La Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) protestó la mañana de este martes frente al Ministerio de Educación exigiendo mejoras en el sistema educativo del país.
«El Artículo 266 de la Ley Orgánica establece el 6% del PIB para la Educación», dijo Fernando Ábrego, secretario general de la Asoprof. Y añadió: «Ese 6% se incluyó en la Ley 34 de 1995 y no ha habido gobierno que haya implementado el 6% del PIB para la Educación».
A la manifestación asistieron diversos grupos de trabajadores de la educación, incluyendo capítulos de la Asociación Nacional de los Directivos de Escuelas oficiales de Panamá (Andeop) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sinte).
El año escolar inició el lunes 1 de marzo de 2021 con unos 895 mil estudiantes (750 mil corresponden al sistema oficial) matriculados, según cifras oficiales.
La ministra de Educación, Maruja Gorday, confirmó el 19 de agosto en una entrevista con TVN-Noticias que al corte del 31 de julio, alrededor de 1,200 escuelas están abiertas. De estos centros escolares, 465 se encontraban en modalidad semipresencial y 640 en tutoría.
Aún después de nueve años de la existencia de una política pública orientada a incrementar la participación de mujeres y la protección de sus derechos, vemos que la pandemia tuvo una grave afectación sobre el poco avance obtenido
Panamá es uno de los países de América Latina que ha establecido planes de igualdad de género desde el poder ejecutivo, específicamente la Ley N° 71 de 2008, que crea el Inamu, la Ley N°4 de 1999, por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y La Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Ppiom) establecida por la Inamu en el año 2012.
Aún después de nueve años de la existencia de una política pública orientada a incrementar la participación de mujeres y la protección de sus derechos, vemos que la pandemia tuvo una grave afectación sobre el poco avance obtenido. En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata Acevedo, indicó que “aún persisten barreras estructurales que impiden la participación plena de la mujer en actividades económicas, debido a obstáculos como la discriminación al momento de la contratación, en el acceso para ocupar altos cargos de mando y la desigualdad salarial”.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el desempleo afectó mayormente a las mujeres (8,8%) en comparación con los hombres (5,8%). Lo anterior obedece a varios factores culturales y sociales:
1. Las mujeres en el hogar en su gran mayoría son las responsables de la educación (virtual) de sus hijos.
2. Las mujeres en el hogar se ocupan del cuidado de otros familiares que requieren ayuda, tales como adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades mentales.
3. La mayoría de las plazas de trabajo altamente afectadas por la recesión económica son las de hospitalidad, saloneros, venta al por menor, donde una gran parte son ocupadas por mujeres.
4. Los trabajos con mayor riesgo de contagio durante la pandemia son ocupados en su mayoría por mujeres: enfermería, limpieza, trabajo social, y en Panamá inclusive la fuerza pública.
Todo lo anterior ha generado no solo una inequidad superior a la existente prepandemia, sino que también incrementó en mujeres el burnout o síndrome de desgaste profesional debido a que no solo deben cumplir con sus obligaciones laborales durante su jornada de trabajo, sino que deben hacer malabares para cumplir con sus obligaciones familiares simultáneamente.
Algunas propuestas que deben empezar a ser discutidas por su impacto sobre la igualdad y equidad serían las siguientes:
1. El periodo de licencia de maternidad, periodo de lactancia y fuero laboral deben ser revisados en nuestra legislación laboral a fin de garantizar que dichos derechos sean expeditos, y que estas pausas laborales no conlleven que la trabajadora se vea truncada en su crecimiento profesional, incluyendo salarios, ascensos y evaluaciones de desempeño.
2. Revisar todas las leyes laborales que creen algún tipo de protección o fuero y verificar su verdadero impacto. Muchas de estas normas en vez de salvaguardar el puesto de trabajo lo que hacen es crear una discriminación, porque desde el punto de vista de negocios se convierte en un riesgo contratar a personas que mantienen fueros ilimitados, difíciles de objetar y no sujetos a su desempeño ni productividad.
3. Establecer planes, sean estatales o de la empresa privada, dirigidos a cubrir la necesidad y costo de guarderías y de centros de atención integral a la primera infancia.
4. Proteger el derecho al subsidio de maternidad que otorga la CSS, que debió ser reconocido a trabajadoras embarazadas durante la pandemia.
Aunque Panamá ha avanzado a través de dos normativas en el propósito de reemplazar el uso contaminante del plástico por alternativas sostenibles, enfrenta ahora el desafío mayor de educar y generar conciencia sobre el tema, consideró María Navas, evaluadora de proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente del país.
