Las movilizaciones en lugar de favorecer los objetivos que dicen buscar solo han profundizado la crisis de la educación pública. Es urgente, por ello, avanzar en una estrategia que devuelva a los estudiantes a las aulas.
A solo una semana de iniciado el año escolar 2023, el jueves se produjeron los primeros incidentes y hechos de violencia por parte de estudiantes participantes de la marcha estudiantil convocada en el contexto de las movilizaciones denominadas como “mochilazo”, que tendrían como motivación protestar por demandas tan diversas que van desde mejoras en la infraestructura escolar hasta el fin de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES). Así, hubo lanzamientos de bombas molotov afuera del INBA, se produjeron enfrentamientos de adolescentes con carabineros y la interrupción del tránsito con barricadas.
Resulta preocupante que en los últimos años este tipo de hechos pasaron a formar parte de la normalidad, al punto de que se estén produciendo simultáneamente con el inicio del año escolar. En esa línea, cabe preguntarse si la convocatoria a movilizaciones tiene una justificación o si, en cambio, responde más bien a intereses extraeducativos, así como a la falta de reflexión respecto al deterioro que éstos producen en la educación pública y a la necesidad de tomarse en serio la asistencia a clases, para recuperar tanto los aprendizajes como aquellos aspectos del desarrollo que han sido afectados por el prolongado cierre de escuelas durante la pandemia.
En cuanto al deterioro en la educación pública, recientemente se conoció la información del proceso de admisión escolar para el presente año, cuyas etapas preliminares concluyeron con vacantes en todos los liceos emblemáticos. Es decir, en cada uno de ellos hubo menos postulaciones que cupos disponibles, lo que da cuenta de una situación que, aunque inédita -pues históricamente se trataba de establecimientos altamente demandados-, la verdad es que hoy no sorprende, dados los hechos de violencia y desorden que los aquejan con recurrencia, así como la sostenida caída que vienen experimentando en sus resultados académicos.
El diagnóstico sobre los problemas que acarrean estas continuas movilizaciones parece bastante claro, sin embargo, no lo es la respuesta a la pregunta sobre qué hacer para revertirlos. Por un lado, es un hecho que hoy los adolescentes enfrentan una serie de distracciones que con cada vez mayor frecuencia les hacen poner sus estudios en segundo plano. Así lo refrenda la caída que se ha producido en la asistencia escolar y el aumento en la inasistencia crónica, que ya afecta a casi 4 de cada 10 estudiantes. Del mismo modo, cambios sociales que han ido llevando a una pérdida del respeto por la autoridad hacen que sea cada vez más difícil poder enfrentar los problemas de violencia en el sistema escolar.
Así como el ministro del Interior anunció planes para prevenir los efectos negativos de las movilizaciones que ya se han convocado, es de esperar que también el gobierno, como parte de su agenda de recuperación educativa, contemple una estrategia tendiente a devolver a los estudiantes a las aulas, reduciendo los incentivos a actividades extraescolares que finalmente concluyen en hechos de violencia y que finalmente solo entorpecen la solución a las urgencias por las que atraviesa el sistema educativo y agravan aún más el deterioro de la educación pública.
El libro Enseñanza superior en tiempos de pandemia presenta las experiencias de acción y cambio en los procesos de formación en la educación superior y de posgrado durante la pandemia producto del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. La obra registra el testimonio del compromiso de la comunidad académica y estudiantil, que no detuvo su labor de enseñanza e investigación en los tiempos más aciagos de la crisis sanitaria. Los trece capítulos y el seminario académico titulado “Transformación de los procesos de educación superior y de posgrado Innovación en tiempos de pandemia” dan cuenta de los efectos provocados por la COVID-19 en el modelo de Educación Superior en México, el cual se vio obligado a transformarse desde lo más profundo de las comunidades originarias hasta las masificadas universidades en México. Los autores presentan, analizan y ofrecen su opinión acerca de los retos enfrentados para transformar la estructura y organización educativa y de investigación con el fin de reaccionar ante la contingencia sanitaria y las políticas de confinamiento social en donde se improvisaron, fortalecieron e innovaron procesos de educación y comunicación basados en el uso de Internet para continuar las clases, cursos y seminarios.
Autoras(es): Ramón Abraham Mena Farrera. Sergio Iván Navarro Martínez. Dora Elia Ramos Muñoz. Antonio Saldívar Moreno. [Coordinación]
Amaranta Cornejo Hernández. Anna María Fernández Poncela. Claudia Islas Torres. Denisse Roca-Servat. Evangelina Cervantes Holguín. Fanny Escobar Melo. Felipe Javier Galán López. Guillermo López Varela. Gunther Dietz. José Antonio Agis Rosas. Karla Yasmín Ruiz Santos. Laura Regil Vargas. Laura Selene Mateos Cortés. Lilia Irlanda Villegas Salas. Luis Gabriel Arango Pinto. María Gisela Velázquez Silvestre. Margarita López Ramos. María del Rocío Carranza Alcántar. Marina Martínez Martínez. Mercedes Gómez González. Miguel Figueroa Saavedra. Pavel Roel Gutiérrez Sandoval. Rosa Ynés Alacio-García. [Autoras y Autores de Capítulo]
Con China declarando la victoria sobre la pandemia, las históricas protestas de noviembre que llevaron al fin de las reglas de cero covid han empezado a desvanecerse de la memoria.
Pero a medida que el país continuaba hacia adelante, muchos de los que participaron en las manifestaciones empezaron a desaparecer, arrestados por las autoridades en medio de una silenciosa represión contra los disidentes que no hace sino profundizarse.
Miles se manifestaron en contra de las políticas restrictivas de covid mostrando hojas en blanco en la oscuridad durante las llamadas protestas del Libro Blanco. Fue una muy poco común muestra de crítica al gobernante Partido Comunista Chino y a su líder Xi Jinping.
En ese momento, fueron pocos los arrestos que hizo la policía. Ahora, meses después, activistas chinos dicen que decenas de esos manifestantes están bajo custodia policial.
Un grupo estima que ha habido más de 100 arrestos.
Grupos de derechos internacionales y universidades extranjeras han pedido su liberación. Y grupos activistas han publicado listas con los nombres de los presuntos detenidos. Esto incluye a quienes protestaron en Pekín y en otras ciudades como Shanghai, Guangzhou y Nankín.
Las autoridades chinas no han respondido a las consultas sobre las detenciones. Pero a través de entrevistas con amigos y abogados, la BBC pudo verificar los nombres de 12 personas arrestadas en Pekín.
Al menos cinco de ellos han sido puestos en libertad bajo fianza. Entre los que aún están bajo custodia, cuatro mujeres -Cao Zhixin, Li Siqi, Li Yuanjing y Zhai Dengrui- han sido arrestadas formalmente por «provocar peleas y problemas».
Este es un cargo notoriamente vago que conlleva una sentencia máxima de cinco años, y los críticos dicen que a menudo se usa para sofocar la disidencia.
‘No son activistas’
Muchos de los arrestados tienen una buena educación (algunos asistieron a universidades en Reino Unido y EE.UU.) e incluyen escritores, periodistas, un músico, un maestro y un profesional de la industria financiera.
La mayoría de los detenidos de Pekín formaban parte de una red informal de amigos que compartían el amor por las artes y que a menudo se reunían en clubes de lectura, proyecciones de películas y debates. Muchas de ellas eran mujeres.
Según los informes, la policía las ha interrogado sobre si eran feministas o estaban involucradas en «actividades feministas». Las autoridades chinas han reprimido o censurado cada vez más a las activistas por los derechos de las mujeres en los últimos años.
Aunque el grupo tenía conciencia social y algunos miembros habían mostrado su apoyo a la figura de #MeToo Xianzi, no eran activistas, insistieron sus amigos.
