Rani Akter, una madre de cinco hijos, suele trabajar como empleada doméstica en el área de Zikatola de Dacca. Cuando estalló la pandemia de coronavirus en Bangladesh en marzo de 2020, sus empleadores le pidieron que no fuera más a sus casas por temor al contagio.
“Perdí mi trabajo en tres lugares, uno tras otro, lo que se convirtió en una pesadilla para mí. Mis empleadores ricos no me permitían entrar a sus casas porque pensaban que yo podría portar el virus invisible”, dijo Akter a IPS.
El esposo de Akter también perdió su trabajo debido al confinamiento y cierre de actividades para frenar la covid-19 y la familia atravesó tiempos difíciles.
“No teníamos dónde ir. Solíamos tener una casa en Mehendiganj, en el distrito costero de Barishal, pero la erosión de la orilla del río se engulló nuestra casa hace ocho años. Por eso nos vimos obligados a quedarnos en la ciudad “, señaló.
Akter comenzó a tocar puertas, buscando trabajo, sin éxito alguno.
“No tuvimos ayuda del gobierno ni asistencia de dinero en efectivo. Pero teníamos que sobrevivir y por eso al principio estuvimos afrontando los gastos familiares con nuestros ahorros. Y cuando se terminaron, comenzamos a pedir prestado a nuestros familiares. Ya hemos pedido 40 000 takas (471 dólares). Estamos recibiendo préstamos de 5000 a 6000 takas (de 58 a 70 dólares) al mes de vecinos y parientes para satisfacer nuestra demanda de alimentos y pagar el alquiler”, comentó Akter.
Dijo que su familia se estaba endeudando y que no sabía cuándo terminaría su sufrimiento.
Shahana Akter, de 20 años, una madre soltera que trabaja como empleada doméstica en la ciudad de Netrakona, también perdió su trabajo cuando comenzó la pandemia. Pero ella fue más afortunada que la mayoría.
“Cuando perdí mi trabajo, pensé en cómo sobreviviríamos mi hijo de cinco años y yo. No tenía ahorros. Pero tuve la suerte de conseguir un nuevo trabajo después de dos meses de confinamiento”, dijo Shahana Akter a IPS.
Millones de trabajadoras domésticas perdieron sus puestos a causa de la covid en este país del sur de Asia.
No hay datos oficiales sobre el número de trabajadores domésticos en el país. Pero según Rezaul Haque, secretario auxiliar del Ministerio de Trabajo y Empleo de Bangladesh, aproximadamente 90 por ciento son mujeres y niñas.
Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2006 estimó que Bangladesh tenía cuatro millones de trabajadores domésticos en un país con una población de 163 millones.
Si bien un estudio reciente del Sindicato Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWWU, en inglés) mostró que hay aproximadamente de 2,2 a 2,5 millones de trabajadores domésticos, de las cuales alrededor de 60 por ciento o 1,5 millones eran trabajadores externos y 40 por ciento restante vivía en las casas de sus empleadores.
Según el secretario general de NDWWU, Murshida Akter Nahar, cuando comenzó el primer brote de coronavirus aquí en marzo de 2020, muchos empleados domésticos perdieron sus trabajos sin previo aviso y sin que se les pagara el salario que se les debía.
Se estima que alrededor de 1,2 millones de trabajadores externos, fijos o por días, perdieron sus puestos de trabajo desde marzo de 2020.
Shahana Akter, de 20 años, una madre a cargo sola de su hijo, era empleada doméstica en la ciudad de Netrakona, en Bangladesh. Perdió su trabajo cuando comenzó la pandemia, pero en su caso pudo encontrar otro puesto en el servicio doméstico más tarde. Foto: Rafiqul Islam/ IPS
“Y muchos empleados domésticos fueron expulsados de los hogares de sus empleadores, por lo que tuvieron que sufrir una vida miserable durante el cierre (de actividades) del año pasado. No tenían refugio donde ir ni comida para alimentarse en Dacca. Por eso muchos de ellos se vieron obligados a salir de la ciudad”, dijo Nahar a IPS.
Una vez que se redujeron los contagios, muchos trabajadores domésticos regresaron a la ciudad con la esperanza de ser contratados nuevamente por sus antiguos empleadores. Pero la mayoría no recuperó sus trabajos.
Nahar dijo que los empleados domésticos que habían podido encontrar empleo perdieron sus trabajos cuando la situación del coronavirus comenzó a deteriorarse otra vez en marzo de este año. “Pero no recibieron suficiente apoyo del gobierno”, explicó.
Dijo que muchos empleados domésticos comenzaron a pedir limosna, lo que trajo como consecuencia un rápido aumento de mendigos en las calles de la ciudad.
Mahmuda Begum, de 40 años, vive en una pequeña casa alquilada en la zona de Zikatola de la capital y había trabajado en esa misma área como empleada doméstica. Cuando comenzó la pandemia, perdió su trabajo de la noche a la mañana.
“Perdí mi única opción de sustento debido a la covid. Gasté todos los ahorros que tenía. Ahora no tengo dinero para pagar el alquiler de la casa (el equivalente a 58 dólares mensuales) ni para comprar alimentos y otros bienes básicos. Por eso no tuve otra opción que pedir dinero prestado a un interés alto”, dijo Begum a IPS.
Begum, viuda y madre de dos hijos, dijo que no pagó el alquiler durante cuatro meses y que su familia a menudo tiene que morir de hambre por falta de comida. “No podemos comer tres veces al día”, agregó.
El trabajo doméstico, un sector sin regulación
Los organismos de derechos humanos han estado exigiendo la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que desde su entrada en vigor en 2013 garantiza a quienes trabajan en el servicio doméstico los derechos laborales de cualquier otro empleado formal, así como la implementación de la Política de Protección y Bienestar de los Empleados Domésticos.
En 2015 el gobierno de Bangladesh adoptó esa política de protección para garantizar los derechos de los trabajadores en el servicio doméstico, y ese mismo año debió comenzar un proceso de registro.
“Pero el gobierno aún debe implementar esa política. También estamos exigiendo que las autoridades gubernamentales incluyan el tema del trabajo doméstico en la Ley Laboral que va a ser reformada”, señaló Nahar.
El coordinador de la Red de Derechos de Empleados Domésticos, sostuvo: “Al inicio del confinamiento impuesto en Bangladesh, los trabajadores domésticos enfrentaron mucho sufrimiento. Alrededor del 30 por ciento de ellos, que perdieron el trabajo, se vieron obligados a regresar a sus aldeas y los que estaban en la ciudad no tenían trabajo. La mayoría de ellos no obtuvo ningún apoyo del gobierno”.
Dijo que muchos se encontraban ahora en una situación difícil porque no podían pagar el alquiler y estaban atrapados en deudas. Agregó que esto también provocó un rápido aumento de las disputas familiares.
Hossain, otro dirigente sindical, dijo que en la actualidad es imposible garantizar los derechos de los trabajadores domésticos y sugirió incorporarlos en un marco legal para determinar sus derechos.
Haque, por su parte, dijo que el gobierno distribuyó asistencia en efectivo y alivio entre los desempleados mediante listas especiales. Pero aclaró que no existía un plan de protección social específico para los empleados domésticos, ya que trabajaban en el sector informal.
Haque consideró que si se aprobaba la Ley de Política de Protección y Bienestar de los Trabajadores Domésticos, se podrían determinar los derechos de este tipo de trabajadores.
