Cynthia Duk, directora del Centro de Desarrollo e Innovación en Educación Inclusiva de Chile: “La escuela inclusiva debiera ser una escuela no sexista, no racista, no discapacitante y no clasista”

La inclusión, ya sea en Chile, en América Latina o en España, ha de suponer un cambio de mirada sobre el alumnado. «Responde al desafío de conseguir que todos los alumnos se desarrollen plenamente, aprendan y participen en la vida en sociedad».

Por Meritxell Freixas Martorell

Duk participó en las primeras experiencias de integración con niños y niñas con discapacidad en Chile. De ellas aprendió a “ampliar el foco” y entendió que “la inclusión no era un tema de discapacidad, sino un tema vinculado a la educación en general”. Aunque es optimista con los avances en materia de integración, sobretodo en el acceso, reconoce que “la calidad desigual” en los sistemas educativos sigue siendo una asignatura pendiente en América Latina.

¿De qué hablamos cuando nos referimos “educación inclusiva” en América Latina?

Desde la mirada latinoamericana, tiene que ver con el sistema educativo en su conjunto. La educación inclusiva no se reduce a la inclusión a las personas con discapacidad, que tienen necesidades educativas especiales. Los incluye, pero va más allá de este colectivo. Tiene que ver con todo. Es la educación que desde las estructuras comunes busca dar cuenta de las especificidades, –identidades, características y necesidades– que definen a los seres humanos. Por eso, es tan compleja y tiene tantas dimensiones; no hay límites en dónde comienza y dónde termina. Responde al desafío de conseguir que todos los alumnos se desarrollen plenamente, aprendan y participen en la vida en sociedad. En sistemas y sociedades muy desiguales –como la chilena– la educación inclusiva adquiere mucha más relevancia.

¿Qué diagnóstico hace del estado de salud en América Latina, considerando los principios establecidos por la UNESCO en las distintas conferencias internacionales (Jomtien en 1990, Salamanca en 1994 y Dakar 2000)?

Hay distintas aristas. En términos de cobertura y acceso, la región ha hecho grandes avances. Todavía hay países que no tienen todos los niveles de cobertura deseados, por ejemplo, Nicaragua o El Salvador. Las deudas en cobertura recaen en la población indígena, los sectores rurales y las personas con discapacidad. El mayor problema es la desigual calidad de la educación. La mayor calidad llega a los sectores de más recursos, y la de peor es la que reciben los sectores más desfavorecidos. No podemos equiparar resultados educativos entre los estudiantes más desventajados con los más aventajados si ni siquiera les ofrecemos igual calidad de la educación.

¿Cómo se puede construir una escuela inclusiva en ciudades segregadas y distribuidas de formas desiguales, como es común en América Latina?

Hay uno de los autores de referencia sobre inclusión, Mel Ainscow, que señala que el mensaje de la inclusión es entendible y cargado de principios éticos y valores. ¿Quién podría oponerse a ella? Sin embargo, su puesta en práctica, es altamente compleja. Cuando hablamos de inclusión lo hacemos poniendo un foco en la complejidad, no se puede observar desde una sola perspectiva porque tiene muchas aristas y dimensiones. Uno de los aspectos importantes para avanzar en esta dirección es desarrollar el ojo y la mirada de hacia dónde están las barreras para la inclusión.

¿Cuáles son?

Tenemos muchas presiones contrapuestas a estos valores y, por esto, se hace tan difícil. Eso se traduce en altos niveles de segregación a nivel escolar. Además, la población está distribuida según nivel socioeconómico de ciertos barrios y se produce una tendencia de crear guetos. Como consecuencia, no se produce mixtura y no hay encuentro entre clases sociales. También se da segregación escolar por rendimiento académico, capacidades, etc. Eso es una de las cosas que en Chile hemos intentado combatir a través de la Ley de Inclusión. La segregación por rendimiento académico por la vía de la selección de los estudiantes es un fenómeno propiamente chileno. En países con fuerte educación pública y sistema educativo valorado por la sociedad, el fenómeno de la segregación académica se da menos. Me temo que terminemos con un sistema educativo altamente segregado según nacionalidades, también. Porque el fenómeno de la migración se ha exacerbado en los últimos cuatro años.

