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El 8-M no es una fiesta, sigue la lucha

Por: Carmen Domingo

El feminismo no es un alegre festejo del orgullo de ser mujer. Es un movimiento que lucha por el pleno acceso de las mujeres, sí, mujeres, al ejercicio de sus derechos, tantas veces pisoteados

Habrá que recordar todo esto, digo, porque parece que la posmodernidad capitalista quiere sustituir las reivindicaciones de las trabajadoras y luchas feministas por una celebración despolitizada de la identidad de las mujeres. Sus orígenes no pueden por menos que evocarnos a todo lo contrario.

Porque el feminismo no es un alegre festejo del orgullo de ser mujer, ni siquiera lo es del orgullo de pertenecer a alguna de las recién proclamadas diversidades, tan de moda hoy en día. El feminismo es un movimiento que lucha por el pleno acceso de las mujeres, sí mujeres, al ejercicio de sus derechos, tantas veces pisoteados. Por eso sorprenden varias de las reivindicaciones que en estos días, previos al 8M, se han sucedido. La primera es que hayan sido numerosas las convocatorias vinculadas a la celebración del 8M en las que en sus carteles ni siquiera se menciona la palabra mujer. Como si pasáramos a ser un ente invitado de nuestra celebración, como podían ser las gallinas o las tortugas. Nadie se imaginaría el día del Orgullo gay sin los gays. Pues parece que sí que nos imaginamos, o eso quieren, un 8M sin mujeres.

La segunda, que estos días, en aras de la posmodernidad y con intención de engrosar las filas del feminismo (parece ser el 51% de la población es suficiente), hayamos asistido a cómo, desde colectivos supuestamente feministas, se ha llevado a cabo la defensa e inclusión en el movimiento feminista de las participantes de prácticas que oprimen a la mujer: la prostitución, los vientres de alquiler, o lo que han dado en llamar binarismo de género apelando a su libertad para decidir. Argumentos amparados en la “inclusión” y el orgullo afirmativo de la capacidad de decisión que tenemos las mujeres justo en unos temas que para el feminismo han sido percibidos, desde siempre, como una vulneración de los derechos de las mujeres.

Ya me perdonarán, pero hace falta tener muy poca vergüenza para hablar de derecho de la mujer a elegir en libertad poder ejercer la prostitución, mientras millones de mujeres están siendo explotadas sexualmente. Hace falta tener muy poco respeto por las mujeres a las que compran sus hijos para defender el “deseo” de terceros — me da igual por parte hombres que por mujeres— a tener un hijo, por delante del derecho de esa mujer y de ese niño a estar y saber quién es su madre y a vivir y crecer a su lado. Hace falta muy poco conocimiento de la biología para pedir que se reconozca un género cambiante cuando justo el género es el constructo social por el que nos oprimen a las mujeres y que las feministas llevamos tiempo tratando de eliminar, porque es una invención. Las mujeres no queremos acabar desapareciendo en aras de no binarismos, géneros fluidos, agéneros y diversidades varias.

Habrá que empezar en el ayer, digo, para que no nos olvidemos del hoy y terminemos convirtiendo la lucha feminista en una lucha de todos y para todos. Es la lucha de las mujeres y para las mujeres, y en ella queremos: mostrar nuestra agenda política; reivindicar nuestra lucha contra la explotación reproductiva; reafirmarnos en nuestro firme convencimiento a negarnos a aceptar la explotación sexual de mujeres y niñas; mantenernos firmes en nuestra lucha contra la precarización, la discriminación laboral, la explotación económica y el abuso sistemático que seguimos sufriendo las mujeres en estos tiempos. Por eso el 8M es nuestro, de las mujeres, y en él reivindicaremos nuestros derechos.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/ccaa/2020/02/25/catalunya/1582634497_799074.html

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Por el camino equivocado

Por: Carolina Vásquez Araya

La vida de niñas, niños y mujeres depende de un retorcido marco cultural.

