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El negocio de las planeaciones didácticas: un mal en el Sistema Educativo

Abelardo Carro Nava 1 comentario

Por: Abelardo Carro Nava

 

Después de haber cursado cuatro años en una institución formadora de docentes, ¿vale la pena comprar una planeación didáctica?

En los distintos planes de estudio, por ejemplo, de las escuelas normales, se han considerado algunas asignaturas o materias relacionadas con la planeación de la enseñanza; un ejercicio que todo estudiante debe conocer, analizar, comprender y dominar porque, como tal, favorece la organización del trabajo docente en las instituciones en las que se inserta a realizar sus prácticas profesionales. De hecho, en mayor o menor medida, dependiendo de la licenciatura que esté cursando, el alumno desde el primer semestre acude a las distintas instituciones educativas en las que es asignado por un maestro o maestra que coordina la observación y práctica docente, a observar y registrar aquello que se vincule con los contextos escolares y, particularmente, con la actividad que realizan los profesores en los salones de clase. Luego entonces, después de haber recabado cierta información, regresa a la normal con el propósito de reflexionar, a través de un ejercicio de descomposición del todo en sus partes, sobre la función docente.

Este breve acercamiento a las comunidades y contextos escolares, así como a las escuelas, por ejemplo, de nivel básico, le permiten tener un breve diagnóstico de la realidad que viven los alumnos con los que más tarde pondrá en marcha los conocimientos que va adquiriendo en la escuela normal, pero también, los que por cuenta propia ha adquirido en su recorrido por la educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato pues, aunque no se piense como cierto, dicho estudiante ha tenido contacto con la docencia más allá de lo que uno pudiera pensar, en virtud de que prácticamente en toda su trayectoria académica y escolar ha tenido a un docente impartiéndole alguna clase.

Como parece lógico, después de este momento es que comienza a surgir otro de singular importancia, el del conocimiento de las disciplinas y la manera en las que podrían ser abordadas a partir de los contenidos que se han plasmado en los planes de estudios de la educación básica pues, indistintamente, el estudiante normalista debe conocer, analizar y comprender que su ejercicio implica momentos de enseñanza que traen consigo la puesta en marcha de un cúmulo de habilidades que van de lo cognitivo hasta lo social y profesional. Es obvio, la didáctica aparece en este momento como el eje que articula el conocimiento disciplinar con la realidad/experiencia/conocimiento que viven los alumnos de, por ejemplo, un jardín de niños o una escuela primaria, pero también, con los del alumno practicante.

Y bueno, en esa articulación, entra de lleno el tema de la planeación didáctica; un ejercicio que, como he dicho, permite organizar el trabajo docente a partir de especificar contenidos, propósitos, estrategias, actividades, recursos y/o materiales didácticos, evaluación, etcétera. Entonces, vista como un instrumento o herramienta, la planeación de la enseñanza está lejos de ser lo que en un formato se concentra, porque la idea es que el normalista entienda o comprenda, que planear implica un proceso mediante el cual se articulan diversos haceres y saberes de quien planea y, por tanto, este ejercicio suele ser individual porque, como se sabe, un docente planea en razón de lo que en la escuela encuentra, específicamente, en su aula, con sus alumnos.

Dicho de otra forma, no se planea por planear; se realiza esta acción partiendo, generalmente, del diagnóstico cotidiano que arroja el trabajo diario del docente en un grupo escolar y, por tanto, dicha planeación solo es una guía u orientación que marca un posible camino o escenario de trabajo de enseñanza y de aprendizaje que suele modificarse/replantearse en la medida en que los alumnos y el docente mismo van logrando los objetivos de aprendizaje propuestos.

De esta forma, se entiende, y el normalista entiende, que la planeación es, por naturaleza flexible, nunca rígida, y sí favorecedora del trabajo que espera realizarse en un grupo escolar.

Luego entonces, ¿qué pasa cuando los egresados de las instituciones formadoras de docentes culminan sus estudios, egresan y obtienen un lugar en el sector privado o público en alguna escuela del nivel educativo al que corresponda la licenciatura que cursó? La lógica diría que, con la enseñanza y aprendizajes adquiridos en, por ejemplo, las escuelas normales, el tema del diagnóstico, pero, sobre todo, el de la planeación didáctica, no representaría ningún inconveniente en virtud de haber cursado cuatro años en una normal y haber llevado, desde el inicio de su formación, cursos relacionados con el tema que comento, el de la planeación didáctica; sin embargo, no siempre sucede de esta forma, porque aunque hay maestras y maestros que realizan sin mayor problema sus planeaciones didácticas cada semana, quincena o mes, hay otros tantos más que las adquieren con quienes ofrecen este recurso tan valioso y único en el ejercicio docente, pero, lo más preocupante, es que después de adquirirlas, algunos otros las aplican o ejecutan sin haber realizado un análisis minucioso de su estructura y, mucho menos, de la estructura que compone una secuencia didáctica. Y bueno, de la intención didáctica que podría contener una planeación mejor ni hablamos, porque dicha intención correspondería única y exclusivamente a quien planea porque, como he dicho, conoce a su grupo.

