Ley General de Educación Superior

México: Claves para entender la nueva Ley General de Educación Superior

Noticias

Por: Ana María Zorrilla Noriega*

Mediante este artículo se busca contribuir en el entendimiento del cambio que la nueva Ley General de Educación Superior implica para las personas, relaciones y procesos que integran las instituciones de educación superior en México. 

El 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Educación Superior (LGES). El anteproyecto de esta ley se tejió en diversos grupos de trabajo, foros estatales de consulta y mesas redactoras. Después, la iniciativa fue presentada por consenso de casi todos los grupos parlamentarios. Con esta nueva ley, se abrogó la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que había sido publicada en 1978, bajo la presidencia de José López Portillo.

Durante los 43 años transcurridos entre ambas leyes, el sistema mexicano de educación superior se transformó de manera radical: las instituciones que lo conforman se diversificaron, el tipo de sostenimiento de los servicios varió, la matrícula creció de manera significativa, la profesión académica y las modalidades de enseñanza evolucionaron, entre otras cuestiones. Por este motivo, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior resultaba insuficiente para regular este sistema educativo.

El principal propósito de este artículo es contribuir en el entendimiento de este importante cambio regulatorio para la realidad social y educativa de nuestro país. Para comenzar es relevante considerar que, a fin de lograr una regulación adecuada al contexto actual de la educación superior, una nueva ley general era necesaria. ¿Por qué? Una ley general bien diseñada es capaz de articular todas las instancias y los actores involucrados en un sistema; de distribuir las competencias entre las autoridades; así como de desarrollar el régimen constitucional de derechos y obligaciones que sea aplicable.

Lograr lo anterior no es sencillo. El sistema de educación superior en México está conformado por instituciones con distintos regímenes jurídicos, recursos, capacidades y necesidades. Si bien son muchos los cambios que la nueva ley incluye, enseguida se referirán algunas cuestiones clave que vale la pena considerar para comprender sus implicaciones para el día a día de las personas, relaciones y procesos que integran las instituciones de educación superior (IES):

(1) El federalismo educativo propio del Sistema Educativo Nacional ahora se manifiesta en varios aspectos cruciales de la educación superior, tales como la distribución de competencias entre los órdenes federal, estatal y municipal; el reconocimiento de los sistemas estatales de educación superior; así como la previsión de las comisiones estatales para la planeación y los programas estatales para este tipo educativo.

(2) Dentro del sistema de educación superior, ahora se reconocen tres subsistemas: el universitario, el tecnológico, y el de escuelas normales y formación docente en sus diferentes modalidades. Dentro de cada subsistema, existen instituciones con diversos regímenes jurídicos y administrativos.

(3) Se prevé la existencia de instancias de vinculación y gobernanza, entre las que se encuentran nuevos órganos coordinadores. Uno muy importante es el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, órgano colegiado para acordar acciones y estrategias que impulsen la educación superior. Si bien la ley incluye la definición, integración y principales funciones de este consejo, los mecanismos mediante los que operará y los procedimientos para elegir a sus integrantes serán definidos en los lineamientos que proponga la Secretaría de Educación Pública.

(4) En relación con las IES públicas, la ley indica que los mandatos de obligatoriedad y gratuidad establecidos en el artículo 3º constitucional deben cumplirse de manera progresiva y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria; para lo que se contempla la creación de un fondo federal especial. La obligatoriedad significa que el Estado debe asegurar que cualquier persona que termine el bachillerato tenga un lugar que dentro de alguna institución. La gratuidad implica eliminar gradualmente -pero sin retroceder- los cobros de las instituciones públicas al alumnado por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias.

(5) Para las IES que gozan autonomía constitucional o legal, la ley establece un mayor blindaje: ahora se requiere una autorización expresa por parte de los órganos directivos de estas instituciones para que alguna reforma a sus leyes orgánicas sea aprobada. Por otro lado, se contemplan excepciones para los régimenes autónomos y obligaciones que estas instituciones comparten con todas las demás, como las relacionadas con transparencia y rendición de cuentas.

