo que en Colombia se llama matrícula) que pagan los estudiantes, eso no sucede en ningún país serio; además es ilógico, porque las inversiones en adquisición de nueva tecnología de cómputo, las revistas electrónicas indexadas y los laboratorios, entre otras herramientas necesarias para hacer investigación en los niveles de maestría y doctorado, no deben ser costeados con los aportes de quienes ingresan al pregrado. Ni siquiera Harvard, que es privada, se financia de esta forma”, concluye el profesor Misas.

Fuente de la Noticia:

Sobre la incidencia del Banco Mundial en las políticas de educación superior

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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 3 de febrero de 2019: hora tras hora (24×24)

3 de febrero de 2019 / Autor: Editores OVE

Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 3 de febrero de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.

00:00:00 – Nicaragua: Jóvenes serán afectados con recorte de presupuesto universitario

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01:00:00 – El aprendizaje autónomo en educación superior. Entrevista con Joan Rué

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02:00:00 – Estados Unidos: Crece la rebelión docente en estados demócratas: educadores de Denver deciden iniciar la huelga mientras en Los Angeles gritan victoria

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03:00:00 – La educación en México: balance de un sexenio

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04:00:00 – Reino Unido: sindicatos piden una mejor financiación de la educación

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05:00:00 – Libro: Ideas en la educación latinoamericana. Un balance historiográfico (PDF)

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06:00:00 – Colombia: Sobre la incidencia del Banco Mundial en las políticas de educación superior

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07:00:00 – La agenda 2030: un marco global para la privatización y el comercio educativo

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08:00:00 – Libro: Aprendizaje activo, diversidad e inclusión. Enfoque, metodologías y recomendaciones para su implementación (PDF)

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09:00:00 – Podcast nº13 – Cita Educacional – Formación de profesores (Audio)

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10:00:00 – Libro: El aula diversificada (PDF)

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11:00:00 – Davos pide a gritos una nueva educación

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12:00:00 – Libro: Desarrollo y aprendizaje en el ciclo inicial. Valoración y abordaje pedagógico. Una reflexión a partir de la experiencia (PDF)

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13:00:00 – Preguntas para el INEE

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14:00:00 – España: La ópera se transforma en un vehículo de aprendizaje

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15:00:00 – Cruzada contra educación sexual socava avances en América Latina

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16:00:00 – La ANP denuncia planes israelíes para cerrar escuelas palestinas en Jerusalén

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17:00:00 – Señalados con la tiza – Cortometraje documental sobre la educación

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18:00:00 – República Dominicana: Advierten tendencia a privatizar educación

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19:00:00 – 10 reflexiones sobre educación que convendría debatir – Por Fander Falconí | Especial para NODAL

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20:00:00 – Orden y retroceso en las aulas de Brasil

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21:00:00 – Guatemala: Aulas que se caen a pedazos

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22:00:00 – Paraguay: Política y corrupción son culpables de la pésima educación, afirma ministro

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23:00:00 – En las aulas se define el futuro de Cuba

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En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.

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El todo y las partes

Por: Francisco Cajiao.

No cabe duda de que ha llegado el momento de una reforma profunda de la Ley 30.

Ya Aristóteles tenía claro que el todo es más que la suma de sus partes, y este principio se aplica de manera muy precisa a la educación. Por eso resolver el problema de la educación superior no implica que de inmediato tendremos un mejor sistema educativo en Colombia.

Ha sido muy importante la movilización de los estudiantes a lo largo de este mes, y, aunque todavía no hay noticias claras sobre el resultado de la negociación con el Gobierno, sería deseable continuar con las actividades académicas antes de concluir el año, pues no tiene sentido reclamar grandes sumas de dinero para luego tirarlas al caño, como sucedería si se cancela el semestre. Eso, por supuesto, no impide que se continúen las conversaciones, dándoles un alcance que supere los asuntos coyunturales.

No cabe duda de que ha llegado el momento de una reforma profunda de la Ley 30, que tiene más de un cuarto de siglo, en el que los cambios tecnológicos, sociales y culturales han sido enormes. Colombia diseñó un sistema de educación superior que apenas compensaba los mínimos de un país que aún no se imaginaba (como tampoco es capaz de hacerlo ahora) un destino de modernidad. Para poner solo un ejemplo, en 1992, año de la ley, no se había establecido internet en Colombia (Cetcol apareció en 1994), y, por lo tanto, era imposible calcular las inversiones que se requerirían en sistemas y telecomunicaciones.

