América del sur/Brasil/31 Enero 2019/Fuente: Diario Popular
Nombrado en el cargo por Jair Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez busca cambiar los puntos de la reforma de la enseñanza media aprobados por Temer
El Ministro de Educación de Brasil,Ricardo Vélez Rodríguez, que fue nombrado en el cargo por Jair Bolsonaro, aseguró: «La idea de universidad para todos no existe».
Y no se quedó ahí: «Las universidades deben quedar reservadas para una elite intelectual, que no es la misma elite económica del país”.
De esta manera, plantea cambiar los puntos de la reforma de la enseñanza media aprobada durante el mandato de Michel Temer. Aunque mantendría la enseñanza técnica por insertar a los jóvenes más rápidamente en el mercado de trabajo.
En una entrevista, el funcionario afirmó que para él «la idea de universidad para todos no existe», y que no tiene sentido que un abogado estudie seis años para ser conductor de Uber: “Nada contra el Uber, pero ese ciudadano podría haber evitado perder seis años estudiando legislación».
Y asegura que el «retorno financiero» de los cursos técnicos es mayor y más inmediato que el de la graduación, lo que podría a disminuir la demanda de la enseñanza superior en Brasil.
Con estas medidas, busca implementar un modelo educativo similar al de países como Alemania. Remarcó que si bien asegura que no están estudiando el cobro de una cuota en las universidades públicas, necesitan reequilibrar sus presupuestos. Además, defiende la reducción del Fondo de Financiamiento Estudiantil (FIES) iniciada por Temer.
Las metas que se plantea el Ministro están alineadas con el lema del presidente brasileño: “Menos Brasilia, más Brasil”. En esa línea, la acción central del nuevo gobierno será un “giro brusco” del Ministerio de Educación para atender a los municipios con apoyo financiero y técnico. «La gente llegó a la escuela, es hora de que la escuela llegue a la gente», afirma.
También critica la ideología de género en las escuelas, que según él, enseñan «a niño a besar niño y niña a besar niña», aunque asegura que solo tocará el tema si la sociedad lo solicita.
Vélez también es entusiasta de las escuelas cívico-militares, un proyecto que, en su evaluación, es viable económicamente. Sin detallar cómo se llevará a cabo, el ministro dice que las escuelas que deseen adherirse mantendrán sus modelos pedagógicos, ya que la diferencia vendrá con el modelo de gestión traído por militares.
En ese sentido, afirma que hay ejemplos que muestran que basta «media docena» de militares para que los traficantes dejen de seducir a los jóvenes.
América del sur/Brasil/10 Enero 2019/Fuente: El país
Unas declaraciones de Alves tras tomar posesión se vuelven virales y generan una protesta en redes a la que se suman personalidades como Caetano Veloso
La llegada a los despachos ministeriales no ha supuesto un gran cambio en la retórica de los ahora ministros del Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. “Atención, atención. Comienza una nueva era. Los niños visten de azul, las niñas de rosa”, proclamó la nueva ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, ante un grupo de seguidores en la sede ministerial en Brasilia nada más concluir la ceremonia en la que asumió la cartera. Los presentes le responden entusiasmados “eso, eso”, según muestra un vídeo que este jueves se ha viralizado en Brasil.
Al cabo de unas horas empezaron las protestas en redes contra la afirmación. Entre las más destacadas, la del cantante Caetano Veloso, que subió a Twitter una foto suya con una camiseta rosa y el lema «Proteja a sus amigos» con la etiqueta #MeninosVestemRosa (los niños visten de rosa). Otras personalidades locales, como el presentador Luciano Huck, se sumaron a la protesta.
La ministra es además pastora evangélica de la Iglesia Cristiana Cuadrangular y una acérrima enemiga de lo que los bolsonaristas denominan “la ideología de género”, un cajón de sastre en el que incluyen múltiples políticas igualitarias o feministas. Este jueves ha explicado: “Hice una metáfora contra la ideología de género, pero los niños y las niñas pueden vestir de azul, rosa, con colores, en fin, como mejor les parezca”. Pero la víspera, en su discurso, dejó clara su postura: “El Estado es laico pero esta ministra es terriblemente cristiana”.
Roxana Perazza, especialista en Educación, indaga en algunas falacias que esgrimió el Gobierno de la Ciudad para fundamentar el cierre de las nocturnas. La fragmentación entre ricos y pobres que construye el macrismo desde el inicio hasta el fin del trayecto escolar. Y su respuesta a los “problemas” educativos: eliminar o recortar.
Profesores, directores y supervisores de las escuelas secundarias de la ciudad, casi cortando el pan dulce, se enteraron que el Gobierno decidió cerrar 14 escuelas secundarias nocturnas y cursos de nueve bachilleratos (Res. 4055/2018). La época del año para este anuncio no es casual, ya que la mayoría de las instituciones están finalizando su ciclo escolar. Desde el ejecutivo porteño se afirma que son instituciones que implementan planes de estudios “antiguos” y que no tienen “muchos alumnos”. Con lo primero, lo que se espera es que el Ministerio de Educación genere procesos de consulta para modificar dichos planes y proponerle a este sector de jóvenes –que solo pueden optar por estudiar de noche– una propuesta de aprendizajes intensos, interesantes y actualizados.