Desde luego, pienso que al existir demanda la oferta es un hecho inminente, sin embargo, bien valdría la pena preguntarse qué tanto abona a un ejercicio profesional, como lo es el de la docencia, la adquisición y aplicación de planeaciones que no han sido elaboradas conforme a las condiciones, necesidades, intereses, motivaciones, etcétera de un grupo escolar y de un contexto en particular. Pienso, que en estos días donde la proliferación de páginas o espacios virtuales donde se vende de todo para el magisterio, este ejercicio, el de la planeación, debería ser tratado con más cuidado porque, claramente, hay una diferencia entre encontrar una serie de orientaciones, videos, artículos, entre otras cuestiones que podrían apoyar al proceso de elaboración de una planeación, a encontrar negocios, muchas veces propiedad de los mismos docentes, donde se venden las planeaciones para ser aplicadas, por ejemplo, de acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana.

Después de haber cursado cuatro años en una institución formadora de docentes, ¿vale la pena comprar una planeación didáctica? Es cierto, la excesiva carga administrativa de los últimos años ha representado un verdadero lastre que dificulta el trabajo docente en las escuelas de los distintos niveles educativos, pero dicha carga no puede ni podría o tendría que ser un pretexto para no tomarse el tiempo de, al menos, revisar los contenidos, estrategias, actividades, recursos, etcétera que se podrían emplear en las distintas sesiones de la semana, quincena, mes.

¿La Secretaría de Educación Pública podría hacer algo al respecto o de plano va a seguir fingiendo demencia cuando se sabe que su estructura sigue solicitando formatos para esto, para lo otro y para ello, por ejemplo, de las planeaciones didácticas?, ¿los docentes podrían reflexionar sobre este y otros tantos temas, por ejemplo, en los Consejos Técnicos Escolares o de plano se seguirá normalizando la adquisición de planeaciones didácticas para ser entregadas y aplicadas sin un análisis que permita ponderar su viabilidad, ajustes o adecuaciones propias de su función y del entorno?

Y bueno, los profesores que venden planeaciones, ¿seguirán viendo a la educación como un gran negocio?

Al tiempo.

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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España: «La educación es un negocio y un sistema de segregación social muy refinado»

Noticias

Por: Luis Fernando Crespo Zorita

Nos hemos acostumbrado, y a nadie le sorprende, que los informes PISA en España, año tras año, desde 2000, demuestren que el nivel de rentas de los padres determina absolutamente el nivel educativo que alcanzan sus hijos. Formarse, como tarea personal, para quienes parten de las posiciones más desfavorables en la desigualdad económica imperante resulta cada vez más difícil.

Se ha hecho de la educación un negocio donde medran los intereses más espurios: si para unos es una inversión particular o familiar en defensa de sus propios intereses, para los otros es unainversión colectiva, pero muy limitada, justo la necesaria para mantener la competitividad del sistema productivo; para ambos un modo de clasificación y de segregación social muy refinado, a veces perverso, porque todos exigen obtener beneficios, es decir, resultados académicos excelentes, imprescindibles para acceder al mercado laboral, que es el bien supremo.

El sistema educativo legitima la desigualdad económica, que apabulla a la gran mayoría en nombre de la excelencia de los más capaces. Que estos últimos pertenezcan a determinada clase social no es significativo, en tanto en cuanto su labor de dirección social es imprescindible para el grupo: cuanto mejor sea su formación, mejor para todos.

No se pone en cuestión el sistema de clasificación ni la economía que lo soporta. Cualquier análisis de la educación o la formación remite al sistema de reparto de la riqueza producida colectivamente, pero esta perspectiva tan “sesgada ideológicamente”, por materialista, resulta fuera de lugar para muchos, cuando los problemas cotidianos e inmediatos alrededor de la escuela son tantos y requieren una solución tan urgente, entiéndase legislativa. En esa estamos, ley tras ley, según cambian las mayorías parlamentarias.

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/educacion-negocio-sistema-segregacion-social-carta-lector-luis-f-crespo-80167478

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Tecnología digital y educación, ¿necesidad social o negocio para los de siempre?

Javier Tolcachier

Por Javier Tolcachier

Antes de intentar dar respuesta a la pregunta formulada sobre cuál podría ser una posible agenda de digitalización para garantizar el Derecho Humano a la educación y entrar en la materia específica de la relación entre tecnologías digitales y educación es preciso trazar las coordenadas de la estructura que subsume a dicha relación.

El nombre de esta estructura es por todas y todo conocido, aunque muchas veces la visión del bosque se pierde por tanto detallar sus árboles, plantas o fauna. Se llama capitalismo. O para ajustarlo a esta época, su derivado, el capitalismo financiarizado.

La única lógica del capital, su entelequia aristotélica (trabajo activo hacia la consecución de un fin, intrínseco a la misma cosa), son el rédito y la acumulación.

De allí que la plena consecución del Derecho Humano a la educación, como cualquier otro derecho universal y por tanto, no pasible de enajenación o apropiación, es en su esencia incompatible con el sistema capitalista.

