La Asamblea Provincial del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), del que ATE y CTAA Misiones forman parte, rechazó tajantemente la propuesta salarial del Gobierno. Exige un básico del cargo testigo de 51.200 pesos para el mes de mayo y el aumento del adicional por movilidad. Se votó un plan de lucha para las próximas dos semanas.
La Plazoleta de los Extranjeros de la ciudad de Oberá fue el lugar donde se desarrolló este sábado 15 de abril una nueva Asamblea Provincial del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que integran ATE CTA A, UTEM CTA A, UDNAM, asambleas de Docentes Autoconvocados, Marea Blanca, Docencia y Vocación, Tribuna Docente y la Corriente Nacional Docente Conti Santoro, junto al equipo técnico con la presencia de Carlos Lezcano y Rubén Vallejos.
Esta vez, la instancia decidió sesionar en repudio a la represión sufrida el 13 de abril de 2022 por docentes organizadxs en este espacio en la Ruta 12 a la altura del Puente Ñacanguazú, cuando llevaban adelante un plan de lucha por reivindicaciones salariales y laborales.
El principal objetivo de la reunión era evaluar la propuesta salarial del gobierno presentada en la última Mesa de Diálogo y definir un plan de acción de acuerdo a ello.
Lejos de las expectativas de las y los trabajadores de la Educación, el ministro de Hacienda ofreció un salario básico para el cargo testigo de 40.100 pesos, en tanto que siguen sin tener solución demandas como el avance y conclusión de obras de infraestructura escolar.
La Asamblea rechazó tajantemente por insuficiente la propuesta oficial, y ratificó su exigencia de un salario básico de 51.200 pesos para el cargo testigo en el mes de mayo y la aplicación de medidas que permitan recuperar la pirámide salarial. Además, se exige un aumento del 100% en el adicional por movilidad.
Tras debatir y definir el plan de lucha, las y los asistentes realizaron una marcha por las calles de Oberá.
En función de lograr sus objetivos, la Asamblea definió un cronograma de lucha que contempla:
– Paro de 48 hs los días lunes 17 y martes 18 de abril.
– Lunes 17: Marcha a la sede del Consejo General de Educación en Posadas. Concentración en la Plaza 9 de Julio a partir de las 9 hs.
– Martes 18 de abril: realización de asambleas locales.
– Paro de 72 hs los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de abril
– Concentración la ruta 12 a la altura del Puente Ñacanguazú y Asamblea de evaluación el día jueves 27 a partir de las 8 hs.
Esta jornada de reivindicación hunde sus raíces cientos de años antes del momento en que se hizo oficial, en 1977.
Este miércoles 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada reivindicativa en la que las mujeres reclaman la equiparación en derechos a los hombres, un objetivo que, aunque lleva décadas siendo una constante del movimiento feminista, dista mucho de haberse alcanzado si se atiende a los datos.
Esta fecha, marcada oficialmente en el calendario desde 1975 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), tiene su origen, sin embargo, en tiempos tan remotos como la Antigüedad Clásica. Desde entonces, la historia ha estado salpicada por mujeres que se opusieron al orden establecido, y que unieron a todas sus semejantes para reclamar más derechos o influir en la sociedad que las rodeaba.
Lisístrata fue una de ellas. La historia de esta mujer está recogida en la obra clásica de Aristófanes, representada en Grecia en el año 411 antes de Cristo. El argumento cuenta el movimiento que encarnaron las mujeres contra la guerra civil que sufría Atenas. Las mujeres, encabezadas por Lisístrata, iniciaron una huelga de sexo, con el fin de que los hombres acabaran con el conflicto de una vez por todas.
Mujeres al frente desde, al menos, 1789
Más allá de las obras clásicas, las mujeres también han protagonizado algunos de los levantamientos políticos y sociales más determinantes de los últimos siglos. La Revolución Francesa no es una excepción, como señalan desde la web oficial del Día Internacional de la Mujer de la ONU.
En los tumultuosos días de julio de 1789, las francesas marcharon en masa hacia Versalles, el corazón de la monarquía borbónica, para exigir el sufragio universal femenino. Años después, en 1848, fueron las estadounidenses las que protagonizaron uno de lo hitos contra la discriminación que sufrían. Aquel año protestaron todas juntas frente a la prohibición que les impedía hablar en una convención contra la esclavitud.