«Son solo un grupo de jóvenes preocupados por la sociedad… mi amiga está interesada no solo en los derechos de las mujeres, sino también en los derechos humanos y los derechos de los vulnerables. Esto no tiene nada que ver con actividades relacionadas con el feminismo», dijo la amiga de una las detenidas.
El 27 de noviembre, varias mujeres del grupo se unieron a una vigilia pública en el río Liangma en Pekín.
El evento fue uno de los muchos que se llevaron a cabo espontáneamente en China esa noche para llorar a las víctimas de un evento que conmocionó a China, el incendio en un apartamento en Urumqi; muchos creían que las víctimas no pudieron escapar debido a las restricciones de Covid, aunque las autoridades lo pusieron en duda.
La vigilia se convirtió en una protesta pacífica, con personas sosteniendo papeles en blanco que se convirtieron en un símbolo de su frustración.
«El ambiente ha sido tan opresivo durante tanto tiempo. No pensaron que estaban participando en un movimiento cuando fueron a la manifestación. Pensaron que era solo una forma de desahogar sus emociones«, dijo otro amigo.
«No chocaron con la policía ni expresaron opiniones radicales. Así que no pensaron que fuera serio».
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Pie de foto,La protesta en Bélgica comenzo como una vigilia por las víctimas de un incendio.
Tan es así, que sus amigos dicen que hicieron poco para proteger sus identidades, dada la rapidez con que se sabe que China silencia las protestas.
Reconocimiento facial
No está claro qué llevó a la policía a este grupo particular de amigos, pero, según los informes, rastrearon a los manifestantes usando cámaras de vigilancia y software de reconocimiento facial, y registraron los teléfonos de los arrestados.
Uno de los detenidos creó un grupo de Telegram que se expandió de unos cuantos miembros a más de 60. Y muchos de ellos usaban números de teléfono registrados con sus nombres reales. Dos días después, algunos de ellos fueron interrogados por la policía.
«Estábamos hablando por teléfono cuando se la estaban llevando», dijo el novio de una detenida. «Me dijo que se habían llevado a algunos de sus amigos y que habían perdido el contacto. Estaba tratando de borrar cosas de su teléfono móvil. Se la llevaron antes de que terminara de borrar cosas».
Los arrestos parecieron acelerarse durante diciembre y enero a medida que, uno por uno, iban siendo detenidos más miembros del grupo de amigos, según dicen los activistas.
Cao Zhixin, anticipándose a su arresto, envió a sus amigos un video de ella hablando a la cámara. Venía con las instrucciones para publicarlo en línea en caso de su desaparición.
«Lo que hicimos fue expresar nuestros sentimientos de una manera razonable», dijo Cao en el clip, que ahora se ha vuelto viral. «No queremos desaparecer… si asistir a un evento de duelo es un delito, ¿cuánto espacio queda para compartir nuestros sentimientos?».
Preocupación y condena
Varios grupos de derechos humanos e instituciones educativas ahora están pidiendo su liberación en una señal de creciente preocupación internacional. La universidad británica Goldsmiths confirmó a la BBC que Li Siqi era una ex alumna y dijo que estaban «profundamente preocupados» por su bienestar.
«Condenamos en los términos más enérgicos la supresión de la libertad de expresión e instamos a las autoridades chinas a liberar de inmediato a todos los detenidos en relación con la vigilia», dijo una portavoz de Goldsmiths.
Agregó que el director de la universidad había escrito al embajador chino en el Reino Unido, Zheng Zeguang. La embajada china aún no ha respondido a las consultas de la BBC.
La Universidad de Chicago y la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) también confirmaron que dentro de los arrestados, había ex alumnos suyos. Una declaración de UNSW a la BBC pidió que el asunto se resuelva con «el debido respeto por los principios legales y por los derechos humanos universales».
Reporteros sin Fronteras señaló que cuatro de los detenidos, incluyendo a Li Siqi, eran periodistas, y calificó sus arrestos como «un mensaje escalofriante más para quienes creen que la información fáctica debe informarse incluso cuando contradice la narrativa oficial».
Human Rights Watch dijo que el incidente mostraba que «los jóvenes en China están pagando un alto precio por atreverse a hablar en favor de la libertad y los derechos humanos», y agregó que las autoridades chinas han amenazado a los abogados y amigos que han tratado de apoyar a los detenidos.
Matando al pollo
Los observadores creen que las autoridades quieren enviar una señal con los arrestos, o lo que el activista de derechos humanos Teng Biao llama «matar al pollo para asustar a los monos».
«Quieren atrapar a quienes creen que son los líderes y organizadores, y aquellos que desempeñen un papel de liderazgo serán severamente castigados», dijo, y agregó que el instinto de las autoridades chinas será averiguar si las «fuerzas hostiles occidentales» estaban detrás de las protestas.
El hecho de que un número significativo de los detenidos sean mujeres y, según los informes, hayan sido interrogadas sobre su apoyo a causas feministas, también subraya la desconfianza de los funcionarios en el movimiento por los derechos de las mujeres.
En los últimos años, China se ha visto afectada por varios casos de alto perfil que involucran a mujeres víctimas de violencia y agresión sexual. Estos han provocado críticas inusualmente duras a las autoridades y han generado apoyo a los derechos de las mujeres.
Pero a medida que el movimiento ha venido creciendo, la respuesta del gobierno se ha endurecido.
En 2015, tomó medidas contundentes contra un grupo de mujeres conocidas como las Cinco Feministas y, desde entonces, las activistas dicen que han sido cada vez más censuradas y atacadas en línea. Un brazo del Partido Comunista Chino condenó recientemente el «feminismo extremo» como un «tumor maligno».
«Mantener la ‘armonía social’ siempre ha sido la principal prioridad del gobierno, y los movimientos feministas siempre se han considerado una amenaza para la estabilidad de todo el sistema político», dijo Altman Peng, profesor asistente de la Universidad de Warwick que estudia las relaciones de poder entre géneros en el gigante asiático.
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Pie de foto,Activistas esperan que una mayor condena internacional ayude a reducir los casos de abuso.
No está claro qué les espera a los manifestantes.
Los que están en libertad bajo fianza aún pueden ser acusados. Los que permanezcan bajo custodia podrían permanecer detenidos durante varias semanas mientras los fiscales deciden si acusarlos, pero eso podría tomar meses, si no años, en casos políticos, según Teng.
Hasta ahora, sus familias han permanecido en silencio y algunos han cortado el contacto con los amigos de los detenidos. La BBC se enteró de que una de las familias había despidió a uno de los abogados que habían contratado para pelear el caso de su hija, aunque no está claro por qué.
Es probable que las familias de los detenidos permanezcan en silencio dada la inmensa presión a la que están sometidos, dice el veterano activista de derechos Yang Zhanqing.
«La policía tiene un enfoque de castigo y recompensa. Las autoridades les decían a las familias que los arrestados serían liberados antes de tiempo si guardaban silencio. Si no cumplían, perderían sus trabajos y su pensión».
Pero el aumento del escrutinio internacional de las detenciones también puede ayudar a los detenidos. En estos casos políticamente delicados, los detenidos pueden ser liberados antes de tiempo o recibir un mejor trato en la cárcel debido a la presión externa, dice Yang.
Mientras tanto, los amigos de los detenidos, ansiosos y preocupados por su propia seguridad personal, continúan al tanto de la situación y comparten información entre ellos.
Muchos viven en el extranjero y no asistieron a las protestas de noviembre, pero temen que puedan ser atacados de todos modos debido a su asociación con los detenidos y sus intentos de crear conciencia internacional sobre la difícil situación de sus amigos.