En entrevista con Xinhua, Navas, que ejerce en la dirección de verificación de desempeño ambiental del ministerio, resaltó que, además del cambio en los materiales de los productos comercializados en el país, «es importante crear conciencia en la población en favor de la implementación de modelos de consumo responsable, sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos».
El 20 de julio de 2018 entró en vigencia en el país, para negocios de venta al por menor, la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y promueve el de bolsas reutilizables.
«Como trabajo constante, debe realizarse la educación ambiental en todos los sectores para poder encaminarnos hacia la sostenibilidad, es necesario que todos los panameños entiendan la importancia de la aplicación de normativas que disminuyan el uso de plásticos y con esto deberán promoverse normativas más adelante», expuso Navas.
Según detalló, «gran parte de los comercios han adoptado el uso de las bolsas de papel y reutilizables como alternativa a las bolsas de polietileno, tomando en cuenta el objetivo de la ley (de 2018), que es la promoción de las bolsas reutilizables ya que generan menor impacto al ser de más de un uso».
Consideró como frutos de esa ley la reducción de aproximadamente el 33 por ciento en la entrada de bolsas plásticas al país, además que visualmente se ha podido notar una disminución de la presencia de este material en actividades como las limpiezas de playa y en la recolección en las barreras atrapa sólidos que se instalan en fuentes de agua.
La funcionaria identificó como otro avance la adhesión de Panamá, uno de los países de América Latina que más basura per cápita genera, a la carta sobre plásticos oceánicos, que, explicó, implica un compromiso con un enfoque eficiente y sostenible para la gestión de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida.
Destacó además el trabajo del país en su Plan de Acción Nacional de Basura Marina, que busca reunir a actores de todos los sectores para crear actividades y concientizar sobre la basura marina.
«Es una herramienta guía para reducir y eliminar la basura marina que atenta contra la biodiversidad y los ecosistemas en sus costas y mares, involucrando y sumando los esfuerzos de la mayor cantidad de actores nacionales mediante la implementación de acciones de limpieza, restauración, legislación, gobernanza, investigación, desarrollo e innovación», subrayó
La iniciativa aspira atender el problema de los embarazos no intencionales y prevenir los delitos sexuales. Entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en menores de 10 a 19 años.
En 2019 hubo en Panamá 72 mil 456 nacimientos vivos, de los cuales 458 correspondieron a niñas/madres menores de 15 años y 11 mil 809 a adolescentes/madres de entre 15 y 19 años, según los datos más recientes de la Contraloría General de la República.
Estos números son solo el reflejo frío de un fenómeno social que se repite y en el que entran en juego la falta de protección hacia las niñas por parte de su núcleo familiar, y del Estado, que no logra pasar de la letra a la acción en cuanto a aseguramiento de derechos y castigo al infractor.
El tema, cuya génesis es multifactorial, es abordado a través de una iniciativa que está pendiente de primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Con ella se busca darle fuerza de ley a la enseñanza de la educación sexual, materializada hoy en el país, tras años de discusión para alcanzar un consenso, en lo que se conoce como las Guías de Sexualidad y Afectividad; y dar un paso más allá al incluir la prevención de los delitos sexuales.
Las guías comenzaron a elaborarse en 2016 y no fue hasta fines de 2019 cuando el documento consensuado estuvo listo. Luego, pasó casi año y medio para que se anunciara que la capacitación los facilitadores –400 y de forma virtual– empezaría: en abril de 2021.
La propuesta, de Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Fátima Agrazal, aspira a instaurar el “Programa De Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales”. En ella se atribuye parte del problema a la falta de información y al desconocimiento de niñas y jóvenes sobre cómo prevenir situaciones de riesgo y cómo denunciarlas, cuando se ven envueltas en ellas.
“Esto [la ley] busca construir sobre las guías. Es importante la continuidad de la obligación y la continuidad de la educación sexual; garantiza presupuesto, garantiza horas de capacitación, garantiza temas”, dijo a este medio Silva, al explicar cómo se inserta su propuesta con los pasos hacia la enseñanza de la educación sexual que ha dado el país con las cinco guías elaboradas.
Las guías se dividen en: una dirigida a los padres de familia (orientación y formación en educación en sexualidad y afectividad), otra para cada nivel educativo (primaria, premedia y media), y una dirigida a adolescentes embarazadas, madres adolescentes y sus padres.
La propuesta
De acuerdo con la iniciativa, el programa a desarrollar estará basado en la ciencia, no será parte del currículo general y los centros educativos deberán notificar a los padres de familia o acudientes sobre las fechas y temas a tratar en cada clase, charla o taller que organicen. Corresponderá al Ministerio de Educación (Meduca) y al Ministerio de Salud (Minsa) establecer el diseño curricular y la capacitación docente, que no deberá ser menor a 30 horas para asegurar los objetivos.
