Saltar al contenido principal
Page 2 of 5
1 2 3 4 5

Policía mantiene en prisión a principales líderes de protestas en Tailandia

Los principales líderes de las protestas prodemocráticas convocadas en Tailandia siguen en prisión después de que la Policía haya dejado en libertad bajo fianza la mayoría de los 78 detenidos entre el 13 y el 22 de octubre,

El subdirector de la Policía de Bangkok, Piya Tawichai, señaló este viernes en una rueda de prensa que de los 78 detenidos ocho continúan en prisión preventiva, entre ellos los líderes más visibles del movimiento estudiantil que lleva desafiando al gobierno desde julio, mientras que el resto han sido puestos en libertad bajo fianza.

Hoy fue liberado el conocido activista Jatupat «Pai» Boonpattararaksa, que fue recibido por decenas de manifestantes que se habían congregado para exigir la libertad de los encarcelados al salir del módulo de prisión preventiva de la cárcel de Bangkok.

ESTADO DE EMERGENCIA

La liberación se produce un día después de que se levantara el estado de emergencia «severo» impuesto para impedir las protestas y la víspera de que expire el plazo de tres días que los manifestantes dieron el pasado miércoles al primer ministro, Prayut Chan-ocha, para presentar su dimisión.

Un vez que expire el ultimátum se espera que se convoque una nueva protesta masiva.

A pesar del decreto y la encarcelación de los líderes más prominentes, como el abogado Anon Nampa o los estudiantes Panusaya «Rung» Sithijirawattanakul y Parit «Penguin» Chaiwarak, el movimiento fue capaz de organizar protestas masivas a diario hasta el miércoles.

Según explico hoy el segundo oficial al mando de la Policía de la capital, 46 de los detenidos tienen cargos pendientes por delitos como violar el estado de emergencia, 21 por participar en reuniones ilegales, 10 por sedición y 1 por resistirse a la autoridad.

VIOLENCIA CONTRA LA REINA

Pero la acusación más grave es la que pende sobre tres manifestantes por el delito de cometer «un acto de violencia contra la reina o su libertad», que conlleva una pena de 16 o 20 años de cárcel o un máximo de cadena perpetua.

La acusación ha estado motivada por un incidente en el que los participantes de una protesta el pasado 13 de marzo desafiaron la caravana de coches donde viajaban la reina Suthida y el príncipe Dipangkorn, llegando a bloquear su paso durante unos segundos.

Además de motivar las acusaciones de violentar la libertad de la reina, aquel gesto de desafío directo a miembros de la familia real carece de precedentes en la historia contemporánea de Tailandia y fue el que provocó que se decretara el estado de emergencia «severo» al día siguiente.

El rey Vajiralongkorn, que pasa la mayor parte del año en Alemania pero que se encuentra en Tailandia desde hace dos semanas, asistió hoy a las celebraciones del día de su antepasado el rey Chulalongkorn en el Gran Palacio de Bangkok, donde fue recibido por centenares de ciudadanos.

DEMANDAS

La principal demanda del movimiento estudiantil, que comenzó el 18 de julio y ha ido cobrando fuerza, es la dimisión del Gobierno, encabezado por el general golpista Prayut Chan-ocha, y una nueva Constitución, ya que la actual fue redactada por la antigua junta militar (2014-2019), además de reducir la influencia del Ejército en la política.

Pero la demanda más audaz, y controvertida, de los estudiantes y sus partidarios es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace poco por el gran respeto y temor que ha inspirado la institución y la dura ley de lesa majestad, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacional/20201023/484236783330/policia-mantiene-en-prision-a-principales-lideres-de-protestas-en-tailandia.htmlhttps://www.lavanguardia.com/internacional/20201023/484236783330/policia-mantiene-en-prision-a-principales-lideres-de-protestas-en-tailandia.html

Comparte este contenido:

Protestas en Tailandia: las inéditas marchas estudiantiles contra la monarquía

Las masivas protestas estudiantiles que sacuden Tailandia desde hace meses dieron un salto inédito este miércoles.

Los manifestantes prodemócratas protestaron contra la caravana real mientras se desplazaba por Bankgok, la capital del país asiático.

Criticar a la monarquía tailandesa es algo que suele pagarse con largas condenas de prisión.

Tras los eventos del miércoles, Tailandia emitió un decreto de emergencia para «mantener la paz y el orden».

Título del video,En una histórica demostración de desafío, miles de tailandeses se enfrentan a su rey

La policía se desplegó para forzar la retirada de manifestantes y por el momento ha arrestado a más de 20 personas, incluyendo a tres líderes activistas.

Además de protestar contra la monarquía, las manifestaciones también piden la renuncia del primer ministro Prayuth Chan-ocha, quien llegó al cargo tras unas controvertidas elecciones el año pasado.

Las medidas de emergencia lanzadas por el Gobierno se hicieron efectivas este jueves desde las 4:00 am hora local en Tailandia.

La estudiante líder de las protestas Panusaya Sithijirawattanakul
Pie de foto,La estudiante líder de las protestas Panusaya Sithijirawattanakul ha sido arrestada.

¿Qué dice el decreto de emergencia?

El decreto se anunció a través de la televisión estatal, argumentando que los manifestantes intentaron instigar un incidente que conducía a la «incitación de caos, conflicto y desorden público».

Además, citó la «obstrucción a la caravana real» como una de las razones de la imposición.

Algunos manifestantes el miércoles habían levantado el saludo de los tres dedos, un símbolo del movimiento, a un convoy que transportaba a la reina mientras eran empujados hacia atrás por las filas de la policía.

Protestas antigobierno en Bangkok en Tailandia.
Pie de foto,Los estudiantes han liderado las protestas más multitudinarias de Tailandia en los últimos años.

Poco después de que entrara en vigor el decreto, la policía antidisturbios tailandesa desalojó a los manifestantes de las inmediaciones de la oficina del primer ministro.

Algunos intentaron resistir y levantaron barricadas improvisadas, pero la policía terminó retirándoles.

Además de limitar las reuniones hasta cuatro personas, el decreto también implantó restricciones en medios de comunicación, prohibiendo la publicación de noticias que «pueden crear miedo o difundir información intencionalmente distorsionada, creando malentendidos que afecten la seguridad nacional o la paz y el orden».

Estudiantes entregan una carta con sugerencias de reforma a las autoridades.
Pie de foto,Los estudiantes entregaron una carta con sugerencias de reforma a las autoridades.

También permite que las autoridades veten que las personas entren a «cualquier zona que designen».

¿Por qué son inéditas las protestas contra la monarquía?

Las protestas estudiantiles prodemócratas se han convertido en el mayor reto en años contra el poder instituido en Tailandia.

Los manifestantes piden la renuncia del primer ministro Prayuth por su elección en las controvertidas elecciones de 2019, unas acusaciones que Parayuth siempre ha rechazado.

Caravana real.
Pie de foto,Las protestas han provocado un debate sin precedentes sobre la monarquía tailandesa.

También quieren que se reescriba la Constitución y que se termine la persecución del Estado contra sus opositores.

Pero las protestas también han provocado un debate sin precedentes sobre la reforma de la monarquía, una institución que durante mucho tiempo ha estado protegida de críticas por la ley.

Y es que la oposición a esta institución suele condenarse con varios años de cárcel, en un país donde todavía existe el crimen de «lesa majestad».

Este miércoles, mientras la caravana del rey Maha Vajiralongkorn se desplazaba por Bangkok, los manifestantes expresaron su descontento contra la monarquía.

Policía tailandesa.
Pie de foto,La policía tailandesa se desplegó para forzar la retirada de los manifestantes.

El pasado fin de semana se celebraron algunas de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años, con miles de personas desafiando a las autoridades y reclamando cambios.

Activistas arrestados

La policía confirmó el arresto de alrededor de 20 personas este jueves, pero no confirmó sus nombres.

La BBC ha conocido que los arrestos incluyen a tres líderes de las protestas: la abogada de derechos humanos Anon Nampa, la estudiante activista Parit Chiwarak y Panusaya Sithijirawattanakul.

Grupos prodemocracia en Tailandia, 16 de agosto de 2020
Pie de foto,Este fin de semana se celebraron las protestas más multitudinarias en años recientes en la capital tailandesa.

En un video difundido se ve a policías leyendo cargos contra Panusaya en la habitación de un hotel.

Otro video mostró a la policía metiendo a la activista dentro de un carro mientras ella y sus seguidores entonaban eslóganes.

Anon, de 36 años, fue la primera en romper abiertamente el tabú de hablar sobre la monarquía de Tailandia al pedir reformas en agosto.

Panusaya se convirtió en una de las caras más prominentes de las protestas después de que entregó un manifiesto de que incluía 10 sugerencias de reforma.

 Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54552162

Comparte este contenido:

La protesta es un derecho que no debe prohibirse ni limitarse

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

 

El 14 de noviembre del año de 1152 A.C, ocurrió una protesta civil reconocida como la primera huelga de la historia (ngenespañol.com; otras fuentes datan el año 1166), contra el reinado de Ramsés III. Sesenta artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los reyes y se movilizaron ante el faraón gritando que tenían hambre y sed, que no tenían vestidos, ni pescado, ni legumbres. En 1886 más de 350.000 trabajadores en las calles de Haymarket (Estados Unidos) convocados por la Federación del Trabajo denunciaron las jornadas de trabajo de 14 horas y reclamaron por salarios y bienestar. Allí por primera vez ocurrió un final con disturbios, luego que un “desconocido” arrojara una bomba matando un policía, lo que degeneró en una masacre con resultado de 38 obreros asesinados con las armas del estado, más un centenar lesionados y el ahorcamiento de varios dirigentes sindicales al año siguiente, según el dictamen de un cuestionado proceso judicial.

      En enero de 1905 obreros y campesinos unidos con la clase media rusa protestaron contra el imperio del Zar Nicolás II, hubo tomas de tierras y actos de desobediencia que terminaron con una marcha pacífica que derivo en el “domingo sangriento” provocado con las armas del estado, lo que apresuró la capitulación del Zar (semana.com, 2015). Del final del siglo XX se destacan las huelgas asociadas a líderes, Walesa en Polonia en 1980, le creo fisuras al gobierno comunista de entonces y lo llevó a la firma de un acuerdo para el reconocimiento de derechos consagrados en las convenciones de la OIT y; Lula Da Silva, con los obreros metalúrgicos reclamó por sueldos y garantías, fueron protestas duramente reprimidas con las armas del estado, pero la capacidad organizativa triunfó con la creación del partido de los trabajadores (PT) que en las urnas convirtió a Lula en presidente.

       La protesta es una facultad de la sociedad y la huelga un derecho de los trabajadores, ambos insertos en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en la que los ricos y poderosos se reservaron la propiedad y los excluidos del poder la rebelión, civil para demandar garantías y armada para acabar la tiranía. La huelga y la protesta social llegaron mezcladas en 1948 a la declaración universal de derechos humanos y cumplen la misión de indicar el grado de respeto y responsabilidad del estado con los derechos humanos, pero a la vez ponen en evidencia la fortaleza de las instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público contra sus ciudadanos (manifestación pacífica, civiles DDHH, 2014).

       Protesta y huelga son constitutivas de la libertad y están amparadas por estándares internacionales tales como que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica o que la protesta no requiere autorización previa por ser expresión de inconformidad, insatisfacción, indignidad o resistencia ante políticas o conductas de los poderes públicos que afectan derechos. Son prácticas de restricción indebidas por parte del estado la prohibición, imposición de obstáculos, exigencia de requisitos innecesarios, penalizar o enmarcar en delitos de terrorismo o desestabilización, como también expedir leyes para dificultarla, tipificarla como delito, interferirla, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes o presumir de antemano su carácter desfavorable o descalificarlas como actos de desorden público o justificar una respuesta violenta de los cuerpos de seguridad. Prohibirlas es ilegitimo e ilegal, incluso inmoral. Por eso es reiterativo pero necesario repetir mil veces, que los derechos son de los pueblos y la obligación de ofrecerles garantías, respetarlos y hacerlos respetar es del estado sin perder su neutralidad.