(6) En cuanto a las IES particulares, se señala que su actividad constituye un servicio público; es decir, que está sujeta a un régimen jurídico específico en el que se activan ciertas facultades del Estado. Estas facultades pueden ser de carácter regulatorio, como los procedimientos para otorgar o renovar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, o la opción para simplificar los trámites mediante el Reconocimiento a la Gestión Institucional y Excelencia Educativa. Las facultades también pueden ser de aseguramiento de mínimos necesarios, como puede observarse en la nueva obligación de las instituciones particulares de otorgar becas a por lo menos el 5% de su alumnado inscrito. Finalmente, las facultades también pueden ser de vigilancia y sanción, como las que se incluyen en el esquema de infracciones y sanciones que se establece para este conjunto de instituciones.

(7) La ley plantea avances relevantes en términos de información y movilidad dentro del sistema de educación superior. En primer lugar, se indica la creación del Registro Nacional de Opciones para Educación Superior, mediante el que se darán a conocer los espacios disponibles en las IES, así como los requisitos para el ingreso. En segundo lugar, se contempla la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos, los cuales facilitarán el tránsito de los estudiantes y la continuidad de sus estudios entre la educación superior universitaria, tecnológica y de educación normal. En tercer lugar, se anuncia el establecimiento del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que dependerá de una labor coordinada entre el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

(8) En la ley se incluyen valiosos principios y acciones con enfoque transversal, tales como inclusión, no discriminación, interculturalidad, perspectiva de género, eliminación de la violencia, entre otros. Su incorporación en los ambientes de aprendizaje y las dinámicas de enseñanza dependerán de la capacidad de respuesta de cada institución, que a su vez está determinada por diversos factores como su historia y sus recursos económicos y humanos.

Crédito: Ana María Zorrilla

Si bien la nueva LGES representa un importante avance en la regulación educativa de nuestro país, para dar cuenta de su efectividad en la realidad habrá que estar pendientes de ciertos hitos de implementación, tales como los acuerdos, lineamientos y demás disposiciones que emita la Secretaría de Educación Pública; así como la asignación de los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año. También habrá que estar atentos a las discusiones sobre el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, porque ahí se terminará de regular la relación entre los sistemas (nacional, de educación superior, de ciencia y tecnología, y de mejora continua de la educación), así como importantes mecanismos para la acreditación y evaluación de los programas.

*La autora es integrante de MUxED que actualmente se desempeña como Coordinadora de la Clínica en Derecho y Política Pública y del Proyecto de Cultura de la Legalidad en el Departamento de Derecho del ITAM. Es Doctora en Derecho por la UNAM, Maestra en Derecho y Gobierno por American University Washington College of Law, y realizó estudios de evaluación de políticas y programas educativos en Georgetown University. Redes sociales: Facebook: Ana María Zn, LinkedIn: Ana María Zorrilla Noriega.

Fuente de la información e imagen: https://piedepagina.mx

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Habemus Ley General de Educación Superior; pero…. ¿consensos ?

Educación Futura

Por: Sylvie Didou Aupetit

Cinvestav

El Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó, el 29 de diciembre de 1978, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Este mismo órgano dio a conocer, el 20 de abril de 2021, una Ley General de Educación Superior (LGES), que abrogaba la anterior. Nada más habían transcurrido 43 años, entre uno y otro evento. Durante ese periodo, el sistema nacional de educación superior se había transformado profundamente en cuanto a su conformación segmentada, al tamaño de la matrícula, a los rasgos de la profesión académica, a los soportes de la enseñanza virtual o presencial y al suministro, territorial y por nivel, de los servicios de enseñanza.

Ante la multiplicación de los lugares de aprendizaje y la reconfiguración de los tiempos educativos, contar un nuevo instrumento regulatorio era de hecho indispensable para responder las reestructuraciones contextuales y las inducidas por las políticas públicas de educación superior, durante las pasadas 4 décadas. Era, además un paso esperado, conforme con el activismo legislativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (auto-denominado Cuarta Transformación – 4T), que se había traducido previamente en la aprobación de una Ley General de Educación, el 30 de septiembre 2019.