“Continúan las conversaciones con las partes interesadas en formular una ley que garantice los derechos de los trabajadores domésticos”, indicó Haque.
Los trabajadores migrantes, entre los más vulnerables del mundo, siguen en aumento y pasaron de 164 a 169 millones entre 2017 y 2019, informó este miércoles 30 la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se trata de una tendencia creciente porque esos trabajadores eran 150 millones en 2013, aunque el informe entregado por la OIT en esta ciudad suiza reconoce que la pandemia covid-19 debió ralentizar el flujo desde comienzos de 2020, debido a los cierres de fronteras y confinamientos forzados por la crisis de salud.
Ya constituyen cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, y “la pandemia ha revelado la precariedad de su situación”, observó Manuela Tomei, directora de Condiciones de Trabajo e Igualdad en la OIT.
“Los trabajadores migrantes, con frecuencia, son los primeros en ser despedidos, tienen dificultades para acceder al tratamiento y muchas veces están excluidos de las respuestas políticas nacionales a la covid-19”, afirmó Tomei.
La gran mayoría de los trabajadores migrantes, 86,5 por ciento, está constituida por adultos, entre 25 y 64 años, pero crece, ya 10 por ciento, la proporción de los más jóvenes, entre 15 y 24 años.
Las mayores concentraciones están en los países ricos, con 24,2 por ciento en Europa septentrional, meridional y occidental; 22,1 por ciento en América del Norte, y 14,3 por ciento en los Estados árabes.
“Los trabajadores migrantes, con frecuencia, son los primeros en ser despedidos, tienen dificultades para acceder al tratamiento y muchas veces están excluidos de las respuestas políticas nacionales a la covid-19”: Manuela Tomei.
Le siguen Europa oriental (ocho por ciento), África subsahariana (7,4 por ciento), Asia sudoriental y el Pacífico (7,2), Asia central y occidental (5,6), Asia meridional (4,2), América Latina y el Caribe (3,5) y Asia oriental (2,5 por ciento), según las cifras de la OIT al cierre de 2019.
La mayoría de los trabajadores migrantes, 99 millones, son hombres, y 70 millones son mujeres.
En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo, indicó el reporte.
Esas trabajadoras “pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero”, se agregó.
Muchos trabajadores migrantes ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo.
La crisis de la covid “ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo”, sostiene la OIT.
Del total de trabajadores migrantes internacionales, 66,2 por ciento se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Son 41 por ciento de la fuerza laboral en los Estados árabes.
El informe insistió en que los trabajadores migrantes internacionales “aportan contribuciones vitales a sus países, sociedades y economías de destino y ejercen oficios esenciales en sectores críticos como la asistencia sanitaria, el transporte, los servicios, la agricultura y el procesamiento de alimentos”.
Sin embargo, con la pandemia parte de esos trabajadores “han perdido su trabajo y han sido obligados a volver a sus países de origen”, admitió Tomei.
Al ofrecer las cifras sobre trabajadores migrantes, Rafael Diez de Medina, director de Estadística de la OIT, confió en que “estas estadísticas pueden ayudar a los países a responder a los cambios en la oferta y demanda de empleo, estimular la innovación, el desarrollo sostenible y la transferencia y actualización de las competencias”.
Gracias por aceptar la invitación a participar en esta consulta.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que rendirá la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, en enero de 2022, un conjunto de organizaciones no gubernamentales avanzamos en un Informe Alternativo que permita contrastar y profundizar datos e información. En el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa, el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE) y el movimiento magisterial de base, estamos realizando consultas con distintos actores y organizaciones venezolanas, con el objeto de puntualizar las situaciones referidas al Derecho Humano a la Educación en el periodo 2017-2021, para poder elaborar y aportar recomendaciones para el corto y mediano plazo. El informe final será presentado de manera independiente ante las instancias correspondientes de la ONU.
A continuación los resultados de la consulta:
Consulta abierta a organizaciones sociales, gremios y sindicatos
De las instancias y actores socioeducativos participativos, relevantes, consultados para este Examen Periódico Universal, se puntualiza lo siguiente:
En cuanto a la formación docente, de los 100 encuestados y encuestados, el 68% expresaron que, se encuentra desactualizada. Le atribuyen esta situación a la poca posibilidad de cubrir estudios de post-grados ante los bajos salarios mensuales que reciben, a la desinversión en ciencia y tecnología en las instituciones escolares y universitarias, el tener menor tiempo disponible dada la crisis económica nacional, que obliga a realizar dos o tres trabajos diferentes en día.
Los y las consultadas(os) consideran que ante la migración que se vive en Venezuela, existe un importante abandono de los puestos de trabajo por profesionales de la educación, lo que repercute negativamente en la atención profesionalizada a las y los estudiantes, desmejorando considerablemente su formación. No existen cifras oficiales pero en el sondeo de más de un mil (1.000) escuelas estudiadas encontramos que en cada una de ellas, por lo menos un(a) docente se ha retirado por razones de migración.
Otro elemento resaltante es despedagogización docente, al cual, el 67% de las y los educadores consultados, señalaron que se requiere una formación profesional, inicial y continua, que revalore la mirada pedagógica.
El 64% de los y las consultadas manifestaron que, ante la pandemia de la COVID-19 y, la forma cómo se ha introducido la tecnología en las instituciones educativas (aún con las enormes brechas tecnológicas existentes), ello requiere una reconfiguración curricular adaptada a las nuevas necesidades del hecho educativo.
Señala el 68% de los y las consultadas(os) que se requiere repensar el pensamiento crítico en el actual contexto de aceleración de la innovación científica y tecnológica global y, ello pasa por actualizar tecnológicamente a las escuelas, liceos y universidades.
En relación a la percepción de las y los estudiantes, se incorporaron 74 voces, de las cuales el 63,5% expresan que, estudian en instituciones públicas (escuelas, liceos y universidades); pertenecen a familias en situación de pobreza. Si bien, se les otorga el bono denominado 100% Escolaridad a través de la plataforma Patria, este se corresponde a Bs. 3.500.000 por estudiante (un poco más de 1 dólar norteamericano), considerándolo insuficiente.
Los y las estudiantes consultados(as) señalan que, si no se actualiza pedagógicamente a los y las docentes en las nuevas dinámicas educativas mediadas por la tecnología, puede generar una nueva problemática educativa, como el retraso en conocimiento.
De igual manera, el porcentaje indicado muestran preocupación por el desmejoramiento de las infraestructuras, la falta de dotación en los laboratorios para hacer ciencia y tecnología conlleva a comprar insumos de altos costos para avanzar en carreras que ameriten prácticas correspondientes.
Señalan que, tanto la carencia, de condiciones mínimas de bioseguridad (agua, insumos de limpieza) y la precariedad o inexistencia del transporte escolar y/o universitario, unido a la deficiencia y mal estado de los transportes público urbanos que les permita trasladarse sin cao a las instituciones educativas en caso de volver a la presencialidad, sin correr riesgos de contagio ante la COVID-19, crea una situación de incertidumbre que puede generar abandono escolar.
En relación a los problemas centrales que han afectado el Derecho Humano a la Educación en Venezuela durante el periodo 2017-2021, los gremios y sindicatos docentes consultados, en un 87,5% expresaron su rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el Estado en el Memorándum Circular 2792 del 11 de octubre del año 2018, emanada por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, con la que han quedado congeladas las negociaciones y convenciones colectivas de todos los sectores laborales en la administración pública. Igual, rechazan la situación del bloque y sanciones económicas.
