Paulatina precarización

Los profesores chilenos, en huelga desde hace tres semanas para reclamar mejoras laborales y en las dotaciones de los colegios públicos, se reúnen este jueves con la ministra de Educación en un intento por desactivar un conflicto que ha dejado sin clase a decenas de miles de alumnos.

Esta será la segunda reunión con la titular de Educación, Marcela Cubillos, en 23 días de movilización. Pero los ánimos del profesorado, que cada día sale a manifestar frente al ministerio y ha protagonizado multitudinarias marchas por las calles de Santiago, son poco optimistas.

«Nosotros no queremos que esto se prolongue, pero de acuerdo a lo que vimos en la primera reunión (el miércoles), no podemos tener un optimismo total. Vamos con un optimismo moderado», dijo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, en una rueda de prensa.

Los maestros plantearon un petitorio que incluye mejoras en la infraestructura, el fin de una doble evaluación, la revisión de un proyecto para cambiar el currículum educativo y el pago de una mención especial de especialización a las profesoras de educación diferencial (para alumnos con problemas de aprendizaje).

Los puntos más difíciles, según Aguilar, son desistir de los cambios curriculares para la educación secundaria y el pago adicional a las profesoras de educación diferencial.

«La educación pública en Chile está en una grave crisis», advirtió Aguilar, que considera que se ha agravado bajo el gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera.

La educación pública chilena es objeto desde hace más de una década de masivas protestas, que estallaron en 2006 con la llamada «Revolución de los pingüinos», llamada así por el atuendo de chaqueta azul y camisa blanca de los escolares que pedían el fin de una ley que traspasó la administración de los colegios a los municipios, dictada en las postrimerías de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Para sus detractores, esa normativa es el origen de la paulatina precarización de la educación pública chilena, en beneficio de la privada o la concertada (con aportes del Estado pero bajo administración independiente), donde estudian la mayoría de los alumnos del país.

La mandataria socialista Michelle Bachelet (2014-2018) logró aprobar en su gobierno una reforma para poner fin a la selección de estudiantes y gradualmente al pago de los padres en colegios que reciben aportes del Estado. Asimismo, instauró la gratuidad en las universidades para los estudiantes con menos recursos.

De acuerdo a datos de los profesores, en el paro participan unos 80.000 docentes, cerca del 70% del total que trabaja en la enseñanza pública. El gobierno afirma que sólo el 16% de las escuelas públicas adhiere a la movilización. La guerra de cifras también afecta al número total de alumnos sin clases, que oscilan entre 500.000 y un millón.