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El sistema educativo en una probeta.

Por: Mercedes Ventura.

En materia educativa nos hemos vuelto científicos con tanto ensayo de acierto-error. El alumnado y el docente se han convertido en las cobayas de los gobernantes que a partir de sus ideales políticos han ido probando fórmulas mágicas para solucionar el fracaso escolar y el abandono prematuro de las aulas.

Tanto cambio e improvisación han impedido ver qué aspectos han funcionado en el sistema educativo porque únicamente se han centrado en criterios políticos y se han alejado del tinte independiente y profesional que debería marcar el criterio educativo.

En el año 1970 llegó la primera Ley General de Educación. Le siguió la LOGSE, más tarde la LOE y en la actualidad, la LOMCE. Cada una de ellas con diferentes tintes políticos y con el mismo pecado: el fracaso y abandono escolar.

Yo estudié la educación obligatoria dentro del sistema de la LOGSE y me acuerdo que no se podía obtener el Graduado Escolar si no aprobabas con un cinco como mínimo en el octavo curso. De esta manera se podía acceder a Bachiller.

Posteriormente, con el cambio a un gobierno socialista vino una reforma educativa con la LOE que facilitaba obtener el título de Educación Obligatoria, ESO y el acceso a Bachiller, con la finalidad de reducir el fracaso escolar. Se podía acceder a Bachiller con una evaluación negativa en una o dos materias y ‘excepcionalmente en tres’.

En el 2013, con otro cambio de gobierno llegó la LOMCE del Partido Popular, que ponía piedras en el camino con las famosas reválidas y el alumno debía superar con un cinco, como mínimo, la ESO para acceder a Bachiller.

En 2017, con la gran presión recibida por los diferentes grupos políticos, se aprueba la moratoria del Real Decreto de la reválidas de la LOMCE. Pero esta semana hemos tenido la gran sorpresa de que esta moratoria a la reválida tiene nuevos cambios en la normativa; es decir, que para adaptar  a la nueva situación las condiciones de acceso a los títulos, el Ministerio ha decidido contradecirse en su propia norma a no solicitar una nota media final al menos de un cinco sobre 10 para obtener ESO y acceder a Bachiller.

Sinceramente, el Gobierno del Partido Popular ha perdido la cabeza con sus incongruencias legislativas, cambiando la reglas de juego a medio curso porque el alumnado y el docente a fecha de hoy no saben qué deben hacer para superar ESO. Este cambio nos lleva a que no se valore el esfuerzo y se reduzca la calidad educativa.

Espero que no tarden en llegar los frutos del pacto educativo propuesto por Ciudadanos, para que frenen las incongruencias estatales y se ponga fin a los continuos enfrentamientos entre el Estado y las Administraciones Autonómicas, donde cada gobierno quiere instaurar su ideología. Aquí, en la Comunitat Valenciana, bien contentos nos tiene el conseller con sus sueños de ‘Països Catalans’ y con la baremación encubierta de los interinos, entre otros.

Finalmente, apelo a la reflexión de los gobernantes sobre qué rumbo desean darle al Sistema Educativo. Yo apostaría por un modelo donde prime el esfuerzo y la calidad educativa. Es más, donde se reforme la carrera profesional del docente, ofreciendo mayor formación a través de un DIR o formación permanente y se dignifique y prestigie esta profesión porque es una de la más importantes y esenciales de nuestra sociedad.

Fuente: http://www.castelloninformacion.com/castellon-opinion-ciudadanos-mercedes-ventura-sistema-educativo-probeta/

Imagen: http://www.ricardollamas.es/wp-content/uploads/2015/05/ensayo-error-620×327.jpg

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¿Excelencia, libre elección e igualdad en la educación pública?

Por:Beatriz Galiana Blanco.

Hace algunas semanas, diferentes medios se hicieron eco de un conflicto surgido en un centro educativo público de Leganés; nos referimos a lo sucedido en el IES Arquitecto Peridis: la participación activa tanto del director como de la jefe de estudios en la lamentable campaña del autobús homófobo de “Hazte oír», motivó que, desde diversos sectores de la comunidad educativa, se convocaran actos de repulsa y concentraciones frente al centro. Estos actos, promovidos por las propias familias del centro –y no por partidos políticos ni agrupaciones ajenas, como se ha pretendido hacer creer– no son sólo motivados por la repulsa al apoyo recibido por el grupo ultraconservador, sino también un modo de denuncia de otras tantas coacciones que han sufrido en múltiples ocasiones, tal y como han manifestado el alumnado y el equipo docente.

Ejemplos concretos de esto han sido la prohibición de ejercer el derecho a la concentración del día 8 de marzo –convocada de 12.00 a 12.30 en los centros de trabajo–, el intento de disuasión para utilizar el 016 donde se puede denunciar y pedir ayuda contra la violencia de género, o las coacciones soterradas en las convocatorias de huelgas educativas de los últimos meses.