En palabras del pensador Silo: “Los derechos humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable porque no dependen del poder universal del ser humano, sino del poder de una parte sobre el todo.”[1]

Por tanto, el reclamo por los Derechos Humanos en general y por el Derecho Humano a la educación en particular, adquiere sentido, si su reivindicación incluye la superación del sistema mismo, es decir, del tipo de organización social y de valores que impide su plena efectivización.

Por otra parte, la educación cumple un papel importante si ayuda a develar y esclarecer la necesidad de pasar a una fase más digna de la historia humana.

El proceso de acumulación capitalista

El proceso especulativo del capital llevó a la acumulación de sumas enormes, que por su propia lógica necesitaban ser invertidas. Solo para dar un ejemplo, según datos de la consultora Mc Kinsey “la economía productiva, representada por el PIB mundial, se multiplicó por 5,6 entre 1980 y 2007, mientras que los activos de los mercados financieros lo hacían por 16,2, al pasar de 12 billones de dólares en 1980 a 194 billones en 2007 a lo que habría que agregar las operaciones con derivados que superaron en 2007 los 700 billones de dólares.”[2]

Desde entonces, muy poco ha cambiado, continuando con la misma tónica de concentración, especulación y, como contracara, el aumento de la miseria, la desigualdad, el endeudamiento y la asfixia de vastos sectores sociales.

Este ciclo de acumulación lleva casi como un automatismo a “burbujas especulativas”, como la que explotó en la crisis de los 90’ en Japón, en el 2001 con laspunto.com y la más reciente, la de las hipotecas subprime en 2007-2008. La banca central responde a los efectos recesivos de estas explosiones con el aumento de liquidez, lo que lleva a nuevas burbujas, además de la apropiación por parte de cada vez menos actores empresariales.

El fenómeno de la hiperliquidez, asociado al descenso de la rentabilidad de activos productivos y la concentración de capital es uno de los principales factores que han llevado al capital al intento de reconvertir el sistema a través de la digitalización, acompañada de un profuso maquillaje de falso interés ecologista.

Este proceso ha empequeñecido la promesa original de internet de distribuir el conocimiento y aumentar la democracia, constriñendo el ámbito digital a una lógica mercantilista, autoritaria y precarizadora en manos de pocas empresas. Estas corporaciones, cuyo buque insignia son conocidas por el acrónimo GAMAM (google, amazon, meta, apple, microsoft), son controladas a su vez por cinco principales fondos de inversión (Vanguard group, Blackrock, State Street corp, Price (T.Rowe) Associates y FMR).

Cooptación económica e ideológica privada del ámbito público

Tal como sucedió en la década de los 80’, en los inicios de la pretendida imposición universal neoliberal llamada “globalización”, el capital vuelve a por su presa, los espacios públicos que no logró capturar.

Es preciso tener en cuenta que un añadido que suma al fenómeno de la hiperliquidez concentrada, es la práctica extendida de la evasión y la elusión fiscal. Por medio de ésta se asesta al bienestar general una doble herida: por un lado, escamoteando recursos imprescindibles para alcanzar una mayor inversión en la igualdad de condiciones y por otro, arremetiendo luego con estos mismos recursos hasta entonces ocultos o reinvertidos de modo opaco para asaltar espacios públicos con objetivos comerciales  o quitar a los Estados activos invaluables, bajo el mentiroso rótulo de “asociación público-privada”.

Tal es así que instituciones y espacios reconocidos por la defensa acérrima del capitalismo como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Foro Económico Mundial, vienen desarrollando una fuerte ofensiva para vender esta ideología y colocar en la órbita del convencimiento subjetivo, la supuesta necesidad de contar con estos actores corporativos, llamado en la misma jerga publicitaria “partes interesadas”, para resolver los problemas sociales en los que ellos han sido principales “partes involucradas”.

El concepto de “partes interesadas” sería plausible si se le agregara “interesadas en su propio rédito”, quitando al concepto todo valor moral positivo que legitimara a las empresas transnacionales para participar o incidir en decisiones que solo competen a los pueblos, en su carácter de único depositario de la soberanía.

La mirada mercantilista y competitiva del reciente informe  “Tecnología educativa en América Latina y el Caribe”, del BID en conjunto con Holon IQ, (empresa de inteligencia de mercado especializada en el desarrollo de plataformas conceptuales de digitalización para la educación), es fiel muestra de lo que venimos comentando.

En sus párrafos introductorios el texto subraya la apetitosa oferta, indicando que en Latinoamérica y el Caribe viven algo menos de 500 millones de personas que “exigen innovación en lectura, escritura, aritmética y la adquisición de habilidades y conocimientos”, a la par que señala, algo más adelante, que el BID ha creado un laboratorio (BID Lab) cuya función es “invertir o co-crear soluciones basadas en el mercado que aprovechen la tecnología y el espíritu empresarial para lograr un impacto social a escala.”