Este es un fenómeno que se vive en España. Hay escuelas públicas con alta población de alumnado migrante, mientras que en centro privados o de barrios más enriquecidos el porcentaje de alumnos extranjeros es muy bajo.

Aquí estamos iniciando este camino y observo que se está reproduciendo esa tendencia a la segregación por migración. Esto hace pensar ¿por qué no aprendemos de otras experiencias para evitar que se profundice la segregación?

En sociedades racistas, ¿cómo se trabaja desde la escuela para superar para eso?

La escuela inclusiva debiera ser una escuela no sexista, no racista, no discapacitante y no clasista. Por eso es una aspiración, es un ideal, un proceso largo. Son visiones que se ponen de moda. Son conceptos que están tan cargados de valores que empiezan a aparecer en todos los discursos.

En una de sus editoriales en la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva habla precisamente de esto y dice que el concepto se utiliza tanto que se le ha vaciado de significado.

Exacto. Los hemos usado tanto que está gastado y pierde sentido. Creemos que una escuela que recibe a migrantes ya es inclusiva. Y eso no necesariamente es así, habría que ver la pluralidad, la política de convivencia y sus reglamentos, etc.

En América Latina existe todavía debate en torno a las escuelas especiales para los niños que conviven con alguna discapacidad. Se las defiende con argumentos como que ofrecen más atención a sus alumnos, por ejemplo. Sin embargo, autores como el australiano Roger Slee dicen que los niños que van en escuelas segregadas tendrán más dificultades a la hora de ingresar al instituto o encontrar un trabajo.

Tengo la convicción de eso, coincido plenamente con Slee. Sin embargo, hay un debate fuerte sobre los jóvenes que tienen una discapacidad muy severa. ¿Qué hacer si en el sistema común no tienen las mejores condiciones para tener la atención no sólo educativa, sino también vinculada a la salud? En esos casos, sí creo que es mejor que estén en escuelas especiales. Pero es una población muy específica y minoritaria. Los estudiantes que han hecho todo su proceso educativo en escuelas especiales tienen muchos menos recursos personales y habilidades para insertarse en la vida cotidiana e interactuar en la sociedad. Si no se interactúa con el otro, no se le conoce, no hay contacto, entonces no se produce el cambio cultural hacia la integración.

¿Qué desafíos enfrentan hoy los profesionales que trabajan en escuelas inclusivas?

Los mayores desafíos tienen que ver con los valores y las actitudes de los adultos. La inclusión implica un cambio actitudinal de los profesores que tiene que ver con cómo interpretan su rol y cómo se disponen a entender al grupo. Eso no es nada fácil. El cambio de actitud tiene que ver con la atención, el tiempo, la dedicación que los profesores otorgan a conocer a sus estudiantes. Dar respuesta a la multiplicidad de necesidades y demandas es muy complejo. Tienen que tratar de mirar a todos los estudiantes, pero en su individualidad. Implica deconstruirse, por eso es tan difícil. Los profesores pueden hacer los mejores esfuerzos y tener su intención, pero les juegan en contra las concepciones previas (las presiones internas) y las presiones externas (conseguir mejores resultados, evaluaciones de su trabajo, etc.). Siempre miramos la mayoría y los extremos.

¿Qué buenas prácticas hay en la región?

Los mayores avances están en los cambios en las legislaciones que la mayoría de los países en sus leyes de educación están empujando. Hay mucha más consciencia y compromiso que se traducen en legislaciones y políticas orientadas a mejorar la calidad, sobretodo en las últimas dos o tres décadas. Estamos hablando de países pobres, que les faltan recursos, pero a pesar de esto las políticas se orientan en una dirección correcta. Hay muchas experiencias notables en todos los países, incluso en regiones concretas de estos, donde se ven avances más sostenidos. El concepto y la visión de educación inclusiva ha ido permeando los sistemas en América Latina, donde los países tienen claro que la inclusión es una vía para combatir las desigualdades.

¿Nos hemos hechos cargo de los beneficios que la inclusión tiene para el conjunto, más allá de los beneficiarios directos?

