Privación de Libertad

Olvidados y excluidos

David Calderón

Por: Méxicanos Primero- David Calderón

A pesar de la dedicada labor de años para acompañar la reinserción desde organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes internos en México ven su derecho a la educación agraviado sistemáticamente.

En México, alrededor de 11,000 menores de edad legal están en conflicto con la ley. De ellos, alrededor de 2,800 se encuentran en internamiento.

A pesar de la dedicada labor de años para acompañar la reinserción desde organizaciones de la sociedad civil -lo que resulta un muy meritorio complemento y hasta mitigación por lo que no se logra hacer desde las estructuras del Estado- los jóvenes internos en México ven su derecho a la educación agraviado sistemáticamente.

Como hemos explicado en nuestro último libro, Tod@s, la inclusión no es sólo una característica deseable de la educación: el hecho es que sin inclusión no hay verdadera educación. La calidad de la educación se mide por la inclusión. Un sistema educativo cumple su cometido si logra que todas y todos estén en la escuela, aprendan en ella y participen en sus propios procesos de formación. Nosotros, la generación adulta, le fallamos a la generación joven cada vez que no se logra la inclusión plena y para todos.

Los adolescentes que cumplen medidas de privación de la libertad llegan al internamiento con rezagos y bloqueos en su trayectoria educativa. En el último estudio disponible, realizado por UNICEF, se estima que alrededor de la mitad de los internos adolescentes llegan con rezago educativo grave[1].

Es decir, no supimos –en su momento- hacer de la escuela el espacio de su desarrollo. Sus familias, sus escuelas, su vecindario, la sociedad en general no logró mantenerlos en curso. Aquellos que cumplen medidas en privación de libertad se vieron envueltos en situaciones criminales graves, y su discernimiento y situación emocional tienen desafíos enormes.

Pero entonces su internamiento -en lugar de servir como espacio de una educación más plena y favorecer su reinserción, como es su derecho- les condena al rezago educativo, y con ello a que permanezcan o hasta se agraven las razones y motivos que están detrás de las conductas antisociales que los llevaron a ser procesados por el sistema de justicia.

Ya no son sus familias quienes llevan la tutela principal de sus derechos; es el propio Estado mexicano, las autoridades, quienes son responsables de su educación. Esos jóvenes internos no pueden salirse de la instalación, así que ya no pueden faltar a clases. Ya se conoce su complicada condición de conducta, y ya no se puede decir que no se cuenta con un diagnóstico para su desarrollo socioemocional. ¿Y entonces?

Entonces están olvidados y excluidos. Las autoridades educativas y penitenciarias no están haciendo todo lo que les corresponde, y eso lleva al efecto indeseado de cristalizar su rezago, de ahondar su exclusión y, en lo que toca a la sociedad, no asegurar que haya elementos para reintegrarse y que no recaigan como víctimas o hasta victimarios en las conductas delictivas.

El que sufran rezago y exclusión educativa mientras están bajo tutela directa de la autoridad es un castigo que no pasó por el debido proceso –como sí fue el caso de la medida dictada por un juez, tras un proceso imparcial, para privarlos de su libertad; este “segundo castigo” –contrario a la ley, a diferencia del primero- es consecuencia del abandono y de una visión superficial e incompleta de los derechos de los jóvenes.

Ante esta violación de derechos, interpusimos una demanda de amparo en contra de las autoridades educativas a nivel federal y local, así como contra de los titulares de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Ciudad de México.

Mexicanos Primero busca que las autoridades educativas cumplan con su mandato de ley y garanticen -en la realidad cotidiana- el derecho que tienen a una educación de calidad todos los adolescentes de una Comunidad de Tratamiento (como se llama a las instituciones donde hay internamiento) en el sur de la ciudad de México: con maestros idóneos, con infraestructura y materiales adecuados, así como con una organización escolar que favorezca el máximo logro de aprendizaje

¿Qué queremos lograr? La demanda buscan lograr que el poder judicial determine cómo se va a restituir, ante la omisión de los encargados, el derecho de los jóvenes, cómo tienen que atender las autoridades la responsabilidad de ofrecer estudios de primaria, secundaria, bachillerato, educación para el trabajo y educación superior a los adolescentes de la Comunidad de San Fernando, siempre con las características de las necesidades educativas especiales que se requieren.