Recientemente, circularon un mensaje de uno de los detenidos, transmitido desde la prisión. Trataba de tranquilizar a sus amigos, dejando en claro que los detenidos estaban manteniendo el ánimo.
«[Nuestros interrogadores] siguen haciéndonos sentir que estamos rodeados de amigos que son traidores o que nos han traicionado», dijo. «Pero sigo creyendo que estamos juntos».
-Estamos en comunicación con Laura Marrone, algunos se preguntarán cómo seguimos con una columna de educación si no hay clases, ¿no?
-Pero como vos me dijiste que tenía que hacer el balance del 2023 me pasé trabajando todo el día. El 2022, perdón.
-Te estás anticipando… ya querés que pase el 2023.
-No, no por favor que la vida es corta y quiero que dure un poco.
-Bueno, entonces ¿cuáles son los hechos más importantes de acuerdo a tu criterio?
-Decidí que voy a centrarme en el ángulo del derecho a la educación. Hemos trabajado bastante en el año con la lucha docente, entonces estuve rastreando un poquito bajo el tema ‘¿Qué pasó con la educación este año?’. Bueno, hay un informe del 2022, y partí de los organismos internacionales, de la UNESCO, UNICEF y otros organismos, titulado: ‘Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial. Actualización 2022’.
En este informe se dice que la crisis educativa que vive América Latina y el Caribe se agravó durante la pandemia y que las medidas adoptadas pospandemia no han logrado revertir. Y según ese informe, y eso me sorprendió, nuestra región es la segunda peor del mundo después de la región subsahariana de África. En África la parte más pobre es la subsahariana.
-No me extraña porque la verdad todos los indicadores de pobreza, de desigualdad, esto que planteás vos de educación, etc., ubican a Latinoamérica en el último lugar o en el anteúltimo.
-Anteúltimo lugar en este caso con respecto con la región subsahariana.
-Claro, con respecto a una región muy particular de África, ni siquiera todo África.
-Hay zonas que no están. Datos que dan: 9 de cada 10 estudiantes no podrían comprender un texto al terminar la escuela primaria. En el marco de esto señala la cantidad de población que no tiene conectividad dado que está en zonas rurales y aun las escuelas que les falta conectividad, eso lo hemos trabajado acá.
Un dato que me está preocupando más, que lo da UNICEF, y que después lo vamos a trabajar a nivel nacional, es el problema de salud mental de la niñez y la adolescencia. Para el caso de adolescentes de entre 10 a 19 años señala que 1 de cada 7 sufre algún trastorno de salud mental y que los Estados están dedicando solo un 2% del presupuesto de salud a este tipo de problemas.
Lo voy a tomar y lo dejo acá en el tintero porque el gran drama de las maestras y los docentes son los problemas de salud mental que están teniendo en el aula y no tienen recursos para derivarlos al sistema de salud. No tengo estadísticas precisas de nuestro país para comparar, por ejemplo, con estas que da el documento internacional, pero podemos decir que el diagnóstico es compartido en los grandes temas. Por ejemplo, es una preocupación muy grande hoy de las maestras y los docentes en general pospandemia que no logran recuperar el atraso en los contenidos que produjo todo el proceso de la pandemia.
Los problemas de aprendizaje prepandémicos no se solucionaron y se agravan. Hay problemas de sociabilidad entre los pibes, hay problemas de concentración y de hábitos para estudiar y, por supuesto, esto que te decía, agravamiento en los problemas de salud mental. Por ejemplo, me comentaba una maestra con la que estuve antes de que terminaran las clases de 1º grado, estaba angustiada porque para el año que viene el jardín le traslada de preescolar a 1º grado tres casos de niños con autismo.
Fijate un dato que comentábamos con un amigo, que es también más grave en la adolescencia porque en la adolescencia se combina con elementos de autoflagelación, de mutilaciones. Un dato curioso a indagar es que no hubo festejos del 21 de septiembre en las calles. Habrás estado en tu lejana juventud, yo también, el Día del estudiante era algo muy importante. Aunque sí lo hubo después para el mundial, en un marco escolar no lo hubo. Estos temas son para preocuparnos, sobre todo porque no estamos teniendo las herramientas para poder encararlos. Es decir, los organismos internacionales recomendaron a los gobiernos invertir más en educación como una agenda prioritaria, priorizar la enseñanza de la matemática y la lectura, evaluar el nivel de aprendizaje y tener programas para recuperar los aprendizajes perdidos, pero a gran escala, y abordar las necesidades psicosociales de la población tanto de estudiantes como de docentes, y atender las brechas digitales.
Terminé de leer ese informe y decía ‘qué hipocresía’ porque son los mismos organismos que luego sostienen los tremendos ajustes que le hacen los gobiernos a la población para poder pagar las deudas externas. Porque está reconocido el carácter usurario que tienen estas deudas y que hacen muy difícil cumplir con estas cuentas que se señalan.
-Deudas que, por otra parte, los ajustes se hacen generalmente en áreas como educación y salud.
-Una de las que más ajustaron en el presupuesto. Vamos ahora a que medidas hubo este año, qué pasó en educación, qué cosas nuevas presentaron los gobiernos, la quinta hora. Nosotros hemos trabajado esto durante el año, pero pongámosla como parte de la síntesis. No hubo mayores inversiones como lo que requeriría el diagnóstico que hemos analizado antes. Ya lo vamos a analizar luego en los presupuestos de este año. Pero los dos lineamientos en disputa en la escena nacional en el gobierno del Frente de Todos a nivel nacional y sus gobernadores, y el gobierno de Juntos por el Cambio en CABA, Mendoza y Jujuy el 2022 pasó sin que hayan desplegado iniciativas acordes a la gravedad que hemos denunciado.
En el caso del ministro de educación nacional, Jaime Perzcyk, que se desempeñó este año, su propuesta más publicitada fue la extensión de una hora de la jornada escolar del nivel primario, al mismo tiempo que redujo el presupuesto del 2022 en un 5%. Recordarás que redujeron el programa Conectar Igualdad, el fortalecimiento de inicio de jardines de infantes y la inversión en infraestructura y equipamiento. Una contradicción con lo que se suponía era su propósito. Con mucho ruido mediático en la página web del ministerio de Educación se señala que 6.727 escuelas ya convinieron instalar una hora más de clase sobre un total de 18.024 escuelas primarias que hay en el país.
-O sea un 30%.
-Hablamos de 1 cada 3. Pero ojo que dice convinieron, no sabemos si las realizaron o no. Pero efectivamente si nosotros comparamos la carga horaria de nuestras escuelas con la de los países del norte, el llamado mundo desarrollado, hay una diferencia. La nuestra es claramente menor. Pero la medida fue inconsulta para la familia, para los docentes, en medio del año escolar, no fue acompañada de una verdadera inversión en infraestructura y en los salarios docentes para que la hicieran productiva. ¿Qué pasó realmente? En los países del norte los edificios escolares coinciden con la unidad educativa, en cambio, en nuestro país en su gran mayoría los edificios son compartidos por varias instituciones. Entonces no había tiempo para la famosa quinta hora con espacios acordes. Materialmente era muy dificultoso, en algunos casos fue un fracaso, las clases se desarrollaron en espacios comunes, de paso, con docentes que no eran del ciclo del estudiante, con propuestas que no completaban las necesidades del nivel y se transformaron en una hora recreativa o de contención social de niñez con familias con problemas laborales que les venía bien una hora más.
Esa fue la gran propuesta del año de Jaime Perzcyk. En CABA la novedad fueron las ACAP, las aproximaciones al mundo laboral que implementó el gobierno de Larreta y Acuña que anunciaron también con bombos y platillos. Impuso un régimen de pasantías laborales para el 5º año donde les estudiantes deberían asistir 80 horas de clase a instituciones industriales, comerciales, culturales, a empresas privadas o públicas de la Ciudad. Ochenta horas que equivalen a casi un mes escolar. La propuesta es en realidad una versión desteñida del proyecto inicial de la Escuela secundaria del futuro, que en 2017 presentó Acuña, que comprendía además un 30% más de horas de clase a cargo del docente y un 70% en actividades en plataformas digitales.
