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Costa Rica: Frente a la privatización y el comercio educativo, La organización global empieza en cada país.

Del 19 al 21 de octubre de 2016 se realiza en Costa Rica una reunión regional frente a la privatización y el comercio educativo. Esta reunión está organizada por la Internacional de la Educación para América Latina y el Friedrich Ebert Stiftung (FES) y cuenta con la participación de representantes docentes de 16 sindicatos de la región. La reunión busca poner en contexto la situación en la región y en cada uno de los países para tomar acciones en el marco de la defensa de la educación pública como derecho social.

Centro América/Costa Rica/25.10.2016/Autor y Fuente: http://www.ei-ie-al.org/i

Para Combertty Rodríguez, coordinador principal de la Internacional de la Educación para América Latina, es importante que las organizaciones nacionales se comprometan con la campaña Mundial frente a la Privatización y el Comercio Educativo.

Sandra Cartín, Coordinadora de proyectos de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) advirtió sobre la preocupación de que los nuevos acuerdos comerciales tengan influencia sobre la educación. Cartín resaltó que los servicios públicos tienen una reglamentación que impide su comercialización. Sin embargo, Cartín resaltó que estos acuerdos suelen contener cláusulas que buscan favorecer el lucro.

Elbia Pereira, integrante del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina señaló la importancia de la toma de consciencia de cada una de nuestras organizaciones y colocar este tema en el debate. Para Pereira es vital analizar cuál es el impacto en cada país y cuál es el objetivo específico de la mercantilización de la educación.

En la reunión participaron también Angelo Gavrielatos, director del proyecto de respuesta global de la Internacional de la Educación frente a la privatización y comercialización de la educación y Nicolás Richards, coordinador de la Unidad de Solidaridad y Cooperación para el Desarrollo de la Internacional de la Educación.

Ángelo Gavrielatos resaltó que el éxito de la campaña depende de las organizaciones y sus afiliados en cada uno de los países. “No hay respuesta global sin campaña de cada organización, es necesaria una fuerte campaña nacional frente a la privatización y el comercio educativo con solidaridad internacional. Se requiere cooperación nacional e internacional y acción en nuestros países. Somos la defensa de la educación pública, podemos hacer la diferencia”, agregó Gavrielatos.

Ángelo Gavrielatos y Nicolás Richards realizaron una exposición sobre los avances, logros y retos de la estrategia global.

Al final de la exposición, Nicolás Richards concluyó que debemos separar las corporaciones que solo van por la ganancia de aquellas que han contribuido al crecimiento del entorno privatizador. Para Richards, dentro del mapeo debemos tener claro cuales corporaciones van únicamente por la ganancia y cuales por el control de la construcción del tejido social.

Ángelo Gavrielatos recalcó la importancia de movilizar otros aliados, no solo la parte sindical. “Las mejores alianzas son a nivel nacional, a nivel internacional es posible, pero es más importante a nivel nacional, para desarrollar campañas nacionales. Si la opinión pública está con nosotros podemos ganar, de lo contrario es muy difícil. Debemos ser estratégicos, para mí el mejor camino es enfocarnos contra las grandes corporaciones, las corporaciones globales. Necesitamos eso sí, tener cuidado con el lenguaje que utilizamos para lograr el apoyo”, agregó Gavrielatos.

Por la tarde del 19 de octubre se realizó una sesión de trabajo en la que las personas asistentes respondieron a 3 preguntas motivadoras:

  1. ¿Conoce usted la existencia de formas privatización de la educación en su país? Mencione Cuales.
  2. ¿Conoce usted alianzas entre el sector público y el privado en su país? Mencione ejemplos.
  3. ¿Conoce usted empresas u organizaciones internacionales que operen en el campo de la educación? Mencione nombres de esas empresas.

La sesión de trabajo estuvo antecedida por una exposición de Juan Arancibia, investigador de la Internacional de la Educación para América Latina quien puso en común los conceptos y las definiciones a partir de las cuales se realizó el trabajo.

Fuente: http://www.ei-ie-al.org/index.php/1370-frente-a-la-privatizacion-y-el-comercio-educativo-la-organizacion-global-empieza-en-cada-pais

Imagen: http://www.ei-ie-al.org/images/161020cr.jpg

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Costa Rica: Frente a la privatización y el comercio educativo: La organización global empieza en cada país

Centroamérica/Costa Rica/22 de octubre de 2016/Fuente: ei-ie-al.org

Del 19 al 21 de octubre de 2016 se realizó en Costa Rica una reunión regional frente a la privatización y el comercio educativo. Esta reunión está organizada por la Internacional de la Educación para América Latina y el Friedrich Ebert Stiftung (FES) y cuenta con la participación de representantes docentes de 16 sindicatos de la región. La reunión busca poner en contexto la situación en la región y en cada uno de los países para tomar acciones en el marco de la defensa de la educación pública como derecho social.

