Brasil / 18 de enero de 2019 / Autor: Victor Saura / Fuente: El Diario de la Educación
El 2 de enero el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le robó un titular al ministro de Educación que acababa de nombrar: la Secretaría de Educación, Alfabetización, Diversidad e Inclusión cambia de nombre, un primer paso para “formar ciudadanos para el mercado laboral” y no “mentes esclavas de dominación socialista”.
La política educativa que va a emprender en los próximos años Brasil parte de una idea que está completamente arraigada entre los nuevos gobernantes, y muy especialmente en el presidente Bolsonaro y su ministro de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez. Según lo que uno y otro han declarado reiteradamente, durante los últimos 15 años (los de los gobiernos del Partido de los Trabajadores) la escuela brasileña ha estado adoctrinando a los niños con ideología de corte marxista y, por tanto, su prioridad ahora es barrer o depurar el marxismo del sistema educativo.
Ambos son afines al movimiento Escola sem partido (Escuela sin partido), impulsado en 2004 por el abogado Miguel Nagib para denunciar el supuesto adoctrinamiento que los maestros ejercían sobre sus hijos y que propone erradicar las ideologías de la escuela. El movimiento ha ido cogiendo fuerza a lo largo de los años, pero también opositores, hasta el punto de que existe una asociación de Profesores contra la Escuela Sin Partido, creada para denunciar que lo que defiende esta entidad atenta contra la libertad de expresión en el aula.
En el caso de Bolsonaro, su aversión al comunismo es manifiesta. En un tuitpublicado el 31 de diciembre, a pocas horas de ser investido presidente, escribía que “una de nuestras metas para sacar a Brasil de las peores posiciones en las clasificaciones de educación del mundo es combatir la basura marxista que se instaló en las instituciones de enseñanza”. Ya durante la campaña electoral, Bolsonaro había declarado su intención de “entrar con un lanzallamas en el Ministerio de Educación” para terminar con el legado de Paulo Freire.
¿Quién es el nuevo ministro?
Vélez Rodríguez es un profesor de filosofía colombiano de 75 años que se instaló en Brasil en 1979. Hasta entonces había sido profesor de la Universidad de Medellín, donde varios colegas murieron por atentados de las FARC, con lo que le propuso a su esposa, brasileña, que se instalasen temporalmente en Río de Janeiro. Pero la violencia continuó en Colombia y Vélez acabó adquiriendo la nacionalidad brasileña.
En los años 80 y 90, Vélez impartió clases en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro y en Universidad Federal de Juiz de Fora, en esta última continuaba ejerciendo como profesor asociado. A Bolsonaro, que es capitán en la reserva, le conoció hace diez años, como profesor de la Escuela del Estado Mayor del Ejército brasileño, si bien la prensa del país atribuye su nombramiento a la influencia de Olavo de Carvalho, un escritor brasileño que reside en Estados Unidos y que está considerado el ideólogo de cabecera de Bolsonaro y la nueva derecha brasileña. Carvalho lleva años atribuyendo la decadencia de Occidente a la “ideología de género” y el “marxismo cultural”.
También en su discurso de investidura Ricardo Vélez reiteró que su principal objetivo es poner fin al “marxismo cultural” en las escuelas. “La ideología globalista pasó a destruir uno a uno los valores culturales que rigen el país: familia, iglesia, Estado, patria y escuela”, afirmó el nuevo ministro. Según dijo, uno de los éxitos de su jefe ha sido escuchar la voz de padres y madres que estaban hartos de esta educación.
Clovis Rossi, un conocido periodista brasileño que escribe en Folha de São Paulo, definía hace algunas semanas a Vélez como “un ayatollah”. “Un Ayatollah asume la educación en Brasil”, titulaba Rossi un artículo en el que recordaba que Vélez había defendido en su blog (ahora borrado) el golpe militar brasileño de 1964, definiendo como héroes a los golpistas porque habían impedido que el marxismo se apoderara del país. Al periodista le parecía increíble que se fuera a nombrar ministro de Educación a alguien que había menospreciado de esta manera a las decenas de miles de muertos, torturados y exiliados a causa de aquel golpe de Estado. “Tiene todo el olor de la policía moral adoptada en Irán, entre otros países musulmanes como Arabia Saudita”, escribía Rossi sobre el futuro ministro.
Eliminar el ‘buenismo’ y rescatar la autoridad del profesor
La primera de las decisiones en política educativa del nuevo ministro no ha tenido ni tiempo de anunciarla porque Bolsonaro se le adelantó. Según explican los medios brasileños, el equipo de prensa de Vélez había anunciado que no haría ninguna declaración ni concedería entrevistas hasta después del día 7, ya que quería conocer antes el Ministerio, pero tuvo que dar marcha atrás y aceptar preguntas de la prensa porque el mismo día 2 Bolsonaro anunció a través de Twitter que su ministro iba a cambiarle el nombre a la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión (Secadi).
La Secadi ya no se llamará así, sino que será, simplemente, la Secretaría de Alfabetización. “Hay que formar ciudadanos para el mercado laboral, el enfoque opuesto a los gobiernos anteriores, que intencionalmente invirtieron en la formación de mentes esclavas de las ideas de dominación socialista”, rezaba el tuit del presidente brasileño.
Ministro da Educação desmonta secretaria de diversidade e cria pasta de alfabetização. Formar cidadãos preparados para o mercado de trabalho. O foco oposto de governos anteriores, que propositalmente investiam na formação de mentes escravas das ideias de dominação socialista.
