Dulcísima Fátima, no te vamos a olvidar. Y haremos que el gobierno tampoco te olvide, ni olvide a ninguna de las niñas que como tú siguen y seguirán muriendo a manos de monstruos desalmados, hasta que la justicia y la política lo impidan. Tus asesinos, Fátima, fueron capturados gracias a vecinos y a tu familia; si no hubiera sido por ellos, no los hubieran agarrado.
Porque a pesar del aumento de estos delitos, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal parecen ciegos ante la tragedia de niñas, niños, mujeres y hasta bebés que desaparecen a voluntad de delincuentes impunes. Vamos a exigir estrategias de prevención de esos delitos con protocolos impecables; vamos a exigir que no pisen más las esperanzas, hasta que logremos construir un auténtico gobierno democrático que ame a toda la gente: niños y viejos, indígenas y científicos, ricos y pobres, mujeres y hombres, artistas y estudiantes.
Entonces se podrá construir la Plaza de la Memoria, llena de jacarandas y prados para que niñas y niños jueguen sin peligro. Ahí se erigirá una estatua en tu honor, que te evocará con tu pelito de ángel como emblema de niñas mártires; otra por los nenes calcinados en la guardería ABC; habrá una más para los estudiantes de Ayotzinapa. Y en las áreas de piso de cemento, para que nadie los borre, nombres insertos de metal de mujeres asesinadas en los –para entonces– superados años del horror. Las niñas que ya conocen tu historia, Fátima, te recordarán.
Miedo y Orgullo. La casualidad puso en mis manos el escrito de una niña de ocho años (a pedido de su maestra) sobre el orgullo de ser mexicanos: “Yo quiero y no quiero a mi país, porque la creatividad y el amor nos hacen mejores, pero cómo vivir en un país donde matan, asesinan, secuestran. Eso no es vivir, es morir, horrible sentimiento. Yo no tengo orgullo de ser mexicana. No es un país de felicidad; díganme cómo no morirse de miedo cuando pasa algo como el caso de la pequeñita a la que una señora recogió en la escuela y la mataron… y le tocaron sus partes íntimas. No es un país feliz, no tengo sensación de vivir, tengo mucho miedo de pasar esa experiencia…”
En la infancia habla nuestro espíritu. El pasado 30 de abril hice un recorrido y observé un aumento de menores que, a pesar de la pandemia o quizá debido a ella, piden ayuda para comer en las calles de la Ciudad de México.
El concepto de políticas encadenantes es el eje aglutinador de un conjunto de trabajos que integran este libro, y que analizan espacios de encuentro entre micro, meso y macropoderes orientados a con gurar subjetividades. Con esta noción también tratamos de desarrollar un recurso epistemológico y metodológico que explora, de modo multidisciplinario, discursos y prácticas que normalizan la violencia y que son reproducidos en la vida cotidiana. Del mismo modo, intentamos comprender cómo se les vincula con la formación social del Estado, el avance del neoliberalismo y la globalización.
Con el estudio de las políticas encadenantes hemos intentado construir una mirada que provea elementos para comprender la multidimensionalidad que caracteriza el ejercicio y circulación del poder y la violencia en la región centroamericana.
De la Presentación de Clara Arenas, Juan Pablo Gómez y Alejandro Flores
Autor (a): Clara Arenas. Paula Fernández. Alejandro Flores Aguilar. Juan Pablo Gómez. Laura Sala. [Editores y Editoras]
Julieta Rostica. Juan Pablo Gómez. Hloreley Osorio Mercado. Klaus Kuhnekath. Ana Ortega. Paula Fernández. Laura Sala. Alejandro Flores Aguilar. Juan José Meléndez. Rina Montti. Iris Tejada. Ana Cristina Solís Medrano. [Autores y Autoras de Capítulo]
La verdad es que necesitábamos buenas noticias en este 2020 y esta vez, las alegrías llegan desde el noreste de África. En un momento histórico, el nuevo gobierno de Sudán prohibió completamente la arcaica práctica de la mutilación genital femenina. Todas las personas que practiquen esta violenta y abusiva tradición enfrentarán hasta tres años de cárcel.
¿Qué tan importante es esta noticia? Imagínate que la ONU estima que 9 de cada 10 mujeres de Sudán han sido víctimas de mutilación genital femenina.