Evidencia todo ello no sólo una demostración de fuerza y de falta de empatía, algo inaudito en quienes forman parte de un equipo directivo de un instituto público (en general, de cualquier cargo público), sino algo mucho más grave: es, sin duda, una postura antidemocrática, de hostigamiento y hostilidad hacia quienes sostienen posiciones diversas, toda una declaración de intenciones, que supedita los intereses de la comunidad educativa de un centro a una ideología personal, contraria a la diversidad, la inclusividad y la pluralidad de un centro educativo y de nuestra sociedad.

No son pocas las cuestiones que podríamos plantear al hilo del tema: ¿pueden mantenerse en la directiva de un centro educativo público cargos que se significan políticamente en posiciones ultraconservadoras? ¿No va esto mismo en contra de los derechos más básicos de las personas? ¿No está detrás de todo ello el querer posicionar un centro en una ideología concreta, más allá de la opinión de la comunidad educativa, y por encima de la autonomía que han de tener los centros? Creemos que todo ello guarda una inequívoca relación.

La función directiva, en el marco de la LOMCE, se ha visto reforzada: las direcciones de los centros han sido dotadas de una mayor autonomía y, en opinión de directores y directoras de centros, todo ello se encamina a profesionalizar esta figura. Si bien es necesario decir que en gran medida las direcciones de los centros funcionan de manera democrática, atendiendo opiniones y escuchando al claustro y al Consejo Escolar, no es menos cierto que, como es el caso, la ley concede un margen mayor, algo que quizás en este caso ha servido para justificar actos lamentables en contra de la diversidad y la pluralidad como el que describimos, y, por ende, para hostigar y castigar toda acción crítica contra las autoridades educativas: nos referimos, claro está, a todo lo que la Marea Verde educativa promueve y convoca en defensa de la educación pública.

No menos significativas son también las demás cuestiones que nos planteábamos, a saber, el apoyo de los derechos básicos y la posición ideológica de un centro. Y, como muestra, citaremos lo sucedido hace unos cuantos cursos, cuando se intentó implantar en el centro el Bachillerato de Excelencia, algo que, en opinión de la gran mayoría de los sectores educativos, atenta contra la igualdad y la equidad que son la seña de identidad de la escuela pública. Esta modalidad de Bachillerato encamina a los centros en una dirección concreta, la supuesta excelencia educativa frente a la igualdad de oportunidades para todas y todos, elemento que debería de ser la base real de un sistema educativo de calidad.

Nuestro sistema educativo puede presumir de tener un magnífico cuerpo de profesionales, personas preparadas, implicadas y luchadoras, frente a la política restrictiva, unilateral y errática que se practica desde hace muchos años por parte de los distintos gobiernos centrales y autonómicos en este país. Diariamente, profesoras y profesores, alumnas y alumnos, madres, padres, familias, luchan por garantizar un acceso a la educación digno e igualitario, sin distinciones. Hechos como estos, y otros que no han tenido repercusión pública, no hacen más que empañar todo este denodado esfuerzo: estas posiciones, parciales y sectarias, no deberían sostenerse desde ningún cargo público, y, muchísimo menos, desde la dirección de un centro que acoge multitud de sensibilidades, porque ¿acaso estas actitudes no repercuten en el desarrollo de la actividad normal del centro?

Sería comprensible que, ante los hechos, desde la Consejería se hubiera apartado al director de su puesto, pero, a día de hoy, nada ha sucedido. Y los silencios, normalmente, gritan mucho más de lo que callan.

Fuente: https://www.madridiario.es/443570/excelencia-libre-eleccion-igualdad-publica

Imagen: https://www.madridiario.es/fotos/1/142238_Feria_Libro_Antiguo_Ocason_Cibeles_ks_5_thumb_722.JPG

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La cultura del esfuerzo.

No hace falta llegar al cinco ramplón para obtener el título de ESO.

Por: Carmen Ferreras.

Conocerá la autoridad competente en materia de Educación, la cultura del esfuerzo? Cierto es que no tiene buena prensa, que no pasa por sus mejores momentos, pero no es menos cierto que uno de sus valores más notables para alcanzar los objetivos fijados, pasa directamente por la perseverancia. Palabra y actitud también en desuso, sobre todo en materia de educación. Efectivamente, la tenacidad, pero también el compromiso, la vocación y la disciplina son pilares fundamentales de la cultura del esfuerzo. Dígaselo usted a la autoridad competente que ha decido que no hará falta llegar al cinco ramplón, al aprobado más simple para obtener el título de Eso. Es un agravio comparativo para los que consigan nota, para los que vayan muy bien preparados y con «la lección» aprendida.