       En Colombia la protesta esta consignada en el art. 37 de la constitución, que la reconoce como un medio legitimo para la defensa, construcción y reivindicación de derechos. En ella se integran derechos de reunión, asociación, expresión y movilización y la huelga derechos laborales, a la vida, la dignidad y el bienestar. Protesta y huelga son parte de históricas conquistas sociales y aunque sean afectadas con disturbios ocasionados por “desconocidos” e intervenidas con «brutalidad aprendida”, son una herramienta de dialogo, un punto de llegada luego de haber agotado otras vías de solución.  En ningún disturbio esta permitida la fuerza utilizada en la guerra contra enemigos en combate y si ocurre debe ser juzgada a la luz de los derechos humanos y donde hay conflicto armado con las reglas del DIH, que implican la no prescripción de los delitos cometidos con las armas del estado.

       Para la OIT la huelga y la protesta son medios legítimos fundamentales de los que dispone la ciudadanía para promocionar y defender sus intereses económicos, sociales o culturales.  “La encuesta Global de la CSI 2013, reveló que más del 90% de los ciudadanos defiende los derechos y el 99% de los ciudadanos apoya el derecho a la huelga para defender mejores salarios, condiciones de trabajo y salud y seguridad” (ituc-csi.org) y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 suscrito y firmado sin reservas por Colombia el 29 de octubre de 1969, obliga al estado y al gobierno a respetar y hacer respetar los derechos allí consignados y lo conmina a establecer mecanismos para su protección y garantía y a no privar al pueblo de sus medios de subsistencia.

      Las ultimas protestas sociales y la del próximo 21 de octubre de 2020, reclaman del estado y del gobierno garantías para proteger y realizar los derechos humanos y en especial el derecho a vivir, a no ser asesinados, a un nivel de vida adecuado con alimento, vivienda, agua, salud, educación, empleo, seguridad, paz y dignidad y una mejora continua de las condiciones de existencia. Pretender reglamentar, condicionar, sujetar o “exterminarla” degenera el orden democrático. Las demandas –cada una en su contexto- son similares a las que enfrentó el Faraón Ramsés III, hace 1800 años y por lo que se conoce, sin ocurrir en democracia, la permitió sin censura ni uso de las armas de su reino para disolverla, ni de amenazas para disuadirla. Las huelgas y protestas son una ganancia común, son garantías de convivencia humana para vivir con derechos, están amparadas en la carta internacional de derechos humanos, la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y pretender prohibirlas o limitarlas, sería irracional, ilegal e ilegitimo.

P.D. Resulta “inconcebible” la incitación al odio e inequívoca afectación de la salud mental en época de pandemia, la aparición de grandes vallas en defensa de “Uribe Libre”, con letreros como: “No permitamos que el comunismo y la izquierda se tomen el estado”. Cada letra incita a otro rio de sangre…

Fuente: Rebelión

Comparte este contenido:

Latinoamérica, El Caribe y sus Luchas

Por: Marcelo Colussi y Mario de León

 

Marco Histórico y Teórico-Crítico Reciente

En esta segunda parte del ensayo hicimos una revisión general, no exhaustiva ni extensivamente detallada, pero sí con un marco general conceptual relativamente contemporáneo, que tiene enfoques analíticos y críticos de ciertas interseccionalidades iniciales que forman parte, componen y explican los recientes movimientos y protestas sociales en America Latina y el Caribe (LAC).

Hicimos también, una breve revisión o repaso a través de un marco histórico, teórico y crítico donde resumimos algunos de los estudios mundiales, puntos de vista y opiniones de académicos, filósofos, estudiosos(as), especialistas, analistas y ensayistas sobre los movimientos y las protestas sociales, bajo la óptica de una introducción teórico-conceptual de algunas de las teorías desarrolladas desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, las cuales han sido llamadas los Nuevos Movimientos Sociales (NMS).

Asimismo, en esta segunda parte del ensayo, en el análisis y descripción de los movimientos y protestas sociales hemos utilizado los artículos de varios investigadores y académicos, universidades, centros de pensamiento, bibliotecas e enciclopedias virtuales etc. que encontramos en la internet y que también reunimos en papel para abordar el fenómeno en la región LAC; son ellos y ellas: Vargas (2008), Millán (2009), Revilla (2010), Candón (2010), Romanutti (2012), Tricot (2012), Mejías y Suárez (2015), Mathieu (2015), Wikipedia (2015a y 2015b), Colussi (2019) Colussi y de León (2020) y Billion y Ventura (2020), entre otros y otras. Para empezar a entender las acciones desarrolladas en LAC durante las últimas tres décadas entre el siglo XX y el siglo XXI. Reiteramos que estamos conscientes que, aunque las manifestaciones de descontento, malestar y frustración social vienen de más atrás, y que se han dado y están dando en otros países del continente en LAC, nos hemos concentrado y enfocado en estos seis países nombrados arriba.

En la tercera parte del ensayo (a presentarse en breve), vamos a analizar los movimientos y las protestas sociales en Latinoamérica y el Caribe a mayor profundidad y extensión, utilizando parte de las teorías de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) que se presentan acá y los análisis histórico-estructurales y crítico-comparativos del posmarxismo contemporáneo, para los países escogidos de Sudamérica: Bolivia, Chile, Colombia, y para los países escogidos de Centroamérica y el Caribe: Honduras, Haití y Nicaragua, mayormente en estos últimos tres años de convulsiones, movimientos y protestas sociales en el continente.

Los Nuevos Movimientos Sociales (NMS)

Por un lado, los estudios sobre los movimientos sociales y algunas de sus manifestaciones con varios resultados incluyendo las protestas sociales de distinta índole, se han convertido en un campo de análisis propio dentro de las ciencias sociales, principalmente en las áreas de estudio de la sociología, la ciencia política y la psicología. Los mismos están influenciados por los análisis conceptuales y los estudios clásicos, posclásicos y críticos-postmodernos del Marxismo y el Funcionalismo de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX; y de mediados del siglo XX hasta la actualidad (los cuales, mencionaremos y analizaremos a través de algunas secciones del contenido tanto teórico-conceptual como en la dinámica de los movimientos y protestas sociales, del perfil y del contexto de los países descritos en este y el siguiente ensayo).

Por otro lado, las teorías norteamericanas y europeas modernas y posmodernas ocupan un lugar central en el estudio de los movimientos sociales desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Entre ellas se pueden distinguir dos teorías principales: la teoría de la movilización de recursos (TMR) y la teoría de los nuevos movimientos sociales (NMS). La de NMS tiene su enfoque inicial general y dos enfoques más reducidos relativamente: el Enfoque de los Procesos Políticos (EPP) y el Enfoque de los Marcos Culturales (EMC). Cada uno de estos enfoques teórico-epistemológicos se concentra en el análisis de un tema o tópico central en particular: NMS en general, en la aparición y organización de nuevos grupos sociales de distinta índole para la acción; EPP en el proceso político que lleva a las acciones organizadas; y EMC en la identidad individual y colectiva grupal, respectivamente.

Este grupo de teorías sostienen que los movimientos de hoy son categóricamente diferentes a los del pasado. En lugar de los movimientos obreros involucrados en el conflicto de clases, de acuerdo con el modelo y los enfoques marxistas clásicos y ortodoxos, los movimientos actuales están involucrados en conflictos sociales y políticos por sectores y subsectores sociales muchas veces divididos o separados, con distintas agendas diferenciadas y movilizaciones estratégicas no enteramente relacionadas a sus visualizaciones, anhelos, objetivos y metas a lograr.

Las motivaciones para la participación en el movimiento son una forma de política «post-material», así como las identidades recién creadas, en particular las de la «nueva clase media». Autores como Touraine (1984, 1992), Habermas (1981), Offe (1985) Melucci (1989 y 1999), Buechler (1995 y 2013), e Inglehart (1977 y 2018); son los principales representantes aunque no los únicos de las teorías de los NMS y sus enfoques.

El enfoque de los NMS tuvo lugar inicialmente en Europa como una respuesta al marxismo clásico y ortodoxo, que explica toda acción social a partir de la dicotomía estructura-superestructura y que considera a la clase obrera (proletariado), como único actor de los movimientos para el cambio político, económico y social. En Europa, a partir de las experiencias de los movimientos de los ’60 (los cuales se describen abajo), la atención se dirige hacia los factores macroestructurales, como el surgimiento del Estado del bienestar y la construcción de nuevas identidades múltiples y colectivas. Estas identidades explican (sin agotarse en sí mismas, ya que son dinámicas y cambian a través del tiempo), las motivaciones individuales para participar en los movimientos y las protestas sociales con diferentes o variados objetivos y metas.

El enfoque destaca la novedad en la variedad de los movimientos sociales, confrontando a la concepción marxista clásica u ortodoxa sobre ellos, principalmente a las clases trabajadoras, como los único(s) grupo(s) directamente relacionados a la lucha de clases. De acuerdo con este enfoque, los nuevos movimientos sociales ya no se articulan basados única y exclusivamente a la clase social; sus fines no son estrictamente económicos o políticos en muchos casos, en el sentido de la necesidad primordial de tomar y/o sustituir el poder del aparato del Estado opresor y explotador. Algunos ejemplos de los NMS serían: el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, la solidaridad internacional, la lucha contra la segregación racial, la reivindicación étnica, el movimiento estudiantil, el movimiento hippy, las movilizaciones estudiantiles de mayo del 68 al nivel mundial, etc. Estos son considerados como reacción a los cambios estructurales, en los ámbitos económico, político y cultural, de las sociedades occidentales y occidentalizadas en referencia a Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo.

De acuerdo con Revilla, Candón y Romanutti (citados arriba); los NMS ponen de manifiesto la crisis de legitimidad de los partidos políticos, las organizaciones tradicionales y la emergencia de nuevos actores sociales debido a los cambios culturales producidos. Los nuevos movimientos ejemplifican los cambios culturales experimentados en las sociedades avanzadas. Estos cambios se manifiestan en el paso de valores materialistas a valores postmaterialistas. Estos cambios económicos, políticos y culturales explican el surgimiento de los nuevos movimientos sociales. En ellos se producen diferentes transformaciones en cuanto a los actores protagonistas de la movilización, los valores y objetivos de los nuevos movimientos, o las diferentes formas de organización y acción colectiva. Los NMS no están protagonizados por actores que se identifiquen en términos de ideología o clase social, sino en función de otros parámetros como la edad, el sexo o el género, la etnicidad o minoría racial u otras reclamaciones interclasistas.

De acuerdo también con Revilla, Candón y Romanutti (citados arriba), los NMS se relacionan con la construcción de nuevas identidades políticas sociales y económicas, las cuales entran en conflicto con las normas existentes y valores, algunos de los cuales son negados por el Estado o por el mercado principalmente. Los NMS se definen también como no institucionales y no convencionales. La teoría de los NMS destaca la naturaleza plural de los actores, la cual se localiza en tres sectores de la estructura social: la «nueva clase media» o «clase de capital humano», es decir, los que trabajan en sectores tecnológicos basados en la información, los profesionales de servicios humanos y el sector público como la educación y la asistencia o bienestar social; personas con alto nivel educativo y relativa seguridad económica. Toma en cuenta también a los grupos periféricos, y a quienes ocupan una posición marginal en el mercado de trabajo: como estudiantes, jubilados, juventud desempleada o amas de casa de clase media, y otras personas pertenecientes a la clase media tradicional.

Enfoque de los Procesos Políticos (EPP)

El EPP se centra en la importancia del contexto institucional y político que influye en la movilización. Comparte con la perspectiva anterior la concepción de la acción colectiva como una interacción estratégica entre distintos actores, que se basa fundamentalmente en el cálculo de costos y beneficios; pero mientras la primera se centra en la utilización de los recursos disponibles por el movimiento, la segunda se concentra en la disponibilidad de esos recursos en el sistema político. Dentro del mismo enfoque pueden distinguirse visiones más directamente políticas y otras que son más históricas y culturales, que introducen diversos conceptos importantes. Por un lado, desde un punto de vista estrictamente político, Tarrow (1994 y 2011) y Kriesi y Wisler (1996) utilizan los conceptos centrales de estructura de oportunidades políticas y de ciclos de protesta, los cuales responden a la apertura o al cierre de oportunidades para la movilización en el ámbito político e institucional.

