Democratización de la educación

Por: Pedro Hernández Morales*

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió 40 años en diciembre de 2019, su capacidad de enfrentar a un Estado que ha cambiado de máscaras del poder en los pasados ocho sexenios es resultado de su resistencia, persistencia y temple ante políticas educativas neoliberales. Un elemento fundamental de la resistencia pedagógica es la puesta en marcha en miles de escuelas de todo el país de una educación alternativa que hemos construido desde sólidos principios pedagógicos, el compromiso de los maestros democráticos y una visión de una educación integral y emancipadora.

Después de un año de un gobierno que abrió amplias perspectivas de cambio, aún no termina de abrogarse la mal llamada Reforma Educativa peñista. Si bien se avanzó en cancelar el aspecto punitivo de la evaluación a los docentes gracias al combate frontal de miles de maestros de la CNTE, mediante cambios a la legislación en materia educativa, pervive un modelo educativo heredado del antiguo régimen. Pocos cambios en las aulas se suceden a cuentagotas, los compromisos con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico siguen primando sobre el anhelo de una verdadera transformación de la educación. La profesionalización docente mediante una vigorosa actualización y capacitación profesional sigue siendo una aspiración. Los consejos técnicos siguen guiones diseñados centralmente, la autonomía escolar y los proyectos educativos son acotados por autoridades que no cambiaron más que de color de camiseta, pero que siguen teniendo un ADN evaluador y persecutor hacia el cambio.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) administra la educación en el país mediante disposiciones que intentan paliar las coyunturas y dificultades que se van presentando. Falta una política de largo aliento, un plan educativo que trascienda los marcos estrechos de una visión efectista. En lugar de desatar la disposición que tienen millones de maestros, padres de familia y estudiantes, el compromiso de comunidades a hacer escuela, la SEP y su titular refrendan compromisos con quienes han hecho de la educación un gran negocio.

En la Ciudad de México, que cuenta con miles de maestros comprometidos, tampoco las autoridades locales los han convocado a desarrollar un amplio debate sobre el presente y futuro de la educación básica. Los avances en la basificación a docentes empiezan a generar expectativas de mayor certidumbre laboral; sin embargo, aún hay miles de interinos y carencia de maestros en todas las funciones en varias escuelas. Las actividades de capacitación y actualización son limitadas y muchas sólo por el esfuerzo, tiempo y recursos de los maestros.

Las carencias de mobiliario, equipamiento e infraestructura se mantienen; algunos programas cambian de nombre, pero mantienen su esencia neoliberal. Una política social de apoyo a estudiantes con graves carencias debe ponerse en marcha.

Educación especial requiere ser protegida, apoyada y extendida a todos los estudiantes que la requieran, sin más requisito que la necesidad de atender la diversidad en las escuelas de educación básica.

Es tiempo de que los maestros de la novena democrática ejerzamos la autonomía pedagógica y exijamos los cambios que correspondan a una verdadera transformación y democratización de la educación, junto a la democratización del SNTE y del país, ejes estratégicos de la CNTE.

* Director de la Escuela Primaria Centauro del Norte

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/03/14/opinion/012a2pol

Imagen: https://www.blogger.com/profile/10561188282917124746

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Educación: disciplinamiento social, mercado y presupuesto

Por: Darío Balvidares

No hay duda que la ofensiva por desarticular, aún más, el sistema educativo de manera directamente proporcional a la gramática reformista y en sintonía con las llamadas políticas de estado (que ni siquiera son pensadas en este estado), se proyecta con vehemencia y contundencia.

Los despidos en el área, la “devaluación” presupuestaria, el nuevo intento por bajar la imputabilidad de los adolescentes (que ya es baja, 16 años) y pretender llevarla a 14 años indica que ese Ministerio y otros involucrados venían perdiendo credibilidad, por lo menos desde los inicios del proceso de la reforma economicista global de la educación, allá desde los ’90 del siglo pasado.

Es por eso que la pedagogía instrumental se impuso frente a lo que debería ser pedagogía social, ese trastrocamiento de valores está en consonancia con la macroeconomía. Lo que hace dable pensar que la discusión para salir de la trampa de “Educación Para Todos”, ese documento firmado en Jomtien, Tailandia (1990) y reafirmado en la Cumbre de Dakar (2000), es el mayor fraude social que se hizo con la Educación y que Argentina suscribió.

