África/Nigeria/28-02-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
Las autoridades esperan la información de la Policía y de la escuela para conocer la cifra exacta de las niñas raptadas.
Alrededor de 300 niñas fueron secuestradas en la madrugada de este viernes en el noroeste de Nigeria por un grupo de hombres fuertemente armados.
De acuerdo a fuentes oficiales los hombres armados irrumpieron en el dormitorio de la escuela Government Girls Secondary School, ubicada en el estado nigeriano de Zamfara.
«Sí, hemos recibido un informe sobre el secuestro de (unas 300) alumnas en Jangebe, pero todavía no podemos confirmar el número exacto de secuestradas ni dar más detalles sobre lo sucedido», informó a agencias de noticias, Alhaji Abubakar Dauran, Comisionado de Seguridad y Asuntos Internos de Zamfara.
«Todavía estamos esperando los informes del cuerpo de Policía y de la escuela», añadió, sobre un ataque que las autoridades consideran podría haber sido perpetrados por «bandidos».
Los atacantes habrían llegado a la escuela tras atacar un puesto de control del Ejército en la zona, según el portal de noticias PM News Nigeria, si bien por el momento no hay informaciones sobre víctimas. El Gobierno no se ha pronunciado por el momento sobre el incidente.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/nigeria-hombres-armados-secuestran-ninas-20210226-0006.html
El encierro de niñas, niños y adolescentes no es la respuesta.
En Guatemala se aplica la estrategia del terror en el cuerpo de niñas, niños y adolescentes.
Guatemala transita por uno de los episodios más negros de su historia reciente. Desamparada e impotente ante el poder de las mafias, la población se paraliza ante la realidad de un Estado secuestrado por organizaciones criminales que operan en connivencia con las más altas autoridades y la condenan al miedo y a la sumisión. Los esfuerzos de estos grupos por apoderarse del último bastión de la justicia –la Corte de Constitucionalidad- lleva un siniestro mensaje: la democracia, que tanta sangre y dolor ha costado desde los tiempos de las dictaduras, está a punto de ser aplastada por un pacto entre políticos, élites empresariales y militares ignorantes, codiciosos, obtusos y sedientos de poder.
El escenario actual parece haber sido planificado en detalle para borrar hasta el último intento de oposición ciudadana y comienza a delinearse como un intento de acabar con cualquier resquicio de respeto por la Constitución y sus mandatos. La ciudadanía –ese conglomerado en donde supuestamente reside el poder- se encuentra sitiada y niñas, niños, adolescentes y mujeres parecen haber sido cuidadosamente escogidos como víctimas propiciatorias de esta escandalosa maniobra, diseñada para acallar toda rebelión, silenciar a las masas y obligarlas a aceptar lo inaceptable.
Los secuestros, desapariciones, violaciones y asesinatos de niñas, niños y adolescentes han alcanzado niveles de terror. Los mensajes de alerta se han convertido en un cuadro cotidiano y, por lo mismo, han dejado de provocar reacciones, creándose un ambiente de acostumbramiento a los peores actos de violencia contra el sector más inofensivo y vulnerable de la sociedad. Guatemala se presenta ante la comunidad internacional como un país de impunidad, como una nación en donde el crimen organizado impera y decide los destinos de la patria. Como un territorio carente de justicia, en donde la ley opera dependiendo del tamaño del soborno.
Esta vergüenza de nivel planetario no afecta el negocio de las mafias, pero constituye un lastre inmenso y una constante amenaza para el futuro del país, cuya población observa impotente cómo se van por el barranco sus escasas oportunidades de alcanzar un desarrollo que, hasta ahora, ha sido sistemáticamente saboteado por sus élites empresariales y los cuadros políticos más retrógrados y corruptos. Cualquier intento por revertir este estado de cosas -perfectamente consolidado para mantener los privilegios de estos sectores- requiere la intervención directa de la ciudadanía. Pero la gente tiene miedo y ese miedo representa el pase libre para los criminales en el poder.
