Saltar al contenido principal
Page 2 of 227
1 2 3 4 227

España: Primer año de la ley de educación en las aulas, del lío con las evaluaciones a la burocracia interminable

Por: Daniel Sánchez Caballero

La tardanza de muchas comunidades autónomas en aprobar los currículos y la sensación de provisionalidad han dado lugar a un primer curso de aplicación descafeinada de la norma

Probablemente lo peor, opinan los profesores consultados, es la sensación de hastío. De haber hecho un gran esfuerzo para adaptarse a una nueva ley con riesgo de tener los días contados y todo el trabajo habrá sido casi en vano; tocará empezar de cero.

Los estudiantes tendrán que memorizar menos y «saber hacer» más en el nuevo modelo educativo que prepara el Gobierno

“Hay una sensación evidente de cansancio y rendición en gran parte del profesorado, o al menos es lo que veo desde mi particular punto de vista; y, en esta profesión, la pérdida de la ilusión es algo que arrastra con ella un puñado de otras cosas necesarias para que un país goce de una educación (y, por tanto, de un futuro) de calidad”. El “particular punto de vista” de Elías Gómez, profesor en Melilla, no es tan particular. “En los claustros lo que se escuchaba al final de curso era: ‘A ver cuánto dura esto’. Falta entusiasmo”, coincide Ana Aguirregoitia, de un centro gijonés.

Quizá por eso, el primer año con la Lomloe en las aulas, en la enseñanza de cada día, puede haber resultado algo descafeinado. “Lomloe light”, dice César González, director de un instituto asturiano. “No se está aplicando nada de la ley”, sube la crítica Clara, profesora y formadora en Andalucía.

La tardanza (o desinterés) de muchas comunidades autónomas en sacar los currículos, que arrastró a las editoriales, junto a la escasa formación que ofrecieron la mayoría de las administraciones al profesorado para adaptarse a una manera de enseñar que aunque no novedosa como tal sí lo era para muchos, provocó que la cuestión quedara en parte en manos del profesorado. Un cuerpo docente dividido, que ha rechazado en buena medida la Lomloe por cuestiones diversas, pero especialmente por una supuesta bajada del nivel educativo.

La enorme carga burocrática que no cesa, las novedades con la evaluación por competencias, algunas discrepancias (habituales) a la hora de decidir si un alumno pasa de curso o no al haberse eliminado el máximo de asignaturas suspensas para promocionar o el aumento de trabajo que supone haber tenido dos leyes diferentes a la vez (las normas educativas se implantan primero en los cursos impares y al año siguiente en los pares) son algunas de las cuestiones que han marcado este primer año de la Lomloe.

En el aspecto positivo, el profesorado valora la implantación de las competencias –aunque muchos son críticos con que se dejen un poco de lado los contenidos– o la “accesibilidad y flexibilidad”, explica Mercedes, profesora de Lengua, que implican las situaciones de aprendizaje, uno de los nuevos elementos de la ley para cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta docente también ve positivamente que “ha reactivado entre los profesores la necesidad de discutir qué hacemos cuando evaluamos o lo oportuno de nuestro trabajo”, y Calle Alonso, profesora en Valladolid, valora la autonomía para los centros que sobre el papel proponía la ley (aunque en su caso concreto el gobierno de Castilla y León la cercenó): “El profesorado podríamos haber pensado qué queríamos hacer y nos habría llevado a procesos colectivos que hubieran servido para conocer cómo funciona la ley”.

Formación y neolengua

El curso empezó en un pequeño caos. Aunque no es la primera ley que las menciona, la Lomloe implanta definitivamente las competencias como eje del sistema y unos criterios repletos de nuevos términos o de términos antiguos que cambiaban algo su significado sumieron al cuerpo docente en una cierta desesperación para elaborar las programaciones que un nuevo currículum exige.

