Por: Ricardo Angoso
El país latinoamericano acusa los casos de corrupción, la impunidad, el fracaso del sistema judicial y la desafección de los ciudadanos ante su clase política.
La corrupción, la impunidad reinante en el país, el fracaso del sistema judicial y la escasa credibilidad de la sociedad colombiana en su sistema político tienen mucho que ver con la profunda crisis moral que padece el país desde hace décadas debido, sobre todo, al fracaso de su sistema educativo, si es que realmente es merecedor de ese nombre.
La corrupción se ha hecho algo presente, casi natural, en la sociedad colombiana, como si ya la ciudadanía se hubiera acostumbrado a la misma y la viera como un mal consustancial a nuestra clase política pero también a todos los sectores y estratos sociales, permeando todas las instituciones, empresas, organizaciones y, lo que es más grave, a todo el tejido de la sociedad civil. El problema no es sólo económico, ya que la corrupción genera pobreza, mal empleo de unos recursos públicos que podrían ser invertidos en educación y salud, el pesimismo en una sociedad que ya no cree en sus líderes, que deberían ser referentes morales y éticos, y una sensación generalizada de que el sistema está podrido y no tiene arreglo.
De ese estado de cosas que padecemos desde hace dos siglos, que tiene un dimensión más profunda que la económica al señalar a la administración como más propia de un Estado fallido que de un país moderno, funcional, justo y organizado, pueden surgir en el futuro fuerzas antisistema, movimientos de corte populista y caudillismos del más variado pelaje, tanto a izquierda como a derecha. Ahí radica uno de los verdaderos peligros que conlleva el problema.
Un sistema que consiguiera superar la perniciosa segregación social que caracteriza al país desde la infancia, donde ya se acentúan los estratos y las diferencias entre las clases más pudientes y las más desfavorecidas, y el acceso al mismo en igualdad de condiciones de todos los futuros estudiantes. Un sistema educativo incluyente, superador de la desigualdad social y que no haga de la educación un negocio solo apto para los más favorecidos socialmente, de tal forma que solamente los ricos pueden estudiar en colegios de calidad y después acceder a los centros universitarios, discriminando, claramente, a los más pobres. Haría falta una auténtica voluntad política, algo de lo que carece en la actualidad la dirigencia, para poner en marcha ese sistema de educativo de carácter público de calidad que permita superar la crónica desigualdad social que ahora caracteriza a todos los tramos de la educación en Colombia, desde la infancia, como ya he dicho antes, hasta la formación universitaria.
Todo el mundo sabe que los colegios públicos en Colombia son un desastre, están escasamente dotados de medios, los profesores están mal pagados y deficientemente formados para ejercer sus tareas, y los centros aportan, en términos cualitativos, poco o nada a sus estudiantes; las clases más pudientes envían a sus hijos a colegios privados de mejor calidad o al menos con un nivel formativo superior a los públicos. Así las cosas, la segregación social se agudiza e incluso se intensifica antes de la llegada a la universidad, donde los sectores sociales con menos ingresos llegan con un nivel mucho más bajo y con pocas posibilidades de acceder a los centros universitarios, tanto por razones económicas como formativas, al haber recibido un aprendizaje mucho más deficiente que las clases pudientes.
Otro problema que manifiesta el ineficiente sistema educativo es la ausencia de controles de calidad de las instituciones educativas y de los profesionales que imparten sus conocimientos en las mismas; en Colombia es relativamente fácil ser docente y uno percibe que cualquiera, sin haber pasado el necesario proceso formativo, puede ejercer como profesor hasta en las más prestigiosas universidades del país. Hay muy pocos concursos públicos para dotar de docentes a la mayoría de las universidades, siendo los puestos adjudicados a dedo y generalmente a través de las famosas «palancas», y tampoco la administración ejerce ningún tipo de control acerca de la calidad de las plantillas universitarias, algo que explicaría por qué nunca las universidades colombianas están entre las doscientas mejores del mundo en ningún rankig de los que miden el nivel de calidad de las mismas en todo el mundo.
Las consecuencias de lo anteriormente expuesto explican la escasa movilidad social que se manifiesta en la sociedad colombiana desde hace dos siglos y que un reducido núcleo social, compuesto quizá por unas 40 o 50 familias -sin exagerar-, hayan controlado con un poder omnímodo sobre la vida social, política, cultural y económica del país durante todos estos años. ‘Las élites han secuestrado al Estado a través de sus relaciones familiares’, señalaba el congresista David Racero. Unas élites que no han permitido el acceso de los más desfavorecidos a la educación, quizá para seguir controlando el país por saecula saeculorum, y mantener sus privilegios feudales -aparte del indiscutible derecho al saqueo del Estado sin miramientos ni compartido con nadie-, en una sociedad que demanda a gritos un sistema educativo funcional.
Y es que, como señala el analista Mauricio Caicedo, «es un error creer que todos los problemas de la sociedad se resuelven con el crecimiento económico: el crecimiento no resuelve la pobreza, la pobreza la resuelve la educación. El problema de la desigualdad en Latinoamérica no es un problema de crecimiento económico, sino de educación»
La clave del desarrollo social y económico en Asia en el último medio siglo, con grandes economías emergentes que ya dominan el mundo, como Corea del Sur, China, Japón, Singapur, Taiwán y Vietnam, por poner solamente algunos ejemplos bien gráficos, tiene mucho que ver con la calidad de sus sistemas educativos y la consiguiente movilidad social que emana de los mismos, de tal forma que llegan a la universidad tan sólo los más aptos y preparados y no aquellos que tienen más recursos económicos. Sin sistemas educativos de calidad, no hay progreso social ni desarrollo alguno, pudiéndose decir que educación y desarrollo son un binomio inseparable y que van juntos de la mano; sin educación no hay posibilidad de cambio social y ser capaces de generar bienestar, prosperidad y riqueza para la mayoría de la sociedad.
Termino, a modo de conclusión, con un apunte del ya citado Caicedo que ilustra bien el asunto y la escasa percepción que tiene del mismo la dirigencia colombiana: «Los gobernantes colombianos olvidan que no invertir en educación equivale automáticamente a invertir en ignorancia, en fanatismo, en resentimiento y en desigualdad social, y que las víctimas de esa pedagogía negligente no son solo las gentes humildes, sino toda la sociedad, incluidos los más poderosos y los mejor educados».
Fuente: https://diario16.com/el-problema-de-colombia-es-la-crisis-moral-ligada-a-un-deficiente-sistema-educativo/
Users Today : 79
Total Users : 35403417
Views Today : 93
Total views : 3332719