América del Norte/México/23-07-2021/Autora: Yolanda Chio/Fuente: www.jornada.com.mx
Monterrey. Las escuelas públicas de Nuevo León deberán enseñar que la vida inicia desde la concepción y termina hasta la muerte natural, de acuerdo a la nueva Ley de Educación aprobada este martes por el Congreso local.
La Ley fue aprobada con 39 votos a favor en el Pleno del Congreso local, donde el PAN tiene mayoría con 15 diputados, seguido del PRI con 10 y Morena con ocho.
En el Artículo 17 de la Ley, se señala que además de lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación otorgada por el estado deberá “promover el respeto irrestricto a la dignidad humana”.
“Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general”, informa.
“Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la planeación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana y la cultura de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, añade el mencionado artículo.
Este punto formaba parte de una iniciativa presentada por Carlos Leal, legislador del Partido Encuentro Solidario, llamada Pin Parental, y que había sido rechazada por grupos de padres de familia y feministas.
El documento, que contiene 202 artículos, 14 transitorios y 36 capítulos contempla también un plan de regreso a clases seguro en el caso de una contingencia sanitaria como la vivida con el coronavirus.
“Desarrollará el protocolo de regreso a clases presenciales, observando que se garantice la seguridad, salud e integridad de los educandos, y que las instalaciones escolares se encuentren en condiciones para continuar con las clases presenciales”.
Además, las escuelas públicas deberán tener al menos un psicólogo por plantel y contar con un plan que prevenga los suicidios entre niñas, niños y adolescentes.
La Secretaría de Educación deberá realizar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Estatal por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, preferencias sexuales o de género, o por características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, por mencionar algunas.
Como medida de inclusión, los profesores deberán facilitar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/20/estados/congreso-de-nuevo-leon-aprueba-polemica-ley-de-educacion/
La falta de educación sexual en la escuela se ha colado como noticia hasta los grandes medios, aunque desde prismas moralistas y heterocentrados. Los resultados de los últimos informes arrojan luz sobre la desastrosa situación de la educación sexual y sus consecuencias.
La falta de una Educación Sexual Integral (ESI) de calidad en las aulas sigue mostrando sus repercusiones negativas en las y los jóvenes residentes en el Estado Español. La transmisión de ETS en la juventud aumenta o el uso de protección disminuye. Aunque no sólo se trata de una cuestión de salud pública. La ausencia de una formación profunda deja la búsqueda del conocimiento en manos de instituciones tradicionalmente represivas, como la Iglesia (que controla casi un tercio de la educación) o de las industrias que se lucran en torno a la mercantilización de la sexualidad.
La situación de la ESI como contenido transversal no hace sino diluir las responsabilidades y las competencias sobre un tema central para el buen desarrollo personal y social de los alumnos y alumnas. Hasta ahora, la mayoría de propuestas educativas se han visto limitadas a unas pocas sesiones aisladas, escasas de tiempo y con contenidos muy mínimos, normalmente centradas en aspectos biológicos o de prevención y con una visión enfocada a la sexualidad heterosexual.
La ESI debería ser, ante todo, un espacio seguro de información y acercamiento donde se muestren no sólo los riesgos, sino también los aspectos más liberadores de las prácticas sexuales, señalando las opciones que existen junto con la importancia del respeto por los deseos y la integridad del resto, poniendo el consentimiento en el centro.
Además, profundizar en la importancia de los métodos anticonceptivos sin por ello perder de vista el placer, saliendo del coitocentrismo imperante, podría hacer mejorar la tendencia de los últimos años en la que las ETS aumentan entre los jóvenes.
A pesar de lo limitadísima que sigue siendo la formación en cuestiones afectivo-sexuales, en los últimos años han aparecido iniciativas de sectores conservadores posicionándose en contra de todo lo que signifique conocer y explorar mejor la propia sexualidad y las distintas posibilidades de disfrute.
El Pin Parental presentado en 2019 por VOX y en constante debate en varias Comunidades Autónomas en las que gobierna la derecha, pretende limitar el acceso a cualquier contenido extracurricular que no esté previamente aceptado por los padres. Una propuesta que considera a les hijes como propiedad de sus adres y que atenta contra su propio desarrollo y educación. Unas familias con mínimos conocimientos de educación sexual, con poco tiempo para tratarlos, con prejuicios aún persistentes, con grandes diferencias sociales y generacionales no son el lugar más apropiado para concienciar y hablar sobre sexo de forma adecuada y libre.
