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Degradación de la esperanza.

Por: Francisco J. Lopez Rodriguez.

La Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico acaba de publicar dos nuevos informes en los que resume la situación de la enseñanza en nuestro país respecto al resto de 34 países de la OCDE y propone soluciones. El fracaso escolar unido al abandono de los estudios es muy alto. Las conclusiones son, como cabía esperar, negativas. Hay un alto índice de fracaso escolar, como el hecho administrativo de no lograr el título académico mínimo o como no alcanzar cierto nivel mínimo de conocimientos, tal y como se definen en los estudios de PISA.

Con la primera definición, España es un país con un nivel de fracaso muy superior a la media de la OCDE. Todas las estadísticas nos sitúan en los últimos puestos en materia educativa. Nos puede producir un complejo en el que podemos caer en el vagón de cola en rendimiento académico. En el medio de todo esto están los protagonistas que son los profesores al que se les está acusando de las calamidades del sistema educativo español. La realidad es todo lo contrario. Hoy los profesores son los que están soportando y sufriendo los avatares de la legislación educativa. Salvo la LODE, todas las leyes posteriores no se pudieron poner en práctica porque los gobiernos pretendieron hacer una Ley educativa a su medida. En el momento que se pretendía poner en vigor y aplicarla, un nuevo Gobierno la derogaba y así llegamos a la Ley actual LOMCE que está en el limbo que si se deroga, que si se modifica, que si no se aplica, que se retrasa etc. Se acaba de publicar en el BOE las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: «Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria». Esto fue el engendro y el parto de los que se sientan en el Congreso de los Diputados y este Gobierno, como se suele decir, se bajó los pantalones porque hay que seguir en el camastro.

No sé qué podrá opinar todo el profesorado de Educación Secundaria. Si sé lo que opinan todos los profesores que, por cualquier circunstancia, han pasado a las clases pasivas. No sé qué opinarán todos los profesionales que en sí pasaron por los Centros de FP, Bachillerato y, por supuesto, la Universidad. No sé qué opinaran aquellos que se quedaron en el camino porque suspendieron alguna asignatura y no pudieron obtener la titulación correspondiente y que le privó el acceso a un empleo público o a un trabajo en la empresa privada e inclusive el progreso profesional. Lo que sí se sabe a lo largo de la Historia que las leyes educativas no las proyectan los profesores, es decir, quienes son protagonistas de le educación se les margina y, desde una mesa, se habla de educación, se habla de cambio, se habla de pacto, se habla de derogar las leyes. Unos señores y señoras que dicen ser representantes del pueblo están capacitados para proponer y hablar de todo. A saber, son los sabios del templo que sin haber trabajado nunca, sin haber dado un palo al agua, sin haber pisado un aula o bien, si la pisaron, huyeron porque la enseñanza es muy dura y quien soporta a los niños y jóvenes de hoy. Esto me recuerda un jefe de ventas que se enfurecía con los vendedores porque no conseguían clientes y el susodicho jefe nunca había vendido nada.

La educación en este país no tiene solución, ni la va a tener en muchos años. Porque la misma está en manos de políticos de muchas tendencias ideológicas y la educación es un resorte de catequización y de inclinar a los niños hacia determinados intereses políticos. Lo tenemos en ciertas Comunidades autónomas. Un ejemplo claro es Cataluña. A los niños catalanes se les inculca el odio a España, se les educa en una falsa Historia de España. España subyugó a Cataluña, le quitó sus privilegios y convertimos todo en el dicho» España nos roba». Los votantes y partidarios de la independencia en Cataluña son esos niños que nacieron en el año 1979 cuando se promulgó el Estatuto de Cataluña y su aplicación posterior concediendo competencias exclusivas, entre otras, la educación. Aquí comienzan los males y los problemas. Una educación torticera que está generando monstruos con aversión a todo lo español. Pues bien, esto es un ejemplo de lo que quieren modificar los políticos.

Por otra parte, eliminar la enseñanza privada concertada, convertir España en un estado laico, desapareciendo la religión de las aulas y recluyéndola al ámbito privado. Y ¿dónde está la libertad de enseñanza? Los padres por Ley tienen derecho a elegir el Centro escolar que crea oportuno para sus hijos. (Esto se soluciona con el cheque escolar) ¿por qué no lo aprueban… ¿Dónde está la calidad de la enseñanza? ¿Queremos un país competitivo? ¿Queremos que nuestros jóvenes tengan una preparación para afrontar el reto del desarrollo y adaptarse a las necesidades de las empresas? ¿Para qué está cualificado, en general, un universitario cuando termina su carrera o estudios? A base de master, cursos, aprendizaje de idiomas y un largo camino de sufrimiento empezará a labrar un currículo que le permitirá llamar a las puertas de las empresas.

Con estas decisiones de los políticos filibusteros vamos a llegar a la Universidad y los estudiantes, los más rezagados y los que fueron a pasear los libros hasta las facultades o escuelas técnicas, iniciarán protestas y propondrán que se apruebe una carrera con suspensos ya que haciendo la media de todas las materias igual apruebo. Los que en otras épocas teníamos que superar las reválidas de cuarto, las de sexto, el Preu para acceso a la Universidad e inclusive las pruebas de ingreso en un Instituto con 12 años, no podemos por medio que clamar contra estos despropósitos.