Para completar la frase anterior de su presentación, como preocupante amenaza de co-optación empresarial del sector público, se agrega: “Dentro del BID, tanto el BID Lab como la división de educación están trabajando en colaboración para desarrollar el ecosistema EdTech en la región en áreas que afrontan los principales desafíos del sector público.”

Dada la dirección actual del BID, no podía resultar otra cosa. El banco, desde Octubre 2020 es presidido por Mauricio Claver-Carone, por la presión del entonces presidente estadounidense Trump y en contra de la tradición de reservar este puesto para algún nacional de los países prestatarios. Antes de ocupar esa función, Claver-Carone fue representante de Estados Unidos en el FMI, director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, siendo una de las piezas claves en la estrategia de agresión de ese país contra Cuba y Venezuela. Con esos antecedentes a cuestas, no sorprende el lanzamiento en Febrero de 2021, de una “Mesa Redonda de Socios del Sector Privado sobre el Futuro de América Latina y el Caribe”, encuentro en el que participaron 40 ejecutivos de emporios globales tecnológicos, comerciales y financieros con el objeto de forjar una alianza con el BID.[3] ¿Qué puede esperarse de esta alianza sino negocios y más negocios?

A su vez el Banco Mundial, como señala un informe de Luis Bonilla Molina, del Centro Internacional de Investigación “Otras Voces en Educación”, apunta en sus políticas a encuadrar la educación como un servicio, poner énfasis en un perfil de egreso con dominio de las competencias STEM, priorizar para los sectores populares carreras técnicas cortas y apoyarse en una estandarización y cultura evaluativa. Es decir, la focalización en la funcionalidad sistémica y una radical negación de cualquier atisbo de humanización educativa.

Por su parte, las prioridades emanadas del Foro Económico Mundial, colocan a la innovación, el espíritu emprendedor, la digitalización, la adhesión irrestricta al modelo capitalista, ahora propuesto como “capitalismo de múltiples partes interesadas”, recubierto por una pátina de atrayente mercadeo sobre la necesidad de desarrollo sostenible y respeto a los derechos humanos.

Preocupante además es el alto nivel de cooptación de la esfera de relaciones internacionales y de Naciones Unidas, a través de programas y proyectos conjuntos con el sector privado, en el que las corporaciones adquieren voz preponderante.

En el libro “La gran captura: Mapeo del multitakeholderismo en la gobernanza global”, los investigadores Mary Ann Manahan and Madhuresh Kumar detallan 103 iniciativas de este tipo en el campo de la educación, la salud, el medio ambiente, la alimentación/agricultura y los datos e internet. Doce de estas iniciativas relacionadas con el ámbito de la educación, en las que se promueve a la digitalización y a las grandes empresas y las fundaciones filantrópicas como las principales fuentes de inversión y superación educativa.

Desde este brevísimo esbozo, se desprende la orientación que se pretende dar al tan mentado “eco-sistema” para digitalizar la educación en la región y el mundo, lo que también podría ser llamado, en atención al vocabulario ambientalista tan en boga en los altos niveles empresariales “jungla del negocio digital con la educación”.

¡Que vivan los estudiantes!, ¿o los consumidores?

En América Latina y el Caribe viven 180 millones de estudiantes, considerando todos los niveles de educación formal. Un apetecible mercado para inversores sedientos de nuevos nichos de negocios, además cautivo por la obligatoriedad de cursar los niveles básicos.

Sin embargo, la cuestión exhibe algunas dificultades. El primer problema es que 266 millones de personas no tienen acceso a internet y muchos más carecen de conexiones o equipamiento de calidad que permita un contacto fluido y permanente como el que requiere el negocio tecno-educativo.

Por lo que, como señala el informe del BID ya citado: “El principal apoyo que busca EdTech es que el gobierno lance y respalde iniciativas, y que asimismo proporcione incentivos para el uso de EdTech en escuelas, universidades y lugares de trabajo.”  En otras palabras, que el gobierno, en un “revival” sutil de la ola privatista de los 80’ sirva de puente para los negocios de las tecnológicas, bajo la excelente excusa de promover la conectividad universal y, supuestamente, actualizar la oferta educativa bajo los parámetros de la digitalización.

Otro problema es obviamente que 70 millones de personas (12.5% de la población de la región) viven con menos de dos dólares al día, lo que hace que difícilmente estos puedan constituir clientes de “alta gama”.

En este contexto, dada la tan publicitada mecánica naturalista de la demanda, la oferta y el lucro como base de la teoría económica capitalista, es obvio que las tecnológicas apuntan a hacer sus negocios con los segmentos socio-económicos medios y altos y en espacios urbanos, dejando la inversión social a cargo del Estado.

La conectividad, condición necesaria pero no suficiente

En América Latina, el 57% de las escuelas de primaria, y alrededor del 40% de las escuelas secundarias no contaban con acceso a Internet con fines pedagógicos antes del COVID-19 (Banco Mundial, 2021).

No solo la falta de conectividad y la calidad de la misma, los costos de las tarifas como también de los dispositivos electrónicos son un privilegio al que pueden acceder pocos/as estudiantes de poblaciones vulnerables de América Latina. Además de ello, un alto número de educadores tiene también dificultades para sobrellevar la carga adicional que esto representa para su tarea pedagógica.

