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La minería destroza la vida de los indígenas de Venezuela

Por: Ecología social

CARACAS – La voraz búsqueda de oro en el sur de Venezuela, practicada por miles de mineros ilegales amparados por diversos grupos armados, representa la mayor amenaza actual para la vida de sus indígenas, su hábitat y sus culturas, coinciden en señalar sus organizaciones y defensores de los derechos humanos.

En ese territorio que forma parte de la Amazonia “la minería, la violencia, la destrucción del hábitat, la muerte por enfermedades y la migración forzosa conforman un contexto que ya los indígenas califican como genocidio silencioso”, observó a IPS el investigador Aimé Tillet, con largos años de trabajo en el área.

Al otro extremo del país, en el noroeste fronterizo con Colombia, en el drama indígena destaca la delimitación pendiente de sus territorios, que les ha llevado a enfrentamientos y muertes en sus intentos por recuperar tierras ancestrales, mientras mueren de mengua y a menudo se ven reducidos a la indigencia.

Hay rasgos comunes en esa vida en regiones fronterizas que son hábitats indígenas, como el abandono por parte del Estado central, al incumplir sus deberes en salud, educación, seguridad, provisión de alimentos, combustible y transporte, insumos, comunicaciones y consultas debidas a los pueblos originarios.

El gobierno aúpa la actividad minera y decretó en 2016 como “Arco Minero del Orinoco”, en la margen derecha del río, un área de 111 844 kilómetros cuadrados, más grande que Bulgaria, Cuba o Portugal. En paralelo estableció una empresa de la Fuerza Armada, Camimpeg, para liderar la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales convencionales y raros, de los que el país es especialmente rico.

La opacidad es un lunar en el manejo de las empresas militares por parte de las autoridades, según organizaciones no gubernamentales como Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa

La prensa local ha mostrado unidades militares y policiales en la región involucradas en incidentes en torno a la actividad minera que han causado protestas de indígenas y defensores de los derechos humanos, y que van desde muertes de indígenas en altercados hasta masacres en las que “grupos desconocidos” han asesinado a decenas de personas.

La minería más artesanal y también ilegal, en centenares de espacios deforestados y junto a ríos contaminados con mercurio para la reducción del oro, es a menudo controlada por bandas delictivas que se autodenominan “sindicatos” y trafican con el metal, los insumos y también con las personas que van a trabajar en esas minas, muchas veces en forma forzosa.

Desde hace algunos años a los peligros se han sumado las guerrillas colombianas, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que participa de la minería y otras actividades ilegales en el sureño estado de Amazonas, así como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pacificadas en 2016, según destacan organizaciones de derechos humanos.

En la Sierra de Perijá, hábitat de tres pueblos originarios y que marca parte de la frontera norte entre Colombia y Venezuela, el ELN penetra en las comunidades indígenas, instala campamentos, cobra “vacunas (impuestos)” a ganaderos, supervisa el contrabando de ganado y recluta jóvenes para sus columnas.

Mapa de las áreas que son hábitat de los principales pueblos indígenas de Venezuela, según el estatal Instituto Geográfico Simón Bolívar. Los grupos más numerosos están en el extremo noroeste, sur y oriente del país. Imagen: IGVSB

 

Disparos en la selva

El 20 de marzo cuatro indígenas yanomami murieron abaleados en un sector de la Sierra de Parima, que en el extremo sur marca la frontera con Brasil, por disparos de efectivos de la Aviación venezolana, tras un altercado por la señal de internet y un aparato direccionador que compartían los militares e integrantes de una comunidad ancestral.

Los yanomami, que viven en esas selvas del sur venezolano y norte brasileño desde hace miles de años -son considerados testimonio viviente del hombre primitivo, entraron en contacto con el resto del mundo hace pocas décadas- han encontrado en la telefonía móvil un recurso de comunicación en sus muy dispersas comunidades.

Lo sucedido en Parima “no se puede tomar como una reacción aislada, sino como el resultado de un cúmulo de tensiones y abusos, de no tener un trato diferenciado en función de los derechos a una discriminación positiva”, declaró entonces Wataniba, una organización de apoyo a los pueblos indígenas de la Amazonia venezolana.

“Todas esas tensiones que se viven a diario en las fronteras son consecuencia del extractivismo, aunado a los abusos de poder por parte de efectivos militares, la transculturización y la falta de acciones concretas por parte de Estado para atender las necesidades primordiales de los pueblos indígenas”, agregó la organización.

Minería en la Amazonia venezolana. En centenares de explotaciones informales e ilegales para buscar oro se deforesta el terreno, se dañan los suelos, se contaminan la aguas con mercurio y se explota a los indígenas y otros trabajadores bajo formas de esclavitud moderna. Foto: RAISG

 

Garimpeiros indetenibles

En 1989, un decreto ley del entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1922-2010 y quien gobernó el país entre 1974 y 1979 y 1989 y 1993)  prohibió por 50 años toda actividad minera en el estado de Amazonas, visible como el saliente sur en el mapa de Venezuela, selvático y de suelos frágiles, de 178 000 kilómetros cuadrados y 200 000 habitantes, más de la mitad de ellos integrantes de 20 pueblos indígenas.

Durante décadas, sin embargo, miles de garimpeiros (nombre brasileño para los buscadores informales de oro, de donde provenían originalmente), han incursionado en Amazonas, y en los últimos años a mayor escala, con empleo de pistas de aterrizaje, abundantes motobombas, e imponiendo relaciones a veces de intercambio y sobre todo de explotación con comunidades e individuos indígenas.

El 28 de julio de 2021, las organizaciones indígenas Kuyujani y Kuduno, así como el tribunal de justicia Tuduma Saka, de las etnias sanemá (rama yanomami) y sus vecinos ye’kuana (caribes), denunciaron la presencia de garimpeiros en cuatro comunidades en documentos entregados a la gubernamental Defensoría del Pueblo.