Esa educación y cultura transferida por los profesores en las aulas, esas ganas de saber y de ser algo, hoy son entelequias y distorsiones mentales. Estamos degradando la enseñanza, la cultura, no afrontamos la competitividad, no nos prepararemos para un trabajo y seguiremos en el vagón de cola. Hoy la educación en España mientras esté en manos de políticos no tiene solución.

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/opinion/degradacion-de-esperanza_1169981.html

Imagen: http://3.bp.blogspot.com/_ypj3BsdujKA/TIMpq8yiZ5I/AAAAAAAAABA/f3B9bk_h5lk/s320/ense%C3%B1anza.jpg

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España: La educación inclusiva, el derecho olvidado tras la LOMCE y los recortes

España/26 de Junio de 2017/Público

La crisis y los recortes han dilapidado el 55% de los recursos para atención a la diversidad. En Madrid, líder en segregación socioeconómica, un grupo de padres y organizaciones presentan una iniciativa legislativa popular para frenar la deriva segregadora y la falta de recursos propiciada por el Ejecutivo autonómico.

“Ares abandonará la escuela ordinaria a final de curso, si conseguimos plaza en el Centro de Educación Especial que queremos. Creemos en la inclusión, pero la inclusión no cree en nosotros. Tenemos leyes garantistas con presupuestos excluyentes que convierten automáticamente a las leyes en excluyentes. Nos marchamos de la educación ordinaria convencidos, aunque tristes. Tristes porque el sistema, para los niños con las dificultades que tiene Ares, te incluye con una mano, mientras te muestra con la otra la puerta de salida. Ares desparecerá de su entorno. El que le pertenece. Dejará de aprender algunas cosas y de enseñar muchas más a los que la rodean. El sistema conseguirá que todo sea más uniforme. Y que seamos invisibles”

Testimonios como el de los padres de Ares evidencian uno de los mayores déficits de la educación en España, la falta de una educación inclusiva que tenga en cuenta la diversidad de nuestra sociedad, y que excluye a miles de personas de las aulas.

A pesar de contar con los recursos, la crisis y los recortes han sido los aliados perfectos de las instituciones para desmantelar el sistema de atención a la diversidad y ser de los escasos países de la OCDE que ha acrecentado la desigualdad educativa en la última década. En contra de la creencia popular, la educación inclusiva no solo abarca personas con necesidades educativas especiales como discapacidades o trastornos graves, sino a alumnos con integración tardía en el sistema educativo español y la consecuente dificultad con el idioma, vulnerabilidad a la exclusión social y alumnos con superdotación intelectual que necesitan de un apoyo específico.

Es en ese conjunto de diversidades donde el sistema se ha visto gravemente afectado y -junto a los recortes, el aumento de la pobreza y la exclusión social sufridos por la población- hace que España esté casi diez puntos por encima de la media de la UE en abandono escolar temprano; y que esta realidad afecte en más del doble a la población extranjera que a la autóctona.

Las estadísticas oficiales recogidas por el Ministerio de Educación suelen llevar a engaño. Mientras el número de alumnos con necesidades específicas matriculados no para de aumentar en la escuela pública ordinaria, lo que daría a entender que España mejora en inclusión cada año, esas cifras olvidan los recursos necesarios de apoyo que se han visto reducidos en un 55% con los recortes.

Con la LOMCE como cómplice necesaria, los recortes en atención a la diversidad abarcan los programas más compensadores para los alumnos con mayores dificultades (que prácticamente han desaparecido de los Presupuestos), el aumento de las ratios, la eliminación de programas de formación para el profesorado, así como el papel fundamental de los profesores de apoyo que se ha visto minado con la pérdida de 35.000 puestos de trabajo

.Los recortes impulsados por el exministro Wert se olvidan, por tanto, del 38% de alumnado matriculado en la etapa obligatoria en España con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE).

El olvido de las instituciones ha sido el desencadenante que ha llevado a padres como los de Ares, en su caso en Cataluña, a optar por los centros de educación especial públicos, pero exclusivos para alumnos con discapacidades o trastornos graves.

“Ares es una niña con autismo no verbal y se comunica con pictogramas, nosotros necesitábamos un logopeda y la Generalitat rechazó esa posibilidad. No te expulsan porque no pueden, el rechazo es más sutil. Te dicen, si tantos apoyos necesitas vete a la Escuela de Educación Especial que ahí sí los tienes. Las instituciones están privando no solo a Ares de su derecho a la educación, sino también al resto del aula de enriquecer su conocimiento y que cuando salgan a la calle puedan reconocer esa diversidad y comunicarse con ella sin que les genere rechazo”, relata el padre de Ares Miguel Ángel Román.

Iniciativa popular contra la segregación de la educación 

Pese al alto porcentaje de estudiantes con estas características matriculado en centros ordinarios, un 80% como media nacional, los recortes y la falta de apoyos están produciendo una reversión en la inclusión educativa. En Madrid, el propio consejero de Educación Rafael Van Grieken incentiva a las familias a matricular a sus hijos en los centros especiales afirmando que “sería un error no considerar la educación especial como inclusiva”.

El favorecimiento de centros que segregan al alumnado ha desencadenado en un aumento del 25% de escolarización en estos centros de la Comunidad de Madrid, en detrimento de su inclusión en las aulas ordinarias. Por ese motivo, padres y organizaciones han decidido llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la Comunidad de Madrid para exigir una autentica educación inclusiva y el fin de la deriva segregadora del gobierno autonómico.