Para Combertty Rodríguez, coordinador principal de la Internacional de la Educación para América Latina, es importante que las organizaciones nacionales se comprometan con la campaña Mundial frente a la Privatización y el Comercio Educativo.

Sandra Cartín, Coordinadora de proyectos de la Friedrich Ebert Stiftung (FES) advirtió sobre la preocupación de que los nuevos acuerdos comerciales tengan influencia sobre la educación. Cartín resaltó que los servicios públicos tienen una reglamentación que impide su comercialización. Sin embargo, Cartín resaltó que estos acuerdos suelen contener cláusulas que buscan favorecer el lucro.

Elbia Pereira, integrante del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina señaló la importancia de la toma de consciencia de cada una de nuestras organizaciones y colocar este tema en el debate. Para Pereira es vital analizar cuál es el impacto en cada país y cuál es el objetivo específico de la mercantilización de la educación.

En la reunión participaron también Angelo Gavrielatos, director del proyecto de respuesta global de la Internacional de la Educación frente a la privatización y comercialización de la educación y Nicolás Richards, coordinador de la Unidad de Solidaridad y Cooperación para el Desarrollo de la Internacional de la Educación.

Ángelo Gavrielatos resaltó que el éxito de la campaña depende de las organizaciones y sus afiliados en cada uno de los países. “No hay respuesta global sin campaña de cada organización, es necesaria una fuerte campaña nacional frente a la privatización y el comercio educativo con solidaridad internacional. Se requiere cooperación nacional e internacional y acción en nuestros países. Somos la defensa de la educación pública, podemos hacer la diferencia”, agregó Gavrielatos.

Ángelo Gavrielatos y Nicolás Richards realizaron una exposición sobre los avances, logros y retos de la estrategia global.

Al final de la exposición, Nicolás Richards concluyó que debemos separar las corporaciones que solo van por la ganancia de aquellas que han contribuido al crecimiento del entorno privatizador. Para Richards, dentro del mapeo debemos tener claro cuales corporaciones van únicamente por la ganancia y cuales por el control de la construcción del tejido social.

Ángelo Gavrielatos recalcó la importancia de movilizar otros aliados, no solo la parte sindical. “Las mejores alianzas son a nivel nacional, a nivel internacional es posible, pero es más importante a nivel nacional, para desarrollar campañas nacionales. Si la opinión pública está con nosotros podemos ganar, de lo contrario es muy difícil. Debemos ser estratégicos, para mí el mejor camino es enfocarnos contra las grandes corporaciones, las corporaciones globales. Necesitamos eso sí, tener cuidado con el lenguaje que utilizamos para lograr el apoyo”, agregó Gavrielatos.

Por la tarde del 19 de octubre se realizó una sesión de trabajo en la que las personas asistentes respondieron a 3 preguntas motivadoras:

  1. ¿Conoce usted la existencia de formas privatización de la educación en su país? Mencione Cuales.
  2. ¿Conoce usted alianzas entre el sector público y el privado en su país? Mencione ejemplos.
  3. ¿Conoce usted empresas u organizaciones internacionales que operen en el campo de la educación? Mencione nombres de esas empresas.

La sesión de trabajo estuvo antecedida por una exposición de Juan Arancibia, investigador de la Internacional de la Educación para América Latina quien puso en común los conceptos y las definiciones a partir de las cuales se realizó el trabajo.

Fuente: http://www.ei-ie-al.org/index.php/1370-frente-a-la-privatizacion-y-el-comercio-educativo-la-organizacion-global-empieza-en-cada-pais

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Pensamiento e intuición universitaria

Por: Saúl Rolando Cortez Chifundo

El análisis de la realidad educativa a nivel superior desde los cursos de Postgrado y Maestría en Docencia Superior, llevados desde la pedagogía seria, con la experticia docente de amplio bagaje bibliográfico, investigativo, académico y motivador, cuyas sesiones son fundamentadas en el debate sobre la base del pensamiento crítico, otorga sustancialidad y esperanza a la idea de transformar el claustro universitario en laboratorio de análisis. Al menos, en el CRU de Colón se dan pasos en esa dirección.