Ahí nos falta mucho, pero ese es el gran desafío. Siempre se considera un beneficio para las minorías. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el movimiento feminista: la equidad de género se ve como un beneficio para las mujeres, no para toda la sociedad. La mayoría de los hombres no le ven las ventajas que tiene para ellos como individuos de la sociedad. Nos cuesta ver el beneficio que como sociedad podemos obtener. También nos pasa lo mismo con la migración. Nos preocupamos de ver los efectos en los que viven en la desventaja, pero para los otros también las hay. Una línea de investigación nueva debiera abordar las consecuencias o efectos de la segregación para quienes detentan el poder.

“Hay quienes piensan que la justicia tiene que ver con el mérito”

Poniendo atención en el contexto de chileno, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quiere sustituir la Ley de Inclusión por un proyecto que bautizó como “Admisión Justa”, que devuelve a los colegios la opción de seleccionar su alumnado. Su propuesta se rechazó en el Congreso, por ahora. ¿Qué opina?

Desde 2009 con la Ley General de Educación se prohibió selección hasta 6º básico [11 años], pero estaba tan establecida como mecanismo propio y tan instalada en la cultura que a pesar de que la Ley lo prohibía, las escuelas seguían seleccionando. Además, estaba permitida en la enseñanza media para el acceso a la escuela. Eso contribuía a generar desigualdad y segregación, que se traducía en exclusión por los antecedentes socioeconómicos y culturales de familia, el rendimiento académico, las pruebas que se aplicaban a estudiantes para saber su nivel de competencias, las observaciones de interacciones con otros niños para conocer conductas, comportamientos… Eran mecanismos instalados en muchos colegios de Chile, no sólo en el sistema privado.

¿La Ley de Inclusión, que entró en vigor en 2016, lo corrigió?

Sí, corrige ese mecanismo perverso. La educación inclusiva también se concreta en un acceso igualitario para todas las personas a la educación y a la libertad de las familias de elegir el colegio y la educación que quieren para sus hijos. Lo que ocurría en Chile era que la escuela elegía a los estudiantes y no las familias. Eso se prohibió y se acabó la selección como recurso para la discriminación arbitraria. Por ejemplo, discriminar en algunos centros a hijos de padres separados, o a niños no bautizados. Eso se prohibió con la esperanza de que, si se eliminaba la selección, se produjera más mixtura de forma natural. Se sustituyó la selección por un sistema aleatorio y centralizado en el que las familias pueden elegir a través de un sistema online de postulación y que distribuye a los estudiantes según sus preferencias, sin mirar ningún antecedente previo. Pero con la llegada de un gobierno de orientación ideológica neoliberal y de derecha ahora se pretende reponer la selección bajo el fundamento de la meritocracia.

Así lo explicita el nombre del proyecto “Admisión Justa”.

Hay un sector que realmente piensa que la justicia tiene que ver con el mérito. Creen que aquellos, que tienen más talento o más capacidades, tienen que ir a los mejores colegios. Ahora, la pregunta de vuelta es: ¿Estos colegios obtienen mejores resultados porque son de alta calidad o porque seleccionan, descreman y educan a los mejores? Sin embargo, la propuesta de la ministra fue votada en contra y creo que el Parlamento estuvo a la altura en eso. Fue una señal de que algo está cambiando en Chile y no es tan fácil echar pie atrás a ciertos avances que han sido conquistados y que han sido reivindicaciones del movimiento estudiantil.

¿Qué otros países tienen o han tenido mecanismos selectivos de ese tipo?

Los hay en la mayoría de los países. Segregación escolar por las condiciones económicas hay en todos los países latinoamericanos en niveles altos, y ha ido aumentando con la desigualdad. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la discapacidad, se han hecho esfuerzos muy importantes en todos los países de la región. Se han hecho planes y políticas, y se han desincentivado y han disminuido las escuelas especiales. Hay un alto porcentaje de escuelas regulares que abren las puertas a la discapacidad, pero los estudios muestran que esa proporción de estudiantes que ingresan a las escuelas regulares, luego encuentran la segregación dentro de las propias escuelas.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/05/27/la-escuela-inclusiva-debiera-ser-una-escuela-no-sexista-no-racista-no-discapacitante-y-no-clasista/

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Escuelas de élite y propuesta de “Ley Machuca”.

Por: Tomas Ilabaca.