Estos jóvenes, en general, trabajan durante el día y buscan una escuela cercana para finalizar sus estudios secundarios. Esta aclaración resulta obvia a los ojos de cualquier lector, sin embargo pareciera que esta “obviedad” es desconocida (o ignorada) por quienes están conduciendo el sistema educativo porteño. ¿Es preciso caracterizar el tipo de empleo al cual acceden? ¿O sus condiciones de vida? ¿O es necesario aclarar que muchxs de ellos son padres y/o madres adolescentes? ¿Las respuestas más pertinentes a estas preguntas se podrían traducir en políticas públicas que prioricen los mejores y más eficaces recursos y herramientas para garantizar una escolaridad de calidad?
Las alumnas y alumnos que estudian en las escuelas nocturnas trabajan durante el día. ¿Hace falta aclarar el tipo de empleo al que acceden? ¿O sus condiciones de vida?
Pero esta decisión, que una vez más nos sorprende, entra en diálogo y se articula con un conjunto de medidas que esta misma gestión ha tomado.En noviembre del 2017, a través del diario Clarín, anunciaban el cierre de 29 profesorados para concentrar la oferta de formación docente en una Universidad. Bajo formato de ley, la tan mentada UNICABA pasó por la legislatura y, a pesar que tuvieron que presentar otro proyecto más adornado que el primero, siguieron proponiendo lo mismo. Al año del anuncio, con mayoría propia, Cambiemos votó solo la creación de una universidad que nadie sabe por qué va a ser “mejor” que las 29 instituciones. De la mano de la UNICABA, venía la venta de los terrenos cercanos al Tiro Federal y el edificio del Romero Brest, un instituto formador de profesores de educación física, que pasó a formar parte del listado para la venta.
La tendencia a concentrar oferta educativa va a contramano de la de expandirla, democratizarla y diversificarla.
Unos días más tarde, nos enterábamos que se cerraba la inscripción para el jardín maternal del Hospital del Ramos Mejía. Es decir, que esa oferta educativa no iba a ofrecerse más y que los niños más pequeños de la Ciudad iban a poder optar por los Centros de Primera Infancia (CPI, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social). Desde los primeros años de vida, se promueve así, la fragmentación de la población: a los niños pobres les corresponde una propuesta empobrecida de los CPI y a los niños ricos el circuito privado.
En medio de la discusión sobre la UNICABA, a cuatro institutos técnicos superiores les comunicaron su fusión con otras instituciones. Es decir que ellos como institución educativa no iban a existir más. La fusión es un cierre encubierto. Lo que desconocen los tomadores de estas decisiones es que esta medida implicará sí o sí pérdida de alumnxs.
Al mismo tiempo, la política de concentrar la oferta educativa, también, llegó al área artística: allí también quieren trasladar una escuela secundaria (Cerámica Uno) de Almagro a otra en Mataderos. Esto no sólo deja a ese barrio sin esa oferta educativa, sino que, seguramente, se perderán en el camino muchos chicos y chicas.
Además, hay que tener en cuenta que, en todos los casos mencionados, están en peligro los puestos labores de maestrxs, profesores y personal no docente.
A partir de esta rápida descripción podemos asegurar que esta última resolución no es una medida aislada. Observamos que se mantiene casi “constante” un modo de accionar, el cual podría sintetizar a partir de cuatro puntos:
1. El poder ejecutivo es el único que toma las decisiones: dado que –en ningún caso– ha generado ámbitos de debate y consulta con la comunidad educativa.
2. Las organizaciones gremiales no son interlocutores válidos para consensuar y lograr acuerdos.
3. Es posible tomar estas medidas sin fundamentos, ni estudios previos, ni investigaciones que las sustenten.
4. Si una institución educativa o nivel presenta “problemas” no se planifican políticas para su mejora sino se implementan medidas para su cierre.
La tendencia a concentrar oferta educativa va a contramano de la de expandirla, democratizarla y diversificarla. Y, además, pone en jaque un pilar fundante de la escuela pública en la Argentina que sostiene que es el Estado el que debe garantizar los derechos educativos de todos los ciudadanos.
Por último, cabe subrayar tres puntos más: el primero hace referencia a la cuestión presupuestaria: desde que el macrismo está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires (2007) el presupuesto educativo ha decrecido. Cada vez se destina menos plata para el sector (solo el 17,86 % para el 2019). Este presupuesto decreciente es una de las explicaciones para entender estas medidas.