Más allá de la obvia necesidad de cerrar la brecha digital para comenzar a paliar estas desigualdades en el ámbito del acceso a conocimientos a través de internet, es preciso señalar que no basta con ello, ya que la conectividad universal es una condición necesaria pero no suficiente para avanzar en la formación equitativa y con contenidos de calidad. Deben para esto exigirse políticas públicas que vayan más allá del acceso universal, limitando el accionar de las corporaciones, para que garantizar la conexión a internet no signifique simplemente tender una alfombra dorada a sus negocios.

Otra digitalización, otra educación es posible

¿Cuáles son las alternativas entonces para una digitalización que ayude al desarrollo humano?

Me permitiré citar en este apartado algunas de las conclusiones y propuestas a las que llegó el Grupo de Trabajo sobre Educación en el marco de las Jornadas “Utopías o distopías. Los pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital”, proceso organizado por el espacio latinoamericano-caribeño Internet Ciudadana.

Cito: “El papel de las nuevas tecnologías en el panorama educativo actual suele ser mayormente instrumental. Por la fuerte presencia de ciertas empresas y productos corporativos, la enseñanza suele producir alumnos y alumnas pasivos, consumidores, clientes de ciertas empresas.”

Es necesario cambiar dicho enfoque desde la dimensión social de la educación, que implica una visión inclusiva, equitativa, soberana y conectada al ser humano. Se requiere entonces que las comunidades recuperen el control sobre qué tecnologías emplea, cómo, para qué y en qué condiciones lo hace.

Formar personas autónomas y con espíritu crítico sobre las tecnologías; actoras y no espectadoras; personas que aprendan a producir y mantener tecnología, y no solo a consumirla.

En línea con esto, hacer de la alfabetización digital crítica un elemento transversal a la educación, integrando la formación en tecnología con las demás materias, conectada con las necesidades, motivaciones y actividades humanas.

Impulsar además procesos formativos docentes que consoliden el uso pedagógico de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). Más allá de su carácter instrumental, se trata de promover con ellas la producción de conocimiento, el trabajo colaborativo, el trabajo entre pares y el desarrollo de nuevas modalidades de evaluación de carácter formativo.

Es fundamental, al mismo tiempo y más allá del campo educativo, comprender la transversalidad de principios que ayuden a construir nuevas realidades en lo digital y en sus implicancias mucho más allá de éste.

Entre estos postulados básicos, debe estar defender a Internet como construcción humana histórica colectiva,  como un Derecho Humano, como un bien común y de acceso universal, aunque respetando la opción de que aquellos que decidan no conectarse voluntariamente, también puedan hacerlo sin sufrir discriminación ni perjuicio alguno.

Alcanzar la soberanía digital, defendiendo los derechos individuales y colectivos desde la esfera pública y fomentar la equidad desde programas del Estado y las iniciativas de administración comunitaria, que hoy felizmente van proliferando en muchos lugares, mientras se privilegia la generación de tecnología y el desarrollo a través de la economía  cooperativa.

Para evitar indebidas posiciones monopólicas, es fundamental regular la actuación del sector privado, evitando su intrusión en la esfera pública y en el sector educativo en particular. Del mismo modo, es muy importante elaborar una legislación sobre datos, colocándolos en calidad de bien individual o común, según sea el caso e impidiendo su utilización para fines mercantiles.

Asimismo, favorecer la autonomía de todas y todos a través de herramientas libres, plataformas descentralizadas y federadas, con un máximo de protección de la integridad y la privacidad.

Finalmente, no es solo la mediación y el artilugio tecnológico lo que está en debate, sino los fundamentos mismos de la educación. El dilema no es digitalización sí o digitalización no, sino si los criterios más elementales de la construcción educativa tendrán como finalidad la adaptación y la funcionalidad en el sistema o si estarán al servicio de la crítica transformadora.

La disyuntiva central es si habrá de continuarse con una educación para el mercado, apenas una modalidad de esclavitud ilustrada, o se abrirá la posibilidad de educar para un desarrollo humano ilimitado, hacia la libertad, hacia el verdadero mundo del futuro, con todas y todos y para todas y todos.

(*) El texto es el contenido de la ponencia presentada en el webinario “Educación en contextos de emergencias en América Latina y el Caribe – género, endeudamiento y digitalización”, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).

(*) Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la agencia internacional de noticias Pressenza.

[1] Silo. Cartas a mis amigos. Obras Completas. Volumen I

[2] Zabalo, Patxi. Financiarización. OMAL. Recuperado de https://omal.info/spip.php?article4821

[3] A esa reunión asistieron, según información del BID, representantes de AB InBev, AES, Amazon, AT&T, Banco Santander, Bayer, BNP Paribas, Brookfield, Cabify, Cargill, Central America Bottling Corporation, Cintra, Citibank, Coca-Cola FEMSA, Copa Airlines, DOW, Engie, Google, Grupo Sura, IBM, Itaú Latam, JP Morgan, Mastercard, Mercado Libre, MetLife, Microsoft, Millicom, NEC Corp, NTT Data everis, PepsiCo, Pimco, Salesforce, Sacyr, Scotiabank, SoftBank, Softtek, Telefónica, The Coca-Cola Company, Unilever, Visa y Walmart.

