Page 1 of 2
1 2

Informe: Asia y África, principales expulsores de mujeres y niñas a nivel mundial. Sus vidas como personas refugiadas

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), en 2020 había 26.4 millones de personas refugiadas a nivel mundial. El 4 por ciento de ellas son mujeres y niñas que huyen, en la mayoría de los casos, de diferentes tipos de violencia sexual. Desafortunadamente, la pandemia de COVID-19 contribuyó a empeorar su situación.

En este sentido, el 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las y los Refugiados, aunque el contexto internacional para estos grupos sigue en estado crítico. Según la OCHA, los países con los índices de desplazamiento forzado más altos son regiones de Asia y África, específicamente Afganistán, Myanmar, Siria, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

Un elemento en común entre estas regiones son los numerosos conflictos armados que azotan a diferentes comunidades, sumiéndolas en olas de violencia, hambre y pobreza. En medio de los conflictos, las mujeres y niñas son las más afectadas.

Tortura, abusos y pobreza ocasionan desplazamiento forzado entre mujeres
Quizá dos de los conflictos internacionales más mediatizados en estos últimos años son el golpe militar en Myanmar y la ocupación de Afganistán por parte del régimen talibán.

En la región africana, miles de mujeres se han unido a las protestas contra el golpe de Estado realizado en 2021. Desafortunadamente, de acuerdo con medios como la BBC, muchas de ellas han sido detenidas por las fuerzas policiales y amenazadas con violaciones por su oposición al golpe.

Algunas de las mujeres incluso han denunciado que fueron víctimas de acoso sexual y tortura mientras estaban bajo custodia de las fuerzas armadas. Esto las ha obligado a dejar su país y trasladarse a regiones europeas como España.

Mientras tanto, en Afganistán, el régimen talibán está imponiendo medidas que limitan los derechos humanos y atentan contra la dignidad de mujeres y niñas. Así, mientras unas no pueden acceder a la educación, otras no tienen permitido salir de sus casas a menos que sea completamente necesario y solo pueden hacerlo completamente cubiertas de pies a cabeza.

Al igual que en Myanmar, los conflictos sociales en Afganistán iniciaron en 2021. Sin embargo, en Siria, Sudán del Sur y República Democrática del Congo hay combates internos que llevan años desarrollándose y también han obligado a miles de mujeres a dejar sus hogares.

En Siria, por ejemplo, ya han pasado 11 años desde la revolución contra el régimen de Bashar al-Ássad. Pese a esto, el país continúa en una crisis social y económica que ha afectado principalmente a las mujeres.

Durante la última década, jóvenes, adultas y niñas sirias han perdido hijas e hijos, parejas y padres y madres, quienes eran los principales sustentos de sus hogares. A causa de esto, muchas de ellas se han visto obligadas a desplazarse a lugares como Irak y Líbano, donde se refugian en campamentos que en la mayoría de los casos no se dan abasto para cubrir sus necesidades básicas.

Sudán del Sur, por su parte, se está reponiendo de una guerra civil que inició en 2013 y que terminó recién en 2020. Este fue un conflicto que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), trajo consigo un aumento en la violencia y explotación sexual contra mujeres y niñas.

Mientras tanto, en la República Democrática del Congo, el número de combates internos en el país y su intensidad han crecido durante el último año, según el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam). Aquí, la escasez de alimentos y agua, así como la reaparición del ébola y la violencia sexual generalizada en algunas regiones están empujando a miles de mujeres a abandonar sus comunidades.

La pandemia recrudeció la situación para mujeres y niñas refugiadas
A la par de estos conflictos, la pandemia de COVID-19 recrudeció las violencias hacia las mujeres, quienes en muchos casos tuvieron que confinarse con sus agresores y enfrentar mayores desigualdades en temas como el desempleo o la falta de ingresos.

Esto provocó aún más desplazamientos forzados entre mujeres y niñas. Pero además, expuso a más violencias a aquellas que ya estaban en situación de movilidad, buscando refugio en países diferentes al suyo.

Según datos del Fondo Malala, por ejemplo, es probable que el 50 por ciento de las niñas refugiadas que abandonaron la escuela durante la pandemia no vuelvan a pisar un salón de clases nunca más.

Aunado a esto, las restricciones por la pandemia, el cierre de fronteras internacionales y las cuarentenas limitaron las posibilidades de las familias refugiadas de reunirse en países de asilo. Por el contrario: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) explica que se incrementó la posibilidad de separación entre madres, padres e hijas e hijos.

A lo anterior se suma el golpe derivado de la crisis económica y social para diferentes programas de ayuda a niños, niñas y sobrevivientes de violencia de género. Organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se vieron obligadas a reformar estos programas, pero no han garantizado concretamente la protección de miles de mujeres y niñas alrededor del mundo.

La pandemia también exacerbó la discriminación hacia las personas refugiadas, quienes han experimentado rechazo bajo argumentos racistas y clasistas que las señalan como portadoras de COVID-19.

Previo a la crisis desatada por este virus, niñas y mujeres desplazadas de sus países ya se enfrentaban a otras violencias: según OCHA, entre 24 y 80 por ciento de ellas experimentaron algún tipo de violencia sexual durante su tránsito. Además, el riesgo latente del tráfico de personas o matrimonios infantiles está presente, incluso en los países de acogida.

Ante este panorama, las acciones de diferentes organizaciones internacionales han quedado limitadas. Mientras tanto, millones de mujeres y niñas continúan siendo víctimas de diversos problemas sociales que las oprimen de profundas maneras.

Fuente: https://billieparkernoticias.com/asia-y-africa-principales-expulsores-de-mujeres-y-ninas-a-nivel-mundial-sus-vidas-como-personas-refugiadas/

Comparte este contenido:

¿Qué se enseña sobre el 12 de octubre?