Debido a la falta de legislación desarrollada en España, el primer paso de los promotores ha sido la definición de una tasa de necesidad escolar de apoyoentendida como “el número de alumnos/as susceptibles de requerir recursos extra para superar barreras y garantizar así su derecho a la educación”. A partir de esa tasa, la ILP pide políticas en tres niveles: “En la planificación equitativa de la escolarización para no incentivar culturas dentro de los centros que favorezcan la exclusión y la selección del alumnado. Por otro lado, medidas centradas en el aumento de profesionales de apoyo y en una reducción de ratios en las aulas con presencia de alumnos con necesidades específicas. En un tercer plano estaría la formación del profesorado y la creación de culturas inclusivas dentro de los centros y las aulas”, explica José Miguel Martín miembro de la coordinadora ciudadana ‘ILP Escolarización Inclusiva’.

El Supremo establece que la educación segregada no equivale a discriminación por sexo. EFE/Archivo

Un grupo de niños atiende en clase. EFE/Archivo

La legislación autonómica exige el apoyo de tres municipios de más de 50.000 habitantes para llevar a cabo una iniciativa legislativa popular. De momento, cuentan con el apoyo de 14 municipios que representan a más de un millón de madrileños. En septiembre esperan que la ILP llegue a la Asamblea de Madrid.

Al estar cedidas las competencias en materia educativa, existen grandes desequilibrios en la inclusión en centros ordinarios dependiendo de la comunidad autónoma. Mientras Navarra y Galicia superan en diez puntos la media y tienen al 90% de alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, la Comunidad Valenciana destaca en la parte negativa con solo el 17% de inclusión -seguida por Cataluña, Extremadura, Aragón, Canarias y la Comunidad de Madrid.

Si atendemos al conjunto de necesidades específicas de apoyo educativo, Madrid se convierte en la comunidad menos inclusiva con un 3,6% del alumnado integrado. Los promotores de la ILP, tras años recopilando datos e información, han constatado que “el sistema educativo de la Comunidad de Madrid muestra procesos de segregación alarmantes y carencias graves de recursos para el alumnado con más necesidades de apoyo”.

Respaldados por la encuesta PISA de 2015 que señalaba a Madrid como la comunidad autónoma con mayor segregación socioeconómica, los coordinadores de la ILP han evidenciado dentro de su estudio la concentración de alumnos con este tipo de necesidades en torno a determinadas zonas de localidades del sur; cuyos porcentajes superan el 10% mientras que en otras zonas de los mismos municipios no alcanzan el 1%. Como subraya el sociólogo y profesor Fernando Andrés Rubia, las políticas seguidas en Madrid por el Partido Popular han favorecido la segregación en mayor grado que en el resto de comunidades: “La implantación del bilingüismo en la comunidad ha sido la excusa perfecta para la segregación, provocando una concentración del alumnado más vulnerable en centros no bilingües.

Como consecuencia se está produciendo en Madrid una tendencia a la guetización, con centros casi exclusivos de población gitana e inmigrante, que va en contra de la cohesión social”. Rafael Feito, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, va más allá y señala a Madrid como la punta de lanza de la LOMCE: “Madrid es el claro ejemplo de unos gobernantes que han impulsado la educación privada y concertada, la diferenciación de los centros y la libertad de elección que al final se convierte en que quien tiene más recursos elige el centro que quiere”.

La educación inclusiva como un derecho universal

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue ratificada por nuestro país en 2008. Como firmante del acuerdo, España se compromete en su artículo 24 a “garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación, que no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan”.

Esa es la reivindicación fundamental de la coordinadora ‘ILP Inclusiva’, considerando que los recursos existían y, a pesar de los recortes, siguen estando: “Abogamos por una redistribución de los recursos que ya existen y se otorgan a los centros de atención especial. No es necesario que se eliminen, sino que se redistribuyan en los centros ordinarios dónde están la inmensa mayoría de los niños que requieren apoyo específico. Se les está privando de la socialización básica, de poder convivir con niños del mismo barrio y de desarrollo social y cognitivo que deberían de tener dentro de la socialización normal de un niño”.Diversos profesores han aunado fuerzas en las redes sociales en lo que ellos autodefinen como “una auténtica revolución inclusiva” para apoyar la iniciativa madrileña.

Para Coral Elizondo, psicóloga y profesora en la Universidad de Zaragoza, el verdadero déficit del sistema se debe a la ausencia de formación al profesorado en educación inclusiva: “Lo que nos falta a los docentes es información, venimos de un modelo de los años 80 donde hablábamos al alumnado de integración, que es cuando se escolarizan por primera vez alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios. Desde entonces hemos cambiado de términos, ahora hablamos de inclusión, de un modelo que ya no es clínico, sino que es un modelo social.

Sin embargo, eso jamás nos lo han contado y hoy por hoy nuestras actuaciones en las aulas son segregadoras, siguen siendo como aquel programa experimental de los años 80. Sí que tenemos a los niños dentro de los colegios, pero todas las intervenciones qué hacemos con ellos son fuera del aula”.

De la misma opinión es Gerardo Echeita, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, para quien estar en un centro ordinario es solo un primer paso: “No solo es una cuestión de espacios, es una cuestión de la calidad de la respuesta y de la educación que reciben en esos espacios comunes.