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El negocio de la educación (II parte) 35 años de leyes para privatizar las aulas: de la LODE a la LOMCE

Daniel Sánchez Caballero

Por: Daniel Sánchez Caballero

España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como «libertad de elección» y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión.

Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: «Libertad de elección» y, más recientemente, «evaluaciones estandarizadas». España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de «cuasimercado» empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

 

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

«El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo», escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

«Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo», comenta Saura. «Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación».

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la «enfermedad de lo público». Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como «soviético centralizador» y que no promovía la libertad de elección familiar.

Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la «demanda social», un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. «Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados», analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia

La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. «La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias», explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: «Cultura del esfuerzo», jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí… De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, «otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales», cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

«La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado… Calan esas ideas y se pervierte la educación», explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma década, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.

La escuela que segrega

Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.

Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.

Y llegaron los másteres

La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.

Alumnos de máster en las universidades privadas.
Alumnos de máster en las universidades privadas.

El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto. Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades

La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El «tamaño» y el «crecimiento sólido del mercado» se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.

 

En la universidad se pueden mencionar los casos de la Alfonso X El Sabio de Madrid o la Universidad Europea, dos centros privados adquiridos recientemente por unos 770 y 1.100 millones de euros, respectivamente, por sendos fondos de inversión. Las universidades dan dinero: el sector de la educación superior privada facturó 2.255 millones de euros en 2017, según la consultora DBK, con un crecimiento anual del 7%. Un total de 23 centros privados analizados por este diario ofrecieron ese año una rentabilidad media del 9,41%.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela «eficiente» que dé «empleabilidad» a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la «empleabilidad» una garantía de empleo por sí misma?

Fuente e imagen: https://www.eldiario.es/sociedad/leyes-privatizar-aulas-LODE-LOMCE_0_992151628.html

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Mochila segura es ineficaz y normaliza el maltrato a los niños

Laura Poy Solano

Por: Laura Poy Solano 

Esa estrategia da trato de presuntos criminales a los estudiantes, pero las empresas de seguridad presionan para que se implemente por negocio.

El operativo Mochila segura no sólo es una estrategia ineficaz que criminaliza al alumno y lo convierte en un presunto culpable, también encubre factores centrales que afectan a la comunidad escolar como la precariedad emocional, el abandono y el descuido que enfrentan niños y adolescentes. La escuela se está quedando sin tejido social, advirtieron especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco y defensores de derechos humanos.

El pasado 10 enero un alumno de primaria en Torreón, Coahuila, disparó en contra de su maestra y compañeros, para después suicidarse, lo que generó la reactivación del citado operativo en la entidad, y el anuncio del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, de un análisis conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para su posible implementación, pese a que este organismo emitió en agosto pasado una recomendación en contra por considerarlo violatorio de los derechos a la educación, la intimidad y la participación de los menores.

Al respecto, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y experto en derechos de la infancia, advierte que hay un contexto normativo internacional y nacional que “establece claramente que este tipo de medidas policiacas violentan el interés superior de la niñez, pero también se olvida que detrás de estas presiones para reactivar Mochila segura hay muchos cabilderos y empresas de seguridad que sólo ven un buen negocio”.

Marcelino Guerra, profesor-investigador de la UPN, señaló que Mochila segura es un operativo que se redita 20 años después de su primera etapa de implementación en escuelas del país en 2001, pero sin problematizar las causas de la violencia dentro y fuera de la escuela.

“Escuela segura, Sendero seguro y Mochila segura fueron estrategias que llegaron a los centros escolares sin conocer ni comprender a fondo cuáles son los verdaderos problemas que generan la violencia. Sin embargo, son acciones que se imponen de forma generalizada en los planteles”, explicó.

Con estas medidas se normaliza la violencia a partir de la criminalización de los propios estudiantes, porque son quienes meten las armas, los que violentan a los otros, los que matan, son los responsables, los culpables, los criminales, mientras este discurso se normaliza, se desatienden todas las violencias que afectan a niños y adolescentes, no sólo el acoso escolar, sino el abuso, el maltrato de sus padres o su ausencia en casa por cuestiones laborales, y las violencias que los rodean en la calle o el hogar.

Institucionalizar la violencia

Roberto González, experto en violencias escolares y profesor-investigador de la UPN, señaló que a un contexto que ya violenta a los menores se suma una violencia institucionalizada que sólo reproduce más violencia y más vigilancia. Es aislamiento, insolidaridad, es no mirar al otro, afirmó.

Subrayó que la violencia letal en las escuelas es un fenómeno extremadamente raro en México, pero cuando ocurre, se disparan las alarmas, se buscan respuestas estandarizadas y se soslayan ejes prioritarios como los odios: el racismo, la homofobia, el clasismo, todo ese magma de precarizaciones que no estamos atendiendo en la escuela.