La discusión sobre lo esencial no puede concluirse en un par de semanas ni de meses, pero, sobre todo, no puede abordarse sin mirar qué ocurre con el resto del sistema educativo. Más de la mitad de los cuantiosos recursos que demanda una educación universitaria de buena calidad se pierden, pues la tasa de deserción sigue rondando el 50 por ciento y la de graduación no llega al 40 por ciento en algunos casos. Y esto sucede también en las instituciones públicas.

Se trata de un fenómeno complejo relacionado con factores socioeconómicos, pero, en muy alto grado, con problemas que provienen de la educación básica. Basta ver los resultados de las pruebas nacionales e internacionales en relación con capacidad de leer y escribir, pensamiento matemático y pensamiento científico. Desde la primera infancia se cultivan las capacidades, actitudes y el gusto por el conocimiento, la ciencia, el compromiso de desarrollar soluciones para mejorar la vida individual y colectiva. Si allí los niños se limitan a obedecer, estar quietos y repetir incansablemente contenidos triviales y rutinas de sumisión, sería imposible que mágicamente se conviertan en talentos productivos a los 15 años.

Esto lo saben de sobra los países más desarrollados del mundo, y por eso abordaron reformas educativas verdaderamente audaces, mientras que nosotros seguimos poniendo pequeños y conflictivos parches sin orientación precisa. Está bien hablar, por ejemplo, de jornada única, pero es ingenuo esperar de ella resultados si no hay un currículo que marque el norte. No en vano, la Unesco define el currículo como un acuerdo político y no como una malla de asignaturas y contenidos inconexos y sin significado alguno.

Nadie mejor que la actual ministra de Educación, a quien la urgencia no le ha dado tiempo para ocuparse de lo importante –que conoce muy bien–, para abordar en su conjunto la discusión sobre un sistema educativo que no es más que un archipiélago de subsistemas que no se comunican ni se alimentan. Los maestros son producto de las universidades, los estudiantes de primaria alimentan la educación secundaria, las vocaciones del futuro se maduran desde la primera adolescencia, la participación ciudadana comienza en el gobierno escolar, y la salud de los niños se inicia antes del parto.

Necesitamos encontrar salidas para los problemas inmediatos de la educación superior, pero las soluciones reales no se conseguirán sin articular los mil pedazos de nuestra educación en un todo coherente.

Fuente del artículo:  https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/francisco-cajiao/el-todo-y-las-partes-columna-de-francisco-cajiao-298266

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La educación pública universitaria en estado de coma

Colombia / 21 de octubre de 2018 / Autor: Miguel A. Herrera Zgaib / Fuente: Radio Macondo

En este último año, 2018, se incrementó la letanía de la Ley 30 de 1992, que estableció las bases para el estatuto que rige la educación superior en Colombia. Ley que volvió a la liza política, una vez que los estudiantes colombianos, organizados en la Mane impidieron la contra-reforma educativa, pero no tuvieron la fuerza y el consenso suficiente para darle curso, vía Congreso, a una reforma progresista a dicho estatuto.

Este estatuto ya había revelado un diseño financiero inapropiado, en materia de presupuesto para la educación superior, cuando estableció que el incremento de la financiación estatal quedaba atado al incremento anual del IPC, mientras que a partir de 1993, al mismo tiempo se producía un incremento exponencial en la demanda de estudiantes al Sistema Universitario Estatal, SUE, sin que los recursos tuvieran un aumento siquiera proporcional a la nueva población estudiantil in crescendo.

La ley 32 decía corresponder a los primeros años de la reforma del Estado autoritario y excluyente que fue creado en 1886, el que después de guerras intestinas, dirigidas por los señores de la tierra, se reproducía, con poquísimas reformas; ninguna apta para romperle el espinazo a los privilegios socio-económicos celosamente mantenidos desde la colonia por una intelectualidad en su gran mayoría obsecuente y sumisa.

Todo esto a pesar de lo sostenido por Darío Echandía, cancerbero de la reforma del 36, durante los años dorados de “la revolución en marcha” de Alfonso López Pumarejo, un avezado centenarista a quien la Nacional rinde homenaje en un espacio rebautizado con su nombre, que hace parte de las que fueran las residencias Uriel Gutiérrez, cuya parte posterior colapsó hace varios años, disimulada por un improvisado corral de latas de zinc.