Si tienes un niño con discapacidad en una escuela ordinaria, pero está en una esquina, fuera del aula y sus compañeros no lo reconocen; por mucho que sus números sumen en la estadística ni de lejos es una respuesta inclusiva”. Ignacio Calderón, profesor de Teoría de la Educación en la Universidad de Málaga y una de las voces más reconocidas en la inclusión educativa, cree que el gran reto de nuestro sistema educativo pasa por hacer una enmienda a la totalidad de un modelo homogéneo que no tiene en cuenta la heterogeneidad de nuestra sociedad.

“En pleno siglo XXI seguimos pensando que hay un único ritmo que seguir con una metodología idéntica para todos y quien no cabe dentro de ese molde es excluido. Lo que es inconcebible es que sigamos pensando que tiene que haber un solo ritmo, ese es el meollo de la cuestión. Existen muchísimos estudios que demuestran el valor de la heterogeneidad cuando tiene cabida en el aula, porque aprendemos fundamentalmente de las diferencias. Aunque hemos formado las escuelas en torno a la homogeneidad”.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/educacion-inclusiva-derecho-olvidado-lomce-recortes.html

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Educación para el cambio.

Por: Maria Ángeles Pastor.

El adelantado el fin de curso por las fechas del Rocío, los estudiantes de 2º de Bachillerato empiezan ya a preparar la nueva PBAU, prueba que ha sustituido a la llamada Selectividad cambiando de nombre para seguir prácticamente como estaba. El simulacro ha servido para tener desorientados a profesores y alumnos durante buena parte del curso, con daños colaterales en los currículos de algunas materias. No importa demasiado: en la enseñanza estamos acostumbrados desde siempre a lidiar con los cambios, muchos de ellos acompañados de un agudo enfrentamiento político y un abultado debate social.

En este sentido, el caso de la Lomce no ha sido distinto. Es bueno que la discusión acompañe los cambios que se decidan en el sistema educativo, porque nos lo jugamos todo ahí: la educación está conectada con el futuro, con el tipo de sociedad que buscamos, con los valores ciudadanos que queremos. Por eso es tan absurdo que el grueso del debate educativo se centre en asuntos periféricos. Claro que tenemos que innovar en las formas de enseñar y aprender, pero lo decisivo no se juega en las competencias, estándares o lo que al próximo pedagogo se le ocurra, sino en qué se enseña, qué se aprende, para qué y al servicio de quién.

Nuestros alumnos (y alumnas, para que los de coeducación de la Junta no se enfaden) aprenden a ser buenos productores y consumidores, en un contexto marcado por la precariedad que no les dejará mucho tiempo para ocuparse en cultivar su espíritu crítico. Aprenden a ser constantemente sometidos a evaluaciones externas (ellos mismos, y los centros en los que estudian), y a continuación clasificados como le interesa al sistema -la nota de corte le corta la vida a más de uno-. Y están desconectados de muchas de las problemáticas sociales a las que tendrán que enfrentarse. ¿Cómo afrontarán en el futuro el hundimiento de la democracia tal como la conocemos, los movimientos migratorios que no han hecho más que empezar, la crisis ecológica que nos obligará a vivir de otra manera…? De todo esto, la escuela no quiere saber nada.

Querremos ciudadanos honestos, participativos y autónomos, pero les enseñamos individualismo, competitividad y sumisión, aunque no exista asignatura alguna con esos nombres. No hacen falta tantos cambios en educación, que se lo digan a los que han terminado 2º de Bachillerato. Lo que necesitamos, cada vez con más urgencia, es una educación para el cambio.

Fuente: http://www.huelvainformacion.es/opinion/articulos/Educacion-cambio_0_1139886097.html

Imagen: https://image.slidesharecdn.com/unaeducacinparaelcambioexpo-140710030052-phpapp02/95/una-educacin-para-el-cambio-expo-1-638.jpg?cb=1404961295

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España: Los colegios públicos viven otro paro sin cambio de posturas entre sindicatos y Gobierno

España/23 de mayo de 2017/Autores: eldiarionorte Euskadi/ Fuente: http://www.eldiario.es

Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han convocado una nueva jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria de Euskadi, a la que están llamados unos 29.000 trabajadores.

Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han convocado este martes una nueva jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria de Euskadi, a la que están llamados unos 29.000 trabajadores, para reclamar «la mejora de las condiciones laborales» y por «la construcción de la educación».  Esta es la segunda convocatoria de huelga en dos semanas y la tercera desde el pasado mes de marzo. Y desde que empezaron las movilizaciones parece que nada se ha movido. Sindicatos y Departamento de Educación mantienen las espadas en alto.

En declaraciones a Europa Press, el responsable en este área de ELA, Xabier Irastorza, ha asegurado que la movilización responde al diagnóstico «muy grave» de la situación en la educación pública, tanto en lo relativo a inversión como a las condiciones laborales.

«Constatamos que la inversión en Educación es de las peores en la UE. Estamos a la cola en inversión, pero desde 2009 hay un recorte de 162 millones en el Presupuesto que repercute en plantilla, condiciones laborales y ratios de alumnado por clases», ha manifestado.

Además, ha denunciado «los recortes salariales, pérdida de poder adquisitivo, sustituciones que no se hacen hasta pasada una semana, o la penalización de las bajas», entre otros aspectos. A ello se suman las reformas educativas (Lomce y Heziberri), que «suponen una mercantilización de la educación».