Por otro lado, desde el punto de vista social, Tarrow define los ciclos de protesta como «una fase de intensificación de los conflictos en el sistema social» (1994: 263 citado por Revilla, 2010). Según él, la movilización iniciada por una «vanguardia» tras percibir un cambio en la estructura de oportunidades políticas se expande a otros grupos, que ven reducido el coste de su propia movilización, debido al primer paso dado por los anteriores, expandiéndose y multiplicándose los conflictos. Snow y Benford (1988) y Gamson (1989); señalan el aspecto más cultural, acercándose a las nociones de los NMS, con la idea de los «marcos culturales y los procesos de enmarcado» (explicados con mayor detalle abajo), por los cuales los movimientos se relacionan con las resonancias culturales. Las oportunidades políticas proporcionan incentivos para la acción colectiva, al influir sobre las expectativas de éxito o fracaso. El EPP no sólo influye en el surgimiento de la movilización en el curso de «ciclos de protesta», sino también en las formas que toma la acción colectiva en diferentes contextos.

Millán (2009) describe a Tilly (1978), quien utiliza una perspectiva histórica y cultural, para introducir el concepto de «repertorio de acción colectiva» como las formas de protesta aprendidas socialmente y que responden y se adaptan al contexto político. La perspectiva histórica y cultural se justifica por el hecho de que estos repertorios son culturalmente aprendidos. Tilly (1990) incluye también, a la violencia como una forma de participación política (la cual hasta cierto punto es común en los movimientos y protestas sociales en LAC, y se han intensificado en estos últimos años); en contra de los enfoques que explican los actos violentos como «formas irracionales» completamente desvinculadas de la política. Esta línea de investigación ha estimulado un énfasis en el estudio de la identidad y los comportamientos y los roles grupales.

De esta forma el autor (arriba mencionado), enlaza la acción colectiva violenta con los movimientos sociales, resaltando como única diferencia el cambio de repertorio (de conducta, intencionalidad y agresividad); de la confrontación por medios violentos, como consecuencia de importantes cambios económicos y sociales afectando muy negativamente en un espacio tiempo regularmente largo o prolongado (como ha pasado en LAC, debido a las políticas neoliberales de ultranza o a la corrupción extendida, por ejemplo). El autor define también, los repertorios de acción como los «canales establecidos en los que pares de actores efectúan y reciben reivindicaciones que afectan a sus respectivos intereses». Qué hace la gente para protestar, ello está determinado por lo que sabe hacer, esto es, por la memoria colectiva y las culturas de movilización aprendidas a lo largo de la historia. Toman las estrategias que han tenido éxito, o las que mejor se adaptan al contexto actual. La evolución del repertorio se produce lentamente con innovaciones en los márgenes. Sin embargo, los cambios profundos en los repertorios se producen a largo plazo.

Enfoque de los Marcos Culturales (EMC)

En los últimos años de la década de 1990, Melucci se centró en la creación de ‘identidades colectivas’ como el propósito de los movimientos sociales, especialmente los «nuevos movimientos sociales». Jasper (1998) propició la colocación de las emociones, en la agenda intelectual para muchos estudiosos/as e investigadores/as de los movimientos y las protestas sociales; y ha continuado analizando la dinámica emocional de la protesta en los años posteriores. Ha argumentado también en esta última década, que los movimientos sociales proporcionan a los participantes la oportunidad de elaborar y articular sus intuiciones y principios morales, ya sea para sí mismos o en contraste hacia otros grupos, ya sean estos grupos afines o antagónicos. Goodwin, Jaspers y Polletta (2000), reconocieron la importancia de las emociones en los movimientos sociales y desarrollaron la idea de la ‘dinámica emocional’ de forma más sistemática. Los mismos autores (2000) critican el paradigma de la ‘oportunidad política’ anteriormente dominante, utilizando el enfoque cultural de Jasper, han demostrado que la oportunidad política es demasiado estructural como concepto, dejando de lado significados, emociones y agencias individuales y colectivas que se alinean, (importantes elementos, para entender algunas de las formas, dinámicas y manifestaciones colectivas con diferentes grados de intensidad al nivel global y al nivel regional en LAC).

Jasper (2006), nuevamente argumentó que la interacción social estratégica, tenía una lógica importante que era independiente de la cultura y la estructura, subyacente a los dilemas estratégicos de/en lo que sucede en la vida real. La interacción social desarrolla un vocabulario, un entendimiento, una identidad y una lógica de las circunstancias y del ambiente dentro de los movimientos y las protestas que se generan. Todos estos elementos sirven para concretar acciones y afianzar el compromiso estratégico de una manera cultural, emocional y auténtica. Emirbayer y Goldberg (2005) escribieron también de manera similar, sobre las emociones y los movimientos sociales, derivando sus ideas de la historia del pensamiento sociológico (compromisos, objetivos y acciones estratégicas para lograr cambios). Cefaï (2013), por su lado, llegó a conclusiones similares acerca de la síntesis del pensamiento, las culturas intrínsecas y las acciones colectivas en los movimientos sociales.

Parece ser que los «marcos cognitivos», social y políticamente compartidos, son procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción. Los activistas tienden a veces, a sobreestimar el grado de oportunidad política, y de esta forma, las percepciones poco realistas de lo que es posible que puedan alterar como lo posible concreto. Se tiene entonces, que los propios movimientos son capaces de crear por sí mismos estas oportunidades y coyunturas de cambio a distintos niveles de una estructura social. El concepto de «marcos de interpretación» introducido por Goffman (1974), los define como el «conjunto de orientaciones mentales que permiten organizar la percepción y la interpretación de hechos sociales significativos». Gamson (1988)por su parte, aplica el concepto de Goffman a los movimientos sociales denominando «marcos de acción colectiva» a los esquemas interpretativos que inspiran y legitiman la acción de los movimientos sociales (descritos más abajo).

En el seno de las organizaciones y movimientos sociales, se generan ‘entendimientos y sentimientos compartidos’ como resultado de la negociación de significados y sentimientos preexistentes acudiendo a la sabiduría popular, la experiencia o elementos de la cultura política de la comunidad, a la identidad étnica, cultural y social; los cuales se configuran de manera intersubjetiva durante el mismo proceso de la acción colectiva (la mayoría de los movimientos por la reivindicación étnica y cultural ancestral en varios países y regiones de LAC, pueden ser un ejemplo). La definición de la situación a la que lleguen los distintos actores sociales tomará forma en distintos tipos de marcos interpretativos, siguiendo un esquema básico de problema, causa y solución a través del cual se desarrollan en múltiples niveles.

Los marcos de injusticia o marcos de diagnóstico definen el problema y sus causas e identifican a los responsables; son orientaciones cognitivas y afectivas que hacen que un movimiento interprete una situación como injusta. El marco de pronóstico (objetivos y metas posibles de alcanzar), define la estrategia apropiada para solucionar el problema planteado, la capacidad de agencia o la conciencia del movimiento respecto a las perspectivas de éxito y eficacia de su acción para transformar esa realidad identificada como injusta.

Por último, el marco de la identidad realza el sentido y sentimiento de la pertenencia al grupo y el reconocimiento colectivo que permite al movimiento construir una autoconcepción de sí mismo como actor social diferenciado de sus adversarios. El marco de la identidad introduce así un elemento central de la teoría de los NMS, la identidad colectiva, que destacará cómo el hecho de sentirse miembro del grupo supone una motivación para lograr sus objetivos y metas, por parte de los activistas. Hirschman (1991) por su parte, distingue dos tipos de retórica que fijan la posición de los actores sociales ante una determinada controversia: la retórica reactiva, desarrollada por los agentes sociales que optan por la inactividad, destacando el riesgo, la futilidad y los efectos perversos que puede acarrear la acción colectiva; y la retórica del cambio, desplegada por los movimientos sociales que apuestan por la movilización resaltando la urgencia, actividad y posibilidad, animando a emprender acciones colectivas.

Snow y Benford (1988) introducen el concepto de «alineamiento de marco» (definido como la unión del individuo y las orientaciones interpretativas de los movimientos), que hacen que los intereses, creencias y valores de los sujetos sean congruentes y complementarios con la acción e interpretación del movimiento como tal. Así en un ciclo de protesta, diversos actores configuran una serie de orientaciones cognitivas comunes que se alinean generando un «marco de acción central o maestro», es decir, una perspectiva compartida entre diferentes actores con los que se identifican los contenidos socioculturales más generales de los movimientos sociales. Gerhards y Rucht (1992) describen los «procesos de enmarcamiento» (como esfuerzos estratégicos y conscientes realizados por grupos de personas) para construir interpretaciones compartidas del mundo y de sí mismos que legitiman y motivan la acción colectiva. Establecen una diferenciación entre «dimensiones de enmarcamiento» y «estrategias de enmarcamiento». Los movimientos dan a las demandas sociales formas más amplias a través del proceso de enmarcamiento.

Van Stekelenburg y Klandermans (2010) introducen los conceptos de «formación» y «movilización del consenso» para referirse al intento deliberado de un(os) actor(es) social(es), por crear consenso en un sector de la población y destacar también la convergencia imprevista de significados en las redes sociales. Ambos investigadores describen, además, tres niveles de construcción de significados para potenciar la resonancia cultural del discurso y la movilización de consensos:

El primer nivel se refiere cómo un problema o reivindicación social adquiere una dimensión pública para ganar visibilidad situándose en la agenda pública y mediática, convirtiéndose así en un incentivo para la acción colectiva y la participación ciudadana (movimientos y protestas sociales contra la corrupción en la mayor parte de los países de LAC).

El segundo nivel se refiere a la comunicación persuasiva de las organizaciones del movimiento y sus oponentes, que pugnan para tratar de movilizar el consenso, buscando apoyo a su situación en las creencias colectivas de distintos grupos sociales para que tomen partido (movimientos y protestas sociales apoyando y rechazando el golpe en Bolivia).

El tercer nivel se refiere a la concientización durante los episodios de la acción colectiva, que tiene que ver con el impacto de la acción colectiva en la afirmación o cambio de las creencias colectivas de quienes participan directa o indirectamente (las acciones de desobediencia social contra las disposiciones gubernamentales cuarentenas o los confinamientos por la pandemia del COVID-19, de sectores muy empobrecidos e informales padeciendo hambre en muchos países LAC).

Entonces, tenemos que las teorías NMS aportan un sentido racional de la movilización social que se aleja en varios aspectos de los enfoques macro y supraestructurales y psicológicos anteriores. En sus diversas perspectivas contribuyen con una serie de conceptos clave que componen un mapa teórico básico para analizar cualquier movimiento: a) las estructuras organizativas; b) las oportunidades políticas; c) los repertorios de confrontación; y, d) los marcos culturales. Estos últimos dos conceptos analíticos, son los que utilizaremos más en esta segunda parte; vamos a interrelacionarlos con los países analizados en la tercera parte del ensayo sobre los MMS en LAC.

Los Movimientos y las Protestas Sociales en Latinoamérica y el Caribe (LAC)

En Latinoamérica y el Caribe durante las últimas tres décadas se han dado grandes movilizaciones sociales; se podría decir que este siglo se ha iniciado con una reivindicación de la política nacional y mundial mayormente saliendo a la calle. Se han presentado las demandas, se ha puesto a la defensiva, o contra la pared en algunas ocasiones, a los gobiernos nacionales, en varios países los presidentes han debido recapacitar sus medidas, dejar sus gobiernos por la puerta de atrás, o implantar medidas coercitivas o represivas. Ahora, la historia actual cotidiana ha cambiado por las medidas impuestas por casi todos los gobiernos al nivel mundial, la mayoría de los países LAC no son una excepción. empujados por las protestas sociales fuertes y continuas.

Estos movimientos, sus participantes, sus instituciones, sus procesos, sus programas y sus alcances están implicados en las luchas por la demarcación del escenario político. En estos procesos se distinguen fases y tendencias en los distintos países de la región y en las distintas áreas geopolíticas. Asimismo, ha habido cambios en los actores, las motivaciones y razones y objetivos de los movimientos y las protestas sociales; unos se han mantenido, otros han desaparecido y algunos más se han formado y consolidado en los últimos años.

De acuerdo con Colussi y de Léon (2020), en los últimos 30 años, en la región se vivió el periodo en el que los países de Latinoamérica y el Caribe «retornaron a la democracia» y la vieron consolidarse como sistema de gobierno. Los movimientos sociales fueron claves, tanto en la «oposición a las dictaduras» de corte militar, como en las «transiciones a la democracia» (principalmente en algunos países de Centroamérica y en algunos de Sudamérica). En general esas transiciones fueron formales, contrainsurgentes, prescriptivas o de fachada, según la evidencia examinada y analizada por estudiosos, académicos e investigadores.