Una lectura de la LGES, recientemente promulgada, revela su estrecha conexión con los posicionamientos de la 4T, en términos éticos y de equilibrios entre poderes. No sorprende el énfasis del texto en la inclusión, la no-discriminación y la interculturalidad. Esos valores están en sintonía con los desarrollos recientes de la educación superior, a escala continental, y con la moral pública que esgrime el gobierno. Pero la articulación de la LGES con un proyecto partidista no se agota en una dimensión « moral ». Justifica, sobre todo, un reforzamiento de las atribuciones del gobierno federal, en la supervisión del subsistema de educación particular y en la rectoría del público.

El subsistema particular agrupaba el 36.2% de la matricula inscrita en educación superior, en 2019-2020, antes de la pandemia de Covid-19 y el largo cierre de las instalaciones de educación superior. Representaba, en consecuencia, un actor colectivo importante en el sistema educativo nacional, aunque sus componentes fueran heterogéneos. La LGES propone regular su funcionamiento en forma estricta, mediante la aplicación obligatoria de un procedimiento anterior, el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), atribuido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por otras instancias. Si bien ese afán expresa una preocupación por garantizar la calidad de los programas y de los servicios y estandarizarlos con base en criterios mínimos de desempeño, plantea cuestiones sobre las capacidades instaladas en los organismos habilitados a expedir el RVOE para llevar a cabo expeditamente esos procedimientos y a lo que ocurrirá a los establecimientos, si sus programas no lo consiguen.

En ese mismo tenor, habrá que monitorear cómo las instituciones particulares acogerán una propuesta nueva, la de reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa para las instituciones particulares, contenida en el artículo 73. Supuestamente, ese dispositivo aligera los requisitos burocráticos hacia el sector para los establecimientos acreditados pero ¿será suficiente esa oferta conciliadora para que las instituciones particulares acepten, sin reparos, nuevas exigencias, por ejemplo las de obtener un aval externo para impartir las carreras de formación para el magisterio o de otorgar becas a sus estudiantes? Aunque varias ya manejaban sus propios programas de apoyos académicos (por desempeño sobresaliente) o económicos (asistenciales), en una coyuntura de tensiones con el gobierno y de supresión del financiamiento indirecto a ciertas funciones, habrá que verificar si esas disposiciones no envenenarán una relación de por sí degradada.

Es sin embargo en el sistema público donde se encienden los focos rojos. Como era previsible, la LGES formula la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior (artículo 1) en condiciones de acceso gratuito (artículo 4). Las consecuencias de esas decisiones habían sido previamente discutidas en filtraciones sucesivas de las versiones anteriores del documento. Muchos especialistas habían señalado reiteradamente que acarrearían problemas no sólo financieros, sino pedagógicos, cualitativos y de capacidades institucionales de atención a la diversidad y a los nuevos estudiantes. En cierta forma, afectarían la autonomía de las instituciones para aplicar criterios de ingreso, selectivos o abiertos y definir sus cupos. Contribuirían a disminuir los recursos propios de los establecimientos, esencialmente procedentes de cuotas, derechos de inscripción y venta de servicios.

Ante el revuelo provocado, la LGES indicó que esas medidas tendrán una implementación gradual, a partir del ciclo escolar 2022-2023. Señaló, como apoyo a las instituciones, la apertura de un Fondo Especial Federal, cuyo monto dependería de los recursos disponibles. Dada la magnitud de los retos generados y la espada de Damocles que significa la « ·austeridad republicana » para la educación superior, uno puede interrogarse sobre la suficiencia de una medida de esas características y la certidumbre financiera que brinda a establecimientos ya sumidos en una severa crisis presupuestal.

La LGES, indudablemente, está orientada a regular el sistema de educación superior, en su estado actual. Está destinada, asimismo, a apuntalar, en lo educativo, un proyecto político que reivindica el rol interventor del gobierno, en tanto arbitro y financiador de la res publica y, en particular, de los servicios de bienestar. No se sostiene por ende en un ejercicio de construcción de consensos, destinado a reconstruir pactos sociales extensos, sino que remite a una manifestación de poder.

