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Declaración de Geert Cappelaere, instando a todas las partes en las conversaciones de Ginebra a dar prioridad a las necesidades de los niños de Siria

Asia/Siria/24 d febrero de 2017/Fuente: UNICEF

«La imagen desgarradora de un adolescente llamando a gritos a su padre pocos minutos después de haber perdido las dos piernas en lo que parecía un asalto en Idlib la semana pasada es otro brutal recordatorio de que los niños siguen siendo atacados en el conflicto de Siria.

Mientras en Ginebra continúan los esfuerzos para reunir a todas las partes en conflicto –una guerra que dura ya casi seis años- como un intento de lograr el restablecimiento de la paz, nosotros hacemos un llamamiento a todas ellas para que demuestren su liderazgo en pro de los derechos de los niños.

Por eso, les instamos a hacerse la siguiente pregunta: ¿Y si fuesen sus hijos?

Desde el inicio de este año, al menos 20 niños han muerto en ataques y muchos más han resultado heridos, incluyendo una niña que, con sólo un día de vida, fue víctima del bombardeo de su casa en la zona rural de Damasco. Además, casi dos millones de niños continúan sin acceso a la ayuda humanitaria que necesitan con urgencia.

Las cifras son un sombrío indicio de que el cese en las hostilidades anunciado en diciembre pasado aún no se ha traducido en hechos en materia de protección y asistencia humanitaria para todos los niños de Siria. Hasta ahora, sólo tres misiones inter-agencia han llegado a los niños en las zonas asediadas y de difícil acceso.

El coste inconmensurable en vidas y sufrimientos debería avergonzar al mundo y llevarle a tomar medidas inmediatas para encontrar una solución política a la guerra.

Recordamos a todas las partes en conflicto que su obligación, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, es proteger a los niños en todo momento, dondequiera que estén y sin importar quién tenga el control de la zona en la que viven.

Los niños siguen siendo víctimas de una violencia constante y generalizada en todo el país. Además, se les sigue privando de lo básico para cubrir las necesidades que les permitirían salvar la vida.

Las partes en el conflicto deben proporcionar acceso inmediato, incondicional y sostenido en el tiempo a todos los niños que necesitan asistencia en todo el país. El asedio debe terminar. Es inaceptable que se retiren de los convoyes los suministros que salvan vidas, igual que es inadmisible el uso del agua como arma de guerra.

De la misma manera, todas las partes en conflicto y aquellos que tienen influencia sobre ellas deben actuar con un extremo sentido de urgencia para silenciar las armas para siempre.

Es hora de que las partes, junto a cualquier persona que lleve en su corazón los intereses de los niños sirios, se sienten a hablar de ellos.
Los más de diez millones de niños sirios que sufren directa y diariamente las consecuencias de este conflicto sólo quieren una cosa: tener paz y que les devuelvan la infancia.

Las partes en conflicto y aquellos que las apoyan les deben a los niños de Siria poner fin a esta guerra de una vez por todas”.

Fuente: https://www.unicef.org/spanish/media/media_94908.html

Imagen: https://www.unicef.org/spanish/media/images/UN027717.jpg__Syria_Feb_23_Statement.jpg

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Malaui prohíbe por completo el matrimonio infantil

El Gobierno de Malaui aprobó una enmienda constitucional que prohíbe por completo el matrimonio infantil. La medida acaba con las lagunas legales que existían en la constitución del país.

El Parlamento de Malaui aprobó el pasado martes una reforma constitucional que pone fin a una laguna legal que vulneraba los derechos de las niñas y permitía que estas fueran casadas por sus padres. La reforma fue aprobada con 131 votos a favor y dos en contra.

De acuerdo a la organización no gubernamental Plan International, que promueve los derechos de los niños y el fin de la pobreza infantil, se trata de una medida histórica. En el país del sur del África cerca del 46 por ciento de las menores se casan antes de cumplir los 18 años de edad. Hasta la fecha, Malaui era el noveno país del mundo con mayor prevalencia de matrimonio infantil.

La organización destacó la labor de campaña que ha ejercido un grupo de jóvenes para promover la medida y lograr la prohibición del matrimonio infantil. La directora de Plan International en el país, Lilly Omondi, indicó que “escuchar a los jóvenes ha sido crucial para el proceso. Al asegurarse de que sus voces se tenían en cuenta, han ayudado a garantizar la salud y el futuro de millones de niñas malauíes”.