Aunque en general los movimientos sociales producen demandas de reconocimiento por parte de los otros actores y del sistema político, en el caso de los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños contemporáneos se involucran en la producción de una concepción más alternativa de ciudadanía. Así, estos movimientos sociales están implicados fundamentalmente en la multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado no solo a la exclusión sociopolítica, socioeconómica y sociocultural, sino también la de género, identidad étnica y ecológica, entre otras emergentes y en proceso de consolidación.

El neoliberalismo posmoderno globalizado de las últimas dos décadas, como racionalidad socioeconómica y sociopolítica, no ha servido para resolver las necesidades sociales, económicas y políticas de las sociedades en Latinoamérica y el Caribe. El «sálvese quien pueda» no funciona; la supremacía de lo individual es un gran escollo ahora que se piden esfuerzos colectivos; la cooperación colectiva está tratando de crecer y de imponerse a la competencia individualista fomentada en las últimas dos décadas. Los mercados no saben cómo autorregularse; no existe mano invisible que los regule; y tampoco se cumple el mito de que los agentes privados logran sus beneficios por asumir más riesgos dentro de la especulación bursátil. Ha nacido entonces un nuevo desorden económico global, con crísis cíclicas cada vez más recurrentes, amplias y profundas (entre las últimas, la recesión del 2008 y la actual debida en parte a la pandemia del COVID-19).

Con relación a lo anterior, Billion y Ventura (2020) han descrito varias características y relaciones sobre los NMS en Latinoamérica y el Caribe recientemente. Los NMS han sido parte importante de los medios sociales existentes para hacer visibles las reivindicaciones y demandas propuestas, y hacer notar y tratar de resolver los problemas sociales en el continente, debidos mayormente aunque no exclusivamente, al neoliberalismo globalizante a ultranza. Pero los movimientos y las protestas sociales son también mucho más que un medio: son espacios en los que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas.

Son la voz de la sociedad, los mensajes que la sociedad envía a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están implicados en la gestión de lo público dentro del Estado en el continente. Los movimientos sociales como procesos de identificación colectiva, como ejercicios de autoafirmación y como prácticas de solidaridad grupal son, ante todo, una escuela de ciudadanía: fantasías, deseos y objetivos colectivos que van abriendo paso en la historia. No son política alternativa: son política per se. De acuerdo con Revilla (2010), ésta se manifiesta muchas veces con la siguiente dinámica de la acción colectiva:

1.La acción colectiva es la que lleva a cabo un sujeto colectivo, es distinta de la suma de acciones individuales. Por lo tanto, la dimensión individual de la acción interesa en la medida en que los individuos se constituyen en los sujetos colectivos: atribuyen significados a su acción, se reconocen en los otros y con los otros y llevan a cabo actos intencionados. Es decir, hay un vínculo necesario entre acción colectiva y acción individual, y ese vínculo es el que se reconoce como una dimensión potencial del análisis y crítica constructiva y comparativa (Ídem).

2.La acción colectiva es siempre un proceso interactivo y comunicativo; implica otros actores, recursos, capacidades organizativas, habilidades de liderazgo, circunstancias coyunturales y condiciones estructurales. Esos procesos configuran escenarios en los que se hace posible o no la acción colectiva y en los que se condiciona la forma que adopta la acción, si es que existen posibilidades de existencia (Ídem).

3.Como consecuencia de lo anterior, la existencia de agravios o condiciones estructurales o coyunturales de conflicto potencial no es suficiente para explicar la acción colectiva. El proceso de la acción colectiva es un proceso de construcción de identidades colectivas; los actores, al definir la identidad, se definen a sí mismos y sus relaciones con otros actores de acuerdo con los recursos disponibles y con las oportunidades y restricciones del medio (Ídem).

4.La acción colectiva es siempre acción racional: existe una racionalidad compartida. Cabe, por lo tanto, esperar situaciones de elección equivalentes en la historia, y también que los actores, que nunca son los mismos, se comporten, una y otra vez, de modos semejantes (Ídem).

5.En el proceso de la acción colectiva se pone en juego una dimensión instrumental y también una dimensión expresiva. Debido a la primera dimensión, la acción colectiva es el medio para alcanzar ciertos fines; por la segunda, la acción colectiva en sí misma es el fin que se pretende (la expresión de valores y conflictos, la construcción y movilización de una identidad colectiva, la demostración de la propia fuerza, etc.) (Ídem).

En el estudio de la acción colectiva en Latinoamérica y el Caribe, utilizar las teorías de los NMS, a través de la noción de ‘repertorio(s)’, es muy relevante, ya que alude no solamente a lo que los participantes hacen cuando están inmersos en un conflicto contra otros, sino a lo que saben hacer, y a lo que los otros esperan que hagan también. Es un concepto, estructural y cultural en un proceso paralelo continuo y discontinuo, puesto que los cambios fundamentales en la acción colectiva dependen de grandes fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y las formas de organización. Éstos, a su vez, van acompañados de transformaciones en los Estados y en el capitalismo, con sus variantes en la sociedad donde se manifiestan los movimientos sociales.

Para una mejor aproximación a la comprensión de los posibles cambios en los repertorios de acción en Latinoamérica y el Caribe, es preciso detenerse brevemente en el concepto y en las tipologías de repertorios. En el análisis crítico-comparativo de los repertorios de acción en los conflictos comunitarios, conflictos étnicos, conflictos sindicales, conflictos sociales de distinta índole en Latinoamérica y el Caribe, se distinguen tres tipos básicos de «repertorios de acción colectiva». En ese sentido Revilla (2010) y Tricot (2012), nos dicen que los repertorios pueden estar relacionados con: la política convencional, la probabilidad de alterar el orden público y el riesgo de violencia potencial o real implicado en la acción. Tenemos entonces:

1. Repertorio de la acción colectiva contenida: constituye un repertorio en general conocido, comprendido y aceptado; no supone un gran compromiso e implica un riesgo escaso en su ejecución (independientemente de que sea un repertorio que se utilice en la competición electoral o no). Se basa en rutinas que la gente conoce y que son aceptadas por las autoridades, quienes pueden incluso llegar a facilitarlas. En Latinoamérica y el Caribe predominan numéricamente estas acciones en general dentro de los movimientos sociales, y regularmente ya están institucionalizadas en la sociedad y en el Estado. Las acciones concretas que se incluyen son: mítines, campañas, propaganda, manifiestos, firma de peticiones, manifestaciones, marchas y huelgas (Ídem).

2. Repertorio de la acción de confrontación: se trata de acciones que conllevan cierto riesgo de alteración del orden público o de uso de la violencia relativa de baja intensidad (daños contra la propiedad regularmente) e implican un modo de organización, unos beneficios y unos costes particulares. Son formas de acción que rompen con la rutina, sorprenden a los observadores y pueden desorientar a los gobernantes, al menos durante un tiempo. En Latinoamérica y el Caribe no predominan numéricamente estas acciones en general dentro de los movimientos sociales; la alteración del orden público es el origen de buena parte de los cambios en los repertorios y del poder de los actores. Se incluyen, dentro de esta categoría: acciones con bajo riesgo de alteración del orden público o violencia, dado que involucran escasa interacción física (huelgas de hambre, campañas de desobediencia civil, boicots); y en algunos casos, generan o se combinan con acciones de alto riesgo de alteración del orden público o violencia (ocupación de edificios, bloqueos del tráfico, pintadas y grafiti, daños a la propiedad) (Ídem).

3. Repertorio de la acción de violencia: la clave para separar la violencia en un repertorio específico se encuentra en lo que entendemos como un paso más en la escalada, ya sea de conductas individuales y grupales: la violencia contra las personas y grupos, contra estructuras, símbolos y emblemas, contra instalaciones, edificios y la infraestructura. En Latinoamérica y el Caribe no predominan histórica ni numéricamente estas acciones en general, dentro de las acciones de los grupos sociales. Sin embargo, se pueden dar y se han dado en las últimas tres décadas en el continente, coyunturas de crísis socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales de confrontación y antagonismo agudas, graves y extremas contra el aparato del Estado, el statu quo, o el orden impuesto en forma de dictadura autoritaria o despótica, corrupta, inclinada a la cleptocracia y a la narco-actividad, fallida o ineficiente en el manejo del sistema socioeconómico, en condiciones de represión, sojuzgamiento, polarización, control social, opresión, sobrevivencias extremas, etc.; en que la escalada de acciones y reacciones individuales y grupales, puede llegar a ser muy violenta, agresiva e incontenida (Ídem).

Aquí ya no es posible o tan fácil distinguir claramente, las categorías y los elementos del conflicto tales como la lucha, confrontación o conflicto armado, el terrorismo, la guerrilla, guerra irregular o guerra civil. No obstante, se puede distinguir en referencia a los tipos y definiciones del(os) actor(es) respecto del repertorio de acción intentada, realizada o proclamada). Se define como la utilización de la violencia contra las personas, como medio de acción colectiva, y por contraste de acuerdo con los elementos de la violencia generada, donde se distingue la diferencia entre estas acciones y el uso de la violencia «sin fines políticos» (es decir, la asociada a la delincuencia común o a la delincuencia organizada).

En Latinoamérica y el Caribe, esto tiene connotaciones e implicaciones más complejas donde la violencia común o la delincuencia o crimen organizado es una forma política y económica de control social, de un sistema de gobierno o de la estructura de un aparato de Estado. La narcoactividad, el narcoestado, la narco-economía serían algunos ejemplos concretos. En la actualidad existen condiciones para que se desarrolle con mayor frecuencia la acción colectiva contenida, que está disponible para una mayor variedad de organizaciones y para la participación de un número mayor de personas.

En cierto modo, puede que se esté dando una «democratización de la acción colectiva». En la actualidad existen los efectos de causas diversas y dimensiones entremezcladas de la acción violenta. También hay una aparente pérdida de legitimidad al repertorio de la violencia, al uso de esta. Por otro lado, en la tesis de la «normalización» se incluye la diversificación de los grupos sociales implicados en la acción colectiva, especialmente en lo que se refiere a la inclusión creciente de las mujeres oprimidas, violentadas y discriminadas y de las clases medias insatisfechas entre otros grupos.

Consideraciones y Observaciones Preliminares

Específicas

Se ha presentado en esta segunda parte del ensayo una discusión teórico-metodológica que nos servirá para analizar con profundidad y extensión el fenómeno de los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica y el Caribe en la tercera parte, a realizarse en los países ya señalados en la introducción. Vamos a desarrollar un análisis macro sociológico y político, de contenido crítico y comparativo, utilizando una aproximación marxista postestructuralista y postmoderna. Utilizaremos también al nivel meso y micro, los conceptos de «marcos de interpretación» de Goffman (1974), y los conceptos de «marcos de acción colectiva» de Gamson (1988). En esa misma dirección metodológica, influenciados y derivados por lo anterior; vamos a utilizar los conceptos de «las dimensiones y las estrategias de enmarcamiento», y las categorías conceptuales y comparativas de «acción colectiva» y de ‘tipologías de repertorio(s)’; explicadas por Revilla (2010) y Tricot (2012) respectivamente y descritas arriba.

Los autores Mejías y Suárez (2015), nos han explicado que los nuevos movimientos sociales han adquirido experiencias, reformulando sus estrategias y focalizando sus demandas. Además, los NMS tienen una importante particularidad: la capacidad de auto reflexión y auto transformación. Incluyen una nueva manera de ejercer la democracia, una democracia que puede permitir reconstruir el concepto de ciudadanía, de participación popular, una realidad que permita reconstruir el concepto de sujeto y nuevas formas de construir y plantearse la emancipación, es decir, que sea la transformación de la práctica social llevada a cabo por el campo social de la emancipación al campo de la justicia, dignidad y ‘la verdadera democracia participativa’ donde los intereses de la mayoría sean, finalmente, la respuesta a tanta exclusión, abuso y marginación, sobre todo en un continente tan desigual y con tantas brechas como LAC.

Generales

En el contexto actual, la protesta popular de estos últimos años se ha dado no en la forma organizativa de antaño, a través de estructuras partidarias de izquierda en general, sino por medio de movimientos y protestas sociales sin mayores vinculaciones partidarias o militantes tradicionales. Quizá sin una propuesta clasista evidente, explícita, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el marxismo clásico, como levantaron los partidos comunistas tradicionales durante los años del siglo XX). Estos nuevos movimientos sociales constituyen una alternativa anti-sistémica (movimientos por reivindicaciones diversas de género, revitalizaciones étnico/culturales, de diversidad sexual, o contra la catástrofe climática medioambiental, entre otros).