Esa Escuela secundaria del futuro no pasó en su verdadera dimensión porque fue resistida por estudiantes secundarios que tomaron las escuelas y te acordás que fue una gran lucha. La táctica de Juntos por el Cambio es amenazar con todo y avanzar con lo que puede. Esa experiencia fue resistida por estudiantes, familias y sindicatos.
Este año con esta nueva ACAP también hubo una resistencia de estos tres sectores, también hubo una toma de estudiantes y se realizó la marcha más grande desde la prepandemia a la Jefatura de Gobierno acompañada por tomas de escuelas y paros docentes. Se cuestionó el carácter improvisado sin relación con la formación que pretendían los estudiantes, desprovisto de un carácter pedagógico, sin docentes a cargo y en algunos casos reducidos a la repetición de tareas que responden más a un trabajo de mano de obra no paga que a una formación profesional. Veremos qué pasa este año.
-Esta señora Acuña en su carácter de precandidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿se va a tomar licencia este año?
-No tengo la menor idea. Tampoco sabemos si va a ser precandidata.
-Por lo menos es una idea fuerte.
Dos propuestas educativas que dejaron un sabor amargo
-Señalemos, y acá viene esto, tanto la medida de la ACAP como el tema de la quinta hora fueron dos propuestas que dejaron un sabor amargo. Estaban ofreciendo una carrera de competencia desde los dos lados de la grieta abismal, quién ofrecía algo que era más en términos de impacto electoral que educativo. Esa fue la sensación que tuvimos.
-Bueno, Larreta se la pasa haciendo campaña en las escuelas.
-Sí, y le da mucha importancia en sus campañas a la educación.
-Hay que ver Laura, para la próxima te dejo una tarea, de qué se trata este programa de JxC que ha trascendido.
-Lo estuve mirando, lo que pasa es que está anunciado, pero no está desarrollado y no logré en las páginas web…
-Dicen que es un documento de 40 páginas dividido en 6 ejes.
-El tema es que yo me metí en la página de la fundación con la que acordaron ese documento, que sería, para nuestra audiencia, la plataforma de Juntos por el Cambio para las elecciones del 2023. Lo elaboraron en forma conjunta las fundaciones que componen la coalición. La fundación Alem de los radicales, la fundación Pensar del Pro y el centro Hannah Arendt de la Coalición Cívica…
-Y la fundación Encuentro Federal. Te olvidás de Susana Decibe, ex ministra de Educación de la nación.
-Así es, me pareció que no tenía relevancia y no lo quise poner, pero tenés razón. Está también la fundación donde está Susana Decibe que fue parte del gobierno de Menem. Ellos ponen el eje de su campaña electoral en la educación y dentro de esta la reforma en la formación docente y en una Universidad flexible con bimodalidad, presencial y digital, y con movilidad internacional. Esto es el tema de las acreditaciones internacionales, los convenios internacionales. Vamos a tener que estudiarlo, pero todavía no tengo las 40 páginas. Pero sí destacar la preocupación de Juntos por el Cambio por el tema de reformar la formación docente.
Y acá volvemos sobre una nueva cuestión que estuvimos trabajando la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, en otro programa, que fue y es el ataque que persiste todavía, y vamos a ver si lo vamos a derrotar, del Pro en CABA para el cierre de profesorados. Aquí hay dos lógicas en el ataque a la formación docente, una es política. El contenido de lo que se enseña en sentido de la formación docente porque es el nodo central para cualquier reforma educativa. Esto ya lo venimos estudiando. Desde el Banco Mundial se promueven profesores excelentes, un documento que hemos estudiado mucho desde el 2018 hasta ahora que en general lo que tiende es a condicionar la formación docente a las nuevas demandas del mundo productivo en el marco de la 4ª revolución industrial y las nuevas relaciones laborales que de ellas se desprenden, como trabajadores sin derechos haciendo home office a cambio de contratos a término, no de salarios o relaciones laborales estables.
Bueno, reformar los profesorados viene siendo anunciado desde la época de Esteban Bullrich. Compartió también declaraciones el Frente de Todos, lo que pasa es que yo creo que la debilidad del gobierno actual le ha impedido a la fecha presentar un proyecto para su debate en el Congreso Nacional, pero está en carpeta.
Y esto también lo hacen los gobernadores del Frente de Todos. Zamora en Santiago del Estero fue uno de los que más avanzó en el cierre de profesorados en esa provincia. Y acá estamos en CABA con que amenazan cerrar el Profesorado de Lengua y Literatura en el profesorado del Mariano Acosta y el de Física en el Alicia Moreau de Justo. Así como la reducción de carreras, por ejemplo, al profesorado Romero Brest le redujeron muchísimo la currícula y, en general, tienden a focalizar y a destacar materias del tipo instrumental y quitar las que tienen que ver con formación humanística, filosofía, historia, todo aquello que desarrolle el pensamiento crítico.
-Laura, la seguimos en 15 días.
-¿Terminó? Bueno, me había quedado el capítulo del aumento de la desigualdad.
En la lista de acciones prioritarias de este 2023, la educación para los nuevos escenarios futuros debe ser una prioridad en el desarrollo de las políticas públicas de los países alrededor del mundo.
La pandemia puso de relieve varias tendencias en la educación que prometían ser el centro de las políticas y prácticas públicas en materia de educación para 2022 y los años subsecuentes, como la importancia de las habilidades que complementan el aprendizaje de contenidos, las desigualdades en los sistemas educativos alrededor del mundo y el papel de la tecnología digital en la educación.
Conforme se dio el avance del 2022 fue cada vez es más claro que la memorización del contenido por sí sola y no preparará a los niños para los trabajos y la sociedad del futuro. En un mundo automatizado, las computadoras y los robots pueden realizar trabajos de fabricación e incluso diagnósticos médicos preliminares o contratos legales. Los estudiantes que puedan trabajar de forma colaborativa, con sólidas habilidades de comunicación, pensamiento crítico e innovación creativa destacan y se abren paso en un mundo hiperglobalizado y competitivo.
Alrededor del mundo, se comienza a promover un enfoque educativo integral que busca fomentar el aprendizaje de una variedad de habilidades que permitan alinear mejor el quehacer del sector educativo con las necesidades del sector empresarial.
El año pasado también demostró debilidades y desigualdades inherentes al aprendizaje remoto que por la falta de políticas públicas eficientes en los países seguirá en los próximos años. Es evidente que en los países en los que la apuesta no es por la educación, el progreso académico durante la pandemia se desaceleró aún más que en aquellos países con una sólida infraestructura educativa.
En este sentido, los estudiantes de países con altos índices de rezago educativo (México entre ellos) demostraron solo del 35 al 50 por ciento de los avances que normalmente logran en matemáticas y del 60 al 68 por ciento en lectura de comprensión. El rezago educativo es un yugo que agudiza las desigualdades y, en muchos casos las hace cíclicas.
Los cuestionamientos hacia el aprendizaje remoto y digital, se hacen cada vez más frecuentes a pesar de que la tendencia apunta a que el aprendizaje se volverá cada vez más híbrido, y será particularmente importante estar atento a los avances tecnológicos, especialmente en lo que respecta a la realidad aumentada y el metaverso, ya que ambos tienen un impacto directo en los procesos de aprendizaje.
Es en este sentido que, en la reciente emisión del Foro Económico Mundial, se haya puesto sobre la mesa el concepto de Educación 4.0 con nuevas definiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje para el futuro.