Por: Tahira Vargas García 

Historia mal contada llena de vacíos y distorsiones.

El 12 de octubre, una fecha cuyo recuerdo es altamente doloroso y difícil para toda América Latina y nuestra isla.

En mi época de estudiante secundaria me enseñaron el 12 de octubre como el día del descubrimiento de América  con una alta valoración hacia Cristóbal Colón y los españoles que llegaron con él. A través del tiempo desaprendí esta historia mal contada llena de vacíos y distorsiones.

Lamentablemente todavía se enseña esta fecha ocultando todo su impacto en nuestras tierras. No se describen las consecuencias para todas las civilizaciones que residían en la región. El despojo de sus tierras, manejo de compra-venta y subastas de personas, violaciones sexuales de las mujeres y niñas, violencia y maltrato sufrido por cientos de miles de personas en esa empresa colonizadora y esclavista no se visibiliza en el tratamiento de este hecho histórico.

¿Por qué se ha negado y se niega la verdadera historia del impacto del 12 de octubre y la colonización?

El abordaje de los pueblos originarios en América Latina no aparece en nuestra historia, su cultura, sus creencias, sus prácticas y costumbres que son parte de nuestra identidad regional como tampoco la de los nativos de las distintas sociedades y etnias del continente africano que fueron secuestrados y trasladados en condiciones infrahumanas desde África, muchos muriendo en el trayecto para su esclavización, subasta y venta como quien vende un plátano o una yuca según el tamaño y grosor. El origen de estos hombres y mujeres traídos de distintos lugares de África, sus costumbres, idioma, creencias y prácticas sociales son totalmente desconocidas para nosotros.

Se enseña la historia y geografía de Europa (mientras la de África es débil casi totalmente ausente), aprendemos la historia de la civilización occidental como si fuera la única existente en el planeta, negándose y ocultándose con los estigmas de “culturas salvajes” y “no civilizadas” desde el menosprecio a su gran riqueza cultural que corre por nuestras venas y dan soporte a nuestros orígenes.

¿Por qué se ha negado y se niega la verdadera historia del impacto del 12 de octubre y la colonización?

Obviamente que no es por casualidad o por accidente el que no se difundan nuestros verdaderos orígenes culturales y étnico-raciales. Negar nuestras raíces desde la negritud, la africanidad, de nuestros pueblos originarios en el caso de los Taínos y la mezcla con el componente español-europeo ha tenido y tiene una intención clara de seguir reproduciendo la lógica colonialista y racista que se instaló desde el 12 de octubre en toda Latinoamérica.

Junto a ello ha estado la intención permanente de dividir nuestra sociedad con el desprecio hacia todas las manifestaciones culturales que reflejan la identidad negada convirtiéndolas en: “vulgares”, “brujería”, “de mal gusto” y “barriales”. De esa manera se silencia la historia y se ocultan nuestras raíces y nuestra identidad con el velo de la falsa hispanidad.

Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/que-se-ensena-sobre-el-12-de-octubre-8994179.html

Comparte este contenido:

La violencia machista como exponente de desigualdad urbana

Reseñas/Noviembre 2020/elpais.com

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exigimos una visión de género en las políticas públicas de nuestras ciudades y metrópolis

La Violencia contra las Mujeres y las Niñas (VAWG, por sus siglas en inglés) es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y más toleradas en todo el mundo. Tiene lugar en todas partes del espacio urbano: en el hogar, en el trabajo, en las plazas públicas, los parques, los mercados, las calles, los baños o el transporte público. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, debe invitarnos no solo a visibilizar y denunciar esta preocupante situación, que se ha visto empeorada enormemente durante la pandemia de la covid-19, sino también a exigir la incorporación de una visión de género en toda política pública de nuestras ciudades y metrópolis.

Que las mujeres y niñas se sienten inseguras en las grandes ciudades no es una sorpresa para nadie. En todo el mundo, la atención y el acoso no deseados, el miedo a las agresiones y los abusos cuando viajan solas, después de la noche e incluso a plena luz del día cambian la forma en que experimentan la vida en la ciudad, según la ONG Plan International. Más que nunca, la crisis de la covid-19 nos ha revelado que, efectivamente, ellas experimentan el espacio público de una manera diferente a la de los hombres y los niños, ya que son víctimas de diversas formas de desigualdad, discriminación y violencia.

Las medidas actuales como el distanciamiento social y los toques de queda, han reducido el número de personas en la calle, lo que ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia sexual; esta realidad puede afectar aún más a la autonomía de las mujeres y al acceso al empleo y a los servicios esenciales durante el encierro, según explica ONU Mujeres. Dicho de otro modo, la violencia en los espacios urbanos es uno de los principales obstáculos para su participación como ciudadanas de pleno derecho.

Ellas experimentan el espacio público de una manera diferente a la de los hombres y los niños, ya que son víctimas de diversas formas de desigualdad, discriminación y violencia.

La violencia de género también se comete en el entorno privado o doméstico y, el alarmante aumento de la misma se ve reflejado en datos: en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Hablamos de un momento en que muchas mujeres y niñas deben convivir día tras día con su agresor en un contexto de aislamiento social y con unos servicios de apoyo inaccesibles o interrumpidos, en muchos casos.

Precisamente, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones MetropolisCities Alliance y CGLU lanzan una campaña que pone el foco en la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios urbanos de todo el mundo, tanto en el ámbito privado como el público, los espacios digitales e, incluso, en los propios gobiernos e instituciones. Bajo el lema Liberemos nuestras comunidades, ciudades y metrópolis de la violencia de género, instan a gobiernos locales, regionales y metropolitanos a adoptar urgentemente un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva de género en todos los esfuerzos y servicios para responder a la crisis de la pandemia.