No alcanza, y es una exclusión inadmisible, que las autoridades educativas y penitenciarias, se circunscriban a permitir la presencia ocasional de voluntarios o miembros de servicios frágiles, y que se le dé la vuelta a la situación con certificaciones limitadas del INEA. Es su responsabilidad contar con el diseño, la implementación y la evaluación adecuadas para un servicio de educación especial. Nuestra exigencia a las autoridades, a través del litigio, es que se acabe la chocante contradicción de que se les penaliza extralegalmente con el rezago educativo, justo mientras están bajo la tutela del Estado mismo.

Los adolescentes recluidos tienen derecho a encontrar un proyecto de vida distinto al que tenían antes de su ingreso al centro de reclusión. La sociedad tiene el derecho a esperar que no se va a producir una nueva discriminación contra estos adolescentes, que adicionalmente favorece la posibilidad de una reiterada captura hacia comportamientos antisociales.

Reconocemos y aplaudimos las reformas legales, especialmente la ley de Justicia para Adolescentes y sus equivalentes en los distintos estados del país, y que para hacerla realidad en los juzgados, con especialistas, y con el nuevo sistema acusatorio, se haya destinado para ello una inversión de recursos importante. Pero nos rebelamos ante el hecho de que eso contrasta con las instalaciones carenciadas de los Centros, que ya mereció para la Ciudad de México un Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Informe 1/2017), y que especialmente se haya invertido tan poco tiempo, dinero y talento para una intervención educativa pertinente y de calidad; persiste el olvido y la exclusión educativa que sufren los jóvenes internados como algo que urge superar.

La educación de calidad es un componente imprescindible para lograr la reintegración del sentenciado a la sociedad. No minimizamos la libertad y responsabilidad de los jóvenes internos para que, en sus conductas conscientes y voluntarias hayan cometido los agravios a la sociedad que los llevaron al internamiento. De lo que ahora estamos llamando la atención es que menos aún se puede minimizar la libertad y responsabilidad de los funcionarios para que no se produzca el “segundo castigo” al que nos hemos referido.

Martin Luther King decía que ninguno de nosotros es libre hasta que no lo seamos todos. El derecho a la educación es base de la libertad personal, y más para quien la ha perdido. Con este litigio aspiramos a que se revise la situación educativa de los jóvenes que cumplen medidas en las Comunidades de Adolescentes, no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Ya no pueden seguir olvidados, ya no deben ser excluidos. Aspiramos que este litigio le dé visibilidad a la situación, y nos comprometa a buscar soluciones para los 2,800 internos y también para los otros 8,200 procesados que, en el externamiento, puede que no encuentren una atención estructural y sistemática para su reintegración educativa plena. No puede haber una reinserción exitosa sin educación de calidad. Por eso, nosotros demandamos.

Fuente: http://www.animalpolitico.com/blogueros-aprender-es-mi-derecho/2017/04/26/olvidados-y-excluidos/

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Uganda: Giving hope to prisoners through education

Noticias

África/Uganda/02 de Mayo 2016/Daily Monitor

Resumen: La noticia recopila la experiencia de la Universidad del prisión de Alta Luzira, en la cual se imparte educación a los privados de libertad. Donde se ve la educación como una oportunidad para ser mejores!.

A mute motivational video is projected on the wall. With mechanical concentration, students stare at the slides, silently reading the words.We are in the University Hall of Luzira Upper Prison to attend an ICT lecture. The class has five computers sitting idle at the front.You have to pass through four gates to enter the Boma Section of Upper Prison, and after the third gate, Ocom, my guide, told me I was the only woman there. No female warders are allowed in.