Este grotesco cercamiento simboliza bien el abandono presupuestal de la principal universidad de la nación, que empezó llamándose Central, de acuerdo con la Ley de 18 de marzo de 1826, junto a su otras dos hermanas en el fugaz tiempo de la Gran Colombia, la de Quito y de Caracas, que aún conservan el nombre original que le dieron los próceres masones e ilustrados, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, removido de la plaza central de la Ciudad Blanca, para rebautizarla como Ché hasta nuestros días.

La joya de la corona de la educación pública, bajo el cobijo de la sentencia latina “omnium potentior est sapientia”, esto es, que “la sabiduría todo lo puede”, por el contrario, ha estado sometida por largos años a una sequía presupuestal regada por un rosario impenitente, despiadado de años de desidia y olvido gubernamental, que la tienen en literal estado de coma, jugándose sus restos.

Tal abandono y postración se encuentran probados de sobra, hasta el absurdo, para todo el que haga la experiencia de recorrer sus vías, principales y adyacentes, para descubrir con estupor, que la Nacho, como le decimos cariñosamente, es un “fractal negativo”, que copia la situación de la ciudad capital que la aloja.

Este recorrido digno de un camino de herradura, hasta la fecha no lo hizo, ni el atento presidente de Colombia, Iván Duque, formado en el exterior, bajo el generoso cobijo del BID, que paga en parte la riqueza social colombiana, y mucho menos la actual ministra de educación, María Victoria Angulo, salida de las canteras de la administración distrital.

Sin embargo, en el papel, y para la Ley que rige el gobierno antidemocrático de la Universidad Nacional, el presidente es quien encabeza el CSU, la instancia máxima del gobierno universitario, donde el (a) ministr@ del ramo, lo reemplaza casi de manera inveterada.

La saga incumplida de la igualdad social

La educación pública superior era, y pretende seguir siéndolo una de las ventanas para la promoción del principio liberal de la “igualdad de oportunidades”, tantas veces negado en la práctica, que primero exige para su materialización igualdad de condiciones básicas en términos de vida, condiciones que nunca ha ofrecido la maltrecha república nacida en 1819. Para el año 1993, los privilegiados, porque accedían a los pregrados, eran 159.218, que para el año 2016, ascendieron a 611.800.

Entonces, el presupuesto asignado a las universidades públicas era de 1,72 billones, mientras que para el 2016 se incrementó en 2,93 billones, cuando con una operación simple queda claro que la población estudiantil se triplico en 23 años, el presupuesto para la educación superior ni siquiera alcanzó a duplicarse. Un estudiante en 1992, recibía en promedio $10.825.890, mientras que uno que estudiaba en 2016, apenas le correspondía $ 4.785.338.

Tal y como lo recordó en una conversación histórica, Estanislao Zuleta hablándole a la guerrillerada de clase media y popular, al M-19 reunido en las montañas del Cauca, que preparaba con optimismo el frustrado diálogo nacional de aquel entonces, que la democracia requiere condiciones que la Colombia ni tiene ni obtiene.

Este aserto, la gran brecha de la desigualdad social, no sólo persiste, sino que se amplía. Lo recordó con cifras actualizadas el pasado martes, Alicia Puyana, economista formada en Praga, en interlocución directa con Ota Sick, y en Oxford, en las líneas principales, más sustanciosas, del discurso de aceptación de su ingreso como miembro de número de la Academia Colombiana de Economistas.

Esta realidad se reafirmó en la respuesta que le dio la otra académica, Consuelo Ahumada, para corroborar su decir, a la vez que resaltaba el tremendo drama de las minorías étnicas, que, en número superior a dos millones, prueban que la igualdad social es un “trágico sueño guajiro”.

Es lo que se establece 27 años después de que se inauguró el nuevo orden con optimismo circunspecto de los subalternos, de los trabajadores, de los pobres, de los excluidos, de la insurgencia subalterna. Era el promisorio debut de la nueva estructura constitucional sancionada en 1991, cuya arquitectura normativa definía al orden político de Colombia como un estado social de derecho, con una explícita participación ciudadana, y la protección efectiva de los derechos humanos fundamentales, que han hecho célebres millones de veces el socorrido derecho de amparo, la célebre tutela que por estos días quería suprimirse de un plumazo.

A la muerte de la Constitución de 1886, longeva hasta más no poder, en beneficio de los privilegios decimonónicos del bipartidismo forjado al calor de heroísmo y cálculo de los “patricios” que hicieron la guerra de independencia, al frente de sus peones, el ponente de la Ley 30 era el senador Ricardo Mosquera Mesa, probado antes como rector de la Nacional al final de la segunda mitad de la década del 80.