A las niñas, niños y adolescentes les está secuestrando, violando y asesinando el sistema. Para estas vidas inocentes no existe justicia; su destino, depende de instituciones capturadas por individuos nefastos coludidos con los victimarios, cuya indiferencia e inoperancia parecen ser parte del pacto criminal. Las niñas y niños no se violan, no se tocan, no se asesinan. Quienes cometen estas atrocidades al amparo de una justicia apática y corrupta merecen castigos ejemplares y definitivos. Asimismo, quienes pretenden –con actitud paternalista y condescendiente- someter a niñas, niños, adolescentes y mujeres al encierro para no ser víctimas de estas acciones viles, se convierten en cómplices de los criminales. Pretender adjudicarles la culpa por los ataques siniestros que sufren en todos los espacios es una absoluta aberración. Las calles, escuelas, templos y hogares deben ser santuario de protección para lo más valioso de la sociedad y no rincones propicios para el abuso.
Hablar del aborto es un tema que, por lo general, incomoda y divide opiniones. Este libro presenta varias aristas, como una estrella de seis picos y cada uno pertenece a un problema social: la orfandad, el alcoholismo y la drogadicción, la violación, la trata de blancas, el aborto y la depresión.
Reunidos todos esos elementos en la protagonista de la historia, Janey Smith, desencadena una serie de relatos, prosas, dibujos, poemas, crónicas de una bitácora del desasosiego.
Desde que era niña, Janey fue presa del abandono y del abuso sexual. Hija de padres divorciados, creció con la idea que nunca fue importante para sus progenitores. Cuando llegó a la adolescencia, prefirió vivir casi al margen de ellos, en un mundo casi impenetrable para los adultos, en donde solo los jóvenes de su edad tenían acceso. Su vida es dura, áspera como una roca. Carece de educación sexual y desea conducirse de una manera desenfrenada. Nada la detiene, nada la hace recapacitar en sus acciones. No siempre puede conseguir pastillas anticonceptivas y varias veces ha sido violada. Reside en Nueva York, en el East Village, a principios de los años setenta. Se identifica con el movimiento punk y pertenece a la pandilla de Los escorpiones. Es, sin duda, un título que forma parte de la contracultura.
Uno de los episodios más fuertes de la historia es cuando Janey acude a un lugar a practicarse un aborto de manera clandestina. Está rodeada de cincuenta jóvenes que van a lo mismo que ella y también las invade el miedo. Los doctores abusan de ellas, las enfermeras las tratan mal y, en general, su visita se convierte en una pesadilla demasiado riesgosa para cualquier chica. Otro momento terrible es cuando ocurre un aborto dentro de la escuela y la estudiante debe ocultar lo que acaba de suceder, pero todos se dan cuenta.
Volumen misceláneo, revelador, muy en la línea de la literatura punk, feminista, y con resonancias de autores de la Generación Beat. Kathy Acker nació 1947, en Nueva York, y murió en Tijuana, en 1997. Sus libros fueron ubicados como obscenos, iconoclastas, perturbadores. Leer a Acker es pensarla como antecedente de Virginie Despentes (Nancy, Francia, 1969), con quien posee temas en común y hace énfasis en la discriminación de la mujer. Tanto Kathy Acker como Virginie Despentes provienen del movimiento punk, cuando ser punk era sinónimo de inclasificable, de alguien descendiente de un no-lugar. Despentes es famosa por la serie Fóllame y, específicamente, por Teoría King Kong.
“El tema incestuoso, otro leitmotiv de su obra, se repite en calidad de ruptura de un tabú originario, con la imagen paterna disgregada en una identidad polimorfa: novio, abusador, chulo. También aquí hay una seducción francesa: la de George Bataille, para quien la prohibición no es solo un impedimento sino una transgresión que se vuelve posible precisamente porque ha sido enunciada por la ley, de tal modo que tanto la interdicción como el acto transgresor son actos fundadores de una economía organizada alrededor del intercambio ritual de mujeres consideradas como bienes o dones masculinos”, escribe en el prólogo Eloy Fernández Porta.