Las norteamericanas Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott consiguieron congregar a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres en Nueva York. Años después, en 1913 y aglutinadas en torno al Partido Socialista de los Estados Unidos, se fijo el 28 de febrero como el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos.
Las europeas se unen a la lucha
Aquellos años la lucha de las mujeres ya empezaba a bullir con más fuerza, y alcanzó finalmente al continente europeo con mucha fuerza. Cientos de mujeres de 17 países diferentes se reunieron en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague (Dinamarca) en 1910.
De aquel encuentro nació el compromiso de establecer un día al año para luchar por el sufragio universal femenino y, un año más tarde, en 1911 se celebró por primera vez a nivel internacional una jornada para reivindicar voto, pero también el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Dos años después, la ola de protestas feministas se contagió a la Rusia zarista, donde se empezaron a dar mítines clandestinos.
El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después. Hartas de un conflicto que se cobraba millones de vidas al año, alrededor de 1.300 mujeres de 12 países diferentes se reunieron en La Haya (Holanda) el 15 de abril de 1915 para protestar contra el conflicto.
La guerra, que acabó con la vida de dos millones de soldados rusos, soliviantó a las mujeres, que el 23 de febrero de 1917 se declararon en huelga bajo la consigna de «pan y paz». A pesar de las críticas que vertieron los dirigentes políticos, que las acusaron de «oportunistas», ellas siguieron adelante con su protesta. El resto fue un hito histórico. Cuatro días después de iniciar el paro, el Zar se vio obligado a abdicar, y el nuevo Ejecutivo les reconoció a las mujeres el derecho a voto.
Aquel 23 de febrero, sin embargo, estaba fijado por el calendario juliano, en el gregoriano, que utilizaban el resto de países, ese día era el 8 de marzo.
Últimas décadas
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de Marzo comenzó a ganar peso en la gran mayoría de países, muchos años antes de ser reconocido en la ONU oficialmente como el Día internacional de la Mujer, algo que ocurrió en 1977. Pero antes ya se habían dado otros hitos que anticiparon ese movimiento.
El año 1975 fue declarado el Año Internacional de la Mujer, y el 8 de marzo de aquel fue el primero que se celebró el Día Internacional de la Mujer por primera vez. Desde esa fecha, tanto la ONU como sus agencias han contribuido a luchar por la la igualdad de genero, cuyo afán se materializó en la Declaración y Plataforma de Beijing, en 1995.
Ese año, 189 gobiernos firmaron una hoja de ruta histórica que persigue la materialización de los derechos de las mujeres, y en 2015 se incluyó este como el objetivo número 5 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Un broche que no marca el final de un camino que echó a andar, poco a poco, con Lisístrata.
Fuentes: Diálogo chino [Imagen: La exposición The Yanomami Struggle se estrenó en Nueva York con fotografías de Claudia Andujar y artistas yanomamis (Flávia Milhorance / Diálogo Chino)]
Los activistas recorrieron Nueva York pidiendo apoyo contra la invasión de la minería ilegal en el territorio yanomami
Una fina capa de nieve cubre los rascacielos de Hudson Yards, el barrio más nuevo del distrito empresarial en expansión de Manhattan, en Nueva York. Pero en el interior de The Shed hay un estallido de color tropical, ya que artistas y activistas yanomami con la cara pintada y adornos indígenas se unen a la fotógrafa Claudia Andujar para la inauguración de su última exposición.
El emblemático centro cultural de 16.000 m2 acoge la exposición The Yanomami Struggle, con dibujos, pinturas y vídeos de artistas de la etnia, junto con fotografías de Andujar.
La fotógrafa suiza, cuya familia fue víctima del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, ha dedicado la mayor parte de su vida a proteger a los yanomamis. La colección de 200 fotografías de la exposición retrata una cultura impregnada de chamanismo y una relación intrínseca con la selva amazónica, así como una larga historia de violencia, pero también de resistencia.
«Llevo 50 años trabajando con los yanomamis y seguiré defendiendo al pueblo y sus tierras, que están siendo invadidas por los mineros», afirma Andujar, que vive en São Paulo. De salud frágil, la anciana de 91 años sólo confirmó su presencia unos días antes del acto.