La inesperada pandemia del COVID-19 que ha llegado a todos los países abre interrogantes, más allá de los problemas estructurales complejos ligados directamente a esa crisis de salud pública. La mayor parte de los sistemas de salud alrededor del mundo están colapsados desde hace mucho tiempo; la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe tienen sistemas muy limitados, débiles e ineficientes: La situación económica mundial no muestra un cambio sustancial ni trascendente, al menos de momento. Está claro que el sistema capitalista neoliberal global no resuelve (ni quiere, ni puede) los acuciantes problemas de la humanidad. Sin dudas, la pandemia contribuye a la crisis económica y social generalizada. Pero no se puede negar ni perder de vista que la crisis sistémica (comparable a la Gran Depresión de los 1930s), es anterior a la aparición de la pandemia del COVID-19.

Tal vez se pueda usar a esta última como excusa, pero no se puede olvidar que el capitalismo global, neoliberal a ultranza; ya desde fines del 2018 e inicios del presente año, entró claramente en una fase recesiva mayor a la del 2008. Las burbujas financieras y el capital financiero-especulativo explotaron una vez más, aunado a la guerra económica entre los tres bloques económicos mundiales y las dos potencias económicas globales (China y Estados Unidos), a pesar de que los medios de comunicación corporativos se abstuvieron de darle una mayor difusión y cobertura. De momento, no se puede predecir qué pasará en los meses venideros, esperar que la crisis mundial vaya a traer un cambio de paradigma y los capitales se tornen «solidarios» con el sufrimiento de la población mundial; no pasa de ser una ilusión muy ingenua o infantil.

Las explosiones populares del año pasado, tanto las latinoamericanas y caribeñas como las que se registraron en otras latitudes («chalecos amarillos» en Francia, protestas masivas en Egipto, o en El Líbano, por ejemplo) no parecen destinadas ni a terminar con las políticas neoliberales, y muchos menos a acabar con el sistema capitalista a como lo conocemos y experimentamos en la actualidad. Cantar victoria y decir que el «campo popular» triunfó, que el neoliberalismo está fracasado y se firmó su acta de defunción, es un optimismo positivista quizá muy peligroso e ingenuo una vez más. De momento los planes del capitalismo global no han cambiado, aún con la combinación de la recesión en proceso acelerada en parte por la pandemia del COVID-19.

Los planes redistributivos que se dieron a principios del siglo XIX, en algunas partes de Latinoamérica y el Caribe fueron importantes paños de agua fría para poblaciones históricamente marginadas y olvidadas, pero no constituyeron alternativas de cambio sostenibles, profundas. Todo indica que dentro de las democracias representativas no parece haber de momento una posibilidad de cambios estructurales reales y de fondo. Además, sin caer en exitismos e ilusionarnos grandemente con las puebladas del 2019, recordemos que Piñera sigue gobernando en Chile, Lenín Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia, Juan Antonio Fernández en Honduras, Jovenel Moïse en Haití y Jeanine Áñez en Bolivia (así como Emmanuel Macron en Francia, Abdelfatá al Sisi en Egipto o Saad Hariri en El Líbano, donde también se dieron levantamientos populares). Y las deudas externas, aún con recesión y pandemia, siguen siendo cobradas puntualmente por los bancos acreedores.

Los acontecimientos vividos en los últimos tres años en Latinoamérica y el Caribe, hace algunos meses abren preguntas (similares a las que abrieron los «chalecos amarillos» en Francia, o la Primavera Árabe en su momento en Medio Oriente): ¿A dónde llevan estas explosiones populares?, ¿Por qué la izquierda con un planteo de transformación radical no puede conducir estas luchas?, ¿pueden ser un factor de conducción política con proyecto transformador los nuevos movimientos sociales?, ¿el enemigo a vencer es el neoliberalismo o se puede ir más allá, buscando cambiar al mismo tiempo las interseccionalidades de las reivindicaciones de distinta índole, entre diversos grupos sociales y sus movimientos, ya sea opuestos o afines? Como sea, lo sucedido a fines del año pasado, ahora suspendido por la pandemia de COVID-19, significa un momento de intensidad sociopolítica, un momento que podría deparar muchas sorpresas.

Fuente: https://www.aporrea.org/ideologia/a291798.html

Imagen: https://pixabay.com/

Comparte este contenido:

Post pandemia: ¿Volverán las protestas?

Por: Marcelo Colussi

 

Disolvieron todas las protestas del mundo sin un solo policía. ¡Brillante!”.

Camilo Jiménez

En estas últimas décadas el campo popular sufrió no solo un gran empobrecimiento sino su desarticulación para las luchas. Las opciones de izquierda (organizaciones partidarias, movimientos de acción armada, sindicatos combativos, expresiones populares clasistas varias) fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad de los Estados, siempre bajo la mirada vigilante de Estados Unidos. De esa suerte, por años las protestas sociales estuvieron silenciadas. O, en todo caso, se dio un despertar de nuevos movimientos sociales que, sin tener un proyecto de transformación radical, generaron nuevas dinámicas.

En América Latina, con la llegada de gobiernos de centro-izquierda en buena cantidad de países al inicio del presente siglo, se dieron políticas redistributivas que ayudaron a paliar, en parte, la situación de agobio de las grandes masas populares. Pero los planes neoliberales no terminaron. Se siguieron pagando puntualmente las deudas externas, y los esquemas económicos de base no variaron. Luego de algunos años, muchos de esos procesos de “capitalismo moderado” desaparecieron, volviendo a las presidencias de los Estados planteos abiertamente de derecha, antipopulares. Como las orientaciones fondomonetaristas no variaron nunca en lo sustancial, y en estos últimos años de derechización se profundizaron más aún, las poblaciones explotaron casi al unísono en buena parte de la región latinoamericana, así como también en otras latitudes. Eso sucedió hacia fines de 2019.

Como dato sumamente importante para entender las formas en que se dieron y las ulterioridades de esas puebladas, debe destacarse que las fuerzas de izquierda, en cualquiera de las versiones posibles, ya no existían, o estaban tan diezmadas/desacreditadas que no pudieron conducir políticamente esas rebeliones espontáneas. De ahí que el generalizado descontento popular tuvo las características de rebeliones con mucho de visceral, de explosiones populares que no llevaban claramente una orientación política revolucionaria, de transformación estructural. Era, en todo caso, la expresión de un descontento profundo contenido durante años. Los nuevos movimientos sociales contribuyeron al clima de rebelión que se vivió.

¿Por qué se dieron estos estallidos? Porque la pobreza que causó el neoliberalismo, donde no hubo el preconizado “derrame”, era ya insoportable. El subcontinente latinoamericano, terriblemente rico en recursos naturales (tierras fértiles, abundante agua dulce, petróleo, gas, innumerables recursos minerales, enormes litorales oceánicos, impresionante biodiversidad) presenta índices de desigualdad socioeconómica realmente alarmantes. Con economías prósperas en términos macro (crecimiento del PBI, inflación bajo control, paridad cambiaria estable), ocho de los diez países más desiguales del planeta están en esta región: Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica y México. Los problemas sociales se multiplican en forma continua, con desempleo, falta de perspectivas, violencia callejera, salarios de hambre, un agro tradicional que se empobrece y desertifica producto de la explotación inmisericorde de las grandes propiedades y su uso de pesticidas y agroquímicos, poblaciones originarias reprimidas y olvidadas, una cultura patriarcal que sigue dominando la cotidianeidad, jóvenes sin futuro y, junto a ello, gobiernos corruptos que se ríen en la cara de tanta desgracia, todo ello constituye una poderosa bomba de tiempo. Si no estalló masivamente antes es porque la represión y el miedo histórico de las décadas pasadas (guerras sucias que ensangrentaron todos los países, con 400.000 muertos, 80,000 desaparecidos y un millón de presos políticos, más cantidades monumentales de exiliados) siguieron obrando como una fuerte “pedagogía del terror”.

Mucho de la protesta popular de estos últimos años se dio no en la forma organizativa de antaño, a través de estructuras partidarias de izquierda, sino por medio de movimientos sociales. Quizá sin una propuesta clasista, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el marxismo clásico, como han levantado los partidos comunistas tradicionales a través de los años en el siglo XX), los nuevos movimientos sociales constituyen una alternativa antisistémica (movimientos por reivindicaciones de género, étnicas, de diversidad sexual, contra la catástrofe medioambiental). Muchos de ellos son movimientos campesinos y de reivindicación de territorios ancestrales propios; de hecho, constituyen una clara afrenta a los intereses del gran capital transnacional y a los sectores hegemónicos locales, más aún en este momento de expansión de un voraz capitalismo extractivista. En ese sentido, funcionan como un nuevo camino, una llama que se sigue levantando, y arde, y que eventualmente puede crecer y encender más llamas.

Lo cierto es que, hastiados del neoliberalismo, los pueblos se levantaron hacia los últimos meses del 2019. Los resultados fueron distintos en cada país, pero hubo un hilo conductor común. Analicemos algunos casos (Chile, Colombia y Bolivia) a modo de ejemplo, para luego sacar conclusiones.

Chile

En los países del llamado Tercer Mundo, contrario a lo que ocurrió en el Norte próspero (Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón), las políticas neoliberales que se impusieron estas últimas décadas, pudieron ser implementadas solo a partir de regímenes dictatoriales. La dictadura del general Pinochet fue icónica en ese sentido.

El 11 de septiembre de 1973 en Chile tuvo un lugar un evento que serviría como símbolo de un importante cambio en la historia política del país. Se daba allí el golpe de Estado del ejército chileno, comandado por el general Augusto Pinochet, contra el presidente democráticamente electo Salvador Allende. La asonada militar, nada nueva ni en la historia de Chile ni en la de Latinoamérica y el Caribe, tuvo un carácter especial: dio pie a la instalación de las primeras políticas neoliberales por parte de un gobierno nacional. Las peores calamidades de los planes de achicamiento del Estado, privatización de todo lo privatizable, contención de la protesta social por todos los medios posibles y la represión militar, tuvieron lugar en Chile. De hecho, Milton Friedman en persona, eje central de la Escuela de Chicago impulsora de las políticas neoliberales fondomonetaristas, estuvo en Chile en dos ocasiones, en 1975 y en 1981, bendiciendo y evaluando las medidas.

El derrocado presidente chileno propiciaba el paso al socialismo por la vía democrática. Propuesta difícil, que la historia se ha encargado de rebatir infinidad de veces (la institucionalidad democrática dentro de los marcos del capitalismo no permite la construcción de alternativas socialistas reales; es decir: la socialización de los medios de producción y la democracia popular de base). Experiencias similares de procesos revolucionarios abortados sobran en el contexto latinoamericano (Haití, República Dominicana, Bolivia, Guatemala, entre otros). Lo importante de lo acaecido en Chile en aquel 1973 fue la puesta en marcha de ese laboratorio social y económico con las iniciativas de ajuste neoliberal.

Con los años, fueron instalados similares planes neoliberales a ultranza no solo en Latinoamérica y el Caribe sino en, prácticamente, el mundo entero. Chile comenzó a ser exhibido por cierta academia, varios políticos, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y por la corporación mediática capitalista global como el ejemplo más exitoso de estas políticas. De hecho, comenzó a circularse la idea que ya había ingresado al privado club del “Primer Mundo”. La propaganda, repetida hasta el cansancio tanto dentro como fuera del país, fue transformando a la nación trasandina en un “modelo de éxito”. Ello se debió en muy buena medida a la necesidad de la ideología neoliberal dominante en el mundo de tener una joya que mostrar. Al lado del pretendido “fracaso” de los modelos socialistas, o más aún, de los capitalismos con Estados parasitarios -o, al menos, de lo que la prensa dominante intentaba mostrar como tal-, Chile fue elegida la presea perfecta, el arquetipo de éxito con las privatizaciones. El tiempo vino a demostrar que las cosas no eran precisamente como se planteaban. Lo cual demuestra, igualmente, que la población es perpetuamente engañada por los medios de comunicación.: puras y viles mentiras.