La directora de la ONG en España, Concha López, declaró que “las niñas y mujeres casadas suelen ser obligadas a abandonar su educación, lo que reduce cualquier esperanza de futuro. Las niñas en esta situación corren además mayor riesgo de ser víctimas de la violencia, los abusos y las violaciones”.

La práctica había sido prohibida en la Ley de Matrimonio, Divorcio y Relaciones Familiares de 2015 que elevaba la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años. Sin embargo, la Constitución aún contenía una laguna legal que permitía el matrimonio de menores entre 15 y 18 años con el consentimiento paterno. Como resultado muchos padres continuaban obligando a sus hijos a casarse en contra de su voluntad.

El cambio constitucional fue promovido por un movimiento de jóvenes activistas, funcionarios y líderes comunitarios que trabajaron de forma conjunta para hacer campaña a favor de la reforma. Memory Banda, una joven de 20 años cuenta su experiencia. “Cuando mi hermana tenía solo 11 años fue obligada a casarse con el hombre que la había dejado embarazada. Por aquel entonces yo era joven y pensaba que eso era lo normal, pero rápidamente me di cuenta de que los abusos que sufría tenían un impacto devastador”.

Fuente:http://www.telesurtv.net/news/Malaui-prohibe-por-completo-el-matrimonio-infantil-20170216-0052.html

Imagen: www.telesurtv.net/__export/1487285413874/sites/telesur/img/news/2017/02/16/malaui_16-02-2017_plan_international.jpg_1718483347.jpg

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Parlamento infantil demanda mayor seguridad y educación de calidad en México

México/Febrero de 2017/Fuente: Hoy

El décimo Parlamento infantil de México pidió ayer mayor seguridad y mejor educación, al iniciar sus debates con la participación de 300 legisladores que se reunirán hasta el 17 de febrero en la sede de la Cámara de Diputados.

«Tenemos miedo de la inseguridad; ya no podemos salir a jugar en las calles ni al parque, porque existe gente mala que nos daña o nos quiere secuestrar», afirmó el niño Axel Valencia, legislador por el central estado de Morelos.

Alexandro Montoya, representante por el norteño estado de Sinaloa, aseguró que muchos menores pretenden mandarse y andar solos por las calles y se olvidan que «somos niños, no adultos», por lo que pidió «hacer algo para que la niñez mexicana no se acabe».

Magaly Estefanía Gómez, del oriental estado de Veracruz, señaló a la inseguridad como uno de los principales problemas del país y demandó una mayor vigilancia en las escuelas y una mayor atención de los adultos para con los niños en las redes sociales.

Yaneth Santana, del Estado de México, aseguró que la educación «es un instrumento poderoso» que permite a las niñas, niños y adultos salir de la pobreza por su propio esfuerzo y pidió que esta sea de mayor calidad.

Previo a la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), tomó juramento a los 300 legisladores infantiles, todos de entre 10 y 12 años.

La presencia de los 300 legisladores infantiles «confirma el interés del Congreso mexicano por construir espacios democráticos donde todos nos podamos escuchar», aseguró Bolaños.

Los niños eligieron una mesa directiva formada solo por niñas y que será encabezada por Ashley Brigette Gómez, de la Ciudad de México, durante las sesiones de trabajo hasta el próximo viernes.

Los 300 menores, procedentes de escuelas primarias de todo el país, trabajarán esta semana distribuidos en 15 comisiones con 20 legisladores cada una.

Las conclusiones integrarán la llamada Declaratoria del Décimo Parlamento de las Niñas y Niños de México.

Además de reunirse en la Cámara de Diputados, los parlamentarios infantiles cumplirán visitas a la residencia presidencial de Los Pinos, a la sede del Instituto Nacional Electoral y al Centro Interactivo de Futura CDMX.

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/noticias/mexico/efe-3178551-12595294-20170213-story.html

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Un alimento precolombino libra la batalla contra la desnutrición en Haití

Haití/Febrero de 2017/Fuente: TRT Español

Las Hermanas Dominicas de la Presentación, con el apoyo de la ONG española Manos Unidas, utilizan una mantequilla de maní, llamada mambá, cuyo origen se remonta a la época precolombina, para luchar contra la desnutrición infantil en la periferia de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Esta congregación religiosa trabaja en la periferia de Puerto Príncipe para mejorar la salud y la educación de niños pertenecientes a familias pobres y afectadas por el seísmo que arrasó el país el 12 de enero de 2010.

