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España: La Selectividad se sustituirá por una prueba menos basada en contenidos y parecida a los exámenes de PISA

Europa/España/18-02-2022/Autor: IGNACIO ZAFRA/Fuente: elpais.com

El cambio que prepara Educación facilitaría un sistema de acceso a la Universidad más homogéneo en las diferentes comunidades autónomas.

El Ministerio de Educación quiere cambiar la actual Selectividad por una prueba menos basada en contenidos y más parecida a los exámenes del Informe Pisa, con los que la OCDE mide regularmente en decenas de países (79, en 2018) las competencias del alumnado en lectura, matemáticas y ciencias. El objetivo es que la nueva prueba no pida tanto a los alumnos reproducir contenidos como demostrar que saben aplicar los conocimientos que han aprendido a lo largo del Bachillerato, explican a EL PAÍS fuentes que están participando en la revisión del sistema de evaluación. El Gobierno espera tenerla diseñada antes del inicio del próximo curso. El primer paso de Educación ha consistido en recabar información de cómo funciona el acceso a la Universidad en el resto de países europeos.

El ministerio que dirige Pilar Alegría considera necesario el cambio para dar coherencia a la nueva forma de aprender que va a empezar a implantarse en septiembre en todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato, basada en competencias. Este modelo, patrocinado por instituciones como la propia OCDE y la Unión Europea, defiende que la meta del sistema educativo no debe consistir tanto en transmitir a los estudiantes grandes cantidades de información y conceptos presentados de forma parcelada, como lograr que los chavales consigan una “comprensión profunda” de las cuestiones y tengan capacidad para “movilizar conocimientos de una forma mucho más interdisciplinar”, en el lenguaje que utiliza el ministerio.

Una prueba más homogénea

El nuevo sistema haría más fácil cumplir uno de los objetivos compartidos por sucesivos responsables del Ministerio de Educación, y que defiende Alegría, de lograr una cierta homogeneización en la Selectividad, una prueba que tiene características diferentes en cada comunidad autónoma, pero cuyos resultados sirven para acceder a todas las universidades públicas del país. La cuestión es especialmente importante ahora porque uno de los efectos de la actual reforma educativa es que la diversidad entre lo que se estudia en unos institutos y otros aumentará. Sucederá debido a la naturaleza de los nuevos currículos (las normas que regulan cómo deben aprenderse y evaluarse las asignaturas) que están elaborando a medias el ministerio y las comunidades autónomas, que dan mucho más margen de maniobra a los docentes, y también por el nuevo reparto de competencias establecido por la ley educativa que entró en vigor hace un año, que deja en manos de colegios e institutos la decisión de fijar una parte de los horarios y contenidos. En Cataluña, la primera en concretar el porcentaje, los centros educativos decidirán a qué se dedica un 20% del horario.

En tal escenario, avanzar en una homogeneización de la Selectividad con el actual sistema de exámenes parece imposible. Pero una Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) basada en competencias sí permitiría hacerlo. Al fin y al cabo, PISA plantea pruebas similares en países con sistemas educativos y contenidos mucho más diferentes de los que habrá en España.

El diseño concreto de la nueva Selectividad está todavía en sus inicios. En el Ministerio de Educación se ha constituido una comisión para definirla, cuyas conclusiones deberán ser consensuadas con el de Ministerio de Universidades. En el proceso de decisión intervendrá también la conferencia de rectores, la CRUE, el organismo que reúne a los responsables de las 50 universidades públicas y las 26 privadas.

Cómo se hace en Europa

El primer paso que ha dado Educación ha sido recabar la información de cómo está regulado el acceso a la Universidad en 27 países europeos, casi todos pertenecientes a la UE, a cuyas autoridades educativas el ministerio envió un cuestionario a través del foro educativo Eurydice. El ministerio ha elaborado un primer informe en base a sus respuestas, que refleja por ejemplo que en un 71% de los 27 Estados analizados los alumnos realizan algún tipo de prueba al acabar el equivalente a su Bachillerato. Pero solo un 36% de los países utiliza la calificación obtenida en un examen “como criterio para el acceso a la Universidad, de manera exclusiva o junto con otros requisitos”.

Entre los ocho países donde no “existe ninguna prueba externa y estandarizada para el acceso a los estudios universitarios” figuran Alemania, Francia e Italia. Mientras que en algunos Estados, como Finlandia y Estonia, las universidades pueden realizar sus propias pruebas para filtrar al alumnado.

Un dato llamativo es que, según el informe, “en la mayoría de los países con pruebas relacionadas con el acceso a la Universidad”, los estudiantes solo se examinan “de algunas disciplinas” del último curso de Bachillerato. Entre los que realizan pruebas más exhaustivas figuran Polonia y Portugal (aunque en este último caso las pruebas las realizan los propios centros y no se considera una evaluación externa estandarizada). Entre los que se examinan de menos disciplinas se encuentran Austria y Estonia, donde los alumnos solo están obligados a examinarse de su lengua propia, una lengua extranjera y matemáticas. A diferencia de lo que pasa en España, al menos en una docena de países (no todos han respondido a todas las preguntas del cuestionario) parte de los exámenes son orales, sobre todo en lengua extranjera, aunque otros también los utilizan en la prueba de lengua autóctona.