A Vélez no le quedó más remedio que confirmar la noticia, pero no aclaró a qué obedece el cambio de nombre, aunque los analistas han interpretado que el objetivo es eliminar toda temática relativa a los derechos humanos o de las minorías étnicas o de cualquier otro tipo. Capaz de afirmar que preferiría ver a su hijo muerto antes que gay, Bolsonaro también se refirió en campaña a lo que calificó de coitadismo (que podría traducirse como buenismo, ya que “coitado” equivale a “pobrecito”) como uno de los grandes males de la escuela. “Todo es coitadismo. Pobrecito el negro, pobrecita la mujer, pobrecito el gay, pobrecitos los del nordeste… vamos a acabar con esto”, declaró. En esa misma entrevista ofreció su solución a “toda esa historia del bullying”. Cuando él era alumno, dijo, “el gordito golpeaba como todo el mundo, hoy el gordito llora”.
Vélez es algo más cuidadoso con sus palabras, en especial desde que supo que iba a ser ministro. Los tuits que ha publicado desde que en noviembre han sido en general asépticos, e incluso en uno de los últimos aseguraba que “estamos atentos a los derechos, las necesidades y la individualidad de las personas con discapacidad. A fin de proponer acciones eficaces, estamos trabajando en asociación con el Ministerio de Derechos Humanos y la Secretaría Especial de las personas con discapacidad”. En otro tuit sí que hablaba de dignificar los salarios de los docentes y de “rescatar su autoridad”, otra idea repetida insistentemente por su jefe.
Para melhorar a qualidade da educação, é preciso reconhecer e valorizar o importante trabalho desenvolvido por nossos professores e demais educadores. Salários dignos, condições adequadas de trabalho, resgate da autoridade e capacitação são aspectos essenciais. pic.twitter.com/72JeRBhIsy
España / 13 de enero de 2019 / Autor: Pedro López López / Fuente: Crónica Popular
En el ámbito educativo, Enrique Díez es uno de los puntales de la resistencia contra ese proyecto antisocial, antihumano y depredador del planeta que es el neoliberalismo, y no cesa de denunciar desde hace años las consecuencias de este modelo en la educación. Como profesor y activista social, participa en plataformas e iniciativas como Uni-Digna (unidigna.org), Redes por una Nueva Política Educativa (porotrapoliticaeducativa.org) o la Marea Verde, y, por supuesto, se ha posicionado contra esa estafa educativa perpetrada en la universidad bajo el nombre de Proceso de Bolonia; pero también está comprometido con la memoria histórica (Foro por la Memoria de León), con el movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres, con la abolición de la prostitución, con el movimiento laico (forma parte del Grupo de Pensamiento Laico, que publica sus artículos en el diario Público), y es un lujo para Izquierda Unida tenerlo como coordinador del área federal de Educación.
Como ensayista, Enrique Díez destaca por sus lúcidas y didácticas reflexiones sobre las nefastas consecuencias de la aplicación de las recetas neoliberales, reflexiones que difunde tanto en conferencias como en artículos de prensa, en participaciones en congresos o en libros y capítulos de libro. Uno de sus libros, La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación, publicado en 2007, hace un análisis magistral del modelo neoliberal de globalización y sus consecuencias, tanto en la sociedad en general como en el medio educativo. El texto que comentamos ahora es un ensayo breve, de apenas un centenar de páginas. En él, el profesor analiza capítulo a capítulo la transformación del derecho a la educación en un negocio, acompañada del falso lema de la “libertad de elección”, y, por tanto, la comercialización de la educación, los valores potenciados por el actual modelo educativo y funcionales al capitalismo financiero, la macdonalización de la educación, la apropiación privada del conocimiento público, la construcción del sujeto neoliberal –al que ha dedicado más de un trabajo anterior- y, por último, un capítulo dedicado a “otra educación es posible”. Valga alguna cita para animar a los futuros lectores; en la página 84 se dice:
“Antes que ver la enseñanza como una práctica técnica, la educación debe ser considerada una práctica moral y política bajo la premisa de que el aprendizaje no se centra únicamente en el procesamiento del conocimiento recibido, sino en la transformación de este como parte de una lucha más amplia por los derechos sociales, la solidaridad y la construcción de un mundo más justo y mejor”
Frente a los presuntos “neutrales” (que se lo creen de verdad o que intentan estafar con esa etiqueta), se advierte: “El problema no es si la educación pública ha llegado a contaminarse con la política, sino que toda educación es ya de por sí un espacio de la política y el poder, lo queramos o no”. El mito interesado de la “neutralidad” está al servicio, se dice, del mantenimiento y consolidación de “una visión ideológica determinada de la realidad, la que consolida el poder establecido y su reproducción. Por eso debemos asumir la responsabilidad de conseguir que toda la ciudadanía esté políticamente alfabetizada”.
Como la conquista por la fuerza es costosa y siempre inestable, las élites prefieran dominar por la persuasión, y el éxito del neoliberalismo (“un capitalismo sin contemplaciones”, dice Enrique Díez; “sin complejos”, que diría Aznar) consiste en colonizar el sentido común. Un “sentido común” que se ha instalado gracias al soporte que le dan el sistema educativo y los medios de comunicación (ya advertía Malcom X que si el pueblo no está prevenido con los medios, amará al opresor y odiará al oprimido, como estamos viendo con demasiada frecuencia en el éxito del discurso contra los inmigrantes).
El libro tiene tres partes, con cierto desequilibrio en cuanto a la extensión, ya que la primera abarca 56 páginas, la segunda 12 y la tercera 21; un desequilibrio que no afecta a la calidad del contenido. En la primera parte (“El mercado educativo neoliberal”), se recorren los mecanismos para potenciar
la “oferta” privada, los valores y la ideología de la pedagogía neoliberal, la “macdonalización” (término que puso en circulación con notable éxito el sociólogo George Ritter) que prima en la gestión de los centros, con la eficacia y eficiencia por bandera (incremento a toda costa del rendimiento de profesores y estudiantes de cara a rendir pleitesía ante un mercado cada vez más exigente), así como la cohorte de indicadores y rankings que acompañan al proceso, y, por último, un apartado dedicado a la educación superior, con su crítica al Plan Bolonia, verdadero caballo de Troya en la universidad para introducir el llamado “capitalismo académico”: “universidades cada vez más comprometidas en una competencia de tipo comercial, en busca de fuentes de financiación complementarias, ofreciendo su espacio público para que lo rentabilicen marcas comerciales…”. Acompañando a este proceso depredador va la apropiación privada del conocimiento y la distorsión de la investigación.