This is a first year class in a certificate course, and today we are learning what columns and rows in Microsoft Excel are.

«On my first day, I was not sure what to expect,» Richard Tumusiime, the lecturer from the Business Computing Department of Makerere University Business School (MUBS), says, adding, «My colleagues did not want to lecture here. The environment is different from the one at MUBS. However, I love helping the disadvantaged.»

Tumusiime always starts his classes with a motivational video or quote. «Those who enrol are self-driven and very attentive. In contrast, at MUBS, students are distracted by their smartphones.»

Inmate beneficiaries

Education is free, and only those with a hunger are attracted to it. Sowedi Mukasa was on death row until four years ago. During that time, he was the headmaster of the secondary school, studied certificate and diploma courses in Entrepreneurship and Small Business Management, and represented himself in court.

«When I was arrested, I was remanded in Katojo Prison in Fort Portal District for two years,» Mukasa says. «With my fellow inmates, I started a school to teach inmates how to read and write.»

When he was sentenced to death, the Senior Six dropout was transferred to the Condemned Section, where he found an established school. Within two and a half weeks, Mukasa was appointed headmaster by the officer-in-charge (OC). «In 2008 because of the number of candidates completing Senior Six, together with our partners we lobbied tertiary institutions to provide us with education.»

David Okiring, a senior welfare officer in charge of rehabilitation, says, «You cannot keep people serving long sentences idle. Our records show that repeat-offending is caused by illiteracy. Some inmates did not want to do carpentry so we started the education programme. We got in touch with a number of universities but only MUBS bought the idea providing tailor-made courses in Entrepreneurship and Small Business Management at certificate and diploma levels.» Currently, the certificate course has 33 inmates, while the diploma course had 54. MUBS courses are only offered at the Upper Prison. None is offered in the Women’s Prison.

Using education to better themselves

In 2009 and 2011, Sowedi Mukasa was a pioneer student in the certificate and diploma courses, respectively. «I was a victim of a miscarriage of justice and because my lawyer was inefficient, I spent 12 years on death row.» In his appeal, the former child soldier requested the Chief Justice for permission to represent himself, and consent was given.

«I read the Penal Code Act and made a write-up with the guidance of fellow inmates. When I made my submissions, the Chief Justice told me to refine it. Later, my sentence was re-heard in the High Court and the death sentence was quashed.»

In 2012, Mukasa began a 33-year custodial sentence. He was transferred to Boma Section and relinquished his position as headmaster though he still teaches. He is now a first year student of Common Law at the University of London, with six more years in prison.

«In 2009, I enrolled for Senior Six. Afterwards, I studied a diploma in Theology, and then joined MUBS for a certificate course.»

While studying the certificate course, he enrolled at the University of London for a diploma in Common Law. He graduated in 2013 and immediately decided to upgrade his certificate to a diploma. Currently, he is in his first year doing a Bachelors in Common Law. He is also a member of the Inmates Human Rights Committee.

«In 2013, I prepared my grounds for litigation, with my lawyer, and my death sentence was mitigated. I’m helping other inmates to prepare their appeals and to ensure their human rights are upheld.»

He also teaches Economics and Divinity at A- Level. He still has four years of his sentence to serve.

«If I am released I intend to enroll at the Law Development Centre or study a postgraduate in Human Rights.»

Picking an interest in law courses

Few years ago, the University of London provided an opportunity for inmates to study for a diploma and Bachelors in Common Law, sponsored by African Prisons Project. «Some prisoners feel they are innocent,» Okiring says, adding, «Accessing legal services is expensive, so if we can expose them to legal knowledge to represent themselves and help others, it is a good thing.» There are three inmates in third year – one woman and two men on death row; and 11 first year students.

Anticipated life outside Luzira

Both Mukasa and Kakuru intend to practice law. «Many former convicts are doing well,» Mukasa says, adding, «So, people should learn to forgive us and forget.» Kakuru says everybody is a potential prisoner. «Some are here on circumstantial evidence, but with such educational programmes, we can add value to ourselves and remain focused.»