En ese contexto, es probable que la implementación de la LGES no será tersa sino que avivará las discrepancias preexistentes entre sectores partidarios y opositores al gobierno, en la esfera educativa. Más allá de eso, la Ley pregona ambiciones de transformar la educación superior, alineadas sobre los objetivos de refundación ideológica y social del país, perseguidos por la administración federal. Pero, ¿obtendrá el sistema educativo los recursos y los medios indispensables para concretar esos propósitos?

Fuente e imagen: educacionfutura

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LGES: uniformar y controlar

Hugo Aboites

Por: Hugo Aboites*

La iniciativa de Ley General de Educación Superior (LGES) carece de la visión histórica que le permita valorar las profundas diferencias en la educación y su origen. De la Revolución mexicana surgió un normalismo inédito, comprometido y popular; del 68, la autonomía universitaria, un espacio independiente y crítico de formación de alto nivel. Instituciones distintas pero por eso indispensables, y que, desde la educación básica a la superior, construyeron al país del siglo XX. Esas importantes singularidades están hoy a punto de perderse porque la LGES crea un Sistema Nacional de Educación Superior único que, al incluir a la normal como una más de las instituciones productoras de profesionistas, le quita su carácter e identidad de escuela de Estado, espacio de formación de un magisterio de mentalidad comprometida con niños y comunidades y con una idea progresista, profundamente distinta a la que impulsan otras instituciones. Es un sistema que, además, busca que las universidades autónomas lleguen a consensos con las tecnológicas y privadas sobre planes y programas de estudio. Ni las universidades del Bienestar estarán libres de esta presión. Sobre todo cuando este sistema será profundamente autoritario. La ley dice, por ejemplo, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal (SEP) “coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior (Art. 47). Para “modificar y actualizar los planes y programas…de las escuelas normales” (47, VI). Por otro lado, a escala estatal corresponderá a los gobernadores también “de manera exclusiva…coordinar el Sistema Local de Educación Superior” (Art. 48, I) y determinar el desarrollo de la educación superior de la entidad de manera concertada y participativa entre la autoridad educativa local y las instituciones de educación superior (Art. 54, I). Y es un desarrollo concebido como lineal donde no existen vocaciones institucionales distintas, sólo un diferente nivel de desarrollo de las instituciones (Art. 56) y un solo patrón de evaluación, la excelencia (Arts. 58, 59). En el caso de la Ciudad de México, serán coordinadas por el gobierno local, la UNAM, UAM, IPN, tecnológicos, las normales, las universidades del Bienestar, y, por supuesto, las privadas. Y, como en cada estado, entre todos podrán consensarse contenidos “para que… sean incluidos en los planes y programas de las escuelas normales.” (Art. 48, VI). Con la acotación de que en todo esto valdrá igual el voto de la Universidad Platón, digamos, que el de la UNAM. Y esa es sólo una de las 50 atribuciones que tiene la estructura federal-estatal (Ver Arts. 47-49). Pero, además, un Consejo Nacional para la Coordinación de la E.S. incorporará funciones adicionales (Art. 53), y tendrá una composición nada democrática: de un total de 118 miembros casi todos (100) serán autoridades (de SEP-Conacyt, estatales, rectores importantes, Anuies, rectores y rectoras de públicas y privadas). El resto, 18, serán académicos y estudiantes, pero, no ilusionarse demasiado, estas personas serán propuestas por una instancia oficial y elegidas por el [propio]Consejo, que podrá funcionar sin ellas. En suma, el consejo viene a institucionalizar el poder que ya ejercían ciertos rectores clave, muchos de los gobernadores en la relación con las universidades locales, el sector privado educativo (incluyendo Coparmex) y la cúpula de la Anuies.

La nueva organización del poder que establece la LGES, va aún más lejos. El sector privado tendrá acceso a los centros de decisión. Así, respecto del Consejo Nacional de Participación, se habla de los titulares de las instituciones públicas y privadas (Art.52). Y tendrán un peso muy importante porque gracias al número de instituciones privadas (3.2 mil vs. 2.2 mil públicas) inevitablemente serán parte importante de los 54 representantes de subsistema y región que forman dicho consejo (Art. 52). Podrán también ser parte de la representación de la Anuies –entre los gobernadores tendrán algunos de su lado– y finalmente las privadas podrán acceder al Reconocimiento a la Excelencia Educativa (Art. 72), algo que dará prestigio y clientes.