En la segunda parte (“El nuevo sujeto neoliberal”), el autor comenta cómo se inyecta la ideología neoliberal en el sujeto a través del sistema educativo apoyado por otros medios de socialización (publicidad, medios de comunicación, cine videoclips….). Aparte de la legitimación del saqueo, la ideología neoliberal es “productora de una forma de vivir y de relacionarse socialmente, de una cosmovisión y comprensión del mundo y de un imaginario social; de un tipo, en definitiva, de subjetividad determinada”.
En este sentido, nos dice el autor, el sistema neoliberal ha pasado de la disciplina al nuevo modelo de “gobierno-por-la-mente”. Del ser humano del cálculo individual, en un modelo económico que entiende el egoísmo prácticamente como un deber social (que por intrincados mecanismos revierte en el interés general, según el modelo liberal del “homo oeconomicus”), se pasa, a través de la empresa como modelo general que define una nueva ética, al emprendedor, ese sujeto que se convierte en empresa en sí mismo, siendo portador de un talento-capital individual que tiene incesantemente que revalorizar.
El problema de este modelo es la cantidad de fracasos individuales que lleva consigo, con la consiguiente secuela de patologías (depresión, aumento del consumo de medicamentos, suicidios), además de la corrosión de la solidaridad. Y su victoria ha sido el éxito de la estafa de la neutralidad ideológica: el capitalismo neoliberal niega ser ideológico y se considera la “razón” misma.
La tercera parte, bajo el título “Otra educación es posible”, aborda la necesaria lucha que hemos de entablar en el campo de batalla de la educación para comprometer a las nuevas generaciones con valores alternativos a la erosión social que conlleva el ideario neoliberal. Para ello, es necesario contemplar la enseñanza no -o no solo- como una práctica técnica, sino como “una práctica moral y política”, considerando que el aprendizaje no debe consistir solo en el procesamiento del conocimiento recibido, sino que debe ponerse al servicio de una lucha por los derechos sociales, por la solidaridad y por la construcción de un mundo más justo y mejor.
En esta parte, el autor reflexiona brevemente sobre los dos proyectos ideológicos en liza en el mundo actual, el capitalista, con su ideal de vida como una competición permanente y descarnada, y el democrático, con valores como la inclusión, la equidad, la solidaridad y todos aquellos que deben llevarnos a ese mundo más justo. Evidentemente, en el trasfondo está la educación concebida como un negocio por el primer modelo, o como un derecho en el segundo.
El libro termina citando un decálogo de principios y prácticas que incluye la planificación democrática de la educación, la inclusión que promueva la igualdad y atienda a la diversidad, la educación laica que respete la libertad de conciencia, la educación democrática, el rechazo de la gestión empresarial de los centros educativos, etc., decálogo que debe traducirse a su vez en el desarrollo de un currículum, una metodología y una formación inicial del profesorado que también se comenta en otros diez puntos.
Y, para finalizar, uno de los párrafos se refiere a la necesidad de construir colectivamente un discurso que desmonte el lenguaje neoorwelliano que emplea el poder. Parafraseando a Rosa Luxemburgo, la disyuntiva es educación o barbarie (neoliberal), no hay neutralidad posible.
El libro viene precedido por un magnífico prólogo del propio autor que abre el apetito para cogerlo con verdadera avidez, describiendo una serie de anécdotas sacadas de sus vivencias en la universidad durante tres días consecutivos, anécdotas que conforman categoría y que se refieren a la creciente colonización del espacio público que alientan las universidades públicas en favor de marcas e intereses comerciales, una colonización en la que no solo se trata de la ocupación del espacio físico, sino -y esto es más grave- de cómo a través de la persuasión se va formando la mentalidad de las nuevas generaciones fabricando un nuevo “sentido común” neoliberal.
Materiales como los que aporta Enrique Díez nos ayudan a trabajar la resistencia contra este modelo de capitalismo tóxico para el ser humano y el planeta, nos aporta un valioso argumentario para desmontar los mitos neoliberales. Esta obra es tan útil como necesaria para toda la comunidad educativa (profesores, estudiantes, sindicatos estudiantiles y de trabajadores, activistas sociales…). Solo me resta celebrar que el autor sea tan prolífico y que, por su edad, todavía le quede mucha guerra que dar a un sistema que está condenado a desaparecer, pero que hace falta que le empujemos para que no tarde demasiado en hacerlo.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 9 de diciembre de 2018. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – Argentina: El cierre de las 14 escuelas ya es un hecho
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Paraguay / 6 de enero de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Última Hora
A diferencia de otros países de la región, en Paraguay se necesita introducir mejoras básicas de normalización en todas las escuelas. Eso quiere decir: revertir la inasistencia porque «no se utiliza bien el tiempo en aula».
Entre los factores asociados al bajo nivel de aprendizaje en los países de la región, un rasgo caracteriza al Paraguay: el alto índice de ausentismo tanto de alumnos como de profesores. Eso observa Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa de la Universidad Católica de Chile, teniendo como base los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) 2013, y que expuso ayer en ocasión del segundo día del Foro Hablemos de Educación, organizado por la Unión Europea y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Treviño afirma que los análisis de las variables que explican la diferencia de aprendizaje muestran que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, en Paraguay “no hay una asociación muy fuerte entre el nivel socioeconómico de los estudiantes” y los resultados que alcanzaron en el Terce.