O se inventan revalidas y más revalidas que tampoco son tan malas o lo quitan todo por decreto igualando al pelotón de los torpes con el de los listos o inteligentes, que no es lo mismo. La política educativa en España deja mucho que desear. El que llega nuevo al Gobierno quiere imponer lo suyo que no es lo de todos, sin respetar aquello que está o se ha hecho bien, y así les va a nuestros estudiantes, de culo y cuesta arriba. Por favor, que saquen de una vez por todas una ley en un contexto de estabilidad jurídica para los alumnos y que dejen de marear la perdiz como lo vienen haciendo. No se puede jugar así con la Educación. Tiene que ser sagrada, no sólo en su pluralidad sino también en su aplicación.

El Gobierno patrio ha reculado con lo de la implantación de las revalidas de la Lomce y se ha pasado de golpe no veinte ni treinta, sino cien pueblos, porque ahora no hará falta aprobar para obtener el título de Eso, como ya digo más arriba. La ley del mínimo esfuerzo le gana a la cultura del esfuerzo. Perdemos todos, en especial los estudiantes que ven un escape a su problema de «vaguitis», aquellos que la padezcan, claro. Así no vamos a ninguna parte. Hay que trabajar, desde el consenso, con lo mejor que todos puedan aportar en una ley básica de educación que lleve directamente a la excelencia, para acabar con el abandono escolar temprano que propician, precisamente, algunas leyes. Lo que no pueden ni deben hacer es eliminar los pertinentes requisitos académicos. Hay que dar más tiempo y más ayuda al que verdaderamente lo necesite. ¿Cómo?, muy fácil, potenciando la cultura del esfuerzo.

Hay que acabar con el actual caos educativo. Un caos que demuestra que los políticos van a lo suyo, no al interés y al bien común de los ciudadanos. Reúnanse, discutan, sin llegar a las manos, consensuen y saquen adelante la Ley de Educación que España espera y necesita desde hace tantos años. Dejen de crear inseguridad que afecta por igual a estudiantes, profesores y familias. Los estudiantes tienen el derecho de saber a qué atenerse y acabar con estos vaivenes que marean. Hay que propiciar un clima de estabilidad hasta ahora inexistente. Los alumnos bastante tienen con estudiar. Es lo que tienen que hacer y dejarse de jugar a la política. Que se acaben los cambios y que empiecen a mostrarles el camino de la cultura del esfuerzo que lleva directamente a la mejora de la calidad de la enseñanza.

Fuente: http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2017/04/22/cultura-esfuerzo/1000047.html

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España: Otra renuncia del Gobierno en contra de la Educación

España/20 abril 2017/Fuente: El Mundo

EL MINISTRO de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, parece dispuesto a renunciar a las mínimas exigencias de calidad que contenía la Lomce, la ley de educación aprobada cuando el Gobierno del PP tenía mayoría absoluta, en aras de un mal entendido consenso que posibilite un pacto de Estado por la Educación.

La cadena de cesiones comenzó en noviembre pasado, cuando Méndez de Vigo aseguró que este año los alumnos de ESO y Bachillerato no tendrían que superar las reválidas y paralizó estas pruebas diseñadas para elevar el nivel de exigencia en las aulas hasta que se alcance el ansiado acuerdo nacional. Siguió hace apenas tres semanas, en el último monográfico educativo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrado en el Senado, cuando el ministro y portavoz del Gobierno ofreció a los líderes autonómicos un sistema educativo «flexible» que atienda a las diferencias territoriales, lo que se entendió como una voluntad de ceder más competencias educativas a las comunidades que se consideran perjudicadas por el Gobierno. Finalmente, según ha podido saber este periódico, en el borrador de Real Decreto que prepara el Ejecutivo se vuelve a atacar la línea de flotación de un proyecto educativo que quiso asentarse en el esfuerzo y la exigencia académica. Se trata de una nueva modificación de la Lomce que está siendo desmantelada por el Gobierno que la promulgó.

De manera insospechada, ya que en anteriores borradores no estaba contemplado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se muestra dispuesto a volver a lo que fijara la LOE, la ley aprobada en 2006 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y que tantas veces fue criticado con razón por el Partido Popular. Es decir, que un alumno pueda conseguir el título de la ESO (que certifica la educación mínima y obligatoria) con dos asignaturas suspensas y una nota media inferior a un cinco sobre diez. De esta forma, podrán acceder al Bachillerato los estudiantes que no hayan logrado un nivel mínimo, lo que irá en detrimento no sólo de ellos mismos sino de todo el grupo. Sería inadmisible que el Gobierno terminara por acceder a esta petición, puesto que un pacto por la Educación no tiene valor por sí mismo si no están garantizados los dos pilares indispensables sobre los que debe asentarse un sistema educativo moderno: la calidad formativa de los alumnos, que serán los ciudadanos del futuro, y una cualificación adecuada para unos trabajadores que tendrán que enfrentarse a los exigentes retos de un mundo globalizado.