Ninguno de los partidos políticos que responden a los valores impuestos por las grandes corporaciones de la burguesía vernácula e internacional, puso en discusión la perversidad de la reforma, es más todos coinciden en seguir promocionando la “calidad” resultadista e instrumental en la supuesta discusión política cuando se acercan las “operaciones” electorales.

Los llamados “expertos”, tanto los del clan Flacso (en el gobierno anterior y anteriores); como los del otrora Grupo Sophia (en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace 9 años y en el nacional), nada dicen de las intrusiones de ong’s y fundaciones en la progresiva toma del control político y negocio rentable que tienen con su creciente participación. “Proyecto Educar 2050”; “Fundación Bunge”, “Enseña por Argentina”; “Formar Foundation”, “Kuepa.com”, para no abundar.

Y nada dicen respecto de la transferencia a universidades privadas, como San Andrés o Di Tella, del control (y el negocio) de la capacitación docente. Prueba de ello son los despidos en esa área y el desmantelamiento progresivo (o no) en cuanto a que ese instituto de capacitación era de la esfera pública estatal.

Y nada dicen porque son parte o de las ong´s, o de las fundaciones, o de esas universidades y al mismo tiempo funcionarios gubernamentales. Como los sindicatos burocráticos que también “discuten” la transformación educativa en la lógica de la reforma.

¿Cómo se explica la “inclusión” y la “vulnerabilidad educativa” con la baja en la edad de imputabilidad?

Aquí vemos otro punto más de la falacia reformista; los vulnerados sociales también gozan del “derecho” a ser imputados penalmente. La ironía hipócrita se explicita de esta perversa manera, estigmatizando a la adolescencia y a la juventud, cercándola, aún conociendo los altos índices de pobreza en que estás políticas sumieron, en especial, a esa franja etárea.

Tal vez, nuestros históricos funcionarios, hayan visto el documental, financiado por Bill Gates y su fundación, Esperando a Superman, donde se recomienda a los padres, invertir en la educación privada de sus hijos porque si los envían a la escuela pública se convertirán en delincuentes y eso les costará más dinero a futuro. Un libelo perverso, que funciona como propaganda del negocio privado en educación y que el propio dueño de Microsoft alienta en su “lucha” por la charterización completa del sistema educativo de los EEUU, porque es uno los formatos donde el control privado del sistema llegaría a su máxima recompensa: la educación como negocio y el control político como meta. Una forma de terminar de subsumir los sistemas educativos como subsidiarios de los intereses corporativos.

La mayoría de los titulares de las ong,s y fundaciones dedicadas a Educación son Economistas o Licenciados en Administración o Ceos empresariales, todo un signo de lo que representa la “revolución educativa”.

Un gran montaje de representación, la construcción de un discurso de “calidad”, de “vulnerabilidad”, de los “aprendizajes para el siglo XXI”, de los famosos porcentajes en aumento del PBI, con un PBI cada vez más depreciado.

En artículos anteriores y en “La novela educativa o el relato de la alienación” (2005) habíamos hablado con lujo de detalles de toda esta trama de la reforma economicista e instrumental de la Educación.

¿Y del presupuesto qué?

De acuerdo con el presupuesto nacional 2017, a Educación le toca el 5.5 %, a Salud el 2%, mientras que lo que se destinará a pagar servicios de Deuda será del 10.5% y a Defensa 4.0 % (datos tomados del sitio web del Ministerio de Hacienda).

Es decir que el presupuesto para pago de Deuda y Defensa, sumados, es el doble de lo que le corresponde a Educación y Salud, sumados. (Usted, lector, sacará sus conclusiones)

Volviendo a Educación, sólo se ejecutó el 88 % del presupuesto 2016, lo que representa en pesos, que no fueron ejecutados, 12 mil millones. Mientras que para este año, 2017, se estableció un aumento del 27% respecto del anterior 2016.

Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que si la inflación fue del 42%, el presupuesto educativo para el 2017 se recortó en un 15%, respecto del año anterior y esto sin estimar las expectativas inflacionarias de este año.

Una pregunta más: ¿Dónde están los 12 mil millones que no se ejecutaron?

Tal vez en los costos de las pruebas Pisa, tal vez en alguno de los convenios celebrados con las fundaciones y ong´s o en universidades privadas prestadoras de servicios educativos.