Saberes, criterios, competencias específicas, competencias clave, descriptores operativos, situaciones de aprendizaje, perfil de salida, cómo interactúan unos con otros… Cada ley se vuelve un poco más compleja técnicamente (“neolengua”, dicen algunos profesores) y esta Lomloe aterrizó en las clases un poco aprisa, sin que nadie explicara al profesorado las claves y cómo afrontarlas. “Al principio fue muy caótico”, admite Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, de Madrid. “No sabíamos por dónde tirar, las instrucciones de la consejería no eran muy claras… Los jefes de departamento y los profesores han hecho un esfuerzo muy grande para adaptarse, pero lo hemos hecho nosotros. Desde la consejería no hemos recibido ninguna formación”.

Como siempre en Educación, la situación va por comunidades. Madrid continuó su boicot más o menos abierto. Canarias es citada a menudo como referente en cuanto a la puesta de materiales a disposición de los docentes. Pero ni siquiera es todo ideológico o partidista. Andalucía, aunque llegó tarde a los currículos, se cita como buen ejemplo con la formación. “Los dos primeros trimestres se hicieron a la antigua usanza”, cuenta la experiencia que vivió en su centro Calle Alonso, profesora de inglés en Valladolid.

¿Cómo evaluamos?

Uno de los principales problemas que se ha encontrado el profesorado, refieren los docentes consultados, ha sido con la evaluación por competencias. Por un lado estaba la parte técnica: se trataba, grosso modo, de evaluar no lo que el alumnado sabía (contenidos) sino lo que sabía hacer con eso. Había que hacerlo a partir de decenas de pequeños ítems, centenares según el alumnado de cada profesor. Y se ha convertido en una pesadilla para muchos.

“Creo que lo que no hemos entendido es que antes había competencias asociadas a las materias (por ejemplo, la competencia lingüística era la propia de la lengua). Pero como con la nueva ley no hay competencias propias, todos deberíamos haber trabajado todas, esto significaba que para tener evidencia del desarrollo competencial de cada niño había que haber realizado diferentes actividades de evaluación, pero eso no se ha hecho en la mayoría de los casos”, opina Calle Alonso.

El trabajo se ha multiplicado. “En un curso de Historia puedes tener 40 criterios de evaluación por cada alumno, con sus índices”, explica Aguirregoitia. En una clase hay 25-30 alumnos y cada docente puede tener 5-6 grupos. Salen ciento y pico estudiantes con 40 criterios cada uno. En un mundo ideal, explica la profesora Elena, “una plataforma para hacer un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje te da la posibilidad de incoporar las situaciones de aprendizaje con las competnecias asociadas, te da la nota de cada alumno en cada criterio y de ahí la nota general del curso”. No ha sido así, pero los excels interminables estaban ahí, esperando ser rellenados.

¿Qué ha acabado pasando, al menos varias comunidades autónomas? “La gente lo que ha hecho ha sido adaptar la evaluación a lo que querías. Si querías poner un siete a un alumno, le ponías un siete en cada competencia. Ha sido un despropósito. No porque el alumno no estuviera bien evaluado, iba a tener la misma nota, sino porque no se ha evaluado por competencias”, cuenta Alonso. Elena, en Andalucía, refiere exactamente la misma situación: “El personal se ha ido directamente a la nota final en vez de evaluar las competencias”. Alonso cree que la intención de la ley era buena, “pero la han complicado demasiado”.

Burocracia y suspensos

Lo entiendan o no, todo este trabajo implica una elevada carga burocrática para el profesorado. No es una situación nueva, pero la Lomloe está lejos de resolverla. “Esta es una queja que los docentes mantenemos desde la primera ley de educación del periodo democrático, la LOGSE de 1990”, explica Elías Gómez. “En esta modificación normativa no hay un aumento especialmente significativo de la burocracia, pero desde hace 30 años esta carga ha ido aumentando gota a gota. Existe la sensación de que hay que realizar, para cada aspecto de nuestro trabajo, dos o tres informes por cada alumno o alumna, y asimismo la sensación de que gran parte de esos informes no se van a leer, a comprender o a atender. El tiempo que se dedica a ello resta al docente el tiempo que este suele estimar como de más calidad del que dedica a su alumnado: elaboración de materiales, encomienda y corrección de trabajos, explicaciones, aclaraciones, tutorías personalizadas, y más. No estoy diciendo que el trabajo burocrático sea innecesario ni inútil, pero si se aumenta el trabajo por un lado y no se reduce por otro, irremediablemente una de las dos vertientes se va a ver afectada”, reflexiona.

