La crisis de las políticas públicas tradicionales

Juan Freire

Todas las señales apuntan a que nos encontramos en el medio de una profunda crisis social y política con consecuencias aún por comprender y que impactan desde la escala global a la más local. Las disrupciones continuas provocadas por la tecnología digital; la creciente brecha entre políticos, gobernantes y gobernados; la emergencia de nuevas voces y activismos; los problemas emergentes que no se pueden clasificar en las categorías sectoriales a las que está acostumbrada la tecnocracia … Todos estos son componentes de esa crisis que contiene elementos dramáticos dado que afecta a nuestra sostenibilidad como sociedad y también a nuestra capacidad de mantener la esperanza. Pero quizás, en lo que nos sucede esté también la semilla de una nueva esperanza que nos hace seguir trabajando por un futuro diferente: los ciudadanos ya no aguardan pasivamente el cambio y, a la vez que reclaman, han aceptado su papel protagonista y actúan para ser ellos mismos el propio cambio.

En este contexto incierto, abierto, complejo y paradójico existen dos preguntas esenciales cuya respuesta definirá la razón de ser de las instituciones públicas en los sistemas democráticos:

  • ¿cómo se puede escuchar de modo efectivo las innumerables voces de personas y colectivos diversos que reclaman su derecho a participar activamente en la vida pública?
  • ¿cómo se desarrollan políticas públicas para afrontar los nuevos, y viejos, retos que no admiten soluciones simples ni solamente técnicas?

Los instrumentos tradicionales utilizados por las instituciones públicas parecen incapaces de hacer frente a esos retos, e incluso en ocasiones pueden ser considerados parte de la causa de los problemas a que nos enfrentamos:

1. La planificación

La planificación tuvo su razón de ser en un mundo estable en que un grupo de expertos dotados de conocimiento técnico y de la información necesaria eran capaces de realizar predicciones y diseñar acciones para moldear el futuro de acuerdo con ciertos objetivos. En un mundo incierto el valor de la predicción se reduce drásticamente conforme sus resultados se hacen menos fiables. Si planificar ya no es el camino, la alternativa es laexperimentación continua. Donde no llegan los planes precisamos modelos que planteen hipótesis sobre la realidad y permitan ser sometidos a prueba mediante experimentos. Las prácticas habituales de la ciencia, el diseño de productos o el desarrollo de software se han convertido en el marco general de intervención. Experimentar es aprender y solo un aprendizaje institucional continuo puede permitir hoy en día encontrar soluciones reales a los problemas.

2. Los expertos

Los expertos, que configuran la tecnocracia al servicio de las instituciones públicas, se han especializado en la resolución de lo que podríamos denominar problemas agudos. Aquellos problemas bien definidos y que admiten una solución basada en la aplicación de un conocimiento técnico normalmente disciplinar. Sin embargo, en las últimas décadas estamos tomando conciencia de que la mayor parte de problemas que nos afectan como sociedad sonproblemas crónicos y complejos; problemas que tenemos dificultad incluso para definir y que no admiten una solución disciplinar. Se ha acuñado el término “wicked problem” (problema retorcido) para identificar estos problemas difíciles o imposibles de resolver dado que no se pueden formular por completo y a la vez cualquier solución es siempre parcial dado que las condiciones son cambiantes y/o la misma solución implica también impactos negativos. Los problemas complejos o “retorcidos” son en este sentido crónicos, precisamente por no contar con una única solución o más bien porque cualquier solución resuelve ciertos aspectos pero genera otros impactos negativos.

Por otra parte este tipo de problemas plantean retos metodológicos dado que, al no estar definidos por completo, solo se pueden comprender mediante la inmersión y por tanto solo cuando nos afectan porque somos parte activa del propio proceso. Los expertos y planificadores abordan los problemas bien definidos mediante diagnósticos basados en conocimiento “profesional”. Los problemas complejos y crónicos requieren de escucha. Comprender las diferentes perspectivas y ángulos de un contexto requiere de diversidad en las voces participantes. Esta diversidad no se restringe solo al conocimiento profesional ni es suficiente la multi- o inter-disciplinariedad. Se necesitan las voces de los afectados, de la ciudadanía, que construyen (la percepción, la definición) del problema junto con las de los expertos y los responsables de su gestión. Además la comprensión del problema ya no puede ser un proceso únicamente de reflexión intelectual; no lo hacemos solo recopilando la información disponible que es sometida a análisis. Dado que el conocimiento tácito y las cuestiones subjetivas y emocionales son partes esenciales solo pueden ser aprehendidas desde la acción. Por tanto la experimentación, el prototipado, ya no es solo una herramienta para encontrar soluciones efectivas, es a la vez un proceso de escucha activa.