La docencia, investigación, extensión, regionalización, financiamiento, privatización y mercantilización, internacionalización universitaria, entre otros, encienden a la sazón el debate aulístico. Desde las distintas posiciones críticas, la lúgubre panorámica educativa panameña advierte que la burguesía gobernante da seguimiento a un proyecto intencional de desdeño a la educación panameña, pues el conocimiento es poder y un pueblo ilustrado, atenta contra su status quo. Sin embargo, es prudente entender que el erario constituye el dinero de todos sus contribuyentes; es decir, el pueblo. Por tanto, toda administración de las universidades estatales que se preste al juego y rejuego de las clases gobernantes (burguesía empresarial), traiciona y atenta contra los intereses de las mayorías, abonando a la senilidad del sistema educativo panameño en todos sus niveles.

La Universidad Latinoamérica de hoy, tiene su germen a partir del histórico movimiento de Reforma Universitaria, dado en Córdoba, Argentina, en 1918, donde se produjo un divorcio entre la Universidad escolástica y el progreso del nuevo conocimiento (ilustrado), obtenido mediante la investigación. Aunque tuvo pasajes cruentos, abortó significativas reformas para la democratización universitaria en Latinoamérica. No podemos olvidar que el movimiento universitario reformista de Córdoba fue reaccionario y contestatario a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, quienes ostentaban el poder político y económico; y por tanto, la propia Universidad.

Si desde la Reforma Universitaria de Córdoba (1918) hubo quienes ofrendaron sus vidas por una verdadera transformación socioeconómica y política universitaria en Latinoamérica, aquellos que atentan contra su buena marcha, mirándola como un botín político y económico, merecen el reconocimiento social por alta traición, al prestar su vana intelectualidad al genocidio popular intelectual. La única tarea enriquecedora a la que deben aspirar los inmiscuidos en el accionar universitario, es el enriquecimiento intelectual del pueblo. Muchos especialistas han tratado desde distintas perspectivas este acontecimiento, pero todos han dejado más que claro que el Grito de Córdoba es un ciclo que aún no llega a su fin y menos en Latinoamérica y el Caribe.

En suma, las universidades estatales panameñas constituyen nuestro patrimonio social-intelectual de antonomasia. Pero, se intuye que el poder político y económico gobernante amordaza sutilmente la universidad y la inteligencia del pueblo, a pesar de su autonomía, a través, de su financiamiento. Rescatar y renovar la educación superior del ostracismo burgués deliberado y esmerado en mantener la divorcialidad entre el pueblo, la inteligencia y la Universidad, debe acaparar a todas las universidades estatales, sin reparo alguno. El proyecto renovador de la Universidad de Panamá debe ser de ‘Extensión ‘ a las otras estatales.

Fuente: http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/pensamiento-intuicion-universitaria/23965674

Foto de archivo

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¿Regulación del mercado o construcción de un sistema público? El debate pendiente en educación

Por: Miguel Caro

Recuperar la educación como un derecho social universal, asumiendo además que esta constituye un factor fundamental para el desarrollo del país, pasa por dejar atrás la concepción de mercado que la caracteriza y por entenderla definitivamente como una actividad de carácter esencialmente pública. Precisamente, la operación más profunda que realizó en Chile el ideario neoliberal en educación, consistió en provocar su derrumbe como espacio de realización de lo público. Esto fue posible no solo por los cambios en la propiedad y dependencia de las instituciones educativas o en sus formas de financiamiento, sino –fundamentalmente– por la ruptura de la noción de sistema que caracterizó históricamente a la educación chilena y por la total mercantilización de su sentido y sus fines. Ello, al alero de lógicas tecnocráticas, gerenciales y autoritarias de gestión.

Efectivamente, la segmentación privatizadora, por su efecto fragmentador, imposibilitó el ejercicio colectivo de la soberanía respecto del rol de la educación en nuestra sociedad y permitió la instalación de una racionalidad de mercado como dispositivo de orientación.

Así, se dio paso a una de las reformas más relevantes generadas en dictadura y profundizada en democracia, la de convertir a toda la estructura educacional en un no sistema, dejando su direccionalidad y regulación en manos de un enorme número de instituciones prestadoras de servicios que, además de atender nichos socioeconómicamente segregados de población y obtener lucro de aquello, posibilitaron la provisión de proyectos educativos conforme a sus propios intereses y visiones, desplazando completamente el interés general de la sociedad o el de las comunidades involucradas. Precisamente, cuando el horizonte de la educación deja de estar conectado con las necesidades del proyecto país y de los sujetos que lo conforman, para radicarse en intereses individuales –desde entidades totalmente desarticuladas–, desaparece el rasgo esencial de lo público.

La mercantilización del sentido entonces –y no solo de la propiedad o del financiamiento– afectó a todos los niveles de la educación, desalojando lo común; vale decir, aquello que produce resguardo frente al surgimiento de propósitos que, en la búsqueda del beneficio individual, afectan o instrumentalizan lo colectivo.