Ahora, en la crisis más severa en la existencia de la Universidad Nacional, de modo paradójico, le toca liderar su salvación en articulo mortis a una rectora, Dolly Montoya, esposa del rector citado, quien fuera activista estudiantil en el año 1971, como ella misma lo ha recordado, cuando enfrentaba la imposición del modelo Atcon, de reforma universitaria, y la financiación injerencista de los Estados Unidos.

Tal reforma, como la reforma agraria eran parte de la prueba dizque de la Alianza para el Progreso, apuntalada a comienzos de los años 60, por la visita de la pareja destruida por los tristes augurios del reino de Camelot. Aquella vez el anfitrión fue Alberto Lleras Camargo, primer secretario de la OEA, el denominado ministerio de colonias del hegemón estadounidense.

La reforma de la Nacho era prenda de garantía para espantar el fantasma del comunismo, cuya tormenta ya había barrido a la vecina Isla de Cuba, donde pronto se estableció la educación pública gratuita, y se alfabetizó a millones de analfabetos, a pocas millas, con brigadas de voluntarios movilizados de la ciudad al campo.

De la consulta anticorrupción a la defensa de la universidad pública

Cuando el nuevo orden de la participación, cuando la democracia, cuando la paz están detenidos, cuando no corrompido el orden constitucional de 1991, por el repetido incumplimiento de la promesa de promover de manera inmediata que la igualdad sea real y efectiva, y en cambio hacer la guerra de exterminio interno de insurgentes y disidentes, el conjunto de los colombianos, y de modo particular, las minorías, cada vez más excluidas, explotadas y oprimidas, se toman las calles a través del estudiantado universitario, y los demás grupos subalternos.

Unos y otros desfilaron, como multitud abigarrada, sin desmanes el pasado miércoles, en las grandes capitales, Bogotá y Medellín, y en las otras superando de acuerdo a cálculos conservadores el medio millón de personas. Todos reclaman el futuro en términos de presente a cumplirse, sin tretas ni engaños.

Así, los jóvenes de Colombia han tomado, cuando no arrebatado simbólicamente, cuando más lo necesita, la batuta de la mano de los mayores, expectantes ante el triunfo electoral de la reacción, la derecha y los tibios en sordina, pegados como lapa a las vetustas fórmulas bipartidistas ampliadas, que, en la sesión de la cámara, con los rectores a borde, apenas tuvo en el coro de representantes a 8 de ellos.

Estas minorías del país político siguen saboteando el tránsito de toda la nación envilecida y desplazada, por millones, de la guerra civil interna, regionalizada a la paz incluyente con las reformas exigidas. Prueba fehaciente de ello fue la actitud del presidente del senado, Macías, del CD, cabeza del bloque reaccionario, hoy dominante, quien descalificó la intervención de la estudiante Jennifer Pedraza, representante al CSU de la Universidad Nacional, para sabotear y cortar su intervención, durante el mismo día en que algo más de 50.000 personas llenaban las principales vías, y copaban la plaza de Bolívar.

El actual presidente y sus coequiperos, de manera descarada, vienen aplazando el avance real de los acuerdos propios de una paz incluyente, porque la paz de Santos, con todo, quedó encerrada en los postulados neoliberales, que le señalaron una suerte de muerte prematura a éstos, y a la educación pública superior, desangrando sus presupuestos; aplicándole el préstamo gota a gota.

En la comisión del presupuesto actual, la senadora Aída Abella se enteró que los anunciados $500.000 millones para la educación superior no serían ejecutados, entregados para la vigencia presente de 2018, donde las universidades públicas están estranguladas, empezando por la Universidad Nacional. El plan era que esto ocurriera para el año 2019, y con una orla de exigencias múltiples para su desembolso.

La denuncia pública de la senadora electa por la lista de la decencia, sobreviviente de la masacre de la UP, y sobre todo, la multitudinaria presencia estudiantil en las calles, hicieron que al día siguiente el gobierno de Duque/Uribe cambiara los planes y anunciara que dicha partida, sin afectar el presupuesto tendrá ejecución inmediata.

Hoy, más que nunca con el estudiantado movilizado quedó más que claro, que los acuerdos de paz de La Habana, en sus más de 400 páginas guardaron silencio sobre la suerte del SUE, y la educación pública estatal, porque en ellos no tuvo la comunidad universitaria una vocería real, una representación en las negociaciones.