De acuerdo a los estándares internacionales, indica el experto chileno, estar ausente el 10% o más del año escolar “se denomina ausentismo crónico” y está vinculado a un riesgo educativo: reprobar el año, abandonar, etcétera.
Apunta que en el 3º y 6º grado de la primaria, en el país, el nivel de ausentismo crónico está en alrededor del 30 al 40%. “Esto quiere decir que entre el 30 y 40% de los niños en Paraguay faltan 10% o más veces al año en la escuela. ¿Cómo van a aprender si no van?, se preguntó el especialista durante su exposición.
Desde el punto de vista de la investigación, señala que el sistema educativo local “necesita introducir mejoras básicas de normalización” en todas las escuelas.
“Tampoco se necesita una reforma ultrasofisticada para que estudiantes y profesores vayan a clase. Es una política sencilla que requiere un compromiso de todos los actores del sistema: profesores, directivos, entre otros”, postula al referir que eso es solo el primer paso.
Formación. Sobre los magros resultados del Snepe 2015, insiste en que eso se revierte con aumentar los aspectos mínimos y básicos: “que los profesores y los niños vayan a la escuela y que se aproveche el tiempo de clase con buenos materiales para cada uno”.
Además, esto debe estar acompañado por algunas medidas para ayudar a que todos los profesores al menos alcancen un estándar mínimo. Afirma que eso se hace con formación continua y con materiales para que ellos puedan trabajar con los estudiantes. “Mientras se hace esto, el país debe trabajar con medidas de mediano y largo plazo: Tiene que ver con reformular la formación inicial y continua de los profesores; generar políticas de apoyo para los lugares más vulnerables”, indicó.
“Tomar cursos sirve de muy poco; abrir los ojos a más horizontes, pero no ayuda a cambiar la práctica. Se requieren otras fórmulas que involucren acompañamiento, capacitación, conformación de redes de profesores, etc.”, completa.
En su opinión, más allá de las grandes políticas educativas y de inversión en infraestructura, son los actores del sistema los que les tienen que “proveer de músculos” a la escuela. “Implica ir a la escuela, preparar bien, hacer clases, dar retroalimentación a los niños, evaluarlos y ayudarlos a mejorar”, concluye.
El movimiento estudiantil logró un avance significativo en beneficio de la educación superior pública que merece ser resaltado.
Ante la incomprensión de muchos, la represión policial y una insistente movilización, estudiantes y profesores de las 35 universidades públicas lograron que el gobierno nacional accediera a presupuestar los $ 4,5 billones exigidos para los próximos cuatro años.
El primer logro consistió en hacer entender al gobierno que el diálogo por sí solo no era suficiente. Que era menester negociar un acuerdo en el cual cada parte debía ceder. De ahí que el acuerdo contenga dos elementos esenciales: los recursos y la conformación de una mesa dónde se discutirá la política pública educativa y se le hará seguimiento al cumplimiento de lo pactado.
Respecto de la política educativa, son muchos los temas que se estarán abordando: la reforma del Icetex y el crédito educativo que tiene ahorcados a tantos estudiantes y sus familias, la reforma del régimen de regalías y de la Ley 30 en lo atinente a la fórmula de la financiación de la educación superior pública, entre otros. Con tantos paros que se levantan a cambio de compromisos que luego se incumplen, la mesa técnica con participación de estudiantes y docentes estará atenta para verificar que los $ 4,5 billones se incorporen al Presupuesto General de la Nación y que esta vez sí se avance en los temas sustanciales del acceso y la calidad de la educación y su compromiso con el desarrollo social y democrático del país.
En este punto se podrá a prueba el compromiso expresado por el presidente Iván Duque en su discurso de posesión cuando aseveró: “Tenemos que devolverle el valor a la palabra del Estado;” máxime que personalmente suscribió el acuerdo con los estudiantes en la Casa de Nariño. No se equivocaron los estudiantes cuando respaldaron el acuerdo sobre la base de la buena fe y su capacidad de movilización como prenda del cumplimiento de los acuerdos.
El gran lunar en este proceso ha sido el retroceso en el manejo del orden público durante las marchas que se vivieron en varias ciudades del país, incluidas Bogotá, Cali y Popayán, sin que los alcaldes hayan tomado las riendas de la situación como les corresponde. Las tomas de la televisión dan fe de unas marchas multitudinarias, pacíficas, alegres y rodeadas de la solidaridad de padres de familia y de amplios sectores sociales.
En ocasiones, cuando encapuchados interferían la protesta, el Esmad los aisló y protegió a los marchistas. Pero en otras instancias, el Esmad buscó disolver las marchas mediante el uso de gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y persecución de estudiantes ajenos a los desórdenes, con grave perturbación del derecho que debían proteger, en vez de agredir. A ello se sumó la insinuación del ministro de Defensa de que habría financiación ilegal de las protestas, que sumado a su propuesta de regularlas para que sirvan solamente a los intereses de las mayorías, se constituye en una clara violación de los derechos ciudadanos.
Si algo caracterizó a las marchas estudiantiles fue su carácter masivo y pacífico. No obstante, por el exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía, terminaron con la trágica pérdida de su ojo izquierdo al estudiante Esteban Mosquera. Estamos ante un movimiento estudiantil que superó con madurez y realismo la vieja táctica del tropel y la reemplazó por la deliberación y movilización democrática, pluralista y disciplinada.
Los métodos de deliberación utilizados por las organizaciones estudiantiles favorecen el consenso, las decisiones se toman con base en argumentaciones razonadas y su liderazgo colectivo ha logrado lo impensable, la unidad del movimiento, a pesar de las diferencias naturales que se expresan en su interior. Son ejemplo de la nueva generación y sus nuevas formas de participación activa alrededor de causas que se entrelazan entre sí. Son una nueva ciudadanía en plena formación y desarrollo.
Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/logros-del-acuerdo-entre-movimiento-estudiantil-y-gobierno-por-clara-lopez/595351
Existe en la actualidad un consenso consolidado sobre la importancia de una renovación y una recuperación de pedagogías bien definidas y operativas. También, es necesario redefinir la identidad y el rol docente.
2018 ha sido un año de profundos replanteos de la educación nacional. Su arco integra desde cambios en las miradas sobre temas inherentes hasta lo que se debe enseñar en materias tales como matemática, normativas específicas para rever los niveles de calidad de la oferta de formación docente acompañada recientemente de la creación de una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la formación docente, la aprobación del proyecto de ley que dará factibilidad a la creación de la Universidad de la CABA, el pedido de reforma de la ley de Educación Sexual Integral, la inclusión y equidad como compromisos en todos los niveles educativos, la reformulación de diseños para enfatizar capacidades, los cambios propiciados en los reglamentos académicos, marco de evaluación, la inclusión de la discapacidad, entre otros amplios, diversos, ricos y varios temas que plantean innovaciones que aún no están del todo perfiladas y claras.
Sin embargo y a pesar de estos notables esfuerzos por mejorar la calidad educativa en Argentina, estas buenas noticias, chocan muchas veces con una realidad que se juega en cada provincia, en cada localidad, en cada distrito de acuerdo a las fácticas posibilidades que la política y la economía permiten. Así lo decía el maestro Juan Carlos Tedesco, aludiendo a que la educación tiene una fuerte mirada política que permite su avance o retroceso.
Pasamos por paritarias permanentes que son necesarias para garantizar un salario digno, pero muchas veces se soslayan los temas relevantes que tienen que estar en la escena de la política educativa y que no permiten subir la mirada y discutir las grandes cuestiones tales como la secundaria que necesitamos repensar, los métodos innovadores para enseñar en contextos de cambio e incertidumbre, los impactos de las tecnologías de la información y comunicación que generan hoy nuevos desafíos a la escuela, la inclusión de la discapacidad, las aulas heterogéneas, los nuevos modos de enseñar y de aprender, las responsabilidades de la profesión docente para que todos los estudiantes aprendan lo que deben aprender en tiempo y forma, entre otros.
Existe en la actualidad un consenso consolidado, tanto en los ámbitos de las políticas educativas y de la gestión institucional como en el campo académico, sobre la importancia de una renovación y una recuperación de pedagogías bien definidas y operativas. Esto conlleva una nueva mirada desde un humanismo sobre la educación que permita incluir a todos, promoviendo un Aprendizaje Inclusivo y Efectivo (AIE) de calidad, igualitario, plural, libre y en diálogo con distintos contextos y culturas.
Es necesario redefinir la identidad y el rol docente, pensar en renovados objetivos y desafíos, desarrollar nuevas aptitudes que permitan adecuarse a las nuevas necesidades y demandas formativas de la población escolar.
El docente es quien tiene un rol central y para ello es necesario desde el Estado y la sociedad brindarle un espacio, un reconocimiento, los valores y las herramientas necesarias para su labor como profesional de la educación.
Interrogantes que nos interpelan
– ¿Cómo serán los trabajos del futuro y qué perfiles formativos serán requeridos?
– ¿Cómo transformar la enseñanza para dar respuesta a las actuales demandas del mundo laboral o del mundo de los saberes universitarios?
– ¿Qué valores humanos deberemos sostener como ciudadanos del mundo?
– ¿Cuáles serán los formatos de enseñanza y de aprendizaje?
Para responder a estas preguntas, la formación docente renovada requiere una profunda revisión y reconversión de modelos y de recursos. Algunas estrategias para formar a los docentes que el nuevo milenio necesita y mejorar la calidad educativa son:
– Asunción de un nuevo modelo pedagógico centrado en aptitudes, afín a la identidad que se pretende: nueva ética docente, perspectiva social, presencia de la visión humanista, efectividad en los aprendizajes.
– Atención a la dimensión de justicia social e inclusiva del modelo: promoción de una ética que postule que todos pueden aprender óptimamente y que hay que organizar la enseñanza para desarrollar todas las estrategias necesarias hasta lograr este objetivo. Esto implica superar viejos planteos de modelos educativos y apostar a una visión de la enseñanza efectiva para y en la diversidad.
– Desarrollo de estrategias para reclutar, renovar y consolidar de forma sistemática y permanente un claustro docente con un carácter fuerte y la asunción del modelo pedagógico centrado en aptitudes.
– Concentración en la formación y la carrera docente efectiva, que atienda simultáneamente a la formación de directivos, profesionales, funcionarios e investigadores de la educación.
– Consolidación de una visión que permita intervenir distintivamente en los debates educativos, político-institucionales y académicos desde un humanismo social-cristiano, abierto al diálogo y actualizado.
– Gestión en red con otras instituciones. Esto permitirá la consolidación de una comunidad de referencianecesaria para desarrollar un modelo pedagógico intensivo, inclusivo y efectivo que, a su vez, proveerá recursos y alumnos para los programas que se ofrezcan.
– Evaluación por aptitudes y niveles de logro con la finalidad que todos aprendan óptimamente.
– Diseño de programas formativos semipresenciales y virtuales con la finalidad de ampliar la cobertura a diversos públicos e instituciones, renovar el modelo pedagógico mediante la inclusión sistemática de la tecnología y el uso de entornos virtuales de aprendizaje y responder a las demandas que llegan de distintas provincias.
– Diseño de aulas virtuales para formar en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas.
– Enseñanza y aprendizaje validados con estrategias novedosas y mucha interacción entre docente y estudiantes y entre pares.