Lo cierto es que no están donde deberían haber estado y este tipo de “acrobacia” tanto para el partido gobernante como para el resto del arco político tradicional, los que se alternan y/o acuerdan, es inimputable.

Fuente noticia: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=221476

Fuente imagen: http://contrahegemoniaweb.com.ar/wp-content/uploads/2016/09/evaluacion-educativa2.jpg

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Un año de retroceso para el derecho a la educación en la Argentina

América del Sur/Argentina/3 de enero de 2017/Fuente: eldestapeweb
A lo largo de un año de implementación de políticas educativas neoliberales llevadas adelante por el Gobierno de Mauricio Macri, no ha habido una sola medida en favor de la educación en la Argentina; por el contrario, todo es desmantelamiento, subejecución, ajuste, vaciamiento e intento de destrucción de la escuela pública.
Esto se observa desde la misma constitución del «equipo» a cargo del Ministerio de Educación y «Deportes», el cual tiene entre sus principales cargos a funcionarios que carecen de formación y experiencia en la educación pública, y que sólo cuentan con antecedentes laborales en empresas y una formación muy limitada, llevada a cabo en instituciones privadas; comenzando por el propio ministro Esteban Bullrich que ostenta un título de «analista de sistema» obtenido en una universidad privada y un máster en Administración de empresas de la Escuela Kellogg, EE.UU.
Desde el inicio, esta gestión ha puesto el énfasis en la «evaluación» y no en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Redujeron la concepción de «educación de calidad» a principios meritocráticos y «devaluaron» la idea de evaluación a una simple prueba para la medición estandarizada de las capacidades. Muestra clara de todo esto fue el operativo «APRENDER 2016», fuertemente rechazado por la comunidad, y la valoración de los resultados obtenidos por la Argentina en las pruebas PISA 2015, donde quedó en evidencia la manipulación del gobierno y la clara vinculación de sus funcionarios con la OCDE y con la empresa Pearson de la cual algunos de ellos son lobistas, como es el caso de Sanchez Zinny (Dr. INET).
La idea sobre «la evaluación como un fin en sí mismo», es impulsada por Bullrich, quien desde el comienzo intenta imponer un Instituto Nacional de Evaluación como un ente «autónomo», con personería jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y operativa, que hasta tendría la potestad para dictar su organización interna; algo así como una ONG para hacerse cargo de la evaluación de los docentes y los estudiantes argentinos, dejando abierta la posibilidad de obtener financiamiento de organismos internacionales, quienes podrían direccionar e influir sobre las políticas de evaluación desde las perspectivas que a nivel mundial se imponen como tendencias privatizadoras y mercantilizadoras de la educación.
El desfinanciamiento educativo y la subejecución del presupuesto fue otra constante de esta gestión. Lo más flagrante, en este sentido, es el desmantelamiento de los programas socioeducativos nacionales y de formación docente, que no sólo han significado el despido y precarización de miles de trabajadores/as, sino que además deja en clara evidencia el retiro del Estado nacional como garante de políticas inclusivas y de igualdad para todo el país. Entre las principales medidas están:
«Apagón informático»: Se desmantela el plan «Conectar Igualdad», despidiendo a trabajadores/as y, como consecuencia de ello, no se pudo asesor a escuelas primarias y secundarias, viéndose afectados los desarrollos del sistema de manuales y las fuentes de contenidos utilizados por más de 20 mil escuelas. La desarticulación de este programa implica que más de 5,3 millones de netbooks dejan de contar con el soporte online. Lo que también abre la posibilidad de salir a buscar «alternativas»; esto ya se vio en el viaje del presidente Macri a Davos: «reunión con Microsoft, Google y Facebook para llevar a cabo nuevos negocios en el país».
Interrupción de «Nuestra Escuela»: El Ministerio incumplió con el acuerdo paritario que regula el Programa Nacional de Formación Permanente y en Ejercicio. Interrumpió abruptamente el desarrollo y la secuencia temática del Programa acordado en Mesa Técnica Paritaria, reduciendo el plan a la formación en la temática de «comprensión lectora» y la «producción de textos». Es decir, temática única, limitada a un aspecto metodológico de la enseñanza, desestimándose la profundización sobre la comprensión de los contextos político, sociales y pedagógicos. No se realizaron las jornadas institucionales; tampoco se abrió la convocatoria para la realización de cursos específicos gratuitos para los docentes. Se cerraron los cursos y postítulos de la plataforma virtual que beneficiaban a más de 200.000 docentes que podían acceder a la formación gratuita desde cualquier punto del país; y para ello se procedió a dejar sin trabajo a 2600 coordinadores de estos cursos virtuales.
Seudo-federalización del sistema: Este desguace de los programas socioeducativos nacionales se completa con una estrategia de descentralización a través de la creación de la figura de «fondos rotativos», que consiste en el envío de financiamiento a las provincias para que las mismas realicen proyectos descentralizados, sin coherencia sistémica, ni anclaje federal, generando más desigualdad entre las regiones.
Ajuste presupuestario: El proyecto de presupuesto 2017 presentado por el Ejecutivo, acentúa los problemas estructurales del Sistema Educativo y del Sistema de Ciencia y Tecnología, ya que en él se proponen mayores niveles de endeudamiento, en detrimento del presupuesto destinado a la educación. Lo que significa un serio inconveniente para lograr, tal como reclamamos desde CTERA: llegar al 10 % del PBI.
Fuente:http://www.eldestapeweb.com/un-ano-retroceso-el-derecho-la-educacion-la-argentina-n23743
Imagen: https://conversacionesnecesarias.files.wordpress.com/2016/07/salarios.jpg?w=789&h=440&crop=1
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El Balotaje y la encrucijada de la Educación Pública