Por desgracia, la Educación en España no recibe la consideración de cuestión de Estado ni por parte del Gobierno central ni de los gobiernos autonómicos. Todos, en un acto de irresponsabilidad política de graves consecuencias, prefieren defender sus intereses electorales a los de todo el país, que reclama que se apruebe por fin una ley que garantice su continuidad durante varias generaciones y nos saque de una situación de atraso con respecto a los países de nuestro entorno. En este caso, parece que al Gobierno más que la calidad educativa lo que le preocupa es que no siga aumentando la tasa de abandono escolar, razón por la cual prefiere bajar el nivel. Pero para maquillar esas vergonzosas cifras no es necesario hipotecar el futuro de los jóvenes sino abordar de frente una cuestión en la que todos nos jugamos mucho.

Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2017/04/18/58f50315468aeb02188b45b0.html

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España: El decreto de Educación Infantil enciende al sector

Almería / 12 de abril de 2017 / Por: JOSÉ LUIS PASCUAL / Fuente: http://www.ideal.es/

La Consejería de Educación asegura que habrá más plazas e inversión, pero los centros se movilizan y piden que la Junta atienda sus alegaciones

El nuevo Decreto-Ley impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con medidas urgentes para favorecer la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía, menores de entre cero y tres años, no ha dejado a nadie indiferente, especialmente a colectivos como Escuelas Infantiles Unidas que, secundados por sindicatos y grupos de padres y profesionales, ya han comenzado un calendario de movilizaciones que, incluso, contempla una jornada de paro parcial. Desde la administración autonómica se defiende que se garantiza la gratuidad a las familias más desfavorecidas y aumenta el número de centros y plazas ofertadas. Según las previsiones de la Consejería, el próximo curso 2017-18 casi el 50% del alumnado accederá a una plaza de forma gratuita de este servicio socioeducativo que favorece el desarrollo social, emocional e intelectual de los niños y ayuda a la conciliación laboral y familiar. La administración autonómica señala que estas novedades llegan aparejadas por el nuevo modelo de ayuda a una enseñanza que no es obligatoria, ni universal, ni gratuita. Así, a partir de ahora, cualquier centro público o privado autorizado puede adherirse al Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil de forma que, además de garantizar la permanencia de los 1.610 centros que actualmente ofertan plazas a través del sistema público, se les abre la puerta a 600 escuelas infantiles nuevas que, hasta ahora, solo ofertan plazas privadas. Con este sistema el próximo curso habrá unas 12.000 plazas más, se llegará a más poblaciones y más familias serán beneficiarias de poder acceder a una plaza bajo las condiciones establecidas, según la Junta. Otra de las novedades es la mejora progresiva de las ayudas que se otorgan, pasando de cuatro tramos correspondientes al 100%, 75%, 50% o 25% del precio a nueve, del 100%, 80%, 70%, 60% y así sucesivamente hasta el 10%.

El objetivo es adaptarse a las condiciones socioeconómicas de las familias y llegar a aquellas con mayores necesidades. De esta manera, las familias más desfavorecidas pueden obtener una ayuda por el 100% del coste, lo que les supondría un ahorro máximo de 3.067,68 euros al año. En el caso de una familia de cuatro miembros que tengan ingresos anuales inferiores a 14.910 euros, es decir el equivalente a ingresos netos mensuales de 1.190 euros el servicio será gratuito. Igualmente, la Junta mantiene la gratuidad de esta enseñanza para las familias andaluzas con más de tres hijos matriculados en el Primer Ciclo de Educación Infantil; las víctimas de violencia de género o terrorismo; cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores; familias en riesgo de exclusión y aquellas cuya renta per cápita sea inferior al 0.5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), o del 0.75 en caso de familias monoparentales. También se establece como novedad la concurrencia competitiva como procedimiento para la concesión de estas ayudas. El criterio de priorización de las solicitudes será la renta per cápita anual de la unidad familiar y, en casos de empate, la edad del niño. Las ayudas se otorgarán a las familias, que cederán su cobro a los centros y abonarán a estos la diferencia con el precio establecido. No se trata, pues, de cheque-bebé sino de una bonificación al precio de la plaza como hasta ahora.

Los centros actuarán como entidades colaboradoras de la administración. Para ello, deberán firmar un convenio con la Consejería de Educación con las condiciones y obligaciones que asumen. Respecto a los gastos de gestión, recibirán una compensación económica en función del alumnado bonificado. El nuevo modelo también determina el precio máximo por plaza para no perjudicar a las familias, que permanece en 278.88 euros por un servicio de ocho horas y comedor, que deberán respetar los centros que participen en este programa y no superarlo en ningún caso, y un mínimo de 247.51 euros para ganar en competitividad, sin menoscabar la calidad del servicio. Los centros podrán adoptar un precio hasta un 15% más bajo en el caso del precio del servicio de atención socioeducativa.