– Tutoría para personalizar el proceso de enseñanza y maximizar resultados de aprendizaje.
– Nueva ética docente, maestros responsables del aprendizaje óptimo de todos los estudiantes.
2018, sin duda, fue el año en el cual mayores esfuerzos se realizaron para repensar la formación de maestros y su didáctica al servicio de una educación de calidad para todos.
Fuente de la reseña: https://tn.com.ar/opinion/temas-relevantes-de-la-educacion-en-la-argentina-en-2018_927758
Por: Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera
Animal Político
Es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción.
Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.
Este es el panorama actual de la educación en México que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará atender con un nuevo proyecto educativo que promete, ahora sí, hacer valer el derecho de todos los mexicanos a la educación desde preescolar hasta educación superior. Equidad y calidad serán los principios que regirán las políticas educativas de la nueva administración federal. Becas universales, atención prioritaria a los más pobres, construcción de 100 universidades públicas y un programa para la capacitación de los jóvenes, destacan como propuestas emblema en el documento entregado en Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre. A ellas se suma la promesa central de revalorizar al magisterio, para lo cual se propone eliminar cualquier consecuencia laboral a la evaluación de su desempeño y derogar al hasta ahora autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerado como instancia cómplice en la política de desprestigio docente que, según las nuevas autoridades educativas federales caracterizó a sus predecesores en su labor de la implementación de una reforma, a la que no le reconocen valor educativo, sino simplemente administrativo-laboral.
Similar a lo que ocurrió con las últimas cuatro reformas educativas, los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos: excelencia educativa, con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, ningún detalle de los cómos, para ahora sí cumplir con dichas metas, está retratado ni en la exposición de motivos ni en el texto constitucional propuesto, quizá dejando esas particularidades para su incorporación posterior a la legislación secundaria que se discuta en caso de ser aprobada la reforma constitucional propuesta. Parecen ser pocas las estrategias educativas de la administración anterior que sobrevivirán el cambio sexenal. Hay, no obstante, eliminación de aspectos muy relevantes del marco jurídico vigente que podrían significar un retroceso educativo.
De manera preocupante destacan 1) la eliminación del Servicio Profesional Docente y 2) la desaparición del INEE, aspectos que reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. En primer lugar, uno de los logros de la reforma que se pretende derogar es quitar los cimientos constitucionales a las reglas de ingreso y ascenso para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, en el que el mérito antes que las conexiones, herencia o prácticas de corrupción marquen la posibilidad de que los docentes avancen en su carrera dentro del magisterio.
Hoy el artículo tercero constitucional establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Además, se elimina la garantía constitucional para evitar que todo ingreso y ascenso que no sea a partir de los concursos de oposición sea considerado nulo. Todo esto desaparece en la propuesta del presidente López Obrador para ser sustituido por la mención a un Servicio de Carrera Profesional del Magisterio a cargo de la federación, cuyos detalles serán definidos por la ley secundaria.
Asimismo, se propone derogar la Ley del Servicio Profesional Docente. Peor aún, en los artículos tercero y séptimo transitorios se contempla que, en tanto se apruebe la nueva legislación secundaria (dentro de 6 meses, una vez aprobada la reforma constitucional), quedarán suspendidos todos los mecanismos de evaluación docente para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente. Lo mismo ocurre con cualquier efecto en la permanencia del empleo de las evaluaciones magisteriales realizadas con anterioridad.
Si bien se reconoce la necesidad de replantear los efectos laborales de la evaluación del desempeño de los docentes –dada la importancia de mejorar los instrumentos de evaluación y sobre todo la calidad de los cursos de capacitación y las tutorías a los maestros con base en los resultados de sus evaluaciones- es necesario advertir de las consecuencias negativas para la operación del sistema educativo al suspender todas las evaluaciones de ingreso y ascenso en el servicio docente.
¿Qué sucederá con los miles de maestros que se evaluaron en agosto pasado para aspirar a una posición de director, supervisor o asesor técnico pedagógico tanto en la educación básica como en la educación media superior? Sus resultados son válidos por un año de acuerdo al marco vigente, lo que les permitiría a los mejores aspirantes, con base en el orden de prelación de sus evaluaciones, obtener la posición directiva por la que concursaron. A quienes obtuvieron estos mejores resultados, ¿simplemente se les dirá que ya no cuenta su esfuerzo para aspirar a una mejor posición en el servicio profesional y por ende no podrán hacerse acreedores a sus nuevas posiciones de dirección? ¿Cómo se plantea nombrar a los directores de primarias, secundarias, preparatorias, etc. en los planteles en que dichas posiciones han quedado vacantes por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncias, etc.? ¿Qué pasará con las plazas vacantes de supervisores y asesores técnico pedagógicos?¿Qué sucederá en el caso de los directores de preparatorias y demás planteles de educación media superior que se evaluaron en noviembre para ver si pueden seguir en su puesto directivo o si necesitan ser sustituidos por nuevos directores? En el sistema educativo hay un ciclo normal de jubilaciones que se acelera hacia finales de año, por lo que en enero tiene que sustituirse al personal directivo y magisterial que haya dejado sus puestos en estas últimas semanas. ¿Cómo se cubrirán las miles de plazas vacantes todo el próximo año mientras se aprueba el nuevo marco jurídico secundario, lo cual, puede suceder hasta agosto-septiembre del próximo año?
¿Qué mecanismo se pretende implementar si está suspendido absolutamente toda evaluación con estos propósitos? El nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, tiene claro cómo llenar estas necesidades de plazas docentes y directivas: mediante la exigencia de que se le otorgue el 50% de las plazas vacantes al sindicato, para que éste las reparta a sus miembros (familiares e hijos), tal y como lo hacía antes de la reforma que se pretende derogar (aquí el video con sus afirmaciones). Hasta ahora ni el presidente López Obrador ni Esteban Moctezuma han refutado la aspiración del nuevo liderazgo magisterial.
