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Opinión: ¿Se acabó la verdad histórica?

Por: Tlachinollan

 

En el mes de noviembre del 2014, en plena efervescencia y convulsión social por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el gobierno federal anunciaba a través del procurador general de la república Jesús Murillo Karam, que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala, y que los habrían entregado al grupo delictivo guerreros unidos, quienes los asesinaron e incineraron. Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, esa fue la versión oficial que defendió a capa y espada.

En el sistema penal de corte inquisitivo se buscaba la verdad histórica, que consistió en reconstruir los hechos tal cual acontecieron en el mundo fáctico, a través de la prueba recabada en el proceso.  Por su parte, el sistema penal acusatorio prescinde de este objetivo procesal y apuesta por el esclarecimiento de los hechos y la solución del conflicto penal, partiendo que la verdad no es unívoca, y que cada persona involucrado en el proceso tiene su versión de lo acontecido.

Murillo Karam, cuando dio a conocer su “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, quiso mostrar que el conjunto de pruebas que tenía reunidas, reconstruía fielmente lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre: que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos vertidos al río San Juan.

Esta conclusión, se enmarca dentro de una crisis política propiciada por la protesta social que puso en grave riesgo la estabilidad del gobierno Peña Nieto. Para desactivar este movimiento que se tornaba más virulento, abanderando la consigna de “fue el Estado”, la narrativa de la verdad histórica, se limitó a circunscribir los hechos a un conflicto local protagonizado por el presidente municipal de Iguala con su policía preventiva coludidos con un grupo delictivo de alcance municipal. Excluyó deliberadamente la participación de autoridades federales. Esta versión se sustentó básicamente en tres confesiones de testigos, con la finalidad de cerrar la investigación y concluir la búsqueda de los 43 estudiantes.

Estas conclusiones de la investigación que buscaron un gran impacto mediático, tuvieron como respuesta un rechazo social unánime. Para la población que se trató de una respuesta política más que una investigación científica comprometida con la verdad y la justicia para las víctimas.   En el 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su primer informe desmontó esta trama de la versión oficial. Presentó una serie de pruebas científicas que no daban crédito la incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), demostró paso a paso las inconsistencias de esta escena de la pira. En el 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas resolvió que los detenidos fueron torturados, declarando ilícitos y nulos sus testimonios.  Por otra parte, se fueron acumulando más datos dentro de la misma investigación que dejaban sin sustento la verdad histórica. Es importante resaltar algunos de ellos: que los celulares de los estudiantes, con los que supuestamente fueron quemados, estuvieron activos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre y varias prendas de vestir de su propiedad aparecerían en lugares distintos al basurero. Estas pruebas irrefutables fueron deshilando la trama de la versión oficial. La lucha inquebrantable de las madres y padres de los 43, se transformó en un referente nacional que cimbró al mismo gobierno peñanietista. Lograron condensar todo el malestar social para transformarse en un símbolo de la dignidad y la resistencia. Su autoridad moral transcendió fronteras y logró atraer la atención internacional, al grado que el gobierno federal perdió credibilidad y su verdad histórica se fue resquebrajando. Su lucha logró innovar un mecanismo de supervisión internacional que tuvo un impacto favorable en el nuevo curso de las investigaciones. Los informes del GIEI fueron determinantes para descarrilar la línea impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR).

Además del peritaje del basurero de Cocula, el GIEI concluyó con gran contundencia: que en el ataque se realizó un operativo de gran envergadura que contenía tres cercos; el primero instalado en el centro de Iguala; el segundo en el crucero de Santa Teresa y el tercero en los municipios colindantes como Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco, Chilpancingo, Zumpango. La participación de las policías preventivas de los tres primeros municipios, quedó corroborada con distintos medios de prueba. Ellos obstruyeron el paso de los autobuses en hora críticas. Se ha constatado la participación de fuerzas de seguridad federal como la policía federal y el ejército mexicano. Se logró indagar que el grupo delictivo de guerreros unidos no era una pequeña célula, sino una red delincuencial con capacidad operativa a nivel internacional, que tiene trazada una ruta para la transportación de drogas de Iguala a Chicago, en autobuses de transporte público. La investigación también corroboró que los funcionarios encargados de la investigación incurrieron en actos de tortura, que recabaron pruebas ilícitas, y en contravención a la ley alteraron la escena del crimen, con la intención deliberada de ocultar la verdad y el paradero de los 43 estudiantes.