3. Las mayorías

Las instituciones públicas han trabajado habitualmente para las mayorías, pero ¿cuáles son las mayorías hoy en día en un mundo en que las personas ya no pueden ser clasificadas en categorías sencillas? El reconocimiento de las múltiples minorías y de la enorme diversidad de nuestra sociedad es una obligación ineludible. Pero además, la alteridad es una herramienta fundamental para un abordaje inclusivo y efectivo de los problemas. No se puede comprender lo que nos pasa como sociedad  sin escuchar activamente la diversidad de voces afectadas y la diversidad de saberes relacionados. Por tanto,  los problemas y puntos de vista de las minorías deben ser incorporados tanto por razones, esenciales, de justicia social como para lograr la mejora del propio proceso de diseño e implementación de políticas públicas (y podríamos decir que de cualquier tipo de “política”, también las estrategias empresariales o las de comunidades y organizaciones cívicas).

En este sentido la aportación del feminismo no se restringe solo a defender los derechos de las mujeres como un grupo social (en este caso además mayoritario) sino que la aplicación de sus valores genera una sociedad más justa e inclusiva para todos sus miembros. Del mismo modo, por poner solo otro ejemplo, el diseño urbano pensado para los colectivos con diversidad funcional produce ciudades más habitables de las que se benefician todos sus habitantes, más allá de su situación particular.

4. Lo público y lo privado

El contexto socio-económico y político en que hemos habitado en las últimas décadas se basa en asumir la existencia de dos únicos entornos complementarios de propiedad y gobierno de los recursos y de las personas: el público y el  privado. Paradójicamente este marco mental que nos ha guiado ha olvidado el entorno común o pro-común, el de las formas de gobernanza y gestión que se desarrollan, o pueden desarrollarse, de forma autónoma y colectiva por la ciudadanía sin necesidad de intervención de lo público ni de privatización. Desde la década de 1990 el desarrollo de Internet, debido en buena medida a recursos e infraestructuras comunes, ha revitalizado este modelo que poco a poco ha ido resurgiendo y expandiéndose a ámbitos no digitales. El pro-común no es una forma alternativa de gobernanza que se opone a lo público o a lo privado sino un sistema complementario que se desarrolla en diálogo, y fricción, continuos con los otros entornos.

Abandonar el marco simplista público-privado implica una devolución de capacidades de gestión y gobierno autónomos a la ciudadanía y de la reinvención de las relaciones y reglas de juego para la convivencia fructífera de los tres entornos. Las políticas públicas, en este contexto, deben pasar de ser únicamente finalistas y atentas a la “resolución” efectiva de necesidades y problemas para convertirse en posibilitadoras a modo de infraestructuras que empoderen individual y colectivamente a los ciudadanos para que puedan decidir y actuar sobre sus propios problemas. Este cambio no está exento de riesgos importantes. Quizás el mayor es que sea utilizado por la política para justificar reducciones de inversiones y del propio papel de lo público trasladando responsabilidades a la ciudadanía sin ningún tipo de contrapartida. Bien al contrario, asumir el papel del pro-común y los nuevos roles de la ciudadanía implica un cambio en las funciones de las instituciones públicas que no necesariamente implican una reducción de su tamaño, pero si una mayor agilidad, flexibilidad y eficacia.

Podríamos resumir que las políticas públicas tradicionales basadas en la planificación, los expertos, las mayorías y una estructura público-privada han mostrado su utilidad pero también sus limitaciones que se han hecho aún más evidentes en el nuevo contexto social. Sin entrar a debatir si estas políticas tradicionales deben seguir existiendo y cual debe ser su alcance, el nuevo marco hace necesario al menos que surjan nuevas políticas públicas, y nuevas formas de hacer políticas públicas, que pasan por un enfoque experimental que permita trabajar de forma horizontal a ciudadanos, expertos y técnicos abordando problemas complejos y reconociendo la diversidad social como una oportunidad para generar políticas más inclusivas y sostenibles, en resumen para construir realmente una sociedad en común.