Por su parte, Juan Martín Pérez, apuntó que detrás del operativo de Mochila segura “hay muchos cabilderos, muchas empresas de seguridad privada que venden esto. Los arcos metálicos –que ya se han instalado en algunas escuelas—no son gratis, muchos se rentan porque deben tener una certificación especial de la Secretaría de Energía”.

Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se retomó en 2007 el operativo de Mochila segura, pero tras el rechazo de los maestros a convertirse en vigilantes de sus alumnos, el programa comenzó a hacer agua, e incluso, hubo escuelas que contrataron vigilancia privada con binomio canino.

En bachillerato, agregó, se llegó al extremo de cargar el costo a las familias para aplicar pruebas antidoping a los estudiantes con el fin de detectar el consumo de sustancias ilícitas, lo que es totalmente contrario a sus derechos.

Mochila segura no sólo es violatorio del derecho a la educación y a la intimidad de niños y adolescentes, también es discriminatorio, porque sólo se aplica a los menores y no a toda la comunidad escolar. Recordó que tanto la reforma al artículo 4 constitucional, que establece el interés superior de la niñez, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizan el derecho a la intimidad de los menores, quienes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.

Tejido social hecho garras

Al respecto, Lucía Rivera, experta en temas educativos y profesora-investigadora de la UPN, señaló que la escuela ha dejado de ser un santuario cerrado y, por lo tanto, son lugares inseguros y con muchos desafíos. No se trata, explicó, de crear y aplicar una política pública homogénea que busque dar solución a la violencia, porque se cae en una sobresimplificación que deja de lado que dentro de la propia escuela hay un tejido social que está hecho garras, hilachos.

Las exigencias del sistema, explicó, han ido en aumento para profesores y directores. Los padres de familia cada vez recurren más a las quejas y las demandas contra los maestros, por lo que el ambiente en la escuela se judicializó.

Tenemos de tensiones que ninguna política está interesada en resolver, porque se tratan como si fueran un problema local, de gestión escolar, aunque esto ocurra en casi todos los planteles. Tenemos niveles de tensión muy altos, afirmó.

Rivera enfatizó que se está llegando a una situación límite, donde todo mundo reacciona regañando a las familias, a los maestros, y tenemos que tratar de entender que estamos en niveles de precariedad que nos tienen en una condi-ción de deterioro emocional y afectivo, de desvinculación, y no se trata de caer en la lógica de una educación socioemocional, como se plantea ahora, en una visión de supervivencia, de garantizar que niños y adultos operen emocionalmente en los mínimos para ser productivos.

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2020/01/19/sociedad/029n1soc

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España. Educación: derecho o negocio

Noticias

España/ 10 de abril de 2018/Por: Antonio Rodríguez de la Fuente/Fuente: http://www.diariocordoba.com

Ya hace meses que empezó el curso lectivo y se abrió el telón de la comedia que tiene como argumento la educación nacional. El adorno partidista de los programas electorales. El sacapechos de todos, y cada uno, de los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE. La carta con la que nos jugamos el futuro como país desarrollado y altamente competitivo. La sempiterna reivindicación de cualquier político con aspiraciones de gobierno. En fin, un año más se desarrolla el curso académico sin Pacto de Estado por la Educación. ¡La gran asignatura «muy» pendiente de la democracia española! Y argumento muy a tener en cuenta a la hora de valorar lo que ocurre con los nacionalismos donde la educación juega un papel importantísimo, determinante a la hora de legislar, valerosamente, para hacer de la enseñanza doctrina instruida que busque la unión ciudadana en torno a una España que, verdaderamente, sea indivisible.

Que los españoles no se preocupen: jamás habrá un pacto que perdure en materia educativa porque, con el pacto y la materia, solo convive la más interesada, retrógrada y enfermiza ideología partidista.

La ley Villar de 1970 implantó la educación general básica. Pasado no mucho tiempo, se supo que nunca hubo una educación común a todos los individuos que constituyen un todo, sino dos caminos muy separados: los colegios privados y las escuelas públicas; el colegio era el «del brillito» y la escuela la «de balde», donde asistían los «niños de la calle». Ahora existen los colegios privados, colegios concertados y colegios públicos, y, obviando los primeros, los segundos y terceros jamás lograrán ponerse de acuerdo porque los concertados, dentro de su heterogeneidad, son máquinas reivindicativas, infatigables, en su derecho de elección, de distinción, de separación y de reclamación de recursos públicos con intención de introducir particularidades educativas más afectas a «lo privado» que a lo general o universal. Este mal endémico del sistema que se mantiene por la inercia natural del obligado cumplimiento, nunca se resolverá porque siempre faltará la más mínima dosis de voluntad política para afrontarlo con realismo, con autenticidad y veracidad.

Las siete leyes educativas, en 39 años de democracia, no han sido capaces de establecer unos principios pactados que, a largo plazo, sean fundamento del sistema educativo que, sin someterse a la lacra de la derogación, construyan un acuerdo, al que todos dicen aspirar, que marque el ritmo «nacional» de la educación de los españoles.