La propuesta también detalla los temas que deberá ofrecer el programa, entre ellos, Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo relativo al sistema reproductor; Conozca y practique el respeto a la integridad física; Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz; Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA; Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual.
También se dispone que el Meduca y el Minsa creen, en todos los centros oficiales y particulares, espacios de formación para los padres o acudientes, a propósito de ofrecerles información sobre: aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos sobre los niños, niñas y adolescentes; promover la comprensión y el acompañamiento en su maduración afectiva, preparándolos para entablar relaciones interpersonales positivas; y vincular a la escuela y a la familia para el logro de los objetivos del programa.
Así mismo, promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre los padres y sus hijos sobre la salud sexual y reproductiva, la responsabilidad con respecto a la prevención del embarazo precoz, la prevención en infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y la violencia o abuso sexual; y enseñar a los padres de forma adecuada cómo replicar la información en el hogar.
Los argumentos
El programa educativo, señala Silva en la exposición de motivos, puede ser parte de una solución integral de mediano a largo plazo a los problemas planteados. “Si los niños, niñas y adolescentes aprenden a prevenir, a protegerse, a cuidarse y a denunciar, muchas de estas lamentables situaciones se pueden evitar […] De lo contrario, seguirán incrementando los embarazos en menores de edad, afectando así la calidad de vida, la salud pública y arrebatándole la niñez a los jóvenes”.
En el documento, Silva sustenta, con estudios de organismos internacionales y estadísticas nacionales, la necesidad de atender el asunto. Entre otros aspectos, destaca que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el embarazo en la niñez o adolescencia es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil, genera consecuencias en la salud y perpetúa la pobreza.
También refiere, citando al Banco Interamericano de Desarrollo, que las madres menores de edad tienen menos probabilidades de culminar la educación secundaria y que el embarazo adolescente reduce los años de escolaridad, la asistencia a la escuela y las horas laborales.
Aludiendo a estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas indica que las niñas o adolescentes que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y un nivel de vida adecuado, por el contrario, asumen obligaciones de adultas sin estar preparadas para ello y no tienen acceso a los mismos derechos y oportunidades que las demás niñas o adolescentes. La Organización Panamericana de la Salud advierte de que el embarazo no intencional se asocia no solo a pobreza y exclusión, sino a la violencia sexual.
La propuesta revela, de acuerdo con registros del Minsa, que entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, y que solo en esos tres meses se superó el 57% de los casos registrados entre enero y noviembre de 2019, cuando hubo 4 mil 652.
Entre 2007 y 2019, en el país hubo 181 mil 668 nacimientos vivos de mujeres menores de entre 10 y 19 años, según cifras de la Contraloría de la República.
“De acuerdo al MINSA, del 2014 a mayo de 2019 quedaron embarazadas un promedio de 29 adolescentes por día. Esto representó aproximadamente 58 mil jóvenes embarazadas”. Estos números no incluyen cifras de la Caja de Seguro Social y de las clínicas privadas.
Detalla el texto que según la Contraloría, entre 2014 y 2018, 86 niñas con menos de 15 años tuvieron un segundo hijo; y que los registros del Ministerio Público reflejan que en 2020 hubo 5 mil 469 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de los cuales mil 913 fueron por el delito de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18.
“La bibliografía del impacto de la educación en reducir el embarazo precoz es extensa. La evidencia que hemos recopilado indica que los cursos, talleres, seminarios y demás pueden tener efectos positivos en reducir embarazos en los menores de edad […] también pueden tener efectos positivos en la reducción de las infecciones de transmisión sexual y VIH y los delitos sexuales. No obstante, los resultados dependen de la calidad e implementación”, se lee en la exposición de motivos.
Silva manifestó a este medio que con las Guías de Sexualidad y Afectividad se pasó de cero a algo, pero así como esos textos llegaron pueden desaparecer, ya que puede llegar un gobierno que diga que va a aplicar otras guías, y como no hay una ley que las respalde, eso no se podría evitar. Pueden cambiar al vaivén no solo del gobierno, sino del ministro –afirmó–. La ley que propusimos le daría más estructura y validez jurídica a las guías, para que la educación sexual se mantenga.