En una entrevista concedida a Efe, la religiosa colombiana Gloria Inés González cuenta su experiencia en Haití, «el paraíso pobre de América Latina», donde trabaja desde hace dieciocho años en el ámbito de la cooperación.

González, quien también vivió en este país el huracán Matthew en 2016, expresa su admiración por la capacidad de resistencia y sufrimiento de los haitianos, que sonríen y no se quejan, a pesar de las dificultades.

«El terremoto me marcó. En cuestión de segundos, te quedas sin nada, sin casa, sin ropa. Empezamos a rescatar gente, a ir a la frontera por pan y salchichas y ver que la gente poco a poco se iba recuperando te da fuerzas para trabajar», explica la religiosa.

Tras seis meses de «frustración» por la catástrofe, la comunidad, formada por cinco hermanas, decidió poner marcha el proyecto de construir su casa, una clínica pediátrica, una casa de acogida y un jardín de infancia, con la ayuda de gente que las conocía y sin recibir «nada» del Gobierno.

«Los niños son la población más abandonada, vulnerable y desprotegida. Presentan muchas enfermedades como sida, desnutrición, diarreas y problemas de piel. Muy pocos padres tienen un trabajo que les permita alimentar a sus hijos y las familias residen en viviendas muy deficientes», señala González.

En la clínica Espíritu Santo, que cuenta con el respaldo de Manos Unidas desde 2011, funciona un programa de acompañamiento médico y nutricional para 250 niños, así como un programa de formación de las madres sobre cuestiones básicas de higiene, vacunación, prevención de enfermedades y alimentación.

El proyecto dirigido a los más pequeños consiste en que cada viernes se recibe a los niños, se los pesa, se los mide y se les da una leche especial, además de un producto haitiano, que es una mantequilla de maní, denominada mambá.

«Es muy cara, pero si un niño se toma tres sobres se puede rehabilitar en dos días por la cantidad de nutrientes que tiene», precisa González, quien indica que el niño no sale del programa hasta que el médico verifica que cumple todos los requerimientos para hacerlo.

González es la directora de una escuela, propiedad de los Misioneros de San Carlos Borromeo, a la que asisten 1.016 alumnos en las afueras de la capital haitiana.

Después del terremoto, decidió contribuir a la «reconstrucción de Haití», a través de la educación de los niños, para lo que buscó la ayuda de profesionales y voluntarios. «Cuando llegamos había mucha violencia en la zona y la escuela se ha convertido en un elemento positivo», subraya.

La religiosa considera que el huracán Matthew ha sido más duro que el terremoto, la agricultura se perdió y los campesinos del sur están emigrando a la capital y produciendo superpoblación.

«Ahora veo menos implicación con esta nueva catástrofe», apunta González, quien estima que la reconstrucción del sur tardará más de diez años.

Confiesa que se identifica con el lema de la campaña de Manos Unidas de este año, «El mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida», y afirma con convicción: «A la gente no hay que darle pescado, hay que enseñarle a pescar. No hay que dar, hay que crear medios de trabajo y enseñar».

Asegura que, para desarrollar su labor, cuenta «con los propios haitianos como brazo derecho, con voluntarios extranjeros como brazo izquierdo, con mi congregación como el corazón».

«Nosotros estamos en el terreno y hay gente que está fuera, que pueden parecer espectadores pasivos, pero son muy activos, como es el caso de Manos Unidas y todos los españoles que colaboran económicamente. Esta ONG vive gracias a la convicción, la fe y el deseo de servir bien y mejor a los más pobres», recalca.