Los sindicatos docentes consultados, consideran que el deterioro del salario del personal docente, administrativo y obrero de la educación, ha constituido un factor que impulsa a la migración para buscar fuera de las fronteras nacionales un salario que permita cubrir las necesidades básicas
Añaden los gremios y sindicatos de docentes, administrativos y obreros que la migración forzada por razones económicas ha traído como consecuencia renuncia a los puestos de trabajos, abandono de las escuelas por parte de los estudiantes, aumento del trabajo infantil y juvenil para sortear la condición de pobreza.
Por otra parte, agregan que se ha incrementado el número de reclamos y manifestaciones en la calle ante la violación constante y sostenida de las conquistas gremiales logradas incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, ejemplo de ello, la vulneración del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que, un salario, para ser considerado suficiente, debe permitir una vida con dignidad y la cobertura de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
Fuente:
En la elaboración de este Informe se contó con los aportes de las siguientes instituciones, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, venezolana: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación”, Red Global Glocal por la Calidad Educativa, Comunidad Vida Cristiana, Araña Feminista, Cecodap, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Federación Nacional de Profesionales de la Docencia. Colegio de Profesores de Venezuela, Actores socioeducativos nacionales.
Erlys Unda tiene 16 años al servicio de la docencia. Los últimos dos lucha por ganarle la batalla a un cáncer de mama. Su sueldo como educadora está lejos de ayudarle con los gastos que genera la enfermedad, sobre todo, en un país donde todo se hace cuesta arriba debido a la inflación y donde los medicamentos que deberían entregarle en el Seguro Social llegan esporádicamente.
Los 10 de cada mes, a Erlys le agregan a su cuenta bancaria la cantidad de tres millones 330 mil bolívares por concepto de pago de nómina como docente nacional. A la siguiente quincena se le suma un millón 800 mil del pago por cesta ticket de alimentación.
Un sueldo que no alcanza, ni siquiera, para comprar dos manzanas, que rondan los cinco millones de bolívares. Escasamente usa el dinero para recargar saldo a su teléfono y poder trabajar a distancia. A pesar de todo, siempre ha estado activa en sus obligaciones académicas porque nació con la vocación a la docencia.
La historia es difícil. “El sueldo no alcanza para nada. Menos para el tratamiento. Sobrevivimos haciendo magia porque por más creativa que me ponga, haciendo rifas u otras cosas para recaudar fondos para el tratamiento, no alcanza. Tengo que comprar las medicinas porque muy poco llegan al Seguro Social”.
Una de las pastillas tiene un costo de 60 millones de bolívares, un precio que se mantiene en ascenso. Los médicos le recomendaron someterse a una histerectomía, que no puede realizarse porque tampoco cuenta con seguro HCM. Con ese sueldo es imposible pagar la operación en un centro de salud privado, tampoco en un hospital público, pues debido a la pandemia el oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño mantiene cerrado el quirófano.
Pero Erlys, quien además tiene un pequeño hijo en condición especial, no es la única docente en una situación simular: María* es maestra en nómina estadal. Su salario se hace aún más reducido para mantener a sus cuatro hijos. Debe hacer actividades extracurriculares para poder comer.
Pinta uñas y vende de todo un poco para sobrevivir. Sin embargo, no deja a sus alumnos porque está comprometida en formar excelentes profesionales del mañana, aunque ahora lo haga a distancia y el Internet no colabore mucho. La última quincena de este abril, que debían cancelarla el pasado 25, no había sido abonada en su cuenta, contó la maestra.
Aumento de salario para calmar ánimos
En relación al salario de los docentes, Luis Guillermo Padrón, presidente de la junta transitoria del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo (Sinvemaca), filial de la Federación Venezolana de Maestros, dijo que un docente en Carabobo gana alrededor de $1 quincenal, lo que, evidentemente, alcanza tal vez para comprar solo un paquete de harina de maíz.
A Padrón le preocupa que el Estado venezolano vaya a hacer un aumento salarial que no tiene nada que ver con la realidad solamente para calmar los ánimos. “Por eso, este sábado Día del Trabajador, estaremos en la plaza Santa Rosa para seguir con la lucha sindical y reivindicaciones salariales para los maestros”.
Según el presidente de Sinvemaca, los docentes no están de acuerdo con la nivelación de sueldos que plantea el Gobierno nacional con base el Petro, que se traduciría en un pago de unos $30, por lo que piden un ingreso de $600 mensuales, que vienen solicitando desde el pasado 2020.
*María, nombre ficticio para proteger la verdadera identidad.
Denuncian que la precariedad laboral es el detonante de numerosos daños a la salud y a la vida de miles de personas en los últimos años
CGT afirma que las condiciones laborales de la clase trabajadora han involucionado en el último año con la excusa de la pandemia de Covid-19
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado con motivo del Día Internacional de la Salud Laboral, que se conmemora cada 28 de abril, en el que apunta a las causas de la terrible situación, en cuanto a la salud en el trabajo, que padece miles de trabajadores y trabajadoras en la actualidad.
Para los anarcosindicalistas, en este día no toca celebrar absolutamente nada atendiendo a lo que ha ocurrido en los últimos meses de pandemia, donde se ha podido evidenciar la precariedad laboral, detonante de los numerosos daños a la salud y a la vida de quienes se ganan la vida en condiciones lamentables.
CGT considera que se antepuesto la economía a la vida de las personas, como se pudo comprobar en los primeros meses de la pandemia cuando muchísimos trabajadores acudían a sus puestos de trabajo sin medidas de seguridad para protegerse de la enfermedad que nos ha dejado el coronavirus. Las empresas han obligado en muchos casos a sus plantillas a trabajar aun sabiendo que estaban poniendo en riesgo sus vidas. Por desgracia, según este sindicato, esta actitud de los capitalistas unido en ocasiones a la falta de rapidez del Gobierno español a la hora de tomar decisiones y poner en marcha medidas para proteger a las personas trabajadoras, se ha traducido en muertes y contagios.
La organización anarcosindicalista recuerda que esta situación no es novedosa, sino que se arrastra desde hace muchos años. Las Reformas Laborales de PSOE y PP, indican desde CGT, solo han causado más sufrimiento a la clase trabajadora y han fomentado la precariedad laboral, el desempleo y la temporalidad, con mayor incidencia en las mujeres y en las personas jóvenes.
Desde CGT, en este 28 de abril, vuelve a reivindicar el fin de la precariedad laboral, principal causante del terrorismo patronal hacia las personas trabajadoras. CGT también recuerda la importancia de trabajar en la prevención de riesgos, para que se convierta en un conjunto de medidas reales y efectivas para proteger la salud y la seguridad de nuestra clase.
Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/denuncian-que-la-precariedad-laboral-es-el-detonante-de-numerosos-danos-a-la-salud-y-a-la-vida-de-miles-de-personas-en-los-ultimos-anos/
En marzo de 1911, durante la lucha de las trabajadoras de una fábrica textil en Cotton (New York), murieron 146 personas a causa de un incendio y entre las victimas hubo 129 trabajadoras, muchas de ellas menores de edad, teniendo tan solo 14 años. Trabajaban en condiciones deplorables y no pudieron huir del incendio porque los jefes de la fábrica tenían las puertas cerradas para impedir que salieran. Hubo quien murió abrasada, y al estar encerradas otras fallecieron al saltar al vacío desde el octavo piso en el que se encontraban al intentar huir del fuego.