La duración los exámenes es muy variable: de los 55 minutos en Suecia a las seis horas en Finlandia (en España duran 90 minutos). En 15 países la prueba es la misma para todo el Estado, mientras otros tres (Países Bajos, Dinamarca y República Checa) tienen una parte general y otra que deciden los centros. El informe constata que el “caso de los países descentralizados” no arroja luz para el caso de España, porque Alemania “no tiene pruebas relacionadas con el acceso a la Universidad” y el ministerio no ha conseguido información de lo que ocurre en Bélgica con las comunidades flamenca y germanófona.

Así es un examen competencial

¿Cómo es una evaluación competencial? Ana Remesal, profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, responde a la pregunta con el ejemplo contrario: “Un examen de Matemáticas no competencial puede plantear una actividad que diga: ‘¿Cómo se calcula el área de un triángulo?’ Y se espera que el alumno diga: base por altura partido por dos. O: ‘¿Cuántas clases de triángulos hay?’. A lo que se espera que el alumno responda que según los ángulos hay estos tipos de triángulos, y según los lados hay estos tipos de triángulos. Se trata de lo que llamamos un conocimiento declarativo, en el que se pide al alumno que exprese en palabras aquello que sabe sin ir más allá de una definición, la identificación de una fórmula o un algoritmo”. Un examen de Matemáticas más competencial, en cambio, plantearía “un contexto más cotidiano o verosímil de partida, en el que aparecerían diferentes tipos de triángulos, y el alumno tendría que resolver esa actividad problemática demostrando con ello que distingue diferentes tipos de triángulos”, prosigue Remesal.

El objetivo final de una enseñanza y una evaluación competencial sería alcanzar una transdisciplinariedad en el mismo examen, es decir, que para resolver una actividad el estudiante tenga que relacionar conocimientos de diferentes disciplinas. “Pero eso es muy complicado”, reconoce Remesal, que recuerda que incluso PISA sigue planteando la prueba por grandes áreas (comprensión lectora, matemáticas y ciencias). Esta experta añade que en los últimos 20 años las autoridades educativas hablan con cierta alegría de la evaluación por competencias: “Ponen la etiqueta competencial muy rápido, pero no siempre se cumplan los requisitos”.

Fuente e Imagen: https://elpais.com/educacion/2022-02-14/la-selectividad-se-sustituira-por-una-prueba-menos-basada-en-contenidos-parecida-a-los-examenes-de-pisa.html

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Derecha empresarial y educación

Por: Pedro Salmerón Sanginés

Este fin de semana, Leonel Manzano, Carmen Sánchez y los compañeros de la sección 22 de la CNTE me invitaron a presentar el libro de Mauro Jarquín La pedagogía del capital: Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México, en el que muestra cómo las reformas “educativas” del PRI-PAN-PRD-etcétera del Pacto por México, de Enrique Peña Nieto (muchas de ellas aún vigentes), fueron, como escribió en esos años Luis Hernández Navarro, “un menú empresarial a la carta”.

En la presentación, el mismo Hernández Navarro exhibe al principal vocero y gestor de esos intereses empresariales contrarios al modelo educativo surgido de la Revolución Mexicana y defendido por los profesores y las comunidades: Claudio X. González Guajardo. Pero no sólo él: lo que parecerían acciones aisladas de algunos grupos de presión, algunas ONG, voceros de las cámaras empresariales, directivos e investigadores del Tecnológico de Monterrey, el ITAM, el CIDE, se nos presenta como una ofensiva bien montada, bien armada y bien organizada, apenas disimulada bajo una infinidad de siglas y acrónimos.

Mauro Jarquín cuenta qué buscan las organizaciones empresariales y qué se esconde bajo términos como “calidad educativa”, “competencia”, “capital humano”, “rendición de cuentas”, “evaluación”. Las propuestas de Mexicanos Primero (grupo de presión de Claudio X. González, buque insignia de la selva de grupos de negociación y chantaje) están directamente ligadas con algo que él llama “Movimiento de reforma educativa global”, que está “estrechamente asociado con las transformaciones político-económicas” neoliberales. Dicho “movimiento” ha sido abiertamente impulsado por entes como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE).

La brutal ofensiva contra la educación y los maestros, que ya venía de atrás, fue una de las constantes del gobierno de Peña. No es casual que los dos actos más atroces de su sexenio hayan sido perpetrados contra normalistas rurales y contra maestros en resistencia. Datos compilados por Hugo Aboites muestran que ante el arribo de la evaluación punitiva, más de 200 mil maestros se jubilaron anticipadamente.

Cuando decimos que esta brutal ofensiva viene de afuera y que Claudio X., sus socios y empleados traducen para México los dictados del BM y la OCDE no contamos cuentos: en la tercera parte del libro, Jarquín hace una radiografía de los grupos de presión y ONG surgidos en este siglo, y mediante los nombres, siguiendo el dinero, demuestra fehacientemente esa relación y rastrea de dónde vienen las “ideas” que se han ido imponiendo en México, particularmente por el gobierno de Peña, pero también por los anteriores, hasta Salinas de Gortari. Los nombres de los operadores (los empleados de alto rango) se entrecruzan. Aparecen reiteradamente los mismos personajes del CIDE y el ITAM con doctorados en Harvard o Chicago. Detrás de esas figuras intercambiables aparecen siempre los grandes empresarios, los 10 multimillonarios cuyos nombres todos conocemos, también grandes empresas trasnacionales con fuertes intereses en México, como Iberdrola (casualmente), Kellogg (a propósito de la batalla por el etiquetado la búsqueda de exclusión de productos chatarra de las escuelas), Google… y organismos como la USAID (la agencia estadunidense “para el desarrollo internacional”).