Por otro lado, la aún predominante influencia de la Iglesia en la educación concertada de todo el Estado provoca que el acercamiento a las cuestiones sexuales sea, si es que existe, en ocasiones aún más retrograda. La exigencia de que los asuntos religiosos, incluida su moral conservadora, se mantengan en el ámbito de lo privado es absolutamente necesaria para quienes defendemos la libertad de expresión y el fin de la represión sexual e ideológica. Para ello es indispensable la separación total de la Iglesia de la educación y del Estado, también en las aulas.
Sin una formación de calidad que permita discernir y eliminar los elementos más perjudiciales de la sexualidad, niñas, niños y jóvenes con las redes sociales tan a mano acaban recurriendo a fuentes de información que refuerzan estereotipos, animan a prácticas poco saludables y reproducen con mayor fuerza las actitudes machistas y LGTBIfóbicas que ya encontramos de normal en nuestra sociedad.
Una Educación Sexual de calidad, abierta y libre, para todas y todos, adaptada a los niveles educativos y dispuesta a la colaboración ente alumnos, profesores y especialistas, es la base para una sociedad dispuesta a tumbar el heteropatriarcado y toda opresión que limite el disfrute y el goce, además de abrir la puerta a la organización para apropiarse del tiempo necesario para ello.
El estudio es uno de los pocos que observa la educación materna y paterna, revelando efectos protectores por parte de ambos
Un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y el Centro de Investigación de Desigualdades en Salud Global (CHAIN) encontró reducciones significativas en el riesgo de muerte infantil asociada con más años de educación parental.
Según el estudio, un solo año de educación materna redujo el riesgo de muerte de los niños menores de 5 años en un 3 %, y los niños cuyas madres cuentan con 12 años de educación tienen más de 30 % de menor probabilidad de morir antes de los 5 años en comparación con aquellos cuyas madres cuentan con cero años de educación. Con doce años de educación paterna se redujo el riesgo de mortalidad de los niños menores de 5 años en un 17 % en comparación con los padres que no tienen educación.
“Esta investigación es emocionante debido a la consistencia de los efectos positivos de la educación a lo largo de las geografías y el tiempo”, sostuvo Hunter York, autor principal del estudio. “Si bien esta evidencia no es causal, apunta a una relación que va más allá de la influencia de los comportamientos que se correlacionan con una menor educación, como el tabaquismo, o de intervenciones políticas que buscan mejorar la supervivencia infantil independiente del nivel de educación parental, como la planificación familiar gratuita. Estos son mecanismos importantes que afectan la relación entre la educación y la salud infantil, pero nuestros resultados sugieren la existencia de una función beneficiosa de la educación en y por sí misma”.
Los autores del estudio destacaron la importancia de realizar mayor investigación en materia de educación paterna, que ha sido estudiada mucho menos que la educación materna.
“Incluso después de controlar la educación de una madre, la educación del padre sigue siendo importante”, comentó la profesora Emmanuela Gakidou, una de las autoras sénior del estudio. “La mayoría de los estudios se enfocan solamente en los años de educación de la madre, pero es fundamental comprender y analizar la conexión que hay entre ambos, y no restar la contribución de la educación paterna a la supervivencia infantil”.
En el análisis se incluyeron más de 300 estudios de 92 países, con más de tres millones de nacidos vivos. Los investigadores descubrieron que el efecto protector de la escolaridad parental se fortaleció a medida que avanzaba la edad del niño, pero fue significativo para todos los rangos etarios menores de 5 años.
En el caso de los neonatos (0 a 27 días), cada año adicional de educación materna redujo el riesgo de mortalidad en un 1,5 %. Cada año de educación paterna redujo el riesgo en 1,1 %.
En el caso de los lactantes (de 1 a 11 meses), cada año de educación materna redujo el riesgo de mortalidad en un 3,7 %. Cada año de educación paterna redujo el riesgo en un 1,8 %.
En el caso de los niños pequeños (de 1 a 4 años), cada año de educación materna redujo el riesgo de mortalidad en un 4,4 %. Cada año de educación paterna redujo el riesgo en 2,2 %.
La relación estuvo presente en todas las regiones y después de controlar el nivel de riqueza o renta, el nivel de educación de la pareja y el sexo del niño.
“Se necesita mayor reducción en la mortalidad infantil, y las inversiones en educación pueden ser la clave para lograrlo”, afirmó el profesor Terje Andreas Eikemo, líder de CHAIN. “Es hora de que la educación forme parte de la agenda política internacional como determinante global de la supervivencia infantil”.