Por otra parte, los requisitos y criterios de admisión seguirán siendo los mismos, es decir podrán solicitar plaza los representantes legales de niños cuya edad esté comprendida entre las dieciséis semanas y los tres años. Asimismo, se podrá solicitar plaza escolar para niños en fase de gestación cuando su nacimiento esté previsto que tenga lugar con 16 semanas de antelación al comienzo del curso. En el caso de que los niños no hubieran alcanzado las 16 semanas en septiembre y, por tanto, se escolaricen en fecha posterior en una plaza vacante, las familias podrán solicitar la ayuda a través de una convocatoria extraordinaria.

Un modelo que, desde la Consejería de Educación, califican de «transparente y abierto» y que era «necesario y urgente» articulando un modelo adaptado al nuevo contexto normativo y mejorando el procedimiento administrativo, siguiendo las recomendaciones tanto de la Intervención General como de la Cámara de Cuentas, para abrir la participación de todos los centros y ofrecer más plazas a las familias con las mayores garantías jurídicas. El plazo para la adhesión de los centros al ‘Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil’ se abrirá cada año del 15 al 31 de enero. Para el próximo curso 2017-18, de manera excepcional, se establece del 30 de marzo al 7 de abril. La reserva de plaza y solicitud de ayuda para menores que ya estén recibiendo el servicio se establece del 24 de abril al 8 de mayo. Los puestos escolares vacantes se publicarán el 9 y a partir del día siguiente y hasta el 26 de mayo las familias de nuevo ingreso podrán presentar las solicitudes de admisión y solicitar la ayuda. La formalización de la matrícula será del 22 de junio al 5 de julio.

El sector de los Centros Infantiles de 0 a 3 años, conformado por Acade , Aces ,Asociación de Escuelas Infantiles Unidas y Coordinadora, denuncian, por su parte, que la aprobación del nuevo Decreto Ley y la introducción de un nuevo modelo de financiación para el curso escolar 2017-2018, supone una disminución de las ayudas a los padres y recorte de los derechos adquiridos, por lo que durante las últimas semanas se han venido concentrando tanto en la sede de la Consejería de Educación como en las diferentes delegaciones de cada provincia.

Para estos colectivos, con el nuevo Decreto menos padres recibirán ayudas, ya que al estar el presupuesto limitado, muchos núcleos familiares no van a poder optar a ellas. Ante «el enorme retraso de la Consejería en publicar el Nuevo decreto ley, este curso habrá un proceso excepcional de escolarización. El más importante para los padres que vayan a solicitar plazas y ayudas comprende entre el 10 al 26 de mayo si todo sigue su curso ya que en este periodo se solicitan las bonificaciones. Fuera de este plazo las familias tendrán opción a plaza, pero no a bonificación». Al solicitar plaza fuera del procedimiento de escolarización, avisan, podrán obtenerla en el centro solicitado siempre que cuente con vacantes, pero sin poder disfrutar de ningún tipo de bonificación ni de subvenciones.

Los padres solo dispondrán de 10 días para realizar la solicitud. Fuera de este plazo no se contemplan ayudas, ni para los que se incorporan más tarde, ni para los no nacidos después del 12 de mayo. Este hecho supone un «grave perjuicio a las familias y vulnera los derechos de los no nacidos, también para las escuelas supone un grave problema cuyas plazas de bebés se cubren cuando estos van cumpliendo las 16 semanas y dejaría aulas vacías». La conciliación de la vida familiar y laboral desaparece, según los representantes del sector, de estas ayudas, ya que si una madre o padre se incorpora a un puesto de trabajo en octubre ya no podrá obtener subvención para su hijo, lo que supone un serio problema para los colectivos de mujeres que acceden a trabajos precarios y necesitan ayudas para poder desarrollarlos. También para empleos que tienen carácter estacional, relacionados con la construcción y la hostelería.

Fuente noticia: http://www.ideal.es/almeria/201704/09/decreto-educacion-infantil-enciende-20170408230043-v.html

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Suspenso en la huelga educativa.

Por: Alfonso Ussía.

Detrás del escaso seguimiento de la jornada de huelga educativa celebrada ayer absolutamente minoritario entre el sector docente, subyace el consenso mayoritario de que nos hallamos, una vez más, ante el oportunismo político de una izquierda radical empeñada en hacer fracasar el gran pacto por la Educación que precisa España.

Por ello, ante el enésimo fiasco de la convocatoria, no es de extrañar que en algunos centros universitarios los piquetes de huelga tuvieran que emplearse con violencia hasta obligar a la intervención de la Policía, en una prueba más de lo que entienden los radicales sobre el ejercicio de la libertad individual.

No es sólo que sus reivindicaciones, a modo de foto fija, estén completamente alejadas de la realidad, sino que el objetivo buscado sólo es compartido por esa pequeña minoría de la sociedad española que entiende la enseñanza pública como vehículo de adoctrinamiento ideológico. No otra cosa se oculta tras el taxativo rechazo a la natural coexistencia de centro públicos y concertados –que siempre presentan más demanda que oferta– y a la libertad de cátedra.