La inclusión de este nuevo actor privado y privatizador, a la conducción nacional de la educación superior contrasta violentamente con la exclusión que se hace a una verdaderamente libre y significativa representación de estudiantes y trabajadores académicos y administrativo y sus problemas. Con todo lo anterior, es posible pensar que será aún más conflictivo el contexto que en los pasados 20 años ha atestiguado potentes movilizaciones contra la modernización educativa impuesta y privatizadora: en la UNAM, IPN, UAM, y en el sector normalista-magisterial, contra la reforma educativa y Ayotzinapa. Y la LGES ni siquiera garantiza el derecho humano a la educación, pues cede a rectores públicos y privados, el poder para imponer requisitos. ¿La 4ª transformación?

*UAM-Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/10/10/opinion/012a2pol

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¿Qué pasa en la UNAM?

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

En los últimos meses han ocurrido en la Universidad Nacional una serie de paros, toma de instalaciones y suspensión de actividades en varias de las entidades de la institución, principalmente en las escuelas del bachillerato. Al momento de escribir esta colaboración se mantienen en suspensión cuatro planteles de la UNAM: las preparatorias Tres, Siete y Nueve, así como la Facultad de Filosofía y Letras.

En noviembre del año pasado se suspendieron actividades dos semanas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esa coyuntura, el tema de la violencia de género ocupó el lugar central, y la solución del conflicto se derivó del compromiso institucional de atender a las demandas formuladas por el colectivo de mujeres que participó en la toma.

Un elemento común de las actuales expresiones de protesta ha sido el reclamo por la insuficiente atención a demandas relacionadas con acoso y otras formas de violencia de género. Desde la perspectiva de los grupos estudiantiles que han protagonizado o participado en esos eventos, las autoridades universitarias han sido omisas para resolver la problemática. También se ha señalado la inoperancia de dispositivos tales como protocolos, recomendaciones o campañas centradas más en la persuasión que en un efectivo rediseño de las pautas de convivencia universitaria.

En algunos casos, principalmente en las escuelas de bachillerato, a las demandas de género se han agregado otras: las condiciones de seguridad dentro y en el entorno de los planteles, los servicios de auxilio médico, el equipamiento de aulas y talleres, e incluso la disponibilidad de espacios para los colectivos de acción política y cultural. Persiste la exigencia de erradicar el porrismo en las escuelas y se han denunciado casos de posible corrupción o abuso de autoridad de funcionarios e incluso profesores, entre otros temas. Además se demanda la reformulación de los protocolos para la atención de las formas de violencia de género, en cuyo diseño participen los colectivos de mujeres estudiantes, la impartición de asignaturas obligatorias para concientizar a los estudiantes en la temática, así como la creación de servicios para el apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.

Una de las demandas más complejas, presente en varios de los paros, es aquella que exige la expulsión o despido, según el caso, de estudiantes, académicos, funcionarios o trabajadores que han sido señalados, incluso en forma anónima, como posibles victimarios o cómplices de casos de acoso o violencia sexual. Las posibilidades de un procesamiento con justicia de acusaciones de esta naturaleza probablemente exceden las capacidades institucionales, por ello su solución no es sencilla como elemento de una negociación mutuamente satisfactoria entre las partes.

Una pregunta que ronda el ambiente es ¿se trata de movilizaciones aisladas, de movimientos articulados entre sí, o de protestas dirigidas desde el exterior universitario para desestabilizar a la institución? Las hipótesis de un complot contra la institucionalidad cobraron credibilidad en la coyuntura del proceso de elección del rector a finales del año pasado, entre otros factores por la participación en el proceso sucesorio de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La reelección de Enrique Graue al frente de la Universidad no modificó sustancialmente la conflictividad de la protesta; quienes pensaban que una vez concluido el trámite de cambio o renovación de la rectoría se aplacaría el conflicto estaban equivocados, ello no ocurrió así, más bien al contrario.