De nada sirve tratar de explicar los motivos detrás de la tortura, violación y muerte de niñas y niños, de adolescentes y de mujeres, los cuales suceden a diario en nuestros países. Esto, porque no existe tal cosa como un “motivo” capaz de llevar a otro ser humano a cometer semejantes atrocidades y mucho menos la recurrente justificación de los crímenes como resultado de arrebatos pasionales o situaciones de orden privado. Basta leer las noticias para constatar hasta qué punto el feminicidio y la violencia contra la niñez se han ido consolidando como un problema sin solución, como una carga cuyo peso sacude los cimientos morales y los valores de nuestras sociedades, pero para la cual nadie ofrece solución.

Algunos intentos por hacer visible la dimensión del horror chocan de frente contra una comunidad humana cuya sensibilidad se ha perdido junto con su sentido de pertenencia. Por lo general, se utiliza como excusa el desconocimiento o la desestimación de la gravedad del fenómeno, y todo se reduce a dejar pasar para no comprometerse en una lucha para la cual es necesario un acto de suprema valentía: reducir en pedazos la escala de valores caduca y deshumanizante que nos gobierna y, a partir de esa latitud cero, asumir como sociedad la tarea de reconstruir un tejido social en donde la vida ha perdido valor y la justicia es poco menos que una utopía.

Para nadie es un secreto la connivencia entre sectores de poder y organizaciones criminales. A partir de ahí, resulta casi imposible detener la incidencia de crímenes tan espeluznantes como la trata de personas, entre cuyas víctimas se encuentra toda clase de seres inocentes; desde niñas y niños recién nacidos hasta hombres y mujeres adultas capturadas por estas organizaciones para esclavitud laboral, prostitución, adopciones ilegales y toda clase de atrocidades, en un flujo indetenible que los separa para siempre de sus comunidades y sus familias.

En el origen de la degradación en el trato a niños, niñas y mujeres, se puede identificar con absoluta certeza esa visión patriarcal y machista de reducir la significación de esas vidas en una escala según la cual son prescindibles y sujetas a la propiedad de otros. Asesinar a una mujer en un arrebato de celos o violar a la hija porque “pertenece” a su padre han sido actos tolerados por sociedades inmersas en un esquema imperante durante siglos, cuyas normas permanecen activas por un sistema de poderes totalmente desequilibrado y deshumanizante. Ante esta realidad, las estrategias institucionales diseñadas por algunos gobiernos para eliminar o por lo menos reducir esta clase de crímenes, de nada servirán en tanto no exista una revisión profunda de las causas que los provocan. Esa tarea, aún pendiente, representa la eliminación de obstáculos a la integración de todos los sectores en la toma de decisiones, pero también en programas sociales ausentes en los planes políticos de la actualidad.

Sumado a ello, otro factor indignante es la manera de presentar los feminicidios y los crímenes contra la niñez en los medios de comunicación social. La forma despectiva y sensacionalista de divulgar en detalle estos actos atroces con el único fin de alimentar el morbo de sus audiencias, retrata de manera puntual una de las más graves falencias humanas de nuestras sociedades. A eso, es preciso añadir la indiferencia de esa audiencia, cuya actitud de ver y dejar pasar demuestra cuán enraizada es la tolerancia de la violencia contra las mujeres y la infancia y cuánto de esa tolerancia –aún en estos tiempos- es considerada una herencia cultural incuestionable.

Fuente: https://rebelion.org/por-el-camino-equivocado/

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Tragedia Siria

Por: El PAIS

Cuando están a punto de cumplirse nueve años de guerra civil en Siria, el conflicto sigue sumando cifras de devastación cada vez peores en las que, de lejos, la parte más perjudicada es la población civil. La última alerta lanzada por la ONU sobre la existencia del mayor éxodo de refugiados desde 2011 es un buen ejemplo de la preocupante degradación de una confrontación que más allá de sus implicaciones políticas y estratégicas está teniendo un intolerable coste en vidas humanas.

En medio del invierno y con temperaturas que han llegado a alcanzar los 10 grados bajo cero, unos 900.000 sirios de la provincia de Idlib, en la frontera con Turquía, han tenido que abandonar el lugar donde se encontraban prácticamente con lo puesto. De ellos unos 290.000 son niños y el 80% de los adultos son mujeres viudas. En numerosos casos se trata de refugiados que no han abandonado sus hogares, sino campos de acogida en los que se habían instalado huyendo de la guerra de otras zonas de Siria. En esos campos, las condiciones de vida han sido calificadas de “horribles” por las agencias de ayuda internacional, pero al menos allí estaban a salvo de la guerra. Ya no. Emprender la huida se ha convertido en una desesperada rutina para cientos de miles de personas.