Más de 400 garimpeiros armados, según la denuncia, trabajaban con 30 máquinas extrayendo minerales preciosos en la zona del Alto Orinoco, forzando a hombres y niños a trabajar en la minería, y esclavizando y obligando a las mujeres a prostituirse.

La denuncia agregó que la destrucción de bosques alcanzó a los conucos (huertos) de las comunidades indígenas, que así quedaron dependientes de los suministros de los garimpeiros para su alimentación.

Tillet hizo notar que la incursión de guerrillas y mineros ilegales en el sur crea además focos de conflictos interétnicos, porque algunos indígenas y comunidades desesperadas por sobrevivir aceptan a los irregulares, y otras (como los uwottija o piaroas del Orinoco medio) se oponen contundentemente a esas incursiones.

Otra imagen de los daños de la minería sin control en una zona del sur de Venezuela. Foto: SOS Orinoco/RAISG

 

Esclavitud moderna

En las “currutelas”, minas de socavón, se busca emplear a varones jóvenes y niños para extraer arenas ricas en oro, y a mujeres para labores como cocinar, barrer, lavar y poner cierto orden en los campamentos, así como para explotarlas sexualmente.

Esa situación, generalizada en los cientos de minas del Amazonas y del suroriental estado de Bolívar, de unos 238 000 kilómetros cuadrados, se agrava en el caso de los indígenas, dijo a IPS el abogado Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que conduce varios estudios en la zona.

“Bajo el control de los grupos armados se generan dinámicas de violencia, con enfrentamientos y muertes, y situaciones de esclavitud moderna, con omisión que se traduce en aquiescencia por parte del Estado venezolano”, abundó Trujillo.

En particular, las mujeres indígenas, captadas para trabajar en los campamentos, “quedan sometidas a una dinámica de violencia, su trabajo no es voluntario, a veces no se les paga, y son sometidas con riesgo para su salud y vida”, subrayó.

La minería venezolana abona así cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales más de 40 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna, 152 millones del trabajo infantil y 25 millones realizan labores forzosas.

El cerro Autana, visto de las márgenes del río Cuao, afluente del Orinoco medio. El pueblo uwottija lo considera sagrado y rechaza la presencia en el área de grupos guerrilleros provenientes de Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS

 

Adiós hábitat, cultura y vida

En Venezuela, según el censo de 2011, de sus 28 millones de habitantes al menos 720 000 son indígenas, pertenecientes a unos 40 pueblos originarios, y cerca de medio millón viven en áreas rurales indígenas, sobre todo en las regiones fronterizas.

Aunque la etnia mayoritaria (60 %) es la wayúu, un pueblo de lengua arawak que habita la colombo-venezolana península de la Guajira (norte), la mayoría de los pueblos está en el sur del país, algunos con miles de integrantes y otros con muy pocos centenares y con sus idiomas y saberes en riesgo de extinción.

La organización ambientalista Provita sostiene que al sur del Orinoco se han deforestado en los últimos 20 años 380 000 hectáreas, y las dedicadas a la actividad minera aumentaron en el lapso 2000-2020 de 18 500 a 55 000 hectáreas.

Zonas muy afectadas han sido riberas y cabeceras de ríos, muchas en áreas teóricamente protegidas como parques nacionales, y Tillet subraya que, además del daño ambiental, se trata de zonas de recursos limitados para la subsistencia, por los que ahora compiten las comunidades indígenas y los mineros.

Los indígenas “al depender de la minería para obtener algún ingreso, se ven forzados a abandonar su actividad tradicional de siembra, pesca y caza, se deteriora su alimentación, y avanzan la desnutrición y las enfermedades, como el paludismo, y aparece la vía de decir adiós a sus tierras, desplazarse y migrar”, expuso Tillet.

El investigador sostiene que los servicios de salud responsabilidad del Estado prácticamente han desaparecido, y más con la pandemia de covid-19, y la educación se ha desplomado con la migración de maestros, dándose el caso de que “niños que deberían estar en la escuela ahora laboran explotados en las minas”.

En el documento que presentaron ante la Defensoría del Pueblo, las organizaciones yanomami y ye’kuana dijeron ser víctimas de asesinatos selectivos, contaminación de las aguas con mercurio, contagio de enfermedades y, en resumidas cuentas, de “un genocidio cultural silencioso”.

Niños de una comunidad uwottija (piaroa) en la zona del Orinoco medio, donde organizaciones de ese pueblo originario rechazan la presencia de grupos guerrilleros provenientes de la vecina Colombia, asociados a la minería ilegal. Foto: Humberto Márquez / IPS

 

El territorio, derecho huidizo

La vigente Constitución, de 1999, reconoció el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus culturas y poseer sus territorios ancestrales, y previó una demarcación expedita de esas áreas, de lo cual se cumplió solo una pequeña parte en el país.

En el caso del estado Amazonas, cuyo territorio es casi en su totalidad hábitat de pueblos originarios, esa demarcación se ha ignorado, impidiendo a los pueblos indígenas reclamar derechos, exigir consultas y consentimiento para la explotación del territorio y, eventualmente, obtener beneficios derivados de su posesión.

Para Tillet “la demarcación se mantiene como deuda, para la que no hay voluntad política, pero la avalancha minera ha relativizado su importancia, pues si las áreas protegidas como parques nacionales o monumentos naturales son violadas por la minería, puede pensarse que se haría lo mismo con territorios indígenas”.

Ejemplos son el sudoriental Parque Nacional Canaima, de 30 000 kilómetros cuadrados, rico en tepuyes –montañas de paredes verticales y techos planos – y grandes saltos de agua, y el Yapacana, en medio del estado Amazonas, de 3200 kilómetros cuadrados, donde la minería se practica mientras las autoridades miran hacia otro lado.

En cambio, en el noroeste se mantiene, con episodios de violencia, la lucha por la tierra del pueblo yukpa, en el centro de la Sierra de Perijá y que, como sus vecinos barí de origen chibcha y los wayúu, son un pueblo binacional, aunque con más individuos del lado venezolano que del colombiano.