Un segundo aspecto se vincula con lo nacional: muchas de estas medidas se están llevando a cabo en el resto de las provincias. Quizá, CABA, quiere hacer los deberes primero, pero en Mendoza, en Jujuy ya se han cerrado profesorados. En Provincia de Buenos Aires no sólo están cerrando carreras de formación docente inicial sino de otras áreas y niveles. A nivel nacional también hay una la baja en el presupuesto destinado al área. Es decir, que existe un marco nacional que acompaña y está atento a lo que sucede en esta ciudad.
Desde los primeros años de vida, se promueve, así, la fragmentación de la población: a los niños pobres les corresponde una propuesta empobrecida de los CPI y a los niños ricos el circuito privado.
Un tercer aspecto, y en relación, al primer punto que señalamos queremos subrayar que las escuelas secundarias nocturnas son, en la mayoría de los casos, la única oportunidad que tienen los jóvenes de estudiar y terminar sus estudios. Que se pueden mejorar, sin duda se puede. Pero con los chicxs y los profesores adentro. Los planes de estudio se modifican, las escuelas no se cierran.
Sabemos que no hay futuro sin escuelas que es bien distinto a las secundarias del futuro o cualquier spot marketinero al que nos tienen acostumbrados y nos quieren vender y que todas las medidas tienen una misma dirección: vaciamiento de lo público.
América del sur/Brasil/15 Noviembre 2018/Fuente: El país
El presidente electo de Brasil quiere combatir la “sexualización” y el “adoctrinamiento izquierdista” en las escuelas
«Durante mucho tiempo nuestras instituciones de enseñanza fueron tomadas por ideologías nocivas, por la inversión de los valores y por personas que odian nuestros colores [de la bandera] e himno», escribió el ultraderechista Jair Bolsonaro días después de ser elegido presidente de Brasil, el pasado 28 de octubre. La declaración en Twitter vino acompañada de su apoyo explícito a que los alumnos filmen a sus profesores para denunciar el supuesto «adoctrinamiento izquierdista» y la «sexualización» precoz de los niños en las aulas que, según el presidente electo y sus seguidores, implementó el Partido de los Trabajadores durante sus Gobiernos (2003-2016). Todo está enmarcado en la defensa de lo que llama Escuela sin partido, un proyecto que está en el Parlamento que propone vetar el uso en las aulas de la palabra “género” y de la expresión “orientación sexual”, entre otras cosas.
“Ese tema no es solo del Parlamento. Es un tema de Brasil”, afirma el diputado Marcos Rogério, que preside la comisión especial de la Cámara de los Diputados en la que está previsto que se discuta el proyecto. Escuela sin partido no es una iniciativa aislada ni tampoco inédita. En distintas partes del mundo la vigilancia en los colegios ha formado parte de campañas de movilización de fuerzas conservadoras y de extrema derecha. En Alemania, los ultras del partido AfD lanzaron a inicios de octubre una plataforma para denunciar de forma anónima a los profesores. En el sur de Brasil, la diputada electa por el Estado de Santa Catarina, Ana Caroline Campagnolo, del mismo partido que Bolsonaro (PSL), creó un día después de los comicios un canal para que los alumnos denuncien, también sin necesidad de dar su nombre, a los educadores que hagan «manifestaciones ideológicas» con críticas al mandatario electo. Se trata de señales inequívocas de que la educación será una trinchera estratégica del nuevo Gobierno, dentro de la ofensiva conservadora que ha impulsado su victoria en las urnas.
La fiscalía local ha prohibido la iniciativa de Campagnolo y los jueces de la Corte Suprema ya se han manifestado públicamente contra los principios de Escuela sin partido. Pero los frenos legales pueden no ser suficientes para contener los efectos de una batalla que aunque, se ha intensificado ahora, ya estaba instalada desde hace un par de años de mano de grupos conservadores, principalmente evangélicos.
En la ciudad de Fortaleza, en el noreste del país, el profesor de Historia Jam Silva Santos fue acusado hace dos semanas de «adoctrinamiento» después de exhibir ante estudiantes de secundaria en un colegio privado de clase media-alta la película Batismo de sangue (Bautismo de sangre), basada en un libro del religioso e intelectual izquierdista Frei Betto sobre la dictadura brasileña (1964-1985). Un alumno grabó una parte de la película y fue difundida en las redes sociales, donde el profesor fue duramente atacado por supuestamente hacer una crítica velada a Bolsonaro, defensor declarado de ese régimen militar. Días después, el profesor fue recibido en el colegio con aplausos de los estudiantes. Santos exhibe la película en sus aulas desde hace cinco años y nunca había tenido problemas.
Según el Sindicato de Profesores de Ceará, las denuncias por supuesto “adoctrinamiento ideológico” han aumentado en ese Estado en 2018. Desde enero, al menos seis profesores, incluido Jam Silva Santos, han sido blanco de denuncias en las redes sociales. En uno de estos casos, una discusión entre un alumno bolsonarista y Euclides de Agrela, profesor de Historia y Sociología de una escuela estatal de Fortaleza, fue filmada y replicada en páginas de apoyo a Bolsonaro, que vincularon la pelea a la afiliación del profesor al partido izquierdista PSOL.