Construyendo metrópolis más seguras: Iniciativas y prácticas inspiradoras

Algunos gobiernos a nivel local y metropolitano han empezado a tomar en serio esta cuestión, especialmente en tiempos de pandemia y aislamiento social.

A modo de ejemplo, algunas de las iniciativas recogidas en la plataforma colaborativa Ciudades para la Salud Global: En Bogotá se ha creado la estrategia Espacios Seguros en alianza con 630 tiendas y supermercados para prevenir y atender casos de violencia intrafamiliar. En Bruselas, por su parte, han lanzado la campaña Nada justifica la violencia doméstica para concienciar sobre la violencia intrafamiliar, que ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia.

Solo diseñando políticas públicas que aborden la desigualdad urbana, podremos reducir la violencia de género.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha añadido recientemente un nuevo canal de servicio para proporcionar información, apoyo y asesoramiento en casos de violencia de género: Boti, el WhatsApp de la ciudad, para aquellas que necesiten ayuda puedan solicitarla automáticamente a través del chat sin necesidad de hablar por teléfono.

Como apuntan las organizaciones impulsoras de la mencionada campaña, esta violencia no es más que el resultado de la desigualdad de género existente en las zonas urbanas, multiplicada y exacerbada por la pandemia, como venimos de ver. Además, es una cuestión derivada de múltiples factores públicos y privados, socioeconómicos y políticos que se superponen. Por ello, las intervenciones públicas dirigidas a erradicarla pasan por abordar las causas subyacentes de esa violencia, incluidas las normas sociales y culturales basadas en el género. En otras palabras, solo diseñando políticas públicas que aborden la desigualdad urbana, podremos reducir la violencia de género.

Pero fundamentalmente, todas estas reivindicaciones y propuestas acaban desembocando en un mismo mar: la necesidad de repensar nuestras ciudades y metrópolis para que sean más inclusivas, donde las autoridades, en todos los niveles, trabajen codo con codo con las mujeres y niñas, escuchen sus experiencias y necesidades, y las hagan partícipes en el diseño y la planificación urbanos. Convirtamos la crisis de la covid-19 en una oportunidad para eliminar de una vez y para siempre la violencia contra mujeres y niñas de nuestros espacios urbanos.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/11/23/seres_urbanos/1606143416_695466.html

Comparte este contenido:

Mujeres y niñas en Kenia doblemente golpeadas por la covid-19

África/Kenia/27 Agosto 2020/elpais.com

La mutilación genital femenina, los embarazos y los matrimonios infantiles han aumentado de manera alarmante durante la pandemia y no se están aplicando políticas eficaces de protección

“He estado recibiendo cada día llamadas de socorro de las comunidades diciendo ‘muchas niñas están siendo cortadas (mutiladas), por favor haz algo, por favor haz algo, contacta con las autoridades, por favor, rescátalas’”, explica Chesang Domtila en una conversación telefónica que se corta cada dos minutos. Es activista por los derechos de las niñas, fundadora de la organización I_Rep Foundation, y vive en el condado de West Pokot, fronterizo con Uganda, uno de los más golpeados por la mutilación genital femenina (MGF) durante la pandemia.

La MGF es la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Hay cuatro tipos diferentes de mutilación según el grado de agresividad y se suele practicar entre la infancia y la adolescencia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Kenia hay un 21% de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido algún tipo de MGF, cifra que se sitúa por debajo de otros países como Somalia (98%), Guinea (97%) o Yibuti (93%), pero que sigue siendo alarmante ya que se trata de una práctica ilegal en el país desde 2011.

Domtila asegura que los casos de mutilación en West Pokot habían bajado mucho, pero durante la pandemia se han disparado y se ha dejado atrás el secretismo para hacerlo en público mediante ceremonias. “Los padres se imaginan que pueden esconderse detrás de la covid-19 para cortar a las niñas y salir impunes; se piensan que el gobierno está demasiado ocupado como para arrestarles”, comenta la activista. La topografía de la zona hace difícil el acceso a muchos de los pueblos pero se ha conseguido arrestar a algunas de las personas responsables gracias a la movilización de líderes locales como Domtila.

A menudo, los rituales de ablación se hacen durante las vacaciones escolares para no llamar la atención y para que las niñas tengan tiempo de curarse. Hay diferentes tradiciones y creencias que envuelven esta práctica y su grado de incidencia varía según el grupo étnico —los somalis tienen un 94% de incidencia, por ejemplo, mientras que los luo tan solo un 0,2%—. Suele ser una práctica más prevalente en las áreas rurales que las urbanas (un 25,9% ante un 13,8%) y entre las comunidades con menor escolarización (un 58,2% ante un 8,6%). Supone un ritual del paso de niña a mujer, aumenta las posibilidades de contraer matrimonio y lleva asociadas una lista de connotaciones culturales de pertenencia a la comunidad que en caso de rechazarlas, acarrea exclusión y estigma.

“Había programas en las escuelas que protegían a las niñas pero ahora estas están cerradas y la comunidad no tiene otra alternativa que celebrar el rito de paso. Las mutilan y así están listas para casarse en dos o tres años”, comenta Domtila, que estima que los casos de ablación femenina en West Pokot han subido a 800 entre marzo y junio. En situaciones de crisis como la actual, el matrimonio es visto como una transacción económica que puede ayudar a la familia de la mujer a mejorar su situación económica gracias a la dote.