Por otra parte, estamos ante la absurda pretensión de que se derogue la actual legislación –que, por cierto, ha propiciado que España elimine la brecha educativa con los países de la OCDE y reduzca, por primera vez en la historia la tasa de abandono escolar temprano sin que se haya elaborado la ley que debería sustituirla, lo que supondría dejar en el limbo a ocho millones de alumnos y a 680.000 docentes.

Tal despropósito sólo se justifica en la táctica de la doble presión, en la calle y en las instituciones, propugnada por Podemos, para deslegitimar el trabajo de la comisión parlamentaria. Por lo demás, las organizaciones convocantes –todas ellas vinculadas a la izquierda desprecian olímpicamente los hechos para denunciar una situación de recortes en la financiación del sector de la enseñanza que ya no son tales, gracias a la recuperación de la economía española.

Así, se ha elevado la tasa de reposición de funcionarios al 100 por cien, se han reducido los ratios entre el número de alumnos y el de profesores y en el proyecto de Presupuestos para 2017 se contemplan con su financiación correspondiente el aumento de las retribuciones de los docentes, el incremento de la partida de becas y la consolidación del empleo educativo con el objetivo de rebajar las tasas de interinidad al entorno del 10 por ciento.

Con todo, como señalábamos al principio, lo más preocupante es el intento deliberado de hacer fracasar los trabajos de la subcomisión parlamentaria de la que forman parte algunos de los grupos convocantes de la huelga, cuyo éxito significaría un logro fundamental de la democracia española que, hasta el momento, no ha sido capaz de generar una Ley de Educación consensuada por los partidos políticos que esté por encima de intereses y convicciones partidarias. Si desde estas misma páginas hemos defendido que la última ley elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy la Lomce significaba un avance notable sobre la situación anterior y los resultados nos avalan, también creemos que es de la máxima importancia para el futuro de España que algo tan trascendental como es el modelo educativo se elabore desde el mayor consenso político posible.

De ahí que el ataque constante de la izquierda radical, con descalificaciones personales a quienes llevan a cabo las negociaciones, suponga una amenaza mayor para alcanzar el resultado que la mayoría de los ciudadanos desean. Si bien el derecho a la huelga no entra en discusión, sí pueden rechazarse, como en este caso, motivaciones y objetivos que no buscan el interés general.

Fuente: http://www.larazon.es/opinion/editorial/suspenso-en-la-huelga-educativa-GE14679935

Imagen: http://images.eldiario.es/sociedad/escuela-publica-plantea-general-educativa_EDIIMA20170119_0182_4.jpg

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La huelga tiene más eco en institutos y facultades que en los colegios.

Los sindicatos cifran en un 65% el seguimiento de los profesores. El Ministerio de Educación asegura que ha habido «una incidencia mínima».

Por: Pilar Alvarez.

Cuatro años después de que se aprobara la polémica reforma educativa del PP y con un pacto educativo en negociación en el Congreso de los Diputados, se ha convocado este jueves una huelga general educativa, desde infantil a la Universidad. La promueven hasta 10 asociaciones de alumnos, familias y profesores que reclaman que se derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la  LOMCE, que se reviertan los recortes educativos que han provocado la pérdida de unos 30.000 profesores y un cambio en el sistema de becas aprobado en 2012, que ha supuesto una reducción de la cuantía que reciben los estudiantes, entre otras peticiones.

Los sindicatos docentes (CC OO, UGT y STES) han cifrado el seguimiento en un 65% de media en todas las etapas en el caso de trabajadores de la enseñanza (profesores y administrativos) y un paro de alumnos y familias “que ha distorsionado la normalidad académica en todos los centros del país” con un 85% de seguimiento, señalan. El Ministerio de Educación asegura que ha habido una “incidencia mínima” y «sin incidentes» salvo los protagonizados a primera hora por piquetes de dos universidades madrileñas. “No hay razones objetivas en estos momentos para una huelga de estas características y por eso es lógico que el seguimiento sea mínimo”, ha dicho el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en el Congreso de los Diputados.

Las protestas han continuado por la tarde con más de 50 manifestaciones en distintas ciudades. Varios miles de alumnos, padres y docentes se han manifestado de forma conjunta esta tarde en Madrid, entre Neptuno y Sevilla, pasando frente al Ministerio de Educación, como colofón la jornada de huelga. Les acompañaba una banda de música y otra de batucada. Y coreaban lemas como «De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste» o «el que no vote es del Partido Popular».

Aunque el Gobierno ha dado marcha atrás con las reválidas, quedan puntos calientes en la ley muy contestada desde la calle y desde las comunidades no gobernadas por el PP, que ahora son mayoría. “No nos engañan, la LOMCE sigue en marcha”, gritaban los centenares de estudiantes que han recorrido a las 12 la calle madrileña de Atocha en una manifestación.

La de este jueves es la jornada número 24 de protesta educativa desde 2012. El pasado octubre, hubo movilizaciones multitudinarias para frenar las reválidas, el examen externo de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato que servía para sacar el título y que finalmente ha quedado en suspenso mientras avanzan las negociaciones del pacto educativo.