Pocos días después del triunfo electoral en segunda vuelta de Chile Vamos, el recién electo senador de Evópoli, Felipe Kast, señaló que el futuro gobierno debería impulsar una política educacional que busque democratizar las escuelas de élite por medio de que ellas acepten alumnos provenientes de sectores vulnerables, lo que al mismo tiempo significaría entregar una “educación de mejor calidad” para ellos.

Kast la denominó “ley Machuca” en alusión a la película chilena sobre como un colegio durante la Unidad Popular aceptó alumnos provenientes de clases bajas.

La propuesta de Felipe Kast por un lado devela una buena voluntad por democratizar estos colegios de élite, algo que es absolutamente necesario. Estas escuelas congregan un alumnado proveniente de un nicho selecto (élite socioeconómica) lo que da cuenta de una alta homogeneidad en su origen.

A su vez, si bien estas escuelas poseen una relativa diversidad de proyectos (dentro de ellas hay algunas destinadas a una élite católica conservadora, católica progresista o de tintes más laicos) al interior son absolutamente homogéneas también en estos aspectos.

A nivel curricular, la poca evidencia que existe de ellos da cuenta que la enseñanza se encuentra orientada hacia la formación de una élite empresarial, política y en menor medida intelectual (la gran mayoría de los egresados estudian derecho, ingeniería o economía), y en general con una tendencia ideológica (pertenecientes a los sectores de derecha).

Por otra parte, la propuesta de Kast implicaría el deseo que los alumnos que accederían a dichas escuelas pudiesen tener una educación de mejor calidad, dado que estos colegios se encuentran en la vanguardia en resultados académicos medidos en test estandarizados. Qué duda cabe con los últimos resultados PSU, los cuales son sólo un ejemplo.

El problema de Kast, quien egresó de una de estos colegios, es que su propuesta podría terminar siendo menos inclusiva o democratizante de lo que él podría esperar mientras que también podría significar otro golpe de gracia a la alicaída educación pública chilena. A su vez, devela un profundo sesgo de clase que posee el parlamentario. Vamos por parte.

En primer lugar, si se fomenta el ingreso de alumnos provenientes de diferentes clases sociales, culturas o, por qué no, credos, sin una regulación de la educación que estas escuelas realizan, el resultado sería una colonización de una cultura sobre otra (“educar al bárbaro”), donde el resultado sería seguir observando que los alumnos que salen de dichas escuelas piensan igual, tienen los mismos intereses, las mismas creencias, etc.

Esto ha ocurrido en otros espacios de la élite: una parte menor de la élite empresarial proviene de sectores de clase media, lo que podría significar tener una visión política, ideológica, cultural, diferente a la que caracteriza al empresariado, pero lo que se observa a nivel general es lo contrario, asumen las practicas, discursos e ideología hegemónica dentro de la élite empresarial. Lo mismo puede suceder en estas escuelas, por lo que, para poder realizar un cambio realmente inclusivo y democrático sería necesario establecer diversas regulaciones en estas escuelas.

Un segundo elemento a considerar sería que ocurriese una “huída” de las clases altas de estas escuelas. No es una locura pensar eso ya que ha sucedido en la historia de Chile.

Antiguamente la élite dirigencial del país se educaba en liceos públicos (el Instituto nacional es el mayor ejemplo), pero a medida que las clases medias fueron inscribiendo a sus hijos en estos, la clase alta fue creando y emigrando a escuelas privadas católicas.

La lógica podría ser similar en el tiempo, lo que implicaría un fracaso en hacer en dichas escuelas espacios de mayor mixtura social. Digo podría dado que no necesariamente ocurrirá este fenómeno, pero revisando la historia de Chile, y la constante clausura social de la élite socioeconómica chilena lleva a pensar que podría suceder algo parecido.

No nos olvidemos que en la misma película Machuca, el padre de la familia de clase alta (que se declara socialista) quería huir de Chile dado que “le gustaba el socialismo siempre y cuando no le afectara a él”.

Por último, esta propuesta aparece como completamente contradictoria para un senador que constantemente ha señalado que busca mejorar la educación pública (dentro de sus críticas a la Ley de Inclusión aparece la de que esta no ayudaba a que las familias optaran por la educación pública), dado que consolida el imaginario de que la educación particular es mejor que la pública (aseveración que no es del todo real), por lo tanto fomentaría el deseo de inscribir a los alumnos en escuelas privadas y no públicas.

