Por: Maria Elvira Roca Barea.
Cuando empezó el curso, un profesor de matemáticas que tuviera a su cargo un segundo de Bachillerato creía que su obligación era preparar a sus alumnos para pasar la reválida con la mejor nota posible. Si el docente es andaluz y enseña las llamadas Matemáticas II -que son las matemáticas difíciles, las que tienen que cursar los que va a ser ingenieros o arquitectos o físicos, por ejemplo-, una Orden de 14 de julio de 2016 hubiera evitado que le entraran ganas de cantar la marsellesa. Es un decir, porque nosotros no tenemos himno que cantar. Y se le hubieran quitado las ganas porque en fecha tan señalada se le ha hecho saber por medio de la susodicha Orden que además de Números, Álgebra, Geometría y Análisis, tiene que incluir en su programación Estadística y Probabilidad.
Iba el temario ya muy cargado, con medio curso para Números, Álgebra y Geometría, y otro medio para el Análisis, un tiempo a todas luces insuficiente, porque hay que enseñar límites, derivadas, integrales, asíntotas verticales, cálculo matricial, perpendicularidades de rectas y planos y un largo etcétera para comprender el desenvolvimiento de las borrascas o evitar que se caigan los puentes. Le añades la Estadística y la Probabilidad, y no hay forma de cuadrar el círculo.
Así las cosas, comienza el curso, organiza como puede su materia, elabora una larga y tediosa Programación, documento de más de 100 páginas que nadie lee y al que nadie hace caso, y comienza una carrera contra el tiempo que lo obliga a llevar a sus alumnos con la lengua fuera y que se detiene bruscamente el 26 de octubre cuando la reválida es suspendida sin que se sepa qué la sustituye, es más, si hay algo que la sustituye.
Durante cuatro meses nadie sabe lo que va a pasar. El 17 de febrero ese sufrido profesor de matemáticas llega a su casa dando portazos y con el café que se ha tomado en el recreo atravesado en el gaznate. El Distrito Único Universitario ha publicando las normas de la recobrada Selectividad. Ya no están incluidas ni la Estadística ni la Probabilidad. Si empezó por esa parte del programa, ¿qué hace ahora? Lleva meses dando una materia de la que sus alumnos no se van a examinar.
En mayor o menor medida todas las asignaturas se han visto afectadas por este berenjenal. Si en vez de ser andaluz, el profesor hubiera sido asturiano o aragonés, habría sufrido otras órdenes y contraórdenes, pero todas en el mismo baile de centrifugado autonómico, inseguridad jurídica y demagogia generalizada. Sale Rajoy y dice una cosa. Sale Rivera y dice otra. Sale Iglesias, y más de lo mismo. Del lado del PSOE faltan el don y el nombre. Las maldiciones de unos y otros llenan los pasillos de los institutos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo evitamos, reducimos, paliamos el perjuicio que se hace a tantos alumnos impunemente? Pero lo peor no es el ambiente de afrenta y humillación que se mastica en la sala de profesores, lo peor es llegar a clase al día siguiente y tener que decir a los alumnos que donde dije digo, digo diego.
La mayoría tiene 17 o 18 años, y con esa edad todavía creen que existe alguna racionalidad en las leyes y normas que rigen su vida, su destino, sus estudios. Para que no les parezca que viven en un país que va a la deriva, les cuentas que esto es un problema consecuencia de la falta de mayoría parlamentaria estable y que es excepcional y pronto se resolverá, aunque tú sabes que no es excepcional, que la historia de la legislación española sobre educación en las últimas décadas ha sobrepasado hace mucho los límites del disparate. Pero luego están los ojos de ese chico listo, de entendederas muy despejadas, que se sienta en la segunda fila, porque la inteligencia humana es difícil de matar y ni el más obtuso y caótico sistema educativo ha podido lograrlo. Esos ojos son un desafío acusador y hacen que te sientas culpable y no sabes por qué. Y te niegas obstinadamente a desplegar ante sus ojos tus propias heridas de profesor ofendido por la irracionalidad y la demagogia política.