Con gran visión las madres y padres de los 43 estudiantes lograron posicionar el caso Ayotzinapa en la agenda de los candidatos presidenciales. Irrumpieron en un acto político del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Iguala. No solo los invitó a subir al templete, sino que les dio el micrófono para que planteara con toda claridad su exigencia de verdad y justicia. Desde aquel celebre mitin quedó sellado el compromiso del ahora presidente de la república de esclarecer los hechos. El caso de los 43 es un tema primordial para el gobierno de la república, por ello el mismo presidente dio la pauta para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Por su parte, el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, emitió un acuerdo que crea la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa dentro de la FGR. No obstante, las altas expectativas que se suscitaron al calor de la nueva administración federal, las investigaciones no tuvieron un avance sustantivo. Todo el 2019, fue una espera impaciente por parte de las madres y padres de familias porque no había avances en las investigaciones. Se dieron momentos sumamente desconcertantes, que causaron desencanto. Por la liberación de varios detenidos, a causa de las inconsistencias de la investigación de quienes crearon la “verdad histórica”.  Se percibió desanimo, una especie de decepción, ante el gran número de personas liberadas. Las madres y padres pidieron reunirse con el presidente de la república para hacer expresar su sentir y apelar a su compromiso de llegar a la verdad. En el mes de septiembre se realizó el primer encuentro donde se establecieron nuevos compromisos y se programaron otras reuniones para darle seguimiento a los acuerdos. En el mes de enero y febrero de este año, se realizaron dos reuniones de suma trascendencia con el presidente de la república. En una de ellas estuvieron presentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la república, como lo habían solicitado las madres y padres, para dar un impulso a las investigaciones, pero sobre todo a entregar resultados de las nuevas indagatorias, para acabar con los pactos del silencio. En la última reunión, las madres y padres exigieron la detención de altos funcionarios que construyeron la “verdad histórica”.

La conferencia del fiscal general, el pasado del 30 de junio resume el nuevo derrotero de las investigaciones y vislumbra los nuevos avances y los hallazgos en las búsquedas que se traduce en tres elementos fundamentales: el fin de la “verdad histórica”; la orden de aprehensión contra Tomás Zerón; la detención de Ángel Casarrubias y los actos de corrupción del poder judicial, así como el anunció de 46 nuevas órdenes de aprehensión.

La declaración de que terminó la verdad histórica es muy significativa, porque se desecha la posición del gobierno anterior, colocando nuevos elementos en la indagatoria. Se rompe con el esquema localista del caso Ayotzinapa, más bien contextualiza estos hechos dentro del fenómeno de la macrocriminalidad, donde se encuentran involucradas autoridades federales. Las órdenes de aprehensión contra altos funcionarios es un claro mensaje de que no habrá impunidad. Tomás Zerón tiene mucho que decir sobre su actuación irregular en el proceso ¿Por qué tantas deficiencias cometidas en la investigación? ¿A que intereses políticos respondió su manoseo en el proceso? ¿A qué autoridades de alto nivel a tratado de encubrir? ¿De dónde obtuvo el resto óseo que fue sembrado en el Río San Juan y que las pruebas de genética indican que pertenece al estudiante Alexander Mora Venancio?

La detención de Ángel Casarrubias es de suma transcendencia por la desaparición de los 43 normalistas. El día de los hechos, José Ángel, ejercía el liderazgo del delictivo de guerreros unidos, quienes contaron con el apoyo y el respaldo de corporaciones policiales, tanto municipales, estatales y federales, así como elementos del ejército y de la marina. También está corroborado que la familia Casarrubias dirigía este grupo criminal, pues varios de sus hermanos han sido detenidos por este hecho, además uno de ellos era policía federal y otro, miembro del ejército. Su detención cobra una relevancia fundamental al ser dirigente de este grupo criminal ya que posee información privilegiada del paradero de los 43. En medio de la turbulencia que se dio, cuando una juez dictó su libertad, el mismo presidente de la república intervino para poner en evidencia el alto nivel de corrupción que existe entre los juzgadores del país, que quebrantan las exigencias más sentidas de una sociedad agraviada que reclama justicia. Las madres y padres esperan que impere el estado de derecho y no los intereses facciosos que pueden descarrilar nuevamente estos grandes esfuerzos para llegar a la verdad.