Aunque parezca una mentira o una exageración, la realidad es que siniestros laborales de este tipo han continuado produciéndose hasta la actualidad. Escasa difusión tuvo el incendio en una fábrica textil de Bangladesh en noviembre de 2012, que causó 120 muertos1/. Entonces se volvió a poner de manifiesto que las condiciones de trabajo infrahumanas, la inexistencia de medidas de seguridad. En aquella fábrica las salidas de emergencia se encontraban cerradas y los trabajadores recibieron la orden de seguir trabajando cuando comenzó el incendio2/. Al año siguiente, el 24 de abril de 2013 también en Bangladesh se derrumbó edificio en pésimo estado y con grietas que funcionaba como fábrica textil, en donde los trabajadores eran explotados brutalmente. Hubo 1.134 muertos y 2.437 heridos, muchos de ellos de gravedad sufriendo amputaciones. Años después la líder sindical Jolly Talukder insiste en que “no fue un accidente, fue un asesinato a plena luz del día”3/.
El mundo del trabajo continúa enfrentándose a graves problemas en todo el mundo: precariedad, siniestralidad laboral, intensificación de la explotación, etc. Siguen reproduciéndose todo tipo de abusos e injusticias dramáticas, con muertes incluidas. En enero murieron 9 mineros en un accidente laboral en China, y las cifras oficiales indican que en 2020 murieron 573 mineros en distintos pozos de todo el país4/. El pasado 8 de febrero murieron electrocutados 28 trabajadores, en su mayoría mujeres, en Tánger en una fábrica textil clandestina5/. La tragedia puso de manifiesto la existencia de auténticos infiernos laborales en numerosos talleres clandestinos en Marruecos con pésimas condiciones de trabajo. Por otro lado, un reportaje del periódico The Guardian ha revelado las deplorables condiciones de trabajo en las obras para albergar el mundial de futbol de 2022 en Qatar. La publicación indica que han muerto más 6.500 trabajadores en accidentes laborales en dichas obras. Se señalan las caídas en altura o asfixia como algunas de las causas.
Otro informe de Human Rights Watch6/realizado entre enero de 2019 y mayo de 2020 ha denunciado los numerosos abusos empresariales que se cometen contra los trabajadores migrantes (de países como Uganda, Filipinas, Bangladesh, Nepal, India o Kenia) en Qatar en labores relacionadas con la preparación de los mundiales. Concretamente denuncian incumplimientos de normas laborales y retrasos en el pago de salarios. En el informe expone el caso de un trabajador de Kenia, que pidió un préstamo a un interés del 30% para pagar a un agente de contratación la cifra de 1.173 dólares a cambio de que le consiguiera un trabajo de 329 dólares en Qatar con jornada de 8 horas. Pero pasaron meses sin que le ofrecieran el trabajo prometido, y finalmente empezó trabajando 14 horas diarias por 228 dólares de salario. El trabajador denunciaba que otros de sus compañeros eran también estafados y explotados de esta manera. En este sentido es habitual que el trabajador llegue a Qatar ya endeudado, antes de trabajar y cobrar. En el informe se relata el caso de una trabajadora filipina que hacia turnos de 12 horas, estando recluida en el alojamiento de la empresa, con el pasaporte retirado y teniendo prohibido salir salvo para trabajar. Pese a que su contrato estipulaba 494 horas por 8 horas de jornada, trabajaba 12 horas al día por 357 dólares sin compensar las horas extra. Además, los trabajadores y trabajadoras relataban que el primer salario era retenido en concepto engañoso de “depósito de seguridad”. Human Rights Watch hablo con 93 trabajadores y todos relataban algún tipo de abuso empresarial en forma de largas jornadas, malas condiciones de trabajo, impagos, retenciones de salario, pagos inferiores a lo estipulado en contrato, horas extras no pagadas, practicas de contratación engañosa, estafas, etc.
Amnistía Internacional ha pedido a la FIFA que intervenga para exigir a Qatar que ponga fin a los abusos laborales contra los trabajadores. En su web han publicado un informe titulado “Los migrantes construyen un moderno estadio para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar sufren abusos y explotación… mientras la FIFA obtiene enormes beneficios”7/. Han detallado ocho formas de explotación contra los trabajadores. La primera de ellas “elevadas comisiones de contratación” y ponen el ejemplo de un trabajador de Bangladesh que pidió un préstamo de 4.000 dólares para pagar a un agente de contratación. La segunda es las “terribles condiciones de vida” a causa del hacinamiento y falta de higiene. La tercera consisten en “mentiras sobre el salario”, en donde incluyen el testimonio de un jardinero, quien expone que “El gerente sólo dijo: ‘Me da igual lo que te hayan dicho en Bangladesh. Cobrarás este sueldo y nada más. Si sigues protestando les diré que cancelen tu visado y te manden de vuelta a casa”. La cuarta forma de explotación denunciada por Amnistía Internacional es el “retraso en el pago de salarios”, recogiendo el testimonio de un obrero nepalí en el estadio de Jalifa, que explica “Mi familia se ha quedado sin techo y a dos de mis hijos pequeños los han sacado de la escuela […] Cada día estoy en tensión, no consigo conciliar el sueño. Es una tortura para mí”. La quinta es la de “No poder abandonar el estadio ni el campamento”. La sexta se ilustra con que “no podemos salir del país ni de cambiar de trabajo”. La séptima es la de “ser amenazados”, recogiendo un testimonio de un trabajador denunciado que fue “Fui a la oficina de la empresa, le dije al gerente que quería irme a mi casa [en mi país] porque siempre recibía la paga con retraso. Me dijo a gritos: ‘Sigue trabajando o no te irás nunca’”. La octava y última forma de explotación denunciada es el “trabajo forzoso”.
Además, Amnistía Internacional también ofrece datos espantosos sobre millones de dólares que están ganando empresas y subcontratistas concretos en Qatar. Se evidencia por tanto que los entornos laborales lamentables, insanos y deplorables no son fenómenos exclusivos del siglo XIX, sino que también existen en el año 2021.
Si miramos la situación laboral en España, nos encontramos que en 2020 pese al parón económico a causa de la pandemia y el aumento del teletrabajo, los accidentes laborales mortales aumentaron un 2%, pese a que los registrado in itinere se han reducido un 26,1%. El año pasado 780 trabajadores murieron a causa de un accidente laboral. Hablamos de la cifra más alta desde 2009, año en el que murieron 831 trabajadores. Los siniestros mortales durante la jornada han aumentado un 9,8%. Tanto que se habla de los autónomos, reduciendo el problema exclusivamente a la fiscalidad, vemos que en 2020 se produjeron 30.398 accidentes laborales entre este colectivo aumentaron los accidentes laborales de trabajadores autónomos en un 31%8/. En 2021 también encontramos malas noticias: solo en enero han muerto 48 trabajadores. El pasado 25 de enero murieron ahogados tres trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Badajoz9/. El pasado mes de febrero moría un trabajador de Deliveroo en un accidente laboral en Madrid10/. El 16 de marzo murieron dos albañiles en las obras de la Torre de Zaragoza. En general, hablamos de una situación alarmante, con datos espantosos y a su vez escasamente conocidos, por lo que queda mucho trabajo por hacer a nivel de concienciación social. La escasa sensibilidad de esta lacra evidencia de nuevo la imperiosa necesidad y prioridad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Hoy sigue siendo necesario luchar colectivamente por trabajos decentes, estables y de calidad en un entorno laboral seguro y saludable.