En cada comunidad las afectaciones y las medidas están siendo distintas y, de hecho, debido a la limitación de la movilidad por la pandemia y la dificultad de acceder a zonas remotas, no se dispone del número real de chicas afectadas por este o cualquier tipo de violencia. “El impacto actual de la covid-19 se verá realmente cuando las escuelas reabran (en 2021) y todo vuelva a la normalidad; es entonces cuando veremos cuantas niñas regresan al colegio”, dice Tony Mwebia, activista por la igualdad de género y fundador de la organización Men End FGM, centrada en educar a los niños y hombres en torno a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil. Asimismo, cuando se tiene constancia de un caso sigue siendo muy difícil llegar a una condena, ya que depende de la evidencia presentada en el juicio “y eso lo complica porque se supone que las niñas que han sido circuncidadas tienen que testificar y a veces se sienten amenazadas porque quien se lo ha hecho son vecinas o miembros de su propia familia”, añade Mwebia.

Convivencia forzosa con familiares abusadores

Son varios los esfuerzos de la Administración y la sociedad civil para acabar con la incidencia de cualquier violencia contra niñas y mujeres, pero faltan recursos y una mejor organización. “Las estrategias deben ser dirigidas; qué hacer en qué comunidades, ya que no todas tienen las mismas necesidades», explica Eva Komba, investigadora y especialista en género.

“Necesitamos conocer cada casa donde haya niñas entre cuatro y 18 años y ponerlo en una base de datos, de manera que si vas a esa comunidad podrás implementar respuestas específicas”, comenta Komba, que añade que la violencia contra las mujeres forma parte de todo un espectro que debe ser modificado, incluyendo el cambio climático, la seguridad alimentaria, la mejora de la cobertura sanitaria, la escolarización de las niñas, etcétera.

En los últimos meses, Kenia se ha enfrentado no solo a un incremento de la ablación sino también a una subida preocupante de los embarazos adolescentes. En el condado de Machakos, bordeando Nairobi, se registraron 4.000 embarazos  de niñas menores de 19 años tan sólo de enero a abril. Los casos se concentraron sobretodo a partir de marzo cuando los colegios cerraron por el coronavirus, y se especula que puede haber más.

La convivencia forzosa con familiares abusadores ha sido una de las causas, pero también el intercambio de sexo sin protección con hombres mayores por productos de higiene menstrual que antes ofrecía el colegio y ahora son de difícil adquisición para las chicas sin recursos. La menstruación no desaparece ante una pandemia, las ayudas sí.

Recientemente en el condado de Kajiado, el gobierno local junto con organizaciones comunitarias lanzaron una campaña de sensibilización para dar respuesta a este problema. La iniciativa lleva el nombre de “Funga Miguu”, que se traduce en un “Cerrar las piernas”. Y va dirigida exclusivamente a mujeres, hecho que ha generado críticas, ya que, de nuevo, se está responsabilizando a las víctimas del abuso sufrido.

“Involucrar a los hombres en esta lucha es vital”, comenta Tony Mwebia. “Necesitamos transformar la masculinidad de los chicos jóvenes para que puedan entender que las mujeres son seres humanos iguales y que tienen sus derechos y debemos respetarlos y cuidarlos”. Esta es su tarea en la organización Men End FGM, que en situación de normalidad imparte talleres presenciales a grupos de chicos y hombres de todo el país sobre su papel en la desigualdad y la violencia contra las mujeres, y genera un espacio de debate y reflexión.

Iniciativas en red  o puerta a puerta

Las comunidades hace años que trabajan conjuntamente para combatir estas prácticas que amenazan los derechos de las niñas y las mujeres, pero durante la pandemia han visto como su radio de acción ha quedado gravemente afectado y han tenido que extremar sus lazos y buscar alternativas para seguir protegiendo este colectivo.

En algunas localidades rurales los jefes comunitarios van puerta por puerta para controlar que no se circuncide ni se case a ninguna niña, y también se han lanzado campañas de sensibilización por radio, uno de los canales más accesibles para la sociedad. No obstante, hay demandas para una actuación policial más eficaz, ya que parece que todos los esfuerzos van dirigidos únicamente a hacer cumplir las restricciones impuestas por la covid-19.

Las personas que tienen Internet y smartphones disponen de más recursos para hacer frente a estas prácticas durante la pandemia. No sólo es más fácil mantener un contacto directo con líderes locales y centros de rescate sino que también facilita el acceso a aplicaciones como i-Cut, creada en 2017 por un grupo de adolescentes, que permite acceder a ayuda medica y legal antes o después de sufrir la mutilación genital femenina. El principal problema es que aún hay muchas zonas rurales que no tienen acceso a Internet, por lo que cuesta hacer un rastreo o seguimiento de las menores más vulnerables.

Este es uno de los obstáculos con los que se ha encontrado la activista Selina Nkoile desde que empezó la pandemia. Gestiona un internado para niñas llamado Naning’oi en la ciudad masai de Mosiro (Kajiado), el mismo al que ella acudió siendo pequeña y que la salvó de un matrimonio ya pactado. La institución tuvo que cerrar en marzo y Nkoile ha enviado a casa de su madre a las niñas más vulnerables que no podían volver con sus familias y ha intentado mantener contacto telefónico con el resto. Asimismo, trata de tejer una red de colaboración con los líderes locales y las autoridades, pero es un trabajo duro y lento para una sola persona y reconoce estar preocupada porque “las niñas saben que Naning’oi es un sitio seguro donde pueden acudir en caso de violencia o si las van a casar, pero (…) ahora no hay ningún sitio donde puedan escapar si hay un problema, están encerradas en casa con los mismos padres abusivos”.

Para coordinar esfuerzos entre activistas, Tony Mwebia ha creado un ciclo de conversaciones en línea llamado “End FGM Live” en el que participan activistas de todo el país y ponen en común los problemas y las estrategias de sus comunidades. Las llamadas se comparten en directo a través de las redes sociales. «Y de esta forma amplificamos sus voces e intentamos responsabilizar al Gobierno”, explica.

