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Fabio Arias: “No más estigmatización al sindicalismo” Fabio Arias, nuevo presidente de la CUT. Argentina

abio Arias es el nuevo presidente de la CUT. Aquí reproducimos esta entrevista cortesía del Semanario Virtual Caja de Herramientas de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Por Álvaro Ortiz RamosEditor Semanario Virtual Caja de Herramientas

Tras las elecciones del pasado 26 de mayo, la Central Unitaria de Trabajadores – CUT eligió su nuevo Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2023 – 2027, que estará a cargo de la representación de los trabajadores afiliados en los diferentes espacios donde tiene presencia la Central.

El cuyabro –nació en Armenia, Quindío– Fabio Arias Giraldo, fue elegido presidente de una de las más grandes e importantes organizaciones sindicales del país fundada en 1986.

Fabio Arias es Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Comité Ejecutivo de la CUT por varios periodos, ex presidente nacional del Sindicato del Sena, Sindesena. Además, ha sido representante de los trabajadores por la CUT en la Comisión Nacional de Concertación y en la Conferencia Internacional de la OIT, delegado de la CUT ante la Confederación Sindical Internacional, CSI y la Confederación Sindical de las Américas, CSA. También ha sido miembro del Consejo Directivo Nacional de Sena y comentarista en programas de opinión.

Arias dialogó con el Semanario Virtual Caja de Herramientas acerca de sus expectativas como presidente de la CUT, sobre la reforma laboral, sobre la paz y los diálogos con el ELN, entre otras cosas.

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¿Quién es Fabio Arias?

Fabio Arias es un dirigente sindical que nació como tal en el sindicato del Sena por allá a principio de los años ochenta. Fui presidente nacional de ese sindicato. Allí aprendí todos los intrilingües de lo que es una organización sindical y más o menos su propio ajetreo.

¿Cómo se dio su paso a la CUT?

Yo fui despedido del Sena, que era donde trabajaba –trabajé como 15 años allá– alrededor de unas huelgas que hicimos, ya una vez ganada la ley de iniciativa popular por la cual derrotamos la privatización del Sena con los decretos que hizo César Gaviria al amparo de la Constitución del año 91. La Constitución del 91 tiene una serie de venenos tenaces, uno de esos fue darle facultades extraordinarias y amplias al presidente de la república para que privatizara entidades, privatizó 64 de un sólo jalón, entre esas estaba el Sena. Producto de ese trabajo, hicimos algo que se llamó el Comité Nacional pro-Defensa del Sena, logramos hacer una ley de iniciativa popular –la primera que se ha hecho en el país con base en la Constitución– y, posteriormente, a pesar de que ganamos la ley de iniciativa popular, la administración –que era típicamente neoliberal–, siguió cerrando centros de formación profesional.

Nosotros nos opusimos al cierre de 17 centros, hicimos una huelga y nos despidieron a cuatro personas del Comité pro-Defensa por esa huelga. Entonces de ahí salí y obviamente que ya me quedaba muy difícil buscar empleos o en el sector público o en el sector privado y evidentemente me fue muy difícil. Entonces le seguí apostando más bien al sindicalismo. Se me dio la oportunidad de encabezar una lista para el Comité Ejecutivo de la CUT, la encabecé, logré salir y ahí sigo. Eso fue en el año 98.

¿Cuáles son sus expectativas como nuevo presidente de la CUT?

La expectativa que yo tengo en la CUT es contribuir, obviamente desde mi posición de presidente, a que la política que hoy viene desarrollando la CUT se consolide. Y eso pueda representar un fortalecimiento real y material de la afiliación sindical. Para mí esa es la expectativa más importante que tengo. Lo digo porque la política de hoy, que es una política alrededor de un gobierno del cambio, donde evidentemente los temas de la estigmatización y la persecución abierta y desembozada, que hacían los gobiernos y les permitía obviamente a los empresarios profundizar en esa persecución, pues limitaba mucho las posibilidades de crecimiento. Yo aspiro que en estos cuatro años se pueda consolidar un ambiente político propicio para que no haya más estigmatización y se pueda controlar al empresariado desde el Ministerio del Trabajo y eso nos permita a nosotros un mejor ambiente para que la gente se afilie a los sindicatos y podamos salir de esa marginalidad en que estamos de afiliación sindical.

Se cae la reforma laboral que ustedes apoyaban ¿cuál es el paso a seguir?

Primero volverla a presentar. Es decir, nosotros creemos que, si bien es cierto se cayó porque no hubo un ambiente político propicio para eso, creo que estamos obligados a persistir en eso. Por más –ahí sí como se dice– difícil que esté el ambiente, inclusive se puede agriar más. Pero es un punto de contradicción con el empresariado, con los partidos del establecimiento neoliberal, con los partidos de la extrema derecha, que evidentemente lo más conveniente es que se vuelva a presentar. Porque se vuelven un punto de diferencia entre lo que es el gobierno del cambio y lo que son los viejos poderes y las viejas castas neoliberales que en el país existen.

Entonces para nosotros es eso.

Y se vuelve una oportunidad para movilizar a la población en ese sentido. Políticamente puede ser muy bien aprovechable en el sentido de que en el horizonte muy próximo están las elecciones territoriales del 29 de octubre. Este va a ser entonces un buen escenario político para mover obviamente al electorado hacia respaldar el cambio y, obviamente enrostrarles a estos señores que sus políticas son absolutamente contrarias a lo que definió el pueblo colombiano desde que eligió a Gustavo Petro.

¿Cuál es la posición de la CUT frente a los diálogos con el ELN? ¿Los apoyan?

La CUT desde que nació, nació con una consiga general que dice: solución política negociada del conflicto armado. Esa es una expresión que más o menos muestra cual ha sido la posición histórica de la CUT, sobre el tema del conflicto armado en Colombia: solución política. Es decir, diálogos y negociación.

Entonces esta negociación con el ELN también la estamos respaldando. Nos hemos llenado de mucho optimismo en esta negociación, con el acuerdo sobre el cese bilateral al fuego y obviamente la política de participación nacional que se desprende también de ese acuerdo, nos parecen cosas muy buenas.

Pero debo decir que –ya una afirmación aquí muy particular– creo que esta es una oportunidad histórica que tiene el ELN para verdaderamente hacer una buena negociación con el gobierno y desatar ese largo periodo de conflicto que obviamente se volvió anacrónico en el planeta y debe ser resuelto lo más pronto posible.

¿Qué espera la CUT del gobierno?

Pues que mantenga en alto su programa de gobierno, que lo pueda ejecutar. Nosotros contribuiremos en uno y otro sentido, a que lo mantenga y a que lo pueda ejecutar. Y en todas las ejecutorias nosotros aspiramos a que el gobierno piense y tenga en cuenta que el movimiento sindical es un aliado de él y que podamos desarrollar de manera conjunta muchas acciones.

Tenemos algunas observaciones sobre el gobierno, pero obviamente que esas son marginales frente a lo que nosotros aspiramos que es. Esperamos es que haga más, por supuesto, pero que lo haga de manera más eficaz, de manera más oportuna. La paquidermia burocrática del estado es una cuestión bastante lenta, que también está afectando ya al gobierno. A este gobierno lo está afectando, y creo que el gobierno debería revisar exactamente cómo hace que sus operadores sean mucho más diligentes y oportunos en la ejecución, inclusive presupuestal, que ya hay retrasos frente a eso y cuando no pocas –hay sí como se dice– negligencias. Pero lo otro es que tiene que sacar a toda esa casta de la tecnocracia neoliberal de todos los partidos políticos del establecimiento neoliberal y muy especialmente a los de la extrema derecha que no dejan hacer nada.

Acompañaremos las propuestas que verdaderamente generen cambio. Para nosotros es la movilización social, el respaldo a ellos, tener una mejor interlocución con el gobierno directamente que a veces no la tenemos. Y creo que en esas condiciones podríamos avanzar ambos.

¿La CUT goza de buena salud? ¿No tienen conflictos internos?

La CUT es una central pluralista, por tal motivo siempre tendrá contradicciones y debates internos, eso es apenas lógico y normal. Lo vemos es como, más bien como un factor positivo para que la CUT pueda dimensionar qué hacer y qué no hacer. No basta en que hay algunos unos sectores –obviamente– que están muy contrariados con el gobierno, digamos que el mayor problema que tiene hoy la CUT –si es que es un problema– es un pequeño sector que sigue pensando que no se puede respaldar a ningún gobierno, que, si se le puede hacer oposición a los gobiernos, pero que desde la autonomía y la independencia no se puede respaldar un gobierno. Eso es absolutamente absurdo, pero además absolutamente inoportuno e inconveniente. No puede ser que alguien empieza –hay si como se dice– a definir políticas contrarias al modelo neoliberal, lo que yo llamaría la inflexión en la aplicación del modelo neoliberal, uno no contribuya a que eso suceda. El movimiento sindical en general y los trabajadores vinimos fue a transformar y a cambiar el mundo, eso es lo que siempre nos hemos dicho. Aquí hay oportunidad pues pa´ cambiarlo un pedacito. Pero no podemos renunciar a ese pedacito ni de riesgos.

¿Cómo quisiera Fabio Arias ser recordado?

Como una persona que contribuyó a la transformación y al cambio. ¡No más!

Un mensaje para la ciudadanía, para el sector sindical.