No se puede concebir, ni comprender, que siga vigente un sistema que no incentive el esfuerzo personal del alumno; antes al contrario, lo libera de la más mínima responsabilidad al permitirle pasar de curso sin haber aprobado todas las asignaturas del anterior. Esto revela, por sí mismo, la actual concepción escolar y educativa: más como un lugar de «pasar el tiempo obligatoriamente» que de instrucción y conocimiento como pilares maestros en el desarrollo vital del alumnado. Por eso en Alemania los colegios –sobre todo los públicos– sorprenden por su eficiencia y organización educativa al entender muy bien para qué, cómo y por qué está el alumno en sus aulas. Y en Finlandia, multiplíquese por dos…

Posiblemente, para no caer en demagogias contaminantes haya que contestar, con amplitud de miras y sin cortoplacismos políticos, a las siguientes interrogantes: ¿Enseñanza privada concertada o totalmente pública? ¿En España es la enseñanza un derecho o un negocio? ¿Modelo educativo y, a través de él, modelo de sociedad? ¿En el actual sistema educativo qué es lo que separa y qué es lo que jamás unirá? ¿Quién educará a los futuros maestros y profesores, dónde, cómo y con qué plan de estudios? ¿Por qué hay que aceptar en la docencia la sobrecarga como un mal necesario, un hábito o una costumbre?

Parafraseando a Ortega y Gasset, tendríamos que decir referente a la educación española que «no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa».

Fuente de la Noticia:

http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/educacion-derecho-negocio_1216870.html

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Un negocio llamado educación

Walter Valenzuela H

Walter Valenzuela H.
comunicacion@udelas.ac.pa

Son diferentes situaciones y fenómenos que cada año se hacen más profundos y difíciles de entender

Es conocido que existen dos tipos de educación, una que nace en el hogar, en la casa, en el seno familiar, donde el niño debe aprender a saludar, a dar las gracias, ser honesto, a llegar a tiempo, a expresarse bien, a no decir vulgaridades, a respetar a los mayores y la propiedad ajena. En este caso un currículo silente, oculto, basado en valores familiares. Por otra parte, corresponde a la escuela enseñar matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés, lenguaje, geometría y terminar de formar los valores inculcados por sus padres y madres.

Son diferentes situaciones y fenómenos que cada año se hacen más profundos y difíciles de entender. ¿Cómo se explica que sean totalmente diferentes los resultados finales de sus estudiantes si es el mismo docente que imparte la misma materia en un colegio público y en uno particular? Puede que el factor de la duración de las horas de clases de cada colegio afecte el rendimiento y el aprendizaje; en los colegios oficiales la duración de las horas es de 28 a 35 minutos y en los colegios particulares, la duración es de 40 a 60 minutos.

La Constitución Panameña señala que la educación oficial es gratuita en todos los niveles pre-universitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general. La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje. La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios.

Además se garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el derecho de crear centros docentes particulares y que el Estado puedan intervenir en los establecimientos docentes particulares para que cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la cultura y la formación intelectual, moral, cívica y física de los educandos.

Los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a todos los alumnos, sin distinción de raza posición social, ideas políticas, religión o naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores. La Ley reglamentará tanto la educación pública como la educación particular.

Más triste aún cuando la educación, según la Constitución del país, se supone que debe ser gratuita, pero debido al franco deterioro del sistema educativo, nacen cada vez más colegios particulares.

Padres y madres preocupados por la poca enseñanza y aprendizaje de sus hijos, deciden realizar grandes esfuerzos y sacrificios económicos para invertir en la educación de sus hijos y matricularlos en colegios particulares, obligados a pagar por todo, desde los suéteres, medias, abrigos, corbatas, vestidos de baño, jumpers de las niñas, pantalones de los niños, camisas, insignias, libros, pago por participar en ferias folclóricas, empresariales, obras de teatro y lo que en los últimos años ha sido peor, las llamadas donaciones al colegio antes de que los estudiantes inicien el período escolar.

Pero los aumentos salariales en los últimos ocho años a los docentes, incrementos en su mayoría justificados, sin embargo, se convierte en otro ataque fulminante al bolsillo y presupuesto de los padres y madres de los estudiantes de los colegios particulares, que para poder pagar el aumento de sus docentes deben recurrir al aumento de las matrículas y mensualidades de sus estudiantes, lo que ocasionará que un sin número de pequeños colegios particulares tengan que cerrar o de reducir sus grupos.

Existen colegios particulares donde el pago de la colegiatura de un estudiante es superior a lo que debe pagar en la universidad. Es una desigualdad total, lo que vislumbra una migración masiva de estudiantes de colegios particulares hacia los colegios públicos, ocasionando una superpoblación en los colegios y, como consecuencia, que la probabilidad de éxito de estos estudiantes disminuya notablemente.

Fuente del Artículo:

http://laestrella.com.pa/panama/politica/negocio-llamado-educacion/24049765

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