Fuente: http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2017/02/07/un-alimento-precolombino-libra-la-batalla-contra-la-desnutricion-en-haiti-666391

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Australia: Catholic education system under a cloud after child sex abuse commission findings

Australia/Febrero de 2017/Fuente: The Sydney Morning Herald

RESUMEN: Mark Fabbro recuerda más vivamente el callistoon floreciente y el cielo azul fuera de la ventana de la pequeña habitación escondida detrás de la oficina del sacerdote. Todo lo demás – el látigo, la sensación de que su piel desnuda se presiona en el sofá de cuero, el sacerdote murmurando en latín detrás de él – vuelve en instantáneas fracturadas, imágenes que se levantan sin necesidad de los profundos pozos de la memoria de la infancia. «Ese fue un escape mental para mí, por la ventana y en la naturaleza», dice Fabbro. «Aparentemente me enviaron de nuevo, pero no puedo recordar lo que pasó [la segunda vez]. Es como si mi mente se apagara mientras cruzaba el patio de recreo». Fabbro tenía sólo 11 años cuando fue violado por el sacerdote jesuita John Byrne en el prestigioso Xavier College de Melbourne. Las estadísticas de esta semana son espantosas «, admitió uno de los directores de la escuela católica. Pensar que podría haber continuado y luego haber vuelto a repetir. Creo que en el futuro habrá un modelo de gobierno en las escuelas católicas que es muy diferente del actual «. Funcionarios católicos que hablaron esta semana con Fairfax Media insisten en que sus escuelas se ejecutan de manera muy diferente ahora. Las autoridades federales y estatales han reforzado los requisitos de inscripción escolar, incluyendo estándares más estrictos de protección infantil, que las escuelas religiosas e independientes deben cumplir. Y los padres todavía hacen cola para inscribir a los niños en las escuelas administradas por la iglesia.

Mark Fabbro remembers most vividly the flowering callistemon and blue sky outside the window of the small room tucked behind the priest’s office.

Everything else – the whip, the feel of his bare skin being pressed into the leather couch, the priest mumbling in Latin behind him – comes back in fractured snapshots, images rising unbidden from the deep wells of childhood memory.

«That was a mental escape for me, out the window and into nature,» Mr Fabbro says. «Apparently I was sent there again but I can’t remember what happened [the second time]. It’s like my mind shut down as I crossed the playground.»

Mr Fabbro was just 11 when he was raped by Jesuit priest John Byrne at the prestigious Xavier College in Melbourne.

«The church has proven it is unable to govern itself or in the interests of children over many decades,» the survivor’s advocate says.

«It has concealed the crimes. It’s time the civil authorities step in and ensure an appropriate degree of governance.»

Leonie Sheedy, co-founder of support group Care Leavers Australia Network, argues Catholic schools should get «no more taxpayer dollars» until there is greater accountability. Federal funding is generous: $5.5 billion to the Catholic sector in 2014, topping up state and parent contributions.

She is not alone. Many victims are demanding a comprehensive external review of the sprawling maze that constitutes Australia’s Catholic education system. The case for fundamental change gained powerful traction this week when senior counsel assisting the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Gail Furness, SC, laid bare the breathtaking scale of it: nearly 4500 alleged victims within more than 1000 separate Catholic institutions who made complaints between 1980 and February 2015, and close to 2000 alleged perpetrators

Most staggering were the proportions of abusers within some of the semi-autonomous Catholic religious orders (spiritual communities, often with roots in the church’s European ancestry).

These organisations had tentacles deep into the Catholic school system, with some of the worst abuse reported in the schools they ran. They included the Order of St John of God, where the proportion of alleged perpetrators was estimated at 40.4 per cent; the Christian Brothers (22 per cent) and the Marist brothers (20.4 per cent).

«The statistics this week are appalling,» one Catholic school principal admitted. «To think it could have gone on, and then gone on again, and again. I think in the future there will be a governance model in Catholic schools that is very different from today’s.»

Catholic officials who spoke to Fairfax Media this week insist their schools are run very differently now. Federal and state government authorities have tightened school registration requirements, including tougher child protection standards, which religious-based and independent schools must comply with. And parents are still queuing up to enrol kids in church-run schools.

Yet even a cursory examination of how the Catholic education system is structured in Australia reveals a dizzying complexity within each state which obscures lines of accountability. And there remain striking differences between states.

In New South Wales, for instance, there are 592 Catholic schools with a combined quarter of million students. Of these, 548 are diocesan or «systemic» schools under the administration of no less than 11 individual dioceses reporting to 11 different bishops.

The remaining 44 Catholic schools in the state are run either by the independent Catholic orders, or by associated entities with the obscure church title of «public juridic person».