Acabar con la ablación en 2022

Kenia había fijado el año 2022 para la eliminación total de la MGF, y el 2030 para la de todas las formas de violencia de género, pero parece que las actuaciones no están yendo por ese camino, siendo el coronavirus un importante obstáculo. Se realiza mucho trabajo por parte de la sociedad civil pero se necesita más compromiso y apoyo gubernamental para amplificar su incidencia. “No hemos visto los sistemas ni los recursos ni la movilización para asegurar que este objetivo se consiga”, comenta Mwebia.

Se trata de un proceso complejo que requiere la unión de fuerzas de todos los sectores de la sociedad para conseguir una infraestructura externa eficiente que responda a un cambio de mentalidad de la comunidad. La activista Masai Selina Nkoile no duda en su valoración: “En vez de aplicar normas duras desde arriba, introduzcamos medidas en la comunidad para que un padre no llegue ni a plantearse la idea de cortar a su hija”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/12/planeta_futuro/1597247467_508576.html

Comparte este contenido:

De ‘prostibares’ por el Amazonas: así funcionan las redes de trata en la selva

América del sur/elpais.com

La zona de la Triple Frontera entre Colombia, Perú y Brasil es el enclave idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Casi siempre, mujeres y niñas

Ni se nos ocurriría mencionarla. Si nos preguntaran por un lugar donde se sufra la trata, pocas veces contestaríamos la Amazonia o la triple frontera amazónica entre Colombia, Perú y Brasil. Sin embargo, ningún país se libra de este delito que comercia con las personas como si fueran mercancía, que en el 62% de los casos son mujeres y en el 23% niñas, en torno al 80% de las veces, con objetivo de explotarlas sexualmente.

Con el confinamiento forzoso y toda la atención puesta en los más de 699.252 casos confirmados y 19.917 personas fallecidas por covid-19 en toda la Panamazonia (hasta el 28 de julio), la acción humanitaria y el fortalecimiento de la sanidad pública, resulta más difícil que nunca medir el impacto de la trata, pero los expertos en terreno aseguran que la crisis económica ha incrementado el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico y la explotación de personas.

La ubicación fronteriza de las localidades de Puerto Nariño (Colombia), Caballococha (Perú) y Atalaia do Norte (Brasil), unidas y separadas por el río Amazonas, son el caldo de cultivo idóneo para el tráfico ilegal, no solo de droga o recursos naturales, también de personas. Aquí, toda la comunicación se realiza dentro y a través del río Amazonas. Las lanchas, botes y demás embarcaciones cruzan constantemente de una orilla a otra y, sin apenas controles, cambian de país.

Puerto Nariño (Colombia) es un destino vacacional muy popular en la región. Un pequeño y tranquilo municipio, de calles peatonales y cuidados jardines, a orillas del río Loretoyaco, ideal para pequeños cruceros fluviales y ver a los delfines rosados en su hábitat. En esta idílica población las estudiantes del internado indígena de San Francisco de Loretoyaco son el objetivo de muchas miradas de deseo. Hombres mayores las seducen a la salida del colegio para que naveguen en su compañía a Caballococha durante el fin de semana, prometiéndoles diversión, regalos, ropa, un móvil o pequeñas cantidades de dinero.

Las adolescentes, con las circunstancias de precariedad que asolan a sus familias, no prevén un futuro próspero, por lo que consideran esas propuestas una oportunidad para mejorar sus vidas. Las redes de trata conocen bien esa situación de vulnerabilidad y se aprovechan. No son grandes organizaciones criminales, sino individuos que frecuentan o residen en la zona. Dominan el contexto y se organizan para captar, trasladar y explotar. Así, los fines de semana, se genera en la zona mucho movimiento de adolescentes desplazadas a locales de alterne conocidos como “prostibares”, generalmente, propiedad de traficantes de coca y utilizados para todo tipo de negocios ilícitos, a menudo con la connivencia de las autoridades locales.

El confinamiento de la covid-19 ha agravado aún más esta realidad. En su aspecto positivo, la pandemia ha implicado la cohesión comunitaria, el refuerzo de las actividades de pesca y cultivo, y el fortalecimiento de la práctica de la medicina tradicional para combatir los síntomas del virus. Pero, respecto a la trata, se ha dado un paso atrás creándose un falso imaginario de protección, ya que se creyó que el cierre de fronteras y la paralización del turismo ofrecería más protección, pero no ha sido así. Las economías ilegales siguen operando y ahora encuentran más necesidades y grupos de jóvenes desocupados más fáciles de captar.

Esta zona de la Triple Frontera acumula (hasta el 28 de julio) 14.927 personas contagiadas y 362 fallecidos y casi no se habla de las implicaciones sociales del confinamiento en niños y adolescentes. Pero la pandemia ha aumentado el abandono escolar, los centros educativos están cerrados y sin conectividad, han aumentado las carencias diarias por culpa del desempleo, el turismo es nulo y el casi abandono del Estado en los territorios ha hecho que las economías ilegales sigan ofreciendo —ahora como una de las pocas alternativas posibles— un sustento básico a las familias a través del narcotráfico, talas ilegales y otras actividades ilícitas, entre ellas, la explotación sexual.

Una red protectora de orilla a orilla

Nathalia Forero vivió en este internado de Loretoyaco. Hoy es la coordinadora de la RETP-Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas en la Triple Frontera que nació hace cuatro años para luchar contra esta realidad y como fruto de un trabajo previo de investigación. Se identificaron dos modalidades fuertes de explotación: una sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; y otra, la laboral, es decir, el trabajo esclavo. Pero la investigación también puso de relieve que muchas situaciones de abuso y explotación se habían naturalizado como parte de una economía de subsistencia.