Que acompañemos de forma…con compromiso, con iniciativas, todas las actividades progresivas que este gobierno está desarrollando y que no dudemos un minuto en su respaldo y en su acompañamiento en las calles, porque al final esto se va a resolver nuevamente en las calles.

Usted es ingeniero químico y fue docente ¿no extraña volver a serlo? ¿no quisiera volver a la docencia?

Nooooo, para nada. Yo me siento muy bien en este…yo le digo a muchos compañeros: hace 25 años me extravié en el mundo de las actividades políticas y sociales, porque no son solamente sindicales o sociales sino también políticas, y creo ya no voy a renunciar jamás a eso. Me parece que he encontrado el momento en el que me siento mejor que en cualquier otra parte y ahora que soy presidente mejor… ja ja ja ja ja

Esta entrevista fue publicada en la Edición 831 – Semana del 1º al 7 de julio de 2023 del Semanario Caja de Herramientas de la Corporación Viva La Ciudadanía.

Fuente: https://ail.ens.org.co/entrevistas/no-mas-estigmatizacion-al-sindicalismo-fabio-arias-nuevo-presidente-de-la-cut/

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Venezuela y su derecho a la insurgencia

Franklin González*

*Sociólogo (UCV). Doctor en Ciencias Sociales (UCV). Profesor Titular. Ex director de la Escuela de Estudios Internacionales. Estudios Posdoctorales en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”. Autor de diez libros (10). Profesor de postgrado en la UCV, en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en el Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Fue embajador en Polonia 2005-2006, Uruguay y Grecia y Decano de Postgrado de la Unerg. Conferencista en eventos científicos y políticos, nacionales e internacionales y articulista de periódicos y revistas. framongonzalez@gmail.com.

“El problema de todo intelectual es un problema de responsabilidad. Frente a sus lectores, o sea su pueblo. Y ese problema de responsabilidad, si no es ético, ¿qué es? Es una cuestión de opciones: está el tipo que se queda en su “torre de marfil” y sigue escribiendo sonetos -perfectamente en su derecho-, pero no es un hombre que asume una responsabilidad de tipo histórico”. (Julio Cortázar: Reportaje publicado en la edición impresa de diario Clarín del 3 de diciembre de 1983).

Introito

En América Latina y El Caribe al iniciarse el siglo XXI comenzó a evidenciarse un panorama de cambios políticos que marcaron una inflexión respecto a lo que era la “normalidad” existente. La llegada de Chávez en Venezuela (1999), Lagos en Chile (2000), Lula y Kirchner en Brasil y Argentina (2003), Vázquez en Uruguay (2005), Morales en Bolivia (2006), Correa y Ortega en Ecuador y Nicaragua (2007), y si se agrega a Castro en Cuba, hizo que se hablara de un giro hacia el progresismo con banderas contrahegemónicas en los discursos y programas de la inmensa mayoría de estos gobernantes.

Uno de esos gobiernos, que le dará un sello particular a ese giro hacia el progresismo, lo constituyó, sin lugar a dudas, el gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, quien desde un inicio introduce propuestas que van a generar impacto y mucho ruido en quien era y sigue siendo el hegemón en esta zona del mundo.

En este ensayo, utilizando conceptos de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, del nuevo constitucionalismo y del pluralismo jurídico emancipador, intentaremos dar cuenta de un proyecto emancipador, antihegemònico, como el de la Revolución Bolivariana, que ha levantado las banderas de la resistencia pero también de la insurgencia, bajo el derecho de transición social que le asiste a su pueblo y que ha sido acosado por el todo el poder imperial de EEUU.

El poderoso y el débil en la RI

Tucídides en la Historia de la guerra del Peloponeso (1986: 14), al referirse al diálogo entre los embajadores de Atenas y Melos, dice:

“Vosotros sabéis, como nosotros sabemos, que, tal como suceden las cosas en el mundo, el derecho es un tema del que tratan sólo los que son iguales entre sí por su poder, en tanto que los fuertes imponen su poder, tocándoles a los débiles padecer lo que deben padecer”.

En el artículo: “Apuntes para una teoría crítica de las Relaciones Internacionales”, el escritor argentino Marcelo Gullo (2011: 2-3), sostiene que los estados no son iguales unos a otros, sencillamente, porque algunos tienen más poder que otros y que:

“Por la propia naturaleza del sistema internacional, donde rige, en cierta forma, una situación que se asemeja al estado de naturaleza, los estados con poder tienden a constituirse en estados líderes o a transformarse en estados subordinantes y, por lógica consecuencia, los estados desprovistos de los atributos del poder suficiente para mantener su autonomía tienden a devenir en Estados vasallos o estados subordinados, más allá de que logren conservar los aspectos formales de la soberanía”.

Cuando están en juego los intereses vitales de las grandes potencias el principio de la igualdad jurídica de los estados se transforma en una ficción que apenas sirve a fines decorativos. La política internacional comporta siempre un choque de voluntades: aquella que busca imponerse y la que lucha por no dejarse imponer la voluntad del otro, porque está constituida por estados que pretenden determinarse libremente.

En términos jurídicos y siguiendo con Gullo, se estaría hablando de Estados subordinantes y estados subordinados. Los primeros en el ejercicio de su dominio, utilizan tanto el poder militar, como el poder económico y el poder cultural, que es el que últimamente le está dando mucho rédito.

Para los segundos, el querer decidir sobre su propio destino implica, siempre, una tensión dialéctica entre el temor a las sanciones que pueda recibir y el deseo de alcanzar la libertad o la máxima capacidad de autonomía posible que es capaz de conquistar. Situados como subordinados y pensando cómo salir de esa condición, es imperativo entonces elegir entre ser simples espectadores o protagonistas de la historia.

De allí que sea siempre importante tener una visión totalizadora de las relaciones internacionales, que contemple no sólo la mirada desde el “poder”, sino también desde la carencia del mismo, las características y el funcionamiento del sistema mundial, las posibilidades que tienen sus miembros de actuar en función de sus propios intereses y la perspectiva desde la que uno se ubica, para comprender el funcionamiento del sistema.

Con el escritor ruso Alexander Dugin (2018), diríamos que: o somos sujetos de la historia nuestra o seguimos siendo objetos de la historia hecha por otros. Hay que tener presente que las relaciones internacionales, nació como una disciplina occidental, con una particular visión -la etnocèntrica-, y que dentro de una concepción de reconocimiento del otro, no se debe negar o ignorar, pero que nos conmina a desarrollar construcciones propias en el campo epistemológico.

En el caso particular del derecho, debemos, como diría Boaventura de Sousa Santos, en Derecho y emancipación (2012), tener claro que existe el pluralismo, esto es,  hay varios tipos de derecho que coexisten y no operan uniformemente sobre la base de una misma racionalidad ni sobre los mismos espacios sociales. Estos distintos derechos operan articulados y jerarquizados, pero sin reflejar un criterio homogéneo de unión en todos los casos.

El derecho del poderoso

En el texto El Imperio norteamericano (1970: 11-12)), el periodista francés Claude Julien afirma que Estados Unidos es el imperio sin fronteras al ser «no únicamente el más poderoso que jamás haya conocido la historia” y que “tiene entre sus manos el destino de la humanidad”, sino que es, sobre todo, “extraordinariamente voraz”.

Ese imperio, que no respeta norma ni ley internacional alguna, siempre ha aplicado lo que la profesora Aleida Hernández Cervantes (2014) llamaría, con toda propiedad, el Pluralismo Jurídico Transnacional como expresión jurídica de la globalización hegemónica.

Con la Venezuela bolivariana sustentamos la siguiente tesis: todos los presidentes de EEUU, que se han turnado, han aplicado, en política exterior, el liberalismo y el realismo, simultáneamente, esto es, una versión del Pluralismo Jurídico Transnacional

Una vez que en Venezuela se aprobó una nueva constitución y se comenzó su implementación, los distintos inquilinos de la Casa Blanca (desde hace veinte años), se han planteados qué hacer con un país “débil” como la República Bolivariana de Venezuela que “osa” desafiar sus intereses hegemónicos en el Continente Americanos, simplemente porque defiende su independencia, soberanía y autonomía. Esa pregunta se la hizo Bill Clinton, George W. Bush, también el afrodescendiente Barack Obama, se la hizo Donald Trump, representante de los WASP (White Anglo-Saxon and Protestant) y ahora se la hace el demócrata Joe Biden. Todos, y más allá de la frase latina mutatis mutandi, respondiendo a los intereses de los que realmente mandan en ese país: los «poderes fácticos» (constelación de fuerzas económicas, sociales, políticas, militares e intelectuales que diseña, elaboran y ejecutan la política exterior de ese país, entre las cuales se encuentran el Pentágono, la Casa Blanca, los thing than, los lobbys de distintos tipos, las transnacionales, los grandes grupos económicos) o el “Estado profundo” (una especie de gobierno en la sombra).

Después del breve interregno de Bill Clinton (1999/2001), donde hubo un respeto mutuo, las dos presidencias del republicano George W Busch (2001/2009) significaron el comienzo de las relaciones de presión y acoso de EEUU sobre Venezuela. Es así como se acusó al presidente Chávez de mantener un “patrón preocupante de comportamiento provocador” y “derrochador de la riqueza del petróleo en un esfuerzo por promover su visión anti-estadounidense y hostil”. También se dijo que la política de Chávez fomentaba la inestabilidad regional y se le endilgó el calificativo de “terrorista y demagogo”, lo cual se dijo en el contexto de la política de seguritización puesta en marcha por EEUU después de los sucesos del 11/09/ 2001.