La innovación ciudadana y los laboratorios ciudadanos (como dispositivos para promoverla) emergen como una forma de hacer operativa la esperanza en ese futuro y sobre los que hablaremos en próximos textos.

Este texto fue parte de mi aportación al proyecto CO-LAB, Laboratorio de Innovación Ciudadana del Concello de A  Coruña. El texto no es original, posiblemente tampoco un plagio en sentido estricto, dado que vuelca, posiblemente de forma torpe e imperfecta, lo que he aprendido durante años de muchas personas y en especial de Marcos García, Director de Medialab Prado (MLP), y Antonio Lafuente, coordinador del Laboratorio del Procomún de MLP y científico de Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.

Fuente del articulo: http://juanfreire.com/la-crisis-de-las-politicas-publicas-tradicionales/

Fuente de la imagen: http://juanfreire.com/wp-content/uploads/2017/02/umncjq4kpca-chuttersnap.jpg

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Australia toma un rumbo equivocado con la prohibición de refugiados

Australia/10 noviembre 2016/ Fuente: Amnistia Internacional

Hubo una época en que Australia encabezó la protección de las personas refugiadas.

Después de la II Guerra Mundial, Australia fue el segundo país, después de Estados Unidos, en el reasentamiento de refugiados europeos. Unos años después, su firma hizo que entrase en vigor la Convención sobre los Refugiados. Y en la década de 1970, fue el tercer país de reasentamiento de la población refugiada de Indochina tras las guerras que sufrió esa región.

Por desgracia, esa época es ahora un recuerdo lejano. Tras adquirir fama mundial por la crueldad con la que sigue tratando a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru y la isla de Manus, el gobierno de Australia ha demostrado que es capaz de algo peor.

No sólo se niega a cerrar sus centros en estas dos islas del Pacífico, sino que ahora planea promulgar una ley para prohibir permanentemente a las personas atrapadas en ellos la obtención de un visado para entrar en Australia.

Este proyecto de ley constituye una clara violación del derecho internacional, y además es una medida cruel y mezquina que discrimina aún más a quienes se dirigen a Australia en busca de seguridad. Como Estado Parte en la Convención sobre los Refugiados, Australia tiene la obligación de tratar con humanidad a las personas solicitantes de asilo y refugiadas y de reasentarlas sin riesgos. En cambio, ha decidido sumar una injusticia a otra.

En julio viajé a Nauru a investigar para el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Estuve cinco días en la isla y me entrevisté con 58 personas refugiadas y solicitantes de asilo, así como con cuatro proveedores de servicios. Muchas personas me contaron los viajes que se habían visto obligadas a hacer, afrontando grandes peligros para huir de peligros aún mayores en su lugar de origen.

El domingo, hablando con la prensa, el primer ministro Malcolm Turnbull reconoció que la política de tramitación de Australia es “un desastre”, aunque aparentemente no entendía por qué. El principal problema no son las “llegadas no autorizadas”, como dijo Turnbull, sino que, en su intento de detenerlas, Australia ha creado una prisión al aire libre en Nauru.

El gobierno australiano esboza desde hace muchos años un plan de acción peligroso. Ahora, tras una avalancha de revelaciones —procedentes de diversas fuentes independientes y dignas de crédito—, no sólo se niega a afrontar la realidad, sino que tiene la intención de acelerar en la dirección equivocada.

En mi reciente visita a Australia, me sorprendió la reacción del gobierno a nuestro informe Isla de desesperación: La «tramitación» de personas refugiadas en Nauru por Australia. Por haber crecido y trabajado en Rusia, conocía demasiado bien los desmentidos de carácter general de las autoridades y los ataques de los periodistas que siguen a pies juntillas la línea del gobierno. No esperaba ver las mismas tácticas desplegadas en una democracia multipartidista que se enorgullece de sus valores y reivindica su autoridad moral en materia de derechos humanos.

Australia esboza desde hace muchos años un plan de acción peligroso. Ahora está acelerando en la dirección equivocada.
@AnnaNeistat

No éramos en absoluto los primeros en expresar preocupación por los abusos contra los derechos humanos en Nauru. Ya en 1998, un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Australia sobre la detención de “refugiados del mar” señaló una serie de quejas sobre “la duración y el carácter indefinido del periodo de detención, y los efectos que esto tiene en la salud física y mental de las personas detenidas”.