El nudo del conflicto es que a lo largo del siglo XX los indígenas fueron arrinconados en las tierras más inhóspitas de la montaña, mientras que las llanuras, sobre la margen occidental del lago de Maracaibo, fueron ocupadas por fincas ganaderas.

Algunas comunidades han aceptado lotes de tierras –las menos ricas- otorgadas por el gobierno, pero un núcleo yukpa duro, que dirigió hasta su asesinato en 2013 el cacique Sabino Romero, reclama tierras donde hay haciendas ganaderas, mientras resiste incursiones de contrabandistas y guerrilleros en plena montaña.

Sabino Romero, cacique yukpa, de la Sierra de Perijá, fronteriza con Colombia, asesinado en 2013 en el marco de las luchas de su pueblo por recuperar tierras que quedaron en manos de ganaderos a lo largo del siglo XX. Foto: Sociedad Homo et Natura

 

“Otros miembros de la familia y seguidores de Sabino han sido asesinados al paso de los años y soportan agresiones y el asedio de sicarios y empleados de fincas ganaderas, cuando no de la Guarda Nacional (policía militarizada) o el ELN”, dijo a IPS Lusbi Portillo, conductor de la ambientalista Sociedad Homo et Natura.

Ana María Fernández, activista yukpa de la zona, ha dicho que “no solo luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, cuerpos policiales y Guardia Nacional, y el Estado que no permite la demarcación de nuestras tierras. Nos atacan por igual la guerrilla colombiana y sicarios contratados por ganaderos”.

En contrapartida, algunos yukpa en ocasiones toman ganado como modo de cobrar los daños que se les infligen, pero otros, menos combatientes y no habituados a vivir en las ciudades “improvisan alcabalas en lo que fueron sus tierras para cobrar derecho de paso y tener algo de dinero para comer y sobrevivir”, dijo Portillo.

El activista sostiene que una alternativa es que el Estado cumpla compromisos de indemnizar a ganaderos cuyas haciendas deban ser devueltas a los indígenas, así como sus deberes de proporcionar vías de transporte para la producción agrícola de las comunidades y atención en salud ante el auge de enfermedades.

Ana María Fernández, activista de comunidades yukpa que reclaman la demarcación de sus territorios ancestrales en la occidental Sierra de Perijá, y de los cuales las mejores tierras fueron ocupadas por haciendas ganaderas a lo largo del siglo XX. Foto: OEPV

 

Hora de migrar

La crisis de la segunda década de este siglo en Venezuela ha forzado a miles de indígenas a migrar, en el torrente de seis millones de venezolanos que han abandonado el país desde 2014, en su inmensa mayoría dirigiéndose a los países vecinos de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y España.

El grupo más numeroso es el de los warao, pueblo poblador del nororiental delta del Orinoco, en cuyo frente sur también hay actividad minera y maderera, y que han ido mayoritariamente a Brasil, aunque también a Guyana y Trinidad y Tobago.

Los warao “son menos de 50 000, y la migración de al menos 6000, más de 10 % de ellos, es una merma que dice mucho de la situación de derechos humanos de esta población. En el norte brasileño hay unos 5000, y Brasil ya los considera como otro pueblo indígena, además muy viajero, en su territorio”, comentó Tillet.

Pablo Tapo, del pueblo baré y coordinador del Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos, levantó un informe según el cual más de 4500 indígenas de nueve etnias en su región cruzaron la frontera con destino a Colombia en tres años.

Tanto en ciudades como en las zonas rurales “las comunidades se quedan solas porque no hay atención ni servicios, en los hospitales ambulatorios no hay médicos, ni medicinas ni insumos, y no hay seguridad alimentaria”, dijo Tapo.

En el sudoccidental y llanero estado de Apure, la confrontación armada que involucró hace meses a guerrilleros colombianos con militares de Venezuela forzó la huida a Colombia de grupos indígenas que poblaban el lado venezolano del río Meta.

En el extremo sudoriental, junto a Brasil, el pueblo pemón se ha resentido del desplome del turismo por la inseguridad asociada a la minería y la pandemia, incentivo para migrar, y en el noroeste para pueblos como los wayúu aprovechar los cruces de frontera es una vieja práctica sin novedad.

En el centro de los dramas de los indígenas está la explotación minera, en particular el ansia insaciable de oro, del que según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) este país puede producir unas 75 toneladas anuales, aunque la extracción real, legal o clandestina, posiblemente sea la mitad.

ED: EG

Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/05/la-mineria-destroza-la-vida-de-los-indigenas-de-venezuela/

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Deforestación y minería ilegal alimentan focos de malaria en Venezuela

Fuentes: scidev.net/ [Foto: Cortesía de Jorge E. Moreno]

La minería ilegal de oro es la causante de la deforestación de vastas áreas en el sureste de Venezuela. La vegetación se socava para la extracción del mineral y deja lagunas artificiales.

Venezuela aumentó más de 10 veces los casos de malaria desde 2009 a 2019, y la mayor parte de los casos se concentran en áreas donde han aumentado la deforestación y la minería ilegal para la extracción de oro en los últimos años, según un estudio.

Estos hotspots o puntos calientes, localizados al sur del río Orinoco, son las parroquias San Isidro y Dalla Costa, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, que reúnen más de 60 por ciento de los casos de la última década.

En cifras, Venezuela pasó de 41.943 casos de malaria en 2009 a 467.421 casos en 2019, “un crecimiento epidémico explosivo debido a una falta significativa de programas de control”, indica el estudio publicado en PLoS Neglected Tropical Diseases y realizado por investigadores venezolanos y extranjeros.