Las 46 órdenes de aprehensión que anunció el fiscal general es un claro mensaje que las pesquisas continuarán y que se procesará a todos los responsables directos e indirectos del caso. Es una exigencia de todo el pueblo de México, que ya no está dispuesto a tolerar más simulaciones y, sobre todo, versiones falases como la “verdad histórica” que quiso transformar en cenizas los sueños de los normalistas de Ayotzinapa, que son el motor de las grandes transformaciones sociales que requieren nuestro país. Solo así se sepultara la “verdad histórica”.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-se-acabo-la-verdad-historica/

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Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”

Por: Thais Iervolino.

 

En entrevista a la CLADE, la coordinadora del Foro Dakar Honduras llama la atención sobre la importancia de la protesta y la movilización social, como forma de demandar al Estado el derecho a la educación pública y gratuita

La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. 

Aminta Navarro: “No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.

En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.

Lee la entrevista completa.

¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?

Aminta Navarro – No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial.

De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara.

Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.

¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?

Aminta Navarro – Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada.

“Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos”

Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”.

También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.

En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?

Aminta Navarro – Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos.

Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios.

Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.

Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?

Aminta Navarro – Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”.

Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.

¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?

Aminta Navarro – Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.

La definición ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?

Aminta Navarro – Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos.

Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.

¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?

Aminta Navarro – Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación.

Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa.

En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos.

Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.

Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?

Aminta Navarro – En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial.

“No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes”

Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.

¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?

Aminta Navarro – Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley.

La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.

¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?

Aminta Navarro –  La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas.

Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/aminta-navarro-en-la-medida-en-que-hay-mas-desesperanza-por-la-educacion-publica-mas-se-da-la-apertura-para-el-lucro-en-la-educacion/

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Protestas en India contra polémica enmienda a Ley de la Ciudadanía

Redacción: Prensa Latina

Las protestas se extienden hoy en India tras la aprobación del polémico proyecto de Ley de Ciudadanía, catalogado de discriminatorio e inconstitucional pues convierte implícitamente a los musulmanes en ciudadanos de segunda clase.

 

El Proyecto de Ley de Ciudadanía (Enmienda) (CAB, por sus siglas en inglés) fue presentado oficialmente en la Cámara Baja (Lok Sabha) del Parlamento el pasado lunes, por el ministro del Interior, Amit Shah, en medio de fuertes protestas de la oposición y varios grupos en el noreste y otras partes del país.

Tras fuertes y prolongados debates, el controvertido Proyecto de Ley de Enmienda de la Ciudadanía también fue aprobado por diferencia de 125 votos a favor y 105 en contra en la Cámara Alta (Rajya Sabha) del Legislativo.

No obstante, aún se necesitará el consentimiento del presidente Ram Nath Kovind para convertirse en ley.

La legislación propuesta busca enmendar la Ley de Ciudadanía de 1955 y permite a los refugiados hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos que sufrieron persecución religiosa en Pakistán, Bangladesh y Afganistán y que llegaron a la India antes del 31 de diciembre de 2014, solicitar la ciudadanía india.

Sin embargo, excluye explícitamente a los refugiados musulmanes y a los refugiados de cualquier religión de Sri Lanka y Myanmar, de los cuales cientos de miles viven en la India.

Los sectores izquierdistas y progresistas del país señalan que el proyecto de ley es discriminatorio y tiene por objeto avivar las divisiones religiosas y étnicas.

En ese sentido colocaron como ejemplo de ello que los refugiados rohingya que huyen del genocidio no entran en el ámbito de este proyecto.

El ministro del Interior Amit Shah señaló ante los debates que los musulmanes de la India no deben temer por la nueva legislación, pero advirtió que los refugiados musulmanes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh no recibirían la ciudadanía en la India.

La aprobación del proyecto de ley en el Parlamento conlleva la oposición masiva de sectores izquierdistas, progresistas y laicos del país. El Partido Comunista de la India (Marxista) y otros partidos de izquierda protestaron en el recinto del Legislativo.

En todo el país, estudiantes de izquierda y organizaciones juveniles organizan protestas y planean movimientos de desobediencia civil, incluyendo la quema de copias del proyecto de ley.

Las manifestaciones son especialmente fuertes en la región noreste de la India. Las comunidades de la zona temen que la legalización del estatuto de los refugiados afecte a la composición demográfica de la región.