Hay fragmentos del libro que evocan la llamada escritura automática, cuyo propósito es acabar con la censura que se ejerce desde el inconsciente. Conviene recordar que es un tipo de escritura usada principalmente por André Breton y los surrealistas, tomando en cuenta que de esa manera el “yo” se expresa libre de cualquier contención y atadura. Un conjunto de relatos explosivos, ácidos, incómodos y de heridas abiertas viene a enfatizar los riesgos que corren las mujeres cuando se practican abortos de manera ilegal, en donde la ética de los médicos deja mucho que desear. Un día antes de que terminara el 2020, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica que ya no practica abortos clandestinos, un territorio en donde la mujer decide sobre su cuerpo, nadie más.
Miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde 2014, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien Ecuador ha adoptado importantes medidas para abordar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, muchas instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado, y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos.
El informe de 82 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.
“Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior en la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”.
Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 83 personas, incluidos sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos y datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.
En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela o sus alrededores. Algunos estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra sus compañeros y compañeras. Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por docentes, directores (rectores), familias de los abusadores, y asociaciones de padres.
La violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano. Pero la escala de los abusos no se conoció públicamente hasta 2017, cuando la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional multipartidista para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, tras una fuerte movilización por parte de familias afectadas.
La comisión, denominada AAMPETRA en referencia a un caso que implicó el abuso sexual de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, un colegio particular en el sur de Quito, evaluó las acciones tomadas por las instituciones estatales para prevenir y erradicar los abusos en las escuelas y brindar un acceso adecuado a la justicia, enfocándose en casos ocurridos entre 2013 y 2017. La Comisión concluyó que los ex ministros del gobierno del presidente Rafael Correa no tomaron medidas para abordar la violencia sexual.
En julio de 2017, el gobierno en funciones del presidente Lenín Moreno publicó datos que mostraban altos niveles de violencia sexual en las instituciones educativas y declaró una política de tolerancia cero. También adoptó un protocolo vinculante que obliga a los docentes, departamentos de consejería estudiantil y otro personal educativo a denunciar casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas. Creó un registro integral de casos y una herramienta para hacer un seguimiento del registro de casos, investigaciones y juicios.
Sin embargo, Human Rights Watch encontró graves fallas en la aplicación de esta política y en garantizar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes. El esfuerzo se ve significativamente afectado por la grave escasez de departamentos de consejería estudiantil, que son fundamentales en la detección y denuncia de casos. En algunas instituciones educativas o distritos, los psicólogos educativos cuentan con poco apoyo y los docentes, personal educativo y autoridades distritales los disuaden de presentar denuncias. El gobierno tampoco parece haber tomado las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de sus políticas en los colegios privados.
Muchas víctimas y sus familias también se encontraron con serios obstáculos en su búsqueda de justicia. Los procedimientos judiciales a menudo se retrasan y no siempre se llevan a cabo respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por Human Rights Watch muestran que solo el tres por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron a juicio entre 2015 y 2019. La mayoría de las familias dijeron haber sentido que tenían que luchar para obtener justicia, en ocasiones empleando sus propios recursos económicos, lo cual, a su vez, afectó la salud mental y el bienestar de toda la familia.
En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de secundario que fue violada por el vicerrector de su escuela durante más de un año. Paola se suicidó en 2002. La corte ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola y que celebrase a más tardar en diciembre 2020 una ceremonia pública de alto nivel para reconocer su responsabilidad internacional.