¿Por qué no pensar en una política que fomente el interés de las familias por poner a sus hijos en la escuela pública?, o al menos, ¿por qué no pensar en políticas que fomenten que las familias de sectores altos pongan a sus hijos en escuelas públicas?

Las escuelas de élite, o de modo general, las escuelas particulares pagadas, se han consolidado como un “nicho intocable” (Madrid 2016) el cual ha servido tanto para la reproducción de una clase social como también de la producción de la misma.

En ese sentido, Kast tiene razón en que existe la necesidad de democratizar y regular dicho sector. Ahora bien, la búsqueda por regular y democratizar la educación privada debe hacerse pensando en todos los aspectos y dinámicas que se desencadenan, y con el claro objetivo de hacer menos desigual el sistema educativo en su conjunto.

Proponer políticas basadas en entusiasmos producto de una victoria electoral y en un marcado sesgo de clase podrían tener causas negativas y que fomenten aún más aspectos de discriminación, desigualdad y segregación que ya son altos en el sistema educativo chileno.

Fuente: http://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/escuelas-de-elite-y-propuesta-de-ley-machuca/2017-12-28/101713.html

Imagen: http://www.viveusa.mx/sites/default/files/styles/interior_nodo/public/field/image/eliteschool.jpg?itok=fxuzN0Bc

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Chile:Bachelet promulga este jueves la ley de desmunicipalización de la educación

Chile/16 noviembre 2017/Fuente: Publimetro

La Presidenta Michelle Bachelet promulgará hoy en La Moneda, a las 9:15 horas, la ley de Nueva Educación Pública, más conocida como de desmunicipalización de la educación, despachada por el Congreso el 3 de octubre pasado.

La iniciativa forma parte de la gran reforma emblemática del Gobierno, que incluye la gratuidad de la educación superior y la Ley de Inclusión, que puso fin al lucro, al copago y a la selección en los establecimientos de la enseñanza básica y media.

La nueva ley busca promover una educación pública gratuita, de calidad, laica y pluralista; que impulse la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad, debiendo en ello considerarse las particularidades locales y regionales que garanticen el ejercicio del derecho a la educación a todas las personas, en sus distintos niveles y modalidades, y en todo el territorio nacional.

El sistema estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Pública; por los Servicios Locales de Educación Pública y por los establecimientos educacionales, con sus distintos niveles y modalidades educativas, los que hoy son administrados por las municipalidades y corporaciones municipales.

Además encarga al Ministerio de Educación, a propuesta de la Dirección de Educación Pública, oyendo a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, establecer la Estrategia Nacional de Educación Pública.

Esta tendrá por objeto mejorar la calidad de la educación provista por los establecimientos educacionales integrantes del sistema, propendiendo al pleno desarrollo de ésta; y tendrá una duración de ocho años, pudiendo modificarse luego de una evaluación a la mitad de dicho periodo o cuando por razones fundadas, debidamente calificadas, así se determine.

La Dirección de Educación Pública será un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educación, encargada de velar por la coordinación de los Servicios Locales de Educación Pública y que éstos provean una educación de calidad en todo el territorio nacional, para lo cual deberá proponer al Ministerio de Educación, la política nacional de fortalecimiento de la educación pública. Fija su organización interna, sus funciones y atribuciones.

Los colegios pertenecientes al Sistema de Educación Pública deberán contar con un proyecto educativo institucional, concordante con el objeto y principios del Sistema de Educación Pública; reconocer la identidad y características de los estudiantes y de la comunidad educativa respectiva y orientar el desarrollo de los diferentes planes y acciones que se lleven a cabo en el establecimiento.

El proyecto contempla la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública, entendidos como organismos administrativos encargados de la provisión del servicio público educacional, los que ejercerán su competencia en unidades territoriales y serán, para todos los efectos, los sostenedores de los establecimientos educacionales de su dependencia.

La dirección y administración de cada uno de estos servicios estará a cargo de un director ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio, nombrado por el Presidente de la República, mediante el proceso de selección de altos directivos públicos. Durará 6 años en su cargo.