Tras las protestas masivas contra el proyecto de ley, el ejército fue desplegado en el estado de Assam y se cerró el servicio de Internet en varios lugares.

El Secretario General del Partido Comunista de la India (Marxista), Sitaram Yechury, criticó el referido Proyecto y recalcó que la ciudadanía de una persona no puede ser determinada por su afiliación religiosa.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=327675&SEO=protestas-en-india-contra-polemica-enmienda-a-ley-de-la-ciudadania
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¿Por qué la población de Colombia ha tomado las calles?

Por: Samuel Grillo.

Desde la semana pasada, Colombia ha presenciado protestas contra las políticas neoliberales del gobierno, que afectan a los derechos de la ciudadanía

Hace una semana, desde el 21 de noviembre, la población de Colombia ha tomado las calles del país. Estas marchas pacíficas se han caracterizado por la creatividad, la alegría, el arte, el baile y por llegar a todos los rincones de las ciudades y los campos.

Pero, ¿qué ha motivado esta movilización? Según Blanca Cecilia Gómez, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), este paro nacional es motivado por razones de peso como:

  1. La negación del derecho a la educación para la mayoría de la población juvenil, al disminuir permanentemente los recursos destinados a la educación pública, principalmente universitaria y técnica laboral, y entregarlos a las universidades privadas.
  2. Un plan sistemático de exterminio contra líderes sociales y comunidades indígenas.
  3. El creciente desempleo, principalmente entre la franja más joven de la población.
  4. Una reforma tributaria que ha incrementado los impuestos de manera desmedida para la población colombiana en favor de las empresas.
  5. Una reforma laboral que disminuye el salario mínimo en un 35% para la franja más jóven, y deja por fuera a la mayoría de la población de la posibilidad de pensionarse, mediante una mayor privatización de los aportes obligatorios de las trabajadoras y los trabajadores para su pensión.
  6. Un sistema de salud privatizado y fracasado.
  7. Una gigantesca corrupción gubernamental, que merma los recursos para los programas sociales.
  8. La liberación de gravámenes para grandes grupos económicos y transnacionales, bajo el supuesto argumento de que así se “genera” empleo, y el aumento de los mismos para la ciudadanía en general.
  9. La creación de un holding de empresas privadas para manejar los recursos públicos, entre otros, los de salud, pensiones y educación.

“En resumen, la ciudadanía se moviliza en contra de las políticas neoliberales que han generado mucha insatisfacción entre los países de la región, como Chile. Asimismo, protestan contra la política de seguridad adoptada por el presidente Iván Duque, que resultó en el crecimiento de la violencia y la guerra en el país”, cuenta Cecilia Gómez.

Represión contra las protestas

Pese a la característica pacífica de las protestas, el Estado colombiano las ha reprimido fuertemente, resultando en 6 personas asesinadas en la última semana. Entre ellos, Juan David Rojas, de 15 años, que cursaba grado séptimo en el Colégio Alfonso López Michelsen, víctima de una bala perdida, y Dilan Cruz, de 18 años, que fue gravemente herido por un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que usaba una arma no convencional (prohibida por Naciones Unidas).

“En resumen, la ciudadanía se moviliza en contra de las políticas neoliberales que han generado mucha insatisfacción entre los países de la región”

Cruz falleció el 25 de noviembre, justo el día que recibiría su diploma de bachiller. Como muchos otros estudiantes, soñaba con acceder a la educación superior, pero no logró conseguir un préstamo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para poder acceder a la universidad.

Otra tragedia derivada de la situación de represión en Colombia fue la muerte del soldado Brandon Cely Páez. En un video que se conoció en redes sociales, el soldado anunció que se quitaría la vida tras sufrir matoneo por parte de sus compañeros. Afirmó que fue estigmatizado por apoyar el paro y denunciar falencias en la institución.

Según Cecilia Gómez, una medida extraordinaria instaurada por el gobierno ha sido el toque de queda en Bogotá. El último viernes, 22 de noviembre, se decretó el toque de queda, el primero desde el 1977, cuando un gran paro nacional contra el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen derivó en violentos disturbios que dejaron una decena de muertos y miles de heridos.