Lo que es más importante, el estudio también reveló que el impacto de cada año adicional de educación en la supervivencia de los niños siguió siendo el mismo durante la educación primaria, secundaria y superior, lo que indica que si únicamente se presta atención a la educación primaria se pierden oportunidades de reducir el número de muertes de menores de 5 años y de ofrecer a los niños las mejores oportunidades de supervivencia.
“Incluso a través de las distintas generaciones, la educación y la salud están vinculadas”, señaló Kam Sripada, una de las autoras principales del estudio. “El acceso universal a una educación de calidad debe ser una prioridad desde los primeros años hasta la educación superior, tanto para apoyar a la generación actual en torno a alcanzar su potencial como para ayudar a la próxima generación a sobrevivir y prosperar”.
El estudio fue financiado por el Consejo Noruego de Investigación, la Fundación Bill & Melinda Gates y la Comisión de la Fundación Rockefeller y la Universidad de Boston sobre Determinantes sociales, Datos y Toma de decisiones (Comisión 3-D).
Contacto: media@healthdata.org
Acerca del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud
El Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) es una organización independiente de investigación de salud a nivel global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington que ofrece mediciones rigurosas y comparables de los problemas de salud más importantes del mundo y evalúa las estrategias utilizadas para abordarlos. El IHME está comprometido con la transparencia y se encarga de que esta información se encuentre ampliamente disponible a fin de que los responsables de la formulación de políticas cuenten con la evidencia necesaria para tomar decisiones informadas con respecto a la asignación de recursos para mejorar la salud de la población.
Partidos y organizaciones sociales quieren implementar en 13 estados del país el “pin parental”, un mecanismo con el que los padres pretenden autorizar los contenidos que se enseñan en las escuelas.
Partidos políticos y organizaciones sociales de al menos 13 estados de la República han propuesto reformar leyes educativas para crear un “pin parental”, con el objetivo de que los padres de familia autoricen los contenidos que se enseñan en las escuelas y, con ello, limitar temas como la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva.
Aunque la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales se pronunciaron en contra del pin parental, cada vez son más los estados donde se aviva la discusión en torno a este tema.
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Aguascalientes y Nuevo León son las entidades donde los partidos Encuentro Social (PES) y Acción Nacional (PAN) han promovido la intervención de los padres en los contenidos educativos.
En el caso de Nuevo León, la iniciativa del pin parental fue votada y rechazada en el Congreso estatal, mientras que en Aguascalientes la Comisión de Derechos Humanos local impugnó las reformas educativas que ya habían sido publicadas en el Periódico Oficial.
Conservatives seek to implement parental veto over sex education in 13 states
Por otra parte, en Baja California, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán asociaciones como el Frente Nacional por la Familia ejercen presión para que los Congresos estatales incluyan el tema en sus agendas.
Especialistas alertaron que permitir a los padres o tutores aprobar los contenidos que se dan en las escuelas provocaría que sectores conservadores rechacen los temas de igualdad de género, salud sexual y reproductiva, lo cual podría derivar en un aumento de la violencia contra las mujeres, embarazos infantiles, abuso sexual de menores y homofobia.
Retroceso
“El pin parental sería un retroceso para la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política y las diferentes leyes que tenemos donde se expresa que los niños y adolescentes no son propiedad de los padres.
“Este tipo de iniciativas ponen a los menores como objetos de sus papás y ese es un retroceso de décadas”, criticó José Lugo Rodríguez, coordinador de Incidencia Política de Protección a la Niñez de la organización Save The Children México.
El experto aseveró que la sexualidad sigue siendo un tabú en la sociedad mexicana, por lo que la escuela se ha convertido en un espacio ideal para que los infantes aprendan sobre este tema.
La sexualidad aún es tabú en la sociedad mexicana, afirma experto.
“Si eliminamos la posibilidad de que los niños puedan conocer este tema desde el punto de vista científico, que en las escuelas puedan dialogar, realmente podríamos poner en riesgo a nuestros niños, porque no somos un país donde hablemos de esto con naturalidad en nuestras casas”, advirtió el especialista.
Las consecuencias de eliminar la educación sexual y de género en las escuelas no sería poca cosa: aunque ha habido una tendencia a la baja durante los últimos años, en 2018 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 154 mil 299 embarazos de niñas y adolescentes.