Casi todas las personas con las que hablé en Nauru habían sufrido un deterioro de su salud mental. El gobierno de Australia sabe que estas condiciones crean angustia psicológica. Lo sabía antes de que se trasladara a Nauru a las personas que están actualmente allí. Y aun así persistió en llevar a cabo prácticas que infligen daños intencionados, para intimidar y coaccionar a las personas de modo que sus condiciones puedan servir de disuasión.

Según el derecho internacional, esto equivale a tortura. No hacemos esta afirmación a la ligera, y tampoco es la primera vez que se acusa al gobierno australiano de esto. El año pasado, un relator especial de la ONU, horrorizado por el trato que reciben las personas en la isla de Manus, llegó a la misma conclusión basándose en las condiciones imperantes allí.

No mucho después de mi visita a Nauru, The Guardian publicó más de 2.000 informes filtrados sobre incidentes que confirmaban nuestras conclusiones y revelaban una constante de de abusos. En octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló con alarma que las condiciones en los centros de tramitación “generaban y agravaban problemas de salud mental, propiciando sentimientos de desesperanza y a menudo pensamientos suicidas”.

Otras agencias de la ONU y ONG destacadas que han hecho denuncias en los últimos meses llegaron a la misma conclusión: los centros de tramitación de Nauru y de la isla de Manus deben clausurarse de inmediato.

En todos los lugares en los que estuve en Australia conocí a personas que daban las gracias a Amnistía Internacional por contar la verdad sobre las prácticas del gobierno. Incluso quienes se mostraban comprensivas con los objetivos de Canberra estaban horrorizadas por el manto de secreto, ahora en jirones, que había cubierto sus ojos.

Todas ellas merecen saber por qué se está haciendo daño a unas personas que buscan refugio so pretexto de reforzar la protección de las fronteras, cuando ninguna práctica de control fronterizo debería basarse en un sistema de tortura.

Globalmente, Australia sufre una crisis de credibilidad. El gobierno quiere ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero, como muestra la reacción a nuestro informe, pocos creen que esté preparado para liderar en materia de derechos humanos. “El encarcelamiento inhumano de personas desesperadas por parte de Australia”, escribió el comité editorial deThe New York Times el mes pasado, “es una vergüenza”.

El gobierno de Australia tiene ante sí una decisión clara. Puede dar marcha atrás, cambiar de rumbo y recuperar la reputación de Australia de país que protege los derechos humanos o puede decidir ser conocido como un país que comete abusos, deliberada y sistemáticamente, contra miles de personas.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/11/australia-is-heading-in-the-wrong-direction-with-refugee-ban/

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Ecuador construye la Agenda 2035 de Educación Superior con estudiantes, maestros e investigadores del mundo

Ecuador/01 octubre 2016/Fuente: Andes

La Secretaría, Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) lidera la discusión de la Agenda 2035 de Educación Superior, un documento que intenta construir la universidad del futuro en Ecuador con políticas públicas consensadas con ese horizonte de tiempo y acorde al plan estratégico para el periodo 2017-2021.

Esta agenda se construirá y debatirá a través de un amplio proceso que involucra a profesores, estudiantes, trabajadores, las diferentes universidades del país, la Asamblea Universitaria,  el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y  Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES).

“Lo que hemos establecido es una agenda, una hoja de ruta, principalmente con los entes del sistema, para articular esta política pública y poder tener un documento que también sirva para la discusión electoral. Será un documento que podrá ser presentado a la sociedad. Nosotros esperamos establecer unos primeros lineamientos en estos meses y tener la agenda para el primer trimestre del 2017”, señaló René Ramírez, líder del Senescyt, en entrevista con Andes.

Según Ramírez entre los temas que ya se han tratado en esta agenda es la universalización de la educación superior y la pertinencia de las carreras, además dijo que si bien se discutirá el futuro de la universidad también se tratará las medidas a implementar  en los próximos cinco años para conseguir ese marco de referencia para el futuro.

“Nosotros no podemos quedarnos con una universidad que solo trasmita el conocimiento. Y si algo hemos planeado en estos cinco años de reforma estructural es generar las bases para tener una universidad que genere conocimiento y desarrollo tecnológico en función de las necesidades del país”, señaló Ramírez.