Raúl Navas es delegado sindical de CGT.
Notas
1/“Al menos 120 muertos en el incendio de una fábrica textil en Bangladesh”. El País, 25/11/2012.
2/“La tragedia en Bangladesh destapa los talleres de la miseria”. El Mundo, 26/04/2013
3/Olazabal, V “Cinco años del derrumbe del Rana Plaza: logros y cuentas pendientes en la industria textil de Bangladesh”. El Mundo, 24/04/2018.
4/Vidal Liy, M “Hallados muertos nueve de los mineros aún atrapados en China”. El País, 25/01/2021.
5/Peregil, F “Mueren electrocutados al menos 28 obreros de un taller textil clandestino en Tánger a causa de las lluvias”. El País, 08/02/2021.
Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI
Cualquier transformación social tiene su origen en otra manera de mirar y entender la realidad. Hoy en día, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades sociales son inmensas, escandalosas, mucho mayores de lo que observamos a simple vista, de lo que queremos ver o incluso de lo que podemos imaginar. Para ver esa otra realidad necesitamos buena información y mucha reflexión, y eso es difícil. Solo con capacidad crítica, tiempo y esfuerzo se aprende a mirar mejor y entender lo oculto, lo invisible. En un tiempo de inmoralidad y barbarie donde el pragmatismo todo lo invade, la codicia es omnipresente, se idolatra al dinero, se manipula la información, se falsea la historia y donde casi todo se maquilla, es preciso preservar el sentido del horror y de la realidad. Es preciso comprometerse con el derecho a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. No caben excusas, nos va en ello nuestra salud. El objetivo de este artículo es presentar algunas de las principales claves, a menudo invisibles, que caracterizan a la peor epidemia de nuestro siglo: la desigualdad en salud.
La desigualdad en salud, la peor epidemia
En las ventanas del alma, que son los ojos, se expresa lo más íntimo del ser humano. Cuando nuestra mirada es capaz de percibir las condiciones de vida y trabajo, los rostros de dolor, el sufrimiento y la lucha de las personas y de los pueblos, mirar es comprender. Pero además, necesitamos cuantificar la magnitud de lo que estamos viendo y las cifras reflejan dramas colectivos: hoy en día una niña recién nacida en Suecia puede vivir 43 años más que una niña nacida en Sierra Leona. Pero esa muerte desigual no se produce solo entre Suecia y Sierra Leona, sino entre un puñado de países ricos y Malí, Haití, Mozambique, Uganda, Nepal, Bangladesh… La desigualdad se produce, sobre todo, entre los países ricos, «sobredesarrollados[1]», y las más de 2.000 millones de personas que viven en los países más pobres del planeta. En los países «en desarrollo», que mejor habría que llamar «países arrollados por el desarrollo ajeno[2]», aproximadamente el 40% de los infantes de dos años tienen una estatura menor de la que les corresponde y las tasas de mortalidad materna son, en promedio, 30 veces las de los países ricos. El riesgo de que una mujer sueca muera durante el embarazo o el parto es de uno entre 17.400, mientras que el de una afganesa es de uno entre ocho. En Uganda, 200 de cada 1.000 niños nacidos en los hogares más pobres morirán antes de su quinto cumpleaños mientras que en los países ricos solo morirán siete de cada 1.000. También en los adultos hay claras desigualdades: la probabilidad de morir entre los 15 y 60 años es más de diez veces superior en Lesoto, al sur de África, que en Suecia. En Australia los varones indígenas viven unos 17 años menos como promedio que aquellos de origen no indígena[3].
El impacto que hechos como estos tienen sobre la salud pública del planeta es gigantesco. Si todo el planeta consiguiera alcanzar el nivel de mortalidad infantil que hoy tiene Islandia (el más bajo del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de más de 11 millones de niños. Tres datos sirven de referencia para valorar la importancia de este hecho: en el año 2002 murieron más de un millón y medio de personas de tuberculosis, más de un millón de malaria y casi tres millones de sida. Si cada civilización crea sus propias enfermedades y sus propias epidemias, la enfermedad más importante de nuestra época, su epidemia más devastadora, no es la tuberculosis, la malaria, o el sida, sino la desigualdad de la salud.
Países relativamente ricos como Rusia, Hungría y otros países del este de Europa tienen una esperanza de vida 10 años menor que la de países como Suecia o Japón[4]. Entre los países menos desarrollados, Costa Rica y Cuba tienen 10 años más de esperanza de vida que Perú, 20 años más que Haití y 30 años más que Angola[5]. Estas cifras promedio de cada país esconden a su vez enormes desigualdades internas. En un mismo país hay regiones o barrios donde viven personas con niveles de riqueza y riesgos de tipo social, ambiental o personal para la salud muy distintos según cual sean su clase social, género o etnia. Y los países ricos no están en absoluto exentos de desigualdad. Las áreas más pobres de la ciudad escocesa de Glasgow tienen una esperanza de vida 28 años menor que las zonas más ricas de esta ciudad[6]. Un hombre, con estudios universitarios, con un trabajo estable como profesional, que tiene apoyo familiar y social, y que vive en un barrio acomodado, no solo tiene mayores recursos sino también una probabilidad mucho mayor de tener un mejor nivel de salud que una mujer emigrante, negra, sin estudios, desempleada, sin apoyo social ni familiar, y que vive en un barrio marginado de la misma ciudad. En general, la desigualdad afecta sobre todo a los grupos más explotados, oprimidos o excluidos de la sociedad que además, suelen vivir en los barrios más pobres y marginados sufriendo un proceso de desigualdad múltiple. Entre los grupos sociales más afectados destacan los trabajadores y trabajadoras más pobres, las clases sociales más explotadas, las mujeres pobres desempleadas que viven solas con sus hijos, los desempleados sin recursos, o los inmigrantes ilegales más pobres a quienes se les niega el trabajo, o las personas sin techo o en situación de grave marginación social.
Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra, el país que produce un tercio de la riqueza mundial, es también uno de los 27 países más adelantados en ampliar las desigualdades. Cerca de una de cada diez familias es pobre, uno de cada cinco habitantes es analfabeto funcional y los servicios de salud de gran parte de la población están hechos añicos: casi 44 millones de personas (8,5 millones de niños), el 15% de la población del país, no tienen seguro médico. Algunos condados del estado de Dakota del Sur tienen, en promedio, 12 años menos de esperanza de vida en los hombres y 17 en las mujeres que en Minneapolis o Utah[7]. Si las tasas de mortalidad de la población de raza negra durante la década de los noventa hubieran sido iguales a las de raza blanca se hubieran evitado cerca de 900.000 muertes. En el barrio de Harlem, en el norte de Manhattan (Nueva York), viven alrededor de 115.000 personas, un 40% de las cuales son pobres, y la mayoría son negros. La peor salud de los habitantes de Harlem ha sido estudiada desde hace tiempo. Hace más de una década dos médicos del Harlem Hospital señalaron que las tasas de mortalidad de los jóvenes de Harlem sextuplicaban a las del promedio de los jóvenes de Estados Unidos y mostraron que es menos probable que los negros de Harlem llegaran a los 65 años que los habitantes de un país tan pobre como Bangladesh[8]. Es revelador constatar que ser pobre y vivir en una zona rica puede ser más dañino para la salud que ser aún más pobre pero vivir en una zona pobre. Aunque menos visibles que la pobreza medida en valor absoluto, las desigualdades sociales dañan profundamente nuestra salud.