“El minero, al deforestar para extraer oro, genera lagunas artificiales, hábitats para el mosquito anófeles, transmisor de la malaria”. (María Eugenia Grillet, Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela)

Sifontes ha perdido, desde 2007, más de 3.058 hectáreas de bosques debido sobre todo a la minería ilegal. “El minero, al deforestar para extraer oro, genera lagunas artificiales, hábitats para el mosquito anófeles, transmisor de la malaria”, explicó a SciDev.Net María Eugenia Grillet, investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y autora principal de la investigación.

El análisis, que utilizó información epidemiológica y geográfica, encontró que en las zonas deforestadas había mayor cantidad de casos de malaria que en áreas cercanas y que las infecciones, tanto por Plasmodium falciparum como por Plasmodium vivax —las dos especies más frecuentes del parásito de la malaria en el país—, se incrementaron allí al tiempo que dismuyó la vegetación.

Los datos también muestran que la mayoría de los afectados fueron hombres entre 21 y 40 años, y que aproximadamente seis  de cada 10 de estos pacientes se dedicaban a la minería.

Como muchos trabajadores de otras regiones de Venezuela se han desplazado a Bolívar por la crisis económica para dedicarse a esta actividad, la enfermedad también se ha expandido hacia otros estados del país donde alguna vez estuvo erradicada.

El cuadro se hace aún más complejo cuando se le suma la migración masiva que se ha producido desde Venezuela, pues también afecta los esfuerzos para el control de la enfermedad de países vecinos como Brasil, Colombia y Guyana.

El Informe Mundial sobre Malaria en 2020 de la Organización Mundial de la Salud indicó que el progreso logrado en las Américas contra la enfermedad ha sufrido por el incremento de la epidemia en Venezuela, donde se registran 53 por ciento de los casos del continente.

El reconocimiento de la emergencia humanitaria por parte del estado venezolano, que permitió a organizaciones de asistencia humanitaria ingresar a las zonas maláricas, hace esperar una reducción de las cifras de la enfermedad.

Sin embargo, Grillet apuntó que lograr un verdadero control pasa por reconstruir el ahora desmantelado Programa Nacional de Malaria, que alguna vez fue ejemplo en la región.

El médico Juan Carlos Gabaldón, investigador de la española Universidad de Navarra, especializado en malaria, dijo a SciDev.Net que la detección de puntos calientes de la epidemia puede ayudar a que la inversión para controlarla tenga impacto, pese a los recursos limitados.

“Sin embargo, por priorizar ciertas áreas no deberían descuidarse otras. Por ejemplo, la malaria en comunidades indígenas, que no está concentrada en Sifontes sino en otros municipios, también amerita atención”, señala.

La estrategia de control también debería incluir la activación de centros para el monitoreo y la atención de salud de los migrantes durante su tránsito, y para ello hace falta cooperación transfronteriza, añadió Grillet.

Fuente: https://www.scidev.net/america-latina/news/deforestacion-y-mineria-ilegal-alimentan-focos-de-malaria-en-venezuela/

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Libro Venezuela desde adentro: ocho investigaciones para un debate necesario

Descripción

En los últimos 20 años, desde las coordenadas de las izquierdas, la experiencia venezolana ha estado en el centro del debate político regional, en tanto modelo de transformación, organización popular, redistribución y justicia social, y también como expresión de extractivismo, de las tensiones en los populismos y de rentismo. Actualmente, este modelo, sus prácticas, contradicciones y disputas parecieran estar tocando sus límites como experiencia posible de transformación desde el Estado. Vista a través del prisma de los medios de comunicación masivos internacionales, de la polarización existente en la región y en el mundo, y ante el avance del capitalismo y de las experiencias de derecha, Venezuela se ha erigido como el símbolo de la crisis, de la amenaza “castro-chavista”, del caos de las opciones populares o de izquierda en el poder. En el caso de los medios de comunicación alemanes, se reduce el discurso a un chavismo = socialismo, al que se culpa como modelo fracasado, sin preocuparse por entender las múltiples aristas de la realidad política, económica, social y cultural en Venezuela, y mucho menos entrar en el debate sobre la existencia o no de un modelo socialista venezolano.

Fuente: https://www.ecopoliticavenezuela.org/biblioteca/libros/venezuela-desde-adentro_12/

Descargar: http://ecopoliticavenezuela.org/biblioteca/textos/VENEZUELA-DESDE-ADENTRO_12.pdf

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OPINIÓN | El colapso

Por: Tlachinollan

 

Ataviada con una extravagante prenda de bordados finos y con un porte muy bien cuidado, para mostrarse como una mujer jovial, la presidenta municipal Adela Román Ocampo, con el rostro angustiado, envió un mensaje el pasado jueves 21 de mayo, a las familias acapulqueñas: “estoy profundamente preocupada por la situación que estamos viviendo en nuestro municipio. Lamentablemente (…) el coronavirus se ha extendido en todo Acapulco. La situación es muy grave. El día de ayer el subsecretario el Hugo López Gatell, informó que la pandemia aún va para largo en Acapulco y que no podremos levantar la cuarentana en los próximos días. Es urgente que entendamos el peligro que corremos todas y todos, con esta pandemia (…) En Acapulco, 38 personas han perdido la vida, además hay casi 520 personas contagiadas. Los hospitales se encuentran llegando al 80% de su capacidad, con camas ocupadas por enfermos de coronavirus, y día con día ingresan más personas solicitando atención médica. Dentro de poco, si no logramos detener esta situación, los hospitales de Acapulco, colapsarán y no podrán seguir atendiendo más pacientes (…) Les informo que de los dos centros de incineración que tenemos en el puerto, uno de ellos está llegando a cerrarse y ya no se da abasto con los cadáveres que llegan. Se abrieron por esa razón más fosas en el cementerio, para dar cabida a los cuerpos, que también van llegando en mayor cantidad cada día (…) Guerrero ocupa el tercer lugar en el país, con mayor crecimiento de contagios, y Acapulco, es el centro de esta pandemia en la entidad”.