“Esta nueva ley ayudará a proteger a las niñas de esta práctica barbárica y les permitirá vivir con dignidad”, mencionaba Salma Ismail, vocera del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en una entrevista para el New York Times. “Ayudará a las madres que no querían mutilar a sus hijas pero sentían que no tenían opción. Ahora por fin habrá consecuencias”.
Prohibir esta práctica es un avance histórico. Sobre todo en Sudán.
En este país que ha estado en turbulencia política desde la caída en 2016 de Omar al Bashid —el dictador que los gobernó por más de 30 años—, la práctica de la mutilación genital femenina es mucho más violenta y extrema que en otros lugares de África, donde también se realizan procedimientos similares.
Foto: RFI
En Sudán —recordemos que nueve de cada 10 mujeres son víctimas—, la mutilación implica el corte de los labios vaginales y la extirpación del clítoris.
La ley que criminaliza esta práctica ya esta vigente y quienes la practiquen se enfrentan a tres años de cárcel. Sin embargo, los especialistas internacionales advierten que todavía falta mucho para detener esta tradición que tanto dolor le ha causado a millones de niñas en la historia.
¿Qué es la mutilación genital femenina?
Es un procedimiento en el que los órganos sexuales de la mujer son deliberadamente cortados o eliminados. “Cualquier lesión de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos”, explica la Organización Mundial de la Salud.
Con frecuencia implica la extirpación de los labios vaginales.
Foto: UNICEF
Durante la mutilación genital femenina regularmente es necesario el uso de la fuerza por parte de familiares, médicos —si se les puede llamar así— y autoridades religiosas pues, claramente, el procedimiento va contra la voluntad de millones de niñas.
“Te conviertes en un cubo de hielo. No sientes, no amas y no tienes deseo”, reflexionaba en la BBC, Omnia Ibrahim, una cineasta de Egipto que fue víctima de mutilación genital y se ha convertido en activista para terminar con esta práctica.
“Me enseñaron que un cuerpo significa sexualidad y que la sexualidad es un pecado. Para mi mente, mi cuerpo se había convertido en una maldición”.
La mutiliación genital femenina se practica constantemente en —al menos— 27 países de África: además de Sudán o Egipto, es común escuchar de ella en Etiopía, Kenia, Burkina Faso, Nigeria, Dibouti y Senegal. Esta violenta tradición está completamente ligada a los valores religiosos y culturales, llegando a ser considerada como un pilar del matrimonio apoyado por hombres y mujeres.
En Benín se utiliza la informática como excusa para empoderar a las jóvenes y darles herramientas para luchar contra la discriminación y los abusos
“Son muchos los mitos y tradiciones que mantienen la desigualdad de género y el dominio del hombre sobre la mujer aquí en Benín, y muy especialmente en una zona rural como esta de Nikki”, comenta Abdel Kader Madougou, representante de la ONG OAN International en el país. «Entre estos mitos están algunos muy integrados en el día a día de nuestra población, tanto entre mujeres como entre hombres, y son utilizados por estos para subyugar a las primeras. Repiten que el varón es responsable del hogar y tiene todo el poder de decisión sobre su familia y sobre su esposa; que debe administrar la economía, incluidos los ingresos generados por la mujer… Ella, incluso cuando es víctima de violencia de género, tiene que saber que ese es su destino y no puede abandonar el hogar. También creen que la que rechaza la poligamia de su marido es una mala mujer».
“Son ideas preconcebidas, sustentadas en la tradición y apoyadas por la presión social en pleno siglo XXI, que mantienen a las mujeres sumisas y no favorecen su desarrollo o empoderamiento”, añade Karamatou Issa, de 17 años, una de las beneficiadas del proyecto de apoyo a la emancipación de las mujeres de la comuna de Nikki, en el norte del país, desarrollado e implementado por la organización española en unión con la beninesa JEDES Besen Sia y con financiación de la Fundación Salvador Soler.
La mayoría de las mujeres beninesas declaran ser o haber sido víctimas de violencia de género. No hay datos oficiales actualizados, pero en 2011 el Ministerio de Familia, Asuntos Sociales, Solidaridad Nacional, Discapacidad y Ancianos llevó a cabo una encuesta nacional que concluyó que el 69% de las mujeres había sido víctima de violencia de género al menos una vez en su vida. Más de la mitad de las encuestadas (51,5%) experimentó sufrimiento físico o psicológico al menos una vez en su vida. El 72% estuvo expuesta a violencia verbal, el 32,8% a amenazas de divorcio, insultos (22,6%), violencia sexual (28,5%), violación de niñas de dos a 14 años (1,4%), abducción (8,5%) y mutilación genital femenina (15%). Los resultados de este estudio promovieron la adopción por la Asamblea nacional de la Ley de prevención y represión de la violencia contra las mujeres de 2012.