No puede dudarse que los grupos promotores de las tomas de instalaciones se comunican entre sí, es de sentido común. Pero hay una distancia entre ello y la hipótesis de un único movimiento coordinado y articulado por una dirección central y estratégica. Es poco probable si se toma en cuenta la relativa diversidad de expresiones, demandas específicas, fórmulas de negociación e incluso la auto-caracterización de los colectivos protagonistas. Todo parece indicar, más bien, que hay una influencia recíproca en los repertorios de la protesta, en el eje compartido sobre las demandas de género y probablemente también en los esquemas de resistencia/negociación.

Desde luego es llamativa la dificultad que priva hasta el momento para la operación de canales de diálogo eficaces. El caso de la Facultad de Filosofía y Letras, en que las aproximaciones desde la autoridad con propósitos de una negociación convencional conducente a la devolución de las instalaciones han sido infructuosas. Tampoco han rendido el fruto esperado las opciones de intermediación entre las partes del conflicto, y no se advierte cuál podría ser la ruta de solución. En la Preparatoria 9, las cosas han cobrado un perfil todavía más complejo por la confrontación de grupos de estudiantes y padres de familia que buscan recuperar, motu proprio, las instalaciones. Cuando el espacio de autoridad es ocupado por otros actores, las cosas andan muy mal.

Las clases han iniciado y los paros siguen. Seguramente por ello las autoridades de la Universidad intentan una solución urgente. Pero el retorno a la “normalidad” confronta, precisamente, el tema central de la protesta. ¿Se espera que las comunidades de estudiantes y académicos operen como una presión para finalizar los paros? No es sencillo, por una razón: con cada vez mayor claridad se generaliza la opinión según la cual las demandas son legítimas aunque los medios para hacerlas cumplir no lo sean en la misma dimensión.

¿Y por lo tanto? Dos riesgos claros: uno es que los conflictos escalen en el entorno universitario, lo que podría suceder si no se consigue su anticipación y procesamiento. El otro es que el fenómeno pueda ser replicado en otras instituciones. Ello no es impensable e implica asumir, antes que sea tarde, respuestas que atiendan la problemática de género en cada una de las instituciones de educación superior y centros de bachillerato.

También hay una tarea para los legisladores: incorporar a la nueva Ley General de Educación Superior la perspectiva de género en su doble dimensión: oportunidades equitativas y respeto íntegro a la dignidad y seguridad de las personas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/que-pasa-en-la-unam/

Imagen: https://pixabay.com/photos/unam-library-th-university-mexico-2167334/

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Universidades públicas y gobierno mexicano trabajarán nueva ley general de educación superior

Noticias

México / 30 de junio de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: La Jornada Aguascalientes 

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal declaró que universidades públicas y la Secretaría de Educación Pública acordaron trabajar en conjunto la propuesta de iniciativa de la nueva Ley General de Educación Superior, así como la de Ciencia y Tecnología.

Durante la LV sesión de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el funcionario informó que el Gobierno Federal creará un fondo especial para que la gratuidad de la educación en el país sea una realidad en 2024.

Concheiro Bórquez dijo en que este mismo año estará lista la Ley de Educación Superior, junto con otras cuatro leyes en materia educativa. Los temas fundamentales son asignación de recursos presupuestales, fondo especial, universalización, desigualdad en término de la oferta educativa, excelencia de la matrícula.

Beatriz Paredes Rangel, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, presentó algunas propuestas entre ellas que se otorgue a las universidades públicas presupuesto plurianual, así como incorporar alta tecnología para la educación a distancia, principalmente para migrantes.

Destacó el papel de las universidades y la defensa de su autonomía, y enumeró los retos a los que se enfrentan las instituciones educativas en estos tiempos de cambio.

Apuntó que la reciente reforma educativa hace un llamado a participar en el nuevo marco normativo, por lo que realizarán foros regionales para la consulta de la construcción de la iniciativa de la Ley General de Educación Superior se llevarán a cabo en Nuevo León, Tabasco, Puebla, Ciudad Juárez y Ciudad de México.