Es urgente que, tal y como demanda Naciones Unidas, se establezcan corredores humanitarios que sean respetados por todos los grupos combatientes: el Ejército sirio apoyado por la fuerza aérea rusa, el Ejército turco, las milicias kurdas, los grupos rebeldes que combaten al presidente Bachar el Asad y las milicias yihadistas. También es preciso que se respeten mínimamente las reglas de la guerra y el derecho internacional para que hospitales, instalaciones médicas y colegios civiles dejen de ser bombardeados sistemáticamente como reflejan las denuncias de la ONU, que atribuyen la mayor parte de los ataques (y muertes) a la aviación rusa y a las fuerzas leales a El Asad.

Incluso en un escenario de enfrentamiento directo entre dos países de Oriente Próximo como Siria y Turquía, que tendrá importantes consecuencias regionales y en el que ya se han vivido episodios de choques directos entre los Ejércitos de ambos países, deberían respetarse unas mínimas reglas. La diplomacia debe servir en primer lugar para que la situación humanitaria no empeore y después para que la situación en su conjunto no se siga degradando.

Lamentablemente la guerra en Siria se ha sumergido en una espiral de destrucción que hace poco probable una solución a corto plazo, pero lo que no pueden esperar más son medidas concretas y factibles para evitar una nueva sangría de vidas civiles.

Fuente e Imagen: https://elpais.com/elpais/2020/02/21/opinion/1582304963_497794.html

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India: La universidad que obligó a sus estudiantes mujeres a desnudarse para comprobar si estaban menstruando

Asia/India/20 Febrero 2020/https://www.bbc.com/

La incómoda relación de India con la menstruación ha vuelto a los titulares.

Estudiantes universitarias que viven en un albergue en Gujarat, un estado en el oeste del país, se quejaron de que las obligaron a desnudarse para mostrarle la ropa interior a sus maestraspara demostrar que no estaban menstruando.

68 jóvenes fueron obligadas a salir del aula e ir al baño, donde les ordenaron quitarse su ropa interior para que pudiesen ser inspeccionada.

El incidente tuvo lugar el martes en la ciudad de Bhuj.

Las jóvenes eran estudiantes universitarias del Instituto Shree Sahajanand Girls (SSGI), dirigido por la secta Swaminarayan, un grupo religioso hindú rico y conservador.

El grupo dijo que un funcionario del albergue se había quejado al director de la universidad el lunes de que algunas de las estudiantes estaban infringiendo las reglas que se supone deben seguir las mujeres que menstrúan.

Según estas normativas, las mujeres no pueden entrar a un templo ni a la cocina, ni tocar a otros estudiantes cuando tienen el período.

Durante las comidas, deben sentarse lejos de los demás, lavar sus propios platos y, en el aula, deben sentarse en la última fila.

Registro

Una de las estudiantes le dijo a la BBC que el hostal llevaba un registro donde ellas debían escribir su nombre cada vez que tenían la regla, para que las autoridades pudieran identificarlas.

Sin embargo, durante los últimos dos meses, ninguna estudiante había escrito su nombre en el registro, algo que no sorprende si tomamos en cuenta las restricciones que deben tolerar si lo hacen.

Instituto
Image captionLas jóvenes calificaron la experiencia de «tortura mental».

Por esta razón, el funcionario del albergue se quejó ante el director de la universidad de que las estudiantes que menstruaban estaban entrando en la cocina, acercándose a los templos y mezclándose con otras jóvenes del albergue.

Las estudiantes argumentan que, al día siguiente, fueron abusadas por el funcionario del hotel y el director, antes de que las obligaran a desnudarse.

Las jóvenes describieron lo ocurrido como «una experiencia muy dolorosa» que las dejó «traumatizadas«, a la que calificaron de «tortura mental».

El padre de una de las alumnas dijo que cuando llegó a la universidad, su hija y otras jóvenes se acercaron a él y estallaron en lágrimas.

«Están en schock», dijo.