Los Consejos Locales de Educación Pública serán colaboradores del director ejecutivo, los que representarán ante éste, los intereses de las comunidades educativas a fin de que el respectivo servicio educacional considere adecuadamente sus necesidades y particularidades.

Además, se establece por ley un financiamiento propio para el sistema de educación pública, el que será del tipo directo, esto es, principalmente a través de las correspondientes asignaciones de recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Asimismo, mediante disposiciones transitorias, se regula la gradualidad de la transición hacia la nueva institucionalidad y los mecanismos de traspaso del servicio educacional desde los actuales sostenedores a los servicios locales, considerando el traspaso de bienes, del personal y el plan de transición para que se produzca en las mejores condiciones posibles.

Del total de 70 Servicios Locales de Educación en Chile, dos se van a establecer e implementar en este 2017; otros dos en 2018; tres en 2019, y cuatro en 2020. Es decir, 11 Servicios Locales de Educación operarán en los primeros tres años de implementación de este proyecto.

Luego, un Consejo de Evaluación que va a funcionar entre 2021y 2022 realizará el monitoreo, la evaluación de la marcha e implementación de este proyecto de ley, de modo que todo el proceso de traspaso de los más de 5.000 establecimientos educacionales quedará implementado hacia el 2030.

Finalmente, se contempla una norma transitoria para que aquellos municipios que estén haciendo una buena gestión, que tengan buenos resultados de desempeño, -sin deudas con los profesores o previsionales o de remuneración- y que tengan un buen ranking, entre otras, puedan postergar el traspaso del servicio educacional.

Fuente: https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2017/11/16/bachelet-promulga-este-jueves-la-ley-desmunicipalizacion-la-educacion.html

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Chile: Uniforme versus buzo: ¿Qué vestimenta es la más adecuada para los alumnos que van al colegio?

Mientras algunos aseguran que el uso de la falda y el pantalón es un medio para enseñar valores y responsabilidad, expertos estiman que no tienen una intencionalidad pedagógica clara.

América del Sur/Chile/14.03.2017/Autor y Fuente: http://www.emol.com/

En Chile, el uso del uniforme escolar no es obligatorio y son los colegios los que determinan la forma en que los alumnos se visten dentro del establecimiento, determinando para ello un reglamento interno. Sin embargo, la nueva Ley de Inclusión, que cumplió un año de vigencia el pasado 1 de marzo, busca flexibilizar las normas de disciplina para evitar la discriminación arbitraria por aspecto físico. La medida contempla el fin de las suspensiones por la forma de uso del uniforme o los accesorios que se añadan a este. Por lo tanto, si un alumno llega sin corbata o con un piercing, el colegio no podrá enviarlo a su casa o impedirle la educación por motivos disciplinarios. «El buzo era bastante más práctico y beneficia a todos; no solo a nosotros sino que también a los alumnos, que se sienten más cómodos» Javiera Gallardo, inspectora Colegio Alcántara.

En ese sentido, y pese a que la gran mayoría de los colegios ha optado por exigir un tipo de uniforme, cada vez aumenta el número de instituciones que permiten asistir a clases con buzo todos los días y no solo aquellos asignados para educación física. En el Colegio Alcántara de La Florida implementaron hace 10 años esta medida y aseguran que era un desgaste inútil y una batalla constante exigirles a los alumnos cumplir con el uso correcto del uniforme.

«El buzo era bastante más práctico y beneficia a todos; no solo a nosotros sino que también a los alumnos, que se sienten más cómodos. Y a los padres, ya que es más fácil de lavar», explica Javiera Gallardo, inspectora general del establecimiento. «Desde el punto de vista de inspectoría, era bastante difícil que los alumnos cumplieran por ejemplo con ponerse la corbata, andar con la camisa adentro del pantalón o la falda, entonces era un desgaste inútil. Independiente si les gustaba o no el uniforme, no lo hacían», describe la inspectora.