¿Creen ustedes que toda esta presión para imponer ese modelo es altruista, como dicen Claudio X. y sus empleados?, ¿creen que su vocerío en defensa de la “calidad” y de la “rendición de cuentas” se debe a su “preocupación por los niños”, como reiteran? En lo absoluto: tanto la presentación de Hernández Navarro como el texto de Jarquín nos abren un montón de rutas para seguir la pista del dinero, de los jugosísimos negocios hechos a la sombra de la gradual y silenciosa privatización de la educación: como dijo un alto gerente del Tecnológico de Monterrey con motivo de la firma de un muy lucrativo contrato con el gobierno en 2016, “En el fondo se trata de que instituciones privadas como el Tec tengan un rol cada vez más importante en la educación en México”.

Mencioné el CIDE, institución de educación superior pública, hoy en el centro de un debate muy importante. El libro muestra que muchas de las traducciones al mexicano de ese movimiento internacional, se elaboraron en el CIDE. Muchos de los altos empleados de Claudio X. y sus socios son egresados del CIDE o simultáneamente académicos del CIDE… y todos esos think tanks (como los llama Jarquín) están hoy en campaña en defensa no del CIDE (que no está en riesgo, tampoco la pluralidad que aún mantiene) sino de los grupos de poder que tenían copada su dirección.

El otro gran centro generador de traducciones y traductores, el ITAM, en junio 2018 abandonó cualquier apariencia de pluralidad académica, cuando su junta de gobierno aprobó una reforma al estatuto general que, contra su anterior tradición de premiar y consentir a los altos funcionarios del neoliberalismo, ahora cierra la puerta a cualquiera que trabaje en el actual gobierno: https://bit.ly/3yll2Pv.

Fuente de la información:  https://www.jornada.com.mx

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Los CAED y PRONI: la precariedad laboral en tiempos de la 4T

Por: Abelardo Carro Nava

«Vaya precarización laboral y docente en un gobierno que se dice humanista…»

Vivimos en un país donde, por un lado, los políticos de todos los partidos que llegan a ocupar un lugar en Palacio Nacional o en distintas Secretarías de Estado, específicamente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), buscan de cualquier forma satisfacer las demandas y exigencias de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial, en materia de inclusión educativa o de incorporación a eso que se le conoce como globalización con la enseñanza de una lengua extranjera, pero, por otro lado, en un país donde esos mismos políticos, diseñan programas que no acaban de concretarse para beneficio de la población a los que están dirigidos: niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar, ya sea en educación básica o media superior. NNA que, indudablemente, sufren las consecuencias de una serie de decisiones mal tomadas por quienes tendrían que procurar el derecho irrestricto, en este marco, a una educación de calidad.

En este sentido, el tema del Programa Nacional de Inglés (PRONI) o el del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración Educativa (hoy Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, FFSEE), impulsado hace unos años por gobiernos emanados de otros partidos políticos muy diferentes al que hoy dirige los destinos del país, nada más no acaban de tomar forma para hacerse una realidad. Es más, con la mal llamada “austeridad republicana”, sufren los embates de una serie de recortes o ajustes presupuestales pues, como se sabe, para el actual régimen hay de prioridades a prioridades que no se visualizan en el ámbito educativo, pero sí en lo clientelar o corporativo.

Por ejemplo, el pasado 17 de noviembre, profesores del PRONI de los estados de Zacatecas y Puebla, denunciaron en distintos medios de comunicación y/o redes sociales, el adeudo de varias quincenas y falta de prestaciones de ley y servicio médico en plena pandemia, pero también el que, en Guerrero, el 15 de noviembre, terminaría el servicio que éstos prestaban en cada una de las escuelas de esa entidad federativa (Noticias en la mira, 2021). Un asunto que no es nuevo, de hecho, en enero de este año, publiqué un artículo que titulé “El PRONI, entre la corrupción y el limbo” (Carro, 2021). Así ha sido y, tal parece, que así seguirá este programa: entre la corrupción y el limbo.

Ahora bien, por lo que toca al tema de la inclusión educativa, durante el sexenio de Felipe Calderón, se impulsaron los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), como parte de las políticas de equidad e inclusión impuestas por los organismos internacionales referidos y, cuyo propósito, fue el de brindar atención especializada de calidad y pertinente a los estudiantes con discapacidad, así como también, integrarlos a la comunidad escolar. De hecho, en 2016, según la SEP, se tenían en operación 275 CAED, teniendo previsto, abrir 225 más en el periodo 2016-2018, y por el cual se aseguraba que, al término del sexenio, se tendrían 500 en todo el país (Boletín 131, SEP, 2016). No obstante, con la llegada del actual régimen, y bajo el pretexto de esa mal llamada “austeridad republicana”, desde hace un par de años, alumnos, padres de familia y maestros que laboran en los CAED, han denunciado por diversos medios de comunicación y redes sociales, la presunta eliminación de estos CAED, así como también, una serie de irregularidades en sus pagos, pero, lo más preocupante, el que los alumnos que cursan sus estudios en estos Centros, tenían serias dificultades para obtener los documentos que avalan la culminación (certificación) de sus estudios (Discapacidad, 2019). Un asunto que, hay que decirlo, así se ha mantenido hasta nuestros días. ¡Vaya forma de implementar las políticas educativas de carácter incluyente en nuestro país! En fin.