En Madrid, mientras en el campus central de la Universidad Complutense había menos afluencia de alumnos que una jornada habitual, en la sede de Somosaguas en Pozuelo, los profesores reconocían que los jóvenes se han quedado en casa de forma masiva. A primera hora, varios piquetes han intentado impedir el acceso a diversas facultades de la Complutense. La Policía Nacional se ha tenido que personar en el caso de la barrera que se ha conformado en la Facultad de Económicas de la Autónoma de Madrid (UAM). Según exponen fuentes de la UAM a Europa Press, a primera hora de la mañana se ha formado un piquete que ha impedido el acceso a la Facultad de Económicas, donde se ha registrado «empujones» y «alguna situación desagradable». En este caso, agentes de Policía Nacional que estaban en las inmediaciones de la estación de Cercanías de Cantoblanco se han personado a las puertas de la facultad, lo que ha motivado que el piquete con unas 50 personas se disolviera.

Los pocos alumnos que se han paseado por el campus de la Complutense han acudido hoy porque tenían exámenes. «Teníamos que venir sí o sí, pero ahora nos vamos», declaran. Un profesor que ha asistido al centro universitario remacha: «La verdad es que está todo prácticamente vacío. En los aparcamientos no hay prácticamente coches. Los jóvenes han secundado la huelga, por lo menos aquí».

En el centro de Madrid, en el instituto público Lope de Vega, los pasillos de entrada están desiertos a eso de las 10.00. Aseguran en recepción que apenas han asistido alumnos a clase («y los que han venido, yo creo que después del recreo ya no vuelven», dice un bedel), pero han ido la mayoría de docentes. Sin embargo, a apenas 400 metros, en el instituto público Cardenal Cisneros, la situación es justo al revés: «Han venido muy pocos profesores, casi ninguno. Alumnos, muchos», aseguran en recepción.

La Consejería de Educación madrileña ha cifrado el seguimiento del paro en un 14,7%. Los hablan del 60% de los docentes no universitarios. A las 12.00 se han manifestado en Atocha unos 800 estudiantes, según estimaciones de la Policía Nacional.

En Barcelona, se han movilizado más de 7.500 estudiantes y docentes por las calles de la ciudad, según datos del Ayuntamiento. «No a la privatización» y la «educación está en venta» eran las consignas que más se han oído en el recorrido, que ha terminado ante la sede de la delegación del gobierno, completamente blindada por una decena de furgones antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Los manifestantes han terminado la marcha leyendo varios manifiestos en favor de la educación pública y no se han registrado incidentes. 

El paro, no obstante, ha tenido un seguimiento desigual en la capital catalana según el ciclo de estudios: en institutos ha tenido más apoyo que en primaria y educación superior. En el Instituto Vila de Gràcia, el seguimiento de alumnos fue del 90% en los últimos cursos de ESO y en bachillerato. El de docentes, en cambio, «poca cosa», reconocía la conserje. Solo un 2,9% de los profesores que han informado a la Generalitat sobre la convocatoria (1955 de 67403 aunque el total es de 82.753) han secundado el paro en Cataluña.

En universidad el seguimiento ha sido más flojo. Los universitarios catalanes ya se manifestaron y celebraron una jornada de huelga la semana pasada para exigir una rebaja de los precios de matrícula. «Normalidad absoluta. Ningún incidente ni huelguistas en el campus», apuntó un portavoz de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En la Universidades de Barcelona tampoco se han registrado incidentes: se cancelaron el 40% de las clases en la facultad de derecho, el 25% en biblioteconomía, el 20% en filología y alguna clase suelta en el campus de Bellvitge (L’Hospitalet).

En Andalucía ha seguido la huelga un 80,02% del alumnado no universitario, según datos de la Consejería de Educación, que no ha facilitado aún cifras de seguimiento de los docentes. Los sindicatos aseguran que han secundado el 45% de los profesores con «un  paro académico casi total en Secundaria y Universidad». Toda la actividad académica de la Universidad de Sevilla ha quedado paralizada en este jueves.

«Se nota mucho el recorte del personal, tenemos a una profesora de Física dando Ética. También hay mucha incertidumbre con respecto a las asignaturas de selectividad y no hemos podido elegir las optativas que queríamos porque han reunificado los grupos», asegura el estudiante de un instituto sevillano Alejandro Reguera, mientras prepara una pancarta en la que se lee «nos han quitado tanto que no tenemos ni miedo». Forma parte de la recién creada plataforma de unión de institutos públicos en Sevilla llamada UNIP, que incluye a una decena de centros. «Nos hemos unido para tener más fuerza juntos y no tener que ir con los sindicatos», dice su compañera Lucía Ramírez, de 15 años. «Tenemos pensado seguir haciendo reivindicaciones de forma conjunta», añade.