Claudia Andujar en The Shed, en Nueva York. La fotógrafa suiza lleva más de 50 años intentando proteger al pueblo yanomami en la Amazonía (Imagen: Flávia Milhorance / Diálogo Chino)
La muestra itinerante lleva recorriendo ciudades de Brasil y Europa desde 2018. Pero ha adquirido un peso político sin precedentes, ya que los yanomamis se enfrentan a una crisis humanitaria cada vez mayor, con la invasión de mineros ilegales en su territorio, que traen enfermedades, desnutrición y violencia.
Para los miembros más jóvenes de la delegación, es la primera vez que pasan el invierno en el hemisferio norte. Pero no para el chamán y líder indígena Davi Kopenawa, de 66 años. En diciembre de 1992, representó a los pueblos de la Amazonía en un acto celebrado en la sede de la ONU en Nueva York. Ese año, tras más de una década de activismo, el gobierno brasileño reconoció por fin el territorio indígena yanomami. Abarca 96.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que Portugal, y está situado en el norte de Brasil, cerca de la frontera con Venezuela.
En años anteriores, Kopenawa había visitado Europa y Estados Unidos en el marco de una intensa campaña internacional en busca de apoyo para proteger a su pueblo de la violenta fiebre del oro que avanzaba sobre la región ocupada durante un milenio por los antiguos yanomamis.
Davi Kopenawa es un chamán y líder indígena que lucha por la protección del pueblo yanomami en Brasil y en el extranjero (Imagen: Instituto Socioambiental)
«La historia es larga, pero se repite como en una telenovela», explica Kopenawa a Diálogo Chino.
La primera oleada de muertes se debió a las incursiones de misioneros religiosos, agentes del gobierno y militares en los años cincuenta y sesenta. En aquella época, siendo aún un niño, Kopenawa perdió a sus padres y a otros miembros de su familia a causa de epidemias de sarampión llevadas por forasteros.
En la pared fotografías de Claudia Andujar tomadas durante una campaña de vacunación dentro del territorio yanomami. La exposición de arte muestra al pueblo yanomami en sus diversas facetas: el estilo de vida, la religiosidad y sus luchas con los no indígenas que invaden sus tierras (Imagen: Flávia Milhorance / Diálogo Chino)
A principios de la década de 1970, el gobierno militar inició la construcción de la carretera Perimetral Norte en la parte sur del territorio yanomami. La obra se abandonó años después, pero llamó la atención sobre la presencia de oro y otros metales valiosos, llevando la minería al corazón de la densa selva tropical, hasta entonces casi intacta.
En el libro El cielo que cae: palabras de un chamán yanomami, Kopenawa y el antropólogo Bruce Albert cuentan cómo los mineros empezaron a infiltrarse en la región en pequeños grupos, primero ofreciendo comida y bienes a los indígenas. A lo largo de la década de 1980, sin embargo, su creciente presencia se volvió hostil y provocó la contaminación de los ríos, la escasez de caza y la propagación de nuevas enfermedades infecciosas. En su punto álgido, la industria contaba con 40.000 personas y 90 pistas de aterrizaje clandestinas, que facilitaban la entrada y salida de los mineros en avionetas.
Los habitantes indígenas se encontraron ante un dilema que, según los autores, está en el centro de la mayoría de los conflictos: «Los yanomamis pasaron a depender de la economía que gravitaba en torno a las minas en el mismo momento en que los mineros ya no consideraban necesario comprar la paz con los indígenas».
Estas tensiones llegaron a su punto álgido con la masacre de Haximu en 1993, en la que fueron asesinados 16 indígenas, incluidos niños, y dos mineros. La masacre atrajo la atención internacional y dio lugar a una condena sin precedentes por intento de genocidio, aunque los acusados fueron liberados posteriormente. La demarcación del territorio yanomami ayudó a enfriar la crisis, y las operaciones de la policía federal y los organismos gubernamentales pusieron la minería bajo control. Pero ahora ha aumentado el número de mineros furtivos, o garimpeiros, y Kopenawa intenta de nuevo llamar la atención de la comunidad internacional.
«Esperamos volver a expulsar a los garimpeiros de allí: fue una promesa del gobierno de Lula, dice Kopenawa, Jair Bolsonaro no quiso escuchar, no quiso cuidar de mi pueblo».
Además de inaugurar la exposición, Kopenawa habló en las universidades de Princeton y Columbia, y de nuevo en la sede de la ONU en febrero. A continuación realizó una gira por Washington en busca de apoyo para la campaña contra la minería en territorios indígenas.