El golpe de estado de Abril 2002 fue aupado y apoyado por el gobierno de Bush. En febrero del año 2006 ambos gobierno expulsaron a representantes diplomáticos de las embajadas de los respectivos países. Pero esa teoría del realismo siempre la acompañó este gobernante con la acusación de que en Venezuela se violaba la libertad, la democracia y los derechos humanos (principales postulados del liberalismo). El 31/07/2006,  el presidente Bush, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, afirmó: “Me preocupa mucho un Gobierno que pueda minar los principios de la democracia (…) la amenaza mayor que afrontamos en la vecindad es el debilitamiento de los valores e instituciones de la democracia” y a Chávez lo veo como una amenaza para la democracia” (https://www.lavanguardia.com/internacional/20060731/51278193354/bush-asegura-que-chavez-es-una-amenaza-para-la-democracia.html)

Luego, los dos períodos del demócrata Barack Obama (2009/2017), llevaron a su máxima expresión esas relaciones tirantes contra Venezuela, hasta tal extremo que el 9 de marzo de 2015, faltándole menos de un año para dejar la presidencia, dejó la siguiente declaración:

“Yo, BARACK OBAMA, Presidente de los Estados Unidos de América, entiendo que la situación en Venezuela, incluida la situación del Gobierno en cuanto la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa, que constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza”.

En otras palabras, nada más y nada menos, que la teoría del liberalismo combinada con la teoría del realismo en una misma declaración.

Después vendrían los cuatros años del republicano Donald Trump (2017/2020), que siguió la línea trazada por el “Estado profundo” aplicándole a Venezuela realismo puro, al renovarse cada año el decreto de Obama, aderezado con otros ingredientes, como las medidas unilaterales, el bloqueo económico, financiero y comercial, la máxima presión con “sanciones” de todo tipo y con “todas las opciones sobre la mesa”, incluyendo la amenaza de una invasión militar directa o, en todo caso, una “guerra proxy”.

Se desarrollaron cualquier cantidad de fórmulas para acabar con la revolución bolivariana a través de la “guerra híbrida”, “guerra multiforme” o “guerra difusa”. Se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro (agosto/2019/), se sabotearon servicios públicos (permanentemente) y se intentaron invasiones del país por la frontera con Colombia (febrero/2019) e incluso por las costas del mismísimo estado La Guaira (mayo/2020)., que se encuentra muy cerca de la capital, Caracas.

Todo ello se acompañó con la acusación permanente de la violación a la libertad, la democracia y los derechos humanos. Se desconocieron las elecciones de mayo de 2018 donde el pueblo eligió como presidente a Nicolás Maduro; se estimuló y apoyó, sin fundamento jurídico alguno, la autojuramentación, a principios del año 2019, como presidente del país de Juan Guaidó, quien para ese entonces era el presidente de la Asamblea Nacional (AN), poder que se encontraba en desacato, según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Se presionó para que otros gobiernos actuarán en el mismo sentido y así que constituyó el Grupo de Lima (agosto/2017), como mampara regional contra la revolución bolivariana, una vez que fracasaron con la Organización de Estados Americanos (OEA) en la aplicación contra Venezuela de la “Carta Democrática Interamericana”.

Han insistido una y otra vez en la existencia en Venezuela de una dictadura y que, por tanto, deben endurecerse las presiones contra nuestro país para lograr la “restauración plena” de la democracia y la libertad.

El gobierno de Trump presionó y atosigó a Venezuela hasta más no poder. No fue el instrumento de la diplomacia el que utilizó esa administración sino los ataques directos y frontales. El Departamento amplió sus medidas unilaterales. En agosto de 2017, Trump promulgó el Decreto número 13808, a través del cual prohibió la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela; recrudeciendo el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública, y afectando gravemente las operaciones de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA). La medida impidió que el país tuviese acceso a los mercados financieros de los EE.UU. y significó el inicio de una fuerte caída en la capacidad importadora de la nación.

En marzo de 2018, Trump dictó el Decreto número 13827, que prohibía toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico,

Moneda digital o token digital por parte del Gobierno de Venezuela., quien semanas había lanzado la criptomoneda «Petro».

Después, el 21 de mayo de 2018, tras la reelección de Maduro, Trump arremetió con el Decreto 13835, que recrudeció las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana, aplicadas no solo al Gobierno, sino a todos los entes estatales, entre ellos el Banco Central de Venezuela (BCV) y nuevamente PDVSA.

Estas sanciones afectaron el comercio de bienes desde y hacia Venezuela, las transacciones financieras internacionales del Estado y de las entidades económicas que tienen vínculos con éste, la capacidad de emitir deuda soberana nueva y la capacidad de refinanciar la deuda ya asumida, así como el comercio petrolero y la cadena de suministros asociada a esta industria.

El 1 de noviembre de 2018, con el Decreto 13850, Trump estableció un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operaran en el sector oro o «en cualquier otro sector de la economía que determine el Secretario del Tesoro».

De hecho, el 28 de enero de 2019, según ese mismo decreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro clasificó como «empresa designada» a PDVSA. Como consecuencia, todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encuentran dentro de la jurisdicción de los EE.UU. (incluyendo la filial CITGO) fueron bloqueados, y se prohibió en términos generales que los ciudadanos y las compañías estadounidenses realizaran operaciones con la empresa.

Luego, el 5 de agosto 2019, la orden ejecutiva 13884 amplió el programa de sanciones a la categoría de «embargo». Fue así como EE.UU. procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas. (Información que se encuentra en: https://actualidad.rt.com/actualidad/343356cincoanossancioneseeuuvenezuelacrimen)

Tampoco reconocieron las elecciones parlamentarias del 06/12/2020 y realizaron la presión necesaria y el lobby correspondiente, para lograr que otros gobiernos del continente americano y europeo los acompañaran en esa posición.

En febrero de este año 2021 la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas en el disfrute de los Derechos Humanos, Alena Douhan, presentó las observaciones preliminares sobre su visita a Venezuela para evaluar el impacto de las sanciones unilaterales sobre la población venezolana. En ese informe se constata que las sanciones impuestas a Venezuela especialmente a partir de 2014 han propiciado, entre otros, los siguientes resultados: Los ingresos públicos se han reducido en un 99%. El país vive actualmente con el 1% de los ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estados, a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares.

En su evaluación la relatora especial subraya que las sanciones unilaterales contra Venezuela constituyen una violación del Derecho Internacional, y por lo tanto son ilegales, e impactan gravemente contra la población del país e impiden el disfrute de los Derechos Humanos y califica como “efecto devastador” el impacto de las sanciones sobre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo

(file:///F:/Informe%20UN%20Relatora%20Especial%20Medidas%20Coercitivas%20Unilaterales-%20Venezuela.pdf)

Producida la derrota electoral de Trump, la ilusión hizo presencia. Muchos cifraron la esperanza en que con Joe Biden habría un cambio en esa política de enfrentamiento frontal, que se pondría fin a la estrategia de “máxima presión” y se abriría una oportunidad para promover una solución política.

Pero esas ilusiones están pasando al terreno de la distopía. Las nuevas actuaciones han comenzado. Se están utilizando otros mecanismos buscando el mismo objetivo. Ahora el énfasis se coloca en la aplicación de lo que se llama el soft power (el poder suave) y en la utilización del “multilateralismo”.

No hay duda de que Venezuela es un objetivo asediado y apetecible y, por tanto, factores muy poderosos, desde afuera y desde adentro, la tienen en la mira. Pronunciamientos van y vienen, casi a diario, construyendo el expediente para declararla un “Estado fallido”. Es una nación acosada por múltiples factores que emplean cualquier cantidad de recursos para lograr lo buscado. La coordinación de esfuerzos en el mundo y el servilismo interno no tiene precedentes.

En conclusión, con la Venezuela bolivariana todos los gobiernos que han transitado hasta ahora por la Casa Blanca -republicanos y demócratas-, han implementado simultáneamente el realismo y el liberalismo o, en otros términos, el pluralismo jurídico transnacional. En el caso del realismo por lo estratégico que significa la ubicación geográfica y las riquezas internas de Venezuela y el liberalismo, por el “mal ejemplo“ que significa Venezuela para América Latina y El Caribe, al proponer y estimular mecanismos de integración antihegemónicos (EL Alba, Petrocaribe, Unasur y la Celac).

Simultáneamente, todos estos gobernantes, han levantado la bandera de tres valores contra la revoluciòn bolivariana: la libertad, la democracia y los derechos humanos. (González, Franklin “La revolución bolivariana y Joe Biden”, 2020)

El derecho a sublevarse y emanciparse

Pero nada ni nadie puede arrebatarle a un pueblo, que ha decidido ser independiente, libre y emanciparse, su derecho a sublevarse contra la opresión y contra las sanciones que representa la voluntad del poderoso.

Ese derecho a sublevarse, al ubicarlos en el contexto del derecho insurgente, nos lleva a realizar algunas consideraciones sobre este último.

El derecho insurgente es el “creado por los oprimidos para defender sus intereses y necesidades», siguiendo la lógica del profesor Antonio Carlos Wolkmer (2017). Este Derecho rompe con la fetichizaciòn de la ley, detrás de la cual siempre está la voluntad constituyente y del «estado de derecho» (por sobre la vida de los excluidos); también rompe con el poder constituido, trasciende el ámbito del Estado moderno que “carece de unidad cultural”, por tanto nace del pueblo, se anida en los “sujetos sometidos” (Foucault), en las diversas comunidades, en los movimiento sociales.