Vocational education – carpentry section

Not everyone in upper prison values education. The fourth gate in upper prison opens into the football pitch of Boma A recreation ground. A sea of men in yellow is all you can see. Some are washing clothes, others playing, while the majority seat on verandahs. Beyond the high wall on the right is the Condemned Section. We walk across the pitch and enter the noisy carpentry section, run by Barnabas Munyos. Some carpenters are sanding, some are sewing chair covers, while others are engaged in joinery. «We only take convicts serving five years and above.It takes a novice three months to learn how to handle timber,» Munyos says.

The finished products are displayed at Lugogo Showgrounds, and according to Munyos, government has introduced a system where the inmates earn a small percentage of the sales. Independence Kajarugokwe, a farmer, is serving a 20-year sentence. I found him applying white paste to a wooden tray. «When I came here in 2011; I knew nothing about carpentry and now, I’m an expert. I plan to become a carpenter when I’m released.»

Andrew Ddungu was a driver for 10 years but you cannot tell it by the way he expertly handles an industrial sewing machine. «Once I was convicted, to avoid depression, I joined the workshop. I’m getting out in two years but I have not decided what profession I will stick with. An inmate can spend 10 years in this workshop but when he is released, he cannot get employed because people still think he is a criminal. However, if he has startup capital he can open a workshop.»

Some inmates in the workshop are just refining their skills, such as David Okello who makes sideboards, tables and chairs; and Alex Ola, a woodcarver, putting designs on church relics. Both want to open workshops when they leave prison.

The challenges

Much as Uganda Prisons Services is partnering with various institutions, the funds required are enormous. «The education programme has not been formally catered for, so management has to source funds from other activities,» Okiring says. Inmates need stationery and reference literature. Sometimes, 20 students have to share one reference textbook.

«The textbook available may not be the one recommended by the study guide,» Mukasa says, adding, «We study by guess work.» Inmates also carry the psychological weight of abandonment by their families, and suffer depression.

«We are constantly thinking of our wives and children who have lost hope and this distracts us.» Also, it is not easy to convince the public that rehabilitated former inmates are useful to society. «We are good people and we are receiving quality education. Some districts never have first grades in O-Level yet we get four or five in Upper Prison.»

Fuente de la noticia: http://www.monitor.co.ug/Magazines/Life/Giving-hope-to-prisoners-through-education/-/689856/3183074/-/arf52wz/-/index.html

Fuente de la imagen:  http://www.monitor.co.ug/image/view/-/3183084/highRes/1315824/-/maxw/600/-/8f3whh/-/life01pix.jpg

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Niños detenidos. Niños privados de libertad

Noticias

Recuperado el 28 de abril de 2016 / Por: ONG Humanium / Traducido por: Ana Zanettin
Corregido por: María Paba

 

En todo el mundo se envían niños a prisión constantemente. Más de un millón son privados de su libertad de esta forma y, aunque la edad y las condiciones de detención varían según el país, la prisión tiene inevitablemente serias consecuencias y efectos perjudiciales para el desarrollo de los niños y su futuro.

¿Cómo se priva a alguien de su libertad?

Por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado (por medio de una orden judicial, administrativa o de otro tipo) del que no se le permita al menor salir libremente.

Los niños, según el país, pueden ser privados de su libertad por muchas razones:

  • Delincuencia: robo, mendicidad, vagabundeo, etc.
  • Riesgo de delincuencia
  • Delitos: agresión, homicidio, etc.
  • Búsqueda de asilo
  • Discriminación
  • Discapacidades físicas o mentales
  • Al acompañar a sus padres detenidos
  • Protección social
  • Por muchas otras razones

La mayor parte de los niños privados de su libertad se encuentran en prisión preventiva y tienen entre 14 y 18 años. Aunque sea imposible determinar la cantidad exacta de niños privados de su libertad por la falta de estudios, UNICEF estima que hay más de un millón de niños afectados. El porcentaje de niños, entre todos los detenidos, va desde el 0,5 al 30% según el país.

