Vacunación: el riesgo de no incluirnos a todos

Por: Blanca Nayeli Aguilar Villalba*

Hace año y medio el mundo era diferente. Hoy que miramos atrás, reflexionamos sobre la contundente lección que nos deja la pandemia de la Covid-19: todos, sin excepción, somos vulnerables ante las enfermedades y sólo el esfuerzo colectivo puede ayudarnos a salir adelante.

Esta reflexión sobre la importancia de trabajar unidos para enfrentar la pandemia es más relevante hoy, cuando los planes de vacunación avanzan en diversos países. Es necesario, como lo establece el derecho internacional, que su distribución sea equitativa entre todas las personas, incluidas aquellas que por situaciones de vulnerabilidad o violencia pudieran quedar excluidas: nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. No importa el género, la situación migratoria o si alguien está privado de libertad, el mundo seguirá en riesgo si los programas de inmunización no llegan de forma equitativa a todos.

Datos del proyecto Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos) de la Universidad de Oxford y del Inform Severity Index (Índice de Gravedad) muestran que, hasta mayo, la población de los 50 países de mayores ingresos estaba siendo vacunada a una tasa 27 veces mayor que la de las 50 naciones de menores ingresos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas estableció que los estados deben dar máxima prioridad al suministro de vacunas contra el Covid-19 a todas las personas y tienen la obligación de tomar las medidas y destinar los recursos necesarios para que todos tengamos acceso a la vacuna, sin ninguna discriminación.

Para que ese derecho se garantice es necesario tomar en cuenta las necesidades y barreras que enfrentan los grupos de mayor riesgo de ser excluidos. Por ejemplo, las personas migrantes y privadas de libertad están en una situación de particular vulnerabilidad frente al Covid-19.

Las personas que migran tienen acceso limitado a servicios esenciales como albergue, atención médica, al agua o a equipos de protección personal, aumentando así su riesgo de contagio. Por otro lado, quienes se encuentran en lugares de detención, incluida la población en estaciones migratorias y estancias provisionales, muchas veces habitan en condiciones de hacinamiento, lo que impide aplicar medidas de higiene y de distanciamiento para mitigar la propagación del coronavirus.

En prácticamente todos los países existen políticas nacionales de vacunación para contrarrestar la enfermedad. Sin embargo, en algunos países aún persisten barreras para la inclusión de estos grupos en los protocolos de implementación de las campañas. Por ejemplo, la política de vacunación en México no hace explícita la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes y privadas de libertad.

De igual forma, las barreras de acceso para las personas migrantes se vinculan a falta de acceso a la información o a la tecnología y la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos. Por ejemplo, no todas las personas en situación de movilidad tienen identificaciones como la clave única de registro de población o comprobante de domicilio al que únicamente pueden acceder los ciudadanos o residentes.

En relación con la población privada de libertad, ésta debe ser incluida en las fases de priorización, identificando factores de riesgos como la edad y enfermedades crónicas. Si no es así, es muy probable que no tengan acceso oportuno a las vacunas.

Para alcanzar el objetivo de la vacunación universal, esa que nos pondrá a salvo a todos, es crucial la coordinación entre autoridades locales, nacionales y regionales que contribuya al debido seguimiento a través de registros de inmunización interconectados, que incluyen el intercambio de datos sobre la vacunación entre sistemas de salud. Esto debería implementarse sin perjuicio de la confidencialidad médica y el principio de no discriminación. La vacunación no debería ser un privilegio, sino una medida necesaria para proteger la salud de la población en general y, en particular, de los grupos más vulnerables.

Coordinadora del programa de Salud del Comité Internacional de la Cruz Roja en México.

Fuente: La jornada

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Iglesia en Perú: «Nuestras cárceles son escuelas de criminalidad»

En tiempos de COVID-19 la Pastoral penitenciaria en Perú, a través del Padre Enrique Gonzales, Secretario ejecutivo de la Comisión de Acción Social, en una larga entrevista concedida a la Agencia de Prensa de los obispos revela las consecuencias de las precarias condiciones en que se encuentran las prisiones del país

Davide Dionisi  – Vatican News

Acompañamiento espiritual a las personas privadas de libertad y a sus familias. La pastoral penitenciaria promovida por la Comisión de Acción Social (CEAS) de los obispos peruanos continúa su valioso servicio, incluso en tiempos de pandemia. Las restricciones no impidieron que los voluntarios y capellanes entraran en los centros penitenciarios y asistieran a los huéspedes que, debido al COVID-19, padecen un doble sufrimiento: el estado de detención y la distancia de sus seres queridos.