Transforma el sistema del derecho desde una nueva instancia de legalidad y legitimidad en tanto es el nuevo poder constituyente.

En la búsqueda de nuevas formas plurales y alternativas de legitimación contrahegemónicas a la tradición formalista y dogmática del derecho occidental, el derecho insurgente es un derecho contrahegemònico y emancipador, que rompe, además, el «mito» monista de la centralización del derecho. Se inscriben en una propuesta que se configura por un tipo específico de pluralidad jurídica, abierta, participativa, democrática e intercultural, y que es síntesis de todos los intereses cotidianos, individuales y colectivos y puede ser considerado una expresión de “pluralismo jurídico, de liberaciòn o juridicidades insurgentes, prácticas que se disponen ir más allá de las esferas de la modernidad monocultural y colonizadora, transformando las instituciones”, según Jesús Antonio de la Torre Rangel (2018).

El derecho insurgente sería una suerte de pluralismo comunitario, capaz de reconocer y legitimar normatividades extra e infra-estatales, generadas en virtud de las carencias y las necesidades fundamentales provenientes de nuevos sujetos sociales, y de captar las representaciones legales de sociedades emergentes en procesos de descolonización, marcadas por estructuras de igualdad precarias y pulverizadas por espacios de conflictos permanentes.

De allí que representa un avance democrático en dirección a una legalidad plural, fundada no más exclusivamente en la lógica de una racionalidad formal, sino en la satisfacción de las necesidades y en la legitimidad de nuevos sujetos sociales. Se inscribe, además, en los nuevos modelos plurales, participativos y democráticos de justicia que apuntan hacia el desarrollo de ciertas prácticas designadas de juridicidad alternativa. En este sentido, no es propiamente un «uso alternativo del Derecho», sino de un proceso de construcción comunitaria de otras formas jurídicas compartidas.

Podríamos  inscribirlo también en la llamada sociología de las emergencias, de la cual habla Boaventura de Sousa Santos, en tanto plantea una variedad de luchas, iniciativas, movimientos y organizaciones que en distintos ámbitos (local, nacional o global) acuden al derecho como recurso para propósitos emancipadores

En ésta el papel de la «crítica jurídica» es fundamental como estrategia pedagógica para crear las condiciones epistemológicas y político-ideológicas de una justicia material efectiva que pueda expresar la alternatividad de un espacio público realmente democrático, capaz de buscar una nueva hegemonía, síntesis de la «voluntad general», en la que coexistan con la pluralidad de los intereses particulares, en una igualdad fundada en las diversidades y en las diferencias.

Es necesario considerar que la constitución de una cultura jurídica antiformalista y pluralista, fundada en los valores del poder social compartido está necesariamente vinculada a los criterios de una nueva legitimidad. El nivel de esa eficacia pasa por la legitimidad de los actores sociales involucrados y de sus necesidades y reivindicaciones.

El objeto último de la teoría crítica es ella misma, transformarse en un nuevo sentido común, en un sentido común emancipatorio, que reconozca el poder científico del conocimiento del «común y como parte de la crítica jurídica opera en la búsqueda de liberar al sujeto de su condición histórica como un ser negado y como un ser excluido del mundo de la vida con dignidad. La «crítica», como saber cognitivo y ejercicio de la emancipación, tiene que mostrar el grado de alienación y de automatización.

Dicho lo anterior, afirmamos que los gobiernos de la revoluciòn bolivariana no han hecho otra cosa que sublevarse contra el dominio del poderoso del norte, con todo su andamiaje jurídico de dominio mundial y de pluralismo jurídico transnacional en función de la emancipación de Venezuela. Y para eso sustenta su accionar en los postulados recogidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que fue el resultado de una Asamblea Constituyente originaria y de un referéndum popular realizado el 15 de diciembre de 1999  y que se inscribe en el desarrollo del nuevo constitucionalismo latinoamericano.

Es así como desde 1999 se comenzó un proceso de reformas políticas e institucionales con el propósito de extender el alcance y la intensidad de las prácticas democráticas al interior no solamente del Estado existente sino sobre todo en la sociedad venezolana. Dichas reformas implicaron la redacción de una nueva constitución que amplia y profundiza los derechos de los ciudadanos y actualiza sus contenidos, preocupándose especialmente por crear las condiciones necesarias para incluir amplios sectores de la población que fueron históricamente excluidos del disfrute de los derechos y servicios esenciales.

El Estado venezolano se define ahora como democrático y social de derecho y justicia (art. 2). Los artículos 3, 4, 5 y 6 introducen la noción de democracia participativa y el mecanismo de democracia directa, así como otros medios de participación política, tanto en lo referente a los derechos políticos y al referendo popular, como en todo su entramado normativo.

Esta nueva constitución le da poder al pueblo de revocar todo cargo a la magistratura de elección popular, al cumplirse la mitad del período para la cual fue elegido/a el funcionario/a (art. 72). Existen además los referendos aprobatorio y abrogatorio. Se establecen dos nuevos poderes. A los clásicos ya conocidos: el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente de la República, el poder judicial, cuya cabeza es el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Legislativo, integrado por la Asamblea Nacional, existen ahora dos nuevos poderes, el Poder Ciudadano (de fuerte inspiración bolivariana) integrado por la Defensoría del Pueblo (nueva institución), la Fiscalía General o Ministerio Público y la Contraloría General de la República y el Poder Electoral, erigido como un poder independiente.

En el preámbulo de esa constitución se aboga por una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no-intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.

El artículo 152 establece que:“Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo, ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no-intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por la emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática de todos los organismos e instituciones internacionales”.

Frente a una política que acude a la fuerza como razón y considera a Venezuela enemiga y una amenaza a la seguridad nacional de EEUU y por extensión al resto del Continente Americano, no queda otra que abogar por la paz y la diplomacia, enfatizando el concepto de gran sociedad internacional en la que los estados colaborarían en base al Derecho internacional, la seguridad colectiva y la cooperación interestatal.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara al plantearse la defensa de la paz como valor, pero, además, Venezuela es firmante de la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), acordada en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero de 2014 en la II Cumbre, que dice:

América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”(https://www.fao.org/3/bl906s/bl906s.pdf).

Ello indica cuál es el camino a seguir desde Venezuela. Su Gobierno está en la obligación de defender esos principios nacionales y regionales y por tanto debe abogar permanentemente por la paz. Camino que hasta ahora ha operado como instrumento de resistencia.

En ese mismo marco, el de la resistencia e insurgencia, el gobierno de Venezuela interpuso, el 13 de febrero de 2020, ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra las autoridades de EE.UU. por «crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano» y emprendió una campaña que busca darle visibilidad a esa realidad, puertas adentro, con el lema «las sanciones son un crimen».

En razón de estos hechos y realidades podemos afirmar que la revolución bolivariana construye una alternativa de emancipación dentro del pluralismo jurídico en pleno desarrollo, sobre todo en un locus: América Latina y El Caribe, prácticamente ignorada desde el pensamiento dominante anglo y eurocéntrico.

Como decía Michel Foucault en “¿Inútil sublevarse?” que “si las sociedades se mantienen y viven, es decir, si los poderes no son “absolutamente absolutos”, es que, detrás de todas las aceptaciones y las coerciones, más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuasiones, hay la posibilidad de ese momento en el cual la vida no se canjea más, en el cual los poderes no pueden ya nada y en el cual, ante los cadalsos y las metralletas, los hombres se sublevan”. (file:///F:/Foucault%20In%C3%BAtil%20Sublevarse.pdf).

En definitiva, el gobierno bolivariano es el principal obstáculo para que Estados Unidos logre su verdadero objetivo: apoderarse de Venezuela por lo que ella significa, geoeconómica y geopolíticamente y recuerda mucho lo dicho por el General Norman Schwarzkopf de EEUU, al mando de la coalición durante la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), que habla por sí mismo: «Si todo Kuwait hubiese tenido zanahorias en lugar de petróleo, nunca me habrían enviado aquí»(https://www.nodo50.org/redoesteparia/CitasLa%20ganader%C3%ADa%20Elegida-3-Imperio,%20primac%C3%ADa%20y%20gobierno%20global.html)

Conclusiones

En la Venezuela bolivariana estamos en presencia de un proyecto que se inscribe en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL) en tanto representa una corriente de pensamiento que insurge contra el modelo de la democracia liberal, republicana y procedimental, pero al trascender la crítica se plantea entonces la construcción de un modelo de democracia, que sin negar los valores anteriores, los trasciende y levanta como bandera una democracia con olor a pueblo, que incluye la participación en términos reales y no sólo como delegación y además darle el protagonismo a quienes en el constitucionalismo vertical han sido los grandes olvidados.

En Venezuela, también dentro de la corriente del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL), se plantea que la soberanía tiene al pueblo como sujeto actor y no al Estado, que debe ser un aparato obediencial del primero y representante del pueblo, elegido por él. Para ello es fundamental la creación de una nueva participación institucional que el Estado moderno, bajo los principios del constitucionalismo tradicional y dominante, no ha creado. Por ejemplo, la construcción de las ciudades comunales.

