Reflexionesen torno al “nuevo plan de transición” de los EE.UU., para Venezuela

Por: Jorge Forero*

El martes 31 de marzo de 2020, el gobierno estadounidense anunció el lanzamiento de “un nuevo plan para la transición a la democracia en Venezuela y la retirada de las sanciones económicas, a través de un gobierno de transición, que incluya representantes del actual presidente Nicolás Maduro, y del líder opositor (sic.) Juan Guaidó, así como la celebración de “elecciones libres y justas” (Agencia: DW).

 Este hecho marca un nuevo hito en la orientación estratégica -pública de la política exterior de Washington hacia Venezuela, la cual ha experimentado una escalada de hostilidades (que incluyen amenazas de intervención militar) y sanciones económicas que han acentuado la grave y severa depresión económica que ha azotado a Venezuela durante los últimos 5 años.

 A continuación se exponen algunas reflexiones e inferencias que surgen a partir de este anuncio, en particular, sobre la coyuntura global, y sobre las determinaciones geopolíticas y económicas, así como las implicaciones y  las perspectivas que se vislumbran:

 1. El anuncio del “nuevo plan” se produce en el marco de una conmoción sistémica, desencadenada por las repercusiones económicas del COVID-19. Cabe subrayar que organismos del sistema financiero como el FMI han declarado oficialmente una nueva recesión económica global.

Históricamente las turbulencias de gran escala, como la actual, derivan en procesos de recomposición de las fuerzas en el sistema-mundo. Tal circunstancia tiende a propiciar cambios en las dinámicas de los sistemas de relaciones internacionales, en la medida en que los tiempos de la geopolítica se aceleran.

Dicho de otra manera, en tiempos convulsos, es preciso asegurar posiciones, aunque eso represente retrocesos o pérdidas parciales, y Venezuela sigue siendo un factor medular en los equilibrios geopolíticos de la región y del mundo.

2. Precisamente en ese marco, fue del conocimiento público la conversación telefónica entre los presidentes de los EE.UU., y de la Federación Rusa (dos agentes de los intereses del gran capital concentrado en sus respectivos centros imperialistas), la cual se centró en la búsqueda de acuerdos para la estabilidad del mercado energético global, variable muy sensible para los procesos de acumulación de capital en los dos países. A pesar del colapso de la industria petrolera venezolana, las reservas del país resultan cruciales en un escenario de lucha por la hegemonía sobre el sistema-mundo.

3. A pesar de la aparente esquizofrenia de la política exterior de los EE.UU., (el 26 de marzo emite una orden de captura con recompensa incluida en contra del presidente y de altos funcionarios del gobierno de Venezuela con cargos por narcoterrorismo, y el 31 de marzo ejecuta un viraje drástico en su narrativa, a través de la cual, además de reconocer tácitamente a dicho gobierno y proponer una salida política negociada, rompe con su intransigencia fundamentalista), esta práctica discursiva caótica forma parte de una doctrina de política exterior de ese país, la denominada “Teoría del Loco” de Henry Kissinger (asesor presidencial en la década de los setenta cuando se instauró y nuevamente en la actualidad), cuya premisa es confundir y desconcertar a sus oponentes mediante movimientos que se perciben como contradictorios, pero que en los hechos apuntan hacia objetivos concretos. Por tanto, es factible que surjan “nuevos planes” y nuevas acciones en el corto plazo.

Es oportuno reseñar otro hecho aparentemente caótico e indescifrable, que sucedió unos días antes de la judicialización extraterritorial de las autoridades venezolanas por parte del Departamento de Justicia de los EE.UU., cuando se produjo la detención de un arsenal de guerra en la frontera colombo-venezolana, ante lo cual el General retirado de la FANB de Venezuela Clíver Alcalá asumió la responsabilidad de ese movimiento, a la vez que emitió unas declaraciones que comprometen al diputado Juan Guaidó, así como a otros actores venezolanos y colombianos vinculados con los sectores más conservadores del establecimiento norteamericano. Para ponerle un broche de oro a la ezquizofrenia, el General Alcalá fue extraditado a los Estados Unidos por parte del gobierno de Colombia, y se despidió de Colombia sin esposas y entre abrazos fraternales de sus vigilantes.