Las participantes sostienen su certificado al final del curso.CHEMA CABALLERO
La falta de voluntad política para hacer efectiva esa norma y el peso que la tradición tiene, sobre todo, en las zonas rurales, hacen muy difícil terminar con esta lacra. En 2015, con la adhesión de Benín a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), surgieron algunas ONG con el propósito de hacer realidad el ODS 5: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Sin embargo, muchas de estas organizaciones incluyen en la categoría de violencia de género tanto la que sufren las mujeres como los hombres, y no definen claramente sus objetivos.
El proyecto de emancipación que llevan a cabo las dos organizaciones que trabajan en Nikki parte de los cursos de informática para dotar a las mujeres de autonomía. “Queremos que entiendan la importancia que tiene hoy día la informática para cualquier trabajo o conocer el uso de Internet para hacer búsquedas y aprovechase de sus posibilidades. Y que puedan acceder a ese gran mundo sin ayuda de nadie”, explica el formador Abdou-Hadi Karim. Este aprendizaje es un valor añadido y un gancho para atraer a las beneficiarias y conducirlas hacia el corazón de esta iniciativa integral de empoderamiento: dotar a las jóvenes de las herramientas necesarias para luchar y denunciar la violencia de género. “Es importante que las mujeres estén informadas sobre cuales son sus derechos y que tengan la posibilidad de denunciar cualquier agresión. Que sepan qué pueden hacer si un hombre les molesta, si son víctimas de una violación o de un matrimonio infantil y cómo se pueden evitar este tipo de crímenes”, afirma Zoulkarnaïne Yinde, de JEDES Besen Sia.
El primer paso es ayudar a las participantes a reconocer e interpretar las distintas formas que adopta la violencia de género, para luego clarificar las dudas que puedan tener. Igualmente, se habla de cómo la división de roles entre el hombre y la mujer en la sociedad tradicional es una forma más de sumisión de la mujer, entre otras cuestiones.
Deconstruir la red
En esta formación es muy importante deconstruir toda la red que la tradición y la cultura popular han tejido en torno a las mujeres. Así, se les invita a reflexionar sobre las imágenes positivas y negativas creadas y presentadas por canciones populares, proverbios, refranes, cuentos e historias. Pero sin olvidar tampoco que esos estereotipos se mantienen en canciones actuales, películas o anuncios.
“Este tipo de formación es fundamental. Por ejemplo, en esta zona, muchas familias no ven la ventaja de escolarizar a sus hijas. También tenemos casos de profesores que violan a las chicas que les piden ayuda en sus estudios. Pero si ellas tienen la capacidad de luchar por sus derechos o rechazar esas proposiciones y denunciarlas, esto sería muy importante y empezarían a cambiar muchas cosas aquí”, explica Yinde.
El programa de emancipación de la mujer, se dirige a dos grupos de beneficiarias: aquellas que acuden al instituto de educación secundaria y las que aprenden un oficio como costura, cocina o artes similares o tienen un pequeño negocio. Tanto a unas como a otras se las instruye para que diseminen la formación recibida entre sus compañeras y sirvan también de puntos focales en donde otras chicas puedan buscar información, consejo y apoyo.
Para mejorar la independencia económica de las mujeres que realizan oficios o tienen negocios y crear una red de solidaridad entre ellas, el programa les ha facilitado la obtención de microcréditos. Para ello se ha negociado con una entidad financiera un tipo de interés más bajo que el habitual. Luego, se acompaña a las beneficiarias en el proceso de devolución de los créditos. Igualmente se les ofrece formación, tres veces al mes, sobre gestión económica y marketing, además de los temas de igualdad de género. A este grupo se le hace especial hincapié en las ventajas que el uso de Internet puede tener para conseguir ventas mayores o atraer nuevos clientes.