Por: Pablo Imen

Este 22 de noviembre se dirime la elección del presidente argentino para los próximos cuatro años. Han proliferado (y continuarán) análisis acerca de los proyectos que encarnan ambos candidatos.

El Balotaje y la encrucijada de la Educación Pública

Mauricio Macri es la expresión más consecuente y novedosa de la derecha argentina.

Esta tradición política a lo largo del siglo XX sólo pudo acceder a la Presidencia de la Nación por vía de los golpes militares o a través de la cooptación de líderes de los partidos populares como ocurrió con Carlos Saúl Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México o Carlos Andrés Pérez en Venezuela.

Hoy, en alianza con la Unión Cívica Radical – un partido centenario de raigambre democrática y popular ahora trasvestido como opción conservadora, y con la Coalición Cívica (desprendimiento de la UCR) conformaron Cambiemos, nombre de esta oferta de derechas.

La emergencia, así, de una propuesta neoliberal capaz de gobernar por vía electoral con sus propios candidatos es una novedad de época. Su perfil moderno y su discurso de amplitud expresan un matiz significativo con las versiones más ultramontanas, dogmáticas y autoritarias de dicha corriente.

Daniel Scioli es el candidato que se postula por el Frente para la Victoria, fuerza política y cultural heterogénea que ha gobernado el país desde el 25 de mayo de 2003 a la fecha. Sus referentes fundadores- Néstor Kirchner y Cristina Fernández- han revelado una notable potencialidad estratégica transformadora, y alrededor de su liderazgo se han articulado múltiples espacios, diversos y en algunos casos con diferencias significativas. Sectores ligados al partido justicialista más tradicional con grupos de izquierda anticapitalista expresan otra novedad de época, con las tensiones y complejidades que trae esta configuración del bloque popular latinoamericanista en Argentina.

Un elemento interesante a tener en cuenta es que entre 2007 y 2015 Macri y Scioli han tenido un recorrido paralelo. El primero fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el segundo fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires en el mismo lapso.

La Ciudad es un distrito muy visible y en el que se radican las sedes de los poderes del Estado Nacional, de los poderes fácticos y es la más rica del país.

La Provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más extendida, que concentra la mayor cantidad de población (casi un 40% del total del país) y la que más aporta al Producto Bruto Interno.

En la primera vuelta se produjeron algunas sorpresas, todas ellas favorables a Cambiemos: han conservado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ganaron la Provincia de Buenos Aires y lograron pasar a la segunda vuelta – el balotaje- por una distancia menor a la prevista por todos los encuestadores.

El resultado de la segunda vuelta no está definido a estas alturas, y nos parece un momento oportuno para advertir como se expresa esta disputa de proyectos en el campo de la política educativa y de la pedagogía que impulsará el futuro gobierno.

En la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de Mauricio Macri desplegó una política educativa fundada en concepciones mercantilistas, autoritarias y tecnocráticas. Cuando asumió el Estado asignaba al rubro educación más del 27% del presupuesto de la Ciudad; este último año apenas superó el 20%. Otro mecanismo de desresponsabilización en materia financiera fue la subjecución presupuestaria (es decir, no utilizar lo presupuestado como ocurrió, por caso, con los gastos de infraestructura).