4. El “nuevo plan” estadounidense fue anunciado hace unos días -con algunas variaciones- por el diputado y presidente autoproclamado como interino. Lo que ratifica el signo subordinado (por usar una palabra decorosa) de ese actor político a los designios de Washington.

 5. Aunque es evidente el interés de imponer un tutelaje sobre la política venezolana, así como el carácter inconstitucional del “nuevo plan”, en razón de que vulnera principios constitucionales esenciales de la República Bolivariana de Venezuela y expresa la naturaleza intervencionista del imperialismo estadounidense (por ende era apenas lógico que el gobierno venezolano se pronunciara en rechazo a ese plan), así como principios del derecho internacional; podría calificarse como positivo que el gobierno de los EE.UU., valore opciones de negociación política, y trascienda las actitudes absurdas que no redundan en superar sino en intensificar la crisis.

 No obstante, bajo la lógica de la Teoría del Loco que se está implementando desde Washington, no sería descabellado pensar en que esta acción tenga la finalidad de distraer y que más bien se esté preparando  una escalada de hostilidades belicistas.

 6. Una agresión belicista estadounidense contra Venezuela en un momento como el actual, tendría consecuencias terribles sobre el país. Es necesario subrayar que una intervención militar quirúrgica, tal cual como la solicitan algunos sectores, además de daños colaterales directos, generaría un escenario de conflictividad y de violencia cruenta en el país, que acentuaría las dificultades dadas por la crisis económica. Si el interés es promover la democracia, la estabilidad política y la recuperación económica del país, la guerra no es una solución.

 7. Como es tradición en la política exterior estadounidense, el “nuevo plan” en los hechos es un pacto de élites políticas, vale preguntar con franqueza: ¿hasta qué punto realmente el pueblo venezolano se siente representado por estos sectores? ¿O en la práctica se trata de la promoción de un nuevo Pacto de Punto Fijo?, bajo el espectro de intereses geopolíticos muy concretos, por un lado los anglosajones y por otro lado los del eje China-Rusia. Tal circunstancia expresa el carácter antidemocrático y conservador del denominado “nuevo plan”.

 8. Este hito en la narrativa estadounidense hacia la crisis venezolana debe concebirse como una oportunidad para avanzar en el diálogo político de los todos los sectores nacionales -ítem que ha sido valorado positivamente por el pueblo en diversos estudios de opinión-, tanto de los que ostentan de representación ante el poder público (gobierno y oposición supeditada a Washington, sectores liberales y disidentes de esos dos bloques), y de los sectores oligárquicos que tienen posiciones clave en el entramado económico (los cuales ya fueron invitados a definir la política estratégica de la nación en el marco de la coyuntura del COVID-19), como de los sectores sociales de la clase trabajadora del país que son invisibilizados por los medios de comunicación corporativos al Estado o al gran capital (tales como los partidos políticos que mantienen posiciones clasistas, movimientos sociales, sectores como el campesinado, entre otros).

Ese diálogo no debe reducirse a un cónclave para repartirse cuotas en el poder público del Estado (y con ello, el control de las rentas y la influencia sobre los procesos de acumulación de capital), sino que primordialmente debe orientarse a la búsqueda de un programa de recuperación económica viable, con criterios de rigurosidad científica, y por ende, ajeno a la discursiva demagoga que domina a la clase política venezolana.

El devenir histórico de Venezuela lo debe definir su pueblo, los pactos de élites, los caudillismos, los delirios de grandeza y los sectarismos entre facciones de la burguesía nacional y transnacional tienen una carga histórica de desastres económicos, sociales y políticos para el país.

*Investigador del Centro Internacional Miranda

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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El cuidado del derecho a la educación

Por: Bonifacio Barba

La Constitución de la República y los derechos humanos que ella reconoce son entidades socialmente dinámicas, están vinculadas de modo esencial a la vida de la comunidad política en la que son construidas y promulgadas. En tal dinámica, no todo está garantizado; quienes detentan el poder público tienen la obligación de cumplir la Constitución, de hacerla cumplir, lo que implica proteger los derechos humanos y castigar sus violaciones, pues tanto al interior del aparato de gobierno como de la sociedad existen intereses contrarios a ellos.