Otro de los elementos que más polarizó al profesorado de la nueva ley fue la eliminación del número máximo de asignaturas con las que los alumnos pueden pasar de curso y obtener el título de Secundaria y Bachillerato. Hasta ahora con tres suspendías, con dos pasabas (si esas dos no eran Matemáticas y Lengua). Ya no hay límite, la decisión la toma la junta de evaluación (las profesoras y profesores de cada alumno) en función de que el crea que cada estudiante haya obtenido o no las competencias necesarias para hacerlo. Algunos docentes (¿muchos?) creen que esto es prácticamente una aberración.

“La titulación es complicada de gestionar”, apunta la directora Rocha. “Los claustros están polarizados porque hay gente que está a favor de las medidas, pero otra que se está devaluando el sistema. El clima es difícil y aunque no hemos tenido problemas de tensiones graves sí que hay un cierto malestar. Sigue habiendo cierta cultura de la repetición y nos estamos quedando atrás en ciertas cosas como abandono o repetición”, advierte. Elías Gómez no parece acabar de encontrarle la lógica al planteamiento: “La observación que se haría cualquiera es: si [el estudiante] hubiese adquirido las competencias, no habría suspendido las materias, ¿no es así?”.

¿Y las familias?

Por último, algunas profesoras que tanto cambio, tanta neolengua, tanto concepto nuevo y complejo está teniendo un efecto evidente sobre las familias, que están perdidas. “Cambia la terminología, la evaluación, y nosotros nos adaptamos, pero las familias no se enteran de nada de lo que está pasando. Solo saben si pasan de curso o no o si van a poder ir a la universidad”, cuenta Aguirregoitia. Calle Alonso, en Valladolid, tiene la sensación de que “los padres no entienden de qué les hablamos”.

Rocha cierra con un deseo que han expresado todos, cada uno con sus palabras. “Hemos trabajado mucho. Solo espero que después de tanto trabajo no nos modifiquen la ley el año que viene. Al menos no la parte pedagógica, que nos vamos a volver locos. Es mucho tiempo y trabajo. Y a nadie le gusta que su trabajo caiga en saco roto”.

——————————–

Cómo frenar las mentiras

En la campaña del 23J ha quedado clara la tremenda importancia que tiene la prensa libre, que depende de sus lectores y no le debe nada a nadie más. La inmensa mayoría de los grandes medios son propiedad de bancos, de fondos y grandes grupos de comunicación. La gran mayoría de ellos han blanqueado a los ultras y están bajo el control de la agenda que marca la derecha.

Por eso te pedimos tu apoyo. Necesitamos crecer. Contratar a más periodistas. Reforzar nuestras ediciones locales frente a las mentiras de los gobiernos locales y autonómicos de la extrema derecha. Fichar a más reporteros de investigación. Nos hace falta llegar a más gente, construir un periódico más grande, capaz de contrarrestar la brutal ola de propaganda conservadora a la que nos vamos a enfrentar. Y que dejará pequeña la que hemos vivido en esta sucia campaña electoral.

https://www.eldiario.es/sociedad/primer-ano-ley-educacion-aulas-lio-evaluaciones-burocracia-interminable_1_10393992.html

Comparte este contenido:

Colombia: Reforma de la educación superior, todo lo que debe saber de los cambios que se proyectan

Con la propuesta se espera reorganizar el sistema de educación superior en Colombia y responder a las necesidades de formación de calidad

Comparte este contenido:

USICAMM: El mercado y la meritocracia

La experiencia indica que no hay mucho qué cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en el caso de la Unidad o Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (SPD) creada durante el sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es de personas, sino de estructura, es decir, de marco legal, atribuciones, de sentido y diseño institucional.