Con respecto a la violencia de género, la cifra de 10 asesinatos de mujeres al día sigue vigente a pesar de las estrategias implementadas por el gobierno federal para contener el problema.
En cuanto al abuso sexual infantil, las autoridades no tienen una cifra específica para medir este delito, y sobre la homofobia el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró 65 asesinatos de integrantes de esta comunidad en 2019.
Oportunismo político
El pin parental no es un proyecto surgido de la nada, tiene sus raíces en el partido político español VOX, que propuso que los padres tengan información previa sobre cualquier actividad que involucre cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad.
El objetivo es que los responsables de los menores, con base en “cuestiones morales” y creencias, decidan si los niños pueden realizar esas actividades.
Teniendo en cuenta los antecedentes políticos, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), no dudó en que el PES y el PAN puedan utilizar esta iniciativa con miras a las elecciones de 2021, cuando se disputarán 15 gubernaturas, 30 Congresos estatales, casi 2 mil municipios y se renovará la Cámara de Diputados.
“El pin parental es un pretexto para confrontarse con las instituciones del gobierno mexicano, para hacer visibles sus cuestionamientos homofóbicos, misóginos y adultocéntricos porque en nuestro país hay mucha gente que piensa así. Este es un método que utilizó VOX para ganar electores”, declaró Juan Martín Pérez.
El experto equiparó el pin parental con otras propuestas que en su momento lanzó el Partido Verde Ecologista, como la pena de muerte, y que le sirvieron para conseguir votantes que a la postre eran de utilidad para su aliado favorito: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“México es un terreno fértil para las propuestas antiderechos por la fragilidad institucional, por los altos niveles de impunidad y por la polarización que hay en estos momentos. Así como vemos a estos grupos antiderechos esforzándose para lograr visibilidad y ganar electores, seguramente vamos a ver a otros grupos con la misma estrategia”, aseveró Juan Martín Pérez.
Para que el pin parental no sea aprobado en las entidades federativas, la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a la CNDH para que interponga acciones de inconstitucionalidad contra las iniciativas estatales en la Suprema Corte.
El Legislativo federal coincidió en que esta propuesta viola derechos humanos de los menores de edad, entre ellos el acceso a la salud sexual y reproductiva. Y aunque esta crítica se replica desde distintos frentes, grupos conservadores han optado por no escuchar y seguir con su agenda.
Este texto se dirige a padres y madres de familia con el propósito de dar a conocer los antecedentes de la Educación Sexual Integral en el contexto histórico de nuestro país. Es importante conocerlo, por los peligros que se ciernen sobre el acceso de niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua a su derecho para recibir educación sexual como parte de su formación. Existela amenaza de que diputados aprueben el mal llamado pin parental, que en realidad es un veto a los contenidos de educación sexual que se imparten en la educación pública básica.
El 29 de enero la diputada Marisela Sáenz Moriel, del Partido Encuentro Social y hoy en la bancada del Partido Revolucionario Institucional, presentó en el H. Congreso del Estado de Chihuahua la propuesta para reformar la Ley Estatal de Educación e introducir la posibilidad de que los padres de familia veten la educación sexual en las escuelas de educación básica. El pin parental sería un formato que se enviaría a los padres de familia, con un mes de anticipación, para que sean ellos quienes autoricen el trabajo de contenidos de Educación Sexual y de Igualdad de Género al profesorado. Entonces me pareció que estaba en una regresión del tiempo, en un deja vu.
La frase que el Frente Nacional de la Familia se apoya para solicitar el pin: “Con mis hijos no te metas”, me regresó a los años 30 del siglo pasado. Recordé cuando en 1932 Narciso Bassols impulsó un programa de educación sexual para las escuelas primaria de la Ciudad de México y la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) organizó manifestaciones para no mandar sus hijos a la escuela. Se acusó al gobierno de monopolizar la educación y violentar “el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos”.
Seguramente ustedes, amables lectores, están también ya en ese bucle del tiempo….¡pero esperen! no es el único momento en el que grupos conservadores han buscado intervenir directamente en la acción pedagógica que se lleva a cabo en nuestras escuelas públicas.
Hagamos un breve recuento de algunos hechos vividos por la oposición de grupos religiosos a temas y contenidos de índole sexual. En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) con la finalidad de distribuir materiales de apoyo de manera gratuita a niños y niñas de educación primaria, de todos los rincones del país. Pues esta acción se encontró con la oposición del Partido Acción Nacional y de la UNPF acusando la medida como antidemocrática y antipedagógica. ¡Sí… los libros de texto gratuitos que todos hemos usado en nuestra educación básica!