El derecho a la educación (DEd) es uno de los que requieren cuidado específico ya que representa y resguarda la formación de los ciudadanos y, por ello, es una entrada al conocimiento, aprecio y vivencia del conjunto de los derechos. La protección y realización del DEd es, entonces, una expresión de lo que les ocurre a los otros, de ahí que sea muy importante conocer el estado en que se encuentran la educación y sus instituciones.

Del 20 al 24 de noviembre pasado se llevó a cabo el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa en la ciudad de San Luis Potosí. En la conferencia inaugural, el Dr. Pablo Gentili ofreció una perspectiva fructífera de análisis de la educación en América Latina que ayuda a comprender las amenazas que vive el DEd. El punto de partida de su visión es el señalamiento de que existe una paradoja entre el desarrollo y la expansión de la educación pública orientada a lograr la educación universal, a realizar el DEd, por un lado, y por el otro, la presencia de una amenaza a la escuela pública y al mencionado derecho por parte del conservadurismo social. La amenaza se expresa en cinco tensiones u ofensivas que son enunciadas brevemente a continuación.

La primera de ellas es que la expansión y la diferenciación institucional de la educación se han realizado con un tipo de crecimiento que no fortalece en su totalidad a los sistemas nacionales de educación sino que los segmenta beneficiando desigualmente a las clases sociales. La segunda ofensiva conservadora consiste en que la escuela pública no es vista o valorada como un bien común, como institución emancipadora, ya que la derecha pone resistencias a ese rol emancipador; lucha contra la escuela social, contra la república democrática.

La tercera ofensiva, en realidad una consecuencia de las anteriores, consiste en la despolitización de la escuela, en una lucha contra su sentido liberador para reducirla a una mera función de escolarización, con lo cual no se cubre todo el DEd, reduciéndolo a que sea sólo derecho al aprendizaje, lo cual cosifica los saberes despojándolos de su potencial humanista y liberador y estandarizándolos como si todos los seres humanos necesitaran los mismos saberes; se ataca la diversidad de sociedades y culturas.

La cuarta ofensiva consiste en que el esfuerzo político y social por llevar la escuela a todo el territorio nacional, no estuvo acompañado de lo que Gentili llama la territorialidad de la escuela, es decir, de su aprecio y respeto como institución social en cada lugar donde está asentada; la escuela ha ido perdiendo la confianza de la sociedad. Finalmente, la quinta amenaza se da en la tensión entre escuela y futuro: la escuela, en el proyecto de universalización, se vinculó a un futuro –y hoy estamos en ese futuro previsto-, justo, libre, democrático, pero no se logró. Hoy es necesario sostener la lucha por la igualdad de derechos. Hasta aquí las tensiones o amenazas.

Desde luego, en cada sociedad nacional de la América Latina las cosas se presentan de manera específica, con mayor o menor énfasis en la fuerza y efecto de cada una de las amenazas.

En México estamos viviendo un proceso de reforma de la educación que no ocurre en un solo escenario: en uno de ellos, algunos grupos sociales se opusieron y se oponen a la reforma porque consideran que es la continuidad de la amenaza a la educación pública que viene de decenios atrás, de las políticas calificadas de neoliberales. En otro escenario, existen grupos que consideran necesaria la reforma al tiempo que señalan sus limitaciones de concepción y de operación. En un tercer escenario –que no es el último de los que se han formado-, el gobierno federal defiende la reforma y la ha hecho avanzar con los medios de que dispone, pero sin cuidar de manera suficiente todas las garantías necesarias para realizar el DEd, entre las que se encuentran la reforma oportuna de las escuelas Normales y el apoyo suficiente y eficaz para que se desarrolle en todo su potencial la profesionalidad de los docentes. Esto implica salir del círculo de la culpabilización de éstos y fortalecer su imagen social y laboral y los apoyos para la realización de su tarea, exigiéndose simultáneamente el gobierno a sí mismo todo lo que a él corresponde en diversos ámbitos para atender el DEd.

Es preciso recordar que la reforma de la educación surgió de los compromisos del Pacto por México. Ahí se puso el énfasis en la recuperación de la rectoría del Estado sobre el sistema educativo. La situación de México exige que tal rectoría se manifieste en la capacidad gubernamental de contrarrestar las amenazas u ofensivas contra la educación pública que identificó Gentili. Ese es el mayor compromiso, la mayor exigencia que hace la sociedad para progresar en la vida democrática.