La agenda 2035 se construirá a través de talleres temáticos que se desarrollarán en distintas universidades del país. Se discutirá sobre desarrollo regional en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), sobre acceso en la Escuela Politécnica Nacional, autonomía en la Universidad de Cuenca, calidad en la de Chimborazo, internalización en la Universidad Santiago de Guayaquil, investigación en la Universidad de Ambato, oferta académica en la Universidad Central y sostenibilidad financiera en la Escuela Politécnica del Litoral.

Estudiantes y académicos también podrán subir otros aportes sobre la educación del futuro en www.participa.ec o pueden escribir al correo electrónico agenda2035@senescyt.gob.ec si tienen alguna inquietud o aporte. Todo ello se recopilará en un documento que será ampliamente discutido por toda la sociedad ecuatoriana.

El Senescyt también realizó una convocatoria para que investigadores de todo el mundo envíen sus papers (hasta el 30 de noviembre) sobre la universidad del futuro, en los que pueden dar aportes académicos y rigurosos para la agenda.

Para la construcción del documentos se trabajará en 10 mesas temáticas que tratarán sobre: acceso, permanencia y graduación; oferta profesional y académica; investigación; desarrollo regional y del sistema de educación superior; integralidad del sistema de educación superior; bienestar de la comunidad universitaria y equidad; aseguramiento de la calidad; internacionalización; autonomía y gobernanza y sostenibilidad financiera.

Ramírez aclaró que el documento servirá para cualquier gobierno que venga puesto que la universidad es autónoma y va a permanecer más allá de cualquier gobierno. “La idea es justamente que el sistema se ponga de acuerdo en cuál es esa agenda del futuro y que esto sea un pacto del sistema que empujará políticas de estado que los gobiernos puedan impulsar”, señaló.

Todos los aportes que se generen en los talleres, seminarios y documentos de expertos internacionales se colgarán en la página www.agenda2035.ec para que todos los ecuatorianos conozcan hacia dónde va la universidad ecuatoriana.

 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-construye-agenda-2035-educacion-superior-estudiantes-maestros-e-investigadores

 

 

 

 

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Migrantes infantiles son una arteria abierta en América Central

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La crisis migratoria desatada por los miles de niñas y niños de América Central detenidos en  Estados Unidos, representa una pérdida masiva de generaciones que huyen de la pobreza, la violencia y la inseguridad en Honduras, Guatemala y El Salvador, los tres países más violentos del llamado Triángulo Norte del istmo.

Unos 200 especialistas y funcionarios de países y organismos involucrados se congregaron en Tegucigalpa para promover soluciones a la emergencia humanitaria, el miércoles 16 y este jueves 17, en una Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia, convocada por el gobierno hondureño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La conferencia concluyó con un llamado a establecer vías para que los países involucrados implementen un programa con recursos suficientes para el control efectivo de fronteras y la eliminación de “puntos ciegos”, usados en la ruta del migrante.

También exhortaron a concretar rápidamente una iniciativa regional que permita abordar esta crisis humanitaria en forma conjunta y definitiva, en reconocimiento de una responsabilidad compartida para alcanzar la paz, la seguridad, el bienestar y la justicia de las poblaciones centroamericanas.

Pero la declaración Hoja de Ruta: Una Invitación a la Acción no pasó de generalidades y careció de compromisos específicos para afrontar una crisis de dimensiones inéditas.

El gobierno de Estados Unidos afirma que las patrullas fronterizas capturaron este año a  unos 47.000 menores de edad, que permanecen retenidos en saturados albergues mientras se cumplen los trámites para su deportación.

José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo durante la conferencia que en el año 2011 los menores migrantes no acompañados de América Central que buscaban ingresar a Estados Unidos fueron 4.059 menores.

Pero esa cifra trepó a 21.537 en el 2013 y a 47.017 en lo que va del 2014.

“Esa gran cantidad de niños son de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Se ha identificado que 29 por ciento de esa cifra es de niños de Honduras, 23 por ciento de México, y 24 por ciento de Guatemala y El Salvador”, resumió Insulza, antes de hacer un llamado a no criminalizar la ola migratoria.

Las imágenes de cientos de menores, subiendo solos o acompañados con familiares o extraños en los vagones del tren mexicano conocido como “La Bestia”, con destino a la frontera con Estados Unidos, despertó finalmente la preocupación de los gobiernos del área por la situación.