Javier Chávez ha decidido secundar la huelga por partida doble. Como padre y como profesor interino ha acudido con su hijo a la manifestación: «Veo como se recortan los derechos de la educación pública frente a la concertada, se sufren recortes encubiertos», considera este sevillano, que además protesta por la complejidad de los interinos de acceso a la función pública.

Cuatro adolescentes de un pueblo de Huelva se han desplazado hasta Sevilla también para defender lo que consideran su futuro: «Todavía somos jóvenes, pero queremos nos afectará lo que se decida ahora. Ya tenemos las clases masificadas, y no se sustituyen los profesores», dice Lucía Calzada, de 14 años, ataviada con un birrete fabricado con goma eva brillante.

En la Comunidad Valenciana ha habido un 13% el seguimiento entre el profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y otras enseñanzas no universitarias de centros públicos y concertados. Entre el alumnado el seguimiento ha sido del 60%, según el Gobierno autonómico. El consejero de Educación, Vicent Marzà, ha expresado su apoyo a “las reivindicaciones de la comunidad educativa valenciana”. “Trabajamos desde las instituciones para derogar la LOMCE, aumentar las plantillas docentes y potenciar la estabilidad”, ha agregado Marzà.

El aparcamiento de la Universitat de València en el campus de Tarongers, que concentra grandes facultades como Derecho y Economía, habitualmente repleto, estaba por la mañana completamente vacío.

También ha habido un seguimiento muy alto de la huelga en el campus de Blasco Ibáñez, casi total en la facultad de Filología de Valencia. «Los dos profesores que han venido han devuelto las llaves porque no había nadie en clase», explica el conserje. La impresión a pie de calle, a falta de que se faciliten datos oficiales, es que el respaldo ha sido más desigual en institutos y colegios.

En el instituto público del Carme de Valencia, al que acuden unos 400 alumnos, ha habido más seguimiento entre los estudiantes (60%) que entre los profesores (20%) según fuentes del centro.

En el colegio Sagrado Corazón Carmelitas de Valencia, en cambio, no hay rastro de la huelga. Ningún profesor la ha secundado y no han ido menos alumnos que habitualmente. «Es un día normal», afirma la conserje.

En Galicia, colectivos de padres, profesores y alumnos agrupados en las dos plataformas de defensa de la enseñanza pública han salido masivamente a las calles en la práctica totalidad de las ciudades, salvo en Ourense, en donde la manifestación se celebrará a las 19,30 horas. Las dos plataformas convocantes han coincidido en su reclamación contra la LOMCE aunque en el caso de los organizaciones nacionalistas piden el impulso además a una ley educativa gallega «que atienda a las necesidades y particularidades de la comunidad autónoma». Ambos colectivos estiman en torno al 63 y 80% el seguimiento pero según la Xunta, ha sido del 11,42% en la púbica y 0,39% en la concertada.

La huelga ha tenido una incidencia escasa en el País Vasco. En los colegios de Primaria y Secundaria apenas se ha registrado la falta de alumnos y en los institutos de Bachillerato las clases se han desarrollado “con normalidad”, según fuentes del Educación. “El seguimiento de la huelga ha sido insignificante”, añade un portavoz del Gobierno vasco. Un profesor del Instituto Antigua-Luberri de San Sebastián ha asegurado a este diario que el paro “no ha existido” en este centro.

El Departamento vasco de Educación ha constatado que “solo un 0,02% de los profesores ha secundado la huelga convocada contra la LOMCE. La consejera Cristina Uriarte ha afirmado que el Gobierno vasco “siempre” ha estado en contra de la ley educativa vigente y trabajará para que se derogue o se cambie”, aunque también ha indicado que “hay otras vías” para conseguirlo.

En la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco (UPV) en Vitoria las clases se han desarrollado “sin incidencias”, explica Maialen Salaberria, que cursa segundo curso de Filología Inglesa: “Las clases se han dado como otro día cualquiera. No hay ambiente de huelga en el campus. Ayer hubo más incidentes por el Día Internacional de la Mujer”.

Varias decenas de manifestantes han recorrido las calles de Bilbao para protestar por la aplicación de la LOMCE. Han participado representantes de CC OO y UGT, así como de organizaciones de estudiantes y asociaciones de padres, a los que se han sumado un grupo de estibadores que han gritado consignas como “obreros y estudiantes, unidos y adelante”.

Los sindicatos convocantes de la movilización no han podido precisar el seguimiento que la huelga en Euskadi al carecer de datos de los profesores que han parado. Las centrales nacionalistas ELA, LAB y Steilas, mayoritarias en Euskadi, no han secundado la huelga de hoy y han optado por diferencias con una convocatoria que se celebrará solo en Euskadi el próximo 22 de marzo.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/03/09/actualidad/1489061233_819108.html

Imagen: http://ep02.epimg.net/politica/imagenes/2017/03/09/actualidad/1489061233_819108_1489071701_noticia_fotograma.jpg

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