Este mensaje sintetiza el drama que enfrentamos no solo en el Puerto de Acapulco, sino en el estado de Guerrero. El mismo mapa del COVID – 19 lo ilustra, al mostrar a más del 50%, es decir 47 de los 81 municipios como contagiados, y solo a 11 que se encuentran supuestamente limpios: 5 de la Montaña y 6 de la Costa Chica. Estas cifras oficiales, nos dan una mera aproximación a la realidad devastadora del coronavirus. Mientras no se informe sobre el número de pruebas PCR, que se aplican diariamente en el estado, no podemos tener una radiografía detallada de las personas contagiadas. Solamente en Acapulco y Chilpancingo, existen laboratorios que aplican estás pruebas. Los mismos resultados se obtienen a cuenta gotas, ante las dificultades que existen para llevar y traer las pruebas y los resultados. No sabemos a ciencia cierta cuántas pruebas se han realizado a personas que se encuentran en los once municipios llamados de la esperanza. Lo que podemos afirmar es que son municipios que no cuentan con infraestructura hospitalaria, el poco personal médico y de enfermería que existe tampoco cuenta con equipo necesario para detectar los síntomas del COVID – 19.

Es difícil pensar que las personas de estas comunidades alejadas se mantengan en la inmovilidad. Por el contrario, por información del Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, se cuenta con un registro de 2 mil 268 personas que han migrado a los estados de Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán, Sonora y Guanajuato, principalmente. En un periodo que va del primero de febrero al 20 de mayo del presente año. Han salido mil 108 mujeres y mil 160 hombres. De esta población, la migración infantil representa el 31%. De los niños y niñas de 6 a 12 años, el 23% no esta inscrito en alguna primaria. Los municipios de la Montaña, con mayor expulsión de familias jornaleras son Cochoapa el Grande, con un número de 921 personas que han salido para trabajar a los campos agrícolas; Metlatónoc reporta 229 jornaleras y jornaleros y Tlapa 532. En la región de la Costa Chica, se encuentra Tlacoachistlahuaca con 63 registros, principalmente. Es decir, que estamos ante municipios sumamente pobres cuya población está en constante movimiento ante el estado crítico que enfrentan, a causa de la pobreza extrema.

Recientemente registramos el caso de una madre de familia del pueblo Me’phaa, originaria de Santa María Tonaya, municipio de Tlapa, que fue atendida en un hospital de Fresnillo, Zacatecas, por complicaciones de su embarazo. La operación que le realizaron fue exitosa, sin embargo, cuando estaba en recuperación tuvo un ataque de tos. El personal médico procedió a hacerle la prueba del COVID – 19 y resultó positiva. Hasta el momento desconocemos si sus dos pequeños niños, su esposo y sus suegros, con los que viajó en un autobús de Tlapa al campo Río Florido en Zacatecas, estén también contagiados. Es de gran preocupación esta situación de alta vulnerabilidad, que enfrentan las familias jornaleras, que ante la amenaza del hambre ahora esta el gran riesgo del contagio por el coronavirus.

Por otra parte, en el plano federal las autoridades de salud nos muestran un panorama cargado de cierto optimismo. Para el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de epidemiología, “el incremento en la carga de enfermedad tanto de personas enfermas como hospitalizadas, está dentro de lo proyectado. Esto quiere decir, que, al estar dentro de lo proyectado, está precisamente dentro de lo que se programó y preparó para la atención. Esto se está trabajando directamente con las autoridades, para que haya acceso a la atención médica, y, además, haya camas disponibles”. Refiriéndose al caso de Acapulco comentó que esta localidad se está comportando de acuerdo a lo estimado. Vaticinó que el 30 de mayo es cuando se espera la mayor carga de personas hospitalizadas y sobre todo en la unidad de cuidados intensivos.

Con estos comentarios queremos entender que desde la mirada nacional la situación está controlada, sin embargo, la realidad guerrerense es más compleja de lo que se percibe desde el centro. Lo que sucede en los municipios supuestamente limpios de la Montaña y Costa Chica, es que hay un contagio marcado por esta movilidad humana que no está siendo registrada por las autoridades.

En la Zona Centro, concretamente en el municipio de Eduardo Neri, donde se encuentra la minera Equinox Gold, al siguiente día del anuncio presidencial, sobre el regreso a la nueva normalidad, funcionarios de esta empresa convocaron a los trabajadores subcontratados para que se presentaran a la mina. Este llamado movilizó a 500 trabajadores procedentes de varias comunidades. La empresa diseñó un protocolo de seguridad sanitaria para evitar la propagación del COVID – 19, entre los trabajadores. Sin embargo, la situación se salió de control porque desde el primer momento, en lugar de hacer un llamado progresivo a los trabajadores, se hizo de forma masiva. No previeron los lugares donde iban a instalar los campamentos para que, ahí permanecieran los trabajadores mientras les aplicaban las pruebas de PCR. Hubo comunidades como Carrizalillo, que no permitieron que se quedaran dentro de sus casas, por eso tuvieron que contratar hoteles para asegurar la estancia. En la primera toma de muestra aplicaron 170 pruebas, cuyos resultados fueron sorprendentes porque se reportaron 42 casos de personas contagiadas. Esta situación no solo alertó a la empresa, sino a los trabajadores subcontratados y a los sindicalizados. La preocupación es mayor porque dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina, dieron positivo al COVID – 19. Lo desconcertante es que varias personas eran asintomáticas. Para este viernes se tenía el reporte de 50 personas contagiadas, sin que la empresa haya estado preparada para ponerlos en cuarentena. A todos ellos, los regresó en sus camionetas sin garantizar que se aíslen en los lugares donde permanecerán. Por el momento, las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala, han tenido que cerrar sus entradas para evitar mayor contagio entre la población que está llegando de otras regiones. Esta situación es grave porque la empresa minera diseñó su protocolo sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades y sobre todo de tomar medidas preventivas para evitar mayores contagios. Ahora resulta que tanto en la mina como en las mismas comunidades el coronavirus ha entrado.