Detrás de lo que ocurre en Venezuela está una actuación, por parte del imperio estadounidense, con total irrespeto hacia el otro, con desprecio a lo distinto y el creerse la única y universal cultura. El otro, esto es, el pueblo venezolano existe y por tanto hay que comprenderlo, conocerlo y entender su mentalidad, inquietudes y aspiraciones. Hay que aplicar la analéctica (Enrique Dussel), que significa ponerse en el lugar del otro. Pero eso no lo comprenden los “poderes facticos” o el “Estado profundo” que manda en EEUU.

Hoy más que nunca se necesita de soluciones comunes y no unilaterales, en un nuevo orden mundial más equilibrado y más equitativo. Con menos injusticia y diferencias entre los pueblos, donde se respeten las diferencias ideológicas, políticas y culturales. Donde la tolerancia sea base de los acuerdos y las conversaciones y las imposiciones sean cosa del pasado. Sin embargo, como sabemos todas las administraciones gubernamentales de EEUU han hecho todo lo contrario; han actuado al margen del Derecho Internacional Público, violentado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y desconocido cualquier principio de respeto a las reglas de juego internacional. Esa visión es parte de una política hegemónica que no respecta a nada ni a nadie en el campo internacional.

En el pluralismo jurídico transnacional, representado por EEUU, se considera que los gobiernos no deben ser electos por sus pueblos. Es el “todo poderoso” que decide cómo y cuándo cambiar o colocar gobiernos. Sólo necesita que un gobierno no le agrade, lo acusan de dictadura y violador de los derechos humanos y ello justifica cualquier acción negadora del derecho público e incluso privado internacional.

Con toda razón, el jurista italiano, Danilo Zolo (2007), en el texto La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad, dirá que la justicia internacional responde a los intereses de los victoriosos, generalmente las grandes potencias. Con el mismo autor agregaríamos que “Estados Unidos posee un poder imperial en un sentido complejo, tanto estratégico como normativo” (142). “Un poder imperial por fuera y encima del derecho internacional” (agregamos público y privado). “Es así como la potencia imperial se ha cristalizado en un policía internacional que justifica su acción con argumentos teológicos y éticos” (143).

Como nota final debe decirse que Venezuela como país “débil”, sigue en pie de lucha, en resistencia activa, insubordinado y sublevado, porque escogió el camino de no seguir siendo objeto de una historia hecha por otros, sino más bien ser sujeto de la misma.

Referencias bibliográficas

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Fuente: El Autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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España: Así es el giro progresista de la asignatura de Religión

Igualdad entre hombres y mujeres, denuncia de la pobreza y ecologismo: la Conferencia Episcopal presenta el nuevo diseño de la materia, cuyo contenido elabora la Iglesia, e invita a la comunidad educativa a proponer mejoras

Los obispos han presentado este lunes su propuesta de nueva regulación de la asignatura de Religión, lo que se conoce como currículo, que abarca aquello que se debe aprender y evaluar en la materia, en un texto que implica un cierto giro hacia planteamientos más progresistas, con un mayor acento en la “erradicación” de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la pobreza, así como de la importancia de la sostenibilidad, el valor de la diversidad en la sociedad y el diálogo intercultural.

En virtud del acuerdo entre España y la Santa Sede, los contenidos de la asignatura de Religión son diseñados por la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española ha publicado en su web los tres documentos, uno para la etapa de Infantil (alumnos de tres a seis años), otro para Primaria (de seis a 12) y otro para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16) en estado de “borrador” para recabar “aportaciones de mejora” de profesores, familias y otros representantes de la comunidad educativa antes de remitirlo al Ministerio de Educación. Estos nuevos currículos constituyen uno de los desarrollos de la nueva ley de educación, la Lomloe, también conocida como ley Celaá, que entró en vigor a principios de año. Los cambios en la materia empezarán a aplicarse el curso que viene.

La normativa, todavía en vigor, aprobada en 2015 para desarrollar la Lomce, la ley de educación que elaboró el exministro del PP José Ignacio Wert, se refiere en dos ocasiones, con la misma frase, a la igualdad entre hombres y mujeres, al señalar que la asignatura “favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación”. Los nuevos currículos se refieren a la cuestión más veces, con fórmulas diversas y una mayor contundencia.

El currículo de secundaria indica, por ejemplo, que una de las competencias específicas de Religión (es decir, una de las cosas que deben aprender los alumnos en la asignatura) “asume como propias todas las situaciones de exclusión o pobreza, de violencia o injusticia, de desigualdad entre varones y mujeres, para proponer la erradicación de esos problemas con la esperanza radical del bien común que expresa el Evangelio”. El documento de Primaria afirma que la asignatura “proporciona los criterios para el análisis y denuncia de todas las situaciones de marginación o desigualdad entre varones y mujeres” e incluye, entre los “saberes básicos” que debe contener la materia, el “reconocimiento del papel de las mujeres en la Biblia”. Y el currículo de Infantil incorpora, por su parte, entre las competencias de la asignatura “el reconocimiento de la plena igualdad entre niños y niñas, y la adquisición de hábitos de vida saludables que pueden fortalecerse desde la visión cristiana de la vida”.

Valores democráticos

El nuevo diseño de la asignatura también contiene un subrayado, inexistente en la redacción anterior, de la contribución que debe hacer la materia a la “erradicación” de la pobreza, la “denuncia de las situaciones de exclusión, injusticia o violencia”, la promoción de la “libertad de expresión” y la apreciación de los “valores democráticos”. La materia de Religión, indica el documento de Primaria, debe ayudar a los alumnos a prepararse “para el ejercicio activo de la ciudadanía y el aprecio a los derechos humanos, así como al pluralismo de las sociedades democráticas; supone haber comprendido con valores de respeto e inclusión las diferencias entre las personas y las sociedades, y las diferentes culturas y religiones”.

El nuevo currículo hace hincapié en el fomento de los valores encaminados a la “sostenibilidad del planeta” y la “ecología integral”, un concepto que combina la preocupación por la naturaleza y los sectores sociales más desfavorecidos, utilizado con frecuencia por el papa Francisco. Y manifiesta la alineación de la asignatura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con los Derechos Humanos.

En la nueva ley de educación la asignatura de Religión ya no tiene una asignatura alternativa para quienes no la estudien. Tampoco está previsto que Religión cuente a efectos de la nota media del expediente, es decir, para matricularse en una carrera o recibir una beca.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-10-04/erradicar-la-desigualdad-entre-varones-y-mujeres-y-cuidar-el-planeta-asi-es-el-giro-progresista-de-la-asignatura-de-religion.html

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Entrevista a Diego Sztulwark: Para hacer frente a estas derechas, no alcanza con la defensa de la democracia y los gobiernos llamados progresistas

Por: Néstor Alejandro Tenaglia

El filósofo y escritor argentino Diego Sztulwark, reflexiona sobre los límites del llamado «progresismo» en el mundo, y las nuevas formas de la «derecha» en la actual coyuntura política y social.

Pandemia e interrupción

¿Qué desafíos habitan este tiempo de pandemia a nivel social, esta interrupción omnipresente?

No creo que haya habido realmente una “interrupción”, aún si la pandemia ha afectado nuestra vivencia del tiempo histórico. En lo inmediato, los automatismos financieros, comunicacionales e informacionales siguen dominando el cotidiano de muchas personas. Y no han aparecido mecanismos de reproducción social alternativos al neoliberal. Si la noción de “interrupción” me sigue pareciendo importante es en el nivel de una indagación. Porque es evidente que algo ha sucedido, algo ha cambiado. Quizás sea un cambio en el nivel de las creencias. Lo vemos en lo relativo a la tan esperada “vuelta a la normalidad”, o bien a las tentativas de una “nueva normalidad”. En las enormes dificultades de instalación de esa anhelada normalidad. Se ha vuelto esquiva, intangible. Hay un elemento de no certeza, una mayor conciencia de la fragilidad de nuestra existencia.

La “interrupción” no da cuenta de un final, pero sí nos recuerda del carácter finito y no asegurado de la vida individual y colectiva. Por lo que, si vamos a usar la noción de interrupción para describir la experiencia de la pandemia, me parece que habría que considerarla menos una noción descriptiva del estado de cosas, menos como llave de un discurso crítico, y más como una afección de la percepción de la realidad. Lo que sí es posible es que esa afectación de la percepción traiga consigo un potencial reflexivo, ético y político, en la medida en que favorezca ciertos interrogantes sobre la naturaleza de los mecanismos de reproducción, sus límites, sus efectos indeseables. Mi impresión es que el nivel de reflexión y ético de esta experiencia -la falta de reposo en el carácter automático de la realidad- se expande en una infinidad de conversaciones sobre el cotidiano. En esas conversaciones anida quizás la capacidad de una nueva narrativa sobre los cuidados, sobre lo público, sobre la relación con el dinero y con el tiempo. Pero por el momento no veo que esas conversaciones encuentren traducciones interesantes -ni tampoco da lugar a nuevas síntesis colectivas- en el plano de la política convencional.

Derechas y desafíos

Pareciera haber un devenir hacia posiciones más radicalizadas de extrema derecha a nivel global, en algunos casos, fomentadas también desde los grandes emporios mediáticos, con ingredientes xenofóbicos, racistas, nacionalistas y ultra conservadores que promueven abiertamente la dimisión de los gobiernos «constitucionales». En este sentido: ¿Es suficiente manifestar el compromiso de defender el «sistema democrático» por parte de las fuerzas progresistas?, ¿Es esperable una recreación de los gobiernos populistas de la década pasada con otros rostros?, ¿O se impone, a través de diversas fuerzas sociales, una nueva forma de vida, que no tiene nombre aún, y a su vez, no cuenta con el poder suficiente para hacerse escuchar y ver?