El diputado destacó que su propuesta se robustecerá cuando llegue el primer debate en la comisión, ya que pedirá la conformación de una subcomisión para que todos los grupos interesados participen y hagan aportes. “El foro para terminar de construir este proyecto, que no es una versión final, es la subcomisión”, apuntó, al tiempo que indicó que ya ha recibido comentarios de algunos diputados y organizaciones sobre aspectos que se deben modificar, y que aspira a que ese recorrido que viene sea de consenso.
Contexto global
The word sex education written in chalk on a blackboard
El Fondo de Población de Naciones Unidas aboga por la educación integral en sexualidad (EIS), que implica un enfoque basado en los derechos y centrado en el género, ya sea en la escuela o fuera de ella.
Este modelo implica una formación a lo largo de los años y de acuerdo con la evolución de las capacidades de los jóvenes. Incluye información científicamente precisa sobre el desarrollo humano, la anatomía y la salud reproductiva, así como información sobre anticoncepción, parto e infecciones de transmisión sexual.
Según el Unfpa, se trata de un asunto de derechos porque “las elecciones sexuales y reproductivas de los jóvenes pueden tener un efecto cascada en sus derechos humanos”.
El informe Estado Mundial de la Población 2021 –presentado este 14 de abril por el Unfpa– se centró en la autonomía corporal: el poder y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.
En este reporte se advierte, entre otras cosas, que el derecho a la autonomía corporal es violentado cuando se priva a los jóvenes de una educación integral en sexualidad.
La EIS –señala el informe–, no solo ayuda a evitar los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual, sino que también capacita a las personas para defenderse a sí mismas. También inculca valores de respeto, consentimiento e igualdad para todos, incluidos los niños, adolescentes y los hombres jóvenes, los cuales son fundamentales para convertir la autonomía corporal en una realidad.
Uno de los países de la región líder en EIS es Argentina, que en 2017 puso en marcha el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Un reporte de la consultora Julia Frenkel revela que un año después de haberse comenzado a implementar el plan en 12 provincias del país, se registraron 6 mil 961 nacimientos menos que en 2017 en chicas menores de 19 años, incluidos 143 casos menos de niñas menores de 15 años. En ese año, 94 mil 79 de los nacimientos fueron de adolescentes menores de 20 años y 2 mil 493, de niñas menores de 15.
El 9 de diciembre de 2020, FLACSO Argentina lanzó la iniciativa “Pausa. Vamos de nuevo”, que ofrece materiales de EIS para adolescentes de 13 a 18 años, docentes y familias de la región latinoamericana. Este proyecto, que es apoyado por el Unfpa se enmarca en la Iniciativa de Inversión en Adolescencia y Juventud, 165 Millones de Razones: un llamado a la acción dirigido a movilizar, amplificar y coordinar esfuerzos a favor de las generaciones presentes y futuras, así como en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los recursos disponibles, que están en diferentes formatos (audiovisuales, guía didáctica, acceso a otros recursos) y son accesibles e inclusivos, buscan facilitar el diálogo y promover una educación integral de la sexualidad de calidad, empoderando a las y los adolescentes para tomar decisiones conscientes y críticas sobre su sexualidad.
El presidente Lauretino Cortizo anunció que el retorno a clases semipresencial será a partir del segundo trimestre
El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el Ministerio de Educación (Meduca) iniciará el retorno a clases semipresenciales a partir del segundo trimestre, con un plan piloto en 100 planteles del país.
«La meta es de 500 escuelas desde el segundo trimestre, pero con un plan piloto de 100, obviamente quisiéramos que fueran más», explico Cortizo.
El mandatario agregó que para este retorno gradual, se publicarán las condiciones para la apertura de los colegios en Gaceta Oficial, posiblemente este martes 13 de abril.
En el articulo 2 de dicho decreto destaca a la vacunación de los docentes y administrativos como una de las principales condiciones para el regreso a los colegios.
Las escuelas multigrados son las primeras que comenzarían con el retorno de estudiantes a las aulas. ‘Todas aquellas escuelas que cumplan con el decreto y después que tengan la aprobación de Salud. van a poder dar sus clases semipresenciales».
El retorno a clases en modalidad semipresencial a partir del próximo lunes 12 de abril, anunciado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, ha generado el rechazo de organizaciones magisteriales agrupadas en la Unión Nacional de Educadores de Panamá (Unecep), quienes advierten que no asistirán a los colegios por considerar que se trata de un atentado en contra de los derechos fundamentales de la comunidad educativa.
El bajo porcentaje de vacunación, que no garantiza la llamada inmunización de rebaño, la falta de un sistema de desinfección en los colegios, la carencia de materiales didácticos y hasta considerar la medida del retorno a clase como violatoria a la norma, son algunas de las quejas que han presentado los dirigentes magisteriales.
