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Nicaragua: ¿Cómo viven los niños, niñas y adolescentes la crisis sanitaria generada por el COVID-19?

Centro América/ Nicaragua/ 07.07.2020/ Fuente: redclade.org.

 

Federación de organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia en el país realiza consulta con niñas, niños y adolescentes para saber cuáles son sus percepciones sobre la pandemia.

Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones que trabajan con la Niñez y Adolescencia (CODENI) realizó la consulta virtual “Percepciones de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Pandemia del Coronavirus” para saber cuáles son las demandas y las realidades de niños, niñas y adolescentes en este contexto.

La consulta se realizó entre el 6 de abril y el 8 de mayo de este año y contó con la participación de 131 niños, niñas y adolescentes de 11 organizaciones, que presentaron sus percepciones referentes a cómo viven la emergencia generada por el COVID-19 a nivel personal, familiar y en sus comunidades.

Según el reporte, 24% de las niñas, niños y adolescentes que respondieron a la consulta manifestaron su preocupación por el riesgo del contagio, ya que todavía siguen asistiendo a la escuela. Este mismo porcentaje de participantes de la encuesta considera que el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) debe brindar información a la población para que las familias conozcan y tomen medidas de higiene y prevención ante la pandemia, y 20% de los niños, niñas y adolescentes consultadas y consultados defienden la suspensión de las clases durante la crisis sanitaria.

>> Consulta completa

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/nicaragua-como-viven-los-ninos-ninas-y-adolescentes-la-crisis-sanitaria-generada-por-el-covid-19/

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Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional

América del Sur/ Bolivia/ 23.06.2020/ Fuente: redclade.org.

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación difunde nota pública denunciando la falta de respuesta y la escasa pertinencia en el Ministerio de Educación del país para asegurar el derecho a la educación durante la pandemia COVID-19

“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.

Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.

Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.

Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.

En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/bolivia-mas-de-2-9-millones-de-estudiantes-estan-en-vulnerabilidad-educacional/

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Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional

América del Sur/ Bolivia/ 16.06.2020/ Fuente: redclade.org.

 

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación difunde nota pública denunciando la falta de respuesta y la escasa pertinencia en el Ministerio de Educación del país para asegurar el derecho a la educación durante la pandemia COVID-19

“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.

Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.

Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.

Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.

En el pronunciamiento, además se exhorta al Ministerio de Educación a tomar una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.

Pronunciamiento completo: https://redclade.org/wp-content/uploads/Pronunciamiento-CBDE-9-de-junio-de-2020.pdf

Fuente de la noticia: https://redclade.org/wp-content/uploads/Pronunciamiento-CBDE-9-de-junio-de-2020.pdf

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CLADE Brasil: Financiamiento de la educación no puede poner en riesgo a otros programas esenciales

América del Sur/ Brasil/ 18.05.2020/ Fuente: redclade.org.

En posicionamiento público, Campaña Nacional por el Derecho a la Educación defiende cambios en el proyecto de ley para nuevo fondo público de la educación nacional, con el objetivo de asegurar el financiamiento adecuado de este derecho

“En este momento de pandemia COVID-19, en que las desigualdades sociales y educacionales tienden a profundizarse, la respuesta de aquellos y aquellas de hecho comprometidos con el derecho a la educación debe ser la aprobación de un Fundeb [Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación] robusto, con la constitucionalización de parámetros que garantizan la calidad y con inversión adecuada para tal fin, sin que para eso se utilicen fuentes de recursos que ponen en riesgo a otros programas esenciales, y sin la permisibilidad con mecanismos de evaluación y distribución de recursos que solo presionen por más disparidades socioeconómicas y educativas”, afirmó la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil en su posicionamiento público divulgado el último martes, 12 de mayo.