Obra de teatro durante la ceremonia de graduación.CHEMA CABALLERO
“No tengo mucha esperanza de que la vida de estas mujeres cambie”, confiesa Débora Nadeni, una de las animadoras del programa. “Pero un proyecto como este tiene mucho sentido. Es difícil que estas mujeres cambien el tipo de relación que tienen con sus maridos y su rol en las tareas del hogar, pero sí pueden cambiar la educación que den a sus hijas e hijos, y tenemos que trabajar para que sus hijas tengan una vida diferente”.
Karamatou Issa afirma que la formación informática recibida le ayudará mucho en sus estudios futuros. Tienen planeado acudir a la Universidad de Parakou el próximo curso para comenzar filología hispánica. Ya habla un poco de español y le gusta practicarlo cuando tienen ocasión. Pero, sobre todo, está contenta porque ahora se siente fuerte, conoce mucho mejor sus derechos y sabe defenderse. «Ya no veo normal que por ser chica un hombre pueda acosarme en la calle o un profesor pueda pedirme favores sexuales. Ahora sé qué tengo que hacer en un caso como ese: denunciar».
Chakira Ali, de 15 años, afirma que con lo que ha aprendido podrá, como mínimo, trabajar como secretaria y así ser independiente, aunque su sueño es poder llega a la universidad y estudiar Medicina. A ella le ha entusiasmado conocer el manejo de las redes sociales. Algo que ha enseñado a otras amigas. Juntas han creado un chat en el que comparten dudas de sus estudios. Ahora intenta que los profesores también participen en él. «Así las chicas no tienen que buscarles después de clase para resolver dudas, una forma de evitar que puedan abusar de nosotras», comenta.
Karamatou, Chakira y sus compañeras se graduaron a finales de febrero en una ceremonia en la antes de recibir sus diplomas representaron un par de obras de teatro escritas por ellas mismas en las que exponían algunas de sus reflexiones tras recibir la formación. En la primera recogían el caso de una mujer que tiene su propio negocio y que se enfrenta a las críticas de otras mujeres por estudiar informática y ella les relata las ventajas de adaptarse a los nuevos tiempo y expandir sus negocios. “¿Y qué dirán nuestros maridos?”, pregunta una de las oponentes. “¿Por qué tienen que negarse ellos a nuestro progreso?”, responde ella. En la otra, una mujer contaba que ha sido despedida de su trabajo por rehusar acostarse con su jefe y el consejo que le dan sus amigas es denunciar.
Lentamente, la situación de la mujer cambia en Nikki, así lo constata Madougou que señala que las respuestas que han obtenido a lo largo de la formación «son muy sorprendentes». Y agrega: «Poco a poco, a medida que tomaban conciencia de sus derechos y de su situación, las chicas han comenzado a cuestionar las tradiciones que las oprimen como mujeres y que siempre se evocan para mantenerlas en un segundo plano en la sociedad».
Tras la graduación, comienza la formación un nuevo grupo de jóvenes en el que participan las antiguas alumnas como apoyo de las monitoras. Esta es una forma de que se integren más en el proyecto y poder llegar, así, a muchas más mujeres.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/04/28/planeta_futuro/1588063661_439609.html
Estudios previos habían mostrado que las mujeres se incorporan con menor frecuencia al mercado laboral de la industria del software. La autora se pregunta, entonces, si esta será una consecuencia de que las niñas son socializadas más para la maternidad y el cuido, que para el desempeño profesional. De ser así, prosigue la autora, ¿se encuentran las mujeres, que efectivamente ingresan al mercado laboral, en ventaja o en desventaja? ¿Cómo son valoradas simbólicamente, sobre todo en un contexto en que la industria de alta tecnología prioriza cualidades asociadas a las mujeres? ¿En qué áreas de trabajo se desempeñan? ¿Cómo hacer para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos? Para explorar empíricamente estas interrogantes, la autora consideró tres niveles de análisis, prácticas, representaciones e instituciones, presentes en la oferta y la demanda en tres empresas especializadas en tecnologías. La hipótesis que orienta el trabajo sugiere que las mujeres están en desventaja en el mercado laboral y ello condiciona las posibilidades de desempeño en un sector económico estratégico pese, incluso, a las políticas, públicas y privadas, que promueven la igualdad de género.