En este sentido es importante señalar que, en ambos programas, la figura del docente que estaría a cargo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, tanto para los que cursan el nivel básico para la adquisición de una lengua extranjera o, en media superior, para la atención de alumnos con alguna discapacidad, no reciben esta denominación, la de docentes, sino aquella que, por más que se diga lo contrario, es totalmente incomprensible y hasta denigrante: “asesores externos”. ¿Acaso estos “asesores externos” no planean, desarrollan una clase y evalúan los aprendizajes? Cierto, en ambos casos, no ha habido una completa formalización del servicio educativo que prestan estos profesores; ello explica el por qué no tienen una base definitiva o el que se les pague irregularmente por honorarios (previo contrato), pero ¿ello justifica esa irregularidad a la que han estado sujetos desde hace varios años?, ¿no un gobierno, que se dice del pueblo y para el pueblo, tendría que velar por brindar una atención integral a todos los sectores de la población que así lo requiera con personal calificado y especializado en diferentes rubros?

Y es que, como se sabe, con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en la década de los noventa, la implementación de políticas internacionales emanadas de los señalados organismos, y la tan anhelada y mal lograda “calidad” educativa en nuestro país, se ha precarizado y desvalorizado el quehacer docente en diversos rubros afectando, como parece obvio, a los trabajadores que prestan sus servicios bajo estas modalidades, pero, desde mi perspectiva, lo más importante y preocupante, el que los alumnos de todos los sectores sociales, y con diferentes capacidades, no reciban lo que propio derecho les corresponde: una educación que les permita afrontar los retos que la vida misma y la sociedad impone, pero también, ser incluidos en esa sociedad altamente demandante derivado de ese mundo globalizado.

Cierto, habrá quien me diga que se ha avanzado en materia de inclusión educativa en nuestro país, no obstante, en mi defensa, diré que el que un alumno con alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva o motriz asista a cualquier escuela de México no es un signo de un avance mayúsculo pues, como se sabe, desde hace varias décadas, las maestras y maestros de nuestro país no han recibido la formación especializada para tratar a estudiantes con autismo, hipoacusia, etcétera, que se incorporan a sus aulas escolares.

Curiosamente, si el actual régimen tiene la intención de desaparecer programas “neoliberales”, hasta el momento no hemos conocido (y con seguridad no conoceremos) qué programas substituirían a éstos. Vaya, el que la Secretaria de Educación, PROFESORA Delfina Gómez, haya anunciado el pasado 3 de diciembre (día internacional de personas con discapacidad) que, para 2022, se tendría un aumento superior a los 650 millones de pesos en el PFSEE (Profelandia.com, 2021), no asegura que los CAED seguirán subsistiendo. Creo, la profesora, tendría que tener claro que los Centros de Atención Múltiple (CAM), no son los CAED, y punto.

¿Por qué no brindar una certeza laboral y profesional a estos profesores que no son asesores externos para que, de alguna forma, se avance en una adecuada implementación de las políticas en comento?

Con negritas:

Vaya precarización laboral y docente en un gobierno que se dice humanista.

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información:    https://profelandia.com

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Los perros como maestros de la empatía en el aula

Por:

España es pionera en la terapia asistida por animales para la prevención del bullying.

El bullying es un problema serio en la comunidad educativa desde que la educación estandarizada existe. A pesar de su prevalencia, sigue siendo un tema infraestudiado en Latinoamérica. De acuerdo con la ONG Bullying sin fronteras, las estadísticas sobre el tema son escasas, las más recientes antes de las provistas este año por ellos mismos en colaboración con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) datan de 1990.

México ha visto un gran aumento en las estadísticas de violencia estudiantil. Bullying sin fronteras sostiene que en los últimos tres años siete de cada diez niños sufrían acoso escolar, y recientemente esta cifra subió a ocho de cada diez, colocando a México en el primer lugar de bullying en el aula entre los países participantes de la OCDE. En Estados Unidos esta cifra es uno de cada cinco. Ante esta situación, el rubro educativo se ha concentrado en una posible solución a través de aliados que no hubiéramos imaginado antes: los perros.

La prevención tiene cuatro patas

En el 2017, la Fundación Affínity, en conjunto con la escuela Lleó XIII en Barcelona (Cataluña), lanzaron el programa piloto “Respétame”, que consiste en educación asistida por animales para combatir el acoso escolar. La iniciativa funciona como una asignatura más en el horario escolar. Dentro de este espacio se manejan terapias asistidas con perros que tienen como objetivo principal fomentar el respeto, prevenir el bullying y reforzar la inclusión entre los estudiantes.

“Desde un aumento de la autoestima, o de la tolerancia a la frustración, el reconducir conductas no adecuadas, el saber trabajar en equipo, algo que parece muy simple, pero que a ellos les cuesta”. Dice Maribel Villa, técnica de la fundación, refiriéndose a los estudiantes y los beneficios que el programa les otorga, esto en una rueda de prensa realizada en el 2018. Agrega que se pueden trabajar innumerables objetivos para mejorar la inteligencia emocional de los alumnos en un curso electivo como este.

Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, explicó durante el mismo evento la clave por la cual los perros son tan efectivos en el proceso enseñanza-aprendizaje de herramientas para fortalecer la salud emocional de los estudiantes y prevenir el bullying, entre otras cosas. Buil sostiene que los canes proveen un espacio seguro que es instrumental para que niños y jóvenes ejerzan la escucha y la empatía sin sentirse juzgados. Gracias a esta dinámica, niños y adolescentes pueden formar vínculos saludables con los animales de terapia y repetir estos patrones positivos en la relación entre el alumnado y personas fuera del aula.

Lo que hay detrás del perro

Existen otras instancias de prevención del acoso a través de la terapia con perros en España, como la asociación asturiana Entrecanes, que realizan diversas intervenciones asistidas con perros en ambientes como escuelas, universidades y empresas. En materia de educación, ofrecen planes para intervenir en las escuelas y reforzar el aprendizaje de las habilidades sociales necesarias para prevenir o reducir el acoso escolar.

“El objetivo es mejorar la convivencia en el aula, la cohesión grupal y trabajar aspectos como las emociones, la resolución de conflictos o la empatía”, expresa Oscar Bueno, portavoz de la asociación Entrecanes para El País. Reiteró que los talleres de intervención están dirigidos ya sea a la prevención de acoso o a su disminución en caso de que ya se haya presentado, agregando que es importante entender la diferencia al momento de trazar las metas. Destacó que los talleres y programas de esta naturaleza no se apoyan solamente en los perros, sino en profesionales de la psicología, la docencia y contenidos teóricos que ayudan a poner en contexto lo que se necesita que los alumnos aprendan para forjar vínculos positivos.

Una segunda oportunidad para los canes

El enfoque de la terapia o educación asistida con perros es la de ayudar a personas con problemas específicos de aprendizaje, comportamiento y manejo de emociones, pero un beneficio no declarado es la oportunidad de una vida útil y feliz para los perros que realizan estas tareas, especialmente en Latinoamérica donde el problema del abandono de mascotas es tan rampante. En México, el 70 % de los perros viven en situación de calle, colocando al país en el primer lugar de abandono canino en América Latina. Durante la pandemia, el abandono de mascotas aumentó un 20 % de acuerdo a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). El organismo sostiene que solo el 10 % de los animales en los albergues son adoptados.

México y el resto de Latinoamérica comienzan a ver las ventajas de rescatar perros para integrarlos a programas de terapia y acompañamiento de diversos propósitos. Ya sea para el apoyo de niños con autismo, manejo de duelo y educación asistida. Si bien no se cuenta en el continente con organizaciones con treinta años de experiencia en programas personalizados, como Affinity, lo que se puede encontrar son nuevas ideas y entusiasmo por aprender cómo potencializar esta vertiente de apoyo educativo y psicológico.

En México se formó la asociación de Terapeutas Caninos México AC, además de la comunidad de Perros de Terapia en México. Colombia también se ha sumado a la tendencia con organizaciones como LATIMOS, que incluye desde educación para perros hasta talleres de intervención con perros entrenados para dar terapia.

¿Habías oído hablar de la terapia asistida con animales en el salón de clases? ¿Has estado en alguna sesión de este tipo? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Conoces algún otro tipo de terapia con animales distintos a los perros? Cuéntanos en los comentarios.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/perros-contra-bullying

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España: Educación lanza una campaña contra el acoso escolar

Europa/España/07-11-2021/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

La ministra Pilar Alegría pide no mirar hacia otro lado ante un problema que afecta a casi uno de cada cinco alumnos de 15 años.

Coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, que se celebra este jueves 4 de noviembre, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) lanza una campaña de sensibilización para fomentar el buen clima en las aulas. Esta incluye, entre otras iniciativas, la difusión de unos vídeos de concienciación, en los que participan Javier Calvo y Javier Ambrossi, que se emitirán en las redes sociales del Ministerio. El MEFP anima ala ciudadanía a sumarse a la iniciativa en redes sociales utilizando la palabraclave #ActúaContraelAcoso. La campaña cuenta con la colaboración de Atresmedia, que también la difundirá a través de sus canales.

«Mejorar la convivencia en nuestras escuelas es un objetivo de todos. Nuestros escolares, nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, tienen que acudir a clase en un entorno seguro, donde sean felices», explica la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en un mensaje difundido en redes. «Por eso, te pedimos que actúes. Que no mires a otro lado. Que nos ayudes a ayudar a todas esas chicas y chicos que son excluidos o que se sienten amenazados. Cada gesto cuenta», añade.

Uno de cada tres estudiantes ha sido víctima de acoso escolar en el mundo en el último mes, según los últimos datos de la UNESCO. Los alumnos y alumnas que sufren este tipo de violencia presentan peores resultados académicos, son más propensos a sufrir ansiedad, depresión y soledad, e incluso pueden plantearse el suicidio, según alerta el organismo de Naciones Unidades.

En España, cerca del 17% de los alumnos de 15 años ha sufrido acoso escolar, según recoge el Informe PISA 2018, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque esta cifra se encuentra por debajo de la media de la OCDE, del 23%, es motivo de preocupación para el MEFP, que trabaja en diversas iniciativas destinadas a mejorar el clima escolar.

