“No sé el nombre del padre de mi hija”

Por: Tahira Vargas García

La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”

“No sé quién es el padre de mi hija. Pregúntale a mi mama”. La madre responde: “el padre de mi hija es José, vive por aquí. El violó a mi niña un día que entró a la casa cuando ella estaba sola con su hermana. Fui al cuartel a poner la denuncia y me dijeron que lo iban agarrar nunca lo llevaron preso. El anda por ahí, mi hija le tiene mucho miedo”.

Este relato se extrae de una entrevista realizada hace unos meses en un estudio en un barrio marginado de Santo Domingo. La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”.

Continuamente en estudios que realizamos en barrios marginados y comunidades rurales del país encontramos múltiples casos como estos. Niñas de 8-12 años que han sido victimas de abuso sexual por vecinos, padres, padrastros, hermanos y tíos. El abuso sexual se produce en el silencio y el embarazo lo visibiliza.

La aprobación reciente por la Junta Central Electoral de la entrega de cédulas a menores de 12 años que tienen hijos e hijas ha escandalizado nuestra sociedad. Parece un absurdo total el que niñas menores de 12 años tengan una cedula por ser madres.

El escándalo debería ser mayor al ver que la JCE ha tenido que tomar esta medida para que no se siga reproduciendo la indocumentación de miles de niños y niñas que nacen de una madre-niña. Con ello se contribuye a la ruptura con los círculos de indocumentación y vulnerabilidad que afecta a hijos e hijas e niñas-madres.  A su vez demuestra la recurrencia y gravedad del fenómeno que no se queda en unos pocos casos aislados, sino que por el contrario tiene impacto en el ámbito nacional. Demostrándose con ello que las violaciones sexuales hacia niñas menores de 12 años son bastante frecuentes, así como su consecuente embarazo.

El otro lado de la moneda son las posibles consecuencias en el respeto a los derechos de la niñez en esta población. Se corre el riesgo de la confusión sobre su condición de niñas y que se les trate como adultas aún con edades de 9-17 años y con ello se agudice su exclusión en las familias y centros educativos, así como la legitimación de las violaciones de derechos hacia las mismas.

¿Qué refleja una medida como esta? Además de la gravedad del problema de las violaciones sexuales hacia las niñas, su embarazo en la expone a riesgo de muerte tenemos que se muestra con ello el fracaso del Estado Dominicano en intervenir en sus raíces que afecta a las niñas pobres de este país con elementos como los siguientes:

*Ausencia de políticas sociales dirigidas a cambiar las prácticas cotidianas de la población masculina contra las niñas sostenidas en una masculinidad machista y violenta que se exhibe con permiso para agredir sexualmente a la infancia y la niñez sin límites.

*Falta de una educación sexual dirigida a empoderar a niñas y adolescentes sobre su cuerpo desde el conocimiento de sus derechos con herramientas de protección desde el sistema educativo y desde una educación no formal

*Deficiencias en la educación de las familias sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la ruptura con la normalización del acoso y abuso sexual.

*Negación del derecho que tienen las niñas de interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual que las expone al riesgo de muerte y afecta su desarrollo integral. Se les obliga a continuar con el embarazo fruto de una violación que las expone a riesgo en su salud y desarrollo y en la continuación del circulo de violencia que viven.

Actualmente en el Congreso se debate el Código Penal, del cual se excluyó la despenalización del aborto por las tres causales. La medida tomada por la JCE demuestra las graves consecuencias de la penalización total del aborto en una sociedad donde las violaciones y embarazos de niñas está normalizada y es parte de la cotidianidad. Nuestra infancia y niñez vive así desprotección y sometimiento a la vulnerabilidad de forma continua.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY 

Fuente: https://acento.com.do/opinion/no-se-el-nombre-del-padre-de-mi-hija-8876034.html

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Corte africana ordena a Sierra Leona readmitir en escuelas a adolescentes embarazadas

África/Sierra Leona/14-12-2019/Autor(a) y Fuente: www.infobae.com

El tribunal de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ordenó el jueves a Sierra Leona que levante «inmediatamente» la controvertida prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela.

Sierra Leona había prohibido oficialmente que las niñas embarazadas fueran a la escuela en 2015, luego de la crisis del ébola de 2014, cuando unas 14.000 niñas quedaron embarazadas, según la ONU.