Protestas

El jueves, un grupo de estudiantes organizó una protesta en el campus, exigiendo medidas contra las autoridades de la universidad que las «humillaron».

ProtestaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image caption«La menstruación no es una enfermedad», dice este mensaje de protesta escrito sobre una toalla femenina.

Pravin Pindoria, miembro del consejo administrativo de la institución, dijo que el incidente había sido «desafortunado», y agregó que se había ordenado una investigación y que se tomarían medida contra los culpables.

No obstante, Darsha Doholakia, vicecanciller de la universidad, culpó a las estudiantes.

Doholakia argumentó que las jóvenes habían violado las reglas y añadió que algunas se habían disculpado.

Sin embargo, algunas de las estudiantes le dijeron a la BBC que están bajo presión de las autoridades de la escuela para desestimar el incidente y no hablar de lo que pasó.

El viernes, la Comisión de Mujeres del Estado de Gujarat ordenó una investigación sobre este «vergonzoso ejercicio» y pidió a las estudiantes que «hablaran sin miedo sobre el agravio».

La policía presentó una denuncia.

Estigma

Esta no es la primera vez que estudiantes mujeres son humilladas en nombre de la menstruación.

En un caso muy similar, 70 estudiantes fueron obligadas a desnudarse hace tres años en una escuela en el norte de India, después de que una celadora encontrara sangre en la puerta de un baño.

La discriminación de las mujeres cuando tienen la regla es común en India, donde la menstruación es desde hace tiempo un tabú, y las mujeres con la regla son consideradas impuras.

TemploDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionA las mujeres que tienen el período, no se les permite entrar a los templos.

Estas suelen ser excluidas con frecuencia de eventos sociales y religiosos, se les niega la entrada a templos y santuarios, y no se las deja entrar en las cocinas.

Cada vez más, mujeres educadas de las ciudades están empezando a desafiar estas ideas. En años recientes, se ha intentado que la menstruación sea entendida como lo que es: una función natural del cuerpo femenino.

Pero esta misión ha sido demasiado exitosa.

En 2018, en un acontecimiento considerado histórico, el tribunal superior ordenó que se abrieran las puertas del santuario de Sabarimala a mujeres de todas las edades, argumentando que mantener a las mujeres fuera del templo en el estado sureño de Kerala era discriminatorio.

Pero, un año más tarde, los jueces acordaron revisar esta orden después de que se produjeran protestas masivas en el estado.

Para sorpresa de muchos, entre los manifestantes había un gran número de mujeres, una indicación de cuán profundamente arraigado está el estigma de la menstruación.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51544974

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La tortura y asesinato de una niña de siete años disparan la ira en México por la violencia de género

América/México/Autor: Elena Reina/Fuente: elpais.com

 

El brutal asesinato de una niña de siete años en un barrio del sur de la capital mexicana obliga al Gobierno de México a tomar medidas urgentes sobre la violencia que vive el país. Después de seis días desaparecida, este fin de semana, el cadáver de Fátima Cecilia Aldriguett Antón fue hallado en bolsas de basura y con señales de haber sido torturada. Este caso se ha convertido en el último símbolo de indignación de un país que cada día rompe los récords de la tragedia. En México mueren asesinadas 10 mujeres al día y, en total, hay más de 90 homicidios en 24 horas. El presidente López Obrador ha achacado este lunes lo sucedido a la moral individualista y al pensamiento conservador. Una respuesta que ha irritado todavía más a un país que vive una situación extrema.

La última vez que se vio a la niña con vida salía del colegio. El 11 de febrero, su familia puso una denuncia por desaparición. Y menos de una semana después, el país observa lo que ya había leído o visto en las noticias antes: el cadáver de la menor, torturado, desnudo y tirado en la calle. El caso de Fátima no es el único en estos años en los que los feminicidios se han multiplicado: en 2018 murieron asesinadas 3.752 mujeres, según los últimos datos oficiales, y 1.463 menores de edad, según las cifras de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM). «A Fátima no la mató el neoliberalismo», responden muchos usuarios de Twitter a López Obrador.