Todo lo cual prueba que la disputa hegemónica de los subalternos, sociales e insurgentes, adolecía para entonces de una propuesta que encare el agujero negro de la reforma intelectual y moral, de la que es pieza maestra la reforma educativa integra, herencia abandonada, por una modernidad contrahecha como la de Colombia, “conducida” casi sin excepción por una intelectualidad cosmopolita, separada de los grupos y clases subalternas, con notables excepciones.

Saldando una deuda histórica

Tal divorcio histórico, entre intelectuales y pueblo que Jorge E. Gaitán, advirtió para los tiempos de la generación de los nuevos, se mantiene. A él han respondido los herederos del grito de Córdoba de 1918, cuando organizaron el paro nacional universitario del año 1971, que acordó un Plan Mínimo.

Era la respuesta a la reforma Patiño, que no pocos alaban, porque aclimató en últimas la universidad de entonces a los imperativos de la modernización capitalista, como antídoto al socialismo triunfante en la Cuba de entonces.

De nuevo, en 2011, el estudiantado en lucha recogió y amplió con lucidez las banderas de 1971, pero sucumbió ante un Congreso reaccionario, que impidió la prosperidad de una reforma progresiva de la Ley 30 de 1992, a la cual respondieron en el clímax del movimiento con un proyecto que quedó sepultado en los cajones del Congreso entonces controlado por el bloque en el poder del reformista neoliberal, Juan Manuel Santos.

Esta contra-reforma siguió, sin embargo, avanzando, a través de la asfixia al presupuesto de las universidades públicas, drenándolas con el “invento” del programa “ser pilo paga”, que utilizó a los pobres inteligentes y aprovechados, en número superior a 40.000, para subsidiar groseramente a la universidad privada de elite.

Ahora, siete años después, con renovadas banderas, y dos organizaciones estudiantiles nacionales, animadas por dos proyectos políticos de signo diverso, la responsabilidad con la reforma y la salvación de la universidad colombiana, experimentan su prueba de fuego en público y en privado.

En la plaza pública, ante una imponente movilización, se dieron dos indicios contraproducentes, el intento de impedir la intervención de Jennifer Pedraza, militante del proyecto organizativo de la OCE, del que es animador político el PDA/MOIR. Ella hablaba en nombre del estudiantado como representante electa ante el CSU, de la U. Nacional.

El segundo fue la censura, a posteriori, de la participación de Gustavo Petro, el candidato presidencial de la oposición, senador comprometido con la causa de la educación pública; a la que se sumó la imposibilidad que interviniera la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, que apenas le fue permitido subir a la tarima.

Después de la movilización del 10 de octubre, las 32 universidades están deliberando, y más de 10 han decretado como resultado, un paro hasta el 21 de octubre, al ser notificados de los $500.000 millones que entregará el gobierno nacional para paliar la crisis, cuando el funcionamiento de las universidades públicas requiere $ 4,5 billones para el año 2019.

Todas las universidades en paro, o en asamblea permanente han convocado a una mega manifestación nacional para el 17 de octubre. Las direcciones del movimiento estudiantil, y en particular, dos, la UNES, y la ACRES, tienen que rescatar la pluralidad, y corregir los errores del inmediato pasado, ahora cuando han vuelto a la calle con cientos de miles de estudiantes, profesores y padres de familia. Ellos que encarnan, la parte de los sin parte, tienen que convocar con el ejemplo, sin exclusiones.

Para mostrar la madurez del conjunto del movimiento estudiantil, y el empuje de la democracia subalterna. Y convencer a la gran mayoría de la nación que los respalda como respuesta a su efectiva pedagogía ciudadana, azotada como está, por demás, por las afujías producto la crisis del modelo minero energético y agro-exportador impuesto por la vulgata neoliberal.

El curso de este y los siguientes días nos probarán a todos si la intelectualidad joven corrige con audacia e ingenio propositivo el mundo de los mayores, y que está preparada para hacer las reformas urgentes, así como para convocar, si la negativa gubernamental se empecina en quemarle billones a la guerra, en vez de invertirlos en desmontar la desigualdad social, a una Constituyente Educativa.

Ella será el portal de entrada a la Constituyente Social que le de concreción a los acuerdos de paz, que la reacción y la derecha quieren “festinarse” impunemente, como si la nación colombiana aguantara otra guerra. Mientras hacen sonar en contravía de la paz los tambores a somatén.

Fuente del Artículo:

La educación pública universitaria en estado de coma

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