Cualquiera que sufra acoso escolar o sea testigo de un caso puede dirigirse al teléfono de ayuda 900 018 018 del Ministerio. El servicio es gratuito, anónimo, confidencial, está operativo las 24 horas, todos los días del año, para toda España y es atendido por psicólogos apoyados por trabajadores sociales y abogados. Existe también un chat, disponible también las 24 horas, gratuito y anónimo. Ambos son gestionados por la Fundación ANAR.

La nueva Ley de Educación, que entró en vigor en enero, establece entre sus principios «la educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/educacion-lanza-campana-20211104101623-ntrc.html

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América Latina: Observatorio Latinoamericano presenta el escenario de la educación y de la privatización educativa en 10 países de la región

América Latina/05-11-2021/Autora: Ana Raquel Fuentes/Fuente: redclade.org

Serie de investigaciones elaborada por la IEAL revela que la consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en la política pública educativa

El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas (OLPE) es una iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), creada para registrar el comportamiento de las políticas educativas en la región. En una serie de publicaciones sobre política educativa, el OLPE ofrece un análisis sobre cómo éstas se desarrollan a partir de los escenarios encontrados en los distintos países de América Latina, detallando las leyes que propician el comercio educativo y la incursión de actores privados dentro de esta arena, y alertando sobre las tendencias que buscan el debilitamiento de la educación pública en la región.

Según el análisis, por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal.

El observatorio detalla las acciones y modelos educativos por cada país. A continuación, una breve descripción por país.

El modelo de actuación del sistema educativo colombiano se caracteriza por la participación del sector privado en todos los ámbitos de la educación pública y persiste un trasiego sistemático de fondos públicos a las arcas privadas, mediante la compra pública de servicios educativos a grupos privados. Estos servicios incluyen desde la gestión de instituciones educativas hasta el diseño e implementación de modelos pedagógicos, pasando por el acompañamiento docente, la promoción de procesos de actualización profesional, la elaboración de contenidos educativos y la implementación de estos, así como los procesos de evaluación de los aprendizajes. Las autoridades educativas en Colombia han comprado al sector privado una amplia variedad de servicios educativos. Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado con el comercio educativo a través de los modelos de alianzas público-privadas. El marco normativo que rige el Sistema General de Participaciones es el principal impulso para dirigir fondos públicos a proveedores privados de servicios educativos. Esa ley establece que hasta un 24% del presupuesto municipal se use para contratar servicios educativos con entidades no estatales. Con más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, los gobiernos han estado enfocados en el desarrollo de la guerra y su agenda y gran parte del presupuesto estatal, también. Los gobiernos colombianos han gobernado subcontratando procesos completos de política pública, dejando un vacío en el rol del Estado.

En la gestión de la política educativa de Costa Rica, lo que se observa es que el Estado costarricense ha avanzado en un formato de gestión pública-privada y, al tiempo que se disminuyen los fondos disponibles para educación y se des-responsabiliza al Estado de la gestión de la política educativa, los grupos privados y la cooperación se instauran como tomadores de decisión e implementadores de la política educativa pública mediante el modelo de las alianzas público-privadas. El crecimiento de la oferta privada en todos los niveles educativos es un rasgo de cómo el Estado costarricense ha facilitado las condiciones para el comercio educativo, pero, principalmente, cómo el Estado ha permitido el deterioro y el déficit de la oferta pública y ha dejado en manos de las familias la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de sus hijas e hijos. En general, lo que se observa es que no solamente las autoridades, sino todos los actores privados, han naturalizado la participación de grupos empresariales y del sector financiero en la toma de decisiones y en la gestión de la educación pública.

En El Salvador, el marco legislativo es favorable a la educación pública y al rol del Estado.n Sin embargo, en el país centroamericano se han establecido mecanismos paralelos, que no son superiores a las leyes vigentes, pero que están investidos del carácter de “consenso multisectorial” y que son mecanismos favorables a la participación del sector privado, las ONG, las corporaciones religiosas, la cooperación y los medios de comunicación en la toma de decisiones en educación. Estos mecanismos son el Consejo Nacional de Educación (CONED) y el Plan El Salvador Educado (PESE). Persiste una crítica de parte de los sectores de la cooperación y fundaciones externas a la inversión pública en secundaria. Esta crítica la basan, por una parte, en que la educación secundaria no está suficientemente alineada con las necesidades del sector productivo del país. Complementariamente, los actores que comercian con la educación critican que, a pesar de la inversión, no se detiene la exclusión educativa y que cada año crece el número de “desertores” escolares.

Guatemala tiene particularidades propias como un Ministerio de Educación fuerte, comprometido con la política educativa y con la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Los modelos de escuelas subvencionadas y de centros educativos por cooperativas de enseñanza, principalmente en las zonas rurales que estuvieron afectadas por la guerra, mantienen la ausencia del Estado en esas regiones, 25 años después de finalizado el conflicto armado. Aún con esas particularidades, actores como el Banco Mundial o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), han instalado su propia agenda en la política educativa y han dado pie para que se consolide la presencia de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y grupos consultores privados en los espacios de toma de decisión, el diseño de programas y proyectos educativos y en la implementación de servicios educativos.