Con la mirada puesta en la necesidad de habilitar a las nuevas generaciones con habilidades para el futuro, se ha identificado que hace falta una base común en los sistemas educativos (especialmente en los países menos desarrollados) y es que no se cuenta con una definición ni comprensión de las habilidades necesarias para el futuro, tampoco se cuenta con la ruta que permita desarrollar estás habilidades desde una edad temprana.
En la lista de acciones prioritarias de este 2023, la educación para los nuevos escenarios futuros debe ser una prioridad en el desarrollo de las políticas públicas de los países alrededor del mundo. Impulsar transformaciones y mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje es urgente para poder afrontar los retos del mundo en los próximos diez años.
Con tres máquinas adquiridas con sumo esfuerzo, Cinthya Wipin se inició en la confección de prendas de vestir en el 2019, actividad que se truncó con el inicio de la pandemia. Ella forma parte de los trabajadores informales en Perú, que son 8 de cada 10, sin beneficios ni derechos laborales.
Las perspectivas a corto plazo de mejora del empleo no son optimistas en América Latina y el Caribe, región con 662 millones de habitantes donde el mercado laboral fue uno de los más golpeados durante la pandemia por la covid-19.
Durante el confinamiento se perdieron masivamente los puestos de trabajo, más de 30 millones de personas se quedaron sin sus fuentes de sustento, siendo las más afectadas las mujeres, cuya participación laboral en la región retrocedió 18 años.
Un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió en diciembre de 2022 que pese a los avances en la reducción del desempleo en el primer semestre de dicho año, esta tendencia sería difícil de sostener.
Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile
“El contexto económico global se ha complicado bastante en los últimos meses y tiene un impacto en la dinámica mundial”, dijo a IPS mediante entrevista virtual Gerhard Reinecke, especialista principal en políticas de empleo de la oficina de la OIT en Santiago de Chile.
“Tenemos el menor crecimiento de China por la política de combate a la covid, estábamos acostumbrados a que crezca 7, 8, 9 % y ahora está en 3%; la guerra de Rusia contra Ucrania; y el contexto inflacionario que impacta sobre las perspectivas económicas del mundo y de la región latinoamericana”, agregó Reinecke, coautor del informe de OIT y Cepal, Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, dinámica de productividad laboral.
Cepal proyectó que la desaceleración económica se acentuará en la región en 2023. Estima un crecimiento de 1,3%, porcentaje que limita el optimismo frente a la recuperación del empleo de calidad, tras los indicadores auspiciosos logrados en el primer semestre de 2022.
En ese período disminuyó la tasa de desocupación en los 16 países analizados en el estudio conjunto de OIT y Cepal, ubicándose en 7 %, porcentaje menor al de pre pandemia. Y se incrementó el trabajo asalariado con una mayor demanda en el sector industrial.
Los países que formaron parte del estudio fueron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay.
Ocho de ellos mostraron un crecimiento de más de 4 % del empleo total con respecto al 2021: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
El difícil contexto global así como la menor inversión y crecimiento económico de los países, y el alza de la inflación, recortan las expectativas de sostener la recuperación del mercado laboral en la región y de superar el histórico problema de la informalidad, que hace perder derechos a la población trabajadora.
“Al corto plazo esas nubes siguen estando ahí, no se han despejado las perspectivas para un crecimiento tan dinámico como el que se requiere para dar un impulso fuerte a la creación de trabajo decente”, afirmó Reinecke, cientista político y economista de profesión, con más de 20 años de residencia en Chile.
Es difícil tener empleo con derechos
Cinthya Wipin, migrante en Lima de 36 años, proveniente de la ciudad nororiental peruana de Chachapoyas, es parte de los ocho de cada 10 trabajadores que se encuentran en la informalidad y sin gozar de sus derechos laborales en el país andino de 33 millones de habitantes.
Madre de un adolescente de 16 años y de mellizos de seis, decidió estudiar confecciones en 2018 para tener una mejor calidad de vida y garantizar la educación de sus hijos. Terminado su periodo de capacitación, con los ahorros de su labor de entonces como trabajadora del hogar y los de su esposo obrero de construcción civil, más un préstamo familiar, logró comprarse las máquinas necesarias para empezar su negocio.
“Una amiga me vendió su máquina Singer, es antigua pero buenota, es para coser. A una prima le compré su máquina recubridora, que es para hacer los acabados, y en plazos conseguí la remalladora, que es nueva. Y así fue como me inicié”, contó a IPS en su hogar ubicado en un barrio del distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima.
No imaginó entonces que luego de tres meses se declararía la pandemia y el confinamiento que encerró a las familias en sus casas entre marzo y julio del 2020. “Yo no lo podía creer, había invertido todos mis ahorros, estaba endeudada y con las máquinas paradas… fue un momento desesperante”, recuerda.
A mediados del año decidió anunciar su servicio de confecciones a través del Facebook y le llegaron pedidos. Continúa así en la actualidad y ha logrado sanear sus deudas, pero necesitaría producir 300 poleras al mes para poder lograr ingresos que cubran sus costos de producción y obtener una rentabilidad suficiente para sostenerse y crecer.
“Tendría que generar unos 15000 soles al mes –unos 3900 dólares- para poder contratar a una persona y alquilar un local. Mi sueño es tener un taller, dar trabajo a otras mujeres y surgir haciendo lo que nos apasiona, porque a mí me encanta coser”, remarca.
Frente a sus máquinas, siente que se realiza.
“Mi esposo me dice para qué te esfuerzas tanto, por qué mejor no compras ropa al por mayor y lo vendes. No, le digo, yo misma quiero comprar la tela, trazarla, cortarla, remallar y hacer los acabados”, explica, refiriéndose al proceso de confección de las prendas.
Ella trabaja más de 12 horas al día realizando labores productivas y de cuidado: tres veces por semana es empleada de hogar; todos los días se hace cargo de la alimentación de su familia, en particular de los mellizos; y cada noche destina tiempo para atender los pedidos que le llegan de camisetas, buzos o poleras.
No es mucho, pero le permite mantenerse en actividad en su rubro y no verse absorbida por lo doméstico.
Con su extenuante jornada laboral logra el sustento diario y ahorrar un poco, pues cuenta con los ingresos que aporta su esposo. Pero no sabe lo que son vacaciones, seguridad social, compensación por tiempo de servicios o fondo de pensiones.
“Quién tiene trabajo estable en estos tiempos, unos poquitos serán. Yo siento que dependo solo de mí, de mi esfuerzo, no hay apoyo de las autoridades. Me animo pensando que de aquí a cinco años, cuando mis niños estén grandecitos y tenga más tiempo y un pequeño capital, podré hacer realidad mi sueño de ser una confeccionista que trabaja con otras mujeres”, dice con una sonrisa.
Desafíos para crear empleo formal
Reinecke indicó que la OIT plantea a los Estados estrategias integradas para las políticas orientadas a superar la informalidad, partiendo por las causas que la originan como es el tejido productivo.
“Hay muchas unidades productivas que son estructuralmente débiles y les cuesta asumir los costos de la formalidad; y falta también el conocimiento de cómo hacerlo”, dijo.
Se refirió también a la “informalidad oportunista” que ocurre cuando una empresa de 50 u 80 trabajadores decide tener 10 o 20 sin contrato, sin cobertura, sin cotización a la seguridad social.
“Según cual sea el segmento de informalidad, las medidas de política también son distintas”, precisó.
Añadió que es necesario ajustar los factores para el fomento productivo, que redunden en más recursos para poder asumir los costos de la formalidad. Y, a la vez, garantizar que la formalidad sea más atractiva, con beneficios evidentes, menores costos posibles y con información disponible para proceder.