Aparte del saldo negativo que arroja la gestión de la USICAMM (creada durante el actual sexenio), se registran así mismo graves problemas de comercialización indirecta de la institución pública hacia el mercado, debido a la venta o distribución indebida de las bases de datos de maestras y maestros que participan en los procesos de admisión, promoción o reconocimiento.

¿Quién controla las bases de datos en USICAMM y las vende o distribuye a particulares? Hay reportes de maestras y maestros de educación básica que han recibido propaganda de cursos-talleres de supuesta preparación para participar “con éxito” en los concursos de promoción horizontal, sin solicitarlo, por parte de empresas que mercadean la formación continua. Sabemos que con ello se pone en práctica una forma sutil de privatización de la educación.

Es cierto que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato arrogante y discriminatorio) del personal de la citada Unidad y sus filiales en las entidades federativas, así como los tiempos, la desorganización y los movimientos desfasados, que se han dado en los trámites y procesos administrativos asociados con las convocatorias (admisión, reconocimiento y promociones), y que han afectado a miles de docentes, asesores técnicos y directivos escolares de educación básica y media superior, pero lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales; esto sin descartar el escenario de la eventual desaparición de esa Unidad. (Para más argumentos, ver mi artículo: “Cambio en la USICAMM ¿De fondo?”).

¿Cuál es la ruta meritocrática que los gobiernos mexicanos han decidido y diseñado para las maestras y los maestros de la escuela pública en México, a través del cuestionable sistema de evaluación de sus perfiles profesionales y de su labor cotidiana (“desempeño”)?

El cambio curricular de 1992, que iba a remolque del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, proyecto reformista impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue una de las modificaciones educativas más relevantes de los últimos 40 años debido a la integralidad de los puntos abordados. Aunque se le considero como una reforma educativa alineada con las orientaciones de los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, etc.) y como producto de las nuevas (en ese tiempo) políticas públicas educativas de corte neoliberal.

Sin embargo, la reforma educativa aludida, de 1992, incorporó cambios importantes en los contenidos y en el rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, en el programa nacional de formación docentes, y en la actualización del plan y los programas para la educación básica.

Pero hubo otro lado oscuro en esta historia: Entre 1992 y 1993 se creó también el primer sistema de contención de los aumentos al salario de docentes y directivos de la escuela pública: Carrera Magisterial (CM), una bolsa financiera dirigida a la cima de la meritocracia. (Ver mi texto: “México y España: Contradicciones del modelo competencial en educación básica”, Educación Futura, 21 de mayo, 2023).

Carrera Magisterial, como programa, desapareció por problemas de consistencia interna y sospechas de corrupción, esto a través de la reforma constitucional y las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa de 2013. No obstante lo anterior, el sentido o la lógica meritocrática (“el alma institucional”) prevalece.

A lo largo de los últimos 10 años, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como de media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.

Ello, dentro del marco legislativo que han establecido los gobiernos con claras intencionalidades neoliberales en México, esto ha sido matizado según la relación de fuerzas políticas que se expresan en los espacios parlamentarios del poder legislativo (en este paquete incluyo a la reforma educativa de 2019); marco que podría dividirse en dos esquemas generales de evaluación del personal educativo en servicio:

Insisto que, en ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios “individualizantes” y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin valorar el trabajo colegiado.

¿Cuánto le cuesta a la nación la burocracia que administra el sistema educativo “meritocrático” de evaluación docente?

Veamos un breve análisis de contrastes entre el presupuesto asignado en 2022 y 2023 para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), El Colegio de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y USICAMM (SEP).

Fuente: Calendario de presupuesto autorizado al ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2022, DOF: 16/12/2021; y para el año fiscal 2023, DOF: 15/12/2022.

USICAMM ha recibido, durante los dos últimos años, casi el mismo presupuesto anual que se asigna a UPN; así mismo, la Unidad obtiene un presupuesto mayor que el que recibe el COLMEX; y más de una tercera parte de lo que percibe el CINVESTAV por concepto de ingresos federales.