El DEd reconocido en el artículo tercero de la Constitución es muy claro en los principios y valores que deben guiar el trabajo de la escuela: respeto a los derechos humanos, justicia, democracia, “aprecio y respeto por la diversidad cultural”, dignidad de la persona, integridad de la familia, entre otros. Es momento de hacer una nueva lectura del artículo y acompañarla de otros artículos constitucionales, iniciando por el primero y sin olvidar el 25, que establece lo siguiente respecto al desarrollo nacional: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución” (cursivas del autor).

Es tiempo también, desde luego, de estar observando a los partidos políticos, pues se preparan para competir por la conducción del gobierno. Es fundamental saber qué conocimiento y aprecio tienen de la Constitución, pues el derecho a la educación, como todos los derechos, deben ser cuidados.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-cuidado-del-derecho-a-la-educacion/

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Macri quiere guerra en educación y tarifas

Por: Martín Granovsky

Como ocurre con cualquier Mandatario, el mensaje al Congreso es una pieza clave de la estrategia política. Y no porque la realidad vaya a cambiar al minuto siguiente para bien o para mal. Es clave por lo que enfatiza y por lo que disimula.

Mauricio Macri fue enfático cuando buscó confrontar y definir un perfil de guerra contra el sindicalismo combativo y a favor del aumento de tarifas.

Su ironía sobre que Roberto Baradel, el dirigente de los docentes públicos de la provincia de Buenos Aires, no necesita que nadie lo cuide, mostró a un Macri despiadado. En casos de amenaza contra la vida de un dirigente o de su familia como en este caso, incluso para cuidar las formas el poder político suele interesarse en lugar de recurrir al humor negro. Los sindicalistas suelen preferir aparecer, más bien, como gente dura capaz de aguantarse todo. Mostrarse vulnerables no es su negocio político. Que Macri no haya cuidado ni las formas con un sector que no acostumbra victimizarse debe interpretarse como la elección de un frente de combate. Es una decisión congruente con el anuncio de la gobernadora de Buenos Aires, a quien apodaban Heidi, hasta que miró las inundaciones desde México, de amenazar con la convocatoria a voluntarios para el sector educativo cuando está claro que ni siquiera hay un cuadro legal que lo permita.

En tarifas, el énfasis fue tan explícito que consistió en que Macri repitiera el mismo párrafo, primero en su tono monocorde y después casi a los gritos. Primera vez: “Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético para que los argentinos, en sus casas”. Segunda vez: “Repito, después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético”.

El disimulo correspondió a lo que genéricamente el Presidente describió como “dos decretos sobre juicios y contrataciones para gestión de conflicto de intereses”. Bien lo pudo haber hecho antes. Hay un proyecto de reforma en la Etica Pública, presentado por el diputado Guillermo Carmona en noviembre de 2016, luego de una comprobación a cargo de la Universidad Nacional de San Martín: el 31 por ciento de los funcionarios actuales ocupó puestos de alta o media gerencia en el sector privado y el 11 por ciento del gabinete tuvo cargos ejecutivos en las principales empresas que operan en la Argentina.

Que el Presidente hable a esta altura de conflicto de intereses es la disimulada aceptación de que escándalos como el del Correo lastiman la imagen presidencial. Faltan menos de ocho meses para las elecciones de octubre.

El tramo de la seguridad también fue escenario de las ambigüedades. Dijo el Presidente: “Si queremos resolver el problema de la inseguridad, tenemos que dar un debate serio sobre un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil”. No explicó qué relación hay entre la inseguridad y las cifras que muestran a los menores de 16 mucho más como víctimas que como victimarios. Y tampoco, es cierto, anunció que buscaría bajar la edad de imputabilidad. Si efectivamente deja de perseguir ese objetivo habrá sido una victoria de las organizaciones del Estado, como la Defensoría General, y de la sociedad civil. Demostraron en la comisión habilitada dentro del Ministerio de Justicia la falacia, la inutilidad y la injusticia de bajar la punibilidad de 16 a 14 años.
No es ensayo y error. Es forcejeo.

Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2017/0305/noticias.php?id=213151

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