“Entonces, los desafíos para seguir creciendo y seguir creando empleos formales, trabajos decentes, siguen ahí”, subrayó.
América Latina persiste como un ámbito convulsionado por rebeliones populares y procesos políticos transformadores.
En distintos rincones de la región se verifica la misma tendencia al reinicio de los levantamientos que signaron el debut del nuevo milenio. Esas sublevaciones se aquietaron durante la década pasada y recuperaron intensidad en los últimos años.
La pandemia interrumpió limitadamente esa escalada de movilizaciones, que neutralizaron la corta restauración conservadora del 2014-2019. Ese período de renovado golpismo, no logró desactivar el protagonismo de los movimientos populares.
La rebelión del 2019 en Ecuador inauguró la fase actual de protestas, que ha repetido la tradicional tónica de irradiaciones. Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Haití han sido los principales centros de confrontación reciente.
Los efectos políticos de esta nueva oleada son muy variados. Han trastocado el mapa general de los gobiernos, recreando la gravitación del progresismo. Esa vertiente se ha impuesto en el grueso de la geografía zonal. Al inicio de 2023 los mandatarios de ese signo prevalecen en los países que reúnen al 80% de la población latinoamericana (Santos; Cernadas, 2022).
Este escenario ha facilitado también la continuidad de los gobiernos acosados por el imperialismo estadounidense. Luego de soportar incontables embestidas, los diabolizados presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen en sus cargos.
También ha sido parcialmente contrarrestado el ciclo de golpes militares e institucionales, que apadrinó Washington en Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019). La reciente asonada en Perú (2023) afronta una heroica oposición en las calles.
Esta rebeldía obstruyó, hasta el momento, la intervención disfrazada de los marines en países devastados como Haití. La misma lucha popular propinó duras derrotas a los atropellos intentados por los gobiernos neoliberales reciclados de Ecuador y Panamá.
Pero esta gran intervención desde abajo suscita una reacción más virulenta y programada de las clases dominantes. Los sectores enriquecidos han procesado la experiencia anterior y exhiben menos tolerancia a cualquier cuestionamiento de sus privilegios. Han articulado una contraofensiva ultraderechista para doblegar al movimiento popular. Aspiran a retomar con mayor violencia, la fracasada restauración conservadora de la década pasada. Este complejo escenario exige evaluar a las fuerzas en disputa.
REVUELTAS CON EFECTO ELECTORAL
Varios levantamientos de los últimos tres años tuvieron traducciones electorales inmediatas. Los nuevos mandatorios de Bolivia, Perú, Chile, Honduras y Colombia emergieron de grandes sublevaciones que impusieron cambios de gobierno. Las protestas callejeras forzaron comicios que derivaron en victorias de los candidatos progresistas, contra sus adversarios de ultraderecha.
Esta secuencia se verificó primero en Bolivia. La sublevación confrontó exitosamente con los gendarmes y tumbó a la dictadura. Añez tiró la toalla cuando perdió a sus últimos aliados y a los sectores medios que al principio acompañaron su aventura.
La corrupta gestión de la pandemia potenció ese aislamiento y diluyó el continuismo civil intentado por los candidatos de la centroderecha. La rebeldía desde abajo impuso el retorno del MAS al gobierno y varios responsables del golpe fueron juzgados y encarcelados. La conspiración continuó en el bastión santacruceño y actualmente se dirime si persistirá o será aplastada por una contundente reacción oficial.
Una dinámica semejante se verificó en Chile, como resultado del gran levantamiento popular y sepultó al gobierno de Piñera. La chispa de esa batalla fue el costo del transporte, pero el rechazo a los 30 pesos de esa erogación derivó en una imponente gesta contra 30 años de legado pinochetista.
Ese torrente condujo a dos victorias electorales que precedieron al triunfo de Boric sobre Kast. El gran aumento de la participación electoral con consignas antifascistas en los barrios populares permitió ese logro, en el país-emblema del neoliberalismo regional.
Por esa gravitación de Chile como símbolo del thatcherismo, la asunción de un presidente progresista, en el marco de la Asamblea Constituyente con gran presencia popular en las calles, despertó enormes expectativas.
Una secuencia más vertiginosa e inesperada se registró en Perú. El hastío popular con los presidentes derechistas salió a flote en protestas espontáneas y protagonizadas por jóvenes despojados de sus derechos. Ese levantamiento sucedió a la tragedia sanitaria de la pandemia, que potenció la ineptitud de la burocracia gobernante.
Castillo se transformó en el receptor del malestar popular y el fujimorismo no pudo frustrar su llegada a la Casa de Gobierno. El discurso redistributivo del sindicalista docente creó la expectativa de cortar con la agobiante sucesión de gobiernos conservadores.
En Colombia la rebelión masiva forzó al establishment a resignar por primera vez su manejo directo de la presidencia. Varios millones de personas participaron en imponentes manifestaciones. Las huelgas masivas confrontaron con una represión feroz y lograron tumbar una reforma regresiva de la salud. Al igual que en Chile se extendieron posteriormente para expresar el enorme malestar acumulado durante décadas de neoliberalismo.
Ese fastidio se tradujo en la derrota electoral del uribismo y del improvisado ultraderechista que intentó impedir la victoria de Petro. Con ese triunfo un líder de centroizquierda llegó a la presidencia, sorteando el terrible destino del asesinato que sufrieron sus antecesores. Lo acompaña una afrodescendiente representativa de los sectores más oprimidos de la población.
En la misma tónica se inscribió el triunfo de Xiomara Castro en Honduras. Su victoria premió la sostenida lucha contra el golpe que en el 2009 prohijó el embajador estadounidense. Esa asonada inició el largo ciclo latinoamericano de lawfare y golpismo judicial parlamentario.
Los 15 puntos de ventaja que Xiomara obtuvo sobre su contrincante neutralizaron los intentos de fraude y proscripción. En un dramático contexto de pobreza, narcotráfico y criminalidad, la heroica lucha popular desembocó en la primera presidencia de una mujer. Xiomara comenzó su gestión derogando las leyes de manejo secreto del Estado y de entrega de zonas especiales a los inversores externos.
Pero debe lidiar con la sofocante presencia de una gran base militar estadounidense (Palmerola) y una embajadora de Washington que interviene con toda naturalidad, en los debates internos sobre los asentamientos campesinos y las leyes de reforma del sistema eléctrico (Giménez, 2022).
VICTORIAS DE OTRO TIPO
En otros países el ascenso de mandatarios progresistas no fue un resultado directo de las protestas populares. Pero esa resistencia operó como un trasfondo del descontento social y la incapacidad de los grupos dominantes para renovar la primacía de sus candidatos.
México fue el primer caso de esta modalidad. López Obrador llegó a la presidencia en el 2018, en una dura confrontación con las castas del PRI y del PAN sostenidas por los principales grupos económicos. AMLO aprovechó el desgaste de las gestiones previas, la división de las elites y la obsolescencia del continuismo a través del fraude. Pero actuó en un contexto de menor impacto de las precedentes movilizaciones del magisterio y los electricistas.
Los sindicatos han quedado muy afectados en México por la reorganización de la industria y no fueron determinantes del giro político en curso. AMLO mantiene una relación ambigua con su referente histórico cardenista, pero inauguró una administración muy distanciada de sus antecesores neoliberales.
Tampoco en Argentina la llegada de Fernández (2019) fue un resultado inmediato de la acción popular. No reprodujo el arribo de Néstor Kirchner (2003) a la Casa Rosada, en medio de una generalizada rebelión. Previamente el derechista Macri sufrió un contundente revés en las calles, cuando intentó introducir una reforma previsional (2017). Pero no afrontó el periódico levantamiento general que sacude a la Argentina.