La reciente devastación socioambiental
La última crisis yanomami se ha estado gestando desde 2019, impulsada por el aumento del precio del oro junto con las políticas permisivas del gobierno de Jair Bolsonaro. Como miembro del Congreso en las décadas de 1990 y 2000, Bolsonaro intentó cuatro veces suspender la protección de las tierras yanomamis, sin éxito. Durante su presidencia, entre 2019 y 2022, Bolsonaro desmanteló organismos de control ambiental y de protección indígena, además de impulsar la flexibilización de las leyes contra la minería en áreas protegidas. Aunque esta nueva legislación aún no ha sido aprobada, su retórica ha fomentado la devastación de la Amazonía por actividades ilegales. En varias ocasiones, Bolsonaro sugirió que había «demasiada tierra para tan poco yanomami».
Para agravar la crisis, existen sospechas de que militares enviados a la región aceptaban sobornos para filtrar información sobre las escasas operaciones de vigilancia y permitir la libre circulación de oro y drogas. La riqueza mineral de esta zona fronteriza también ha atraído a grupos implicados en el narcotráfico, como el PCC, hoy la mayor facción criminal de Brasil, provocando una escalada de violencia física y sexual.
Ehuana Yaira se unió a la gira en Nueva York para mostrar sus obras. La artista yanomamis retrata a mujeres indígenas, muchas de ellas sometidas a violencia por parte de mineros ilegales (Dibujo de Ehuana Yaira e imagen de Flávia Milhorance / Diálogo Chino)
Esto es lo que muestra en sus dibujos la artista yanomami Ehuana Yaira, de 38 años. Dice que quiere denunciar el sufrimiento de los niños que mueren de hambre y malaria y de las mujeres explotadas sexualmente por los invasores. «Los garimpeiros nos hacen sufrir desde todos los rincones de nuestra tierra», dice Yaira en Nueva York.
También se ha abandonado la salud de la población. El bloqueo de fondos para infraestructuras indígenas y la difícil logística en el remoto territorio, en su mayoría sin carreteras ni comunicaciones, han dejado a los puestos de salud sin suministros básicos ni personal. Los profesionales médicos se han marchado, temiendo por su seguridad en un entorno cada vez más hostil.
A principios de 2021, la situación ya era drástica. El hambre y las enfermedades ya se estaban apoderando de la población por motivos similares a los de la década de 1980. Los más vulnerables, sobre todo los niños, morían de Covid-19. También había una grave epidemia de malaria, pero un medicamento básico, la cloroquina, escaseaba, en parte porque Bolsonaro promovía su uso para combatir el coronavirus, a pesar de las pruebas científicas que indicaban su ineficacia.
Vista aérea de un emplazamiento minero dentro del territorio yanomami, cerca de un río en la región de Surucucu, en febrero. La minería ilegal se ha intensificado desde que Jair Bolsonaro llegó al poder en 2019 (Imagen: Fernando Frazão / Agência Brasil)
¿Un punto de inflexión?
Brasilia permaneció ciega ante la crisis hasta el primer mes de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El sitio web de periodismo independiente Sumaúma difundió en enero nuevas imágenes estremecedoras de niños frágiles y desnutridos. Instado por la ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, el presidente aterrizó en el epicentro de la crisis, Boa Vista, un día después.
Yanomamis, principalmente mujeres con sus hijos, esperan ayuda del grupo de trabajo sanitario creado para hacer frente a la crisis humanitaria en Boa Vista, cerca del territorio yanomami en febrero (Imagen: Fernando Frazão / Agência Brasil)
Kopenawa afirma que la retirada de los mineros no será una misión sencilla: «Nuestra tierra es rica, y donde hay riqueza, las invasiones no cesan». La demarcación del territorio yanomami, dice, no garantiza la protección contra el avance ilegal de la minería y otras actividades como la ganadería y el cultivo de soja, que se expanden en menor escala
Empresas han presentado más de 500 solicitudes activas de extracción de minerales a la Agencia Nacional de Minería, que abarcan más del 30% del territorio. Aunque las áreas están actualmente cerradas a la explotación, posibles cambios legales, como los propuestos por Bolsonaro, pueden eventualmente cambiar este escenario. Y aunque las actividades ilegales se han reducido desde la década de 1990, nunca han cesado.