En el caso de las escuelas, esto derivó en una noción de éxito educativo basado en el concepto de “eficacia escolar”, orientado a la competencia y al rendimiento estandarizado, limitando la pertinencia cultural de la educación y la formación integral de los sujetos; promoviendo, de ese modo, habilidades funcionales, conectadas prioritariamente con requerimientos sociolaborales y propiciadas por “pedagogías” del entrenamiento, presentadas a veces con el ropaje del activismo, de la “disciplina con afecto” o de la diversidad metodológica sin contexto.

En el caso de la educación superior, se produjo la subordinación del saber a variables económico-empresariales, generándose –entre otros efectos– el irracional desequilibrio entre la oferta académica y la estructura ocupacional, con lo que se abrieron espejismos de movilidad social y una alta depreciación de las áreas no “utilitarias” del conocimiento. Al mismo tiempo, proliferaron proyectos educativos altamente precarios, con universidades exclusivamente docentes y que en todos estos años han incurrido en una larga lista de arbitrariedades y transgresión sistemática de derechos.

Se reforzó, además, la lógica gerencial con la introducción de mecanismos competitivos de financiamiento y con un modelo de acreditación centrado en el cumplimiento de indicadores carentes de contenido, antes que en la búsqueda del conocimiento o de una relación entre este y las necesidades reales de la sociedad. De hecho, las propias universidades del Estado se han visto forzadas a actuar en dicho marco, con lo que han terminado funcionado en muchos aspectos como instituciones completamente mercantilizadas.

El problema está en que las iniciativas legales en educación escolar y superior –más allá de la retórica declarativa– mantienen estos dos rasgos esenciales del modelo, el de la segmentación del sector y el de la mercantilización de su sentido.

En primer lugar, hacen una asociación entre instituciones estatales y educación pública como si fueran sinónimos, sin ofrecer una definición sobre este último concepto y sin establecer orientaciones respecto de qué implica cumplir con este principio básico, más allá de los consabidos criterios tecnocráticos de gestión. Esto ocurre mientras,  al mismo tiempo, entregan a las instituciones privadas cuantiosos recursos públicos. En los hechos, los Proyectos ratifican la expresión minoritaria del componente estatal y otorgan sostenimiento financiero a entidades particulares, independientemente del carácter de sus proyectos educativos, bajo el argumento parcial de la inclusión y de la concurrencia de un listado acotado de requisitos de “calidad” centrados en indicadores formales. Más aún, en el caso de las instituciones estatales, se introduce un fuerte aumento del control burocrático de sus procesos y la injerencia directa del gobierno de turno en sus decisiones (Universidades Estatales), sin generar una efectiva democratización.

En este esquema, las escuelas particulares subvencionadas y particulares pagadas, así como las instituciones de educación superior privadas (las del G-9 tratadas de igual modo) seguirán siendo la mayoría del “sistema” (65% y 85%, respectivamente) y seguirán “educando” conforme a sus particulares intereses y visiones, promoviendo la estandarización, la competencia y respondiendo adaptativamente a las demandas del mercado. Todo esto –en la mayoría de los casos– con recursos públicos y legitimado por el check list de los nuevos criterios de regulación y acreditación, publicitados como más “exigentes”.

Con todo, más que reformas estructurales, se está haciendo política educativa sobre la base de lo que ya hay, levantando un número reducido de exigencias, solo para condicionar la entrega de recursos. Efectivamente, no se cambia el modelo modificando exclusivamente la dependencia administrativa o con el simple aumento de la matrícula estatal o, incluso, mejorando los criterios de financiamiento, si al mismo tiempo se mantiene la segmentación privatizada, la competencia entre instituciones y la ausencia de fines públicos. En ese marco, la gratuidad, por ejemplo, podría ser concedida universalmente y no cambiar el modelo actual, por lo que dicha demanda, si bien es relevante y urgente, no debiera constituir por sí sola la centralidad de la propuesta.

Transformar el modelo implica, en primer lugar, construir un sistema propiamente tal, que opere, por tanto, como una estructura debidamente articulada, que se rija por normas y fines comunes, que se conecte con los requerimientos de desarrollo del país y que considere la diversidad de necesidades educativas de las comunidades. Dicho sistema, para funcionar como garantía de derechos fundamentales en el largo plazo, debe ser dependiente del Estado y financiado íntegramente por este en todas sus funciones, conforme a criterios basales y garantizando su autonomía respecto de los gobiernos de turno, así como el acceso gratuito de sus estudiantes y la participación democrático-deliberativa de sus estamentos.