Acting executive director of the Catholic Education Commission NSW, Ian Baker, insists child protection is now triply safeguarded by mandatory reporting of child sexual abuse backed by strict oversight through an array of state bodies, including the NSW Office of the Children’s Guardian, the NSW Education Standards Authority (NESA) and the Ombudsman.

«Working with children» checks are under way on all the state’s teachers, and on clergy who take up pastoral care in schools, he says.

«There are multiple agencies with multiple lenses on this matter,» says Mr Baker. «We are not denying any of the history. But the question is, can we be confident that within all schools in NSW – Catholic or otherwise – child protection is now transparently and independently oversighted? Our answer is yes.»

Yet in Victoria, unlike NSW, priests still have a lot of power in individual parishes and play a significant role in running all but a handful of the state’s 400 Catholic primary schools. Priests are charged with employing the principal, overseeing school finances and are central to setting up the governing board.

About half of Victoria’s approximately 100 secondary schools are owned by 21 different religious orders – each have varying governance structures. The other half, the systemic schools, fall under the four Victorian dioceses to which they belong.

The Catholic Education Commission of Victoria – which distributes taxpayers’ money to the state’s 492 Catholic schools – refused requests for an interview, spokesman Christian Kerr saying it was «inappropriate» to comment before officials appeared before the royal commission next week.

Catholic Religious Victoria, which represents the various congregations that run schools, said parents could be confident all schools complied with statutory requirements and were committed to child safety.

«We want to make sure that this kind of terrible thing could never happen again,» said its president, Sister Veronica Hoey.

«I’m reassured that our schools are compliant with all processes, procedures and policies.»

Yet asked about the reporting mechanisms in place for the religious order-run schools, one experienced principal replied: «It’s as clear as mud. Who would know?»

Another Catholic education official admits it’s taken him years to understand the system.

The welter of bodies with a finger in the Catholic education pie include the Australian Catholic Bishops Conference, which last year set up a new entity called Catholic Professional Standards Limited and the National Catholic Education Commission, an advocacy group. The Catholic orders have their own umbrella group, Catholic Religious Australia.

Yet there is, as one seasoned church observer puts it, «no CEO of the Catholic church in Australia, there is no boss. There is nobody who runs it. Each bishop or archbishop in each diocese – whether in the cities or outback Australia – answer only to the Holy See in Rome.»

Former principal of St Joseph’s College in Geelong, Paul Tobias, has told the the royal commission the church is persisting with «antiquated» governance models. He believes there remains too much power among the few people at the top with not enough input from non-clerics and women.

Some of the orders named and shamed before the royal commission this week (such as St John of God) no longer run schools in Australia. Others are putting a greater emphasis on lay administration.

These include Edmund Rice Education Australia (named after the early 19 century founder of the Christian Brothers order) which 10 years ago took over the running of all Christian Brothers schools in the country.

EREA’s executive director Wayne Tinsey insists that «the congregation of the Christian Brothers have nothing to do with the day to day management, governance or leaderships of the schools, which they previously owned but are now owned by us».

Even so, the order’s Rome-based Congregation Leader appoints the council of trustees, who then appoint a board of management to run the organisation’s 50 schools.

Dr Tinsey admits shock at the figures coming out of the royal commission this week. «It is an uncomfortable time to be a Catholic,» he says.

«It’s part of a destructive and shameful reality in our national history and we are totally committed to it never ever happening again.»

Yet he maintains organisations such as his should be able to keep their autonomy within the church and the school system, to keep faith with the order’s original mission, or «charism», in church parlance.

Chris MacIsaac, from victims support group Broken Rites, said a problem for many clergy abuse victims was that the hierarchy of their former schools did not acknowledge or address the scourge of abuse when they came forward.

Melbourne lawyer Vivian Waller says while many abuse victims do not trust Catholic institutions to look after children, banning a religious denomination from teaching «feels like a dangerous course».

Dr Waller, who has represented hundreds of victims of abuse at the hands of clergy, says church-run schools need to «walk the walk and what the community want to see is that they have put processes in place for protecting children and reporting to police».

But not all parts of the church are yet «walking the walk». Even the royal commission is having trouble extracting documents from the Holy See, Ms Furness revealed this week. The task ahead, she flagged, would be to identify the «structural, governance and cultural» factors that must change inside the church to ensure its dark past never returns.