El arte como activismo
«Hay un punto álgido en esta crisis, por supuesto, pero el mayor problema era su invisibilidad», afirma Hervé Chandès, director general artístico de la Fondation Cartier, uno de los organismos impulsores de la exposición.
Artistas yanomamis y aliados se reunieron para el lanzamiento de la exposición en febrero en Nueva York (Imagen: Flávia Milhorance / Diálogo Chino)
Chandès lleva siguiendo la situación de los yanomamis desde hace más de dos décadas, cuando conoció a Andujar y Albert en un encuentro que dio lugar a la exposición Espíritu de la Selva, celebrada en París en 2003. Para esa exposición, artistas no indígenas, entre ellos Andujar, pasaron meses en el territorio trabajando con los yanomamis en piezas que trataban de expresar los estilos de vida y la espiritualidad indígenas.
Con el tiempo, Chandès dice haber comprendido mejor su posición como patrocinador del proyecto. La gran diferencia con la nueva exposición es que «en lugar de ir a su territorio, vienen aquí, a Nueva York, a hablar por sí mismos». Por primera vez se reúnen en un mismo espacio activistas de larga trayectoria en favor de los yanomamis y de la selva amazónica. «Están todos juntos aquí, el escenario es suyo», dice Chandès. «Eso es muy simbólico».
Entre ellos se encuentra Joseca Mokahesi, uno de los artistas indígenas que expuso sus ilustraciones en la muestra de 2003. Nacido en 1971, sin fecha de nacimiento registrada, Mokahesi habla la lengua yanomami y necesita traductores para comunicarse. Pero sus dibujos han traspasado fronteras y hoy sirven de llave al universo de su pueblo.
Joseca Mokahesi retrata en sus dibujos el chamanismo yanomami y la lucha de su pueblo (Imagen de Flávia Milhorance y dibujo de Mokahesi)
«Mi arte es mi lucha. El pueblo yanomami sufre, pero luchamos».
La transición entre los siglos XX y XXI devino en cambios tan fuertes, que muchos ni siquiera han terminado de comprenderse. Los cambios que se han operado en materia educacional, son uno de tantos cuyas consecuencias son de una dinámica profundamente sorprendente, como sucede en política, economía, etc.
Sin embargo, la incidencia de la educación, dada su relación con la sociedad y la política, en países dominados por modelos autoritarios no se ha ubicado a la altura de los cambios aplicados. Particularmente, cuando se compromete el proceso enseñanza-aprendizaje.
Y es que la incidencia de tal realidad, afecta o favorece tanto al maestro como al estudiante. Carmen García-Guadilla, en La Educación como construcción social del conocimiento, CRESALC, 1986, refiere que «en Venezuela -y en América Latina en general- la mayoría de los esfuerzos que se hacen en crear conocimientos no están compensados con una producción final (…)». Esta situación, abre el camino en el país para advertir el problema que constituye la mal compensada remuneración que reciben maestros y profesores por su trabajo en aula y de asistencia, coordinación y dirección institucional. Esto da cuenta del problema que viene acrecentándose con reacciones en el gremio, que termina en protestas y discusiones bipartitas que no generan resultados contundentes. Especialmente cuando la dinámica económica supera en velocidad y tamaño las compensaciones que recibe el profesional docente. No sólo de escuelas y liceos, también de las universidades. Todo ello, a pesar de lo establecido por el artículo 91 (constitucional) cuando señala que todos los trabajadores tienen “derecho a un salario suficiente que les permita vivir con dignidad”.
Promesas insípidas e invisibles
Los compromisos que declaran las ofertas electorales pronunciadas en aras de mantener y consolidar la democracia, tocan obligadamente los temas que refieren a la educación. Especialmente, cuando se refieren a la «excelencia educativa», pues su concepción se centra en la importancia que se le da a la capitalización del educando como factor garante del desarrollo de la nación. Igualmente, de la industrialización, del conocimiento, de la calidad de vida sobre la cual recaen condiciones de razón pública. En todo ello se asienta el éxito posible que conseguido por una política educativa nacional.
No cabe duda aducir que el signo de una democracia está representado en el mejoramiento permanente del funcionamiento del sistema educativo. La política sabe exaltar oportunamente esta importancia. Sólo que siempre cae en la brecha que se establece entre el discurso y las realidades. Venezuela no ha escapado a este problema que maltrata a la educación en todos sus niveles. Sobre todo, cuando hacen maniqueas referencias a la «modernización de la educación«. Y esto, recoge compromisos vacíos cuando los gobiernos señalan superar los desequilibrios acumulados que tienden a generar disfuncionalidades a nivel de la remuneración del docente en toda su extensión laboral.