¿Cuánto tiempo más la sociedad mexicana permitirá que se mantenga en pie una institución (USICAMM) que ha creado más problemas que soluciones, y que además tiene un alto costo para el país no sólo por la alta burocracia que representa, sino por ser el mecanismo de contención salarial del magisterio? ¿Para qué sirve al sistema educativo USICAMM? ¿No sería más conveniente y sensato distribuir esos mil millones de pesos anuales para elevar los salarios de maestras y maestros sin filtros meritocráticos?

Al próximo gobierno federal y a la legislatura entrante (2024) les tocará revisar este asunto prioritario, ubicado en el ámbito de la eventual modificación de las políticas públicas educativas nacionales.

Será necesario, por todo ello, revisar a fondo cuál es la lógica de las evaluaciones centralizadas y estandarizadas a docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública, que se practica en México. O definir, de una vez por todas, si el país desecha este sistema meritocrático, que tanto le cuesta a las mexicanas y los mexicanos, con la idea alternativa de aumentar los salarios no por méritos, sino para establecer un esquema de formación continua, con ingresos profesionales y con criterios de revaloración individual y colectiva del magisterio.

Fuente de la información e imagen:  https://www.sdpnoticias.com

Comparte este contenido:

Presidente de Brasil lanza programas para mejorar la educación

El programa Escuelas de Tiempo Integral se propone ampliar en un millón de matrículas la oferta de tiempo completo en los centros de educación básica del país.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visita este viernes el estado norteño de Ceará, a más de 500 kilómetros de la capital federal, donde anuncia planes en educación, según informó la presidencia del país latinoamericano a través de su cuenta en Twitter.

En Fortaleza, la primera ciudad de su recorrido, el gobernante asistió a la escuela secundaria, Johnson, donde intercambió con sus estudiantes y se interesó por las asignaturas electivas.

Posteriormente, presidió la ceremonia de lanzamiento del programa Escuelas de Tiempo Integral, acompañado por el ministro de Educación y exgobernador de Ceará, Camilo Santana, quien realizó el anuncio.

Esta iniciativa se propone ampliar en un millón de matrículas la oferta de tiempo completo en los centros de educación básica del país y cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de reales (800 millones de dólares). Tal inversión se transferirá a los estados y municipios para ampliar las inscripciones en las redes.

De acuerdo con la nota divulgada por el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, en la primera etapa, la cartera establecerá, junto a estados y municipios, las metas de jornada escolar igual o superior a siete horas diarias o 35 horas semanales.

Con ello, el actual Gobierno se propone cumplir el Plan Nacional de Educación (PNE), el cual establece que la oferta educativa de tiempo completo debe estar presente en al menos el 50 por ciento de las instituciones educativas, y atender al menos al 25 por ciento de los estudiantes de educación básica.

En la segunda etapa del programa, el Estado brasileño procura implementar acciones para la formación de educadores, la protección social y el mejoramiento de infraestructuras, entre otras.

En la jornada de la tarde Lula se dirigirá a Crato, donde lanzará un programa para la reanudación de las obras de la Educación Básica. En total, se restablecerán 3.500 de infraestructura escolar paralizadas o inconclusas.

Se prevé que el Gobierno, la entidad federativa y el Fondo Nacional de Fomento de la Educación (FNDE), que libera fondos para la construcción, firmarán un nuevo contrato al efecto, con nuevos montos de inversión y plazos. A partir de entonces, la construcción demorará 24 meses, plazo prorrogable por el FNDE por el mismo período, por una sola vez.