“Tuve que irme de casa por algunos días. [Viví] un clima de terror”, contó Agrela, que ha recibido amenazas de muerte por el vídeo. El vicepresidente del sindicato de docentes, Francisco Reginaldo Pinheiro, afirma que la entidad ha creado un canal para prestar apoyo a educadores víctimas de intimidación en las escuelas. “Defendemos la libertad de enseñanza. Existen espacios adecuados para quejas de padres y alumnos. Exponer al profesor en las redes sociales es peligroso”, dice Pinheiro.
El plan educativo del Gobierno es considerado vago en distintos puntos, pero el equipo de Bolsonaro ha especificado bien sus prioridades en la materia. Señala que “uno de los mayores males actuales [de la educación] es el fuerte adoctrinamiento” y promete “expurgar la ideología de Paulo Freire”, en referencia a uno de los grandes referentes de la educación en el país, conocido por su teoría de la pedagogía del oprimido. Actualmente, ni los currículos de la enseñanza básica ni los de la media hacen referencia a los métodos de Freire. Tampoco contienen la palabra «género», ya retirada de los planes educativos por presiones políticas.
“El rechazo a Paulo Freire es una estrategia porque simboliza el estímulo al sentido crítico”, afirma Daniel Cara, coordinador de la campaña nacional por el derecho a la educación y excandidato al Senado por el izquierdista PSOL. “Lo que Freire preconiza es aceptado en el mundo entero. Estuve en Singapur, país número uno en las [últimas] pruebas Pisa, y le citaban como una inspiración para buscar la educación que desean”, dijo a la revista Nueva Escuela Cláudia Costin, de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) y exdirectora del Banco Mundial.
«Concepción autoritaria de la educación»
Otro deseo del futuro Gobierno es la vuelta al currículo escolar de la Educación moral y cívica, asignatura abolida tras el fin de la dictadura militar. Durante la campaña, el general Aléssio Ribeiro Souto, uno de los designados por Bolsonaro para elaborar el plan de educación, llegó a cuestionar la teoría de la evolución y a defender el creacionismo en la enseñanza de ciencias. “Si la persona cree en Dios y tiene su posicionamiento, no corresponde a la escuela querer alterar ese tipo de cosas”, afirmó Souto.
Souto también predica una revisión del periodo dictatorial en las clases de Historia y exige que se cuente “la verdad” sobre el régimen. “Es una concepción autoritaria de la educación”, critica Luiz Carlos de Freitas, investigador y profesor jubilado de la Universidad de Campinas. “Perciben cualquier pensamiento diferente del de ellos como un riesgo que debe ser combatido con disciplina y represión. Y, al combatir una posible ideología con la imposición de sus creencias, acaban cayendo en la contradicción de promover adoctrinamiento al revés. Es un retroceso”, agrega. Al contrario del material didáctico que usan los colegios militares en Brasil, que se refieren al golpe como “revolución de 1964”, los libros del Ministerio de Educación definen el régimen como una dictadura.
Previsiblemente, cuando intente implementar su plan educativo, Bolsonaro chocará el próximo año con el Consejo Nacional de Educación, un órgano independiente que acompaña las decisiones del ministerio. Como los mandatos de los consejeros fueron renovados por el actual presidente, Michel Temer, Bolsonaro tendría que esperar al menos dos años para cambiar parte del órgano directivo. Si quisiera imponer las ideas de sus correligionarios desde el inicio de su Gobierno, en enero, la nueva Administración necesitaría transferir al Congreso la facultad de determinar los currículos.
La OCDE se ha convertido en pocos años en el organismo decisorio de las políticas educativas nacionales, cuando organismos como la Unesco han quedado de lado.
La UNESCO se constituyó, después de la guerra, en 1945, con 30 países; España se adhirió en 1953. “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben de erigirse los baluartes de la paz… y por ello se propone contribuir a la paz y seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura”. En su preámbulo, la finalidad de la educación es: hombres libres y responsables.
Poco después, en 1948 se dieron los primeros pasos para la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), y fue en 1961 cuando se constituyó la OCDE, y España se incorporó el 3 de agosto. “Con el objeto de lograr el crecimiento económico y empleo sostenible y elevar el nivel de vida en los países miembros, mientras se mantiene la estabilidad financiera, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la economía mundial”.
Está formada por 35 países, y 5 Key Partners, colabora con otros 50 países. Se mantiene por la aportación de los países miembros; en el año 2017, 374 millones de euros. España aporta el 3%, 11,22 millones una cantidad importante, el 9º de 35, algo que contrasta con su baja aportación a la educación del país, el 3,82 del PIB.
PISA, sin serlo, se ha convertido en la evaluación de los sistemas educativos y la OCDE en el organismo que valida y promueve las orientaciones para la mejora de la educación.