Durante la crisis, miles de niñas huérfanas recurrieron a la prostitución para sobrevivir, según Amnistía Internacional. En otro casos los embarazos fueron el resultado de violaciones.

En 2018, la oenegé Mujeres contra la violencia y la explotación en la sociedad (WAVES), junto con otros grupos de la sociedad civil, impugnó esta prohibición ante el tribunal de la CEDEAO tras el fracaso del recurso en el ámbito de la justicia nacional.

En un fallo el jueves en Abuya, el juez Dupe Atoki dijo que «la política prohibitiva debería ser derogada de inmediato», ya que era «discriminatoria contra las adolescentes embarazadas».

El tribunal también condenó un programa especial del gobierno apoyado por Gran Bretaña y la ONU, que ofrece educación limitada a las niñas embarazadas.

«La creación de escuelas para adolescentes embarazadas donde se imparten cuatro materias tres días a la semana es discriminatoria y constituye una violación del derecho a la igualdad de educación», agregó el juez.

Hannah Yambasu, directora de WAVES en Sierra Leona, acogió con beneplácito la decisión y dijo que era esencial «proteger a las niñas y garantizar que puedan terminar la educación superior».

Marta Colomer, subdirectora de Amnistía Internacional para África occidental y central, también elogió el fallo. «La decisión es decisiva para las miles de niñas que han sido excluidas de la escuela y cuyo derecho de acceso a la educación sin discriminación ha sido violado», dijo.

Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2019/12/12/corte-africana-ordena-a-sierra-leona-readmitir-en-escuelas-a-adolescentes-embarazadas/
Imagen: gdakaska en Pixabay
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Sierra Leona: El gobierno refuerza la política discriminatoria de excluir de la escuela a las niñas embarazadas, lo que amenaza el derecho de cientos de ellas a la educación

En respuesta a la noticia de que las autoridades de Sierra Leona están reforzando su postura de que las niñas embarazadas no pueden asistir a la escuela antes de dar a luz, Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental, ha declarado:

“Sierra Leona es un país con un elevado índice de embarazo adolescente. Sin embargo, en lugar de dar una educación sexual clara en las escuelas y erradicar de manera efectiva la violencia contra las mujeres y las niñas, las autoridades sierraleonenses están castigando a centenares de niñas embarazadas negándoles la educación”.

«La reiterada negativa del gobierno a dejar que las niñas embarazadas asistan a la escuela afianza la desigualdad de género y la discriminación. En lugar de empoderar a estas niñas, la política gubernamental amenaza con avergonzarlas y culparlas»

“Las autoridades deben levantar de inmediato esta prohibición, de acuerdo con las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Sierra Leona, y deben permitir que las niñas embarazadas disfruten plenamente de su derecho a la educación.”

Información complementaria

Ayer, el Ministerio de Educación Básica y Secundaria emitió una declaración en la que aclaraba la asistencia de las niñas embarazadas a la escuela. Según la declaración, ahora las niñas embarazadas pueden presentarse a exámenes pero siguen sin poder asistir a la escuela.

Al mantener esta retrógrada postura, el gobierno utilizó un lenguaje sumamente peyorativo y estereotipado, y declaró que las niñas embarazadas debían “permanecer apartadas de la escolarización durante el embarazo debido a su incapacidad de aprender de manera efectiva […]” y que “se consideraba de forma generalizada que las niñas embarazadas tienen el potencial de influir negativamente en sus compañeras para que sean sexualmente activas y se queden embarazadas”. Sin embargo, el gobierno no ofreció datos concretos que respaldaran estas acusaciones engañosas y nocivas.

En Junio de 2019, Amnistía Internacional se unió a una causa judicial entablada por dos organizaciones no gubernamentales -Igualdad Ya y WAVES- para rebatir la prohibición impuesta por el gobierno de Sierra Leona de que las niñas embarazadas asistan  a las escuelas públicas y se presenten a exámenes. La causa está pendiente ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO.