Actualmente, hay más de 3.500 obras escolares que han recibido financiación del FNDE. Con la reanudación de esta totalidad, el Gobierno de Brasil espera entregar 1.200 unidades de educación inicial, entre guarderías y preescolares; casi 1.000 escuelas primarias; 40 escuelas de formación profesional; 86 obras de renovación o ampliación y más de 1.200 nuevas pistas deportivas o cubiertas de pista.

https://www.telesurtv.net/news/brasil-presidente-lanza-programas-mejorar-educacion-20230512-0020.html

Comparte este contenido:

Confiar en la escuela

Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann

 

«Hace falta recordar una y otra vez, que las y los profesionales de la educación, cursaron estudios de educación superior orientados precisamente para tomar las mejores decisiones en lo que tiene que ver con el aprendizaje.»

Existe en el mundo, con respecto a las políticas públicas que se implementan en el sector educativo, muy diferentes medidas que son producto de la idiosincrasia, cosmovisión, historia, cultura, valores y principios que se definen al interior de los ministerios educación de los diferentes países, sin embargo, hay ciertas decisiones que por su contenido, presentan ciertas similitudes y grados de aplicación, también acorde a la manera en que se tiene el concepto de educación por parte de quienes toman las decisiones que impactan en gran medida a los centros educativos de su territorio.

Por ello, resulta muy importante valorar el grado y la intención de la aplicación de determinadas políticas públicas, puesto que al momento en que se implementan o se dejan de lado, tienen un fuerte impacto en el sistema de comunicación y efecto bidireccional que trasciende en cada una de las más de un cuarto de millón de centros escolares que hay en México y que apoyan o no para el fin último de su tarea, que es el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes (NNA), por lo que dichas decisiones deben de tener eso en mente para que puedan ser acordes a las necesidades que se implementen luego en la escuela.

Así, un ejemplo claro de ello, es lo que en el mundo de las políticas educativas se ha denominado como la gestión centrada en la escuela, que, de acuerdo con Claudia Santizo (2012) se basa en un principio que señala que las comunidades escolares poseen información adecuada para seleccionar entre varias opciones aquellas que atiendan mejor los problemas que enfrentan y va desde el extremo en aquellos países que dejan en el centro escolar todas las decisiones educativas, como lo son los planes y programas de estudio, la contratación y la utilización de sus recursos económicos y humanos, la decisión del uso de libros de texto, así como el manejo de sus factores internos del manejo y control de la regulación de las condiciones de aprendizaje en sus aulas, hasta aquellos países que tienen centralizadas este tipo de decisiones y la escuela solo se convierte en una suerte de “maquila” en donde sólo se deja una mínima parte de las decisiones de política en materia educativa.

El caso mexicano, presenta ciertas variantes de dicho concepto, sin embargo, con una mayor inclinación hacia las decisiones centralizadas en donde la escuela como centro de las disposiciones para el aprendizaje en el contexto de su ubicación y relaciones tiene muy poco margen de operación para la transformación y/o aplicación en el marco de su contexto.

Por ello, hace falta recordar una y otra vez, que las y los profesionales de la educación, cursaron estudios de educación superior orientados precisamente para tomar las mejores decisiones en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Así, sin perder la posibilidad o necesidad de regulación normativa, es conveniente migrar las decisiones hacia una mayor confianza en los centros educativos, en sus decisiones, en mirarlas en la justa dimensión de la profesión que representan y entender que las decisiones centralizadas, por muy bien intencionadas que sean, jamás tendrán el conocimiento, pulso y vinculación con el entorno de cada centro educativo.

Fuente de la información:  https://profelandia.com

Comparte este contenido:

México: Advierten falta de políticas públicas para impulsar educación

Voceros del CEESP advirtieron que el país requiere impulsar la educación mediante política pública

El gasto nacional en educación de 15 millones de pesos en 2022 es cercano al gasto promedio de países de la OCDE, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Sin embargo, los resultados de política pública generan preocupaciones en el sector, principalmente la falta de mejoras del sistema educativo.

Cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), proporcionadas por el órgano asesor empresarial, informaron: la educación en México representó 4.6% del PIB en 2019, frente a la media de 4.9 por ciento. Según el índice Better Life de OCDE, solo 42% de los mexicanos entre 25 y 64 años son egresados del nivel educativo medio superior. Cabe mencionar, el promedio de personas con educación de este nivel entre los países del OCDE se encuentra en 79 por ciento.