Al interior de este gran sistema público, el Estado debiera reservar bajo su propiedad una cobertura de carácter mayoritario y garantizar que todas las instituciones que reciban fondos públicos (sean o no estatales) formen parte de dicha institucionalidad. Desde allí, la educación pública en su conjunto debiera garantizar su diversificación y la expansión de su cobertura en todas las realidades territoriales del país, en todas las áreas del conocimiento necesarias, en todos los niveles de enseñanza y estar disponible para toda la población que opte por este sistema. Esto, sin perjuicio de que pueda existir educación privada, la que no debiera recibir recursos del Estado y, a su vez, estar regida por un marco regulatorio específico.

Desde el punto de vista de los fundamentos, lo público supone definir una relación activa con la promoción de valores e intereses públicos y democráticos, derivados tanto de las decisiones de la comunidad política (en los niveles nacional y local), como de la reflexión interna de sus actores. Un sistema de esta índole, sin perjuicio de estar alineado estratégicamente con el interés de la sociedad en su conjunto (mediante mecanismos participativos), requiere del rasgo de lo plural por sobre el de la pertenencia a una perspectiva doctrinaria y/o religiosa en particular. Sin perjuicio de ello, debe poner el acento en las necesidades reales de formación, en la capacidad de reflexión crítica, en la promoción de una ciudadanía activa y en la producción más amplia de conocimiento.

De igual  modo, la educación pública debe ser efectivamente inclusiva (más allá de las capacidades, vocaciones e intereses), sin discriminación de ninguna índole (etnia, clase, género, etc.)  y propiciar una formación amplia y rigurosa, a la vez que integral y culturalmente pertinente. Urge superar, en ese sentido, la noción mercantil de “calidad” y dejar atrás la estandarización curricular-evaluativa, el gerencialismo de circuito productivo y el mercado como finalidad.

Así concebido, lo público no puede ser entonces un atributo autoconferido por parte de instituciones aisladas, ni responder a una simple declaración de “vocación” pública, precisamente porque tal condición requiere de la adscripción a un sistema y a las definiciones que lo fundamentan.

Difícilmente se podrá resolver la crisis de la educación si las iniciativas legales insisten en tomar el camino de la regulación (parcial) del mercado y no la de construir un sistema público propiamente tal (más allá de lo estatal); un sistema que trascienda al estrecho interés de actores particulares o corporativos, poniéndose al servicio de la comunidad y de la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, que avance decididamente en la dirección de romper con las ataduras de la mercantilización de nuestras vidas.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/09/22/regulacion-del-mercado-o-construccion-de-un-sistema-publico-el-debate-pendiente-en-educacion/

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Educación, pobreza e inequidad

Por: Elda Maúd De León

Con decepción, leí el artículo que proponía –como solución a los problemas educativos– ofrecer váuchers (vales) para que los estudiantes de escuelas públicas estudien en escuelas privadas, pagando una mensualidad. Entiendo que a una gran cantidad de personas les preocupe la situación del sistema educativo y se agradece la buena intención, pero yo, que no soy doctora en medicina, no me atrevería a recomendar al Ministerio de Salud qué hacer para mejorar el servicio de salud pública. El váucher es una propuesta vieja que se instituyó en Estados Unidos, pero que fue eliminada por inoperante.

Educar es una actividad compleja que depende de varios factores y simplificar lo complejo solo lleva a un nuevo fracaso. No se pueden resolver los problemas de una escuela sin conocer –y mucho menos sin incidir– en lo que está pasando en la comunidad en que está localizada. Por ejemplo, si sabemos que la deserción escolar en una comunidad indígena se debe a que los niños participan en la cosecha de algún producto, habría que buscar opciones creativas para que los padres no los retiren de las clases.

Por lo general, los niños que estudian en colegios privados tienen una serie de condiciones que les permiten aprender más fácilmente: pertenecen a las capas medias y altas; por lo menos uno de los padres es profesional; el barrio donde viven no es altamente peligroso; tienen una alimentación y cuidados de salud adecuados; cuentan con los libros y materiales escolares que necesitan; los docentes que los educan están bajo inspección y su familia se involucra en sus estudios, pues no desea “perder” el dinero invertido. La realidad de los hijos de familias de escasos recursos es totalmente opuesta.

Hay una serie de investigaciones realizadas en Estados Unidos y en Europa acerca de los efectos de la pobreza en los campos físico, psicológico y hasta neurológico de niños y adolescentes que han crecido en hogares disfuncionales o que han vivido en comunidades con algún grado de violencia. En esos niños preescolares se han detectado consecuencias psicológicas, tales como distracción, miedo, tristeza, dificultad para permanecer sentados, concentrarse y seguir direcciones, así como para autocontrolarse o calmarse después de un disgusto. Y si encima se comete el error de querer enseñar a leer, escribir y sumar en una etapa tan temprana, el nivel de tensión (estrés) aumenta y el buen comportamiento individual y la socialización se retrasan.