Antes de dejar la presidencia en mayo de 2021, el presidente Moreno debería asegurarse que se cumplan todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en junio, o que estén en proceso de ser implementadas dentro de los plazos establecidos por el tribunal, dijo Human Rights Watch. Moreno también debería ofrecer, sin demora, una disculpa pública a los y las sobrevivientes de violencia sexual en las instituciones educativas. El gobierno de Moreno debería establecer de manera expedita un fondo nacional de reparaciones para sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales de tribunales nacionales.
Ecuador debería adoptar una agenda estatal de tolerancia cero ejecutable a largo plazo, con un fuerte énfasis en la prevención de casos, y en una respuesta adecuada ante abusos, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos para implementar sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes.
También debería aumentar y garantizar el apoyo a los departamentos de consejería estudiantil y equipos de psicólogos educativos, asegurar que tanto las escuelas públicas como privadas cumplan con su obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente. Las instituciones judiciales deberían garantizar que los procesos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familias, defendiendo sus derechos a un juicio justo y a una justicia reparadora.
“Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y abordar la violencia sexual en sus instituciones educativas son importantes, pero también deberían enfocarse en prevenir estos abusos”, dijo Martínez. “Para que la tolerancia cero sea una realidad, es necesario que todos los docentes y personal educativo y gubernamental protejan a los y las estudiantes y garanticen que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las escuelas”.
El nuevo sistema de justicia penal no evita la impunidad para casos de violencia contra las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero, donde este 2020 se registraron 5 asesinatos de niñas indígenas y 19 muertes violentas de mujeres, aseguró el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en su XXVI informe anual “Como una noche sin estrellas”, presentado el pasado 7 de diciembre.
“México, vive momentos terribles de violencia contra mujeres y niñas. Atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia ha sido una tarea difícil. En las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero, la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres es grave, por su triple condición: por ser mujeres, pobres e indígenas” detalló Tlachinollan.
De acuerdo con la organización, entre febrero y octubre de 2020 se registraron 19 casos de muertes violentas de mujeres; Tlachinollan actualmente acompaña 7 casos de feminicidios. Durante este período, también se registraron 6 casos de mujeres desaparecidas, 5 casos de niñas indígenas asesinadas, así como 14 casos de agresiones sexuales, la mayoría contra niñas de 9 a 16 años de edad.
A pesar de que desde 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, dignidad, a la vida privada, las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las indígenas de la Montaña de Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo, “el difícil camino de las víctimas violentadas para acceder a la justicia a menudo se vuelve un mecanismo de revictimización. Las instituciones de justicia son insensibles al dolor y violencia que viven las mujeres; dilatan las investigaciones, maltratan, discriminan y no les creen- Su palabra y testimonio no cuentan”, observó Tlachinollan.
La organización documentó este 2020 que la primera respuesta del operador de justicia ante la denuncia de las mujeres es la duda. “Se creía que con el sistema penal acusatorio, los formalismos y la burocracia en los procesos se superarían; que las investigaciones serían más ágiles, sin embargo, los problemas siguen siendo los mismos, pues son falencias estructurales no tienen que ver con el modelo procesal penal”, se detalló en el informe.
Pese a la exigencia de las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas en la región, persiste falta de peritos del sexo femenino, personal especializado para atender a las mujeres, insensibilidad de las y los agentes investigadores, personal de psicología que desconoce el tema y maltrata a las víctimas, sobrecarga laboral y dilación en las indagatorias, fallas procesales en los actos de investigación e inobservancia de las reglas del debido proceso al realizar los actos de investigación, es una constante, lo que debilita la obtención de condenas y sanciones para las personas responsables.
A esto se suma, de acuerdo con Tlachinollan, que las mujeres indígenas en Guerrero enfrentan situaciones de marginación y de exclusión social. “La crueldad con la que han acabado con la vida de mujeres y niñas ha dejado mensajes claros en el interior de las comunidades indígenas: el dominio lo ejerce el hombre y el papel de la mujer es obedecer sin más. Cualquier osadía se paga con la vida”, señaló.