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/sierra-leone-government-reinforces-discriminatory-policy-of-excluding-pregnant-girls/

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Sierra Leona: El gobierno refuerza la política discriminatoria de excluir de la escuela a las niñas embarazadas, lo que amenaza el derecho de cientos de ellas a la educación

Redacción: Amnistía Internacional

En respuesta a la noticia de que las autoridades de Sierra Leona están reforzando su postura de que las niñas embarazadas no pueden asistir a la escuela antes de dar a luz, Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental, ha declarado:

“Sierra Leona es un país con un elevado índice de embarazo adolescente. Sin embargo, en lugar de dar una educación sexual clara en las escuelas y erradicar de manera efectiva la violencia contra las mujeres y las niñas, las autoridades sierraleonenses están castigando a centenares de niñas embarazadas negándoles la educación”.

La reiterada negativa del gobierno a dejar que las niñas embarazadas asistan a la escuela afianza la desigualdad de género y la discriminación. En lugar de empoderar a estas niñas, la política gubernamental amenaza con avergonzarlas y culparlas.
Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental

“La reiterada negativa del gobierno a dejar que las niñas embarazadas asistan a la escuela afianza la desigualdad de género y la discriminación. En lugar de empoderar a estas niñas, la política gubernamental amenaza con avergonzarlas y culparlas.”

“Las autoridades deben levantar de inmediato esta prohibición, de acuerdo con las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Sierra Leona, y deben permitir que las niñas embarazadas disfruten plenamente de su derecho a la educación.”

Información complementaria

Ayer, el Ministerio de Educación Básica y Secundaria emitió una declaración en la que aclaraba la asistencia de las niñas embarazadas a la escuela. Según la declaración, ahora las niñas embarazadas pueden presentarse a exámenes pero siguen sin poder asistir a la escuela.

Al mantener esta retrógrada postura, el gobierno utilizó un lenguaje sumamente peyorativo y estereotipado, y declaró que las niñas embarazadas debían “permanecer apartadas de la escolarización durante el embarazo debido a su incapacidad de aprender de manera efectiva […]” y que “se consideraba de forma generalizada que las niñas embarazadas tienen el potencial de influir negativamente en sus compañeras para que sean sexualmente activas y se queden embarazadas”. Sin embargo, el gobierno no ofreció datos concretos que respaldaran estas acusaciones engañosas y nocivas.

En junio de 2019, Amnistía Internacional se unió a una causa judicial entablada por dos organizaciones no gubernamentales —Igualdad Ya y WAVES— para rebatir la prohibición impuesta por el gobierno de Sierra Leona de que las niñas embarazadas asistan a las escuelas públicas y se presenten a exámenes. La causa está pendiente ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/sierra-leone-government-reinforces-discriminatory-policy-of-excluding-pregnant-girls/

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El Salvador: En la capital de cada 1,000 adolescentes, 55 salen embarazadas

Redacción: El Salvador

El informe de calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos analiza la situación de Santa Tecla, San Salvador y Mejicanos. El embarazo en adolescentes es una de las causas de deserción escolar. Solo en San Salvador, tres de cada 100 jóvenes desertan.

“Los embarazos en adolescentes se ven hasta cierto punto como normales debido a la zona donde se encuentra esta institución educativa”, dice el director del Complejo Educativo Joaquín Rodezno, el profesor José Ramiro Aguirre. La escuela está ubicado en la 3a calle Poniente, en el centro de San Salvador, un sector rodeado de vendedores ambulantes y puestos informales.

Según el Informe de Calidad de vida 2018, El Salvador Cómo Vamos, los embarazos en adolescentes se consideran un problema social y de salud pública, debido a los riesgos en la etapa de gestación y del parto, así como las consecuencias económicas y sociales de las madres.

Según datos del Ministerio de Salud, que destaca el informe, la tasa de fecundidad es de 55 en adolescentes entre los 15 y 19 años, en el caso de San Salvador. Esto significa que por cada 1,000 mujeres en ese rango de edades hubo 55 nacimientos. En Mejicanos es de 35 por cada 1,000 y para Santa Tecla es de 28.

A criterio del director Aguirre, los jóvenes en edades de 12 a 15 años no tienen la información adecuada sobre educación sexual y los padres no educan al respecto.

“La mayor parte de jóvenes que asiste a esta escuela tiene padres que pasan gran parte del tiempo en el trabajo, que es en la calle; la influencia de ese ambiente las hace (a las adolescentes) tomar decisiones que al final les afecta”, opinó el educador.