La desigualdad en salud tiene varias caras
Desde muy antiguo sabemos que la pobreza afecta a nuestra vida y a nuestra salud. Los pobres enferman en mayor proporción y mueren antes que quienes son más ricos. No obstante, en otros casos no tan extremos, las cosas no parecen tan evidentes. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la salud de quienes solo son «un poco» pobres?, ¿cuál es la salud de los ciudadanos que poseen un nivel de riqueza y bienestar material medio en comparación con quienes poseen el nivel más elevado? Para contestar a esas preguntas no basta el sentido común. Comprender las relaciones existentes entre la desigualdad social y la desigualdad en la salud es algo mucho más complejo que el simple hecho de constatar la enorme diferencia en la riqueza o la muerte existente entre los individuos y grupos que están en los extremos de la escala social, o entre las naciones o áreas geográficas muy ricas o muy pobres. Tres décadas de abundante investigación científica han permitido sacar a la luz cinco elementos clave de la desigualdad en la salud: las desigualdades son enormes, graduales, crecientes, adaptativas e históricas.
La salud de quienes están mejor socioeconómicamente y quienes viven en las áreas más privilegiadas de los países o las ciudades es mucho mejor que la de la población más desfavorecida. De hecho, las diferencias en la probabilidad de morir entre las clases sociales extremas son tan grandes que superan en magnitud a las producidas por el tabaquismo, el factor de riesgo para la salud más estudiado durante la segunda mitad del siglo XX[9]. En Gran Bretaña, un número muy amplio de estudios ha mostrado las desigualdades entre clases sociales. Por ejemplo, los profesionales y directivos tienen casi diez años más de esperanza de vida al nacer que los trabajadores manuales[10]. Si las clases sociales británicas más pobres tuvieran las mismas tasas de mortalidad de las más ricas cada año podrían evitarse 42.000 muertes en el grupo de población de 16 a 74 años[11].
Las desigualdades se extienden a lo largo de toda la escala social. A medida que descendemos en la escala social, en el nivel de riqueza o en la educación, la salud de las personas también empeora progresivamente. Las implicaciones sociales y políticas de este descubrimiento son muy importantes. En realidad, a mayores ventajas socioeconómicas, mayor esperanza de vida y mayores niveles de salud. En Estados Unidos, un estudio que analizó 300.000 hombres de raza blanca según su nivel de ingresos familiar, mostró un gradiente en el nivel de mortalidad en 11 de 12 categorías estudiadas: a menor renta, mayor mortalidad[12]. El mismo gradiente se ha apreciado también en la apreciación de nuestra propia salud (estado de salud autopercibido), la obesidad, el nivel de colesterol y de glucosa en sangre, o en la exposición a factores de estrés existentes en el medio laboral como la realización de un trabajo poco variado o tener un bajo control en el lugar de trabajo[13]. Así pues, personas sin grandes necesidades materiales o personales y sin especiales riesgos para la salud mueren antes y enferman más que aquellas que están situadas inmediatamente por encima en la escala social. Aunque la investigación científica no ha logrado aclarar aún con detalle sus causas últimas, hay acuerdo en una cosa: existe algo intrínseco en la jerarquía y en la desigualdad social que daña la salud[14].
Si todo el planeta alcanzase el nivel de mortalidad infantil que hoy tiene Islandia (el más bajo del mundo en 2002), cada año podría evitarse la muerte de más de 11 millones de niños
Aunque durante el siglo XX las tasas de mortalidad de los países (especialmente la de los ricos) se redujeron notablemente, las desigualdades en mortalidad por clase social entre los países y entre las clases sociales han aumentado[15]. Por ejemplo, al comparar hombres de mediana edad de las clases manual y no manual en Finlandia, el riesgo de morir creció desde 1,6 (60% mayor) en 1980-84 hasta casi 2 (el doble) en 1990-94. La sociedad cambia, las enfermedades varían y los servicios sanitarios mejoran, pero el gradiente en diferencias de salud injustas y evitables persiste o aumenta[16].
Los grupos sociales más privilegiados se benefician antes y en mayor proporción de las acciones e intervenciones sociales y sanitarias dirigidas a mejorar la salud. Ya sea en el uso de los servicios de planificación familiar, en las pruebas de detección precoz del cáncer de mama o en el uso de los servicios sanitarios. Es más, con frecuencia funciona la llamada «ley inversa de atención sanitaria». Es decir, el uso y calidad de la asistencia sanitaria varía en sentido inverso a las necesidades de la población[17]. A mayores necesidades, menor y peor atención. Un ejemplo de esa ley es la exportación del tabaquismo desde los países ricos hacia los países más pobres y el trasvase de esa adicción hacia los estratos más bajos en la escala social. Las agresivas campañas de las empresas tabacaleras, aunque con frecuencia sutiles, con su promoción en los países pobres, y la defensa de la «libertad individual» en los países ricos, han ayudado a descubrir y mantener el hábito de fumar a los más de 1.100 millones de fumadores del planeta. Mientras que en los últimos 40 años el consumo de tabaco se ha reducido a la mitad en los países ricos, en los países pobres, con China a la cabeza, el consumo se ha duplicado. Hoy el 80% de fumadores vive en los países pobres.
La historia nos ayuda a entender que la aparición de la desigualdad en salud no es fija ni inevitable. La esperanza de vida al nacer ha aumentado durante el siglo XX debido sobre todo a un rápido descenso de las tasas de mortalidad materno-infantil, la infancia y la primera etapa de la edad adulta. Los principales determinantes de esa mejora hay que buscarlos en el desarrollo económico, la mejora en las condiciones de vida, y la puesta en práctica de medidas de salud pública.
La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud
A principios del 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CSDH), con el propósito de recoger y resumir la información científica disponible sobre cómo factores sociales como las relaciones de empleo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, o el desarrollo infantil generan desigualdades de salud en el mundo entero y generar recomendaciones políticas para su reducción.
Dirigida por el epidemiólogo británico de origen australiano Michael Marmot, la comisión se constituyó a partir de científicos, políticos, expertos y miembros de la sociedad civil. Junto a un amplio grupo de comisionados del mundo de la política y la ciencia, entre los que se incluye el expresidente de Chile Ricardo Lagos, el senador italiano Giovanni Berlinguer y el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, en el proceso de generación de información, jugaron un papel muy importante las redes de conocimiento o grupos de investigación que realizaron el trabajo de resumir el conocimiento científico disponible (como las relaciones de empleo y trabajo, la globalización, los servicios sanitarios, la exclusión social, el género, el ambiente urbano, o el desarrollo infantil). En agosto de 2008 se publicó el informe «Reducir la Desigualdad en una generación: equidad en salud a través de la acción sobre los determinantes sociales de la salud», donde se reflejan las principales conclusiones y recomendaciones políticas de la comisión.
En el informe se documenta ampliamente el hecho de que la desigualdad en salud es la principal «enfermedad» que asola nuestro planeta y también muestra con claridad cómo los países más ricos tampoco están libres de la desigualdad en salud. Además, destaca también el hecho de que las causas fundamentales de la desigualdad en salud no se encuentran en factores biológicos o genéticos, los «estilos de vida», los servicios de salud o, incluso, en la riqueza general del país.