En ello influyó el anuncio de la administración de Estados Unidos de que comenzaría a realizar deportaciones masivas de las niñas y niños interceptados en los últimos meses, lo que comenzó a hacerse realidad con los menores hondureños el lunes 14.

La reunión de Tegucigalpa congregó a funcionarios y expertos de países receptores y expulsores de los migrantes. Durante sus debates, los participantes analizaron que en el caso de Guatemala, la migración está dominada por la situación de pobreza, mientras que en El Salvador y Honduras, la gente huye más aún de la inseguridad ciudadana y la violencia criminal.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, los llamó incluso “desplazados de guerra” y consideró que se está ante una emergencia “que hoy ha explotado entre nosotros”.

De nueve menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera de Estados Unidos, siete son hondureños que proceden de localidades denominadas como “territorios calientes” de la inseguridad y violencia, dijo el mandatario.

Ricardo Puerta, un experto en temas migratorios, dijo a IPS que la región centroamericana está perdiendo a sus generaciones, “esto está golpeando duro, en especial en países como Honduras donde la gente huye de la violencia y la edad de quienes emigran oscila entre los 12 y 30 años”.

“Estamos perdiendo muchos nuevos y buenos brazos y cerebros que por regla general no regresan, si lo hacen es como turistas nacionales, pero no en forma permanente”, acotó.

Laura García realiza servicios de limpieza. Cobra un promedio de 12 dólares por casa u oficina que limpia, pero apenas sobrevivel. Ella quiere emigrar, sin importar los riesgos ni lo que oye sobre el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, cuyos funcionarios repiten sin cesar que los migrantes centroamericanos no son “bienvenidos”.

“Escucho todo eso, pero aquí no hay trabajo. Hay días en que limpio dos casas, otro solo una y a veces ninguna. Y como soy una mujer mayor, que pasa los 35 (años), nadie quiere darme empleo. Lucho y lucho, pero quiero probar allá en el Norte, dicen que pagan mejor por cuidar gente”, explicó a IPS con voz entrecortada.

Además, vive en la conflictiva y pobre colonia (barrio) San Cristóbal, en el norte de Tegucigalpa, que las pandillas controlan y donde a partir de las 6:00 de la tarde imponen su propia ley: nadie sale y nadie entra sin autorizarlo los delincuentes.

“Dicen que en el camino (ruta migratoria) pasan muchas cosas, que asaltan, que secuestran, que violan, dicen muchas cosas, pero tal como está aquí la situación, da igual morir en el camino que aquí, acechada por las maras (pandillas), a la espera que un día te peguen un tiro”, acotó.

En una intervención ante la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el 7 de julio, el cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, advirtió en Washington sobre la desesperanza que se vive en Honduras y el resto de América Central.

“Es como si alguien ha desgarrado una arteria en Honduras y otros países centroamericanos. El miedo, la pobreza agobiante y sin futuro, significa que estamos perdiendo nuestra alma, nuestros jóvenes. Si esto continúa sucediendo, los corazones de nuestra región dejarán de latir”, aseguró el cardenal, en una intervención que aún no fue difundida en Honduras.

El prelado católico fustigó las deportaciones masivas de menores hondureños que comenzaron a llegar procedentes de México y Estados Unidos. “¿Se imagina si usted comienza su vida adulta siendo tratado como un criminal? ¿A dónde ir desde allí?”, inquirió.

La Iglesia Católica hondureña ha insistido en que el miedo y la pobreza agobiante, junto al desempleo y la violencia, inducen a los padres a la desesperada medida de encaminar a sus hijos al peligroso camino de la migración para salvarles la vida, al tiempo que demanda políticas públicas incluyentes que eviten esta fuga generacional.

Guatemala, Honduras y El Salvador son considerados países en donde la violencia creció, impulsada por el desplazamiento de los carteles de México y Colombia del tráfico de drogas, debido a la guerra antidrogas que libran los gobiernos de esos países.

En 2013, en El Salvador la tasa de homicidios fue de 69,2 cada 100.000 habitantes, en Guatemala de 30 y en Honduras de 79,7, según datos oficiales.

Actualmente, se estima que más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, de una población total de 8,4 millones de personas. En el 2013, esos migrantes aportaron remesas al país por 3.100 millones de dólares, según datos de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias.

 Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2014/07/migrantes-infantiles-son-una-arteria-abierta-en-america-central/

 

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