Fuente e Imagen: http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/index.php?a=q&r=1&hs=1&t=1&q=miedo&j=dl&c=general&fqf=TX&Submit=buscar+en+CLACSO
La comunidad religiosa shona se estableció en Kenia hace más de medio siglo, pero no está reconocida por el Estado, por lo que no pueden acceder a sanidad, educación o emprender un negocio
Como aquel a quien diagnostican una enfermedad que siempre tuvo, pero desconocía, millones de personas en el mundo descubren un día que el país que sienten como suyo, allí donde nacieron, no los reconoce como ciudadanos. No importan sus vivencias o sus recuerdos, a ojos de la administración no son del país, no tienen identidad. Son apátridas. Jonathan Mwawa lo descubrió bien pronto, en el colegio. “Los otros niños e incluso los profesores nos llamaban ndoredi (marginado en kikuyu)”, recuerda este joven treintañero de la etnia shona, una de las no reconocidas en Kenia.
Mwawa es uno de los 4.000 shonas, aproximadamente, que viven en el país africano desde hace cinco décadas. Esta comunidad religiosa originaria de Zimbabue llegó aquí en los años sesenta, como misión de la Gospel of God Church, fundada en 1932. Por aquel entonces, Zimbabue se llamaba Rodesia del Sur y ambos países eran aún colonias británicas. Pero poco se identifican con esos primeros migrantes Jonathan o su madre Sarah, también nacida en el país. En el municipio de Kiambu, a casi una hora en coche por una carretera polvorienta y estrecha al norte de Nairobi, donde apenas hay espacio para los matatus (minibuses locales) y los coches que se cruzan, vive esta mujer de 50 años, con su marido y sus tres hijos pequeños. En su casa, rodeada de frondosos cultivos de café, té y maíz, construida de ladrillo y de una sola planta, comparten patio con los vecinos. “No podíamos permitirnos una vivienda así cuando yo era niño”, comenta el joven, que ya está emancipado y tiene su propia familia. “Antes las cosas estaban peor”, añade.
Como la mayoría de las mujeres shona, Sarah Mwawa se dedica a la cestería, mientras los hombres trabajan como carpinteros. Una norma dictada por el fundador de la iglesia marca que todas ellas vistan con largas faldas de colores claros. También envuelven su cabeza con un fular blanco. Con las cestas, Sarah consigue algunos ingresos pero lamenta no poder poner en marcha ninguna iniciativa. La falta de documentación es una barrera insalvable, no solo para impulsar un negocio, sino para acceder a la sanidad o a la educación.
La casa de Michael Tshuma, a las afueras de Nairobi.L. B.
Un problema con diferentes causas
Según Bénédicte Voos, funcionaria superior de Protección para los Apátridas en la oficina regional de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, comunidades como la shona “no son reconocidas como nacionales por ningún Estado bajo su ley”. Varios son los factores que pueden dejar a una persona huérfana de nacionalidad. Por ejemplo, el conflicto entre las leyes de dos Estados. También puede darse una discriminación de género en la ley, como sucede en Somalia, y que solo los hombres puedan transmitir la nacionalidad, una norma que desprotege a los niños con padre desconocido o que se niega a reconocerlos. En el caso del pueblo shona, sin embargo, el problema tiene sus raíces en los procesos de independencia, que sacudieron la estructura social y administrativa de las antiguas colonias.
En África esta situación afecta sobre todo a personas “que nacieron en un país, han pasado allí toda su vida y sienten que pertenecen a él”, apunta Voos, en oposición a otros lugares del mundo, donde suele afectar más a migrantes o refugiados. Jonathan subraya con firmeza: “Esta no es nuestra tierra ancestral, pero nacimos aquí y aquí crecieron nuestros abuelos”. Su comunidad habla suajili e incluso kikuyu, la lengua local propia de la zona donde se instalaron los primeros shonas que migraron al país.
Cuando Kenia logró su independencia en 1963, se abrió una ventana de dos años para que los habitantes de todos los orígenes pudieran registrarse como ciudadanos: asiáticos, europeos o trabajadores migrantes de otras colonias africanas. Muy pocos lo hicieron. “En la práctica hubo algunas lagunas: no se llevó a cabo una campaña informativa exhaustiva e incluso aquellos que se enteraron no acababan de comprender qué suponía no registrarse”, apunta Walpurga Englbrecht, representante adjunta de Acnur en Kenia.