En Honduras se observa una fuerte presencia de programas y proyectos educativos desarrollados por sectores privados, con el fin de implementarse en el sistema público. Estos son financiados con fondos de la cooperación internacional con la venia de la Secretaría de Educación. Lo que se observa es el avance de formatos público-privados y privados de gestión, administración e implementación de la política educativa pública. También las iniciativas de participación de las comunidades promueven la participación de grupos privados y ONG. Las principales formas de lucro percibidas no se nutren de fondos públicos, sino más bien, de fondos de cooperación que compran servicios de las ONG y grupos privados para que actúen en el ámbito de la educación pública.

En Panamá, el sistema educativo básico tiene tres niveles, 1) preescolar, primaria y premedia, 2) segundo nivel o educación media (secundaria), y 3) educación universitaria. El comercio educativo es más visible en los dos primeros niveles, que incluyen dos años de educación preescolar, seis de primaria, más tres de premedia, y tres de educación media. El país ha experimentado aumentos importantes en la cobertura educativa, por ejemplo, el aumento de 19 puntos porcentuales de cobertura de educación media del año 2011 al 2012. La legislación panameña facilita que las alianzas público-privadas atiendan las necesidades de infraestructura. La carencia de equipamiento y de acceso al agua en centros educativos, revistió aún más importancia a partir del inicio de la pandemia. En Panamá las iniciativas como el Plan Estratégico del Gobierno (PEG) 2019-2024, así como el Compromiso por la Educación y las recomendaciones que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al país, tienen puntos de convergencia como la intención de desvalorizar la gestión pública, poner en duda la capacidad estatal para llevar adelante una gestión adecuada, avanzar en la descentralización de la gestión educativa y pensar la política educativa centrada en el desempeño. Los casos del Programa Panamá Bilingüe y de la Beca Universal, y los subsidios de matrícula, dejan al descubierto cómo los grupos privados por un lado critican la función pública, pero por otro, están dispuestos a que se transfieran millones de dólares en recursos públicos a proveedores de servicios privados.

En Paraguay se nota una tendencia de los gobiernos de facilitar la participación del sector privado en los ámbitos de toma de decisiones de la política educativa, consolidando las oportunidades para el lucro privado y favoreciendo el desmantelamiento del sistema público. Esta situación se produce en un momento de debilidad institucional y de polarización política. La pandemia ha propiciado cuestionamientos a la gestión para las autoridades educativas, que en los últimos años han tenido una tendencia de recuperar prácticas autoritarias y de mayor incidencia de grupos fundamentalistas. Al igual que otros países de la región, se observa la injerencia de la cooperación internacional en la gestión de la política pública y la aceptación por parte del Estado. En particular, se nota la gran influencia de la Unión Europea, la USAID, y la Organización de los Estados Iberoamericanos.

En Perú se observa una creciente participación del sector privado y de la cooperación internacional (principalmente USAID) en los ámbitos de desarrollo de política pública y de toma de decisión en materia educativa. Se sobresalen dos tendencias preocupantes que pueden escalar hacia otros países de la región. Por un lado, el surgimiento de franquicias de escuelas privadas de bajo costo, como son las Innova Schools, y por otro, la inversión de grupos financieros y holdings comerciales en negocios educativos que actúan como franquicias o “cadenas” educativas.

En República Dominicana se observa una fuerte naturalización de la participación de actores privados, religiosos, de la cooperación internacional y de las instituciones financieras internacionales en los procesos de política pública, incluida la política pública en educación. Los grupos privados y empresariales están involucrados en procesos centrales de la política educativa como son la gestión interna en el Ministerio de Educación, el sistema de información interno, la carrera docente y la evaluación. Las principales tendencias de comercio educativo observadas hasta ahora están enmarcadas en el Pacto Nacional Educativo que surge a partir del Foro Nacional de Educación y de la aprobación del 4% del PIB para la educación (no exclusivamente pública) en el país. En el año 2015, el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 50 000 000 para el desarrollo del Apoyo al Proyecto Nacional de Pacto Educativo para República Dominicana. Este préstamo contemplaba el reclutamiento y capacitación de maestros y maestras de escuelas primarias y secundarias, evaluación a estudiantes y docentes, evaluación de los centros de primera infancia y la gestión descentralizada de escuelas. El sector empresarial privado nacional participa activamente en el diseño de propuestas y en los niveles de toma de decisión con respecto a las políticas educativas. Igualmente, la cooperación internacional, principalmente la USAID y UNICEF también juegan un papel central en el diseño y la implementación de políticas educativas en el sector público.

La forma de privatización mayormente observada en el Uruguay es la configuración de redes de empresas privadas que venden servicios al Estado y entre sí, para gestionar diferentes componentes de la política educativa. La legislación uruguaya garantiza espacios de participación y construcción conjunta de la comunidad educativa en el nivel de los centros educativos, tanto en los proyectos pedagógicos como en la elaboración de proyectos en convenio con otros actores, etc. Esta participación es una forma de blindar y proteger al sistema educativo público. Si bien se observan experiencias importantes en las que algunos grupos privados le venden sus servicios a otros grupos privados y no directamente al Estado, estos servicios terminan por expresarse y concretarse en el ámbito de la educación pública, generando y naturalizando la permanencia de empresas privadas en el quehacer educativo público. En Uruguay, el avance del comercio educativo y del lucro privado en este país se ha dado, incluso frente a este marco normativo que protege la educación pública y los actores privados con agenda de lucro se han instalado como actores legítimos frente a la opinión pública. Sumado a esto, en Uruguay se percibe un alto nivel de sofisticación de los negocios en educación, que se organizan en formas de clústeres y que, por tanto, tienen interés en protegerse entre sí, para permanecer vigentes en el mercado.