La LOMCE es un marco para el desarrollo de las políticas neoliberales, con argumentos planteados en la OCDE, pero llevados a lo más conveniente a sus extremos neoliberales.
En el primer borrador se podía leer: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad del país”. “El nivel educativo de un país determina su capacidad para competir con éxito en la arena internacional”. “A nivel individual, el nivel educativo determina las metas y expectativas de la trayectoria vital tanto a nivel profesional como personal”.
Como parecía muy fuerte este inicio en su preámbulo, en su redacción definitiva y aprobación, se introdujeron dos principios: “El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas con su pensamiento propio”; el otro principio es más novedoso, “el talento” que tienen todos los estudiantes y hay que encauzarlo para que sus aspiraciones se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor.
Con estas ideas de distraimiento, ya se pueden incluir los párrafos del preámbulo inicial.
La LOMCE no fue un texto elaborado por profesionales o expertos en educación que redactaron una ley contra los principios básicos de la educación; fue una ley asesorada por importantes personajes del neoliberalismo. Defendida por Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación (2012-2015), que en el curso 2013-2014 aprobó la participación de España en PISA for Schols, con EEUU y Reino Unido, y que en 2015 fue designada directora Adjunta de la OCDE. Desde el Ministerio se dijo que “su nombramiento es un importante reconocimiento internacional a la reforma educativa” y se añade que “su designación se llevó a cabo en la OCDE tras un riguroso y exigente proceso selectivo en el que participaron prestigiosos candidatos internacionales”.
Monserrat Gomendio dijo sobre su nombramiento: “Es un enorme respaldo al esfuerzo del Gobierno y del Ministerio, en concreto, para llevar a cabo una serie de reformas fundamentales en la enseñanza”. Otros altos cargos de la OCDE se preguntan cómo llegó allí una profesional con un doctorado en la reproducción de los primates. Allí está, con su marido y padre de la LOMCE, como embajador de España ante la OCDE, con cese muy probable y cercano, y con algunos profesionales del ala neoliberal del PP.
Durante el mandato de Wert, visitó con frecuencia nuestro país Andreas Shleicher, director de Educación y Habilidades, asesor especial sobre políticas educativas del secretario general en la producción de análisis y asesoramiento sobre políticas de crecimiento económico y progreso social. Sus informes, PISA, PIAC, TALIS, INES, le dieron gran relevancia. Invitado por el MECD presentaba informes y dictaba recomendaciones. Wert seleccionaba las que le interesaba y obviaba las que no le convenían.
Hay informes que defienden que el mayor gasto en educación no mejora los resultados, con investigaciones sobre muestras y sobre estudios empírico, Hanushek (1989, 2003), pero otros como Kruegger (2003) con otras muestras pero con los mismos datos de los estudios empíricos de Hanushek, llegan a las conclusión de que son positivos.
Wert interpreta, para justificar la menor inversión en educación y los recortes que tener muchos niños por cada aula es mejor porque así se socializan más. La OCDE, en 2012, señala que el gasto en educación es menos importante que la forma en que se emplean dichos recursos.
Desde la Unión Europea se recomienda a España que en sus planes de ajuste que no se produzcan recortes en educación. En 2010, el presupuesto era de 53.099.000 millones; en 2016 de 47.578.00; en 2009, el 4,99 del PIB; en 2018, el 3,82 y en lo enviado a Bruselas, el 3,75 para el 2020 y 3,70 para el 2021. Además, se recorta en la educación pública y se aumenta en la concertada.La UNESCO recomienda a sus países miembros destinar a educación un mínimo del 4% del PIB.
El informe PISA es cuestionado por parte de la comunidad científica, pero el potencial económico necesario dificulta que otros informes puedan llevarse a cabo.
Algunos países se han dado de baja, y ante las críticas de su parcialidad y enfoque economicista, la falta de medición del capital social y de habilidades no cognitivas, la OCDE ha ido ampliando su campo de actuación.
En 2012, evaluó la “resolución creativa de problemas”, en la que participaron personas que trabajaban solas en la resolución de problemas en los que el método de solución no era obvio.
En 2015, pasó a medir “la resolución colaborativa de problemas”, en la que los individuos unen sus conocimientos y esfuerzos y trabajan juntos para resolverlos.
En 2018, está evaluando “la competencia global”, la capacidad de participar en sociedades interconectadas, complejas y diversas.
En 2021, se basará en la evaluación de 5 hábitos de los alumnos:
Persistente (persistir ante la dificultad, atreverse a ser diferente, tolerar la incertidumbre)
Imaginativo (jugar con las posibilidades, hacer conexiones, usar la intuición)
Colaborativo (compartir el proceso y el producto, dar y compartir retroalimentación, cooperar apropiadamente)
Disciplinado (desarrollando técnicas, reflexionando críticamente, elaborando y mejorando.
Esto hábitos, con sus 15 subcapacidades, evaluarán las capacidades creativas… y empresariales.