En ese país se localiza el principal movimiento de trabajadores del continente. Su disposición de lucha ha sido muy visible en las 40 huelgas generales consumadas desde el fin de la dictadura (1983). La sindicalización se ubica en el tope de los promedios internacionales y empalma con la llamativa organización de los piqueteros (desocupados e informales).
La lucha de esos movimientos ha permitido sostener los auxilios sociales del Estado, que las clases dominantes concedieron bajo el gran susto de una revuelta. Las nuevas formas de resistencia -enlazadas con la belicosidad precedente de la clase obrera- facilitaron el retorno del progresismo al gobierno.
En los últimos tres años, la decepción generada por el incumplimiento de las promesas de Fernández suscitó grandes rechazos, pero con protestas acotadas. Hubo importantes triunfos de muchos gremios, frecuentes concesiones del gobierno y protagonismo callejero, pero la acción del movimiento popular fue contenida
En Brasil la victoria de Lula ha sido un extraordinario logro, en un marco de relaciones sociales de fuerzas desfavorable para los sectores populares. Desde el golpe institucional contra Dilma el dominio de las calles fue capturado por los sectores conservadores que ungieron a Bolsonaro. Los sindicatos obreros perdieron protagonismo, los movimientos sociales han sido hostilizados y los militantes de izquierda adoptaron actitudes defensivas.
La liberación de Lula incentivó el reinicio de la acción popular. Pero ese impulso no alcanzó para revertir la adversidad del contexto, que permitió a Bolsonaro conservar una significativa masa de votantes. El PT retomó la movilización durante la campaña electoral (especialmente en el Nordeste) y revitalizó sus fuerzas en los festejos del triunfo.
En un marco de gran división de los grupos dominantes, hartazgo con los exabruptos del ex capitán y liderazgo cohesionador de Lula, la derrota de Bolsonaro ha creado un escenario de potencial recuperación de la lucha popular (Dutra, 2022). El temor a ese despunte, indujo al alto mando militar a vetar el desconocimiento del veredicto de las urnas que propiciaba el bolsonarismo.
Pero la batalla contra la ultraderecha recién comienza y para doblegar a ese gran enemigo resulta imperioso reconquistar la confianza de los trabajadores (Arcary, 2022). Esa credibilidad quedó erosionada por la desilusión con el modelo de pactos con el gran capital que desenvolvió el PT en sus gestiones anteriores. Ahora emerge una nueva oportunidad.
TRES BATALLAS RELEVANTES
Otras situaciones de enorme resistencia popular en la región no derivaron en victorias electorales progresistas, pero sí en derrotas mayúsculas de los gobiernos neoliberales.
En Ecuador se registró el primer triunfo de este tipo contra el presidente Lasso, que intentó retomar las privatizaciones y la desregulación laboral, junto a un plan de aumentos de las tarifas y alimentos dictado por el FMI. Ese atropello precipitó la confrontación con el movimiento indigenista y su nuevo liderazgo radical, que propicia un contundente programa de defensa de los ingresos populares.
A mediados del 2022, ese choque recreó la batalla librada en octubre del 2019, contra la agresión lanzada por Lenin Moreno para encarecer el precio de los combustibles. El conflicto se zanjó con los mismos resultados que la pugna anterior y con una nueva victoria del movimiento popular. La gigantesca movilización de la CONAIE ingresó en Quito en un clima de gran solidaridad, que neutralizó la lluvia de gases lacrimógenos gatillada por los gendarmes.
En 18 días de paro el experimentado movimiento indigenista derrotó la provocación del gobierno imponiendo la liberación del líder Leónidas Iza (Acosta, 2022). La CONAIE conquistó también la derogación del estado de excepción y la aceptación de sus principales demandas (congelamiento de los combustibles, bonos de emergencia, subsidios a los pequeños productores) (López, 2022).
El gobierno se quedó sin cartuchos cuando perdió credibilidad su insultante discurso contra los indios. Debió ceder ante un movimiento, que volvió a demostrar gran capacidad para paralizar el país y neutralizar los ataques contra las conquistas sociales.
Otra victoria de la misma relevancia se logró en Panamá a mitad del año, cuando los gremios docentes convergieron con los transportistas y los productores agropecuarios, en el rechazo al incremento oficial de la gasolina, los alimentos y los medicamentos. La unidad forjada para desenvolver esa resistencia sumó a la comunidad indígena a un movimiento de protesta, que durante tres semanas paralizó al país. Las marchas de protesta fueron las más importantes de las últimas décadas.
Esa reacción social doblegó a un gobierno neoliberal que debió retroceder en sus planes de ajuste. El presidente Carrizo no pudo satisfacer a las cámaras empresariales que exigían mayor dureza contra los manifestantes.
Esa victoria fue particularmente significativa en un istmo que tuvo un gran crecimiento en los ultima dos décadas, aprovechando los lucros que genera la administración del Canal para los grupos dominantes. La desigualdad es apabullante, en un país dónde el 10% de las familias más ricas cuenta con ingresos 37,3 veces más altos que el 10% de los más empobrecidos (D’Leon, 2022).
La invasión estadounidense instaló en 1989 un esquema neoliberal, que complementa esa asimetría con escandalosos niveles de corrupción. Tan sólo la evasión fiscal equivale a la totalidad de la deuda pública (Beluche, 2022). La victoria en las calles propinó una severa derrota al modelo que las elites de Centroamérica presentan como el rumbo a seguir por todos los pequeños países.
El tercer caso de una extraordinaria resistencia popular sin derivaciones electorales se verifica en Haití. Las gigantescas movilizaciones volvieron a ocupar el centro de la escena durante el 2022. Confrontaron con las políticas de saqueo económico que implementa un régimen manejado desde las oficinas del FMI. Ese organismo propició el encarecimiento del combustible que desató las protestas, en un país todavía desgarrado por el terremoto, el éxodo rural y el hacinamiento urbano (Rivara, 2022).
Las marchas callejeras se desenvuelven en un vacío político absoluto. Hace seis años que no hay elecciones, en una administración que prescinde del poder judicial y legislativo. El presidente de turno sobrevive por el simple sostén que aportan las embajadas de Estados Unidos, Canadá y Francia.
El desgobierno actual se prolonga por la indecisión que impera en Washington a la hora de consumar una nueva ocupación. Estas intervenciones con el disfraz de la ONU, la OEA y la MINUSTAH se han recreado una y otra vez en los últimos 18 años con resultados funestos. Los servidores locales de esas invasiones reclaman el reingreso de las tropas foráneas, pero salta a la vista inutilidad de esas misiones.
Esa modalidad de control imperial ha sido en los hechos sustituida por la generalizada difusión de bandas paramilitares que aterrorizan a la población. Actúan en estrecha complicidad con las mafias empresariales (o gubernamentales) que rivalizan por los botines en disputa, utilizando las 500.000 armas ilegales provistas por sus cómplices de la Florida (Isa Conde, 2022). El magnicidio del presidente Moïse fue apenas una muestra del descalabro que generan las pandillas manejadas por distintos grupos de poder.
Estas organizaciones han tratado de infiltrar también a los movimientos de protesta para desarticular la resistencia popular. Siembran el terror, pero no han logrado confinar a la población a sus casas. Tampoco pudieron recrear expectativas en otra intervención militar extranjera (Boisrolin, 2022). La rebelión continúa, mientras la oposición busca caminos para forjar una alternativa superadora de la tragedia actual.
ABORDAJES CENTRADOS EN LA RESISTENCIA
La secuencia de resistencias en el último trienio, confirma la persistencia en América Latina de un prolongado contexto de luchas, sujeto al patrón habitual de ascensos y reflujos. Los éxitos y los retrocesos son limitados. No hay triunfos de envergadura histórica, pero tampoco derrotas como las padecidas durante las dictaduras de los años 70.