Desde que con palmas y olivos recibimos la democracia, hemos tenido un estado perpetuo de zozobra que ha terminado por minar toda la confianza en nuestras leyes y en nuestras autoridades educativas. El cargo de ministro de Educación y otros afines parece que los regalaran en una rifa. Nadie pregunta a los profesores, convertidos en convidados de piedra en el tajo de su propia obra. Pedagogos a sueldo de este grupo político o de aquel, que nunca han enseñado nada, que no saben lo difícil que es meter dentro de una cabeza humana cómo se plantean y se resuelven las ecuaciones de segundo grado o a qué extraordinaria operación de pensamiento responde una metáfora, vienen a decirte cómo tienes que enseñar aquello que ellos no saben. Las modas pedagógicas se suceden una tras otra, y cuando ya creíamos que le habíamos cogido el truco a aquel absurdo de conceptos, procedimientos y actitudes, resulta que ya no vale, y ahora lo que pita es las competencias básicas y los estándares de aprendizaje. Pero tampoco, porque las competencias básicas hubo que dejar de llamarlas así, so pena de excomunión, y pasaron a ser competencias clave. ¿O era al revés? Ahora no me acuerdo.
En 1980 vino la LOECE (Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares). La siguió en 1985 la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación). En 1990 apareció la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo). En 1995 se promulgó la LOPEG (Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Escolares). Y poco después, en 2002, vimos nacer la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación). En 2006 nació la LOE (Ley Orgánica de Educación) y en 2013 asistimos, ya sin sorpresa alguna, al parto de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). Todo con mucha mayúscula. LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE y LOMCE… conforman un buen lío. A éste hay que sumar la capacidad, siempre variada y creativa en su búsqueda diferencial, de emitir decretos, leyes, órdenes y contraórdenes de las comunidades autónomas. No hay brújula capaz de sobrevivir en esta vorágine. Nos agarramos al sentido común para no perdernos en la maraña legislativa que se parece tanto al maremágnum de particularismos legales tardofeudales que produce perplejidad.
La inseguridad jurídica en que vive la educación hace imposible cualquier mejora, porque lo primero que tiene que haber, en cualquier orden de la vida, si se quiere prosperar, es estabilidad. En estado de perpetua mudanza no hay tiempo para consolidar los logros ni para darse cuenta de los errores. Y no es que no haya precedentes, que los hay y muy sólidos. Los españoles se mataron en la Guerra Civil, pero no tocaron lo esencial de su sistema educativo. La Ley Moyano de 1857 estuvo en vigor durante décadas y el marco general por ella creado se mantuvo hasta la Ley General de Educación de 1970. La democracia de Cánovas, con todas sus imperfecciones, como todas las democracias, mantuvo fuera del debate político la educación de los españoles. Se ve que no era tan imperfecta. Nuestra estupenda democracia posfranquista no ha podido.
Pero hay aspectos de la vida común que un país que se respete no puede estar cambiando cada vez que cambia un Gobierno, como la política exterior, por ejemplo. Por eso van a ir el Rey y el presidente a Cuba, porque las relaciones entre España y la isla caribeña tienen que estar por encima de los vaivenes políticos, de los cambios de régimen y hasta de las ideas de los gobernantes. Las democracias occidentales no se consolidaron hasta que no se atinó a definir con precisión la Función Pública, que nació para darle estabilidad al Estado, como la propia palabra indica. Con las elecciones y los cambios de Gobierno, la cosa pública quedó convertida en un mecanismo enloquecido donde unos entraban y otros salían, según el partido que ganaba, generando una enorme inseguridad en la vida social. Pues bien, esta democracia posracional tiene que entender que la educación debe absolutamente quedar fuera del régimen de las cesantías.
Fuente: http://www.elmundo.es/opinion/2017/04/26/58ff7fbae2704eab738b45dc.html
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