De manera que cualquier reclamo público que exija nivelación de sueldos y salarios de docentes en concordancia con la movilidad de la economía nacional, es legítimo, propio y pertinente.
En virtud de la dinámica de la economía y de las necesidades indicativas de los problemas causados por los refutados bajos ingresos, es inminente equilibrar las remuneraciones de los docentes de educación básica, diversificada y universitaria.
Desde la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, en su Proyecto Educativo para la Modernización y la Democracia, se había señalado que no pueden seguir abriéndose las quebraduras entre los cuadros de educadores y las estrategias económicas que aluden al desarrollo nacional.
«La ausencia de un mensaje educativo coherente y canalizado (…)» sigue actuando como traba que favorece el rezago de una remuneración que merece el profesional de la docencia en Venezuela; de ese maestro o profesor responsable de la formación de hábitos y aptitudes de quienes estarán destinados a la recomposición del país, de la democracia. Paulo Freire supo hablar de la educación como práctica de la libertad. Pero de continuar sin reconocer el valor de la educación y de sus docentes, el problema de educar para una domesticación alienada, posiblemente se esté fraguando y se recompense el trabajo docente con remuneraciones que incitan la dependencia nacional.
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Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
El comunicado señala que esta medida de lucha es a la «desatención» que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo al sector educación, que se manifiesta, entre otros, «en el incumplimiento del mandato constitucional que dispone la entrega del 6% del PBI al sector educación», señalan.
El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), anunció a través de un comunicado el inicio de una huelga de hambre para este jueves 17 de noviembre, como reclamo a las demandas y promesas que hizo el presidente Pedro Castillo en campaña.
El comunicado señala que esta medida de lucha es a la “desatención” que ha tenido el gobierno de Pedro Castillo al sector educación, que se manifiesta, entre otros, “en el incumplimiento del mandato constitucional que dispone la entrega del 6% del PBI al sector educación”, señalan.
Es preciso señalar que en la huelga de hambre solo participarán los dirigentes de distintos puntos del país para que no “perjudiquen el normal dictado de los clases”, indica el SUTEP.
Como en anteriores marchas, el objetivo es exigir que se atiendan las demandas solicitadas y que en su momento fueron promesas de campaña del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.
Entre sus principales pedidos está el aumento de S/ 800 para auxiliares de educación. “Actualmente, un auxiliar recibe en promedio S/ 1280 de sueldo, monto que es indigno y no compensa, siquiera, el costo de la canasta básica familiar”, reclaman.
Asimismo, recuerdan que el jefe de Estado durante su campaña “ofreció que el sueldo docente en su gobierno sería equivalente a una UIT. Para llegar a ese monto, el incremento debe ser de S/ 600 al año, hasta el 2026”.
«Lamentablemente, en la educación especial existe un paulatino pero constante desmantelamiento de servicios enfocados a esta población…»
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis, 2019), dos de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir, apenas 40 de cada 100 terminan la primaria y sólo siete de cada 100 tienen estudios de educación superior.
El ejercicio del derecho a la educación especial enfrenta retos aún más grandes que la educación regular. La lucha por su defensa, visibilización e inclusión real en las políticas y acciones públicas se tornan cada día más complicadas, pues aunque en las leyes se ha reconocido su importancia y necesidad, en la práctica no sucede así.
Las exigencias de aquellas personas que requieren acciones y materiales específicos –ya sea por alguna discapacidad física o intelectual o, incluso, por ser sobresalientes–, aún no pueden ser cubiertas por nuestro sistema educativo.
Estas carencias se han venido revelando de manera más constante gracias a la pandemia y el modelo de educación a distancia, pues las desigualdades generadas y la poca sensibilidad de las autoridades educativas nos han llevado a un momento muy crítico.
Lamentablemente, en la educación especial existe un paulatino pero constante desmantelamiento de servicios enfocados a esta población, una enorme falta de expertos y docentes que atiendan sus necesidades en las escuelas y la insuficiencia de materiales e infraestructura escolar. Ello se agrava cuando hay nula voluntad política y administrativa para resarcir estas desigualdades y una franca invisibilización de sus resistencias y exigencias.
