Europa/España/16 Julio 2016/Fuente:lasprovincias /Autor:JOAQUÍN BATISTA

La Conselleria de Educación ya ha empezado a aplicar la Ley de Transparencia en su ámbito de actuación. La normativa que regula la ayuda que cofinancia el puesto escolar de Infantil (entre 70 y 200 euros al mes), incluye entre los requisitos exigidos a los centros «cumplir con las obligaciones en materia de publicidad de subvenciones que prevé la ley». La norma, que fue aprobada en abril de

2015 durante el anterior mandato popular, también establece condiciones similares para los conciertos con entidades privadas que presten un servicio público, ya sean colegios u hospitales, si bien no se han materializado aún en ninguna regulación reciente del sector educativo.

La difusión de la información económica también afectará a la red pública de centros, si bien se entiende que correrá a cargo de la propia administración. En el caso del sector privado, ya se está trabajando en el diseño de portales que permitan adecuarse a las previsiones de la ley, tal y como explicaron ayer fuentes de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval).

Respecto a las guarderías, la referencia a la transparencia ha causadoconfusión entre algunos titulares, pues no aparecía en convocatorias anteriores y porque se presta a diferentes interpretaciones. La cuestión se trató en la asamblea extraordinaria de la citada patronal, celebrada el pasado miércoles.

La ley dice que «cualquier persona jurídica que perciba durante el periodo de un año ayudas o subvenciones de la administración autonómica por importe superior a 10.000 euros deberá dar la adecuada publicidad a las mismas, indicando al menos la entidad concedente, el importe recibido y el programa, inversión o actuación subvencionado». Deberá hacerse «preferentemente» a través de las páginas web, y en caso de no disponer de las mismas, «podrán cumplir con su obligación a través del portal que ponga a disposición la Generalitat».

La referencia en la orden de la ayuda de Infantil ha hecho que se piense que esta debe publicitarse pese a que se trata de una beca que repercute directamente en las familias aunque se tramite en los centros, aunque es cierto que en los últimos años también se han beneficiado de la misma, en el sentido de que ha fomentado la matrícula.

Por otra parte, desde el sector advierten de que la obligación podría referirse sólo a cuantías públicas que reciba directamente la guardería por otros conceptos, dejando fuera la ayuda que cofinancia la plaza. En este escenario, serían contados los casos afectados por la obligación. Fuentes de Feceval explicaron ayer que sus servicios jurídicos van a realizar un informe pormenorizado que «recoja exactamente cómo se debe aplicar la Ley de Transparencia en las escuelas infantiles», incluyendo el tratamiento de la citada ayuda. Este diario consultó a Educación sobre la interpretación del requisito incluido en la convocatoria, pero no pudieron facilitar una respuesta.

Más claro parece el marco legal en relación a los concertados. La ley dice que se tendrán que publicitar la relación de convenios suscritos así como los importes de ayudas y subvenciones recibidas siempre que se superen los cien mil euros. Eso sí, señala que la obligación de atender a lo dispuesto en la ley «se incluirá en las normas reguladoras de los conciertos», extremo que hasta ahora no se ha desarrollado.

Respecto a la asamblea, en la que participaron 200 asociados, se trataron aspectos como la aplicación de la Lomce, el futuro de la FP, la situación de los centros de Infantil «y la competencia desleal del sector público» o la creación de los bancos de libros. En este sentido Feceval animó a los centros a crearlos pese a las dificultades. «Todo lo que pueda beneficiar a las familias forma parte de nuestro trabajo y vocación de servicio», dijeron.

Desde la asociación Salvem 0-3 también se refirieron a otros aspecto que preocupan al sector de Infantil, como la dificultad de saber la cuantía que deberán cobrar en septiembre a las familias, pues para entonces no se prevé que la convocatoria de la ayuda se haya resuelto. Respecto a la necesidad de cumplir con la ley de Transparencia, señalaron que si finalmente afecta a la subvención que cofinancia el puesto escolar la administración debería asumir esta publicidad pues los centros sólo actúan como intermediarios.

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