Así lo revela el Padre Enrique Gonzales, Secretario Ejecutivo de la CEAS, en una larga entrevista con Ancep, la Agencia de Prensa de los obispos:

“Nuestras cárceles son auténticas escuelas del crimen y no lugares de reinserción social”

El Padre Gonzales añade que “las causas deben atribuirse al hacinamiento, a las precarias condiciones” en que se encuentran las prisiones, “a la falta de un trato digno de los huéspedes y, por último, al prejuicio generalizado de la opinión pública con respecto a las prisiones». Tras la propagación de la pandemia, la situación se ha desplomado como en el resto del mundo.

“Pero las cosas empeoraron aquí”

Cuatrocientas víctimas en las cárceles

El sacerdote continúa explicando que «la incapacidad de responder a las necesidades de los numerosos prisioneros los ha hecho más vulnerables”. Con el resultado de que “el número de contagiados ha sido muy alto” y, hasta ahora, han registrado 400 víctimas. Como resultado, se prohibieron las visitas y los detenidos ya no pudieron recibir alimentos y medicinas. “El trabajo también se ha detenido», continúa el Padre Gonzales. Ante un panorama desalentador, los agentes pastorales no se han dado por vencidos y han logrado «también gracias a su imaginación y espíritu de iniciativa» garantizar su presencia constante.

“Los capellanes no podían celebrar la misa, pero la oración y la reflexión sobre la Palabra nunca faltó”

Relanzamiento de los proyectos de pastoral carcelaria

El Secretario Ejecutivo de la CEAS también dijo que tomaron medidas para la distribución de medicamentos y mascarillas. “A través de llamadas telefónicas pudimos responder a las peticiones de los prisioneros». El Padre Gonzales anticipó, después, el relanzamiento de los proyectos de pastoral carcelaria a través de la creación de una «red nacional» dirigida por Monseñor Jorge Izaguirre, obispo de la prelatura de Chuquibamba y presidente del Ceas. El sacerdote observa con satisfacción:

“Las primeras reuniones de la red, todas online, han permitido una comparación fructífera entre los diversos equipos que trabajan en el sector en todas las diócesis”

Mientras por lo que respecta a la medida relativa a la liberación de los presos más vulnerables, el Padre Gonzales califica la decisión de «tardía». Y concluye:

“Muchos de nuestros hermanos y muchas de nuestras hermanas han muerto mientras tanto. A pesar de esto, lucharemos para que se aplique”

Fuente: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-11/iglesia-en-peru-nuestras-carceles-son-escuelas-de-criminalidad.html

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Trump expulsará a México a migrantes ilegales como medida contra el COVID-19

América/Estados Unidos/18/03/2020/Autor y fuente:  rubenluengas.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea expulsar de inmediato a México a todos los migrantes que ingresen irregularmente al país a causa del COVID-19, según informó este martes The New York Times.

Esta nueva norma, que el Gobierno anunciará en las próximas 48 horas, según indicaron varios funcionarios al diario neoyorquino, Estados Unidos devolverá a los migrantes sin ningún periodo de detención, ni el debido proceso.

El Gobierno de Trump busca con esta medida evitar un contagio del COVID-19 dentro de los centros de detención para inmigrantes de la zona limítrofe con México que pueda afectar también a un gran número de agentes fronterizos, dejando desprotegida la frontera.

Los funcionarios detallaron al The New York Times que muchos de los migrantes que ingresan a Estados Unidos llegan enfermos o sin los documentos que acrediten su historial médico.

En los puertos de entrada oficiales, los agentes tan solo dejarán entrar a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o a los extranjeros de países sin vetos con su documentación en regla.

Por el momento hay confirmados cerca de 6 mil 500 casos y más de 100 muertos por COVID-19 en Estados Unidos según datos de las autoridades federales y estatales, mientras que México apenas ha registrado 82.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han alertado de la eventual emergencia sanitaria que enfrentará el Gobierno de Trump si el coronavirus llega a los centros de detención.

“Están alojados en espacios cerrados y a menudo tienen problemas de salud. Sin la participación activa de quienes administran la instalación, tienen poca capacidad de aprender sobre las crisis de salud pública en curso o de tomar las medidas preventivas necesarias si logran aprender de ellas”, apuntaron en una carta al Gobierno varias de estas organizaciones.

El coronavirus ha tenido ya sus efectos sobre personas privadas de libertad con fugas masivas en cárceles de Brasil o Italia.

COVID-19: ¿Qué es y qué hacer ante la epidemia?

 

Fuente e imagen: http://rubenluengas.com/2020/03/trump-expulsara-a-mexico-a-migrantes-ilegales-como-medida-contra-el-covid-19/

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