Valls Esponda destacó que es necesario avanzar en los problemas financieros de las universidades, entre ellos, la política salarial y que no haya la presión en cada cierre fiscal.

Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), hizo un llamado a los integrantes de la asociación a unir esfuerzos para defender la autonomía universitaria. Se pronunció a favor de encaminar acciones para lograr que las universidades del país tengan autonomía financiera.

En la Asamblea General de Anuies estuvieron también la presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Marivel Solís Barrera; la directora general de Educación Superior Universitaria de la SEP, Carmen Rodríguez Armenta; el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el director general del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht, entre otros.

Jaime Valls Esponda, secretario general de la Anuies, celebró la reforma al artículo tercero constitucional el cual da una visión más amplia, para que todos los jóvenes ingresen a las universidades públicas.

Apuntó que la reciente reforma educativa hace un llamado a participar en el nuevo marco normativo, por lo que realizarán foros regionales para la consulta de la construcción de la iniciativa de la Ley General de Educación Superior se llevarán a cabo en Nuevo León, Tabasco, Puebla, Ciudad Juárez y Ciudad de México.

Valls Esponda destacó que es necesario avanzar en los problemas financieros de las universidades, entre ellos, la política salarial y que no haya la presión en cada cierre fiscal.

Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), hizo un llamado a los integrantes de la asociación a unir esfuerzos para defender la autonomía universitaria. Se pronunció a favor de encaminar acciones para lograr que las universidades del país tengan autonomía financiera.

Fuente de la Noticia:

Universidades públicas y Gobierno mexicano trabajarán nueva Ley General de Educación Superior

ove/mahv

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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 30 de junio de 2019: hora tras hora (24×24)

Editores OVE

30 de junio de 2019 / Autor: Editores OVE

Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 30 de junio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.

00:00:00 – Venezuela: Rescate de los valores: la clave para acabar con desmotivación escolar

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313654

01:00:00 – Pensamiento Crítico – 10 Actitudes para Desarrollarla | Infografía

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313700

02:00:00 – España, ¿el país con más vacaciones escolares?

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313660

03:00:00 – El «Nobel de Educación» y nuestra deuda pendiente

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313657

04:00:00 – UNESCO: Los maestros precisan mejor preparación para trabajar con niños migrantes

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313709

05:00:00 – Otros 23 libros para docentes

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/312675

06:00:00 – Revista Americanía: José Martí, la Educación como Herramienta de Transformación y Liberación (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314072

07:00:00 – América Latina: Seis décadas de metas educativas (1956-2015)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313664

08:00:00 – Libro: Teoría de la Educación de Paciano Fermoso. PDF gratis

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314156

09:00:00 – Educación al vapor | Maria Lourdes Urrea | TEDxPuraVidaED

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314159

10:00:00 – Revista «Para Juanito» Número 16 (Julio de 2018) – Educación, discapacidad e inclusión: construir lo común (PDF)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314082

11:00:00 – De Berkeley a Madrid: las protestas estudiantiles en la década de los 60

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313691

12:00:00 – Las mejores cinco universidades de América Latina (y por qué)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313715

13:00:00 – Aprendizaje basado en proyectos #infografia #infographic #education

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314069

14:00:00 – La policía detiene en Chile a una veintena de profesores en huelga

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314051

15:00:00 – El hábito activo, el gran ausente de nuestro modelo educativo

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314079

16:00:00 – Universidades públicas y gobierno mexicano trabajarán nueva ley general de educación superior

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314060

17:00:00 – Desescolarizar la educación | Maria Victoria Peralta | TEDxPuraVidaED

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314162

18:00:00 – Argentina: Lanzan una web para ayudar a las familias a exigir el derecho a una educación inclusiva

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314063

19:00:00 – Los estudios y los derechos adquiridos

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314057

20:00:00 – Canadá es el tercer mejor país del mundo en educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/313712

21:00:00 – Uruguay: Privatización de la educación

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314076

22:00:00 – Cuba comparte con Nicaragua experiencias en materia educativa

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314066

23:00:00 – Apps educativas

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/314054

En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.

ove/mahv

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