La feroz dictadura del general Pinochet terminó en 1990. Para ese entonces, Washington estaba cambiando su estrategia de dominio de su patio trasero latinoamericano reemplazando las sangrientas dictaduras militares por la modalidad de “democracias vigiladas”. Con los planes de ajuste estructural encaminados, ya no era necesaria la “mano dura” de los militares; las democracias -entendidas solo como el ejercicio de votar y elegir mandatarios cada cierto tiempo- alcanzaban. Así, todo el subcontinente fue abriéndose a esos nuevos tiempos “democráticos”. Tuvieron lugar varias elecciones, y diversos candidatos civiles se sucedieron en la presidencia: Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet en dos oportunidades intercaladas, y Sebastián Piñera, también en dos ocasiones intercaladas, quien se encuentra en el poder actualmente. Ningún mandatario modificó un ápice las políticas impuestas por la banca internacional (FMI y BM) ni la Constitución política de 1980, herencia de la dictadura pinochetista. El supuesto “milagro” económico chileno siguió ofreciéndose como el producto exitoso derivado de esas iniciativas.

Pero algo sucedió rompiendo esa supuesta tranquilidad y armonía social. En la segunda presidencia de Sebastián Piñera, iniciada en marzo de 2018, el aumento del boleto del metro propuesto a mediados de octubre del 2019 desató enormes protestas, iniciadas por el movimiento estudiantil en principio, al que se le sumó luego masivamente la población, las cuales hicieron retroceder al mandatario. El aumento del pasaje, en sí mismo, no fue especialmente significativo. Su valor en hora pico subiría de 800 a 830 pesos, equivalente a 0,042 dólares. Pero ello, en realidad, acentuó un descontento latente y creciente en la población, y dejó ver otra realidad que la presentada oficialmente como de éxito económico. Evidentemente, la cólera de la población expresó algo que no se decía oficialmente: la pobreza generalizada extendiéndose, las brechas entre las clases sociales acentuándose, la exclusión de grandes sectores de la sociedad expandiéndose, y la discriminación étnica y cultural exacerbándose principalmente por el neoliberalismo en Chile.

La primera reacción del Ejecutivo fue la abierta represión bajo el concepto de seguridad nacional y terrorismo. La misma se prolongó por espacio de varios meses, resultas de la cual se registraron 31 muertos, de acuerdo con lo informado por la OEA. Según calcula el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esa institución, luego de su visita entre el 25 y el 31 de enero del 2020, entre octubre de 2019 y enero de 2020 se registraron 400 heridos. “Chile vive grave crisis en derechos humanos”, manifestó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, citada por el diario La Tercera. Por su parte, Joel Hernández, relator para Chile de dicha Comisión, manifestó que “las protestas registraron en varios casos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza” debido a “falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas”.

La realidad del país no era, definitivamente, la preconizada abiertamente por la prensa nacional y global (“Chile = Primer Mundo”, según ese engañoso mensaje); las rebeliones populares pusieron al descubierto una desigualdad monstruosa (octavo país del mundo en asimetrías socioeconómicas igual que Ruanda en el África, por ejemplo), siendo el país latinoamericano que ha escenificado las protestas más grandes hacia fines del año 2019. La población, hastiada de las medidas de privatización, falta de acceso a los beneficios reales de un supuesto desarrollo, patéticamente endeudada con los bancos, reaccionó visceralmente ante el alza del pasaje de metro, lo que motivó por parte del Ejecutivo (siguiendo la sugerencia de asesores estadounidenses) la declaración de estado de sitio y toque de queda.

Sin dudas, la población del país trasandino (junto a la de Haití en el Caribe), es la que más fuertemente ha alzado la voz en toda esta ola de protestas que se dieron a fines del año pasado, lo cual llevó a un brutal endurecimiento del gobierno, con el ejército controlando las calles. “América del Sur se nos puede embrollar de modo incontrolable si no tenemos siempre a la mano un líder militar, y en el caso de Chile, esto reclama un jefe de la calidad solidaria del general Augusto Pinochet”, pudo decir sin la más mínima vergüenza Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, en una Comisión de Urgencia de la Cámara de Representantes de su país, ante “la preocupante situación de Chile”. Ello deja ver que Latinoamérica y el Caribe siguen siendo con muy pocas excepciones, tristemente, el patio trasero de la potencia del Norte, y lo que en esta zona sucede se decide en Washington.

Luego de la inicial salvaje represión y la incesante y creciente ola de protestas, el presidente Piñera se vio forzado a pedir perdón, comprometiéndose a implementar medidas de protección social, reconociendo la precariedad de muy buena parte de la población chilena, más allá del preconizado “milagro económico” del país que fuera primer laboratorio de ensayo de las políticas neoliberales.

Como resultado de la movilización popular, el gobierno se vio forzado, además de dejar de lado el aumento inicial, a dar alguna respuesta que satisficiera a la población. De ahí que se llegó a la idea de un plebiscito para ver si se continúa con la Constitución vigente, o se va hacia una nueva. El plebiscito, “ejercicio democrático” provocado por las protestas, presenta dos preguntas que deben ser respondidas por la población: 1) ¿Apruebo o Rechazo una nueva Constitución? 2) ¿Qué órgano es el indicado para redactar la eventual nueva carta magna: una Convención Constituyente (100% de sus integrantes elegidos por voto popular) o Convención Mixta Constituyente (50% de sus integrantes elegidos por voto popular y 50% miembros del actual Congreso?).

Para cierta visión de los hechos, el plebiscito es un triunfo popular derivado de las movilizaciones del año pasado, porque permitirá dejar atrás el lastre neoliberal y fascista de la dictadura pinochetista, aún presente en la institucionalidad del Estado chileno. Para otra lectura, esto es una jugada distractora del gobierno, una forma de ganar tiempo, una maniobra para que no cambie nada, en definitiva. Originalmente se había fijado para el 26 de abril, pero la aparición de la pandemia de coronavirus vino a alterar los planes. De momento quedó establecido para el 25 de octubre. Habrá que ver cómo se lleva a cabo la consulta, cuáles son los cambios que genera y si sigue la lucha para consolidar dichos cambios.

Colombia

En Colombia se vive un clima de violencia generalizada desde hace muy largas décadas. Un entrecruzamiento de causas explica esa dinámica; por un lado, la pobreza crónica y estructural (19.6% de la población, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-, 2019), que excluye a amplios sectores, fundamentalmente rurales, lo que crea un clima de inestabilidad permanente. A ello se suma la presencia de una importante narcoactividad (2% del PBI, según datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-), también en áreas rurales, donde igualmente se da la presencia histórica de movimientos revolucionarios de acción armada (llegó a haber tres para los años 90 del pasado siglo), perseguidos ferozmente por las estrategias contrainsurgentes del Estado. De hecho, Colombia presenta la guerra civil más prolongada de todo el continente, cuyos orígenes se remontan a la década del 50 del pasado siglo. Las consecuencias de todo esto fueron fatales; además de las cuantiosas pérdidas materiales, ese prolongado conflicto ocasionó cerca de un cuarto de millón de muertos, incalculables heridos, 70,000 desaparecidos, numerosas violaciones sexuales de mujeres y más de cinco millones de desplazados internos (primer país en el mundo en cantidad de esos desplazamientos por causas bélicas, según datos del ACNUR), sin contar con las secuelas psicológicas y sociológicas de ese clima de violencia perpetuo, y la apología de la misma como prácticamente único modo de relacionamiento entre grupos diversos.

¿Por qué se ha prolongado tanto este conflicto? ¿Qué hace que, mientras en otras latitudes las guerras pasan, se encuentran salidas negociadas, se ponen en marcha procesos de pacificación, en Colombia pareciera perpetuarse indefinidamente sin dar miras de poder entablarse negociaciones firmes que terminen de una vez el problema? Evidentemente, hay poderosos intereses en juego para que todo ello se perpetúe. El negocio de la violencia es muy redituable para ciertos grupos. Si bien ha habido numerosos intentos de pacificar el país en estos últimos años con numerosos compromisos contraídos, luego no cumplidos, y recientemente se firmaron importantes acuerdos entre el gobierno y el principal grupo revolucionario alzado en armas, la paz no termina de llegar nunca.

El clima bélico en que se ha venido moviendo la sociedad colombiana durante tan largos años es sumamente complejo por presentar numerosos y tan diversos componentes: movimientos revolucionarios de vía armada, carteles de la droga y narcoactividad, grupos paramilitares, Estado armado hasta los dientes, presencia de fuerzas armadas, de inteligencia y contrainsurgencia extranjeras directamente comprometidas en esa “guerra sucia” de mediana y baja intensidad selectiva (como es la estrategia de Washington), incluso con varios destacamentos fijos y dotados de alta tecnología militar. Son siete las bases estadounidenses en territorio colombiano, por lo que más de algún analista compara la situación del país caribeño con el papel que juega Israel, aliado de la política de la Casa Blanca, en el Medio Oriente. Es decir: el gendarme super armado de la región. No olvidar que Colombia tiene una posición estratégica al lado de Venezuela, que atesora las reservas de petróleo más grandes del mundo, más otros importantes recursos minerales (oro, hierro, coltán, tierras raras), todo lo cual es codiciado por la geoestrategia de Washington.

El enfrentamiento bélico se ha dado, básicamente, entre el Estado, la presencia militar estadounidense, y en algunos casos los paramilitares como sus aliados, contra los movimientos revolucionarios (de los tres que llegó a haber años atrás, queda operativo hoy solo uno). De igual modo, el Estado colombiano, con la colaboración de Washington, ataca la narcoactividad, en buena media destruyendo sembradíos en zonas rurales por medio de fumigaciones aéreas. Lo curioso es que ese “combate al narcotráfico” nunca termina de dar resultados, y la producción de cocaína no cesa. No está de más recordar que a Estados Unidos llega una tonelada y media de drogas ilegales cada día, en buena medida cocaína colombiana. Ese supuesto “combate” que se da en tierra sudamericana, por lo tanto, abre suspicacias. ¿Realmente se lo combate?

El “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado”, más conocido como “Plan Colombia”, luego rebautizado “Plan Patriota” y finalmente “Plan Consolidación”, destinado a combatir la narcoactividad, pero con la agenda oculta de atacar a las guerrillas revolucionarias, implicó una erogación de USD. 20,000 millones por parte del erario colombiano, cobrado por las empresas que suministraron todo el equipo bélico y capacitación militar, todas de origen estadounidense. Lo curioso es que, pese a esa monumental inversión y despliegue de fuerzas militares, supuestamente para combatir la narcoactividad, la producción de hoja de coca no bajó y la fabricación de cocaína y otras drogas se mantuvo o se movió a otros países de Latinoamérica y el Caribe. Definitivamente hay ahí una sumatoria de elementos complejos e interrelacionados que hacen de Colombia una mezcla explosiva y que, según algunas estimaciones, lo colocan como el país más violento de Latinoamérica y uno de los más violentos del mundo donde pareciera que nadie desea terminar la guerra (porque para ciertos sectores trae cuantiosos réditos).

De hecho, a través de los últimos años ha habido numerosas negociaciones en búsqueda de la paz, y muchos de los actores involucrados en esa violencia han ido modificando posiciones. Por lo pronto, dos de los grupos guerrilleros históricos involucrados en esa larga contienda silenciaron sus armas: el Movimiento 19 de Abril -M 19-, desmovilizado en marzo de 1990, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, desmovilizadas según Acuerdos de Paz con el gobierno en el 2016. Pero pese a ello, la violencia no se extingue -continuó la muerte de desmovilizados de las FARC-, lo que llevó a que grupos puntuales de esta organización guerrillera se alzaran en armas nuevamente en el transcurso del 2019, quizá sin constituir una real amenaza militar, pero con hondo significado político, distanciándose de sus cúpulas de dirección nacional a las que acusan de “traidoras”.

Se podría decir también que el movimiento paramilitar -de ultraderecha, participante también en la guerra interna- sumamente activo años atrás, agrupado en la Autodefensas Unidas de Colombia, se sumó a la desmovilización en el año 2003. E igualmente poderosos carteles del narcotráfico fueron diezmados por las fuerzas gubernamentales en operaciones conjuntas con la DEA, CIA y tropas especiales de Estados Unidos, a lo largo de los últimos años. De todos modos, pese a esas diversas operaciones de pacificación, de desmovilización de fuerzas combatientes y de grupos armados de acción violenta, Colombia nunca ha vivido en paz.