Cada vez más se habla de estos nuevos rostros de las derechas, que a veces ganan elecciones (Trump, Bolsonaro), otras organizan golpes (Bolivia) y muchas otras, intervienen como discursividad intolerante (Argentina). Pienso que este tipo de fascismo tan particular podría ser estudiado desde la lógica del miedo, de un delirio de los propietarios, un tipo de racionalización de la crisis en términos de asegurar el orden, la propiedad y las jerarquías. Este delirio de los propietarios se extiende a todo aquel que acepta vivir la fragilidad de los enlaces y las estructuras en términos de amenaza de sus derechos y/o posesiones. La experiencia de la posesión, en ese sentido, atraviesa a todas las clases sociales. Se trata de un delirio transversal, aunque particularmente encendido entre las clases dominantes. Me pregunto si ese miedo no dio lugar ya a un nuevo tipo de comportamiento dominado por el anhelo del aseguramiento: aseguramiento de la tasa de ganancia decreciente; de los consumos a las mercancías, del control del aparato represivo, de la subordinación de la fuerza de trabajo cada vez más precarizada. Estas dinámicas de la seguridad parecen estar actualizando las formas más brutales de la violencia sobre la tierra y sus derivados, sobre las comunidades y los cuerpos. Las formas más groseras de sexismo, clasismo y racismo son reavivadas en estas tentativas de aseguramiento.

¿Y de qué formas se enfrenta a este nuevo formato ideológico de las derechas?

Me parece que para hacer frente a estas derechas, no alcanza en lo más mínimo con la defensa de la democracia y los gobiernos llamados progresistas, por la sencilla razón de que estas fuerzas aseguradoras no hacen sino desinhibir los pactos preexistentes a nuestras democracias. No hacen sino sacar a la luz las desigualdades que las democracias no quieren, no saben o no pueden cuestionar. El repliegue sobre lo políticamente correcto y la defensa de la democracia son signos de impotencia, que no permiten encarar aquello que en las nuevas derechas es agresivo y desafiante. Me resulta absurdo responder a la movilización desfachatada del odio, que se presenta a sí misma como transgresión al orden, con una apelación abstracta a la igualdad, o al respeto de las leyes y las instituciones. Como si no fuera esta misma idea puramente retórica de la igualdad y el carácter completamente retrógrado del aparato jurídico lo que efectivamente hay que cuestionar.

¿Cómo debería jugar «lo político» frente a esto»?

Sucede que lo político se encuentra en retraso respecto de estas tareas. Y ese retraso se torna muy peligroso. De hecho, la falta de reacción política en un sentido de transformación estructural, no hace mas que regalarle a la derecha el lugar de la disidencia y el procesamiento del malestar, lo que no deja de ser completamente absurdo dado que la derecha no es transgresora sino exhibicionista, no cuestiona nada, solo reivindica y exhibe aquellas jerarquías que la llamada democracia no se atreve a revisar. Si miramos de cerca el panorama de las últimas semanas en la Argentina, por ejemplo, se ve con claridad la dificultad en la que quedan colocados los gobiernos llamados progresistas.

Veamos lo que ocurrió por ejemplo con el tratamiento que dio el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a la toma de tierras ocurrida en la localidad de Guernica…

Desalojo en Guernica, Buenos Aires

¿Cuál es tu mirada al respecto en cuanto al proceder del gobierno bonaerense?

Vemos que ha sido incapaz de entrar en diálogos con las organizaciones de la toma, el gobierno eligió el camino de hacer cumplir la orden de desalojo promovida por el poder judicial. El desalojo quedó a cargo del ministro de seguridad, Sergio Berni, quién utilizó el hecho para lanzar su campaña política con el discurso del aseguramiento militar de la propiedad privada (https://www.clarin.com/politica/video-spot-sergio-berni-desalojo-guernica_3_P_yyCDdZX.html). Lo de Guernica es sólo un ejemplo, aunque un ejemplo especial, puesto que permite plantear interrogantes fundamentales sobre el futuro. La dinámica del proceso cambia de naturaleza cuando los gobiernos acompañan en la formación de organización y extraen de ahí una narrativa histórico política, o cuando conceden a las fuerzas conservadoras, que tanto peso tienen sobre la realidad, políticas represivas de la conflictividad social, asumiendo una narrativa fundada en la pulsión aseguradora que recorre por dentro a todas las fuerzas en el gobierno. Cuando hablo de cambio de naturaleza me refiero a la idea misma de la democracia: no es igual una democracia que se abre como una posibilidad para expandir las luchas, y encuentra ahí ocasión para su propia innovación institucional, que una vivida como puro formalismo jurídico y aplicación de las leyes vigentes.

Reflexionar sobre el Todo

Me interesó un concepto tuyo, vertido en una entrevista reciente y es el de «lo dado» como forma de control y aceptación social. ¿Podrías sintetizarlo?

Es un poco el mismo razonamiento que hacíamos sobre la democracia. La gestión de lo dado se justifica en la complejidad de la situación, y en la dificultad de producir transformaciones desde la gestión del estado. De ahí la idea de una democracia a defender, o unas instituciones a respetar. Y no a crear.

Si la política se torna pura gestión, pura defensa, pura adecuación, puro respeto a reglas, deja de inventar, de traducir lo que se produce en el campo de la innovación colectiva. ¿Cómo se ve esto? Cada vez que se desoyen las luchas populares como si fueran pre políticas, inmaduras, incapaces de tener en cuenta la realidad. La política agobiada por la crisis se torna impotente y tiende a blanquear -y no a transformar- las relaciones de fuerzas provenientes de la dinámica de la acumulación del capital.

El filósofo Henry Bergson, que escribió su obra a comienzos del siglo XX, hacía esta distinción entre un Todo dado y un Todo Abierto. Para él, los movimientos de la realidad expresaban siempre un cambio en el Todo. La naturaleza Abierta del Todo exigía un acto de creación. Mientras que el Todo dado, cerrado, sería mas bien una ficción, una representación reaccionaria de la realidad. Tal vez esta reflexión sobre el Todo permita organizar el esquema que venimos planteando: la percepción afectada por una cierta fragilidad, una cierta sensación de “interrupción”, podría animar una nueva comprensión de la naturaleza Abierta, mientras que las dinámicas del “aseguramiento” actúan en el sentido de reforzar la experiencia del Todo-ya-dado. Y se plantean actuar de modo tal que ese Todo no sea nuevamente abierto.

Medios masivos de manipulación

Hay una tendencia no nueva a pensar que lo que «nos muestran» los medios es lo que pasa y es de lo que importa hablar. Esto se ve mucho actualmente en las redes y lo vivo como un profundo síntoma de reducción de la palabra y el pensamiento de muchas personas que, incluso, tienen buenos valores y están comprometidas socialmente. ¿Qué elementos se te ocurren interesantes para romper esa inercia y cómo los aplicarías?

No me parece muy interesante la teoría de la manipulación, según la cual los medios de comunicación mienten y crean una realidad que las personas consumimos pasivamente. No me parece que se corrobore en el espacio político. Por supuesto que hay mucha mentira y mucha manipulación, pero evidentemente el fenómeno es bastante más complejo. De hecho, la mediatización abarca todos los niveles de la experiencia, y no solo el consumo de información política. Si volvemos a lo que reflexionábamos sobre el Todo-dado o el Todo Abierto, seguimos siempre tomados por el mismo tipo de desafío: ¿Cómo romper el efecto del Todo-dado, reforzado por cierto uso masivo de medios y redes?

Me parece que las experiencias de politización, del pasado y del presente, tienden a problematizar y a inventar una relación abierta entre capas de realidad. Una relación abierta en el sentido de hacerlas interactuar, dando lugar a zonas híbridas o mixtas de elaboración de sentido y de experiencia.

Diversidad y resistencia

Siempre rescatás esa especie de hilo conductor histórico que existe en la Argentina entre grupos revolucionarios de los 70, movimientos de derechos humanos contra la dictadura, ruptura en 2001 y aparición de movimientos sociales, feminismos, etcétera como tensiones y oportunidades. ¿Cómo pensás que actuó el kirchnerismo con esa herencia emocional y por qué?, ¿tienen margen de maniobra los movimientos que se hicieron oficialistas entre 2003 y 2015?

El rescate de una línea de tiempo fundada en desobediencias y rebeliones nace de una cierta manera de atravesar la llamada “transición democrática” argentina a partir de la dinámica viva de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos y atraviesa la experiencia de la llamada crisis del 2001. Lo que hay de vivo y oxigenado en la Argentina de las últimas décadas proviene de esa línea de tiempo. En torno a lo que llamás “kirchnerismo” se articularon algunas personas, grupos y movimientos que aspiran a traducir en la política convencional esa línea de tiempo. Desde mi punto de vista, el hecho que esa traducción haya sido débil y no haya producido transformaciones de fondo, implica dos tipos de consecuencias.

¿Cuáles serían las principales consecuencias sobre este punto?

Por un lado, que la política convencional implica lidiar con relaciones de fuerzas imposibles de modificar desde la gestión de lo existente. Y en segundo lugar, que es preciso contactar con un reverso de lo político donde personas y grupos crean sensibilidades y estrategias diferentes. El problema de los movimientos que se vuelven oficialistas es que maltratan este reverso. Lo consideran pre-político. Y se dedican a infantilizarlo. Pienso que la agresividad capitalista en aumento tiende a escindir a las fuerzas políticas transformadoras en dos movimientos disociados: por un lado, a nivel de lo político convencional, la participación en frentes políticos defensivos, por otro, a nivel de un reverso de lo político, una resistencia a los modos de mando y de vida propiamente neoliberales que no encuentra expresión, traducción ni representación propiamente política.