Los Presupuestos para Educación de este año, veremos a dónde van, no cumplen con las dos exigencias requeridas para el futuro del sistema educativo: continua aspiración de mejora de los resultados y transparencia; pero sí se incluye participar en PISA for Schools, introducida por Gomendio y por tanto con beneplácito y recompensa en su destino en la OCDE.
Hace unos días, la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, presentó a bombo y platillo los resultados de 20 de sus 50 colegios , obtenidos en la aplicación de PRISA for Schools . Resultados por encima de los de PISA obtenidos por Singapur, Finlandia, Corea, Canadá… y por encima de la media de España y la OCDE.
También han participado, 5 centros públicos, que de momento no conocemos pero algunos en el territorio MEC, en Ceuta y Melilla (donde está el fracaso escolar y mayor abandono). El centro paga 3700€+IVA.
El presidente de CICAE recomienda que la prueba se pudiera aplicar en todos los centros públicos. Se dice que esta prueba no es para comparar centros (hasta ahí podría llegar el alto grado de ingenuidad) y que es para mejorar cada año (con la constante de los 3.700€+IVA).
Es cierto que uno de los problemas detectados por PISA es que hay más diferencias dentro del centro que con respecto a otros centros, y eso es grave. La solución está en la revisión y evaluación del centro para analizar las causas, y mediante una estrategia de análisis de datos que se culmine con procesos de planificación consciente de todos los profesores y equipos directivos, con el asesoramiento que se precise.
Con los datos, se planifica, se concretan las propuestas, se chequean los pasos, se actúa y se retroalimenta todo el proceso. La solución está en los centros educativos. Si allí se producen los problemas, solo ellos pueden encontrar las soluciones. Los centros educativos no pueden ser el último eslabón de la política educativa y de la administración educativa, sino el primero.
Centros con autonomía suficiente para responder a sus necesidades y defenderse de los planteamientos políticos y de presión de grupos que tienen otros intereses.
Decía Aristóteles en Política: “Puesto que toda la ciudad tiene un solo fin, es claro que también la educación tiene que ser la misma para todos los ciudadanos”.
Los estudios de grado en los centros públicos cuestan entre 20.000 y 50.000 euros por lo que los jóvenes tienen que recurrir a un préstamo bancario con el aval del Estado.
El día que Belén Pérez acudió al recinto universitario para firmar el crédito que le permitiría tener acceso a los estudios superiores no lo podía creer. Fue en 2010 cuando, después de comer y acompañada de sus compañeras de carrera, ingresó al edificio y se encontró con una enorme carpa por la que desfilaban miles de personas. “Tenías que tomar un número y te asignaban un banco, entonces tenías que hacer la cola al banco que te tocaba”, recuerda la joven.
Belén tiene 26 años y hace dos se licenció en Ortodoncia en la Universidad Autónoma de Chile, de titularidad privada. Es una de las muchas estudiantes que tuvieron que endeudarse para poder acceder a la universidad. Una realidad que han vivido varias generaciones de jóvenes del país suramericano, uno de los más caros para la educación superior, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el más privatizado de América Latina. En la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno. Por eso, la alternativa para los estudiantes chilenos es aceptar un crédito que fue pensado especialmente para ellos.
El Crédito con Aval del Estado (CAE) se puso en marcha durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), pero fue ideado en el gobierno de su predecesor, Ricardo Lagos. Se diferencia de otros créditos porque el aval del estudiante es siempre el Estado. Inicialmente, el CAE se vendió como una fórmula para dar acceso y masificar la educación superior, que había quedado restringida a las clases más acomodadas tras los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet y su feroz privatización de derechos básicos. Después de la poca popularidad de otros mecanismos de financiación educativa, el CAE se presentó a los jóvenes como un crédito de fácil acceso que entregaba la posibilidad de tener un futuro abierto y lleno de oportunidades, sobre todo para aquellos que eran la primera generación de la familia que entraba a la universidad.
Este mes, Belén ha pagado su primera cuota del CAE. Después de 18 meses, ha llegado al final del llamado “período de gracia”, una especie de concesión temporal que dan los bancos para que los jóvenes encuentren un trabajo después de graduarse que les permita enfrentar la deuda. Una vez superado este plazo, ya no hay excusas y cada mes, puntualmente, los estudiantes deben abonar sus tasas. La dentista, por ejemplo, paga entre 172.000 y 220.000 pesos chilenos mensuales (entre 230 y 300 euros) al banco que financió su crédito. Tendrá que hacerlo los próximos 20 años. Su carrera es de las más caras del país –le cuestan, en total, casi 57.000 euros, incluyendo los aranceles anuales y la matrícula que se paga cada año– y, además, ella la cursó en una universidad privada. La misma licenciatura en una universidad pública saldría por unos 46.000 euros.