Al mismo tiempo, no puede dejarse de mencionar como elemento sumamente explosivo, la gran polarización económico-social que se da en el país, la cual se extendió aún más desde los 1980s. con las políticas neoliberales, y particularmente desde 1991 con las reformas constitucionales que permitieron profundizar las mismas. Según datos de Naciones Unidas, Colombia presenta una enorme disparidad en ese ámbito -uno de los países más desiguales del mundo- con un acaparamiento de tierras enorme en manos de una ínfima oligarquía terrateniente, y una gran masa de campesinos empobrecidos. Según el Informe de Oxfam “Radiografía de la Desigualdad”, 2020, basado en datos del Censo Nacional Agropecuario, el 1% de propietarios posee el 81% de las tierras. Mujeres solo presentan el 26% de la titularidad. De acuerdo con referido documento “Un millón de hogares campesinos vive en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.”

Esa masa campesina encontró en el cultivo de plantas de coca -comprada por los carteles del narcotráfico para la elaboración de cocaína, en buena medida con destino a Estados Unidos- una forma de sobrevivencia que la aleja de la pobreza extrema, pero sujetándola a circuitos que le terminan creando más problemas, en definitiva. Para cierta visión punitiva del combate a las drogas -que es la que impulsan los distintos gobiernos del país en consonancia con lo estipulado por el gobierno federal de Estados Unidos-, el eslabón del pequeño productor de la materia prima es el más golpeado. De ahí la continua quema, fumigación de sembradíos, criminalización y castigo por actividades ilegales, que terminan arruinando, separando y estigmatizando a esas familias campesinas, que nunca salen de pobres pese a participar en este acaudalado negocio.

Esa histórica polarización económica se vio acrecentada desde fines de los años 80 del pasado siglo con la implementación de las políticas neoliberales que dominaron todo el panorama latinoamericano y caribeño. Todos los mandatarios colombianos, fieles a los dictados de los organismos crediticios de Bretton Woods (FMI y BM), siguieron implementando a la letra las recetas de ajuste estructural, lo cual empobreció más a los sectores históricamente empobrecidos, concentrando la riqueza en una oligarquía hiper rica. En el medio de la fiebre antineoliberal que barrió Latinoamérica hacia fines del año pasado, también la población colombiana reaccionó. Fue así que se asistió al despertar de espontáneas protestas populares. El presidente Iván Duque, de derecha, acérrimo defensor de los planes neoliberales y estrecho aliado del gobierno de Donald Trump, ha sido duramente cuestionado. En realidad, el actual presidente, sin con esto quitarle la más mínima responsabilidad, no hizo sino continuar las prácticas privatistas que vienen dándose desde los 90 del siglo pasado, forzadas por la banca internacional, en detrimento de las grandes mayorías. En otros términos: se continuó, igual que todos los presidentes anteriores, con las privatizaciones en el sector energético (petróleo y minería), en las comunicaciones y en los servicios financieros. Al mismo tiempo, continuaron las políticas de impuestos regresivos, beneficiando así a los grandes propietarios colombianos, y se profundizó la reducción de la inversión pública en áreas básicas (salud y educación). Todo ello aumentó la histórica pobreza urbana y profundizó la rural provocando un descontento creciente que estaba a punto de estallar en cualquier momento.

Y finalmente, estalló. Entre fines de octubre e inicios de noviembre del año pasado, más de un millón de personas se movilizaron en las principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta) exigiendo el fin de las medidas neoliberales. La respuesta del gobierno fue, al igual que en los otros países de la región, la vigilancia, la confrontación y represión. De ese modo, se registraron tres muertos, 250 heridos y cientos de arrestos.

Las protestas se prolongaron hasta el inicio del 2020. Como consecuencia de esa movilización popular, se conformó un Comité de Paro, integrado por distintas organizaciones sociales, que nuclea una pluralidad de sectores del campo popular, el cual entregó a fines del año pasado una lista de demandas al gobierno del presidente Duque. El pliego de peticiones incluye un amplio listado que toca puntos sobre la política económica y social llevadas adelante por el gobierno, el cumplimiento de acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, con los pueblos indígenas y afrocolombianos en medio de las movilizaciones, la revisión de la política de seguridad vigente, de derechos humanos y lo concerniente a los asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales así como de excombatientes de las FARC, temáticas ligadas a la reforma política y electoral, normas y medidas para luchar contra la corrupción y el pedido de profundizar el diálogo de paz con la única fuerza guerrillera ahora vigente, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.

Para el año 2020, dándole seguimiento a ese pedido, se tenían previstas distintas manifestaciones exigiendo el cumplimiento de lo solicitado, con diversas convocatorias para el transcurso de los primeros meses del año (abril y mayo). La aparición de la pandemia de coronavirus vino a alterar todo ello. Pero es evidente que el clima de protesta, descontento y agitación no ha culminado.

Bolivia

La situación en el Estado Plurinacional de Bolivia es distinta. Aquí no se han dado similares protestas populares contra las políticas neoliberales dominantes como en otros países de la región. No se dieron, por la sencilla razón que en estos últimos años no se han estado implementando. Por el contrario, desde el año 2005 Bolivia estuvo gobernada por el partido político de izquierda y de base social mayoritaria indígena Movimiento al Socialismo -MAS-con el liderazgo del dirigente indígena aimara Evo Morales, quien ganó por mayoría tres elecciones y ha gozado de amplio apoyo de la población.

En esos años el país experimentó importantísimos cambios, todos en función del mejoramiento de la calidad de vida de su población, básicamente pobre y de raíz indígena. De esas transformaciones los medios de comunicación masiva no dicen una palabra. Debe mencionarse también, como algo de importancia capital para entender el proceso boliviano, que durante esos años la derecha nacional -en buena medida asentada en la ciudad de Santa Cruz, profundamente racista y siempre mirando hacia Washington- funcionó como el principal elemento conspirativo, intentado sacar del poder al presidente Morales con distintos métodos. Las elecciones de octubre del 2019, cuestionadas por la participación de Evo Morales nuevamente para tratar de reelegirse por un cuarto período, fueron la ocasión propicia.

Durante sus tres mandatos consecutivos, el producto interno bruto, que creció 327% llegando a USD 44.885 millones en 2018, iba a cerrar el 2019 con un crecimiento de casi el 5% interanual (junto con Panamá, el crecimiento más alto de Latinoamérica y el Caribe). Según datos del Banco Mundial, Bolivia dejó el grupo de los países de ingresos bajos y pasó a pertenecer a la categoría de los países de ingresos medios (62% de su población los tiene). Los recursos mineros (gas, litio, minerales varios) se nacionalizaron, y en algunos casos se establecieron explotaciones público-privadas, en las cuales el Estado boliviano captaba una importante cuota, lo que le permitió implementar profundos programas sociales.

Se dieron infinidad de logros. La pobreza se redujo del 60 al 34%. La esperanza de vida subió de 64 a 71 años. El salario mínimo pasó de 57 dólares mensuales a 298. En el área de salud, las mejoras fueron ostensibles, con una población que se empezó a alimentar mejor y recibir asistencia adecuada. Durante la gestión de Evo Morales se construyeron 34 hospitales de segundo nivel de atención y más de 1,000 clínicas populares de primer nivel de atención. Con los métodos educativos cubanos “Yo Sí Puedo” y “Yo Sí Puedo Seguir” se trabajó fuertemente la alfabetización al nivel nacional, al punto que Bolivia fue declarada por la UNESCO país libre de analfabetismo después de su segundo período de gobierno. Durante el gobierno del MAS se construyeron casi 17,000 escuelas, de modo que Bolivia pasó a ser uno de los países latinoamericanos y caribeños con mayor porcentaje de cobertura en educación primaria.

Entre otro de los importantes avances de la sociedad boliviana conseguidas durante el gobierno socialista de Evo Morales, puede mencionarse el trabajo en pro de la equidad de género. Como un símbolo de ello, antes del gobierno del MAS solo había un 18% de mujeres en el Parlamento, mientras que hacia el 2019, ese porcentaje había pasado al 51%. La sociedad boliviana, sin dudas, cambió mucho en estos últimos años, siendo de los pocos países que no se ciñeron a políticas neoliberales. Como expresiones de esos cambios pueden indicarse 5,000 nuevos kilómetros de carreteras que forjaron desarrollo para las áreas más olvidadas, pero más aún, el lugar que pasaron a ocupar los pueblos originarios intentando superar el histórico racismo que caracterizó a Bolivia (mayoría indígena, pero siempre gobernada por una oligarquía criolla de espalda a esos pueblos). Es por ese motivo, porque el país se comenzó a liberar del yugo imperial de Estados Unidos empezando a construir una alternativa no capitalista, que los grandes poderes lo vivieron atacando estos últimos años; algo similar con lo que sucedió con Venezuela y su Revolución Bolivariana.

En ambos casos, con las diferencias respectivas de acuerdo con sus historias y estilos políticos, culturas y dinámicas particulares, las dos naciones fijaron una autonomía en el manejo de su política y de los recursos propios que hizo sentir a Washington que perdía hegemonía en su “patio trasero”. Ambos estuvieron en la mira de la Casa Blanca por años, pero siguieron procesos distintos. En Venezuela aún sigue en pie -cada vez menos- el gobierno bolivariano; en Bolivia el imperio y la oligarquía local parecen haber logrado ya lo que anhelaban.

Dato nada desdeñable para entender lo sucedido en el país del Altiplano: Bolivia cuenta con aproximadamente el 75% de las reservas mundiales de litio, el “oro blanco”, apreciado especialmente por industrias de tecnología de punta como telecomunicaciones, automovilística, armamentista y aeroespacial entre otras. El litio puede llegar a ser un reemplazo del petróleo en el futuro. Esas reservas (salares de Uyuni), definitivamente, están en la mira de las grandes corporaciones capitalistas occidentales, que verían perderse un fabuloso negocio si aquellas fueran administradas por el Estado boliviano. Por lo pronto, habiendo firmado contratos con la República Popular China para la explotación de tal mineral, en octubre, un poco antes de las elecciones, Bolivia presentó su automóvil alimentado con litio, el “Quantum”. El vehículo, concebido en dos tipos de modelos, es de bajo costo, siendo su precio más económico de 5,400 dólares. Sin dudas, una cachetada, una amenaza real para la industria automotriz y petrolera capitalista.

Todos esos logros sociales representaban una afrenta para el capitalismo global, que ha visto en Bolivia un “mal ejemplo”. Pero a ello se sumó algo muy importante: Evo Morales decidió presentarse por cuarta vez consecutiva a las elecciones, con lo que la “dulzura” del cargo presidencial pareció obnubilarlo, después que contrario a una consulta general, la mayoría de la población boliviana le había dicho que ya no participara en las elecciones presidenciales. Asimismo, contrario a recomendaciones emanadas de su propio partido, participó una vez más en la justa electoral. Ahí comenzó la debacle. En una confusa situación donde ambas fuerzas -el MAS, con la candidatura de Morales, y el opositor partido Comunidad Ciudadana, con el presidenciable derechista Carlos Meza- se disputaron el triunfo de las elecciones. Las acusaciones que recibió el dirigente indígena fueron de fraude, por la tardanza en el conteo de los votos, por la interrupción total en la tabulación de las boletas y por las supuestas irregularidades encontradas en el empacado y transportación de las cajas con los votos emitidos.

Se abrió entonces un momento de convulsión social. Sin dudas, hubo movilizaciones contra Evo Morales; pero las mismas no tuvieron el sello de las otras protestas que aquí analizamos. No termina de quedar claro hasta dónde fueron manifestaciones masivas espontáneas contra su perpetuación en la presidencia, o hasta dónde fueron manipuladas por una oligarquía anticomunista y racista visceral. La derecha, local e internacional, esgrimió el argumento de su larga permanencia. Argumento, por cierto, muy discutible, pues otros dirigentes no socialistas permanecieron igual o mayor período, y nunca se dijo nada en su contra: Angela Merkel en Alemania: 20 años; Benjamín Netanyahu en Israel: 25 años; Yoweri Museveni en Uganda: 31 años (como es de derecha y Uganda no cuenta en el concierto internacional, nadie dice una palabra); Vladimir Putin en Rusia, 20 años (¿nadie se atrever a meter ahora con la fortalecida potencia rusa?); la Reina Isabel II, Gran Bretaña: 66 años (¿y esta aberración anacrónica, medieval? ¿Quién la eligió: Dios? ¿Y nosotros seguimos manteniendo esa parásita?)