Las autoridades de salud tienen la obligación de atender con urgencia este foco de contagio. Es insuficiente emitir solamente lineamientos generales sobre seguridad sanitaria para estas empresas, se tiene que tomar muy en cuenta a la población, el contexto en que vive sobre todo por los graves daños que ha generado la minería a cielo abierto. En esas comunidades muchas personas padecen de asma y hay una población importante de adultos mayores que no cuentan con la atención médica adecuada. Los protocolos tienen que, en primer lugar, prevenir el contagio al interior de las comunidades y no solo centrarse en la seguridad del negocio minero. La empresa tiene que responsabilizarse de los trabajadores que resultaron positivos, no puede desentenderse de este problema de salud pública donde la actividad minera es sumamente peligrosa para la sustentabilidad ambiental y humana.

Los focos rojos del coronavirus están encendidos a lo largo y ancho del estado, la información que llega filtrada por las autoridades de salud, no está ayudando para que la población dimensione que los riesgos inminentes del contagio se han multiplicado y diversificado. Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que coordinarse mejor y estar pulsando la multiplicidad de problemas que se están presentando en las diferentes regiones. Hoy es la prueba máxima que tienen enfrente, de lo contrario, el malestar de la sociedad se desbordará y el colapso será inminente.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-colapso/

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Un año de duelo por el desastre minero en Brasil

América del Sur/Brasil/26-01-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Redacción BRUMADINHO

“Vale #Asesinos”. El cartel con letras negras entre dos árboles a la entrada de Brumadinho avisa que esta pequeña ciudad del sudeste de Brasil sigue cargando el dolor y los estigmas de la rotura hace un año de un dique perteneciente a ese grupo minero.

Un total de 270 personas (11 de ellas desaparecidas hasta hoy) murieron tras el colapso de la presa, el 25 de enero de 2019, que sepultó gran parte de la región bajo un torrente de lodo.

El lugar ya nunca será el mismo, pese a las millonarias indemnizaciones de unos 2.000 millones de reales (unos 480 millones de dólares) que Vale fue condenada a pagar.

Los ausentes no son olvidados y los bomberos siguen buscando hasta ahora los desaparecidos.

“Brumadinho es pequeño y la mayoría de la gente se conoce. Tenemos a nuestros amigos de infancia. Yo he ido a unos 30 o 40 entierros”, cuenta Natalia de Oliveira, que perdió a una hermana y a muchos amigos.

“Cuando nos encontramos en la calle o en el supermercado, nos decimos: ‘¡Cuánta gente murió aquí!’ Alguien que perdió a su padre, a su madre, que habían ido a trabajar”.

Al duelo se suman la devastación y el impacto ecológico de los 12 millones de metros cúbicos de lodo cargado con residuos mineros que se desprendieron del dique. El siniestro es particularmente visible en los suburbios rurales de Brumadinho: viviendas abandonadas, poblaciones desplazadas, pescadores y agricultores a quienes se prohibió ejercer su oficio.

Una región parada 
La contaminación del río Paraopeba paralizó las actividades de la zona y dejó sin sustento a pescadores y agricultores.

Adelson Silva de Oliveira aplasta con su tractor las malezas de dos metros de altura que invadieron su campo junto al río. Desde hace un año, no ha plantado nada.

“Plantábamos lechuga, coles, maíz. Pero paramos todo. ¿Quién quiere comprar productos de aquí. ¡Nadie!”, afirma.

Los 106.000 habitantes que viven a menos de un kilómetro del río reciben una “ayuda de emergencia” de 1.000 reales por mes (240 dólares), equivalente a un salario mínimo. Esa suma se reducirá a la mitad a partir de febrero.

Homicidio intencional
Vale, por su lado, que había perdido un cuarto de su valorización de mercado, recuperó la semana pasada en la Bolsa de Sao Paulo su nivel de antes de la catástrofe.

Y se mantuvo por encima de esa marca incluso tras perder 2,32% el martes, después de que la fiscalía de Minas Gerais acusase a su expresidente y otros ejecutivos de ese época de homicidio intencional y a la firma de crimen ambiental.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102301074/un-ano-de-duelo-por-el-desastre-minero-en-brasil

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La Necropolítica del Fracking, La Minería y el Narco provoca las Migraciones de México y América Central

Por: Ariadna Estévez López. The Huffington Post. 17/02/2017

La violencia de las pandillas es lo que provoca que la gente salga en oleadas de América Central y México, llegando en números récord a Estados Unidos. Así es, ¿verdad?

 

Esa es la narrativa corriente: el crimen organizado y el narcotráfico son la causa de que el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) tenga las tasas más altas de homicidio en el mundo, por lo que sus ciudadanos se han puesto a empacar.

 

De hecho, Honduras es segundo lugar, detrás de Siria, entre los países más peligrosos, seguida de El Salvador (6), Guatemala (11), y México (23). San Pedro Sula, en Honduras, tiene la tasa de homicidios más alta del planeta.

 

Esto es una crisis humanitaria y una tragedia regional. Y en lo que a Naciones Unidas y el Centro para el Monitoreo de los Desplazamientos Internos, los criminales son los culpables.

Sin embargo, esta visión común sobre la violencia en América Central y México soslaya dos hechos.

Estas son dos áreas ricas en recursos naturales, incluyendo maderas preciosas (como la caoba), y metales (como hierro, plomo, oro, níquel, zinc y plata). Y no toda la violencia que azota esta región tiene que ver con las pandillas; también abarca los feminicidios, el asesinato de activistas ambientales, así como crímenes políticos y desapariciones forzadas.

Mi argumento es que la violencia criminal, si bien brutal, es sólo parte de un peligroso coctel que funciona para “limpiar” lugares que comunidades locales defienden como su hogar territorial.