La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe la prisión perpetua para menores. Sin embargo, en Estados Unidos más de 2.500 prisioneros condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra eran menores en el momento de cometer el delito. Algunos tenían apenas 13 años.

Diferentes lugares de detención

Las que siguen son algunas de las instituciones donde los niños pueden resultar privados de su libertad:

  • Comisarías
  • Centros de custodia policial
  • Prisones (incluso prisiones de adultos)
  • Campos de detención temporal de carácter cerrado
  • Campos de trabajo
  • Colonias penales
  • Escuelas especiales de carácter cerrado
  • Reformatorios
  • Establecimientos de educación o capacitación profesional
  • Establecimientos o prisiones militares
  • Centros de internamiento de extranjeros
  • Albergues de carácter cerrado para jóvenes

Las condiciones de detención

Las reglas…

El encarcelamiento o la detención en albergues para jóvenes, ya sea temporal (antes del juicio) o permanente (después de la condena), deberá ser lo más breve posible y tan solo empleada como medida de último recurso cuando no se dispone de otro tipo de solución. Una autoridad competente deberá regular y registrar esta actividad, de manera que se tengan en cuenta los derechos del niño y las necesidades específicas que exijan su edad, sexo y salud física y mental.

Es esencial que se separe a los niños de los adultos, para así garantizar su protección contra influencias nocivas (“contaminación criminal”) y situaciones de riesgo. Según los estudios, los niños encarcelados junto con adultos tienen una probabilidad cinco veces mayor de sufrir acoso sexual y el doble de sufrir abuso físico.

Los niños también tienen derecho a atención médica, educación, y a todo tipo de asistencia que necesiten, ya sea psicológica, física o jurídica. Deberán poder realizar actividades recreativas y, de ser posible, tener la libertad de profesar la propia religión.

Solo podrá hacerse uso de instrumentos de coerción en los casos más excepcionales y la tortura está terminantemente prohibida. Una autoridad competente e independiente deberá estar facultada para efectuar visitas periódicas a los establecimientos de detención con el propósito de verificar que las condiciones de vida de los niños sean adecuadas.

Es importante que los menores tengan una comunicación adecuada con el mundo exterior, sobre todo que reciban visitas de sus familiares y amigos. Ello constituye un tratamiento justo, indispensable para preparar su reinserción en la sociedad cuando sean puestos en libertad.

…no siempre son respetadas

Desafortunadamente, gran parte de estas reglas no siempre se cumplen. Es usual que los menores sean confinados en prisiones que no están a la altura de los estándares internacionales. A veces, se los encarcela junto con adultos; otras, por haber cometido infracciones menores y aún sin haber cometido ninguna. Es usual que las condiciones de higiene dejen mucho que desear y, con frecuencia, el acceso a la asistencia médica y a la educación es inexistente.

Algunas medidas disciplinarias constituyen una violación de Derechos Humanos fundamentales y, a veces, los funcionarios de los centros de detención someten a los menores a tortura. Aunque no es lo más habitual en el caso de los niños, otros reclusos pueden representar una fuente de violencia si la vigilancia es escasa o si las condiciones de vida no son las adecuadas. La violencia puede ser física (agresión, violación, homicidio) o psicológica (extorsión, manipulación, amenazas).

“Te obligan a trabajar todas las mañanas. Si no lo haces, te golpean, te sumergen en agua y te encierran en una celda solo. Si tus familiares o amigos se molestan en venir a visitarte, quizá tengas qué comer. Si no, no.”– Joven de 16 años del Congo que estuvo detenido cuando era niño.

La prisión como sistema de protección social

En algunos países se confina a los menores si no tienen a nadie que cuide de ellos o si necesitan protección. También es posible que la policía arreste y detenga a niños de la calle para que dejen de vagabundear por un tiempo.