Los pocos que sí obtuvieron ese primer documento de identidad lo perdieron en 1978, cuando llegó al poder Daniel Arap Moi. El segundo presidente del país modificó la Ley de Registro de Personas, estableciendo la ascendencia keniana como condición indispensable para renovar el carné de identidad. La norma se aplicó de manera tácita, sin informar a la población del nuevo requerimiento. Así lo explica un estudio realizado por esta agencia de la ONU en 2018. Pero ningún shona podía demostrar tener padres o abuelos kenianos. El resultado de los fallos en el engranaje administrativo ha dejado en este país un número aproximado de 18.500 apátridas, entre los cuales, unos 3.500 son shona.
Sin documentos no hay derechos
A Sarah Mwawa, su segundo parto, cuando tenía 20 años, la pilló en la cárcel dónde la policía la trató «muy mal» mientras la trasladaban de urgencia a un hospital. Así recuerda la madre de Jonathan una de las varias detenciones que sufrió cuando era joven. ¿El motivo? No contar con ningún documento que demostrara que era keniana. Para muchos miembros del pueblo shona, el momento en el que son conscientes del problema de ser apátridas llega cuando les piden documentos para poder ser atendidos en la sanidad pública o cursar la educación secundaria.
A Michael Tshuma, otro joven de la comunidad, de 22 años, casi le costó dejar el colegio. Hasta hace dos años, en 2018, el sistema educativo keniano requería un certificado de nacimiento para presentarse a los exámenes finales de primaria y poder pasar a la secundaria (ahora, lo requiere ya de entrada para comenzar la primaria). Si el registro de nacimientos ya es de por sí bajo en la sociedad keniana —según los últimos datos oficiales de 2014, solo un 67% de los menores de cinco años están registrados— para los shonas resulta imposible, porque se necesita un carné de identidad de uno de los progenitores o de la misma persona, si ya es mayor de edad, para tramitarlo. “Pasé mucho tiempo en casa mientras buscábamos a alguien que nos ayudara. Mi madre llegó a pagar 15.000 chelines (unos 130 euros) en sobornos a funcionarios del registro”, revela el joven. Al final, un profesor se comprometió a conseguirles el documento a cambio de 3.500 chelines. “En tres días apareció con el certificado y así es como pude examinarme”.
No todos los miembros de esta comunidad son apátridas, sino inmigrantes. Durante los años siguientes a la independencia, otros shona regresaron al país. Como tantos otros kenianos, vivieron ajenos a la Administración durante muchos años. Es el caso de Nebili Dube, la madre de Tshuma. Ella tiene 60 años y llegó al país en los 90. Ahora, explica, “ya no tiene nada que ganar en Zimbabue, se siente más cómoda en Kenia”.
Sin embargo, a ojos de la ley de inmigración del país, que requiere un mínimo de siete años de residencia legal para conseguir la nacionalidad, su situación es complicada. “Si no ha regularizado su estado antes, entonces será muy difícil. Si se quedó ilegalmente, no cumple las condiciones y lo que hay que hacer es investigar las leyes del país de donde viene”, apunta Englbrecht. En este sentido, las autoridades kenianas se han mostrado cautelosas. Aunque el año pasado facilitaron certificados de nacimiento a 600 niños shonas, algo imprescindible para lograr su naturalización además de ser una obligación legal del gobierno, han hecho mucho hincapié hasta ahora en distinguir a los llegados antes de 1963 y después.
Una norma dictada por el fundador de la iglesia marca que todas las mujeres shona vistan con largas faldas de colores claros.L. B.
Para la comunidad, la decisión es urgente. Y los datos les dan la razón. Según un estudio socioeconómico que aún no ha sido publicado “está muy claro que la apatridia exacerba la pobreza”, afirma Wanja Munaita, funcionaria de Acnur. Jonathan Mwawa lo experimenta en su día a día: “No somos el tipo de gente que hace un presupuesto y compra comida para toda la semana. Vivimos día a día. Te despiertas y no sabes lo que comerás por la noche, pero tienes que salir”.