Ella y otros miembros de la red, antes del confinamiento impuesto por la covid-19, recorría las comunidades fronterizas visibilizando las amenazas a las que estaban expuestas las jóvenes: “Lo que aquí ocurre es explotación sexual y trabajo esclavo a la vez. Y vimos que es esencial trabajar en red, independientemente pero pensando en la Amazonia como en un todo conectado”.

Forero no está sola. Cuenta con personas que actúan como enlaces en las tres orillas de este enclave internacional. En Islandia (Perú), Ivanés Favretto, alerta siempre que ve algún movimiento extraño: “Islandia es conocida como la Venecia del Amazonas, por sus canales y sus casas en palafitos. Pero también es un enclave esencial para el tráfico de mercancías y de personas”. En Leticia (Colombia) es el padre Valerio Sartor, brasileño jesuita miembro del SJPAM-Servicio Jesuita a la Panamazonia y de la REPAM-Red Eclesial Panamazónica, quien ayuda a detectar, formar y sensibilizar sobre la trata para que se pueda evitar. “Es muy difícil poder rescatar a las personas que ya se han visto arrastradas a esa situación. Sin embargo, con los jóvenes y con las familias, podemos actuar antes”, dice el religioso. En Atalaia do Norte (Brasil) está la madrileña Marta Barral, que también lucha contra el maltrato machista y otro tipo de abusos. “Es siempre igual: los padres de los niños, las niñas y los más jóvenes de la comunidad son engañados. Alguien llega al poblado y les ofrece una vida mejor para los más pequeños de la casa, estudios o quizá un pequeño empleo y formación profesional para lograr algunos ingresos para la familia”, explica Barral.

La realidad de pobreza y necesidad de estas comunidades, en su mayoría indígenas, hacen que ese método siempre funcione, pues lo primero es la supervivencia. Pocos intuyen que detrás de esas promesas de una vida mejor se esconda la trata, la esclavitud, los abusos o el comienzo de un camino sin retorno. Por eso la sensibilización debe ser trasversal y generalizada y también el trabajo con la Justicia, porque a pesar de que muchos países tienen leyes contra la trata, es frecuente que las víctimas sean criminalizadas y los traficantes queden impunes.

Forero aclara que no es fácil cuantificar su acción, porque su trabajo se centra más en lo cualitativo. Pero da algunos datos: “En el primer semestre de 2019 se realizó prevención con más de 400 jóvenes en colegios. Llevamos procesos todo el año con 100 niños de nueve a 13 años, formándolos como «héroes defensores de vidas». Además, en encuentros bimensuales han participado 200 personas, sin contar otros talleres y visitas a las comunidades de los tres países, con un promedio de 150 personas presentes en esas actividades”.

En cuanto al compromiso de otros actores esenciales en el terreno, uno de los logros de la RETP es la firma conjunta del Manifiesto contra la trata que rubricó el compromiso contra la trata por parte de los tres obispos de las diócesis del Amazonas —dos de ellos españoles— por ser una realidad que “se ensaña en las comunidades y poblaciones más vulnerables”.

Mujer indígena y amazónica

“La mujer indígena amazónica es resiliente, inteligente, luchadora, hermosa y orgullosa. Siente, ríe, llora, se asombra, sufre y duda, como todas nosotras. La escuché exigir para sus hijos una educación que respete su cultura, los derechos de su pueblo, denunciar las injusticias y levantar la voz por la Madre Tierra. Está claro que no todas las mujeres en la Panamazonia son indígenas. Las hay ribereñas, quilombolas, mestizas y migrantes. Y muy lamentablemente muchas de ellas son víctimas de trata de personas, violencia y explotación sexual”, explica en un encuentro digital organizado durante el confinamiento Ariana Díaz Acuña, profesora de la Universidad Católica de Costa Rica, apasionada de la Amazonia y especialmente interesada en la situación de la mujer allí y su interrelación con el resto de contextos de la región.

“Una vez visité una región minera donde contamos 11 prostíbulos en 1,5 kilómetros y luego nos informaron que en cada uno de ellos había de ocho a 10 jovencitas, la mayoría menores de edad y explotaban sexualmente», relata indignada Díaz Acuña. «¡No puede ser! El clamor de esas niñas está estrechamente ligado al clamor de la Madre Tierra”, exclama.

Fany Kuiru Castro es la única mujer murui de la Amazonía colombiana graduada como abogada. Es líder desde que tiene uso de razón, nos cuenta en Bogotá mientras la acompañamos a su oficina en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia colombiana (OPIAC) en la que es coordinadora de la sección de Mujer, Niñez, Juventud y Familia.

El activismo de Fany y su influencia alcanza el ámbito institucional con incidencia política para garantizar las leyes que protegen a las comunidades, vigilar y alertar ante la vulneración impune de los derechos indígenas. Fany es una pieza clave en muchos paneles de discusión de los derechos indígenas y, en particular, de la mujer indígena. “Nuestra labor es dar a conocer a las mujeres indígenas sus derechos, a la soberanía alimentaria, a la alimentación sana y el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Las motivamos para que sean emprendedoras, y a las que ya han llevado a cabo un emprendimiento local, orientarlas sobre cómo consolidarlo y darle más viabilidad a través de una economía propia, perspectiva de ecología integral, de solidaridad, de reciprocidad, con otra connotación distinta a la capitalista, que solamente desea lucrarse”, concluye Fany.