En segundo lugar, en el caso del INEE, la iniciativa menciona que al instituto se le “percibió como un instrumento persecutor del magisterio”, sin que los promotores del documento den prueba alguna de dicha afirmación, pero afirmando que esto es motivo suficiente para su cancelación. La desaparición del INEE, también resulta uno de los retrocesos más profundos para nuestro sistema educativo, al intentar acabar con el trabajo de 15 años en los que se ha buscado construir un órgano que sirva como contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas federal y de los estados. Recordemos aquellos actos en que las autoridades en la materia, por limitaciones técnicas y políticas, no fueron capaces de brindarnos información objetiva, confiable y pertinente del estado de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, tres años atrás, carecíamos de un diagnóstico de las condiciones en las que estudian los niños de comunidades indígenas o que pertenecen a familias jornaleras, información que hoy conocemos gracias al impulso que el INEE dio al estudio de la desigualdad del sistema educativo nacional. De forma similar, un estudio independiente realizado por el instituto señaló las limitaciones en la ejecución del programa de mejora de infraestructura educativa implementado por la autoridad educativa federal y de los estados en el sexenio anterior.
Sin duda alguna hay aspectos fundamentales que el INEE tiene que mejorar y así lo hemos manifestado públicamente tanto en su Consejo Social como en distintos foros académicos y en los medios de comunicación. Muchos de los indicadores educativos novedosos como el de egreso oportuno o las implicaciones de las evaluaciones a estudiantes mediante la prueba PLANEA tienen que ser mucho más accesibles y útiles a maestros, directores y padres de familia. Las directrices que el instituto ha realizado en distintos ámbitos educativos como las de las normales y las correspondientes a educación media superior tienen que tener un seguimiento puntual en las entidades, para saber cómo las autoridades las adaptan a las políticas educativas para mejorar los resultados en esta materia.
No obstante, la iniciativa en vez de enfocarse en cómo mejorar lo avanzado y corregir las omisiones del instituto, promueve su desaparición para sustituirlo con un nuevo organismos denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua, al cual se le quita de su autonomía constitucional y se le regresa al ámbito de su dependencia federal en la Secretaría de Educación Pública. Se promete un consejo consultivo integrado por 7 miembros (académicos, docentes, especialistas, padres de familia entre otros) pero todos nombrados por la SEP sin consulta alguna al Senado como ocurre actualmente con la junta directiva del INEE, nombrada por mayoría de los senadores.
Se antoja complicado, por decir lo menos, que un centro dependiente de la SEP pueda ser capaz de señalar críticamente las fallas de implementación del proyecto educativo de la administración en turno. Por ejemplo, en las directrices de educación media superior el INEE encontró problemas en la forma en que las becas fueron distribuidas por las autoridades educativas y planteó propuestas para mejorar su focalización, de forma que se apoye realmente a quien más lo requiere y así evitar la duplicación y mal uso de su presupuesto (INEE 2017). Para el nuevo gobierno, el sistema de becas es fundamental. ¿Podrá un centro como el planteado por la propuesta presidencial asumir una postura de evaluación crítica propositiva en caso de que la SEP falle en la distribución de los recursos en dicho programa?
De igual forma la propuesta presidencial reconoce la necesidad de la formación de los docentes como una política fundamental para garantizar el desarrollo de los mejores profesores frente a grupo. Sin embargo, este anuncio no es novedoso, pues las cuatro reformas previas hicieron promesas similares. Los resultados de los programas de capacitación docentes son cuestionables hasta ahora. Existen dudas sobre su calidad, pertinencia y eficacia para atender las necesidades de los maestros, en particular en educación básica. ¿Qué lecciones se han obtenido de las fallas en esta materia para que la nueva estrategia de formación realmente cumpla con la promesa de capacitar correctamente a los maestros de las escuelas públicas del país?
A través de los programas anteriores de formación y capacitación docente se ha logrado que hoy 90% de los maestros en planteles públicos tengan estudios de licenciatura o posgrado. Incluso 9 de cada 10 docentes dedica en promedio 80 días de un ciclo escolar a capacitarse (el doble del tiempo de sus pares en otros países de la OCDE). Sin embargo, pese a estos números aún no tenemos cambios importantes en los aprendizajes de nuestros alumnos: con base en los resultados de la prueba PISA nuestros jóvenes mejoran en promedio cada año 2.7 puntos en matemáticas y 1.1 puntos en lenguaje y comunicación. Un ritmo bastante lento, si se comparan los avances observados en Colombia, Perú o Chile, países con condiciones similares de desarrollo a las nuestras. A esto agreguemos que, pese al tiempo que dedican a capacitarse, 1 de cada 5 docentes declara no sentirse preparado en el contenido de la materia que enseña y 1 de cada 7 profesores, sienta falta de preparación en el aspecto pedagógico (OCDE 2014, BID 2016, INEE 2018).
Si bien el elemento docente no es el único factor detrás de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí es un factor fundamental y para ello, brindarles formación y capacitación que les permita poder tener un desempeño pedagógico eficaz en el aula es fundamental. Lamentablemente el país está aún en deuda con el magisterio en este rubro, por lo que es fundamental que las nuevas autoridades respondan a la brevedad ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de las fallas en la formación docente brindada por la reforma que se busca derogar, para que ahora el nuevo centro de revaloración del magisterio brinde cursos útiles de calidad que realmente tengan un impacto en el desempeño de nuestros docentes frente a las aulas del país? (Es preciso señalar que a dicho centro se le asigna además de la función de la evaluación de la política educativa, la de la formación docente).