El informe, que compara datos de la comunidad con los de los ciudadanos kenianos que viven en las mismas zonas, muestra que “los shonas son al menos tres veces más pobres que el resto de kenianos en esa zona”, avanza la experta. También queda patente que, mientras los niveles de escolarización primaria son parecidos, el número de niños shonas que cursan secundaria es radicalmente más bajo. De momento, el Gobierno keniano se ha comprometido a resolver la situación durante este 2020. Quizás la hija de un año de Mwawa sí que pueda crecer sin la lacra de la apatridia. “No estoy preocupado porque yo crecí en la misma situación, así que para mí es normal, ¿sabes? Pero no lo es”.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587651376_444838.html
Un informe del Fondo de Población de la ONU advierte de que algunas medidas para combatir la covid-19, como el confinamiento y el cierre de clínicas por falta de material y personal, dejarán sin acceso a métodos anticonceptivos a 47 millones de mujeres
Elisabeth X., de 25 años, carga con su hija de un año y cinco meses mientras espera su turno para que una enfermera que ha acudido a su comunidad le administre anticonceptivos. Elige las pastillas. Joana Mauricio, una enfermera del hospital de Moambo, le da tres tabletas mensuales, las necesarias hasta que la clínica móvil que han instalado a la sombra de un gran árbol, vuelva a Mahulane. En esta dispersa vecindad de Mozambique, hogar de un millar de personas, el centro de salud más cercano está a más de 20 kilómetros. Por eso, y dada la dificultad para una población rural empobrecida de trasladarse al consultorio, cada tres meses un grupo de profesionales salen a su encuentro para suministrar vacunas, medicamentos contra la malaria, el VIH u otras dolencias, y prestar servicios de salud sexual y reproductiva como la dispensa de contraceptivos. «Es muy importante que vengamos porque para ellas es muy difícil ir a los hospitales. Es bueno que usen estos métodos; les explicamos la importancia de que los utilicen para reducir los casos de embarazos no deseados y partos en casa», detalla la especialista.
La próxima visita debería producirse a principios de junio, pero es posible que Elisabeth X. y las demás mujeres de la zona que no desean quedarse embarazadas, no reciban los métodos para impedirlo. El ministerio de Salud no descarta cesar este tipo de actividades en el Mozambique rural debido al coronavirus (del que se han reportado 76 infectados y ningún fallecido a día de hoy). «Depende de la evolución del número de casos», explican fuentes del gabinete. Puede suceder que, aún celebrándose, la población no acuda por miedo a contagiarse o que, aunque asistan a la cita trimestral, no haya suministro de anticonceptivos. Estas son las causas por las que, según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) publicadas este martes, 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos de planificación familiar y habrá siete millones de embarazos no deseados en los próximos seis meses en 114 países de renta baja y media.
La investigación del UNFPA, realizada con contribuciones de Avenir Health, la Johns Hopkins University (EE UU) y la Universidad Victoria (Australia), desvela que, por cada trimestre que se prolongue la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos. Lo que supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en dos décadas, pasando de los 470 millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018.
Joana Mauricio, enfermera del hospital de Moambo, forma parte del personal que cada tres meses se desplaza a comunidades remotas para informar sobre salud sexual y reproductiva, y proporcionar anticonceptivos a las mujeres que los soliciten. A principios de marzo estuvo en Mahulane.A. AGUDO
«La pandemia está teniendo un impacto catastrófico en las mujeres y las niñas a nivel mundial. Y tenemos que abordarlo. Ahora», sentencia Ramiz Alakbarov, director ejecutivo adjunto del UNFPA, en una conversación telemática. «Los servicios de atención de la salud materna y el acceso a anticonceptivos no son opcionales. Son esenciales y deben mantenerse. Las mujeres continúan quedándose embarazadas y también dan a luz durante la crisis», enfatiza. «El asesoramiento e información sobre planificación familiar, así como la anticoncepción de emergencia, se consideran salvadores de vidas; deben proporcionarse, estar disponibles y ser accesibles», subraya.
En este sentido, el organismo de la ONU tiene evidencia de que esta clase de problemas ya están sucediendo, sostiene Alakbarov. «En primer lugar, las cadenas de suministro se ven afectadas por dinámicas que incluyen el cierre de fronteras, problemas de transporte, dificultades de fabricación, y otros obstáculos para la distribución». Y matiza: «Obviamente, la situación varía de un país a otro debido al nivel de su infraestructura de desarrollo y la situación epidemiológica actual». También han advertido los autores del informe que hay mujeres que evitan ir al centro de salud por temor a exponerse a la infección. «Y existe un problema de disponibilidad de equipos de protección personal para aquellas clínicas, como las de planificación familiar, que pueden no considerarse esenciales y, por tanto, no haber sido debidamente equipadas», continúa.