Fotografía: Daniel Labbe
Aunque el caso de Belén puede que sea extremo, lo cierto es que cualquier grado en Chile tiene costos elevadísimos en Chile. Por ejemplo, la carrera de Biología en un centro público cuesta unos 23.000 euros, mientras que la equivalente a un grado de Maestro de Educación Infantil oscila alrededor de los 22.000 euros. Unos costes que se asumen con muchas dificultades económicas ya que en Chile el sueldo mínimo es la mitad que en España.
Asumir la deuda implica quedar totalmente amarrado por años a los dictámenes de los bancos, que antes de entregar el crédito se han encargado de averiguar todo sobre el postulante: su barrio, el colegio del que procede, los empleos y remuneraciones de sus padres, la carrera que quieren estudiar y dónde.
Efectos en estudiantes y familias
Los efectos del CAE tuvieron un impacto casi inmediato en los estudiantes y sus familias. La tasa de interés, cuyo importe se suma al costo total de los grados, estuvo varios años al 6%, lo que provocó un sobreendeudamiento importante que complicó las opciones de pago de la deuda. Poco a poco se fue engordando una lista de morosos que no ha parado de crecer hasta hoy.
Según los últimos datos de la Comisión Ingresa, administradora del sistema de créditos para estudios superiores, hay más de 874.000 beneficiarios del CAE, de los cuales 397.000 están estudiando. De éstos, 151.000 están morosos, es decir, cerca del 40% del total, y arrastran una mochila que les afecta en muchos otros aspectos: desde la imposibilidad de acceder a una línea de teléfono u obtener su devolución de los impuestos hasta alquilar una vivienda.
“La impopularidad del CAE se intensificó cuando los primeros egresados tuvieron que empezar a pagarlo, porque cuando firmaron el crédito tenían 18 o 20 años y no tenían tanta claridad de lo que significaba”, explica Camila Rojas, exlíder del movimiento estudiantil y hoy diputada en el Congreso por la coalición de izquierda Frente Amplio.
“En el colegio nos dieron una pincelada sobre el sistema de becas y del crédito, pero en general uno lo tiene que aprender por las suyas”, indica Belén. La dentista reconoce que cuando le tocó firmar el CAE, después de dos horas de cola, leyó “lo poco y nada que se entiende” y que quedó con la sensación de recibir “un premio de consuelo” por no haber podido acceder a una beca.
Rojas señala como el descontento por la deuda se sumó a una crisis más profunda del sistema educativo que hasta hoy denuncia el movimiento estudiantil. “Se puso en cuestión la calidad de las carreras y que existiera una masa de universitarios que además de endeudados, luego tenían muchas dificultades para encontrar trabajo”, dice.
Las grandes manifestaciones estudiantiles de 2011 hicieron reaccionar al presidente de la época, Sebastián Piñera, quien llamó a un consenso con la oposición e ingresó un proyecto de ley que rebajó el interés del 6% al 2%. Sin embargo, la reducción no llegó por un gesto de “buena voluntad” de los bancos, sino porque el Estado decidió costear el 4% de los intereses de los estudiantes a través de recursos de sus arcas fiscales. “Esa política tuvo un impacto relevante para los endeudados porque, efectivamente, bajaba el interés, sin embargo, para el Estado la carga es muy importante y el banco sigue recibiendo el dinero”, lamenta Camila Rojas.
La diputada, que hoy preside la comisión investigadora del CAE en el Parlamento, creada para indagar si el beneficio de los bancos ha sido en detrimento de los estudiantes y qué respuesta ha dado el Estado ante eso, comenta que le han llegado denuncias de que no todos los bancos aplicaron la baja de interés del mismo modo. “Algunos en vez de bajar al 2% bajaron en un 2%, quedando el interés al 4%”, detalla. Por eso, desde la instancia que lidera se ha propuesto esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas del crédito, que sospecha que podría tener cláusulas abusivas e ilegales.
El beneficio de los bancos
Uno de los consensos que se ha instalado con fuerza entre los actores sociales y políticos del país es sacar a los bancos de la educación. Es una idea que hoy se defiende desde la derecha hasta la izquierda y el centro del abanico político en Chile. Después de más de una década, las autoridades y representantes se han dado cuenta de que las entidades bancarias han sido los principales beneficiarios de una política que ha exprimido las arcas fiscales del Estado.
Según el estudio Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE, de la Fundación Sol, que investiga y analiza temas sobre trabajo, sindicalismo y educación, en el país suramericano la implementación del CAE logró cumplir con la promesa inicial de aumentar el acceso a la educación superior, pero el 70% del incremento se concentró solo en 20 centros educativos. La mayoría de ellos pertenecen a cuatro grandes grupos educativos privados y, además, varios están siendo investigados por lucrar con las utilidades que, según establece la ley, debieran ser reinvertidas en las universidades.
Fotografía: Movimiento Deuda Educativa
“El CAE tiene una incidencia muy importante en el aumento exponencial de las matrículas de estas instituciones privadas, lo que refuerza la idea de que el sistema de educación superior se mercantiliza y el sector público se hace más pequeño, con un índice de matrículas del 15%”, expone Marco Kremerman, uno de los autores del estudio.