Otra ocasión fue cuando en 1961 se manifestaron 100,000 personas con perspectiva católica que afirmaban que estos libros de texto gratuitos, los que la CONALITEG edita y se distribuyen en las escuelas primarias, eran parte de un “proyecto totalitario” y “contrario a los derechos del individuo y la familia”. Los manifestantes sostenían que los padres de familia tenían un derecho “natural” a elegir el tipo de educación de sus hijos ¿Les recuerda algo? ¿Les parece el discurso conocido? Tal vez han escuchado esto mismo en quienes defienden el pin parental.
Es hasta 1974 cuando se implementan los contenidos sobre educación sexual en los libros de texto gratuitos de educación primaria y secundaria. El enfoque era biologicista: los temas se focalizaban hacia la menstruación, embarazo y cambios físicos durante la adolescencia. Un enfoque adecuado para su tiempo debido a que eran tiempos en que la planificación familiar era una demanda social. Las reacciones no se hicieron esperar: la UNPF acusó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de “pretender implantar un sistema ateo, totalitario y antimexicano; esgrimió que los libros no consideraban a los padres de familia, que la educación sexual debía darse en el seno de la familia y que los maestros no estaban capacitados” (Camacho & Padilla, 2015). Nuevamente el discurso es muy similar al que hoy escuchamos en redes.
En 1988 los libros de texto se modifican un poco en contenidos de educación sexual. En ese momento hubo quema de libros en algunas ciudades del país. Los manifestantes cuestionaban el hecho de que se trabajaran estos temas en la escuela y se consideraba molesto e inadecuado que se insertaran dibujos de los órganos sexuales externos,para explicar la anatomía y procesos fisiológicos del ser humano.Con la reforma educativa de 1992 se introdujo el tema de VIH en los contenidos de la escuela secundaria.
Entre 1993 y 2011 hubo estrategias de los grupos religiosos que obligaron a la SEP a editar o censurar temas en los materiales educativos como la homosexualidad, le obligaron a colocar mensajes sobre la abstinencia como la mejor forma de prevención del embarazo y de infecciones de transmisión sexual, así como la promoción del modelo de la pareja heteronormada como único (Díaz, 2018).
En la Reforma educativa de 2011 se incorporó al Plan y Programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria el enfoque de la Educación Sexual Integral. Se plantea el modelo holónico de la sexualidad con una visión integral. Este modelo es producto de las investigaciones científicas más avanzadas, que consideran la sexualidad humana como un conjunto de factores sociales, emocionales, de género y reproductivos. Hasta este momento, la educación sexual únicamente consideraba aspectos físicos que tenían que ver con la biología.
La Educación Sexual Integral impulsa que la sexualidad es una herramienta que ayuda a las personas a interactuar en sociedad. La sexualidad es un ámbito estratégico para la socialización y control de la subjetividad. Este modelo explica que la sexualidad está conformada no solamente por aspectos reproductivos, sino que se integran por el contacto social, aspectos de género, de la afectividad y del erotismo. Impulsa una visión de la sexualidad mucho más amplia (Rubio-Aurioles & Ortiz-Martínez, 2012).
¿Cuáles son las razones de que los materiales educativos y la misma educación sexual bajo el enfoque de la Educación Sexual Integral, sean calificados por quienes en 2020 impulsan el pin parental como “ideologizante” o bajo el enfoque de la “Ideología de género”? La razón es la contraposición de dos modelos de moral en la sexualidad. La sexualidad judeocristiana y la sexualidad liberal. Para los grupos como el Frente Nacional por la Familia y grupos religiosos conservadores, la moralidad judeocrtistiana es la única y la “natural”. Todo lo que es diferente a ella, es antinatural y no científica porque no tiene como único basamento la biología. Han inventado el término “Ideología de género” con la finalidad de desacreditar los factores culturales integrantes de la sexualidad, que tiene origen en la Perspectiva de Género. La Perspectiva de Género son constructos teóricos emanados de las ciencias sociales y es una herramienta que permite denunciar las desigualdades políticas que tiene las mujeres y las personas no heteronormadas para acceder a los derechos humanos.