Irastorza ha advertido de que, «con ese diagnóstico», el Gobierno vasco «tiene que cambiar su política educativa, aumentar la inversión e incrementar las plantillas en, al menos, 2.000 personas en los colectivos de docentes, educación especial, cocina y limpieza, y haurreskolak, los cuatro convocados a la huelga, en los que «la tasa de temporalidad es muy elevada».

«Pedimos que se revierta la política de recortes, que se cambie radicalmente la política educativa y se vuelva a la situación de 2009», ha reclamado, para añadir que la disposición de los convocantes a negociar «es total», pero ha advertido de que «tiene que haber propuestas encima de la mesa».

Los sindicatos convocantes han advertido de que tienen «clarísimo» que «la situación exige una respuesta por parte del Gobierno», por lo que, si el Ejecutivo autónomo «no responde, tendrá huelgas y movilizaciones».

Fuente de la Noticia:

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/colegios-publicos-posturas-sindicatos-Gobierno_0_646386373.html

 

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Incendio con las pruebas externas: el examen que impugna la comunidad educativa

Por: Hector G. Barnés

Mayo es el mes en el que se celebrarán las pruebas de evaluación externa impuestas por el Ministerio de Educación. En la Comunidad de Madrid los pasados días 10 y el 11 se celebraron las de 3º de Primaria; este viernes 19 tendrán lugar las correspondientes a 4º de la ESO, la gran novedad de este año. A finales de mes, entre el 31 de mayo y el 1 de junio, se realizarán los exámenes correspondientes a 6º de Primaria. Una semana más tarde tendrá lugar la conocida como EvAU, la Evaluación de Acceso a la Universidad que sustituye a la antigua Selectividad. Un apretado calendario que va dejando pequeños incendios a su paso.

Este año, la guerra entre Consejería de Educación y diversos sectores de la región en Madrid ha llevado tanto a una llamada a la objeción como a seguir paros parciales. La pasada semana, Comisiones Obreras impugnó las pruebas de 3º de Primaria y solicitó su suspensión inmediata. La mañana del miércoles hizo lo propio con las llamadas “reválidas” de 4º de ESO. Entre las razones que aduce el sindicato se encuentran la ausencia de procedimiento y la vulneración de derechos básicos. Además, la FAPA Francisco Giner de los Ríos y el Sindicato de Estudiantes han mostrado su rechazo este miércoles frente a la Consejería de Educación madrileña.

Denuncian que los plazos han sido tan ajustados que “la Administración elude regular aspectos que sabe, que, por su causa, se van a incumplir”

Estas pruebas diagnósticas, cuyo objetivo es medir las competencias en comunicación lingüística, ciencia y tecnología y matemáticas sin efectos académicos, han sido tradicionalmente rechazadas desde diversos sectores de la comunidad educativa. Aunque estas evaluaciones se han celebrado en la Comunidad Autónoma de Madrid desde el curso 2004/2005, el pasado año varias comunidades autónomas (entre ellas, las gobernadas por el PSOE) decidieron no realizar la prueba tal y como establecía la ley. En 2015, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) animó a los padres a no presentar a sus hijos a los exámenes.

En el documento destinado a las viceconsejeras de Organización Educativa, María José García-Patrón, y de Educación No Universitaria, Juventud y Deporte, Cristina Álvarez, al que ha podido acceder el Confidencial, se insta a declarar la nulidad radical de la Resolución publicada el pasado 8 de mayo y a que se disponga la suspensión cautelar inmediata del procedimiento. El texto señala que aunque la Resolución no establece plazos concretos, estos no son “racionalmente suficientes para garantizar los derechos básicos del alumnado y de las familias”.

El run-run de la comunidad educativa

Uno de los puntos sensibles, para el sindicato, es qué ocurre con el alumnado con dificultades de aprendizaje. CCOO recuerda que la ampliación del tiempo de los exámenes del alumnado con dislexia o TDAH provoca que sus tiempos de descanso se reduzcan, como ya ocurrió en los exámenes de la pasada semana. La nota de prensa recuerda que esta “imposibilidad racional de cumplir los procedimientos” se dejará notar sobre todo en aquellos que necesiten adaptaciones en las pruebas, lo que puede conducir a una objeción aún mayor. La pasada semana, unos 72.000 alumnos de 3º de Primaria realizaron las pruebas.

UGT denuncia que no tienen ninguna función educativa ni de mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje

No es la única reacción negativa que ha recibido la prueba durante los últimos días. El sector de enseñanza de UGT rechazaba las pruebas y publicaba un decálogo con sus razones. Entre ellas se encuentran algunas de las reservas pedagógicas ligadas a esta clase de pruebas, desde que “no tienen ninguna función educativa ni de mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje” hasta que “desprecian el trabajo docente y la evaluación continua” y “están descontextualizadas y no tienen en cuenta ni la diversidad del alumnado ni de los centros”.

En una línea semejante se encuentra el comunicado de rechazo del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid. Según sus datos, la realización de estos exámenes supone un gasto de 645.955 euros para la comunidad ya que una empresa privada gestionará la organización. En opinión del partido morado se trata de un derroche de dinero que “se recorta de la educación pública para dárselo a empresas privadas, a través de un mecanismo nada transparente”. CCOO, por su parte, señala que se han abonado 330.000 euros a la empresa que se ha adjudicado la organización de los exámenes. Sin embargo, añaden, los gastos de impresión y fotocopia de los exámenes corren por parte de los centros sin que sean reembolsados por la Consejería.