Según la investigación de la Fiscalía, una mujer que todavía no han identificado recogió a la niña de la escuela el 11 de febrero antes de que llegara alguien de su familia. Su madre fue a recogerla más tarde, pero ya no la encontró. En un vídeo de las cámaras de seguridad de la calle que han mostrado las autoridades se observa a la señora de la mano de la pequeña por el municipio de Xochimilco, en el sur de la capital. La jefa de la Fiscalía local, Ernestina Godoy, ha informado este lunes de que esta mujer es la principal sospechosa del crimen de Fátima, aunque todavía no han dado con su paradero. La institución ha anunciado este lunes una recompensa de dos millones de pesos (unos 107.750 dólares, más de 99.400 euros) a quien proporcione información sobre el caso.

En la puerta del Instituto Forense de la capital, poco después del reconocimiento del cadáver, la madre de Fátima, María Magdalena Antón, exigió delante de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, que se hiciera justicia y acusó a un hombre, Alan Herrera, de haber cometido el crimen. «No conozco a esa señora, pero fue mandada por Alan Herrera», denunció ante las cámaras que la esperaban a la salida de la morgue. Antón alegó que este hombre, de quien las autoridades no han proporcionado más información, ya había agredido a otros familiares. «Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de cada uno de ustedes», advirtió la madre.

La semana pasada, otro feminicidio indignaba al país. El de Ingrid Escamilla, de 25 años. Su pareja confesó, en un vídeo brutal filtrado por las autoridades, la saña con la que había acabado con su vida. Las fotos del cuerpo de la joven aparecieron en las páginas de los medios de comunicación locales. Y cientos de mujeres se manifestaban por la dignidad de una víctima más de la violencia machista en una protesta histórica.

Los casos de mujeres asesinadas se agolpan a las puertas de los despachos del Gobierno sin que se hayan anunciado medidas urgentes. Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre después de haber denunciado que su entonces marido, Juan Carlos García, exdirector de Amazon en México, había intentado matarla. El día que había acudido a la capital a seguir con los trámites de la demanda, mientras viajaba en un coche con sus hijos, un hombre le disparó en la cabeza y en el cuello. Sagaón era una de las pocas mujeres que se atrevían a denunciar en este país, solo una de cada nueve. Tres meses después de su asesinato, todavía no hay un detenido.

Las manifestaciones contra la violencia machista también se han multiplicado. Y las respuestas del presidente de México, de momento, han tratado de relacionar la crisis de violencia que asola al país con una campaña para desprestigiar su Gobierno. Este lunes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador enfrentaba el movimiento feminista, según lo que había leído en redes sociales, con su desempeño: «Existe un pensamiento conservador. Feminismo sí, transformación no. O es mejor el feminismo que la transformación. No, es parte de lo mismo. Es ver el árbol y no ver el bosque. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de nuestro país, se está llevando a cabo un momento estelar. ¿Cuándo se había enfrentado así la corrupción?».

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentaba este lunes a través de su cuenta de Twitter que es «indignante, aberrante, doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña; este crimen no va a quedar impune». Pero en México, al menos ocho de cada 10 delitos no reciben una sentencia condenatoria.

Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2020/02/17/actualidad/1581961625_590259.html

 

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Una ley de rectores y empresarios

Por: Hugo Aboites*

…Y contra el acceso y permanencia de los estudiantes. En la más reciente versión de la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES, enero 2020, por fin se elimina la frase que en el artículo 6 degradaba el derecho a la educación. Decía: el Estado garantizará el derecho de toda persona a tener la posibilidad de recibir educación. Y con esto se ponía en peligro el derecho pleno a la educación, como lo advirtió la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando hizo un llamado para que (en la propuesta de LGES) se retome el espíritu y la letra del artículo tercero constitucional que garantiza el derecho humano a la educación. ( La Jornada, 6/2/20). En efecto, la Carta Magna señala sin ambigüedades ni posibilidades que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Con esta declaración, la nueva conducción de la CNDH rompió claramente con la anterior, la que durante un cuarto de siglo guardó silencio y resistió a las quejas contra los exámenes de selección que durante años le pedía que dijera algo. Guardó silencio y cuando habló fue para defender la interpretación neoliberal del derecho a la educación. Esta consiste en ofrecer a todos –pero previo pago de una cuota para el Ceneval– la oportunidad de presentarse a un examen de selección, donde tendrá la posibilidad de mostrar que es una/uno de los mejores. Incluso dio respuestas tan desafortunadas como cuando dijo a los quejosos que el ingreso (a una escuela) está sujeto a la capacidad intelectiva y a los méritos personales de los aspirantes (CNDH 1997, citada en Aboites, Hugo: La medida de una nación: 564). Cuando claramente la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Sin embargo, como se decía, la propuesta de posibilidad se desechó y ahora dice que el Estado garantizará el derecho de toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente que acredite la terminación de estudios del tipo medio superior, el acceso a un programa de educación superior (artículo 6 LGES, enero 2020).