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/observatorio-latinoamericano-presenta-el-escenario-de-la-educacion-y-de-la-privatizacion-educativa-en-10-paises-de-la-region/

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Educación. ¿Por qué es necesaria la construcción de escuelas?

Por: Sulem Estrada

Una medida tomada en algunas escuelas para el regreso a clases fue dividir los grupos en secciones para evitar el hacinamiento. Con el anuncio del semáforo verde en la CDMX, Sheinbaum planteó que en todos los niveles se considerará un regreso a clases al cien por ciento ¿qué implicaciones tiene esto?

El hacinamiento en las aulas es uno de los problemas históricos del sistema educativo mexicano. Nuestro país ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE con más alumnos por grupo en educación básica, lo que repercute directamente en su aprendizaje y en la capacidad de las y los docentes de atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes a su cargo.
Evitar el hacinamiento en tiempos de pandemia se convierte, además, en una condición mínima indispensable para mantener la salud de nuestros alumnos y alumnas.

Con la medida tomada por la SEP de dividir los grupos en dos y hasta tres secciones en el caso de las escuelas con mayor cantidad de alumnos, es la primera vez que las y los maestros podemos atender grupos reducidos. Si bien no en todas las escuelas aplicaron esta medida, en las escuelas donde se aplicó, ha permitido no solo mantener la “sana distancia” sino dar una atención más personalizada a muchos alumnos.

Los grupos reducidos permiten resolver dudas individuales, atender las necesidades de cada uno, considerar sus ritmos y estilos de aprendizaje. Es que la diferencia entre atender entre 10 y 15 alumnos y atender 50 es abismal. Podemos conocerlos mejor, charlar con ellos, saber de sus vidas, sus miedos e identificar de mejor manera sus habilidades.

“Me siento tranquilo, hay mucha calma aquí. Hay algo de silencio. En mi casa vivimos diez, duermo con mis dos hermanos”, me dice un alumno que por primera vez tiene un poco de espacio personal en su salón de clases.
México declara ante la OCDE tener 25 alumnos por grupo en primaria y 27 en secundaria. Todos los docentes sabemos que es mentira, pues hay grupos de hasta 60 alumnos inscritos y aunque ahora acuden 15, esto implica que escalonen su asistencia y acudan una semana a clases presenciales y aguarden en casa otras dos o tres en lo que se atiende al resto de los alumnos inscritos.

Esto genera que el avance académico se dé a cuentagotas, lo que no ayuda a abatir el rezago educativo que los alumnos arrastran producto de no haberlos dotado de herramientas tecnológicas ni haber garantizado que tuvieran acceso a internet para sostener las clases a distancia.

Esta situación les da el pretexto perfecto al gobierno y a las autoridades educativas para exigir un regreso a clases “al cien por ciento”, soslayando que esto implica en muchos casos hacinar a 50 chicos y chicas en condiciones insalubres, con aulas pequeñas y sin la ventilación adecuada.

 

Urge construir escuelas y contratar docentes con plenos derechos laborales
En su documento Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE, este organismo plantea que “se ha comprobado que un bajo número de estudiantes por cada maestro tiene un impacto positivo sobre la relación alumno-maestro en los diferentes tipos de entornos”. Sin embargo, a diferencia de otras recomendaciones que se siguen al pie de la letra, ésta es ignorada, pues reducir significativamente la cantidad de alumnos por grupo implicaría forzosamente invertir en construcción de escuelas y en la contratación de docentes y personal administrativo y manual.

La política de “austeridad republicana” que ha llevado adelante el gobierno de la 4T ha implicado que nuestro país siga invirtiendo menos por estudiante que la mayoría de los demás países de la OCDE, como sucedía en los sexenios anteriores. Mientras el promedio en los demás países es de 11,231 dólares, en México se invirtieron solamente 3,320 dólares, lo que implica que las necesidades de los alumnos no puedan solventarse adecuadamente.

Las y los maestros no podemos permitir que nos obliguen a volver a salones hacinados e insalubres. Para resolver el problema del hacinamiento es necesaria y urgente la construcción de más y mejores escuelas, que puedan estar equipadas con tecnología y materiales didácticos acordes a las necesidades de nuestros alumnos. Con instalaciones deportivas para que puedan cuidar su salud de forma integral. Asimismo, se requiere contratar docentes, personal de apoyo, psicólogos, médicos, orientadores y trabajadores sociales con plenos derechos laborales, pues la precarización de la labor docente avanza a pasos agigantados como mostramos aquí.

Para poder construir más escuelas, es indispensable un aumento al presupuesto educativo, recurso que podría obtenerse de dejar de pagar la deuda pública fraudulenta y de destinar a educación los recursos que se otorgan a la guardia nacional.

Docentes, padres y madres de familia necesitamos unirnos y organizarnos para luchar por una educación pública que responda a nuestras necesidades y las de nuestros niños y niñas. Súmate al Movimiento Nacional por un Regreso Seguro a Clases. Contáctanos aquí.

Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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