CGT, por su parte, ha convocado paros parciales durante las horas en que se celebren estos exámenes. Entre sus razones para decir “no a los ranking que favorecen a la concertada”, figuran estar “contra los mecanismos encubiertos de privatización y segregación”. Otras organizaciones, como CIDESPU (Asocicación de Ciudadanos en Defensa de la Escuela de Pública de Móstoles), han difundido un documento de justificación de ausencia del alumnado al centro educativo. Marea Verde ha publicado un calendario con las diversas concentraciones que a lo largo de esta semana se celebrarán en los colegios de la Comunidad bajo el lema “¡No a las pruebas externas!”

¿Exámenes, sí o no?

La Consejería de Educación recuerda que los resultados de los centros participantes no son publicados y que no se establece un ‘ranking’ con los mismos. Según la institución, el objetivo de la prueba es determinar el grado de consecución de conocimientos y competencias que sirvan para establecer programas de refuerzo y ayuda. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, han de ser los profesores del centro quienes corrijan los exámenes. Además, será el equipo directivo de cada centro el que “analizará y valorará los resultados de la evaluación con el objetivo de identificar las causas de los resultados obtenidos y reforzar o corregir los procesos organizativos y didácticos para mejorar esos resultados”.

El Ministerio de Educación recuerda que 24 de los 34 países de la OCDE realizan pruebas similares

Las pruebas externas se han convertido en uno de los principales focos de conflicto entre el Partido Popular y gran parte de la comunidad educativa al concretar uno de los principios más polémicos de la LOMCE. Sus defensores mantienen que se trata de una útil herramienta de diagnóstico que permite la intervención en cada uno de los centros, y que tiene como objetivo final la mejora educativa. Según una investigación encargada por FEDEA en colaboración con distintos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y Carlos III, su análisis econométrico “aporta credibilidad a la hipótesis de que este tipo de prueba mejora significativamente los resultados académicos”.

Los detractores consideran que su eficiencia para mejorar el aprendizaje no está clara, y que los datos obtenidos sí pueden tener consecuencias posteriores, ya que aunque no tengan efecto académico sí aparecen consignados en el expediente académico. Como aseguraba a El Confidencial Jesús Salido, presidente de CEAPA, estos exámenes “no sirven para nada más que para hacer al alumno culpable de su propio fracaso”. El viernes, no obstante, miles de alumnos madrileños están llamados a realizar las pruebas por primera vez desde la entrada en vigencia de la LOMCE.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-05-18/pruebas-externas-madrid-eso-primaria_1383953/

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La maraña educativa en España.

Por: Maria Elvira Roca Barea.

Cuando empezó el curso, un profesor de matemáticas que tuviera a su cargo un segundo de Bachillerato creía que su obligación era preparar a sus alumnos para pasar la reválida con la mejor nota posible. Si el docente es andaluz y enseña las llamadas Matemáticas II -que son las matemáticas difíciles, las que tienen que cursar los que va a ser ingenieros o arquitectos o físicos, por ejemplo-, una Orden de 14 de julio de 2016 hubiera evitado que le entraran ganas de cantar la marsellesa. Es un decir, porque nosotros no tenemos himno que cantar. Y se le hubieran quitado las ganas porque en fecha tan señalada se le ha hecho saber por medio de la susodicha Orden que además de Números, Álgebra, Geometría y Análisis, tiene que incluir en su programación Estadística y Probabilidad.

Iba el temario ya muy cargado, con medio curso para Números, Álgebra y Geometría, y otro medio para el Análisis, un tiempo a todas luces insuficiente, porque hay que enseñar límites, derivadas, integrales, asíntotas verticales, cálculo matricial, perpendicularidades de rectas y planos y un largo etcétera para comprender el desenvolvimiento de las borrascas o evitar que se caigan los puentes. Le añades la Estadística y la Probabilidad, y no hay forma de cuadrar el círculo.

Así las cosas, comienza el curso, organiza como puede su materia, elabora una larga y tediosa Programación, documento de más de 100 páginas que nadie lee y al que nadie hace caso, y comienza una carrera contra el tiempo que lo obliga a llevar a sus alumnos con la lengua fuera y que se detiene bruscamente el 26 de octubre cuando la reválida es suspendida sin que se sepa qué la sustituye, es más, si hay algo que la sustituye.

Durante cuatro meses nadie sabe lo que va a pasar. El 17 de febrero ese sufrido profesor de matemáticas llega a su casa dando portazos y con el café que se ha tomado en el recreo atravesado en el gaznate. El Distrito Único Universitario ha publicando las normas de la recobrada Selectividad. Ya no están incluidas ni la Estadística ni la Probabilidad. Si empezó por esa parte del programa, ¿qué hace ahora? Lleva meses dando una materia de la que sus alumnos no se van a examinar.