Paulo Freire ya hablaba en los años 60 de la necesidad del ascenso social de los trabajadores, pero teniendo en cuenta que había una construcción pedagógica que hacía que, al ascender, se volvieran conservadores para cuidar sus bienes y eso se verificaba en sus elecciones políticas futuras. ¿Aprendimos la lección?

Lo que aprendimos, me parece, es que el problema de la educación y de la toma de conciencia se ha vuelto más complejo, y que las formas pedagógicas de la emancipación son ineficaces cuando están separadas de experiencias más generales de cuestionamiento al orden. Lo hemos visto en torno al consumo.

En 2015, cuando Macri ganó las elecciones, muchas personas razonaron que el problema fue la falta de explicaciones ligadas a los beneficios materiales de la década previa. Estas personas pensaban que la experiencia política consistía en el lazo entre dos procesos complementarios: por un lado, el acceso al consumo, y por otro, las explicaciones pedagógicas que apuntan a la conciencia. Y bien ¿Dónde estuvo el error, según este modo de pensar?

¿En dónde ves estos «errores» que comentás?

Algunos concluyeron que falló la explicación (¡la gente no supo “entender”, por fallas del maestro!). Otros directamente echaron la culpa a los supuestos beneficiados (el pueblo se mostró desagradecido con quien lo benefició). Hubo finalmente, quienes concluyeron que los beneficios, quizás no fueron tantos, ni tan sostenidos. En todos los casos, aquella derrota política quizás nos permita plantear el problema de otro modo: las modalidades de consumo son ya, ellas mismas, explicaciones sobre el mundo, la sociedad y el deseo. Y no hay modo de sustituir estas explicaciones por otras, sin afectar los modos mismos en que se produce y se organiza la experiencia neoliberal del consumo.

Fuente: Tercera información 

Imagen:  Bernardino Ávila

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Libro(PDF): ¿Qué vendrá después del capitalismo?

Reseña: CLACSO

La era en la que vivimos -advierte Varoufakis- será recordada por la marcha triunfal de un autoritarismo gemelo bajo el que la mayor parte de la humanidad experimenta dificultades innecesarias y el ecosistema del planeta sufre un cambio climático evitable. Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿por qué es indispensable pensar en un poscapitalismo y cómo podemos superar la opresión a la que nos somete este autoritarismo gemelo?

La biblioteca masa crítica pone a disposición de las lectoras y los lectores un conjunto de textos esenciales para interpretar las nervaduras del presente y desplegar las capacidades colectivas para transformarlo.

Autor (a): Yanis Varoufakis.

Editorial/Edición: CLACSO. TNI – Transnational Institute.

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-761-1

Idioma: Español

Descarga: ¿Qué vendrá después del capitalismo?

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2278&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1461

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La grieta invade el ámbito académico en ciencias sociales o De la muerte del debate público.

Por: Miguel Andrés Brenner

 

Recuerdo a inicios de la década de los años setenta del siglo pasado, cuando hacía poco estaba cursando la carrera de sociología, en la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que participé como asistente-alumno a un evento de magnitud histórica, que quedó en el olvido. Se concursaba la cátedra Sociología Sistemática. Habían dos competidores, Juan Carlos Portantiero y Justino O’Farrell, el primero dentro del marxismo, el segundo dentro de las “cátedras nacionales” con fuerte pregnancia peronista. Eran dos grandes académicos en aquel entonces. En el aula magna de la sede de la vieja facultad, repleta de asistentes, se dio un debate muy apasionado entre los integrantes de ambas cátedras postulantes en el concurso, demasiado apasionado. Debate público al fin, añorado en la actualidad.

Hoy se da una “grieta” en el ámbito académico, un debate similar sería casi imposible. Los de un posicionamiento excluyen a los de otro posicionamiento. El famoso “ágora” (del griego ἀγορά, asamblea, de ἀγείρω, “reunir”;​) de la antigüedad griega feneció. Los de un lado miran con desconfianza a los del otro lado. El “pensamiento único” que se asigna a la derecha en tiempos de neoliberalismo, invade con su espíritu todo el espectro académico.

Así, por ejemplo, el video con perspectiva educacional -figura más abajo- en su inicio y final, en tanto haya discordancia, puede llegar a oscurecer el centro del panorama explicativo del modelo neoliberal en educación. Valga el caso de una mirada “progresista” que pudiera no aceptar algunos de sus motivos, a partir de lo que se invalide todo el texto fílmico, sin poder discriminar entre lo valioso y no lo valioso desde el propio encuadre político.

Pero, también en el mismo “progresismo” hay grietas. Comento una experiencia que viví, aunque debido a motivos de discreción no puedo mencionar las fuentes de información. En un encuentro, previo a la asunción de Alberto Fernández a la
presidencia de la nación, se realizó un encuentro a efectos de diseñar los lineamientos de las futuras políticas educativas. Los expositores fueron seleccionados estrictamente dentro del ámbito del poder académico vigente, excluyendo a otros que aún pudieran tener miradas o expectativas diferentes, pero no disociadoras. Ni uno de ellos fue elegido (*), y los motivos pueden ser diferentes. Obviamente, es difícil que, independientemente de su aceptación o no, fueran también candidatos para ocupar cargos políticos en el nuevo período gubernamental. Y se da la posibilidad, otra forma de grieta, de no darles cabida simplemente por cuestiones de poder.

Hicimos alusión a la grieta. La palabra grieta aparece en nuestro país durante la primera década del siglo XXI. Tiene que ver con un uso lingüístico que señala la división maniquea de la sociedad argentina entre  kirchneristas  y  antikirchneristas. Dicho enfrentamiento político posee una alta y promovida dosis de irracionalidad, odio, prejuicio, intolerancia, de pura matriz emocional.

Proviene del latín “crepâre” (estallar). Según el Diccionario de la Real Academia Española tiene tres acepciones, de las que subrayamos para nuestro caso aquellas que aluden al término “solidez”:

  1.  f. Hendidura alargada que se hace en la tierra o en cualquier cuerpo sólido.
  2.  f. Hendidura poco profunda que se forma en la piel de diversas partes del cuerpo o en las membranas mucosas próximas a ella.
  3.  f. Dificultad o desacuerdo que amenaza la solidez o unidad de algo.

Grieta se usa a manera de metáfora. Un término nos permite comprender el significado de algo, nos permite comunicar algo a alguien, nos permite posicionarnos de alguna manera en el plexo de las relaciones humanas, en el caso al que aludimos, nos referimos al posicionamiento político. La solidez (firme, macizo, denso) de los cuerpos es estudiada originalmente por la física. En tal sentido, la grieta menta una “estallido” que hace casi imposible el diálogo. El diálogo supone al menos una base de acuerdo como punto de partida, si aquella no existe, tampoco el diálogo. Entonces, son los aspectos emocionales más negativos desde los que se entiende la realidad. Y, si vamos al ámbito académico, la “grieta” en el mismo significa la disolución de lo epistemológico o científico.

Hagamos un juego de imaginación. Consideremos el siguiente breve video en materia de política educativa: https://youtu.be/Qp8obtMJ-kI . Dejo a la libre consideración de cada lector del presente texto la mirada interpretativa que haría alguien que se ubica dentro de la derecha, dentro de la izquierda, dentro del progresismo.

Hagamos la salvedad de que dichos posicionamientos pueden ser ambiguos por lo genérico de cada uno de los mismos. Y otro interrogante más: como docentes, ¿sería dicho video materia de nuestra enseñanza?

(*) Ni uno de los 64 académicos fueron tenidos en cuenta. La propuesta fue por el mérito de estos, sin habérseles consultado al respecto.

Fuente: https://insurgenciamagisterial.com/la-grieta-invade-el-ambito-academico-en-ciencias-sociales-o-de-la-muerte-del-debate-publico/

Fotografía: Revista Bordes.

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¿Dónde quedó el progresismo?

Por: Eduardo Minutella

En el ya no tan amplio espacio de la centroizquierda latinoamericana, la segunda década del siglo todavía joven termina con una vieja pregunta: ¿cuál es el lugar actual del progresismo? Terminados los ciclos liderados por Lula, Chávez, Mujica, Lugo, Bachelet, Morales, Correa y Néstor y Cristina Kirchner, las respuestas a esa pregunta suelen exudar más preocupación que autocrítica. Y, sin embargo, en el contexto del surgimiento de experiencias tardoprogresistas o neoprogresistas, esta última debería revelarse imperiosa.