Próximos pasos

Las marchas en Colombia siguen sin previsión de término. El Comité Nacional de Paro (Duque no ha querido dialogar con el Comité de Paro), en reunión el miércoles 27 de noviembre, hizo un llamado a que las personas y organizaciones movilizadas, a que no participen en conversaciones con el gobierno de manera aislada, sino que exijan las negociaciones directas entre el gobierno y el Comité.

Hay actividades de incidencia programadas hasta el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, contando con cacerolazos, asambleas cívicas y conciertos, además de manifestaciones populares en las calles y plazas del país.

Fuente del artículo: https://redclade.org/noticias/protestas-colombia/

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Protesta social, modelo economico-politico e institucionalidad

Ante el generalizado descontento social que trasciende fronteras, es pertinente un tentativo análisis sumario de las causas medulares del malestar social, que estimula manifestaciones de descontento popular, respecto a los resultados y obligaciones del ejercicio del poder público.A grandes rasgos, el modelo económico-político colombiano, similar al de muchas naciones en desarrollo, corresponde a políticas definidas y orientadas desde los centros de poder económico mundial, con objetivos exclusivos de rentabilidad y acumulación de capital. Con el tiempo, esos modelos económicos han demostrado ser responsables del precario desarrollo industrial, tecnológico, científico, de la concentración de la riqueza y el poder económico y de la creciente inequidad socioeconómica, en las naciones de bajo desarrollo y crecimiento.

Esa estructura de poder político y económico, instrumentada y mantenida desde los órganos del poder público y coadyuvada por la codicia de los usufructuarios del poder, cuenta con la complicidad y tolerancia de amplios sectores de la sociedad, que estimulados por el apetito de tenencia de bienes y poder, han propiciado la corrupción y la descomposición moral y ética del poder, hasta alcanzar dinámicas que se tornan incontenibles.

Las dinámicas de la corrupción, ocasionaron el colapso de los partidos políticos, la descomposición moral generalizada del poder público y de las costumbres ciudadanas y el rezago del desarrollo socioeconómicamente equitativo. Así se cocinó el caldo de cultivo del malestar social, que se expresa en protesta social.

La corrupción es más dañina y destructiva que el accionar de las organizaciones guerrilleras, organizaciones criminales y de delincuencia común, juntas. Sus efectos castigan proporcionalmente con mayor intensidad a los ciudadanos de menores ingresos y garantizan el despilfarro del presupuesto, el crecimiento del déficit fiscal y consecuencialmente el incumplimiento de las obligaciones político-sociales del Estado.

El origen y existencia de las organizaciones criminales de cuello blanco, de toda condición y especificidades, tienen relación directa con la irresponsabilidad y debilidad institucional y el modelo socioeconómico-político. La inequidad socioeconómica e injusticia social, son crecientes, como la corrupción.

Organizaciones no gubernamentales, señalan cifras billonarias robadas del presupuesto público, cada año. Investigaciones comprueban algunas. Pero el poder institucional, no quiere entender la gravedad de esos crimenes, ni quiere articular procedimientos, para derrotar el flagelo.

Los resultados del ejercicio del poder en general, en todos los niveles, no corresponden con las necesidades del desarrollo, la inversión y las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, en general.

Esos resultados se reflejan en el desorden social, la pobreza y la miseria, el desempleo y subempleo, la inseguridad ciudadana y el subdesarrollo económico industrial, la impunidad, inoperancia, laxitud y corrupción del aparato judicial.

En ese caldo de cultivo se nutren los Carteles de la Toga, del Soat, de la compra venta de fallos judiciales entre exmagistrados, jueces y abogados corruptos, carteles de la contratación y de pensiones, de los medicamentos e Invima, del papel higiénico, de la salud, de la hemofilia, de Cajas de Compensación Familiar, de los alimentos escolares, la contratación pública etc., etc. Se pudrió la sal.

Los resultados de las investigaciones son cosméticos o ridículos. Lo robado, robado se queda.

Muchos hechos que investiga la Fiscalía y la Corte Suprema, sobre asaltos a los recursos público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, manipulación del ordenamiento legal, etc., la mayoría duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción torpedean los procesos y evitan resultados en derecho.

Los delincuentes responsables de tantos hechos de corrupción, han gozado y gozan de la impunidad en el sistema de justicia y complicidad social, de manera que no pocos terminan convertirlos en personajes admirados, mientras se apropian y disfrutan de lo que legítimamente le correspondía y corresponde a millones de ciudadanos necesitados y excluidos.