Un estudio del Guttmacher Institute publicado hace 10 días en la revista International Perspectives on Sexual and Reproductive Health refuerza la advertencia de la ONU. Calcula que «una disminución proporcional del 10% en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios». Ellas se sumarían a los 232 millones que no estaban, ya antes de la pandemia, usando métodos de planificación familiar a pesar de querer evitar un embarazo.
Se producirían, además, 15 millones adicionales de embarazos no deseados, alertan los investigadores de la organización estadounidense. Lo que a su vez «llevaría a más abortos inseguros y otros resultados negativos» como una mayor mortalidad materna. Concretamente, según sus proyecciones, una disminución del 10% en la provisión de atención médica relacionada con el embarazo y el recién nacido «tendría consecuencias desastrosas»: 1,7 millones de madres y 2,6 millones de bebés experimentarían complicaciones graves y se producirían 28.000 muertes maternas y 168.000 fallecimientos de neonatos adicionales a los que ya se producen.
«Las mujeres embarazadas con síntomas de covid-19 deben tener un acceso prioritario para la prueba, y las unidades de salud prenatal, neonatal y materna deben estar segregadas de los casos identificados de coronavirus», recomienda el director adjunto del UNFPA. «Las emergencias de salud pública anteriores han demostrado que el impacto de una epidemia en la salud sexual y reproductiva a menudo no se reconoce, porque los efectos no son en muchos casos el resultado directo de la infección, sino que se producen como consecuencia indirecta de las interrupciones en la atención y el redireccionamiento de recursos», analiza Elizabeth Sully, investigadora científica principal del Guttmacher Institute.
Para que eso no pase, «hay pasos claros y concretos que los formuladores de políticas pueden y deben tomar para mitigar el daño y promover la salud. No es demasiado tarde, pero el momento de actuar es ahora. El tiempo es fugaz», apunta Sully. Primero, promover la atención de la salud sexual y reproductiva, incluidos el aborto seguro, la anticoncepción y la atención materna y neonatal, pues son esenciales. Otros son garantizar las cadenas de suministro, buscas formas innovadoras de proveer atención, como la telemedicina, y no abandonar a las poblaciones más remotas y marginadas como Mahulane.
Los otros efectos de la covid-19
«No había igualdad de género antes de que comenzara esta epidemia, así que la desigualdad que genera se superpone a la que ya existía», analiza Alakbarov. Ningún país estaba en posición de afirmar que garantizaba a las mujeres el 100% de sus derechos y los fondos para promoverlos nunca llegaban a ser los mínimamente necesarios, aclara el director ejecutivo adjunto del UNFPA. La pandemia es lluvia sobre mojado. Y la salud sexual y reproductiva no es el único derecho que menoscaba adicionalmente la covid-19 y las medidas que se toman para frenarla.
La decisión de confinar a la población obliga a millones de mujeres a convivir con sus agresores. «Se espera que la pandemia de covid-19 aumente los niveles de violencia». Ya hay indicios de que ya está sucediendo, dice el informe del UNFPA, pues se han incrementado las llamadas a líneas directas de prevención de la violencia, y lo corroboran informaciones sobre violencia de género y asesinatos machistas en los medios de comunicación. «La sociedad civil y los Gobiernos no deberían abandonar a las víctimas. Deben tener acceso a ayuda psicológica y obviamente, a todas las otras formas de apoyo», pide el director adjunto del organismo.
Las estadísticas muestran que los abusos aumentan en un 20% durante los períodos de encierro. De tal modo que habría 15 millones adicionales de casos de violencia de género en 2020 para una duración promedio de tres meses, que serían 31 millones para un confinamiento de seis meses, 45 millones para un bloqueo de nueve y 61 millones si el período fuera de un año. Son datos del UNFPA. Y no es el único drama que enfrentan millones de mujeres. Debido a la interrupción de los programas para prevenir la mutilación genital femenina, mientras la humanidad se centra en combatir la pandemia, dos millones de niñas serán víctimas de esta práctica en la próxima década. «Y podría haberse evitado», escriben los redactores del documento. Como también se pueden prevenir los 13 millones de matrimonio infantiles entre 2020-2030 que la ONU calcula se producirán solo por la reducción de esfuerzos en este capítulo.
Por eso, porque es una cuestión de vida o muerte, porque el sufrimiento se puede evitar, Alakbarov pide: «Prioricemos a las mujeres y las niñas en el momento de la pandemia, no olvidemos sus necesidades».
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/04/27/planeta_futuro/1587984733_860007.html
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