Del progresismo al neoprogresismo

Inicialmente configurado en tiempos de crisis de las izquierdas tradicionales, el progresismo fue antes una sensibilidad de centroizquierda que una articulación orgánica de fuerzas políticas. La búsqueda de una conjunción entre mayor igualdad y respeto a los valores liberales -como la libertad de expresión y la defensa del orden democrático-, se conjugaba con una (a menudo auto) crítica hacia las experiencias armadas de las décadas de 1960 y 1970. Especialmente desde fines de la década de 1980, para quienes comenzaron a autopercibirse como progresistas, la democracia ya no era solamente un instrumento que facilitaba la vía insurreccional al poder, sino un valor en sí mismo. La caída del Muro de Berlín reforzó esas convicciones y, en la década de 1990, al tiempo que el Consenso de Washington parecía decretar que la democracia liberal y el capitalismo serían las claves de un Nuevo Orden Mundial que gustaba perfilarse como eterno, el progresismo apareció como la izquierda posible de la hora. A finales de esa década, con la publicación en The Economist del artículo Nuevas ideas para la vieja izquierda, parecía iniciarse una renovación intelectual y política para la centroizquierda de la región. Los intelectuales que firmaban aquel texto (el mexicano Jorge Castañeda y el brasileño Roberto Mangabeira Unger), habían promovido una serie de encuentros con dirigentes políticos de todo el continente bajo la consigna Alternativa Latinoamericana. Quienes participaron de aquellos encuentros cuestionaban la hegemonía neoliberal, aunque sin impugnar al capitalismo. Se formó así una suerte de «internacional progresista» en la que participaron intelectuales y dirigentes como Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Dante Caputo, Carlos «Chacho» ÁlvarezCiro Gomes, Ricardo Lagos o Adolfo Aguilar Zinser.

Sin embargo, recién en la década siguiente pareció consolidarse una propuesta progresista que excediera lo meramente discursivo y las declaraciones conjuntas de buena voluntad. De la mano de quienes promovían el retorno del Estado, se tendieron puentes para una verdadera integración regional de proyectos progresistas, aunque para entonces muchos de sus portavoces habían adoptado una retórica nacional-popular que los distanciaba de sus antecesores inmediatos. En algunos casos, esos gobiernos caracterizados o (auto)asumidos como progresistas debieron enfrentar reclamos populares, tanto por su falta de respuestas económicas ante el agotamiento de los modelos que impulsaban, como por la llamada «cuestión democrática», es decir, la impugnación de las derivas autoritarias que experimentaron. Así, predominaron los discursos refundacionales, el fortalecimiento del rol presidencial y hasta los intentos de perpetuación por la vía de un ciclo ininterrumpido de reelecciones. El caso de Venezuela es el más ilustrativo, pero no es el único.
El contrapeso de aquellas experiencias fue el retorno de derechas más enfáticas, que buscaron articularse momentáneamente en el Grupo de Lima, del cual participaron con diverso énfasis presidentes como el chileno Sebastián Piñera, el argentino Mauricio Macri o el más extremo y preocupante Jair Bolsonaro. Neoliberales en los económico y, a menudo, reaccionarios y punitivistas en lo político, estos nuevos liderazgos posibilitaron la irrupción de un frente antiprogresista que diluyó las instituciones de integración regional construidas durante el ciclo progresista precedente.

Sin embargo, algunas experiencias recientes parecen tomar distancia de aquella tendencia de retorno de las derechas, reforzada en los últimos meses por la derrota del Frente Amplio en el Uruguay y, mucho más grave, por el retorno de los sectores más reaccionarios en Bolivia. Aunque con diferencias, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México como el Frente de Todos en la Argentina parecen encarnar un progresismo de nuevo tipo, que algunos han caracterizado bajo el poco preciso rótulo de tardoprogresismo, o incluso como neoprogresismo. Como ha señalado recientemente el politólogo Julio Burdman, uno de los artífices de esta conceptualización es el Instituto Roosevelt, del que participa el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz. En la agenda del neoprogresismo, caracterizado como un paradigma alternativo al neoliberalismo, se incluyen herramientas como el aumento de los impuestos a los ricos, la promoción de leyes y mecanismo para evitar los monopolios, el incentivo a la inclusión de las mujeres y las minorías étnicas y el fortalecimiento de los sindicatos. Para el caso específico de nuestra región, quienes se manifiestan cercanos a estas ideas son conscientes de la necesidad de que aquellas iniciativas sean acompañadas por una mayor responsabilidad para encarar temas que preocupan a amplios sectores de la sociedad y que han sido talones de Aquiles para las experiencias de los progresismos populistas de los últimos años, como la seguridad y la transparencia institucional. Algunos de los integrantes del Grupo de Puebla, el foro político que busca fortalecer los intercambios entre fuerzas progresistas de la región, han reflexionado en este sentido. El ex-candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, por ejemplo, manifestó recientemente que, en algunos casos, los gobiernos progresistas de la década pasada no construyeron verdaderas fuerzas políticas, sino que tendieron a depender de un solo líder, como ocurrió con el caso de Evo Morales, y también cuestionó que los gobiernos progresistas no fueron lo suficientemente intransigentes en el combate de la corrupción.

Una agenda para el siglo XXI

Trátese de tardo o de neoprogresimos, una certidumbre parece empezar a arraigar en quienes buscan superar las limitaciones de las experiencias iniciadas en la primera década del siglo: la seguridad y el combate contra la corrupción no deberían ser temas regalados indolentemente a los portavoces de las derechas. Respecto de la cuestión seguridad, la necesidad de atenderlos ya estaba presente en los clásicos de la tercera vía, aquella encarnación del progresismo de los noventa que rápidamente demostró sus límites en la práctica. Sin embargo, «duro contra el delito; más duro contra las causas del delito», aquel viejo adagio de Tony Blair, fue uno de los tópicos de campaña del Frente Amplio uruguayo cuando Tabaré Vázquez pugnaba por su retorno a la Torre Ejecutiva de Montevideo. Como ha señalado recientemente la socióloga chilena Lucía Dammert, los progresismos latinoamericanos no lograron introducir una diferencia securitaria sustancial en el tiempo en que gobernaron.

Por su parte, la crítica de la corrupción ha sido uno de los motores de la campaña del «tardoprogresista» Andrés Manuel López Obrador, y ha movilizado a sectores de izquierda y de centroizquierda en Colombia. Incluso en la Argentina, el actual presidente Alberto Fernández, más allá de sus alianzas de la hora, se había mostrado crítico de aquellas prácticas en los años finales del gobierno del Frente Para la Victoria. Parece un ejercicio saludable: las cuestiones vinculadas a la ética pública no deberían ser un mero pasatiempo de clases medias, o de personas obnubiladas por los esplendores del discurso liberal, o liberal-republicano. En algunos círculos nacional-populares, el epíteto de progresista, o, más aun, su forma condensada –progre–, comenzó a utilizarse despectivamente. Para quienes se proponen como encarnación de la realpolitik, el progresismo clásico aparece en algún punto de intersección entre el panglosianismo político y el almabellismo autoindulgente. Sin embargo, las sociedades suelen ser menos cínicas que sus dirigentes y pretendidos portavoces de ocasión, y está bien que sea así; es tiempo de que aquellos que intervienen por izquierda en el discurso público lo entiendan. Sobre todo porque sus defecciones en este terreno terminan siendo capitalizadas por las derechas; incluso por las más recalcitrantes.

Una agenda neoprogresista tampoco debería desatender la cuestión institucional. La caída del consenso neoliberal que signó —aunque es cierto que con características y consecuencias disímiles— a los países de la región en la década de 1990, generó un ámbito favorable para experiencias que, más allá de sus diferencias, veían en el retorno del Estado una suerte de bajo continuo que, si bien no propiciaba variaciones interesantes en la estructura armónica de las economías regionales, al menoslas sostenían mientras la sinfonía de las exportaciones se desarrollara al ritmo de los precios altos de las comodities. Pero en algunos casos, ese éxito permitió que se hiciera la vista gorda ante iniciativas que a veces jugaban en el límite de la institucionalidad y que, en algunos casos, demostraban directamente ribetes autoritarios. La institucionalidad democrática, reducida a menudo a un mero formalismo, aparece en estos discursos como mera garante de un statu quo que obtura cualquier perspectiva de transformación profunda, e incluso es minimizada estéticamente por su «falta de épica», justamente, uno de sus mayores méritos. El caso Venezuela, acicate discursivo preferido por las derechas continentales, es el mejor ejemplo de hasta qué punto la falta de autocrítica de las izquierdas termina siendo capitalizada por fuerzas que oscilan entre el conservadurismo neoliberal y el autoritarismo exhibido a la intemperie, como el que gusta cultivar el presidente Bolsonaro.

Sin embargo, no todo en el neoprogresismo es disputa de agenda con la derecha. Nada de aquello tiene sentido si no se combate la desigualdad. Con ese fin, quienes empiezan a dar carnadura a perspectivas neoprogresistas proponen, por ejemplo, aumentar los impuestos a las grandes fortunas. Al decir de Joseph Stiglitz, si a pesar de las bajas cifras de desempleo el capitalismo estadounidense le está fallando a sus ciudadanos, el progresismo puede ofrecer una solución viable para salir del lodazal. La pregnancia de ese discurso puede constatarse incluso en las internas del Partido Demócrata. Pero en el caso de América latina, el problema parece ser aun mayor, ya que no se trata solamente de reducir las desigualdades sociales, sino de impulsar economías pujantes y competitivas, una empresa de otras dimensiones y de difícil alcance. Justamente, este parece ser el mayor desafío para los años venideros. Más allá de la atendible agenda de ampliación de derechos, hoy vitalmente saludable gracias al empuje del movimiento feminista, ¿cuál es la apuesta a futuro del progresismo? Dicho de otro modo, ¿cuál es la idea de progreso que manejan actualmente quienes se definen a sí mismo como progresistas? De lo fecundo de las respuestas dependerá que la pregunta inicial de este artículo, la pregunta eterna sobre las limitaciones del presente, pueda tener algún sentido.

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/donde-quedo-el-progresismo/

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