Pero no hay final feliz. Porque después de decir que el Estado garantizará el acceso a un programa de educación superior se añade: en los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura u otras opciones terminales previas a ésta. (artículo 6 enero 2020). ¿De verdad no hay aquí la intención –como en el examen único– de canalizar a las y los jóvenes que buscan licenciatura a carreras técnicas cortas, hoy en crisis por falta de aspirantes y desde las cuales ya no se podrá ingresar a estudios de licenciatura?

La nueva CNDH cuestiona, además, que en la propuesta original (2019) se incluyan elementos (que luego se mantienen en la versión 2020) que no están contemplados en el artículo tercero constitucional (fracción X) y que potencialmente son muy problemáticos. “Adicionalmente, –dice la propuesta– las instituciones de educación superior establecerán los requisitos de permanencia, tránsito y titulación, así como las medidas pertinentes para fomentar la inclusión, continuidad, egreso oportuno y excelencia educativa.” Este es el regreso pleno, llevado a ley general, del paquete neoliberal de educación superior. Las autoridades institucionales no sólo tendrán el respaldo legal para determinar requisitos, sino que, además, se les otorga el respaldo legal para reducir a los estudiantes el tiempo límite de titulación (que en la UNAM 1999 significaba el peligro de dejar sin título a 70 por ciento de los alumnos de los CCH y las prepas), asegurar que no dejen de estudiar ni un semestre (continuidad) y avanzar así a la excelencia y a su egreso oportuno. Es decir, la concepción de transformación neoliberal que hizo crisis en 1999 con una larguísima y tenaz huelga y el encarcelamiento de mil estudiantes. Con esta ley, ya no serán rectores en solitario que hagan los cambios, tendrán el respaldo del Congreso.

También los empresarios: en el artículo 47, I, VII ellos se convierten en legales participantes de instancias y procesos claves para el rumbo de toda la educación superior, e igual en los artículos y fracciones 42; 16, X; 13, XV; 45, V; 46, V, y 54. Como parte del Consejo Nacional de Participación y Vinculación, les corresponde, además, proponer estrategias y criterios para la educación superior (46,V), pero también como parte de las instancias colegiadas de participación y consulta (54) emitir propuestas y recomendaciones a la SEP acerca del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (como el que se creó con el INEE en el nivel básico con Peña Nieto) que tendrá mecanismos, instrumentos e instancias (¿el Ceneval?). En resumen, con esta Ley SEP-rectores-empresarios será difícil que los movimientos estudiantiles no achaquen a la 4T esta regresión neoliberal que los hiere. Y que la rechacen con una tenacidad e intensidad sólo comparable con la que hoy muestra el movimiento de las mujeres.

*UAM Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/02/15/opinion/016a2pol

Imagen: Free-Photos en Pixabay

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El debate del aborto vuelve a agitar a Colombia

América del sur/Colombia/13 Febrero 2020/elpais.com

La Corte Constitucional estudia una demanda que busca penalizar el aborto incluso en las tres causales permitidas en el país desde 2006

Después de catorce años de ser legal en tres circunstancias, el aborto vuelve a ser un asunto de álgido debate político en la sociedad colombiana. Desde 2006, las mujeres en el país andino pueden acceder al procedimiento de forma segura cuando existe malformación fetal; el embarazo es resultado de violencia sexual o cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para su salud física o mental o para su vida. Sin embargo, una nueva demanda de una ciudadana pide que se revise esa sentencia para volver a la penalización absoluta.