NECROPOLÍTICA: LA AGENDA DE LA MUERTE

Esto no tiene que ver con teorías de la conspiración y esta hipótesis no es solamente mía. Los datos indican que en países ricos en recursos, la confluencia de los desplazamientos forzados con la violencia criminal, misógina y política no pueden ser mera coincidencia.

Esta combinación fatal refleja una política de despoblamiento forzado cuyo fin es conseguir la explotación “libre de conflictos” de los recursos naturales cuyo valor va al alza en la economía global actual, como los minerales utilizados en las nuevas tecnologías y las fuentes renovables o de energías limpias.

Para ejecutar esta estrategia existe un amplio número de actores armados, incluyendo narcotraficantes y mafias, así como mercenarios asesinos, guardias de seguridad y sicarios, quienes tanto en México como en América Central venden sus servicios como expertos en crímenes a entidades poderosas, tanto a gobiernos represivos como corporaciones trasnacionales (o ambos en contubernio). El filósofo camerunés Achille Mbembe llamó a este fenómeno Gobierno Privado Indirecto.

La “necropolítica”, o política de la muerte, es el núcleo violento de lo que el académico Bobby Banerjee definió como “necrocapitalismo“; es decir, muertes por fines de lucro.

¿Por qué negociar con las comunidades indígenas empobrecidas dueñas de valiosos hidrocarburos, recursos hidráulicos, maderas y minerales, si puedes expulsarlos de sus tierras con fuerzas criminales, políticas y misóginas?

LA MALDICIÓN DE LA RIQUEZA EN AC

Casi cualquier nación latinoamericana que padece altas tasas de homicidio tiene también maderas preciosas, metales e hidrocarburos. Para remarcar mis argumentos, doy un vistazo a la tala legal e ilegal en Honduras, la minería en América Central, así como la extracción de hidrocarburos a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. Estas situaciones demuestran cómo los desplazamientos forzados, la represión política y la violencia criminal y de género coincide en estos territorios ricos en recursos.

En Honduras, los patrones de desplazamiento señalan que la violencia criminal no es el principal factor de expulsión. De acuerdo con un reporte de 2016 del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, el número de personas desplazadas creció casi 600% de 2014 a 2015, pasando de 29 mil a 174 mil.

Es peculiar el hecho de que en ese tiempo las tasas de homicidio bajaron. El reporte es vago respecto de esta paradoja al sugerir que el incremento, de los desplazados, se debe al empeoramiento de las condiciones económicas.

Mi noción es que la creciente represión con violencia de los defensores del medio ambiente, más que la violencia criminal, fue la principal causa de los desplazamientos forzados en ese periodo.

Entre 2010 y 2014, más de 100 activistas hondureños del medio ambiente fueron asesinados. En 2014, el país tuvo manifestaciones masivas en contra de la actividad corporativa en Río Blanco, el mismo río que defendía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.

AFP/GETTY IMAGES Un policía resguarda un retrato de la activista hondureña Berta Cáceres durante una manifestación afuera de la embajada de Honduras en Ciudad de México. Cáceres fue asesinada en su país por defender el patrimonio ambiental de Honduras. (PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

Honduras es rica en recursos naturales, con 41.5% de su territorio cubierto con bosques. Sin embargo, es el tercer país más pobre en el continente americano y las condiciones se agravaron a partir del golpe de estado de 2009.

Los hondureños más pobres viven en zonas rurales, en donde las actividades agrícolas, forestales y ganaderas desde hace mucho tiempo han provocado una crisis ambiental. La deforestación generalizada, la erosión y la degradación ambiental exponen a las comunidades a los desastres naturales. Por ello los granjeros y los grupos indígenas se organizan en mayor medida en contra de los intereses corporativos en sus selvas y por ello se les mata y desplaza.

Si bien gran parte de la violencia criminal en Honduras toma lugar en ciudades como San Pedro Sula, también se concentra en áreas rurales supuestamente protegidas en donde se desarrollan actividades ilegales de minería y tala.

La biósfera de Río Plátano, una de las tres áreas protegidas más grandes del país, así como el distrito de La Ceiba, cercano a la zona de conservación de Pico Bonito, padecen de actividades de pandillas y cárteles de la droga y son de las regiones de donde parten más cantidades de niños que buscan refugio en EU.

El gobierno es cómplice en estas extracciones ilícitas. De acuerdo con un reporte de Global Witness, de 2006 a 2007 el estado hondureño pagó más de 1 millón de dólares a traficantes de maderas.

Deforestación en la biósfera de Río Plátano, Honduras. (ORLANDO SIERRA/AFP/Getty Images)

MUJERES, MEDIO AMBIENTE Y MUERTE

Es un error común considerar la violencia contra las mujeres como un acto privado y apolítico. Sin embargo, las mujeres van al frente en el activismo ambiental porque ellas tienden a oponerse a las actividades que dañan a sus hijos, hogares y comunidades. Si bien no hay datos sobre el número exacto de asesinadas, los peligros por la necropolítica que enfrentan las mujeres es suficiente para requerir una red de ambientalistas femeninas.

En 2015, Honduras tuvo la tasa de feminicidios más alta del mundo. El caso más famoso fue el de la líder indígena de 44 años Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo de 2016.

En sus días finales, Cáceres recibió textos y llamadas de amenaza de que abandonara su pelea contra la presa de Agua Zarca. Asimismo, tuvo un altercado con empleados de Desarrollos Energéticos SA (Desa), una empresa energética hondureña. Posteriormente, la mataron a tiros en su hogar.

Los feminicidios también abundan en los lugares más ricos en petróleo shale de México. Aquí, es icónico el caso de Josefina Reyes Salazar, el cual sigue envuelto en misterio.