Las consecuencias físicas de la pobreza son la desnutrición y la mala salud, entre otras, pero si además en el hogar hay alcoholismo, castigos físicos, y en la comunidad hay bandas, drogas y violencia, los adolescentes son los que más sufren. La tensión en la adolescencia produce problemas serios y duraderos, que pueden tener consecuencias para el resto de la vida; tienen baja autoestima porque resienten ser carga para los padres o los abuelos, les parece que no tienen ningún valor; si han sufrido abuso sexual, la ansiedad y la depresión se tomarán su vida. Estos sentimientos son el caldo de cultivo para las adicciones, la actividad sexual temprana, los embarazos precoces, las enfermedades crónicas y hasta las tendencias autodestructivas.

¿Es extraño que la mayor cantidad de desertores pertenezca a este grupo etario? ¿Es raro que un número significativo no termine la media? ¿Con solo asistir a una escuela privada, se borrarán los traumas que han sufrido desde la primera infancia? Lo lógico sería que el Estado invirtiera ese dinero para mejorar la situación social de las comunidades más pobres. Los ministerios sociales pueden y deben, mediante acciones concertadas, desarrollar proyectos para atender a la niñez y la adolescencia, a las madres muy jóvenes, a los adictos. Las universidades, por su parte, deben apoyar a la escuela para atender los déficits de aprendizaje.

Hace años que la empresa privada está intentando que el presupuesto de Educación pase a sus manos. ¡Es que las escuelas particulares han resultado un buen negocio! Asignar 4% o 5% del presupuesto nacional para atender de manera gratuita a la población estudiantil de todo el país es una miseria. Si no, pregúntenles a los dueños de escuelas particulares por qué cobran tan elevadas matrículas y mensualidades, por qué piden donaciones y por qué los clubes de padres de familia deben hacer rifas y otras actividades pecuniarias a favor de los colegios.

Para los empresarios y para el Gobierno será muy fácil decir: “Les hemos dado un váucher, y aún así, fracasan y desertan de la escuela; están perdidos, ya no hay nada que hacer por ellos”. Esto les permitiría lavarse las manos, incluso, cuando una gran cantidad de niños y jóvenes tengan que delinquir para poder comer. ¿Es de ese modo inhumano y ruin como se pretende ingresar a la sociedad del conocimiento?

Educar no es instruir. La educación se encarga del sistema cognitivo, pero también de formar el carácter, inculcar valores y desarrollar las habilidades que permitan el logro de una vida buena y de una sociedad humanista y solidaria.

Tomado de: http://www.prensa.com/opinion/Educacion-iniquidad-Elda-Maud-Leon_0_4597040427.html

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India: New doco We Shall fight details India’s struggle for education justice

Asia/India/Octubre de 2016/Autora: Nisha Thapliyal/Fuente: Green Left.org

RESUMEN: El All India Foro por el Derecho a la Educación (AIFRTE) acaba de lanzar un documental sobre su lucha contra la privatización de la educación en la India. La película, pelearemos, ganaremos ofrece una rara visión de las voces de base para la educación pública en la India. Fue filmada en gran parte durante una marcha nacional 2014, cuando activistas AIFRTE de toda la India emprendieron un viaje por carretera a la ciudad central india de Bhopal, en el estado de Madhya Pradesh. Durante el viaje de un mes, activistas detenidos en las ciudades y pueblos para celebrar reuniones públicas y eventos de educación popular para crear conciencia sobre el asalto neoliberal en la educación pública. La marcha culminó con una reunión de tres días en Bhopal con actuaciones culturales de Jan geet (canciones populares), y el teatro popular y discursos de intelectuales y activistas públicos respetados.

The All India Forum for the Right to Education (AIFRTE) has just released a documentary about its struggle against the privatisation of education in India. The film, We Shall Fight, We Shall Win provides a rare glimpse into grassroots voices for public education in India.

It was largely filmed during a 2014 national march when AIFRTE activists from all over India undertook a road trip to the central Indian city of Bhopal in the state of Madhya Pradesh. During the month-long journey, activists stopped in towns and villages to hold public meetings and popular education events to raise awareness about the neoliberal assault on public education. The march culminated with a three-day meeting in Bhopal featuring cultural performances of jan geet (people’s songs), and popular theatre and speeches by respected public intellectuals and activists.

The 54 minute-long documentary is available in English and Hindi and can be watched and shared online via the AIFRTE Campaign YouTube channel. This article provides a brief historical overview of AIFRTE and discusses key messages in the film. Readers are encouraged to view the film and share their feedback with AIFRTE through the YouTube page or via email to aifrte.secretariat@gmail.com.