En ese centro escolar a las jóvenes les explican sobre su derecho a la educación y de los cuidados prenatales. “Cuando conocen de su estado de embarazo, vienen a hablar conmigo para arreglar su situación, para no dejar de asistir a la escuela. Nosotros les alentamos a que sigan viniendo hasta donde su condición les permita y luego que regresen”, expone Aguirre.

A las alumnas embarazadas, con el afán de que sigan su educación, se les permite modificar la vestimenta para llegar a la escuela, puede ser una bata con los mismos colores del uniforme.

“Después de terminar su maternidad regresan a clases, las estamos esperando. Ellas se atrasan con los trabajos, exámenes y clases por lo que hay que modificarles el plan de estudios para que recuperen sus notas”, explica el director.

Sin embargo, el director manifiesta que hay estudiantes que dejan de asistir a clases, no dan explicaciones pese a saber que tienen el derecho a seguir con sus estudios.

“En esos casos, como docentes tratamos de investigar qué sucedió con la joven, por otras fuentes nos damos cuenta que está embarazada”, añade el director.

A causa de un embarazo, 698 mujeres en edades de 10 a 19 años abandonaron los estudios académicos, de acuerdo con datos del Mapa de Embarazos en niñas y adolescentes del 2017, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). El registro también reporta que 9 hombres, en el mismo rango de edades, abandonaron su estudio porque su pareja estaba embarazada. Cuando ese documento fue presentado, el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Hugo González, opinó que la sociedad tiene que brindar las condiciones para que las menores de edad logren el mayor grado académico, por el bienestar familiar y social.

En la escuela Joaquín Rodezno, a nivel de educación básico en la materia de Sociales se imparten temas sobre la familia y el desarrollo humano, pero no tienen temas específicos sobre educación sexual como los niveles superiores.

“Aquí, el año pasado apareció una niña de 13 años embarazada, son casos que pasan en estudiantes desde tercer ciclo hasta el bachillerato. En los 14 años que tengo de trabajar aquí son a veces jóvenes de su misma edad los que las embarazan”, dice Aguirre.

El hospital de Maternidad registra 79 embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad en el 2018.

Foto EDH / Archivo

En la Rodezno, a los alumnos de bachillerato les imparte la materia Orientación para la Vida, que tiene temas como el desarrollo del adolescente, cómo tomar decisiones. “En bachillerato siempre hay muchachas que pasan por esa experiencia (embarazo). Tenemos una psicóloga que trabaja muy de cerca con los jóvenes para orientarlos, ella va a los salones, los observa y lo que ve anormal lo clasifica y prepara un plan de atención para los estudiantes, ya sea por problemas de disciplina o en otros temas”, expone Aguirre.

Para él uno de los obstáculos que enfrentan para ayudar a que las alumnas sigan y aprueban su curso es que el sistema que registrar la asistencia de clases de los estudiantes está diseñado para bloquear cuando el alumno se ausenta.

“Hay un caso de una estudiante embarazada que solo asistió a clases como dos meses, y luego por su maternidad dejó de estudiar muchos días. El sistema, que se llama Siges y que controla la asistencia del estudiante, no permite que siga su año escolar si falta 30 días; ahora hay que gestionar en el Ministerio de Educación para que ella continúe con su grado escolar”, dice el educador.

Estadísticas del Ministerio de Educación mostraban que el año 2017 registraron al menos de 3,000 casos de alumnas embarazadas, una cifra menor a los 5,000 casos que se presentaban dos años atrás.

Cómo vamos en Salud y Educación

Una de las conclusiones en el apartado de Salud, del informe de El Salvador Cómo Vamos, menciona que es necesario hacer esfuerzos para aumentar la cobertura y calidad en atención prenatal, ya que según datos del Ministerio de Salud, muchos niños de madres adolescentes nacen con bajo peso, lo cual conlleva a muchas complicaciones para el neonato, como problemas de desarrollo cognitivo, riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes o cardiovasculares en etapas posteriores de la vida.

Según datos del Ministerio de Salud, el porcentaje de nacidos con bajo peso en San Salvador y Mejicanos es del 10 %, mientras que en Santa Tecla es del 12 %, y a nivel nacional el promedio es del 9 %.