Sin duda, son muchas las voces que reivindican desde la Amazonia políticas sociales y acción ciudadana para fortalecer la protección de la frágil situación que viven estas niñas, niños y jóvenes que en esta crisis sanitaria mundial han visto incrementada su vulnerabilidad. La covid-19 está arrasando con su salud y también con sus derechos fundamentales.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/07/27/planeta_futuro/1595858396_100114.html

Comparte este contenido:

Colombia: La lucha en Cali contra la violencia de género en medio de la pandemia

América del Sur/Colombia/10-05-2020/Autor(a):María Paula Ardila/Fuente: www.elespectador.com

Según las autoridades, en lo que va de la cuarentena se han registrado cerca de 400 llamadas por estos hechos.

Uno de los grandes problemas que se disparó a raíz de la implementación del aislamiento preventivo fue el aumento en los índices de violencia contra mujeres y niñas. En muchos casos, las tensiones económicas en medio de la crisis sanitaria se convierten en uno de los factores de riesgo que pueden potenciar la violencia en el interior de los hogares. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres, sobre las dimensiones de género en la crisis del COVID-19 y los impactos diferenciados, la emergencia puede llevar a algunas mujeres a permanecer en relaciones de pareja violentas debido a la dependencia económica.

Se trata, eso sí, de un fenómeno que se agudiza en este tipo de situaciones, pero que viene registrando altos índices desde mucho tiempo antes de que comenzara la pandemia. Según cifras de la Policía Nacional, durante 2019 se registraron 464 casos de violencia intrafamiliar en el país e incluso solo el fin de semana del Día de la Madre fueron asesinadas siete mujeres.

En ese mismo fin de semana, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se presentaron 53 casos de presunto delito sexual, 44 de ellos contra la mujer. Además, las tasas de violencia intrafamiliar y los hechos de violencia en pareja fueron de 162 y 330 eventos respectivamente, en los que la mujer fue quien recibió más agresiones y la vivienda fue el lugar más recurrente. De ahí que la cuarentena facilite la configuración de escenarios de violencia, en los que el riesgo recae sobre todo en las mujeres que deben permanecer aisladas junto con sus agresores.

El fenómeno presenta cifras particularmente alarmantes en algunas ciudades como Cali, en donde solo el primer trimestre de este año la Fiscalía tipificó 11 feminicidios y en el marco de la cuarentena cerca de 400 mujeres han hecho llamadas a la Subsecretaría de Equidad de Género para solicitar ayuda por violencia durante el aislamiento. Esto sin contar los subregistros debido al miedo que sienten las mujeres de denunciar a sus agresores, incluso, por no encontrar mecanismos que faciliten las denuncias sin ponerlas en riesgo.

¿Qué hacer cuando la mujer no puede pedir ayuda porque está en cuarentena con el agresor?

Hasta el momento, en la Subsecretaría estamos elaborando un protocolo de lenguaje indicativo o en claves. Lo estamos creando a partir de esa necesidad que surge para comunicarnos con las mujeres telefónicamente. También abrimos la posibilidad de comunicación vía Whatsapp, ya que es un medio más discreto. En la campaña “Ruidazo por las mujeres” estamos buscando poner una serie de afiches con la ruta de atención en tiendas y droguerías, incluso capacitar a algunas personas que puedan ofrecerle a la mujer información.

¿Cuáles son las líneas de atención para las mujeres en Cali?

Tenemos una línea que es 24 horas: 310 516 2760. Hay otra en horario de oficina: 350 803 2031.

En caso de que deban salir de sus casas porque fueron violentadas en medio de la cuarentena, ¿hay hogares de acogida para ellas?

Luego de que una mujer llama a la Subsecretaría y expone su caso, tenemos un violentómetro para medir cuál es el nivel de riesgo en el que está la mujer y determinar si está expuesta a feminicidio. En caso de que sí, se abre el lugar de acogida y ella puede llegar con su núcleo familiar. Allá se les da alimento, hospedaje, kits de aseo y ropa. Adentro hay un equipo permanente de enfermeras, una abogada, una trabajadora social y una psicóloga. Es importante decir que la gente piensa que nosotros podemos ir y sacar a la gente de su casa, y no podemos. No somos autoridad para eso.

El mayor problema que enfrentamos es la naturalización de la violencia. No es normal que te quiten tu celular, que te griten, que te empujen, que te controlen tu tiempo. Quienes han estudiado el tema han identificado un ciclo que inicia con lenguaje verbal que descalifica a la mujer. Ese comportamiento puede volverse recurrente y mentalmente enfermar a una persona. Luego de esto pasa a empujones, muestras de poder físico y encerramiento. Lo más común es que les quiten el celular y les controlen el tiempo en la calle. Estos elementos configuran un ciclo de violencia que pueden estar acompañados de golpes y abuso sexual.

¿Cuáles han sido los tipos de violencia más comunes y los rangos de edad donde se presenta violencia?

En cuarentena el tipo de violencia más frecuente es la psicológica, seguida de la física y la patrimonial, tal vez por el nivel de dependencia. Muchas mujeres son trabajadoras informales y no pueden salir a trabajar, entonces son sometidas por sus parejas a situaciones de discriminación. Quienes más nos llaman están entre los 25 y 35 años.

¿Hay información en línea para que las mujeres puedan conocer los tipos de violencia?