El documento también revela que para hacer este negocio aún más atractivo para las entidades financieras, el Estado se comprometió a subsidiar a los bancos a través de un sistema de compra de créditos con sobreprecio. Pese a que inicialmente se comprometieron a comprar cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%, entre 2006 y 2017, la administración recompró el doble de los créditos comprometidos con un sobreprecio de 26,1%, es decir, 4,3 veces más que lo que se requería.
Sacar a los bancos
A pesar de que en su último gobierno, la expresidenta Michelle Bachelet instauró un sistema de gratuidad para el 60% del alumnado más pobre, el CAE hoy representa el 26,5% del presupuesto de la partida destinada a Educación Superior, 24 puntos más que en 2006, y ha comprometido recursos para 2018 por 549.630 millones de pesos (casi 750.000 euros).
Para los que no pueden acceder a la gratuidad, la ex mandataria también propuso crear un nuevo Crédito Estatal de Educación Superior (Cepes) que excluía a la banca y se adaptaba al sueldo que reciben los profesionales más jóvenes. Sin embargo, dejó fuera dos aspectos innegociables para el movimiento estudiantil: salir del sistema de crédito y condonar la deuda a quienes quedaron atados al CAE.
La propuesta de Bachelet no alcanzó a avanzar y Piñera la retiró apenas llegó a su segundo gobierno en 2018. El presidente ha presentado ahora otro proyecto de ley -también basado en el crédito- para crear el llamado Sistema Único de Créditos (SUC), un mecanismo administrado por el Estado y sin intervención de la banca que establece en un 10% del salario el pago máximo que deberá hacer cada estudiante una vez haya finalizado sus estudios y tenga ingresos. El crédito tendrá una tasa de interés del 2% anual y la deuda se condonará a los 15 años de pago.
“Va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado y, de esa forma, vamos a evitar muchos de los problemas que generó la participación del sistema financiero en el actual CAE (…) El sistema que estamos proponiendo pone fin a muchas y discriminatorias diferencias que existen hoy en día”, aseguró Piñera.
Sin embargo, la iniciativa no ha dejado satisfechos a los estudiantes, que critican que no se haga cargo del problema de los morosos y que no condone la deuda. “Eliminar el CAE es eliminar un problema para futuros estudiantes, pero no para los morosos actuales o para los que finalizarán sus estudios dentro de dos años y que habrán cursado el 80% con CAE. Ellos van a seguir siendo deudores y morosos”, lamenta Marco Kremerman.
La deuda educativa carga sobre las espaldas de un país con unas tasas de endeudamiento que, en general, ya son muy elevadas. Las cifras estratosféricas que enfrentan los jóvenes que quieren formarse han hecho de la demanda por una educación gratuita y de calidad la principal bandera del movimiento estudiantil, que persistentemente no ha dejado de presionar para que los gobiernos les den una respuesta. Al final, lo que reclaman no es que se garantice el acceso a la educación, sino que se garantice el derecho.
América del sur/Brasil/07 Junio 2018/Fuente: Telesur tv
El Ministerio de Educación de Brasil informó a estudiantes indígenas y quilombolas que habrá un recorte en las becas que les otorgaba el Estado.
El Ministro de Educación (ME) de Brasil, Rossieli Soares, informó a una comisión de estudiantes indígenas y quilombolas que debido ajustes solo dispone de una 800 becas anuales para ofrecer a los estudiantes universitarios.
Esta información emitida por el Ministerio brasileño podría dejar fuera de las universidades a cuatro mil indígenas becados que se beneficiaban del apoyo del Gobierno para mantener sus estudios.
Soares pidió a la comisión estudiantil procedente de Brasilia la creación de un grupo de trabajo que establezca «criterios» para definir quién recibiría la ayuda, solicitud a la que los estudiantes se negaron.
Que se nos pida que creemos una comisión para que cuatro personas resuelvan el problema del Gobierno, es la manera en la que el Ministerio de Educación quiere justificar la realidad de que está privando a indígenas y quilombolas a la enseñanza superior, dijo una representante de los estudiante, Marcley Pataxó.
Comentó que esta solicitud «hiere los derechos de los pueblos».
Por su parte, Luana Kumaruara, estudiante de antropología de la Universidad Federal del Oeste de Pará (Ufopa), señaló que la reunión solo se trato de escuchar la imposición del ministro referente a una decisión que ya estaba tomada, «esta reunión muestra los retrocesos en nuestros derechos, donde se intenta atacar una política ya garantizada».
Para el coordinador Movimiento Unido de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Bahía (Mupoiba), Káhu Pataxó, el racismo sistemático del Estado brasileño contra los pueblos indígenas y quilombolas es evidente y aseguró que para el Gobierno actual de Brasil la educación no es una prioridad.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Siga minha playlist 
Users Today : 70
Total Users : 35404092
Views Today : 82
Total views : 3333561