A las dudas planteadas hay que sumar la de la viabilidad de hacer universal el derecho al acceso a la educación superior como plantea la propuesta gubernamental. El país enfrentará múltiples retos en este rubro, cuya promesa es más fácil incorporar a la constitución que brindar los elementos necesarios para hacerla una realidad. Baste recordar que desde 1992 el país incorporó al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación secundaria, pero 26 años después al menos 1 de cada 5 jóvenes mexicanos no cursa este nivel educativo. Lo mismo ocurre en preescolar y media superior, derechos reconocidos en 2000 y 2012 respectivamente, aunque en 2018 tan sólo se tiene 73% y 62% de cobertura neta.
Como lo han señalado nuestros colegas de Mexicanos Primero, preocupa, además, que el derecho a la primera infancia sea omitido de la constitución, lo cual es un contrasentido dado el énfasis en la igualdad que la iniciativa presidencial dice promover. Distintas investigaciones han demostrado que la educación temprana –que se brinda entre los 0 y 3 años de edad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo educativo del futuro de los estudiantes. En esta edad más de la mitad de las conexiones sinápticas que permiten a las personas pensar, ver, escuchar y hablar se conforman. Es la edad en que el cerebro humano es más receptivo. Además, los estudios sugieren que la inversión en esta formación educativa arroja retornos sociales muy altos, superiores a la observada en inversión en otros niveles educativos (Heckman, 2012, 2013; Chia, et al, 2017). Por ende, ¿cuál es el argumento de eliminar dicho precepto del marco constitucional?
Consistente con las promesas redistributivas del nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial destaca la necesidad de atender las desigualdades educativas, de forma que la educación sí sea un instrumento eficaz para abatir las brechas sociales y pueda ser el vehículo de movilidad social por excelencia. Como lo ha demostrado el Centro Espinosa Yglesias hasta ahora la educación no ha servido para impulsar la movilidad social en nuestro país (CEEY 2018). Si bien, se tendrá que analizar con mayor detenimiento en trabajos posteriores, es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción. Sabemos por el INEE y otros estudios de especialistas y académicos, que las autoridades no han focalizado correctamente la inversión educativa para atender a los alumnos más pobres y a los estados con mayor marginación. En México difícilmente rompemos las trampas de la pobreza a través de la educación. Por ejemplo, invertimos 2 veces más recursos en un alumno pobre que vive en una entidad con menor marginación como Baja California que en un estudiante en la pobreza que vive en Chiapas (ver gráfico).
Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de la SEP.
¿Qué esquemas compensatorios se desarrollarán eventualmente en el marco jurídico y se derivarán en políticas educativas focalizadas y redistributivas? Pregunta esencial de cara a la promesa de equidad con aprendizaje de excelencia e inclusión que promueve la iniciativa presidencial. Se habla de la importancia de brindar educación bilingüe a los alumnos indígenas, pero hoy hay al menos 724 mil niños indígenas que acuden a planteles en los que el profesor no habla su idioma.
El tamaño de los retos educativos que enfrenta el país difícilmente pueden atenderse si otra vez las nuevas autoridades, como lo han hecho varios de sus predecesores, pretenden reinventar la rueda educativa y construir políticas prácticamente desde cero y con nulo aprendizaje de las experiencias fallidas y exitosas de lo realizado en materia educativa tanto en México como en el ámbito internacional. Lamentablemente el desprecio por el uso de la evidencia como guía de la política pública ha sido muy oneroso para nuestros estudiantes. Vendrán semanas de intensos debates, en las que esperemos se privilegie la discusión informada, debates en los que se tendrá que hacer el máximo esfuerzo por acotar lo más posible la politización del discurso educativo.
Los derechos a condiciones dignas de trabajo del magisterio, para que puedan a partir de su buena formación, aspirar a desarrollar su carrera como docentes y en la que el mérito de su trabajo sea el motor de su crecimiento, deben prevalecer sobre distorsiones a derechos malentendidos de herencia o control de plazas magisteriales. Los trajes que supuestamente se buscó desarrollar a la medida de las necesidades magisteriales deben ser revisados sustantivamente, de forma que la autoridad pueda dar cuenta de la calidad de la oferta de capacitación que brinda a los docentes. Sin embargo, al centro de esta discusión debe prevalecer la preocupación central de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes que les permita su desarrollo como ciudadanos activos, críticos y responsables. Una educación que debe corregir tanto las omisiones y deficiencias de los aprendizajes del siglo XX al tiempo que permita que, mediante una fuerza magisterial de excelencia, abordar eficazmente las habilidades requeridas en el siglo XXI.
Pensar que es posible el borrón y cuenta nueva, máxime que se están observando en el mundo los efectos laborales del cambio tecnológico y su demanda por mejores habilidades educativas en los individuos, sería un error que terminaría por minar sustantivamente los esfuerzos para brindar la equidad de oportunidades con excelencia que requieren todos los estudiantes mexicanos, pero en particular sería muy costosa para aquellos provenientes de los sectores menos favorecidos a los que reconoce como prioridad el presidente López Obrador.
* Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa. Laura Noemí Herrera es investigadora en @mexevalua.
Backhoff, E., Vázquez-Lira, R., Contreras, S., Caballero, J., y Rodríguez, J. G.(2017). Cambios y tendencias del aprendizaje en México: 2000-2015. México: INEE.
BID 2016 ¿Cuánto mejoró la región? Washington DC. Recuperado de aquí.
CEEY 2018 El México de 2018: movilidad social para el bienestar México Ed. Centro Espinosa Yglesias recuperado de https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/El-M%C3%A9xico-del-2018.-Movilidad-social-para-el-bienestar.pdf
Chaia, A. Cadena, A, Child, F et all. (2017). Factores que inciden en el desempeño de los estudiantes: perspectivas de América Latina: McKinsey & Company
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