Los criminales de cuello blanco, jueces, abogados y cómplices, deben ser condenados a penas que correspondan a la gravedad de los delitos y excluidos por ley y sumariamente, de todo lo oficial y del ejercicio profesional. Pero eso no ocurre en Colombia. Quienes deben tomar esas decisiones, evitan tomarlas. Prefieren proteger intereses y mantener la anarquía del poder. Ese tipo de decisiones nunca las aprueba el Congreso, ni el gobierno lo exige.

Pues esa es la realidad nacional y las condiciones, hechos y resultados del ejercicio del poder, que generan el justo descontento social, la protesta y la crisis socioeconómica y moral del estado y la sociedad, condiciones que tipifican un estado fallido.

Colombia permanece ante la cruda realidad de que cada gobernante resulta peor que el anterior, con muy pocas excepciones.

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262655

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Estudiantes abandonan clases y se suman a protestas en El Líbano

Asia/Líbano/07 Noviembre 2019/Prensa Latina

Los estudiantes abandonaron las clases y se sumaron a las protestas en El Líbano, en demanda de un futuro mejor, reflejan hoy los informativos.
De tal manera, dieron un impulso adicional a las manifestaciones antigubernamentales que entraron hoy en su día 21 que ahora no bloquean carreteras y se concentran frente a edificios, oficinas y dependencias estatales.

‘Nunca sería parte de una secta cuando crezca. Todo es corrupción contra corrupción’, apuntó uno de los estudiantes ante la sede del Ministerio de Educación.

Y agregó, en declaraciones a una televisora, ‘queremos un futuro mejor. No solo colgar nuestros diplomas en la pared’.

La mayoría de los jóvenes libaneses temen que después de graduarse en cualquier nivel, se vean obligados a emigrar en busca de trabajo, a causa de que el desempleo juvenil alcanza a 35 por ciento.

En Sidón, estudiantes de secundaria y universitarios se congregaron en la plaza Eliya y desde allí partieron en una marcha por toda la sureña ciudad y bloquearon los edificios de las compañías estatales Electricite Du Liban y Ogero.

Mientras, en Beirut, una manifestación se plantó frente al Palacio de Justicia y exigió de las autoridades la apertura e investigación de los expedientes inactivos relacionados con la malversación financiera.

‘Lucha contra la corrupción? Haz tu trabajo y te apoyaremos hasta el final’, gritaba uno de los participantes en la marcha.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=318802&SEO=estudiantes-abandonan-clases-y-se-suman-a-protestas-en-el-libano
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Haitianos en las calles exigen renuncia de presidente Jovenel Moïse

Centroamérica/Haití/24 Octubre 2019/Prensa Latina

Cientos de haitianos salieron hoy nuevamente a las calles de la capital de Haití a exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, en la sexta semana consecutiva de protestas antigubernamentales.
En varias zonas de Puerto Príncipe manifestantes entonaron cantos contra el gobierno y criticaron que después de un mes el mandatario insista en mantenerse en su cargo, pese a su impopularidad.

‘La crisis política mantiene las escuelas cerradas’, dijo a Prensa Latina Sony Paul, mientras marchaba por la barriada de Petion Ville.

Añadió que el país no puede continuar así porque además de los niños están cerrados negocios y las personas comienzan a perder sus empleos.

Desde mediados de septiembre los haitianos han tomado casi a diario las calles del país, pidiendo un cambio de sistema que permita sacar de la pobreza al 80 por ciento de la población.

Las manifestaciones que se han radicalizado en el país demandan una redistribución de los recursos nacionales, así como mayor acceso al empleo, educación, salud y otros servicios.

‘Para nosotros no existe esperanza de un futuro mejor, porque cada vez estamos peor’, lamentó, por su parte, Jean Jacques.

Pese a la intensa movilización, que mantiene paralizado al país, el jefe de Estado evita hablar de renuncia.

‘Estoy apegado a las reformas. Me refiero, por ejemplo, a la reforma constitucional. Me refiero a la reforma del sector energético, a la digitalización de la administración pública’, indicó Moïse a Radio Francia Internacional.

De acuerdo con el jefe de Estado, la profunda crisis que vive Haití debe convertirse en oportunidad, sin embargo, el país necesita estabilidad.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=315123&SEO=haitianos-en-las-calles-exigen-renuncia-de-presidente-jovenel-moise
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