El problema reside en que, en muchos países, el sistema de justicia de menores y el sistema de protección de la infancia con servicios sociales únicamente se encuentran a nivel del “establecimiento de detención”. De hecho, un establecimiento penitenciario puede albergar a niños que fueron puestos allí sólo a efectos de su protección.

Menores confinados junto con sus padres

En todo el mundo, cuando hay padres que van a prisión, los niños sufren las consecuencias. La mayor parte continúa viviendo en el mundo exterior, pero algunos nacen en la prisión o son traídos junto con su madre. En ciertos casos extraordinarios, los niños van a la cárcel con su padre.

La duración y las condiciones de vida durante el confinamiento difieren según el país. Por ejemplo, en Alemania los menores pueden quedarse con sus madres hasta los seis años de edad, pero en el Reino Unido solo hasta los 18 meses y en algunos lugares está totalmente prohibido. No es fácil evaluar cuál de las situaciones es la mejor.

En algunos países, como en Kirguistán, se puede reducir la condena de la madre si tiene niños muy pequeños. En otros, los padres pierden sus derechos de patria potestad cuando se los condena.

La vida de los menores en prisión es problemática. Muchas veces no reciben los cuidados adecuados y sus necesidades e intereses no son tenidos en cuenta. En todo caso, aquellos menores que no han cometido ningún delito no deberían ser sometidos a las mismas limitaciones que los detenidos.

Es importante que estos menores tengan acceso a una alimentación adecuada, así como también a actividades recreativas y a educación. Deberán poder recibir visitas y salir de la prisión periódicamente para que luego puedan adaptarse a la sociedad, con la cual algunos no han tenido ningún tipo de contacto. Además, una vez que la madre es puesta en libertad, ella y su hijo deberán recibir apoyo para prevenir cualquier tipo de recaída en la delincuencia.

Consecuencias de la privación de libertad

En general, el privar a menores de su libertad impacta negativamente en sus vidas, sobretodo cuando las condiciones en el establecimiento de detención no son las adecuadas.

La detención tiene efectos perjudiciales en el desarrollo físico, mental y emocional de los menores, por el hecho de que están confinados y aislados de la sociedad. Allí, no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar su personalidad y se encuentran desprovistos de asistencia médica adecuada y de educación. La prisión puede ser la causa de tratos negligentes o de violencia física y psicológica, ya sea a manos de los mismos guardias o tolerada por ellos.

Muchos niños sufren de ansiedad, tienen miedo, pensamientos suicidas o se comportan de manera destructiva. Otros enferman por las deficiencias en las condiciones de higiene, alimentación y de vida en general, y otros recurren a las drogas. Es frecuente que no se cuente con asistencia médica y psicológica, o que la asistencia que existe no sea la adecuada.

Los menores detenidos también son víctimas de discriminación social y, a menudo, pierden sus derechos cívicos, políticos, económicos, sociales o culturales. Se encuentran aislados de la sociedad.

Una vez que se los libera, muchos tienen dificultades a la hora de encontrar un lugar en la comunidad y de relacionarse con figuras de autoridad, sobre todo si han estado detenidos por mucho tiempo. En lo educativo y profesional se encuentran, por lo demás, atrasados. Les cuesta retomar sus relaciones con sus parientes y amigos porque el tiempo pasado en prisión es una fuente de vergüenza, tanto para ellos mismos como para sus familias. Como no encuentran su lugar en la sociedad, les es más fácil entrar, una vez más, en la delincuencia.

Según Kabeya, de la Oficina Internacional Católica de la Infancia (OICI), algunos menores pasan demasiado tiempo en prisión como para reintegrarse exitosamente al mundo exterior. “Son como pájaros enjaulados que no han aprendido a volar.”

 

Fuente: http://www.humanium.org/es/ninos-detenidos/

Fotografía:http://images.google.de/0ahUKEwj8zvbog7LMAhWJfpAKHQF7CIEQMwjEAShSMFI&bih=661&biw=1366

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