Además, resulta más preocupante cuando se sabe que 99 por ciento de las personas con discapacidad que asisten a la escuela en México lo hacen en una institución pública y el fortalecimiento de sus trayectorias y la construcción de entornos educativos incluyentes, parece no ser prioridad para la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Hermidia, 2022).
Y no es cualquier cosa, estamos hablando de más de 20 millones de personas con alguna discapacidad y/o limitación (INEGI, 2020), por lo que la simulación y demagogia ya no pueden ser opciones.
La reforma educativa de 2018 trajo falsas esperanzas. Por un lado, se reconoce en la Constitución y la Ley General de Educación que la educación especial es fundamental en la búsqueda de la justicia y la equidad; sin embargo, parece letra muerta, pues las acciones emanadas desde las instancias gubernamentales caen en la omisión o la mala ejecución de las políticas públicas, lo que genera una doble victimización y la continuidad de modelos excluyentes y poco empáticos.
Esto también se ve reflejado en la reciente discusión y construcción de los nuevos planes y programas de estudio, donde no se tomaron en cuenta los amplios sectores organizados de personas con discapacidad ni hubo apertura a propuestas independientes de gran valor pedagógico.
Recientemente, el colectivo Educación Especial Hoy advirtió que, aunque la política de inclusión educativa ha transformado la percepción que se tiene del alumnado con discapacidad, lamentablemente casi todas las acciones de la SEP se han centrado en el magisterio, a cuyos miembros se les sigue utilizado para lavarse las manos y deslindarse de sus responsabilidades reduciendo la inclusión a un asunto de vocación y échaleganismo magisterial (2020).
Los retos políticos, administrativos y educativos parecen interminables. Sólo la organización colectiva e independiente puede mejorar el rumbo. No dejemos a nadie atrás.
Hace 30 años, feministas de distintas partes de América Latina se reunieron para discutir y luchar por la legalización del aborto en la región.
Miles de mujeres feministas se juntaron en una pequeña ciudad costera argentina tres décadas atrás y lanzaron lo que sería más tarde el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora cada 28 de septiembre.
“Fue como una catarsis de argumentos. Hubo consenso. Había muchos liderazgos latinoamericanos, mujeres de muchas partes. Nos llenó de energía”, agrega Matamala sobre el encuentro en San Bernardo, 340 kilómetros al sur de la capital argentina.
Ella fue una de las mujeres de toda la región que asistieron al V Encuentro Feminista de América Latina y El Caribe (EFLAC) –y que hablaron con openDemocracy sobre su significado y su legado.
“NO ESTÁBAMOS DISPUESTAS A SEGUIR SACRIFICANDO LA VIDA DE LAS MUJERES”
Más de 3 mil mujeres asistieron al encuentro, que incluyó un taller sobre aborto con unas 200 feministas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y también de Estados Unidos, Canadá y Holanda.
“San Bernardo fue la oportunidad de empezar a analizar la situación de las mujeres como consecuencia de los abortos clandestinos, de pensar la maternidad involuntaria como otra forma de esclavitud”, dice la partera uruguaya Elvira Lutz, de 85 años.
El derecho al aborto es un derecho fundamental, inherente al derecho a disponer libremente del propio cuerpo. Es esencial para lograr la igualdad de género y debe ejercerse en condiciones de seguridad, respeto y dignidad. El menosprecio de este derecho obliga a algunas mujeres a recurrir a los llamados abortos «clandestinos» realizados en condiciones sanitarias peligrosas. En algunas partes del mundo, se estima que estos abortos causan más del 10% de las muertes de gestantes.
En este día las mujeres de muchos países luchan por la Despenalización del Aborto y por su Legalización, así como por el derecho a elegir esta opción frente a los embarazos no deseados, bajo condiciones higiénicas, seguras y de manera gratuita, en los servicios de salud pública. El 28 de septiembre de cada año son convocadas actividades diversas y marchas por grupos de mujeres y por los movimientos feministas para levantar estas exigencias frente a los gobiernos y al conjunto de la sociedad, siendo uno de los objetivos de la legalización la reducción de las muertes por abortos clandestinos e inseguros. La iniciativa de realizar esta jornada mundial cada año surgió en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y la convocatoria se extendió a nivel internacional. En Venezuela los grupos feministas también asumen y agitan esta exigencia. Según datos recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el ocho por ciento de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos practicados en condiciones inseguras e insanas.
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