Fuente: http://www.smh.com.au/national/catholic-education-system-under-a-cloud-after-child-sex-abuse-commission-findings-20170210-gua1pv.html

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Fiscal pide mayor prevención de ciberdelitos contra menores en Paraguay

Paraguay/Febrero de 2017/Fuente: Terra.com

La fiscal contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes de Paraguay, Teresa Martínez, dijo hoy a Efe que es necesario un mayor esfuerzo de educación para prevenir ciberdelitos contra menores de edad, como la pornografía infantil o el acoso virtual.

Martínez denunció que en Paraguay las empresas prestadoras de servicios de internet y telefonía no imponen ningún tipo de control ni restricción en el uso de teléfonos celulares y computadoras por parte de niños, niñas y adolescentes, que tienen acceso a todo tipo de páginas, incluyendo las que contienen pornografía.

Añadió que los adolescentes pueden producir y difundir imágenes, y algunas veces toman fotografías de carácter sexual y las comparten a través de las redes sociales, en la práctica conocida como «sexting».

La fiscal explicó que, en muchos casos, los menores comprenden los riesgos de estos hechos solo una vez que sus imágenes han sido publicadas y difundidas de forma masiva.

«No tenemos ninguna ley que permita preservar los datos de tránsito, de forma que podamos investigar quiénes cometen este tipo de delitos en internet. Tampoco hay restricciones cuando las empresas venden teléfonos celulares, acerca de si el usuario es o no mayor de edad», detalló.

Martínez agregó que la falta de control sobre los contenidos a los que acceden los menores de edad también deriva de la falta de conocimiento en nuevas tecnologías de muchos padres, y de la ausencia de educación sexual en las escuelas.

«Estos contenidos no se pueden aislar del proceso de educación, se deben incorporar en la malla curricular para que los niños, niñas y adolescentes puedan defenderse de estos hechos», declaró.

Martínez recordó un caso destacado en el que, en 2014, la falta de control del acceso a internet derivó en la violación de dos menores en la penitenciaría de Tacumbú, la mayor de Paraguay.

Las adolescentes habían sido contactadas a través de internet por varios reclusos del penal, que tenían acceso a las redes gracias a una biblioteca destinada a capacitarles para su reinserción.

Las dos jóvenes ingresaron en el penal portando documentación falsa y, una vez dentro de la cárcel, entraron a la celda de los internos, donde padecieron abusos sexuales.

La fiscal explicó que el ingreso de menores sin acompañantes en la cárcel está prohibido, y enfatizó que el acceso a internet de los presos debería estar controlado para evitar que sigan cometiendo delitos aún dentro de la prisión.

Por ello, Martínez considera que el entonces director de la penitenciaría de Tacumbú, Julio Acevedo, debe ser juzgado y castigado por un hecho de omisión, de manera que las dos víctimas puedan ser reparadas y reclamar una indemnización por los daños sufridos.

La Justicia paraguaya dictó un total de 1.169 condenas por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes entre los años 2010 y 2015, según datos de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

Fuente: https://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/fiscal-pide-mayor-prevencion-de-ciberdelitos-contra-menores-en-paraguay,4f431e8273bc772ccf60399b2835041ba64op3i1.html

 

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Venezuela: “Suscerte va a la Escuela” llegó a la parroquia Caricuao

Venezuela/Febrero de 2017/Autoras: Verónica Palacios y Carmen Victoria Cova/Fuente: Prensa Suscerte

Más de 45 niños, niñas y adolescentes estudiantes de la Unidad Educativa Nacional “Tomás Vicente González” fueron concienciados mediante la campaña institucional “Suscerte va a la Escuela”.

La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), ente adscrito el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct),  en el marco del Plan Caracas Bella, continuó el cronograma de actividades previsto para este año 2017, con la ejecución de la campaña “Suscerte va a la Escuela, Niñas, Niños y Adolescentes Ciberseguros”, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a nuestra población estudiantil, trabajadoras y trabajadores del ámbito educativo, padres, madres, representantes y comunidad en general, sobre las oportunidades y riesgos que ofrece el internet y las redes sociales, a fin de proveer herramientas informativas y educativas que conlleven al manejo de un ciberespacio seguro y confiable.