Además, agrega que a diferencia de lo que se cree, en el colegio la medida incluso mejoró la disciplina. «Los alumnos al sentirse más cómodos y libres les permite estar más relajados», agrega Gallardo. Según Ximena Bugueños, jefa de división de promoción y resguardo de derechos educacionales de la Superintendencia de Educación, la decisión sobre si aprobar -o no- el buzo escolar para la vestimenta de sus alumnos es un tema que debe ser tratado por toda la comunidad educativa y considerando la comodidad de los estudiantes respecto a las actividades que realicen y al lugar donde las hagan. «No necesariamente un uniforme tiene que responder solamente a cómo se ve más bonito, sino más bien plantearse cuál es la vestimenta apropiada» Ximena Bugueños, jefa de división de la Superintendencia En este sentido, afirma que «se tienen que considerar las características de la escuela, del liceo o del colegio. Es distinto para (los alumnos de) un colegio que está en el ámbito rural o en el ámbito urbano, las temperaturas a las que se enfrentan los niños desde la mañana hasta la tarde» son distintas. «No necesariamente un uniforme tiene que responder solamente a cómo se ve más bonito, sino más bien plantearse cuál es la vestimenta apropiada», dice Bugueños.

Durante el debate sobre la Ley de Inclusión en el Congreso, las posturas contrarias a flexibilizar el uso del uniforme, argumentaron que la vestimenta es un medio para enseñar valores como la responsabilidad y el orden, lo que permite a los alumnos llegar mejor preparados al mundo laboral. Además, argumentan que este genera un respeto con la institución y sentido de pertenencia a un grupo y elimina las diferencias entre niños lo que podría evitar episodios de bullying. De todos modos, expertos en educación afirman que se debiesen flexibilizar las normas disciplinarias en los colegios, ya que estas no tienen una intencionalidad pedagógica clara. «Restricciones como el uso obligatorio del uniforme escolar atentan contra la autonomía de los estudiantes y no tiene una intencionalidad pedagógica clara, más allá de la tradición o el interés de los colegios por diferenciarse. Muchas veces el uniforme más que un objetivo educativo tiene un propósito de estatus», asegura Nicole Cisternas, directora de política educativa de Educación 2020.

Fuente: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/10/848666/Uniforme-versus-buzo-Que-vestimenta-es-la-mas-adecuada-para-los-alumnos-que-van-al-colegio.html

Imagen: http://static.emol.cl/emol50/Fotos/2017/03/09/file_20170309164721.jpg

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Chile: La mayoría de los 93 colegios que solicitaron su cierre son particulares subvencionados

Chile/06 de Marzo de 2017/Entorno Inteligente

La mayoría de los 93 colegios que solicitaron su cierre son particulares subvencionados Entre las razones se cuentan la incertidumbre generada por la Ley de Inclusión, que termina con el lucro, la selección y el copago, y también dificultades económicas.   D. Zúñiga y J. Herrera  Cerca de 100 años tenía el Colegio Inglés Pasionista de Limache cuando, el año pasado, un incendio destruyó por completo sus dependencias. En ese entonces, las clases se reprogramaron en un inmueble facilitado por el municipio. Sin embargo, y según los datos que obtuvo «El Mercurio» a través de Ley de Transparencia, este año el establecimiento subvencionado pidió su cierre total.

En la página web del colegio algunos apoderados lamentaron la decisión, mientras que la directora de Educación Municipal de Limache, Patricia Colarte, informó que ellos se harán cargo de la administración del establecimiento, por lo que no sería necesario reubicar a los estudiantes.

Al igual que este recinto, en nueve regiones del país habrá otros 92 que dejarán de impartir clases este año (ver infografía), aunque la cifra podría variar, pues aún están en proceso la revisión de antecedentes y de apelaciones. Con todo, las solicitudes que hicieron estos establecimientos a las secretarías regionales ministeriales de Educación incluyen cierres definitivos y temporales, o bien el término de una modalidad educativa.

La mayoría de los cierres (70) corresponde a planteles particulares subvencionados, seguidos por municipales (15) y particulares pagados (ocho). Estas cifras son similares a las del año pasado, cuando hubo 92 colegios que pidieron su cierre, de los cuales 71 eran subvencionados. No obstante, confirman un cambio en la tendencia de los últimos años, cuando la mayoría de los cierres correspondía a planteles públicos que tenían baja matrícula.

Uno de los recintos que dejarán de enseñar este año es la Escuela de Lenguaje Altamira, en Coyhaique. «Cerramos por problemas financieros que no se pudieron solucionar», confiesa la directora Nancy López. Agrega que los estudiantes fueron incorporados a otros establecimientos.