Hay muy pocas enfermedades «puramente» genéticas y estas afectan a un porcentaje de población muy pequeño. La predisposición genética casi nunca produce efectos inevitables. Además, los factores biológicos interactúan constantemente con el ambiente y una desventaja inicial genética puede ser habitualmente compensada mediante un cambio social.
Las conductas relacionadas con la salud o los mal llamados «estilos de vida» no provienen de elecciones puramente personales y «libres»
Las conductas relacionadas con la salud o los mal llamados «estilos de vida» no provienen de elecciones puramente personales y «libres». Tres cuartas partes de la humanidad (unos 4.500 millones de seres humanos) no disponen de la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo para la salud. Así pues, la salud no la elige quien quiere sino quien puede.
Aunque importantes, tampoco los servicios sanitarios constituyen el factor fundamental que genera desigualdades en salud. Se ha podido documentar, por ejemplo que, desde mediados del siglo XIX la mortalidad en Inglaterra y Gales disminuyó debido, sobre todo, al control de enfermedades infecciosas mediante intervenciones sanitarias y personales como la mejora de la nutrición, el control higiénico del agua y los alimentos, y la limitación en el crecimiento de la población debido a los cambios en las prácticas reproductivas[18][19]. Ello ocurrió décadas antes de que existieran tratamientos médicos o vacunas efectivas.
Los múltiples estudios científicos recogidos por la Comisión muestran como, en comparación con las personas que tienen más riqueza, educación y poder, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son quienes tienen a la vez los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales, y servicios de salud que, finalmente, se manifiestan en un peor estado de salud. Entre los factores sociales la Comisión destaca las malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, el no poseer una vivienda digna y bien acondicionada, el no disponer de agua limpia, la falta de protección y servicios sociales, o el no tener los recursos económicos, educativos y las oportunidades necesarias para llevar una vida saludable como tienen las personas en mejor situación económica, cultural o política. La combinación «tóxica» de factores sociales daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo que a su vez dañan la biología, generan enfermedad y aumentan el riesgo de fallecer. Así pues, el origen de la desigualdad en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos que anteceden a la generación de causas como las citadas entre y dentro de los países. Es lo que la Comisión ha denominado, las «causas de las causas» de la enfermedad y la desigualdad. Es decir, de la desigual distribución en el poder económico y social existente entre y dentro de los países que condiciona las políticas sociales y económicas que a su vez influye en la salud de las personas.
La Comisión y la publicación de los distintos trabajos que se han realizado suponen un importante paso para la salud pública global, comparable a los primeros documentos de la OMS sobre los efectos nocivos del tabaco o la conferencia de Alma Ata sobre salud primaria. El informe de la Comisión representa una oportunidad única para lograr que muchos millones de personas conozcan por vez primera este tema y que salgan a la luz tres puntos esenciales: que existe un fenómeno de salud pública muy importante llamado «desigualdad en salud»; que este se produce fundamentalmente por causas económicas y políticas; y que podemos actuar políticamente para cambiar esa realidad. No obstante, el informe no cubre temas de tanta importancia como adentrarse en los problemas del capitalismo neoliberal, la desigualdad de clase como motor del crecimiento capitalista, el papel del imperialismo, o las alternativas socialistas en América Latina, entre otras ausencias notables.
La combinación «tóxica» de factores sociales daña la salud de las personas en peor situación social y empeora también otros factores de riesgo que a su vez dañan la biología
La Comisión plantea oportunidades estratégicas para generar una agenda local y global que ayude a formular, planificar y poner en marcha políticas y programas sobre los principales determinantes sociales relacionados con la salud a corto, medio y largo plazo. Hay que aumentar la igualdad social con un reparto más equitativo de la riqueza y una redistribución más igualitaria del poder internacional. Las intervenciones tienen que ver con la mejora de las condiciones de empleo y trabajo, la situación de los inmigrantes, las condiciones que afectan al desarrollo infantil, las desigualdades de género, o los problemas de vivienda y exclusión social, entre otros. También se requiere disponer de políticas fiscales que redistribuyan la riqueza de forma mucho más igualitaria, de políticas sociales que disminuyan drásticamente el desempleo, la precariedad laboral y la exclusión social y, también, políticas que incrementen el acceso y calidad de la educación, la vivienda, y los servicios sanitarios entre quienes más lo necesitan. Sin embargo, dado que las desigualdades de la salud persisten incluso en aquellas sociedades que poseen la menor desigualdad de renta, la mejor educación pública, y el más elevado nivel de salud pública y de servicios sanitarios, todo hace a pensar que sin transformar la estructura económica y política a nivel nacional e internacional, es decir las desigualdades de poder y de recursos económicos que atenazan al planeta, no parece que sea posible reducir las desigualdades en salud.
La reducción de la desigualdad en salud debería constituir una prioridad en la agenda política de cualquier gobierno y administración pública. Para lograrlo habrá que cambiar drásticamente muchas de las prioridades políticas y económicas actuales e, inevitablemente, hacer frente a los poderosos intereses que hoy generan la desigualdad social.
La red de condiciones de empleo y trabajo
Entre los factores más importantes que conforman la posición social se deben considerar las condiciones de trabajo y empleo. El trabajo es el medio de subsistencia de las personas. Las personas trabajan dentro o fuera de sus casas, con o sin contrato laboral y en condiciones saludables o peligrosas. Los factores relacionados con las condiciones de trabajo, es decir las tareas y funciones que los trabajadores realizan en un determinado puesto de trabajo o bien los aspectos materiales del trabajo, las condiciones físicas, químicas, biológicas y ergonómicas y los factores psicosociales, han recibido una gran atención y se reconocen como determinantes sociales de la salud y de las desigualdades en salud. Sin embargo, no se puede decir lo mismo en el caso de las condiciones de empleo. Esto ocurre principalmente por la confusión entre los conceptos de trabajo y empleo. Para distinguir bien estos dos conceptos, se puede pensar en el siguiente ejemplo: dos personas pueden realizar el mismo trabajo en la misma empresa, compartir las mismas condiciones de trabajo, pero no obstante, trabajar bajo distintas condiciones de empleo. El primer trabajador puede ser un empleado directo y permanente de la empresa, mientras que el segundo es un trabajador temporal contratado por un empleador externo. En este caso, existen tres diferencias potenciales en cuanto a las condiciones de empleo. Primero, el primer trabajador tiene un contrato permanente mientras que el segundo tiene un contrato temporal o ningún tipo de contrato. Segundo, el primer trabajador puede estar cubierto por el sistema de la seguridad social, con derecho a baja laboral, subsidio de desempleo y cotización para la jubilación, mientras que el segundo recibe una cobertura parcial o nula. Finalmente, el primer trabajador puede formar parte de un sindicato, mientras que el segundo no tiene ninguna opción de ser representado o participar activamente en él.
Para tratar estos temas, a petición de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, se creó la red de conocimiento en condiciones de empleo (EMCONET), con el objetivo de ayudar a desarrollar modelos y medidas para esclarecer cómo diferentes condiciones de empleo y trabajo afectan a la salud de los trabajadores. En el informe, que se encuentra disponible en Internet y que en breve será publicado y actualizado en un libro, se ofrece una descripción global y el análisis de las condiciones de empleo y las desigualdades en salud. Además, se identifican políticas e intervenciones a nivel comunitario, efectivas para reducir las desigualdades en salud.