Respecto a la votación de la propuesta legislativa para el nuevo Fundeb, que tiene lugar en el Congreso Nacional, la Campaña manifiesta la necesidad de realizar cambios en el texto actual del proyecto, pues de aprobarse como está se podrían generar impactos drásticos en la financiación de la educación básica, en especial en lo que toca los programas sociales que son todavía más esenciales en el momento de crisis que vivimos por la pandemia COVID-19.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/brasil-financiamiento-de-la-educacion-no-puede-poner-en-riesgo-a-otros-programas-esenciales/

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¿Cómo quedan las personas migrantes y refugiadas ante la pandemia del Covid-19?

Por: Samuel Grillo.

 

La red Espacio Sin Fronteras se manifiesta en defensa de uno de los grupos más vulnerables al Covid-19: las personas migrantes y refugiadas

 

Ante la crisis que enfrenta el mundo actualmente debido a la pandemia Covid-19, la red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que expresa solidaridad con todas las personas afectadas por el virus. También hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Eso, especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin cobertura de asistencia, ni protección social.

“La actual pandemia desenmascara una vez más las falencias del modelo neoliberal, profundizando las desigualdades socio-económicas, los altos niveles de pobreza, que son también causas y consecuencias de la movilidad humana”, afirma la red. Recuerda, así mismo, el rol de la salud pública, sector históricamente en resistencia al desmantelamiento y las privatizaciones de políticas sociales, el cual se transformó en el centro del combate al virus.

En su posicionamiento, ESF señala que la actual crisis promueve discursos y acciones de xenofobia y discriminación, que se desprenden junto a la inminente restricción de fronteras, con el ensalzamiento de la soberanía nacional.  En este contexto, subraya la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía universal, así como de valorar la solidaridad y la unión.

“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF.

Según la red regional, es necesario realizar medidas propositivas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades.

Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios.

“Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota.

Fuente del artículo: https://redclade.org/noticias/personas-migrantes-y-refugiadas-pandemia-del-covid-19/

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¿Por qué la población de Colombia ha tomado las calles?

Por: Samuel Grillo.

Desde la semana pasada, Colombia ha presenciado protestas contra las políticas neoliberales del gobierno, que afectan a los derechos de la ciudadanía

Hace una semana, desde el 21 de noviembre, la población de Colombia ha tomado las calles del país. Estas marchas pacíficas se han caracterizado por la creatividad, la alegría, el arte, el baile y por llegar a todos los rincones de las ciudades y los campos.

Pero, ¿qué ha motivado esta movilización? Según Blanca Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), este paro nacional es motivado por razones de peso como:

  1. La negación del derecho a la educación para la mayoría de la población juvenil, al disminuir permanentemente los recursos destinados a la educación pública, principalmente universitaria y técnica laboral, y entregarlos a las universidades privadas.
  2. Un plan sistemático de exterminio contra líderes sociales y comunidades indígenas.
  3. El creciente desempleo, principalmente entre la franja más joven de la población.
  4. Una reforma tributaria que ha incrementado los impuestos de manera desmedida para la población colombiana en favor de las empresas.
  5. Una reforma laboral que disminuye el salario mínimo en un 35% para la franja más jóven, y deja por fuera a la mayoría de la población de la posibilidad de pensionarse, mediante una mayor privatización de los aportes obligatorios de las trabajadoras y los trabajadores para su pensión.
  6. Un sistema de salud privatizado y fracasado.
  7. Una gigantesca corrupción gubernamental, que merma los recursos para los programas sociales.
  8. La liberación de gravámenes para grandes grupos económicos y transnacionales, bajo el supuesto argumento de que así se “genera” empleo, y el aumento de los mismos para la ciudadanía en general.
  9. La creación de un holding de empresas privadas para manejar los recursos públicos, entre otros, los de salud, pensiones y educación.

“En resumen, la ciudadanía se moviliza en contra de las políticas neoliberales que han generado mucha insatisfacción entre los países de la región, como Chile. Asimismo, protestan contra la política de seguridad adoptada por el presidente Iván Duque, que resultó en el crecimiento de la violencia y la guerra en el país”, cuenta Cecilia Gómez.