AIFRTE was officially founded in 2009 at a key moment in the history of Indian education — the passage of the 2009 Right to Free and Compulsory Education Act. Despite its name, the Act has primarily functioned to weaken a historically underfunded and unequal public education system.

Six years on, the unfunded legislation remains virtually unimplemented. The closure of government primary schools continues apace — most recently in the wealthy state of Andhra Pradesh — as do efforts to undermine the status of government school teachers. Instead of increased accountability, the Act has absolved the government of all responsibility for its resounding failure to provide universal and equitable education for all Indian children.

It is in these conditions that India has become destination #1 for venture capitalists and philanthro-capitalists who seek to profit from education in countries with struggling public education systems.

In India, these currently include vulture capitalist-funded actors such as Omega Schools and Bridge International Academies (funded by Pearson Affordable Learning Funds), and the Indian School Finance Company (funded by Grey Ghost Ventures).

These for-profit providers offer “low-cost” English-language private education to families who believe that learning English will secure the futures of their children. In reality, these for-profit schools have only added another tier to a multi-tiered education system which ensures that poor, low-caste, Adivasi and Muslim children, mainly girls, continue to be denied equitable and culturally responsive education.

The failed promises of the “low cost” private school movement have been amply documented by education researchers.

Since its inception, AIFRTE has worked to develop a national coalition which can sustain local and national resistance to education privatization. It now includes 45 member organisations and social movements located in 20 out of 29 states in the country.

Members include community groups, not-for-profit non-governmental organisations, university student and teacher unions and social movements as well as individual educators, public intellectuals, parents, students and concerned citizens. The goals of this coalition are captured in one of their favoured slogans “Education is not for sale, it is a people’s right”.

From November 2 to December 4, 2014, 2000 activists from all four corners of India travelled by road to Bhopal — the site of the world’s worst industrial disaster — the deadly Union Carbide gas leak in 1984.

The Struggle for Education March sought to raise awareness about key challenges facing the Indian public education system, including:

  • the ongoing commercialisation and privatisation of public education through Foreign Direct Investment, so-called Public-Private Partnerships and the move to treat higher education as a tradeable commodity under the World Trade Organization-GATS framework; and
  • the destruction of a secular education system through policies and practices that institutionalised prejudice and discrimination based on caste, religion, gender, disability, language, and other forms of socio-cultural difference.

As an alternative to privatisation, the campaign put forward a vision of a fully-free and state-funded common education system based on Constitutional values of democracy, egalitarianism, socialism and secularism.

It also called for the medium of instruction in schools to reflect the diversity of languages that constitute Indian society and for Indian languages to be given primacy in all sectors of national life.

The march was also held in solidarity with two other ongoing people’s struggles: the three decades-long struggle for justice and compensation for the people of Bhopal, and north-eastern movements to repeal the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) that gives security forces unrestrained powers for search, arrest and the use of deadly force against persons suspected of acting against the Indian state.

The documentary provides a “people’s history” of Indian education — a history that is rarely told in mainstream education discourse. Viewers can expect to learn about popular struggles for the right to education which have their roots in colonial and pre-colonial education and social reform movements around issues of caste, patriarchy, communalism and class inequality.

The documentary also recounts the evolution of post-independence education policy. It highlights the influence of the World Bank in the systematic dismantling of public education, which began in the 1980s.

It includes a range of voices that reflect the linguistic and cultural diversity of India including rarely represented voices from Adivasi (indigenous) and Dalit communities as well as from the militarised regions of Kashmir and central and north-eastern India. These voices testify to the exponential growth in educational inequality from the diverse perspectives of students, parents, activists and public intellectuals.

What makes this film unique is that many of these voices draw on rich regional cultural traditions of music, theatre and art to express themselves and raise public awareness.

The film makes several specific critiques of the Indian education system. First and foremost, that it is an unequal and segregated education system where privileged (upper- and middle-class and caste) children receive more and higher-quality educational opportunities because of the purchasing power and social status of their families.

The second critique addresses the dominant “human capital” orientation in Indian education — public and private — which is focused exclusively on producing students who will be productive and obedient workers for the capitalist economy.

Activists argue that curriculum and pedagogy fail to inculcate social awareness and responsibility and the traits are necessary for full and direct citizen participation.

The film challenges dominant perceptions among policy-makers, media and the public that “private is always better than public”. This perception takes the form of a widespread belief that children who attend English-medium private schools can be assured of securing well-paying and respectable jobs.

The reality is that after almost a decade of “private schools for the poor” — or so-called low-cost private schools — the evidence shows that these children are in no way able to compete with graduates of elite or high-fee private schools.  Furthermore, even English-speaking university graduates remain unemployed or under-employed in overwhelmingly large numbers.