La moralidad judeocristiana considera la sexualidad con la única finalidad reproductiva. Ignora, descarta y denigra todo lo que no se ajuste a sus criterios: la heterosexualidad obligatoria, la negación del placer sexual principalmente en las mujeres, la visión de la masturbación como indeseable, la prohibición de métodos anticonceptivos y las relaciones unicamente al interior del matrimonio (Padrón, Fernández, Infante, & Paris, s/d). Es una moral completamente anclada a aspectos religiosos, que quien impulsa el pin parental desea nos sea impuesta a toda la sociedad.
Se pueden preguntar ahora lo siguiente: ¿Por qué, si desde 2012 los materiales educativos incorporan la Educación Sexual Integral (ESI), se percibe la amenaza hasta el 2020? ¡8 AÑOS DESPUÉS¡ ¿Por qué es el momento “ideal” de solicitar el pin parental exactamente ahora? Ah! Porque lo importante es impulsar a diputados y diputadas de partidos políticos conservadores para que se reelijan u ocupen diputaciones de alcance federal.
¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad? Está cambiando el orden sexual, de una moral basada en ideas religiosas (judeocristiana) hacia una laica (la impulsada por el Estado) y basada en el progreso científico.
Una educación sexual laica demanda que se incorporen contenidos con base en las necesidades y desafíos presentes de la vida de niñas, niños y adolescentes en temas como salud sexual y reproductiva, inclusión, desigualdad de género, violencia sexual y convivencia pacífica. La realidad social ha cambiado y las características del modelo judeocristiano ya no responden a ella, ha quedado obsoleto. El marco valoral adoptado por México y el mundo son los Derechos Humanos. El Estado debe ser garante, por eso la Educación Sexual Integral.
La moral judeocristina puede ser practicada por las familia católicas y cristianas en sus hogares e iglesias: los padres pueden educar a sus hijos en ella. El artículo 24 constitucional se los garantiza. Sin embargo, el artículo 3º declara la obligación del Estado por preservar la laicidad en los contenidos educativos y la obligación de incorporar la Educación Sexual Integral en sus planes y programas. Esos niños y niñas, educadas en su familia bajo esa moral, deben también aprender esta otra visión del mundo, para que puedan estudiar marcos comprehensivos amplios de las relaciones sociales. La garantía que el Estado mexicano ofrece para que niños, niñas y adolescentes puedan tener esa oportunidad, es el interés superior de la niñez.
La Historia como ciencia tiene un objetivo: explicar el presente a partir del pasado. Cuando no recurrimos a la Historia, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado. En este caso, la sociedad en conjunto debemos rechazar el pin parental, no debemos permitir un retroceso en nuestra educación sexual y contenidos de Perspectiva de Género. No perdamos el terreno ganado.
Bibliografía
Camacho, S., & Padilla, Y. (2015). Educación sexual, libros de texto y oposición conservadora en México: 1974, 2006 y 2016. XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa. San Luis Potosí: COMIE.
Díaz, A. (2018). Laicidad y educación sexual. Recuperado el Agosto de 2020, de Academia.edu: https://www.academia.edu/38200978/Laicidad_y_educación_sexual_en_México.pdf
Padrón, M.-d.-M., Fernández, L., Infante, A., & Paris, Á. (s/d). Libro Blanco sobre Educación Sexual de la provincia de Málaga. Málaga España: Diputación de Málaga.
Rubio-Aurioles, E., & Ortiz-Martínez, G. (2012). Educación integral de la sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación Básica. Manual para la maestra y el maestro. Nivel secundaria. Ciudad de México: SEP.
Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista
PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.
A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.
De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.
Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.
Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.
“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.
La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.
Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres
Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.
Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.
La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.
Estado, único rector de contenidos educativos
El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.
Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.
Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.
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Grupos conservadores, detrás del pin parental
El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.
A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.
Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.
“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.
Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.
Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.
El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.
En marcha, agenda nacional antiderechos
El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.
Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.
Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.
En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.
Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos
Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.
“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.
Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.
La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.
María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.
*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López
Las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales.
Desde inicios de 2020, al menos en cinco congresos locales se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos. En ellas, se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”. En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez.
Por tales razones, se enviará a los congresos locales de los 32 estados de la República un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.
Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como ‘Pin Parental’: incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.
Ante ello, las Secretarías de Gobernación, Educación y Salud, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instan a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.
Concluyen que el llamado ‘Pin Parental’ es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. De la misma manera, niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.
Fuente e Imagen: http://www.educacionfutura.org/pin-parental-vulnera-los-derechos-de-ninez-y-adolescencia-sep-y-segob/
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