Represión contra las protestas

Pese a la característica pacífica de las protestas, el Estado colombiano las ha reprimido fuertemente, resultando en 6 personas asesinadas en la última semana. Entre ellos, Juan David Rojas, de 15 años, que cursaba grado séptimo en el Colégio Alfonso López Michelsen, víctima de una bala perdida, y Dilan Cruz, de 18 años, que fue gravemente herido por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que usaba una arma no convencional (prohibida por Naciones Unidas).

“En resumen, la ciudadanía se moviliza en contra de las políticas neoliberales que han generado mucha insatisfacción entre los países de la región”

Cruz falleció el 25 de noviembre, justo el día que recibiría su diploma de bachiller. Como muchos otros estudiantes, soñaba con acceder a la educación superior, pero no logró conseguir un préstamo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para poder acceder a la universidad.

Otra tragedia derivada de la situación de represión en Colombia fue la muerte del soldado Brandon Cely Páez. En un video que se conoció en redes sociales, el soldado anunció que se quitaría la vida tras sufrir matoneo por parte de sus compañeros. Afirmó que fue estigmatizado por apoyar el paro y denunciar falencias en la institución.

Según Cecilia Gómez, una medida extraordinaria instaurada por el gobierno ha sido el toque de queda en Bogotá. El último viernes, 22 de noviembre, se decretó el toque de queda, el primero desde el 1977, cuando un gran paro nacional contra el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen derivó en violentos disturbios que dejaron una decena de muertos y miles de heridos.

Próximos pasos

Las marchas en Colombia siguen sin previsión de término. El Comité Nacional de Paro (Duque no ha querido dialogar con el Comité de Paro), en reunión el miércoles 27 de noviembre, hizo un llamado a que las personas y organizaciones movilizadas, a que no participen en conversaciones con el gobierno de manera aislada, sino que exijan las negociaciones directas entre el gobierno y el Comité.

Hay actividades de incidencia programadas hasta el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, contando con cacerolazos, asambleas cívicas y conciertos, además de manifestaciones populares en las calles y plazas del país.

Fuente del artículo: https://redclade.org/noticias/protestas-colombia/

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CLADE: Diálogo virtual tendrá la participación del director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. ¡Acompañe!

Por: CLADE. 

El evento contará con la presencia de Victor Giorgi y de otras autoridades y activistas para tratar sobre los desafíos y propuestas para la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en la región

El uruguayo Victor Giorgi, que desde el 2015 actúa como Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA), aportará a un diálogo sobre los desafíos y propuestas para la garantía del derecho humano a la educación y al cuidado en la primera infancia en la región, durante el seminario virtual “30 años de la Convención de los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo”, que será realizado el próximo martes (19), a partir de las 15h00 (GMT -3). 

En ponencia durante el XXII Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, Giorgi afirmó que es necesario cuestionar el lugar que tienen los niños, niñas y adolescentes en los procesos decisorios de las organizaciones de la sociedad civil, e instó por el fortalecimiento de una sociedad civil comprometida con los derechos humanos, que actúe de forma coordinada, desde una mirada estratégica y de capacidad propositiva.

“Se necesitan conocimiento, interpretación y aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. El contenido de la Convención debería ser un tema central del currículo de educación básica, para que las niñas, niños y adolescentes se apropien de estos derechos y los exijan. Además, se necesita formación de las personas adultas que trabajan con la infancia y la adolescencia, para que respeten estos derechos y aseguren la convivencia intergeneracional y la participación de las niñas, niños y adolescentes”, destacó.

Diálogo virtual

Organizado por la  CLADE, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO), el evento “30 años de la Convención de los Derechos del Niño: La primera infancia en diálogo” contará con la presencia de otras autoridades y activistas, como Adrián Rozengardt, especialista en políticas públicas para la primera infancia, de Argentina; Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Mercedes Mayol Lassalle, vicepresidenta regional para América Latina de OMEP y Mauricio Castillo, de Fundación Educación y Cooperación EDUCO.

Inscríbete para participar aquí. 

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/dialogo-virtual-tendra-la-participacion-del-director-general-del-instituto-interamericano-del-nino-la-nina-y-adolescentes-acompane/

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