Last but not least, the film links the problem of unequal and segregated education in a society deeply stratified by class, caste, gender, religion, and class. The scope of injustice is reflected in the lack of access to high-quality universal health care, widespread poverty, state-condoned violence against Dalits and religious minorities, the displacement of Adivasi people from their traditional lands and consequently, the destruction of their cultures and way of life.

In sum, the film argues that struggles for public education are intrinsically connected to other struggles for economic, social and cultural justice.

Fuente: https://www.greenleft.org.au/content/new-doco-%E2%80%98we-shall-fight%E2%80%99-details-india%E2%80%99s-struggle-education-justice

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Reino Unido: John Swinney announces EU students will get free tuition after Brexit – but not the English

Europa/Reino Unido/Octubre de 2016/Autor: Simmon Johnson/Fuente: The Telegraph

RESUMEN: John Swinney ha negado injustamente discriminar contra el Inglés después de anunciar que los estudiantes de la UE que ganen un lugar en las universidades escocesas el próximo año tendrán su matrícula financiada por el contribuyente, incluso después de Brexit. Ministros SNP están actualmente obligados por las leyes contra la discriminación europeos para ofrecer clases «libre» en la UE, así como a los estudiantes escoceses pero este requisito terminarán después de Brexit, que se espera que se produzca en la primavera de 2019. Mientras que están eligiendo para proporcionar una enseñanza gratuita a los estudiantes alemanes, franceses y españoles después de esta fecha, los de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte seguirán pagando £ 9.000 por año.Preguntó si era injusto proporcionar a los estudiantes estonios una matrícula gratuita pero no es por el Inglés, según el portavoz de Sr. Swinney dijo que estaba manteniendo «el sistema actual». Pulsa de nuevo si estaba discriminando el Inglés, dijo: «Usted tiene su punto de vista, nosotros tenemos la nuestra.»

John Swinney has denied unfairly discriminating against the English after announcing that EU students who win a place at Scottish universities next year will have their tuition funded by the taxpayer even after Brexit.

The Education Minister told the SNP conference that youngsters from the rest of Europe who enrol for the 2017/18 academic year will have their fees paid for the full four years of their degree even if Brexit happens in the interim.

SNP ministers are currently forced by European anti-discrimination laws to offer ‘free’ tuition to EU as well as Scottish students but this requirement will end after Brexit, which is expected to occur in spring 2019.

While they are choosing to provide free tuition to German, French and Spanish students after this date, those from England, Wales and Northern Ireland will continue to pay £9,000 per year.

Asked whether it was unfair to provide Estonian students with free tuition but not the English, a spokesman for Mr Swinney said he was maintaining “the current system”. Pressed again whether he was discriminating against the English, he said: “You have your view, we have ours.”

With 13,450 EU students at Scottish universities last year, the policy is estimated to cost Scottish taxpayers more than £75 million in tuition fee subsidies.

The announcement came after Scotland’s universities this week demanded that ministers make clear whether EU students who win a place next year would get their tuition fees funded by the taxpayer after Brexit.

Their call for clarity came after Jo Johnson, the UK Universities Minister, announced that European students applying for places in England next year will continue receiving loans and grants for the duration of their studies, even if Brexit happens sooner.

Principals were worried they could face legal action as prospectuses published before the Brexit vote in June guaranteed that EU students starting in the 2017/18 academic year would not have to pay fees.

They were also concerned that they faced having to plug a financial gap of around £60 million if Brexit meant they were forced to provide ‘free’ tuition for two years without Scottish Government funding.

But Mr Swinney said: “I am proud that Scotland is a destination of choice for EU students. Therefore I am pleased to give them further reassurance by confirming that support from the Scottish Government for tuition-free studies will continue for those commencing courses here in the 2017-18 academic year.

“However, the continued refusal by the UK Government to give assurances that the immigration status and rights of EU nationals living in Scotland will not change after Brexit is deeply concerning.

“EU students will rightly have concerns about any change in their status half way through a course. These students deserve certainty. They deserve to be guaranteed their right to stay.”

Mr Swinney announced in July that EU students starting university this year will not pay tuition fees for the duration of their degrees but had not previously made clear the status of those applying for places in 2017 despite applications having opened last month.

Alastair Sim, director of Universities Scotland, welcomed his announcement, saying it provided them and EU students with the certainty required during the application process.

He added: “The Scottish Government has sent a clear message that it values the contribution that students from across the EU make to our higher education sector educationally, socially and culturally.”

Fuente: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/14/john-swinney-announces-eu-students-will-get-free-tuition-after-b/

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