En esta oportunidad y por conmemorarse el Día Internacional del Internet Seguro, este martes 07 de febrero de 2017, “Suscerte va a la Escuela” llegó a la parroquia Caricuao, específicamente a la Unidad Educativa Nacional “Tomás Vicente González”, con la realización de la charla “Uso Seguro de Internet y Redes Sociales” y la transmisión de videos educativos e informativos sobre el ciberacoso (ciberbullying).

El encuentro inició con las palabras del estudiante de quinto año, José Muro, vocero principal de la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE), de la UEN Tomás Vicente González, quien expresó la importancia del apoyo gubernamental en el tema de la ciberseguridad y agradeció la iniciativa de Suscerte en brindar a la población estudiantil las herramientas adecuadas para el uso seguro de internet.

La Subdirectora del plantel, Jennifer Jiménez, agradeció la presencia de cada uno de los participantes, así como la valiosa inclusión que ha tenido el Gobierno Bolivariano con la institución educativa. “Esperamos que esta sea la primera de muchas visitas y actividades de información. Tenemos pensado llevar esta iniciativa a la escuela para padres y madres, a fin de reforzar la educación en este ámbito, de nuestros niños, niñas, adolescentes y su entorno familiar” expresó.

Por su parte, el Director General para el Desarrollo y Aplicación de Tecnologías Libres del Mppeuct, Daniel Peña, manifestó que “para el Ministerio es importante la OBE y estamos en pro de fortalecer e impulsar organizaciones como éstas. No olvidemos que nosotros propiciamos el uso de la tecnología y este tipo de actividades buscan que ustedes comprendan lo escencial que es el reguardo personal, de la familia y de la nación”. Peña señaló que debemos saber cuál es el potencial y para qué debemos usar el internet y las redes sociales.

Seguidamente la Superintendenta, Nerissa Aguilera, realizó su intervención de manera didáctica e interactiva con los estudiantes, docentes, y representantes presentes, intercambiando información sobre el manejo de internet y las redes sociales, dándoles a conocer mecanismos más seguros para poder comunicarse a través de  internet. “Hay maneras de estar en las redes, pero protegiéndonos”, resaltó, De igual manera, ahondó en el tema referente a los ciberdelitos, a las definiciones y diferencias entre hacker ético, crackers, entre otros, aclarando las dudas y conociendo el interés y la afinidad de los estudiantes ante estos temas.

Agradeció el entusiasmo de la comunidad educativa ante esta campaña informativa que persigue conformar un movimiento gran nacional pro ciberseguridad, a fin de que se conviertan en multiplicadores de la información y ejecutores del debido manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Charla “Uso Seguro de Internet y Redes Sociales”

La convocatoria a la actividad contó con la población estudiantil esperada, pues más de 45 estudiantes asistieron a la charla que se realizó en la Biblioteca «Arturo Uslar Pietri» del plantel, lugar idóneo y acondicionado para que los jóvenes, docentes y representantes, disfrutaran de la proyección de videos educativos sobre ciberseguridad, junto al material de la charla “Uso Seguro de Internet y Redes Sociales”, impartido por la Licenciada Mariagabriela López, Directora de Investigación, Formación y Desarrollo Tecnológico de Suscerte.

López explicó los conceptos básicos sobre internet y redes sociales, profundizando en el tema del ciberespacio, los beneficios que brinda el mundo 3.0 y las amenazas que pueden poner en peligro la seguridad e integridad de cualquier persona. De  igual manera, aconsejó cómo enfrentarnos y protegernos ante estos peligros, con la explicación de casos reales del mal uso de estos medios digitales que hacen algunas personas para cometer fechorías como secuestro, extorsión, violación, estafa y otros.

La actividad culminó con el compromiso de los estudiantes, liderado por el vocero principal de la OBE, José Muro, de conformar el movimiento estudiantil pro ciberseguridad, que se encargará de replicar la información recibida, fomentando la comunicación no violenta y sensibilizándolos para formar ciudadanos pacíficos, a fin de contar con una verdadera construcción de la sana ciberconvivencia, bajo las premisas del respeto y la cordialidad.

De esta manera, el Mppeuct, a través de Suscerte, continúa contribuyendo con la formación educativa y la creación de una cultura de ciberseguridad en los niños, niñas y adolescentes de nuestra Patria.

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