En su informe, Tlachinollan también documentó distintas violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron este 2020 contra personas defensoras, como Teodomira Rosales, así como contra periodistas (tres asesinados este año) y familiares de víctimas, como las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014.
De acuerdo con lo documentado, al contexto de la pandemia, que retrasó los servicios de atención para la población en Guerrero, en especial para las víctimas, se sumó un incremento en asesinatos y “ajustes de cuentas” entre organizaciones criminales en la región. “En nuestra entidad es donde se han fragmentado más los grupos del crimen organizado, al grado que ahora hay un escenario cada vez más diverso de células rivales, involucradas en un espectro más amplio de negocios ilícitos y formas de control territorial más estrictas y agresivas”, denunció la organización.
Las mujeres y las niñas representan el 71% de todas las víctimas de la esclavitud moderna a nivel mundial, lo que equivale a cerca de 29 millones de personas, alertó este miércoles la organización Walk Free, de la Fundación Minderoo.
Según explicó la organización internacional independiente de derechos humanos, esta tendencia sobre que las mujeres sean víctimas de la esclavitud moderna “se vuelve aún más evidente cuando se examinan las diferentes formas en las que se manifiesta”.
Lo anterior, con base en que están sobrerrepresentadas en tres de los cuatro tipos de esclavitud moderna evaluados por las Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna.
Así las cosas, se evidenció que mujeres y niñas representan el 58% de todas las víctimas de trabajo forzoso, el 84% de todas las participantes de matrimonio forzado y “un alarmante 99% de todas las afectadas por explotación sexual forzada”.
“De hecho, las mujeres y las niñas corren un riesgo abrumador de explotación sexual independientemente de la forma de esclavitud moderna a la que estén sometidas”, advirtió el documento.
Las cifras mencionadas muestran patrones de empleo y migración muy marcados por el género y “señalan la relevancia de patrones más amplios de abusos de derechos humanos que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas”, de acuerdo con Walk Free.
Adicionalmente, el documento alerta que el riesgo de esclavitud moderna existe para mujeres y niñas sin importar el lugar del mundo donde vivan, pues “el género tiene un impacto significativo en la vulnerabilidad”.
Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna dicen que el 73% de las víctimas en Asia y el Pacífico son mujeres y niñas; igual ocurre con el 71% en África; el 67% en Europa y Asia central, y el 63% en las Américas.
“Incluso en los Estados árabes, donde las estimaciones se ven obstaculizadas significativamente por la incapacidad de realizar un estudio adecuado de las formas de esclavitud moderna que afectan predominantemente a mujeres y niñas, casi el 40% de todas las personas que viven en la esclavitud moderna son mujeres”, explica.
Estos Estados tienen alrededor de 2,1 millones de trabajadores domésticos migrantes, un grupo altamente vulnerable a la esclavitud moderna, en tanto que la mayoría son mujeres que trabajan bajo el sistema restrictivo de kafala.
Y según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2018, las mujeres representaban el 53% de las víctimas de la trata en el Medio Oriente.
Esclavitud y derechos de mujeres en Colombia
El informe alertó que entre comunidades rurales e indígenas de Colombia, las niñas vulnerables son traficadas a las ciudades para el trabajo doméstico.
Adicionalmente, Valerie Dourdin, directora de Emergencias de Save the Children Colombia, alerta: “En el país, una adolescente que queda embarazada tiene un 50% de posibilidades de no terminar nunca la escuela”.
Dijo además que este riesgo aumenta al 100% si tiene un segundo hijo antes de los 18 años.
“Sin educación y con perspectivas de empleo limitadas, a menudo lo único que se encuentra entre una madre joven y la pobreza es una pareja o matrimonio abusivo, o un trabajo precario”, agregó.
El matrimonio infantil y embarazo adolescente son solo algunas de las dificultades adicionales que enfrentan millones de niñas debido al cierre de escuelas por la pandemia.
Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indican que desde 1995 se han matriculado 180 millones más de niñas en la enseñanza primaria y secundaria.