CEESP destacó el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional (SEN) como una medida para impulsar la educación en México, con esto, los jóvenes ingresarían al mercado laboral con preparación para empleos productivos y bien pagados. Pero se advirtió que es necesaria la cooperación por parte de la política pública para mejorar los sistemas y áreas de oportunidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detuvo la publicación de información del Sistema de Información y Gestión Educativa (CIGED). Derivado de ello, el pasado 10 de abril de 2023 se revocó al SEN como seguimiento de interés nacional, al no cumplir con 4 criterios clave .

Mientras tanto, la preparación empresarial de los jóvenes es un punto importante frente a las oportunidades de mercado de nearshoring, añadió el análisis económico. El modelo de negocios será benéfico para los sectores de manufactura, aeroespacial, automotriz, electrónicos, de logística y médica.

Por último, el órgano asesor reportó que México no participó en las evaluaciones de la OCDE realizadas en 2021, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró su participación en la próxima edición.

https://www.uniradioinforma.com/sociedad/advierten-falta-politicas-publicas-impulsar-educacion-n660473

Comparte este contenido:

El sueño de una escuela feliz

Por: Marcelo Trivelli

El pasado 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Felicidad. Instaurado por la ONU (Organización de Naciones Unidas) a partir de una propuesta del Reino de Bután que ha puesto entre la felicidad de su población como uno de sus objetivos políticos

El Reino de Bután es un país de Asia que se encuentra en los Himalaya entre India y China. En la década de los ’70 introdujeron el concepto: Felicidad Nacional Bruta (FNB) por el cual se diseñarían y evaluarían las políticas públicas.

En un comienzo desde occidente se miró con cierto grado de sorna esta propuesta, sobre todo, considerando que provenía de un país con un régimen monárquico, con bajo nivel de ingresos, alto analfabetismo, baja expectativa de vida, aislado del resto del mundo y sin desarrollo industrial. El tiempo y el fracaso de las mediciones económicas para medir el bienestar de la población fueron abriendo paso a considerar la felicidad como una variable digna de ser considerada como pilar del desarrollo.

Mientras que la hegemonía capitalista se centra en el Producto Interno Bruto que se mide en dinero y, como bien dice Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, el PIB no es capaz de medir la calidad de vida, en Bután, la Felicidad Nacional Bruta se construye sobre respuestas de la población a un cuestionario que consulta sobre: bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida y gobierno.

Es posible imaginar el terremoto político que sucedería en Chile si el Presidente y su Ministro de Educación invitaran a la ciudadanía a diseñar y evaluar políticas públicas educativas según un índice de felicidad de educadores, estudiantes y demás miembros de las comunidades educativas y no según las pruebas y exámenes tradicionales.

Aunque las escuelas felices parecen una utopía, ya son realidad en algunas experiencias educativas en distintas partes del mundo.

El proyecto de escuelas felices de UNESCO se aleja de la presión de rendir pruebas y exámenes y “propone enfoques alternativos con miras a mejorar la experiencia del aprendizaje dando prioridad a la felicidad en la escuela. Al hacer hincapié en el bienestar, el compromiso y el sentimiento de pertenencia a la escuela, el proyecto contribuye a fomentar el amor por el aprendizaje a lo largo de toda la vida”.

Las escuelas felices tienen impacto en toda la comunidad educativa. Es una forma diferente de abordar la educación. Se mira el proceso de aprendizaje como una aventura digna de ser vivida y disfrutada y no como un medio para el éxito futuro y/o un triunfo sobre los demás.

Considerar la felicidad como un pilar fundamental de la educación genera un círculo virtuoso. Estudiantes mejoran su asistencia, profesionales de la educación mejoran su salud mental, madres, padres y apoderados se ven incentivados a enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Y, finalmente, en una escuela feliz, está probado que también mejora el aprendizaje.

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

Comparte este contenido:
Page 2 of 227
1 2 3 4 227
OtrasVocesenEducacion.org