El primer resultado de EMCONET se resume en un glosario donde se definen una serie de términos que ayudan a entender las diferentes condiciones de empleo y ejes de desigualdad. Como se comentó anteriormente, las condiciones de empleo, se entienden como aquellas condiciones o circunstancias en que la persona se ve envuelta en su trabajo u ocupación y normalmente tiene que ver con el acuerdo o la relación entre empleado y empleador. En este sentido se consideran las siguientes condiciones de empleo: empleo estándar, permanente o a tiempo completo, desempleo, empleo precario, empleo informal, trabajo infantil, y esclavitud. Se define también el término de empleo justo que engloba una perspectiva de salud pública en la que las relaciones justas de empleo son un prerrequisito para reducir pobreza, mejorar la salud y reducir las desigualdades en salud. Este implica libertad de coerción, seguridad del trabajo, salario justo, protección del trabajo y beneficios sociales, respeto y dignidad en el trabajo, participación en el trabajo, enriquecimiento y falta de alienación. Estos términos se analizan a través de lo que se denomina ejes de desigualdad, que permiten hacer visible la desigualdad en cada una de las condiciones de empleo consideradas. Se consideran ejes de desigualdad el género, la edad, la etnia, el estado migratorio, la clase social y la localización geográfica.
Los niños trabajadores de la Costa de Marfil, los desarmadores de barcos en el sur de Asia o las maquiladoras de centro América, los pescadores del lago Tanzania, son algunos ejemplos de la situación de precariedad en la viven y trabajan millones de personas en el mundo. Y las cifras que se derivan son realmente alarmantes. Por ejemplo, que, en la actualidad, 190 millones de personas en el mundo (alrededor del 30% en los países en desarrollo y de 4 a 12% en los países desarrollados) están desempleados y que las mujeres, los jóvenes, los de menor educación y los trabajadores manuales son los más probables a ser desempleados. Por otro lado, alrededor de 550 millones de personas trabajan en situación de precariedad. La precariedad se manifiesta en cifras extremadamente altas en los países subsaharianos, por ejemplo, Sierra Leona, Liberia o Uganda presentan más del 80% de trabajadores en situación de precariedad. Por otro lado, se estima que el 25% de la población trabaja en situación de informalidad. La economía informal en países pobres afecta al 50-75% de los trabajadores, excluyendo aquellos que están empleados en la agricultura. Una cifra que tampoco puede pasar desapercibida es que 218 millones de niños en el mundo trabajan y 126 se ven envueltos en trabajos de riesgo. Alrededor de 2,5 millones se encuentran en países desarrollados, mientras que en países en vías de desarrollo el porcentaje de niños trabajadores oscila entre el 4% y el 67%. Igualmente alarmantes son los datos relacionados con distintas formas de trabajo esclavo o forzado que persisten en la actualidad: entre 12-28 millones de personas en el mundo trabajan en condiciones de esclavitud (alrededor de un 20% se relaciona con el tráfico de personas). Las mujeres y niñas son las víctimas más frecuentes del trabajo esclavo (56%) y de la explotación sexual (98%).
Estas cifras reclaman acciones inmediatas para mejorar la vida de millones de personas. EMCONET recoge en su libro algunos ejemplos de intervenciones para mejorar las condiciones de empleo y reducir las desigualdades en salud, principalmente a nivel político. Se describen también algunas alternativas, como la creación de cooperativas en Venezuela, Argentina y Brasil. En este sentido es importante destacar la participación de los movimientos sociales.
A modo de conclusión
La desigualdad social daña nuestra salud en forma desigual. Hemos visto cómo la desigualdad en salud es el resultado de la acumulación de efectos producidos por las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan a la población.
Un determinante fundamental de la equidad de la salud es tener mayor justicia. Y para ello hace falta aumentar la igualdad social con un reparto equitativo de la riqueza y una redistribución igualitaria de los beneficios que favorezca a quienes menos tienen. No es posible reducir las desigualdades en salud sin transformar la organización, la estructura socio-política y las desigualdades de poder que atenazan al planeta.
La actual globalización capitalista ha ensanchado las desigualdades sociales y de salud hasta extremos jamás conocidos en la historia. Hoy en día, se estima que entre un 10% y un 20% de la población mundial vive con un nivel material muy elevado y un gasto de recursos excesivo, para lo cual deben a la vez explotarse y protegerse de quienes no tienen o tienen muy poco. Un poder tan desigual beneficia o daña muy desigualmente la salud de las gentes de modo que el bienestar y la salud de unos pocos se alimenta del sufrimiento y la mala salud de la mayoría. Detrás de la actual globalización neoliberal lo que está en juego es la salud y el bienestar de las personas.
En el siglo XXI, es preciso un compromiso real, personal y colectivo, con el derecho a la prevención de la enfermedad, y a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. Ello requerirá hacer frente a intereses muy poderosos, cambiar de forma drástica las prioridades sociales y económicas e incluso cambiar los sistemas políticos y económicos actuales. Nos vale en ello la salud de todos.
4. Martin Bobak, Michael Marmot, «East-West mortality divide and its potential explanations: proposed research agenda», BMJ, 312, 1996, pp. 421-425.
5. Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, Banco Mundial, Madrid, 1993.
6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano, Ediciones Mundi-Prensa, Barcelona, 2000.
7. Cristopher J. L. Murray, Catherine M. Michaud, Matthew T. McKenna, James S. Marks, U.S. Patterns of Mortality by County and Race: 1965-1994, U.S. Burden of Disease and Injury Monograph Series, Harvard School of Public Health and Centers for Disease Control and Prevention, Cambridge and Atlanta, 1998.
8. Colin McCord, Harold P. Freeman, «Excess Mortality in Harlem», New Engl J Med, 1990, 322, pp. 173-177.
9. Marcia Angell. «Privilege and health – What is the connection?», N Engl J Med, 1993, 329, 2, pp.126-127.
10. Lin Hattersley, «Trends in life expectancy by social class: an update», World Health Stat Q, 1999, 2, pp.17-24.
11. Íbidem.
12. George Davey Smith, James D. Neaton, Deborah Wentworth, Rose Stamler, Jeremiah Stamler, «Socioeconomic differentials in mortality risk among men screened for the Multiple Risk Factor Intervention Trial. I. White men», Am J Public Health, 1996, 86, pp. 486-496.
13. Michael Marmot, George Davey Smith, Stephen Stansfeld S, et al., «Health inequalities among British Civil Servants: The Whitehall II study», Lancet, 1991, 337, 1387-1393.
14. Robert G. Evans, Morris L. Barer, Theodore R. Marmor (coord.), Why are some people healthy and others not?, Aldine De Gruyer, New York, 1994.
15. Michael Marmot, Martin Bobak, George Davey Smith. «Explanations for Social Inequalities in Health», en Benjamin C. Amick III, Sol Levine, Alvin R. Tarlov, Diana Chapman (coord.): Society & Health, Oxford University Press, New York, 1995.
16. Zosia Kmietowicz, «Gap between classes in life expectancy is widening», BMJ, 2003, 327, p. 68.
17. Julian Tudor Hart, «The Inverse Care Law», Lancet, 1971, i, pp. 405-412.
18. Thomas McKeown, R. G. Record, R. D. Turner, «An interpretation of the decline in mortality in England and Wales during the twentieth century», Population Studies, 1975, 29, pp. 391-422.
19. René Dubos, El espejismo de la salud, Fondo de Cultura Económica, México, 1959 (Traducción de José Ramón Pérez).
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