En mayor o menor medida todas las asignaturas se han visto afectadas por este berenjenal. Si en vez de ser andaluz, el profesor hubiera sido asturiano o aragonés, habría sufrido otras órdenes y contraórdenes, pero todas en el mismo baile de centrifugado autonómico, inseguridad jurídica y demagogia generalizada. Sale Rajoy y dice una cosa. Sale Rivera y dice otra. Sale Iglesias, y más de lo mismo. Del lado del PSOE faltan el don y el nombre. Las maldiciones de unos y otros llenan los pasillos de los institutos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo evitamos, reducimos, paliamos el perjuicio que se hace a tantos alumnos impunemente? Pero lo peor no es el ambiente de afrenta y humillación que se mastica en la sala de profesores, lo peor es llegar a clase al día siguiente y tener que decir a los alumnos que donde dije digo, digo diego.

La mayoría tiene 17 o 18 años, y con esa edad todavía creen que existe alguna racionalidad en las leyes y normas que rigen su vida, su destino, sus estudios. Para que no les parezca que viven en un país que va a la deriva, les cuentas que esto es un problema consecuencia de la falta de mayoría parlamentaria estable y que es excepcional y pronto se resolverá, aunque tú sabes que no es excepcional, que la historia de la legislación española sobre educación en las últimas décadas ha sobrepasado hace mucho los límites del disparate. Pero luego están los ojos de ese chico listo, de entendederas muy despejadas, que se sienta en la segunda fila, porque la inteligencia humana es difícil de matar y ni el más obtuso y caótico sistema educativo ha podido lograrlo. Esos ojos son un desafío acusador y hacen que te sientas culpable y no sabes por qué. Y te niegas obstinadamente a desplegar ante sus ojos tus propias heridas de profesor ofendido por la irracionalidad y la demagogia política.

Desde que con palmas y olivos recibimos la democracia, hemos tenido un estado perpetuo de zozobra que ha terminado por minar toda la confianza en nuestras leyes y en nuestras autoridades educativas. El cargo de ministro de Educación y otros afines parece que los regalaran en una rifa. Nadie pregunta a los profesores, convertidos en convidados de piedra en el tajo de su propia obra. Pedagogos a sueldo de este grupo político o de aquel, que nunca han enseñado nada, que no saben lo difícil que es meter dentro de una cabeza humana cómo se plantean y se resuelven las ecuaciones de segundo grado o a qué extraordinaria operación de pensamiento responde una metáfora, vienen a decirte cómo tienes que enseñar aquello que ellos no saben. Las modas pedagógicas se suceden una tras otra, y cuando ya creíamos que le habíamos cogido el truco a aquel absurdo de conceptos, procedimientos y actitudes, resulta que ya no vale, y ahora lo que pita es las competencias básicas y los estándares de aprendizaje. Pero tampoco, porque las competencias básicas hubo que dejar de llamarlas así, so pena de excomunión, y pasaron a ser competencias clave. ¿O era al revés? Ahora no me acuerdo.

En 1980 vino la LOECE (Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares). La siguió en 1985 la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación). En 1990 apareció la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo). En 1995 se promulgó la LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Escolares). Y poco después, en 2002, vimos nacer la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación). En 2006 nació la LOE (Ley Orgánica de Educación) y en 2013 asistimos, ya sin sorpresa alguna, al parto de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Todo con mucha mayúscula. LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y LOMCE… conforman un buen lío. A éste hay que sumar la capacidad, siempre variada y creativa en su búsqueda diferencial, de emitir decretos, leyes, órdenes y contraórdenes de las comunidades autónomas. No hay brújula capaz de sobrevivir en esta vorágine. Nos agarramos al sentido común para no perdernos en la maraña legislativa que se parece tanto al maremágnum de particularismos legales tardofeudales que produce perplejidad.

La inseguridad jurídica en que vive la educación hace imposible cualquier mejora, porque lo primero que tiene que haber, en cualquier orden de la vida, si se quiere prosperar, es estabilidad. En estado de perpetua mudanza no hay tiempo para consolidar los logros ni para darse cuenta de los errores. Y no es que no haya precedentes, que los hay y muy sólidos. Los españoles se mataron en la Guerra Civil, pero no tocaron lo esencial de su sistema educativo. La Ley Moyano de 1857 estuvo en vigor durante décadas y el marco general por ella creado se mantuvo hasta la Ley General de Educación de 1970. La democracia de Cánovas, con todas sus imperfecciones, como todas las democracias, mantuvo fuera del debate político la educación de los españoles. Se ve que no era tan imperfecta. Nuestra estupenda democracia posfranquista no ha podido.

Pero hay aspectos de la vida común que un país que se respete no puede estar cambiando cada vez que cambia un Gobierno, como la política exterior, por ejemplo. Por eso van a ir el Rey y el presidente a Cuba, porque las relaciones entre España y la isla caribeña tienen que estar por encima de los vaivenes políticos, de los cambios de régimen y hasta de las ideas de los gobernantes. Las democracias occidentales no se consolidaron hasta que no se atinó a definir con precisión la Función Pública, que nació para darle estabilidad al Estado, como la propia palabra indica. Con las elecciones y los cambios de Gobierno, la cosa pública quedó convertida en un mecanismo enloquecido donde unos entraban y otros salían, según el partido que ganaba, generando una enorme inseguridad en la vida social. Pues bien, esta democracia posracional tiene que entender que la educación debe absolutamente quedar fuera del régimen de las cesantías.

Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2017/04/26/58ff7fbae2704eab738b45dc.html

Imagen: http://e00-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2017/04/25/14931394840540.jpg

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Cuatro obstáculos para el pacto educativo

ANNA FLOTATS

La Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación ya ha echado a andar. Los grupos parlamentarios tienen por delante el reto de alcanzar el primer gran pacto nacional en materia de Educación. Dispondrán de un plazo de seis meses para elaborar un informe que sirva de base para que un proyecto de Ley Básica de Educación que sustituya a la más que polémica y cuestionada Lomce.

El camino hasta ese pacto, sin embargo, está lleno de piedras y obstáculos y la situación es urgente. Al caos legal creado por la Lomce y sus paralizaciones y retrasos, hay que sumar el rechazo constante de la comunidad educativa. El próximo 9 de marzo, de hecho, se celebrará una nueva huelga de estudiantes que persigue el objetivo  de derogar íntegramente la conocida como ‘ley Wert’.

Con los siguientes retos echa a andar, por tanto, una Subcomisión que ya con un problema de raíz: no tiene el apoyo de Unidos Podemos, PNV, ERC, la antigua Convergència y CiU y si el objetivo es un gran pacto nacional parece obvio que, al menos, debe entrar dentro del acuerdo el tercero partido en importancia en el Congreso y los principales partidos nacionalistas.

1. El apoyo a la educación concertada

La Administración aporta el 57% de los ingresos de los colegios concertados, eso es, seis de cada diez euros. ¿La educación privada y concertada va a seguir financiándose con fondos provenientes de las arcas públicas? Jurjo Torres, catedrático de Didáctica en la Universidad de Santiago de Compostela, duda que eso cambie. «No me creo que la ideología no entorpezca el debate, es muy complicado llegar a un pacto partiendo de una política conservadora, sesgada, intervencionista y que ha premiado a los creadores de la LOMCE con puestos en la OCDE», argumenta.

Para que el supuesto pacto logre algún cambio en la legislación educativa, indica el catedrático, deberá dejar «cierta ambigüedad en la mayoría de cuestiones» parar lograr luego «una norma de mínimos con un articulado pequeño». Sin embargo, Torres advierte del peligro posterior: «Es en el desarrollo de los decretos ley donde se sueltan las verdaderas bombas».

2. La religión, ¿dentro o fuera de las aulas?

Los acuerdos firmados entre el Gobierno español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 incumplen varios artículos de la Constitución aprobada un mes antes, el 6 de diciembre de 1978, que declara España como aconfesional. Sin embargo, ni el PSOE ni el PP se han planteado la posibilidad de revisar estos acuerdos, que dan privilegios a la Iglesia en ámbitos como la Educación, la Jusitica, el Ejército y los Presupuestos. «La religión tiene que ser una cuestión privada y no puede formar parte de los currículos de la educación pública. Ninguna ideología debe estar presente en la escuela y menos aún financiada por el Gobierno», opina Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga y portavoz del Foro Sevilla por Otra Política Educativa. Este colectivo ha redactado un Documento de bases para una nueva Ley de Educación que ha recibido el apoyo de sindicatos, estudiantes, padres, colectivos sociales y partidos políticos (Unidos Podemos, PSOE, ERC y Bildu).

En seis meses, la subcomisión deberá responder a las eternas preguntas sobre esta cuestión: ¿La nota en la asignatura de Religión contará para pasar de curso?, ¿puntuará para acceder a becas?, ¿se seguirán financiando con dinero público los centros religiosos que segregan por razón de sexo? En definitiva, ¿la ideología se quedará, por fin, al margen de la educación?

3. ¿La educación es para todos?

El Gobierno ha dado marcha atrás con las reválidas —las evaluaciones finales de Primaria y ESO serán muestrales y de diagnóstico y la de Bachillerato será similar a la Selectividad—, pero ¿hasta qué punto cederá en otros ámbitos? Rafael Feito, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, ve «muy difícil que el PP se apee del dogmatismo con el que impulsó la LOMCE». «Si PP y Ciudadanos no entienden que un joven sin Bachillerato o sin una formación en Grado Medio lo va a tener muy difícil en la vida, un pacto no servirá de nada«, argumenta Feito, que sostiene que «los conservadores en general piensan que la educación no es para todos».

Un ejemplo de este pensamiento —que prefiere la excelencia a la equidad— son los llamados itinerarios tempranos, que expulsan a parte del alumnado del sistema porque lo mandan a diferentes niveles de formación a partir de 3º de la ESO. «Los partidos conservadores apuestan por segregar a partir de la Primaria y partiendo de esa base es muy difícil llegar a un buen acuerdo».

4. Las competencias de las comunidades

Aunque la creación de un espacio de diálogo en el Congreso ha sido muy bien recibido por la mayoría de partidos, sindicatos de profesores, alumnos y padres, no ha sido celebrado del mismo modo por todas las comunidades autónomas. Aunque la mayoría ha acogido de buen grado la creación de la subcomisión y la consiguiente paralización de las reválidas, Catalunya, Navarra y Euskadi siguen descontentas porque consideran que se siguen invadiendo sus competencias.

Las comunidades no gobernadas por el PP se han puesto en pie de guerra durante el desarrollo de la LOMCE y algunas de ellas incluso han incumplido los decretos ley marcados por la norma. ¿Será posible llegar ahora a un consenso tras tantos años de desencuentros?

Fuente del Artículo:

http://www.publico.es/sociedad/cuatro-obstaculos-pacto-educativo.html

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