El calendario escolar fue reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 25 del 14 de enero de 2021, en el cual se establece que el primer trimestre será a distancia, es decir de marzo a junio de este año, por lo que la titular de Educación indicó que se está a la espera de que se realice la modificación de esta norma para aplicar la modalidad de semipresencial, de forma voluntaria.
Para Luis López, secretario general del Frente Nacional de Educadores Independientes, no es correcto que se hagan modificaciones al decreto que reglamenta el calendario escolar después del inicio de clases. “Ahora tenemos doble trabajo; es duro a distancia y ahora resulta que tenemos clase presencial y online. Es complicado, muy complicado”, agregó López.
Según este dirigente magisterial, el hecho de que la medida sea voluntaria provocará que los docentes tendrán que ir a las escuelas a atender a los estudiantes y también de manera virtual, ya que habrá padres que no llevarán a sus hijos a clases por temor a contagios.
Mientras que el también dirigente de la Unecep, Humberto Montero, considera que el Meduca ha violado el Decreto Ejecutivo 25 desde el primer día de clases, al considerar que hay escuelas en las comarcas que están dando clases presenciales.
En este mismo escenario, Montero considera que todavía en los planteles no existen las condiciones para iniciar las clases presenciales y apoya su postura con datos que señalan que hay 1,400 escuelas que no tienen agua y 825 planteles donde no hay electricidad.
“Solamente 6,000 docentes de los 48,500 que tiene el sistema educativo se van a vacunar, es decir que hay docentes que todavía no se han vacunado y están en la comarca dando clase de manera presencial, dijo Montero. Esto representa 390 docentes.
López también aprovechó esta coyuntura para hacer críticas a las autoridades del Meduca, al argumentar que no hay personal de mantenimiento para las desinfección en los colegios, al destacar que se han hecho despidos masivos en este sector para nombramientos políticos que no se han hecho.
Otro de los dirigentes que se quejó por la medida del Meduca, de promover las clases semipresenciales, fue Ángel Raúl Mitré, de la Asociación de Educadores Herreranos, quien consideró que la decisión de la ministra es producto de las presiones de sectores económicos que exigen las clases presenciales.
“Es lamentable lo que está ocurriendo, porque se habló de Herrara y Los Santos para el retorno. Los padres están sumamente preocupados porque en Herrera ningún docente ha recibido la vacuna al igual que administrativos y directivos. Es una situación muy preocupante”, señaló el educador del interior del país.
Cierre de escuelas
Las escuelas de Panamá han sido las que mayor tiempo han permanecido cerradas por la pandemia de la covid-19, según el “Análisis del cierre de las escuelas”, de Unicef.
El cierre de las escuelas tiene consecuencias desastrosas para la educación y el bienestar de los niños. Los más vulnerables y los que no pueden acceder a la educación a distancia tienen más probabilidades de no regresar nunca a la escuela, e incluso de ser víctimas del matrimonio infantil o el trabajo infantil.
El problema se acentúa con una educación a distancia de baja calidad. El año pasado más de 219 mil estudiantes de escuelas públicas no tenían cómo conectarse a clases. Esta cifra representa tres de cada 10.
Por: José González Pinilla/ https://www.prensa.com
Aclaró a los padres de familia que este proceso será ‘voluntario’ y comenzará en regiones educativas donde la tasa de casos de coronavirus es mínimo.
La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció que el próximo lunes 12 de abril podrían iniciar el plan de “retorno gradual” de las clases semipresenciales en el país.
Sería de manera “progresiva, escalonado, contextualizada y con todas la normas de bioseguridad”, aseguró Gorday de Villalobos en el programa Radiografía en EcoTv.
Sin embargo, esperan una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud (Minsa) entre este lunes y martes. “Presentamos al ministro y a todo su equipo legal la variante del decreto Ejecutivo” sobre el regreso de los estudiantes y docentes a las aulas de clases.
Indicó que el inicio de las clases será por región educativa, y en áreas donde el índice de casos de coronavirus es bajo. Y están recomendando que los primeros estudiantes sean los de preescolar y primeros grados y los graduandos.
La ministra aclaró a los padres de familia que este proceso “será voluntario” y progresivo, con el acompañamiento del Minsa.
En marzo de 2020, las clases fueron suspendidas por la pandemia. Pero en julio de ese año las clases se reiniciaron de manera virtual. Esta modalidad continúo en marzo de este año.
Gremios de educadores han dicho que no retornarían a las escuelas hasta que se garanticen las condiciones necesarias para evitar contagios, como el agua potable en los plantes y que los profesores sean vacunados.
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