La Sala Plena del la Corte Constitucional deberá emitir un fallo en los próximos días, pero el ambiente se ha caldeado y ahora, congresistas cristianos y afines al uribismo mueven sus fichas para que este asunto no quedé en manos del alto tribunal y en su lugar sea debatido en el Congreso. En paralelo, un caso ha ocupado el debate en la opinión pública. Junto a legisladores del Centro Democrático, el partido de Gobierno, un hombre denunció a su ex pareja por interrumpir su embarazo a los siete meses de gestación. La acusa de homicidio y quiere llevarla a la cárcel. “Aquí hubo un feticidio y duele en el alma, no puede ser que ahora la Corte Constitucional no tome en consideración a los padres”, dijo la senadora Maria del Rosario Guerra, cercana al expresidente Álvaro Uribe, líder indiscutible del Centro Democrático y mentor político del presidente Iván Duque.

Sin embargo, Profamilia, la entidad privada que presta el servicio, certificó que la mujer de 22 años cumplía con una de las causales que permite la ley y por eso realizaron el aborto. “La Corte Constitucional determinó que no hay límites en la edad gestacional para la realización del procedimiento, por lo que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) tienen la obligación de atender en todas las etapas del embarazo”, explicó su directora ejecutiva, Marta Royo. Desde que la entidad envió sus recomendaciones al tribunal para que despenalice totalmente el aborto se desató una campaña en su contra en redes sociales. Y a las afueras de la entidad –que lleva 60 años en Colombia prestando asesoría en salud sexual y reproductiva–, un grupo de la ONG estadounidense Cuarenta días contra el aborto exhibe pancartas contra los magistrados y los médicos de Profamilia.

En este país de tradición católica las condiciones del aborto, al igual que ha ocurrido con otros temas que representan choques de valores, como la eutanasia o el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, ha sido motivo de acaloradas controversias. Los avances para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo, sin embargo, se han producido a golpe de sentencias de los tribunales frente a la inacción del Congreso, y esas condiciones cuentan con sólidos defensores que las enmarcan como un asunto de salud pública.

La alcaldesa de Bogotá pide despenalizar

No solo Profamilia ha recomendado la despenalización del aborto; también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido progresista Alianza Verde, envió un concepto a través de su secretaría de la mujer. En el documento la mandataria local enumera una serie de barreras a las que se enfrentan las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria, pide al tribunal que proteja los derechos alcanzados por las colombianas en las últimas décadas y que despenalice totalmente el aborto. “La estigmatización es uno de los principales obstáculos sociales y culturales que deben enfrentar las mujeres. Por un lado, hay una fuerte discriminación hacia esta práctica y por el otro, sigue prevaleciendo el estereotipo de la maternidad como principal fin de la mujer”, indicó.

A pesar de las tres causales permitidas, en Colombia aún se criminaliza a las mujeres que acceden al procedimiento y existe el delito de aborto que da penas de uno a tres años de cárcel. No solo se enfrentan a investigaciones o viven bajo la amenaza de ser detenidas. De acuerdo con la fiscalía, entre 2005 y 2017 hubo 2.290 mujeres criminalizadas por aborto y de ellas 502 eran menores de edad. “La base de este delito es el menor valor que la sociedad le otorga a la vida de las mujeres que no quieren una maternidad forzada. Es decir, bajo esa lógica las mujeres que no se dejan forzar a la maternidad valen menos y por eso son criminales”, asegura Ana Cristina González, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las mujeres y de Causa Justa, que promueve la despenalización total del aborto. “Hay que aclarar que la despenalización del aborto no conlleva a ninguna mujer a abortar”, agrega.

No existen cifras actualizadas sobre cuántos abortos se realizan en el país. El último dato proviene del Instituto Guttmacher, una organización internacional que aboga por el derecho al aborto, según la cual en 2008 se realizaron 400.000 abortos en Colombia y solo 322 se hicieron dentro del sistema legal. Es decir, la mayoría se da en clínicas clandestinas donde las condiciones pueden llevar a las mujeres a la muerte. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, entre 2005 y 2017 murieron 828 mujeres por “causa básica de embarazo terminado en aborto”. Solo en 2019 fueron 70 las que perdieron la vida por acceder a abortos en lugares ilegales.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/02/12/actualidad/1581544888_385168.html

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