Otro rasgo característico fue la actitud macrista frente el conflicto, promoviendo la elaboración de listas negras de docentes o estudiantes que protestaban por problemas diversos, impulsando la judicialización del conflicto. En otros campos de la política puso de manifiesto respuestas que revelan un mismo linaje autoritario, como la salvaje represión frente ocupación del Parque Indoamericano o el desalojo del Hospital Psiquiátrico Borda  entre otros ejemplos igualmente preocupantes.

Un tercer elemento es la promoción de una idea tecnocrática de calidad educativa, impulsando una lógica centrada en la lógica de los operativos estandarizados de evaluación como sinónimo de buena educación. Esta idea presupone que una educación valiosa es el equivalente a conocimientos producidos por expertos, traducidos por manuales de textos, aplicados acríticamente por los docentes, absorbidos disciplinadamente por alumnos y medidos bajo lógicas competitivas por el Ministerio de Educación o, si hay margen, para empresas privadas dedicadas a la evaluación.

En la Provincia de Buenos Aires otras han sido las políticas públicas y educativas, pues se ha incrementado de manera sostenida el gasto y múltiples programas sociales acompañaron el compromiso del Estado provincial con el derecho a la educación. Sin embargo, cabe consignar aunque más no sea brevemente una referencia a las políticas educativas desplegadas en estos años por el Poder Ejecutivo Nacional- con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Desde 2003 hubo un creciente compromiso del Estado Nacional en materia de financiamiento educativo, que se expresó en múltiples planos: incremento presupuestario sostenido;  construcción de escuelas (van casi 2000 y en el curso de este año y el próximo se concluirán centenares más); mejoramiento de condiciones laborales docentes; democratización de dispositivos educativos como computadoras y libros; políticas de ampliación de derechos sociales (becas, asignación universal por hijo) entre otras.

Una novedad significativa fue la ampliación de los acuerdos paritarios docentes con el Estado, y la incorporación en las negociaciones de propuestas de formación y actualización docente.

Por cierto, hay asignaturas pendientes, y resaltaremos básicamente dos que requieren mucho tiempo. En primer término, la tarea de reconstruir al Sistema Educativo Argentino como tal tras las políticas neoliberales previas de descentralización y privatización de la educación. La configuración de un sistema educativo fragmentado requerirá prolongados esfuerzos para superar ese estado – que expresa situaciones de desigualdad educativa- y construir un gobierno del sistema educativo que permita asegurar una educación nacional, popular, democrática y emancipadora. Se ha avanzado, en estos años, en esa dirección. Las atribuciones del Consejo Federal de Educación, compuesto por los ministros de educación de las provincias y presidido por el ministerio nacional, son una manifestación concreta. Hay políticas ministeriales como la formación docente que van en esta dirección. Reconociendo los pasos positivos en esta dirección, hay aún un largo trecho por recorrer para configurar un modelo educativo único y propio. Una segunda tarea es la creación de un modelo pedagógico endógeno, adecuado a los requerimientos del proceso que recorre y disputa para avanzar en la construcción de la Patria Grande. Ambas son tareas ciclópeas y no se pueden resolver ni en un tiempo acotado ni con la exclusiva acción del gobierno. Requiere procesos participativos y democráticos, mucha paciencia pedagógica, diálogo y financiamiento.

La perspectiva de un triunfo de Cambiemos tendrá como efecto, posiblemente, un cambio en la disputa político-educativa producto del proyecto que encarna Mauricio Macri. La  agenda a discutir será mucho más básica, pues está claro que la política privatista, autoritaria y tecnocrática que el macrismo desplegó en la Ciudad de Buenos Aires será la matriz de la nueva política educativa nacional. Y con ello, el punto de debate y disputa implicará varios pasos atrás con respecto a lo construido en estos años.

Un gobierno de Scioli – en este rubro como en otros – dejará habilitada una plataforma de conquistas que pueden profundizarse.

La disyuntiva es clara, y lo que resulte del 22 de noviembre marcará la agenda, los límites y las posibilidades de la educación pública en Argentina para los siguientes cuatro años.

Tomado de: http://www.telesurtv.net/bloggers/El-Balotaje-y-la-encrucijada-de-la-Educacion-Publica-20151110-0003.html

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