Sin embargo, a pesar del aumento en todos los niveles de educación, las menores siguen teniendo más probabilidades de sufrir exclusión que los niños, un fenómeno que podría acentuarse significativamente con la crisis sanitaria.
“Para muchas niñas, la escuela es más que una llave para un futuro mejor. Es un salvavidas”, dice el informe ‘Una nueva generación: 25 años de esfuerzos por la igualdad de género en la educación’, el cual alerta sobre las dificultades adicionales a las que se enfrentan las pequeñas por el cierre de colegios.
De acuerdo con el análisis de la Unesco, 11 millones de niñas en el mundo podrían no volver a la escuela después de la pandemia de covid-19. Esta alarmante cifra amenaza décadas de progreso hacia la igualdad de género, y también pone a las menores en riesgo de embarazos adolescentes, matrimonios precoces y forzados, y violencia.
“Todos sabemos que la educación es la piedra angular de la igualdad, y que la educación de las niñas y las mujeres es el primer paso hacia un mundo más igualitario en lo que refiere al género (…) En este momento crítico, en el que la covid-19 está exacerbando las desigualdades de género, debemos renovar nuestro compromiso con la educación de las niñas y las mujeres”, señaló Audrey Azoulay, directora general de la Unesco.
Según la Unesco y Save the Children, cerca de 500.000 menores corren el riesgo de ser obligadas a contraer matrimonio infantil, y hasta un millón más de quedar embarazadas en 2020 como resultado de los impactos económicos de la pandemia. Estas cifras representan un incremento del 4 por ciento y 3 por ciento, respectivamente, comparado con 2019.
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El aumento se suma a las tasas estimadas de matrimonio infantil, que anticipaban que 12 millones de niñas serían obligadas a contraer matrimonio este año. Esta cantidad representa una estimación conservadora, pero marca un aumento significativo y esperado en los embarazos adolescentes, seguido de la deserción escolar.
“El aumento revertirá 25 años de progreso, en los que las tasas de matrimonio infantil disminuyeron”, dice Inger Ashing, directora ejecutiva de Save the Children.
Las niñas del sur de Asia serán las más afectadas por el alza del matrimonio infantil este año (191.000), seguidas de África Occidental y Central (90.000), y América Latina y el Caribe (73.400). También se espera que el fenómeno aumente en Asia Oriental y el Pacífico (61.000), Europa y Asia Central (37.200) y Oriente Medio y África del Norte (14.400).
El riesgo de embarazo adolescente en 2020 es más alto para las niñas de África Oriental y Meridional (282.000), seguidas de África Occidental y Central (260.000), y América Latina y el Caribe (181.000).
“La pandemia significa que más familias estarán en situación de pobreza. Lo que obliga a muchas niñas a trabajar para mantener a sus familias, a quedarse sin comida, a convertirse en las principales cuidadoras de familiares enfermos y a abandonar la escuela, con menores posibilidades de regresar que los niños”, agregó la directora ejecutiva de Save the Children.
Y si bien la covid es una situación inédita para el sector educativo, su impacto se podría asemejar a cuando hubo cierre de escuelas en algunos países africanos por cuenta del ébola.
La experiencia durante el brote de esa enfermedad sugiere que muchas menores nunca regresarán debido a la creciente presión para trabajar, el matrimonio infantil, la prohibición de que las niñas embarazadas asistan a la escuela y la pérdida de contacto con la educación. Los riesgos son especialmente altos para aquellas sin opciones de educación a distancia.
Otra encuesta de Save the Children a más de 17.000 familias en medio de la pandemia evidenció que casi dos tercios de las niñas (el 63 por ciento) dijeron que sus quehaceres domésticos habían aumentado, y más de la mitad (el 52 por ciento) aseguró que pasaba más tiempo cuidando a sus hermanos o a otras personas desde el cierre de colegios. Esto les impidió seguir estudiando en una proporción dos veces mayor que a los niños.
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