Hemos hecho seis diálogos virtuales sobre violencia hacia la mujer. Hemos hablado de economía del cuidado, de masculinidades no violentas, de pautas de cuidado y autocuidado. Hemos sacado flyers con tips respecto a su autoestima. Además, estamos desarrollando un diplomado sobre participación política de las mujeres con la agencia MBI.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-lucha-en-cali-contra-la-violencia-de-genero-en-medio-de-la-pandemia-articulo-918599

Comparte este contenido:

“Correr no es la solución. La ablación se erradica hablando con las comunidades”

Reseñas/África/07 Noviembre 2019/El país

La activista masai Nice Nailantei Leng’ete trabaja con Amref Salud África para conseguir que haya ritos alternativos del paso de la infancia a la madurez que no incluyan la mutilación genital femenina

Lo que nunca podría haber imaginado Nice Nailantei Leng’ete (Kimana, Kenia,1991) es que escapar dos veces al ritual de su ablación con ocho años salvaría a otras 17.000 niñas de ser mutiladas genitalmente. «Sabía que no quería que me lo hicieran a mí cuando veía como a otras chicas que eran circuncidadas las obligaban a dejar la escuela y las casaban enseguida; sabía que no podría hacer realidad mi sueño», cuenta la embajadora de la organización Amref Salud África, que trabaja para conseguir que haya ritos alternativos del paso de la infancia a la madurez que no incluyan la mutilación genital femenina. En su lugar, entregan libros y dan clases de educación sexual en la escuela para niños y niñas.

«Te despiertan a las cuatro de la mañana, te dan una ducha fría, con la que dicen te van a anestesiar para el ritual, y no puedes moverte, llorar o quejarte del dolor o avergonzarás a tu familia. Para huir, corrimos por el bosque porque no podíamos hacerlo por la carretera principal, hasta la casa de una hermana de mi madre y allí nos refugiamos hasta que nos hicieron volver». Así relata Nailantei Leng’ete como escapó la primera vez de la cuchilla junto a su hermana mayor. La segunda vez solo escapó ella. «Mi hermana me dijo: ‘No podemos seguir corriendo eternamente. La otra vez nos pegaron, a saber que más nos harán esta vez'», explica Nailantei Leng’ete que decidió refugiarse en casa de su profesora Caroline —»una fuente de inspiración para mí», comenta— hasta que tuvo la suficiente entereza para volver y enfrentarse a su abuelo con ocho años y decirle que no quería ser mutilada, una práctica que la alejaría de la escuela para siempre, y que la casaría con un hombre mayor que ella no había elegido.

De niña a mujer sin ablación y sin abandonar la escuela

Nice Nailantei Leng’ete es la única de su larga familia de hermanos, hermanastros y primos de su comunidad que tuvo acceso a una educación superior. No haber pasado por la emuatare, como llaman los masái al rito de pasar de niña a mujer con el filo de una cuchilla, le valió poder seguir estudiando, a pesar de que también le granjeó muchos recelos y malestar dentro de su entorno. «Ayudé a muchas chicas a huir de su ceremonia de mutilación porque sentía que así no sería la única señalada», explica la joven que en 2018 fue considerada por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

A pesar de que Kenia prohibió la mutilación genital femenina en 2011, el 21% de las mujeres del país entre 15 y 49 años han sido víctimas de la ablación. En la etnia masái, a la que pertenece Nailantei Leng’ete, el porcentaje aumenta hasta el 78%, siendo la etnia samburu, la más afectada, con un 86%. Después de plantarle cara a su abuelo, a esta joven huérfana de padre y madre desde los siete años, y galardonada con la Beca Mandela Washington 2016 para jóvenes líderes africanos, le llegó el turno de enfrentarse a los morans —el consejo de hombres jóvenes de su comunidad— los que después de un año empezaron a escuchar sus consejos, y le premiaron con un bastón negro, un distintivo que solo lo habían recibido hasta ese momento personas del género masculino. “A pesar de que he recibido muchos premios, es el que más ilusión me ha hecho, por ser un reconocimiento de mi misma comunidad”, explica con una sonrisa. «Necesitamos a los hombres para que nos apoyen a hacer el cambio. Los niños de hoy en el futuro serán maridos, padres y formarán la sociedad del futuro que debe pensar que eso no es lo correcto”.

En la etnia masái todas las grandes decisiones de una mujer las toma un hombre: cuando se mutila, cuando se casa, con quien contrae matrimonio, sí va a la escuela o si no. Pero Nailantei Leng’ete quería que esto cambiase, pero no huyendo, como hizo ella. “Correr no es la solución, la mutilación genital femenina hay que erradicarla hablando con las comunidades”, sentencia.

«Paciencia es una de las cosas que uno aprende cuando trabaja con el cambio de mentalidad en una comunidad; También el respeto: hay que permitirles hablar y expresarse. Los cambios no se producen en un día, hay que darle tiempo a la gente porque son cambios profundos», explica la activista, que subió al teatro Campoamor de Oviedo a recoger el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional con el que Amref fue galardonado.

«Cuando hablas a la gente de las consecuencias de la ablación te dicen que es mentira, que no han visto a ninguna mujer con dificultades en su parto por haber sido mutilada, así que es necesario combatir los falsos mitos con hechos y datos», por lo que Nailantei Leng’ete propone, como una de las medidas para acabar con la mutilación genital femenina, la de dar una actividad alternativa a todos aquellos que viven de esta práctica, y que no sea su ingreso principal. «Es un trabajo integral para conseguir mejores resultados», asegura.

Nailantei Leng’ete, junto con Amref Salud África, ha comenzado un proyecto panafricano en el que, con la idiosincrasia de cada una de los distintos países, se actue para erradicar la ablación en Senegal, Etiopía, Tanzania, Uganda… “Con años de experiencia en el que el proyecto ha sido un éxito podemos ser ejemplo para otras comunidades», explica. Nailantei Leng’ete tiene siempre preparado un consejo que les da a cada una de las niñas que le ha venido a pedirle ayuda: «Podemos ser lo que queramos si lo soñamos. Nada podrá pararte, ve allí y brilla, consigue lo que sueñas”.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/10/29/planeta_futuro/1572353267_640467.html

Comparte este contenido:
Page 1 of 2
1 2