En el apartado de Educación, de El Salvador Cómo Vamos, los jóvenes en edades entre 16 y 18 años, la asistencia escolar es del 77 % en Mejicanos, 72 % en San Salvador y 83 % en Santa Tecla, lo que significa que hay un porcentaje importante entre un 15 % y 28 % de jóvenes que no están dentro del sistema educativo y que existen factores para que desistan de estudiar a medida que aumenta su edad.

Una de estas razones, en el caso de las jóvenes puede ser el embarazo en la edad adolescente.

Según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la tasa de deserción para San Salvador es del 3.3%, en Mejicanos es del 4.5 % y en Santa Tecla es del 2.2 %.

Estos datos concluyen que de cada 100 niños que se matricularon en algún centro escolar de San Salvador, Mejicanos y Santa Tecla, tres, cuatro o dos, respectivamente, abandonaron los estudios en el transcurso del año, donde son más niños que niñas los que abandonan la escuela, en San Salvador y Mejicanos, mientras que en Santa Tecla el porcentaje de deserción es el mismo en ambos sexos.

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25 ONG piden a Tanzania: Gobierno tanzano el cese de su persecución a la sociedad civil

Tanzania/10 de Julio de 2017/La Vanguardia

Veinticinco organizaciones internacionales y de Tanzania pidieron hoy al Gobierno que ponga fin a su «retórica hostil» hacia los grupos de la sociedad civil, después de que el Ejecutivo amenazara con obstruir el trabajo de quienes ayudan a las niñas embarazadas a terminar su educación y al colectivo LGBT.

«El presidente de Tanzania y otros altos funcionarios deben centrarse en cómo construir el país, ayudando a todos a completar su educación y poner fin a la discriminación», dijo la investigadora de derechos humanos de Human Rights Watch (HRW) Elin Martínez en un comunicado.

 El pasado 22 de junio, el presidente de Tanzania, John Magufuli dijo que, mientras que él sea presidente «no se permitirá a ninguna estudiante embarazada regresar a la escuela» y ofreció como alternativa la «formación profesional o convertirse en empresarias».

Además, en el mismo discurso, el presidente tanzano hizo declaraciones despectivas con respecto a las relaciones homosexuales.

Días más tarde, el ministro de Interior, Mwigulu Nchemba, amenazó con cancelar el registro de las organizaciones que desafiaran la prohibición del presidente de escolarizar a niñas embarazadas y madres adolescentes, así como procesar o deportar a cualquier persona que trabaje para proteger los derechos de las personas LGBT.

Sin embargo el partido gobernante, Chama Cha Mapinduzi (Partido de la Revolución), prometió en su manifiesto electoral de 2015 garantizar que las niñas que abandonan la escuela debido al embarazo pueden continuar sus estudios, denunciaron las organizaciones en la declaración conjunta.

El Gobierno estima que 30 de cada 100 niñas abandonaron la escuela en 2015 por esta razón, siendo obligadas por muchos centros educativos a someterse a pruebas de embarazo y expulsar así a las niñas embarazadas, además de las casadas.

Además, el Gobierno de Magufuli atacó a una organización que trabaja por la salud de las relaciones homosexuales y amenazó con cerrar otras similares.

Bajo el Gobierno de Magufuli se lleva a cabo «una persecución y arresto de homosexuales sin precedentes», a quienes persiguen con cargos relacionados con su condición sexual y los someten a exámenes anales «de forma cruel, inhumana y degradante, y que puede constituir una tortura», denunciaron las organizaciones.

«La sociedad civil independiente desempeña un papel crucial en los debates, la formulación de políticas y los servicios sobre los temas críticos que enfrenta Tanzania», dijo la directora regional de Amnistía Internacional, Michelle Kagari.

«Amenazar con obstruir su trabajo y silenciar sus voces es contraproducente y contrario a las obligaciones legales internacionales de Tanzania», agregó.

El derecho internacional y la Constitución tanzana garantizan los derechos a la libertad de expresión y de asociación, así la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos expresó su preocupación por las violaciones cometidas en el derecho a la libertad de reunión pacífica basada en la orientación sexual. EFE

Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20170706/423928341248/25-ong-piden-a-gobierno-tanzano-el-cese-de-su-persecucion-a-la-sociedad-civil.html

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