Más al norte, la directora de la Escuela Especial Terra Mater, de Ovalle, Verónica González, asegura que su recinto -particular subvencionado- «se cierra netamente por la reforma educacional, solo por eso. Ahora los sostenedores van a decidir qué hacer, pero los estudiantes ya fueron reubicados».

En esa misma línea, Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), afirma que «los que han decidido salirse del sistema lo hicieron porque la Ley de Inclusión sigue teniendo muchas incertidumbres y amenazas que recaen en el sostenedor».

Uno de los aspectos de esta ley -que termina con el lucro, la selección y el copago- es que durante este año los sostenedores deben informar al Mineduc si se transforman en establecimientos sin lucro -y eventualmente a gratuitos-, o bien se convierten en particulares pagados, con lo cual pueden seguir cobrando mensualidades.

Respecto de ese punto, Herrera sostiene que «es una decisión difícil volverse 100% gratuito, porque es una apuesta a continuar con los mismos recursos», pues el aporte económico de los padres será remplazado por uno estatal, sin posibilidad -hasta el momento- de que haya un aumento de los fondos.

En cuanto a los colegios municipales, la mayoría pidió un receso temporal de actividades porque no tenían matrícula.

Sin cierres En seis regiones del país no se informó de solicitudes de cierres de colegios.  

Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/9688192/CHILE-La-mayoria-de-los-93-colegios-que-solicitaron-su-cierre-son-particulares-subvencionados-05032017

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México: Universidades no acreditadas podrán abrir Pedagogía

América del Norte/México/26 Diciembre 2016/Autora: Camila Mardones/Fuente: La Tercera

El texto modifica también la Ley de Inclusión: amplía plazo de tres a seis y 10 años para que los sostenedores arrienden. Planteles autónomos tendrán tres años para obtener certificación de la carrera e institucional. Norma fue creada para nuevas Ues. estatales.

Con la exposición de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la visita de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y Segpres, Nicolás Eyzaguirre, comenzó la tramitación del proyecto de ley miscelánea, que modifica aspectos de la Ley de Inclusión, carrera docente e incluso de la Ley de Aseguramiento de la Calidad (SAC).

Respecto de estas dos últimas normativas, las modificaciones giran en torno a los permisos para abrir las carreras de Pedagogía, ya que las actuales leyes de carrera docente y del SAC sólo dan esta facultad a universidades acreditadas y a planteles en licenciamiento -previo permiso del Consejo Nacional de Educación- crear carreras del área de la enseñanza. Así, la ley miscelánea busca que universidades autónomas no acreditadas puedan abrir Pedagogía y establece un plazo de tres años para que obtengan la certificación institucional y la de la carrera.

Este artículo se diseñó, según explicó la ministra de Educación, Adriana Delpiano, específicamente para que las instituciones estatales de O’Higgins y Aysén puedan impartir Pedagogía, ya que ambas nacieron por ley siendo autónomas.

Eso sí, según el proyecto, los matriculados deberán cumplir con los nuevos requisitos para acceder a estos programas, como estar dentro del 30% del ranking de su colegio y obtener sobre 500 puntos en la PSU.

“Es una posibilidad que se le entrega a una universidad autónoma, puede ser cualquiera autónoma, pero en este caso se está pensado en la U. de O’Higgins, para poder iniciar el proceso de formación de profesores con especialidades de las que hoy el país carece”, señaló la ministra.

Al respecto, el presidente de la comisión, Alberto Robles, señaló que va “a tratar de precisar que esto es específicamente para las nuevas universidades estatales”.

Asimismo, la ley miscelánea establece que las universidades acreditadas podrán abrir nuevas carreras del área docente y tendrán tres años de plazo para certificar el programa.

Ley de Inclusión

La minuta entregada por el gobierno a los diputados señala que se extenderá por tres años más el permiso para que los sostenedores arrienden el inmueble donde funciona su colegio. Además, para aquellos que a junio de 2017 se hayan transformado en fundaciones, se les otorgarán cuatro años más para alquilar. Con esto el plazo para arrendar se extiende de tres hasta un máximo de 10 años.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/universidades-no-acreditadas-podran-abrir-pedagogia/

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