STRINGER MEXICO / REUTERS Sara Salazar sufre en el entierro de dos de sus hijos y su nuera, asesinados en 2011. En 2010 fue asesinada su otra hija Josefina Salazar Reyes, quien era defensora de los derechos humanos y pedía castigo a los abusos cometidos por policías y elementos de las fuerzas armadas en Chihuahua. (REUTERS/Gael Gonzalez)

Defensora de los derechos ambientales y de la mujer en el Valle de Juárez, Salazar fue asesinada en 2010 junto con otros miembros de su familia debido a que se oponían a la militarización de su localidad, la cual se ubica en una zona rica en gas shale.

EL CASO MEXICANO

De acuerdo con un reporte de desplazamientos forzados, de los 287 mil mexicanos desplazados por la violencia y 91 mil por los desastres naturales, a mayoría pertenece a los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Más allá de los altos niveles de violencia derivada del narcotráfico, todos estos estados son ricos en minerales, fuentes de energía renovable, y gas shale. Para abreviar, me enfocaré en la extracción del gas shale a lo largo de la frontera de México y EU.

Una cantidad relevante de las desapariciones forzadas y asesinatos en los que las fuerzas armadas y las bandas criminales se han visto involucradas han tomado lugar en una región localizada sobre una fuente enorme de gas shale que se extiende desde Texas, llamada la cuenca de shale de Eagle Ford.

En esta área operan bandas como la del Cártel de Juárez, la cual convirtió a Ciudad Juárez por un tiempo en la ciudad más violenta del mundo; asimismo, se encuentran los Zetas, responsables de miles de las 300 mil desapariciones forzadas en México, y el Cártel del Golfo, cuyos líderes han recibido la protección de políticos locales.

El fracking, el método que se utiliza para extraer el gas shale, tiene altos costos ambientales ya que requiere de 7.6 a 15 millones de litros de agua para la extracción y contiene químicos contaminantes.

En Eagle Ford hay 27 mil pozos para la extracción del gas shale. En un árido lugar en donde el agua escasea, el uso intenso de los recursos hidráulicos daña a la agricultura, lo cual ha provocado crecientes protestas.

De acuerdo con un reporte especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mayoría de los desplazados en México son campesinos de comunidades con economías basadas en la auto subsistencia, defensores de derechos humanos y ambientales, empresarios pequeños, funcionarios de gobiernos locales y periodistas.

Esto es lógico. Con excepción, quizá, de los pequeños empresarios, estos segmentos de la población representan una amenaza específica para los intereses de los capitales de las industrias extractivas, ya sea por su resistencia (en el caso de los activistas, los funcionarios leales, y los campesinos), o por exponer esta situación (en el caso de los periodistas).

Por lo tanto, en la medida en que la violencia de las mafias y las drogas constituyen un serio problema social en América Latina, la sociedad civil debe distinguir todo el catálogo de razones tras las estrategias de despoblamiento en América Central y México.

Los medios nacionales en México ya han comenzado a trazar esa relación con la extracción del gas shale. Pero es hora de mirar la compleja narrativa de la violencia en todo México y el Triángulo Norte de América Central examinando el papel que juegan las trasnacionales, las elites políticas locales, y las oligarquías económicas en los desplazamientos cotidianos de la región, así como la producción de muerte.

Este artículo se publicó originalmente en The Conversation en inglés y Andrés González lo tradujo al español.

Fuente: http://www.huffingtonpost.com.mx/2016/11/24/la-necropolitica-del-fracking-la-mineria-y-el-narco-provoca-las/

Fotografía: huffingtonpost

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India: La minería amenaza las colinas sagradas de los dongrias, otra vez…

Asia/India/02 de diciembre de 2016/www.survival.es

Una empresa minera en la India está intentando nuevamente abrir una mina en las colinas sagradas de los dongria kondhs, a pesar de su derrota previa ante el Tribunal Supremo y la firme oposición del pueblo indígena.

Las colinas de Niyamgiri son sagradas para los dongrias. Han dependido y cuidado de ellas durante milenios. Aun así, la Corporación Minera de Odisha (OMC), previamente asociada a la empresa británica Vedanta Resources, está intentando una vez más abrir una mina de bauxita allí.

En febrero de este año, la minera trató de lograr el permiso del Tribunal Supremo de la India para repetir un referéndum sin precedentes en el que la tribu de los dongrias rechazó frontalmente a la minería de gran escala en sus montañas. El Tribunal Supremo desestimó esta petición en mayo.

El periódico indio Business Standard reportó recientemente que la OMC se está preparando para un nuevo intento de excavación, tras haber conseguido el visto bueno del gobierno del estado de Odisha.

Según declaró el líder de los dongrias, Lodu Sikaka: “Preferiríamos sacrificar nuestras vidas por la Madre Tierra. No vamos a decepcionarla. Que el Gobierno y la empresa nos repriman todo lo que puedan. No vamos a dejar Niyamgiri, nuestra Madre Tierra. Niyam Raja es nuestro dios. Nuestra Madre Tierra. Nosotros somos sus hijos.”

Para los pueblos indígenas como los dongrias, la tierra es vida. Satisface todas sus necesidades materiales y espirituales. Les proporciona comida, un hogar donde vivir y vestimenta. Y también es la base de su identidad y su sentimiento de pertenencia.

El robo de tierras indígenas destruye a pueblos autosuficientes y sus diversas formas de vida. Provoca enfermedades, miseria y suicidios.

El rechazo de los dongrias a la minería durante las consultas mantenidas en doce comunidades en 2013 llevaron al Gobierno de la India a denegar los permisos necesarios al gigante minero Vedanta Resources. Esto fue considerado una heroica victoria de David contra Goliat sobre la británica Vedanta y la estatal OMC.

Solo los dongrias y la valerosa defensa de sus montañas sagradas han conseguido detener una mina que habría devastado la zona: una nueva prueba de que los pueblos indígenas y tribales cuidan su medioambiente mejor que nadie. Son los mejores conservacionistas y guardianes de la naturaleza. Proteger su territorio constituye la mejor barrera contra la deforestación y otras formas de degradación medioambiental.

Tomado de: http://www.survival.es/noticias/11516

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