Esta etapa puede ser caracterizada con distintas denominaciones. Algunos analistas observan un largo ciclo de impugnación del neoliberalismo (Ouviña, 2021) y otros destacan la preeminencia de acciones de resistencia popular determinantes de los ciclos progresistas (García Linera, 2021).
Esos abordajes jerarquizan acertadamente el papel de la lucha y la consiguiente gravitación de los sujetos populares. Aportan miradas que superan la frecuente desconsideración de los procesos que se desenvuelven por abajo. En este segundo tipo de miradas predomina un gran desconocimiento de la lucha social y una sesgada indagación de los cursos geopolíticos por arriba. Estudian especialmente cómo se dirimen los conflictos en el campo exclusivo de las potencias, los gobiernos o las clases dominantes.
Esta última óptica suele prevalecer en las caracterizaciones de los ciclos progresistas, como procesos meramente contrapuestos al neoliberalismo. Se resalta su incidencia política democratizadora, sus rumbos económicos heterodoxos o su autonomía de la dominación estadounidense.
Pero con ese enfoque se evalúan los distintos posicionamientos de los grupos dominantes, sin registrar las conexiones de esas estrategias con políticas de control o sometimiento de las mayorías populares. Omiten este dato clave, porque no valoran la centralidad de la lucha popular en la determinación del actual contexto latinoamericano.
Esta distorsión es muy visible en el sesgado uso de las categorías inspiradas en el pensamiento de Gramsci. Se toman esas nociones para evaluar cómo gestionan las clases capitalistas articulando consenso, dominación y hegemonía. Pero se olvida que esa cartografía del poder, constituía para el comunista italiano un elemento complementario de su evaluación de la resistencia popular. Esa rebeldía era el pilar de su estrategia de conquista del poder por parte de los oprimidos para construir el socialismo.
Una aplicación actualizada para Latinoamérica de este último enfoque exige priorizar el análisis de las luchas populares. Las modalidades que utilizan los poderosos para ampliar, preservar o legitimar su dominación enriquecen, pero no sustituyen esa evaluación.
COMPARACIONES CON OTRAS REGIONES
Al indagar la resistencia de los oprimidos se perciben las singularidades latinoamericanas de esas luchas. En los últimos años, la acción popular presentó semejanzas y diferencias con otras regiones.
En el 2019 se observaba en varios puntos del planeta una fuerte tendencia al despunte de una nueva oleada de protestas, liderada por los jóvenes indignados de Francia, Argelia, Egipto, Ecuador, Chile o el Líbano.
La pandemia interrumpió abruptamente esa irrupción, generando un bienio de miedo y enclaustramiento. Ese reflujo fue a su vez acentuado por la gravitación del negacionismo derechista que impugnó la protección sanitaria. En este marco salió a flote la dificultad para articular un movimiento global en defensa de la salud pública, centrado en la eliminación de las patentes a las vacunas.
Concluido ese dramático período de encierro, las protestas tienden a reaparecer suscitando las prevenciones del establishment, que advierte la proximidad de rebeliones pos pandemia (Rosso, 2021). Temen especialmente la indignación que genera la carestía del combustible y los alimentos (The Economist, 2022). Esa dinámica de resistencia ya incluye un significativo resurgimiento de las huelgas en Europa y de la sindicalización en Estados Unidos, Pero el protagonismo de América Latina continúa como un dato descollante.
En todas partes los sujetos de esa batalla reúnen a una gran diversidad de actores, con significativa relevancia del joven trabajador precarizado. Este segmento sufre un grado de explotación superior a los asalariados formales. Padece la inseguridad de su trabajo, la falta de prestaciones sociales y las consecuencias de la flexibilización laboral (Standing, 2017).
Por esas razones es particularmente activo en la lucha callejera. Ha sido privado de los ámbitos tradicionales de negociación y afronta una contraparte patronal muy difusa. En distintos países es empujado a imponer sus demandas a través del Estado.
Los migrantes, las minorías étnicas, los estudiantes endeudados son frecuentes actores de esas batallas en las economías centrales y la masa de trabajadores informales ocupa una centralidad semejante en los países periféricos. Este último segmento no integra el tradicional proletariado fabril, pero forma parte (en términos ampliados) de la clase trabajadora y de la población que vive de su propia labor.
Los piqueteros de Argentina conforman una variedad de ese segmento, que forjó su identidad cortando las calles, ante la pérdida del trabajo en los lugares que centralizaban sus exigencias. De esa batalla brotaron los movimientos sociales y distintas variedades de la economía popular. Un papel igualmente relevante, desenvuelven los sectores campesinos que forjaron el MAS de Bolivia y las comunidades indígenas que gestaron la CONAIE de Ecuador
Los vínculos de estos movimientos de lucha de América Latina con sus pares de otras partes del mundo han perdido visibilidad por el deterioro de las instancias internacionales de coordinación. El último gran intento de esa conexión fueron los Foros Sociales Mundiales, auspiciados en la década pasada por el movimiento alterglobalista. Las Cumbres de los Pueblos alternativas a los encuentros de gobiernos, banqueros y diplomáticos han perdido incidencia. La batalla contra la globalización neoliberal ya no tiene esa centralidad y ha quedado sustituida por agendas populares más nacionales (Kent Carrasco, 2019).
Ciertamente persisten dos movimientos globales de gran dinamismo: el feminismo y el ambientalismo. El primero ha logrado éxitos muy significativos y el segundo reaparece periódicamente con inesperados picos de movilización. Pero el ámbito común de campañas globales que aportaban los Foros Sociales no ha encontrado un reemplazo equivalente.
La gran vitalidad de los movimientos de lucha en América Latina obedece a múltiples razones. Pero ha sido muy gravitante su perfil político progresista, alejado del chauvinismo y del fundamentalismo religioso. En la región se ha logrado contener las tendencias reaccionarias que auspicia el imperialismo, para generar enfrentamientos entre pueblos o guerras entre naciones oprimidas.
El Pentágono no ha encontrado la forma de inducir en América Latina los sangrientos conflictos que logró desencadenar en África y en Oriente. Tampoco pudo instalar un apéndice como Israel para eternizar esas matanzas o convalidar el terror perdurable de los yihadistas.
Washington ha sido el invariable promotor de esas monstruosidades para intentar sostener su jefatura imperial. Pero ninguna de esas aberraciones prosperó hasta ahora en el Patio Trasero por la centralidad que mantienen las organizaciones de lucha popular.
Por esta razón América Latina persiste como una referencia para otras experiencias internacionales. Muchas organizaciones de la izquierda europea buscan, por ejemplo, replicar la estrategia de unidad o los proyectos redistributivos elaborados en la región (Febbro, 2022). Pero todos los pueblos del continente afrontan actualmente un peligroso enemigo ultraderechista, que analizaremos en el próximo texto.
RESUMEN
Los levantamientos populares contuvieron la restauración conservadora, recrearon escenarios progresistas y afrontan la redoblada contraofensiva de la derecha. Tuvieron efectos electorales inmediatos y provocaron la precipitada salida de los presidentes derechistas en Bolivia, Chile, Perú, Honduras y Colombia.
En México, Argentina y Brasil el descontento social no suscitó protestas equivalentes, pero dio lugar a victorias del mismo tipo en las urnas. En Ecuador y Panamá se consiguieron importantes triunfos en la calle contra los atropellos neoliberales y en Haití persiste una sostenida resistencia al caos impuesto por las elites y sus socios imperiales.
El análisis de esta lucha es frecuentemente desatendido por los estudios exclusivamente focalizados en la forma de dominio de los opresores. La evaluación de esa resistencia esclarece semejanzas y diferencias con otras regiones.
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