Así como se dieron manifestaciones anti-Evo, también hubo -en mucho mayor grado- manifestaciones masivas en su apoyo, fundamentalmente de los pueblos indígenas, los que sentían que el cambio de gobierno les resultaría sumamente desfavorable, o más bien siniestro. De hecho, se terminó consumando un golpe de Estado (uno más en ese país, el que mayor número de rompimientos constitucionales presenta en Latinoamérica y el Caribe: 160). La población boliviana se manifestó en las calles en repudio a esa maniobra antipopular y racista, apoyada desde Washington. Los militares golpistas dispararon a matar, por lo que hubo decenas de manifestantes asesinados y centenares de heridos. Muchas mujeres indígenas fueron torturadas por los golpistas: se les cortaba las trenzas, las humillaron, manosearon, golpearon. Hubo centenares de personas detenidas. Se dio también una feroz persecución de las fuerzas militares contra otros miembros del gobierno de Morales a los niveles altos y medios y también amenazas y encierro a periodistas y clausura de radios comunitarias.

A través del golpe de Estado -técnico y de facto disimulado- en una situación confusa, Jeanine Áñez, un personaje de segunda línea de la política boliviana en el Congreso asumió interinamente la presidencia. Ella es una fundamentalista evangélica que asumió Biblia en mano firmando un decreto para eximir de responsabilidad a los militares por las muertes y violaciones cometidas, aunque el pueblo siguió luchando contra el golpe de Estado, sabiendo que si no se le revierte -cosa que finalmente no sucedió- podrían venir décadas de terror, saqueo capitalista brutal y empobrecimiento, desandándose todo lo que consiguió el gobierno del MAS. “Sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas; la ciudad no es para los indios. Que se vayan al Altiplano o al Chaco”, dijo la presidenta ilegal.

La situación política que se abrió luego de las elecciones, en el momento en que se hacía el recuento de votos, fue confusa. Ambos contendientes se cruzaron acusaciones mutuas de fraude, y grupos de derecha movilizaron a parte de la población para reclamar la salida de Evo Morales. Policía y ejército, en apariencia leales al gobierno del MAS, terminaron apoyando el golpe, “sugiriendo” al presidente su alejamiento y reprimiendo ferozmente en las calles las protestas populares. Nunca quedó claro qué pasó realmente con la cantidad de sufragios emitidos; lo cierto es que, recordando aquello de “a río revuelto, ganancia de pescadores”, Estados Unidos y la oligarquía boliviana, santacruceña en lo fundamental, encontraron en la ocasión el momento preciso para desplazar a Morales de la presidencia.

La Organización de Estados Americanos -OEA-, fiel a su histórica genuflexión ante los dictados de la Casa Blanca, constató por medio de una investigación que sí, efectivamente, hubo fraude en las elecciones, y con su silencio cómplice terminó avalando el golpe. De los muertos, heridos, torturados y mujeres vejadas no dijo una palabra. Un estudio realizado posteriormente por los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel, del Massachusetts Institute of Technology -MIT- Election Data and Science Lab, concluyó que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude” en las elecciones presidenciales de octubre del 2019. Pero consumada la retirada del presidente indígena, la situación no se modificó y el golpe de Estado -con mucha sangre en las calles, por cierto- se consustanció.

Evo Morales y su equipo salieron al exilio, primero hacia México, terminando luego en Argentina. La presidente de facto, Jeanine Áñez, en esa confusa situación, se terminó asentando en el poder con el guiño del empresariado local y del gobierno estadounidense, y para mayo del 2020 llamó a nuevas elecciones. El MAS informó de su participación en esa justa electoral con nuevos candidatos presidenciales, con Evo Morales en el exilio y vetado de participar por el actual gobierno interino, pero igualmente involucrado en la dinámica interna de Bolivia. La situación de la pandemia de coronavirus las dejó suspendidas de momento.

A modo de conclusión

¿Qué sigue ahora después de esas reacciones populares? No puede decirse que el neoliberalismo esté muerto, porque después de esos estallidos siguió direccionando las políticas impuestas por los grandes poderes (capitales globales que manejan el mundo), políticas que, definitivamente, no han cambiado. De todos modos, estos capitales no son ciegos, y ven que Latinoamérica arde. Ahí están las citadas declaraciones de Mike Pompeo, un operador político de esos capitales, y su precaución ante lo que puede venir: “Hay que tener siempre a la mano un líder militar”.

La inesperada pandemia de coronavirus que ha llegado a todos los países abre interrogantes. Más allá de los vericuetos ligados directamente a esa crisis sanitaria, la situación económica de base no muestra un cambio sustancial en el mundo, al menos de momento. Está claro que el sistema capitalista no resuelve (ni quiere ni puede) los acuciantes problemas de la Humanidad. Sin dudas, la pandemia contribuye a la crisis económica generalizada. De todos modos, no hay que perder de vista que la crisis sistémica (comparable a la Gran Depresión de 1930) es anterior a la aparición de la enfermedad. Tal vez se pueda usar a esta última como excusa, pero no olvidar que el capitalismo global, ya desde fines de 2019 y claramente a inicios del presente año, entró en una fase recesiva mayor a la del 2008. Las burbujas financieras y el capital financiero-especulativo explotaron. E igualmente el sector productivo entró en crisis, debido a la superproducción habida (se produjo mucho más de lo que el mercado puede absorber). De momento no se puede predecir qué pasará en unos meses; que esto traiga un cambio de paradigma y los capitales se tornen “solidarios”, no pasa de una ilusión casi infantil. “El capitalismo no caerá si no existen las fuerzas sociales y políticas que lo hagan caer”, decía con exactitud el dirigente de la Revolución Rusa Vladimir Lenin.

Las explosiones populares del año pasado, tanto las latinoamericanas y caribeñas como las que se registraron en otras latitudes (“chalecos amarillos” en Francia, protestas masivas en Egipto, o en El Líbano, o en Irak, por ejemplo, todas con un profundo contenido anti-neoliberal) no parecen destinadas ni a terminar con las políticas neoliberales, y muchos menos a acabar con el sistema capitalista. Cantar victoria y decir que el campo popular triunfó, que el neoliberalismo está fracasado y se firmó su acta de defunción, es un exitismo quizá peligroso. De momento los planes del capitalismo global no han cambiado, aún con pandemia de coronavirus. Ver lo que sucede en Cuba, donde persiste el cruel bloqueo que intenta asfixiar la triunfante revolución socialista, o en Venezuela, donde se sigue bloqueando inhumanamente la economía del país con las acusaciones de narco-dictadura a la presidencia de Nicolás Maduro y la posibilidad siempre abierta de una intervención militar, muestra que quienes mandan en este “patio trasero” no están en retirada. En Bolivia, no olvidar, ya no se encuentran en el poder ni el MAS ni Evo Morales; y el litio sigue estando allí, a la espera de ser explotado. Los capitales globales (estadounidenses en su mayoría, pero también europeos y asiáticos, todos fundidos en esta oligarquía planetaria que opera desde paraísos fiscales) no parecen derrotados. Si la actual crisis sanitaria trae reacomodos (Estados Unidos pierde la supremacía y la República Popular China, tal vez en alianza con Rusia, queda liderando, por ejemplo), está por verse; pero es seguro que quien seguirá sufriendo y pagando los platos rotos de todas las crisis es el campo popular, la gran masa de trabajadores (urbanos, rurales, mujeres amas de casa, subocupados, desempleados).

Queda el interrogante de qué podrá pasar con los nuevos movimientos sociales arriba mencionados (luchas de género, étnicas, por la diversidad sexual, medioambientales, etc.), en tanto fermento cuestionador. Habrá que ver si el sistema sigue asimilándolos, en tanto no toquen las estructuras económicas de base, si va contra ellos o si se constituyen en una chispa para pueda abrir y profundizar nuevas luchas. No puede dejar de mencionarse que el sistema capitalista en su conjunto, al menos hasta ahora, pudo “digerir” estos nuevos movimientos -como pasó en un pasado con el movimiento hippie- porque no ponen en serio riesgo el equilibrio general. El “proletariado urbano industrial” era su gran preocupación, su “fantasma” (que recorría Europa a mediados del siglo XIX, cuando aparece el Manifiesto Comunista en 1848). Hoy no. ¿No hay más proletariado, o se supo detener su lucha? La llamada “deslocalización”, los grandes centros fabriles en países del Tercer Mundo con sueldos miserables y condiciones paupérrimas pero que son una “salida” para poblaciones tremendamente pobres, los sindicatos plegados a las patronales, parecen otras tantas formas de neutralizar las luchas de los trabajadores. Podría pensarse que los nuevos movimientos sociales vienen a ser el elemento de protesta que puede “permitir” el sistema.

Para el siglo en curso, el sistema tiene detectados otros peligros. Según el informe “Tendencias Globales 2020 – Cartografía del futuro global”, del consejo Nacional de Información de los Estados Unidos, dedicado a estudiar los escenarios futuros de amenaza a la seguridad nacional de ese país, puede leerse “A comienzos del siglo XXI, hay grupos indígenas radicales en la mayoría de los países latinoamericanos, que en 2020 podrán haber crecido exponencialmente y obtenido la adhesión de la mayoría de los pueblos indígenas (…) Esos grupos podrán establecer relaciones con grupos terroristas internacionales y grupos antiglobalización (…) que podrán poner en causa las políticas económicas de los liderazgos latinoamericanos de origen europeo. (…) Las tensiones se manifestarán en un área desde México a través de la región del Amazonas”.

Se abre la pregunta si este confinamiento generalizado que hoy se vive como producto de la pandemia no es una prueba, un ensayo para lo que vendrá: hiper control poblacional, teletrabajo, distanciamiento social. Se podría pensar que el sistema “está domesticando” la protesta. El epígrafe de Camilo Jiménez puede ser esclarecedor en tal sentido.

¿Seguirá o aumentará la represión contra los pueblos en protesta próximamente, terminada la pandemia? ¿O, por el contrario, volverán esas luchas? En Chile fueron asesores militares de Estados Unidos, viendo que la policía estaba sobrepasada, quienes recomendaron el uso de la fuerza bruta del ejército (violaciones, desapariciones, crear terror en la población, disparar balas de goma a los ojos, toque de queda) para calmar los ánimos. Qué hará el capitalismo rapaz (léase Estados Unidos y sus secuaces: Unión Europea y gobiernos de derecha instalados por doquier): ¿negociará y dará algunas válvulas de escape? Los gobiernos de centro-izquierda que pasaron años atrás no lograron cambiar el curso de las iniciativas neoliberales surgidas de Bretton Woods. O más precisamente: surgidas de los grandes bancos privados, quienes le fijan las líneas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Los planes redistributivos que se dieron estos años no cambiaron de raíz la propiedad privada de los medios de producción; fueron importantes paños de agua fría para poblaciones históricamente olvidadas, pero no constituyeron alternativas de cambio sostenibles, profundas. Todo indica que dentro de las democracias representativas no hay posibilidad de cambios estructurales reales. Además, sin caer en exitismos e ilusionarnos grandemente con las puebladas del 2019, recordemos que Piñera sigue gobernando en Chile, Lenín Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia, Juan Antonio Fernández en Honduras, Jovenel Moïse en Haití y Jeanine Áñez en Bolivia (así como Emmanuel Macron en Francia, Abdelfatá al Sisi en Egipto o Saad Hariri en El Líbano). Y las deudas externas, aún con pandemia, siguen siendo cobradas puntualmente por los bancos acreedores.

Con estas explosiones populares espontáneas con que pareció arder Latinoamérica y otros puntos del planeta, ¿vamos hacia la revolución socialista? Podría agregarse incluso con las protestas actuales contra la represión racial en Estados Unidos, aún con la pandemia: el país está ardiendo, y hay toque de queda por toda su geografía; ¿preanuncio de cambio sistémico? No pareciera, porque en ninguna de estas protestas hay dirección revolucionaria, no hay proyecto de transformación que en este momento esté a la altura de los acontecimientos y pueda dirigir el descontento hacia una nueva sociedad. La idea de “comunismo” sigue profundamente anatematizada, vilipendiada. Por eso en las pasadas elecciones de la región pudieron ganar personajes de extrema derecha como Bolsonaro en Brasil, o Duque en Colombia, Piñera en Chile, Giammattei en Guatemala, o Bukele en El Salvador. Quizá es útil recordar una pintada callejera anónima aparecida durante la Guerra Civil Española, que magistralmente describe la situación: “Los pueblos no son revolucionarios, pero a veces se ponen revolucionarios”.

Los acontecimientos vividos hace algunos meses abren preguntas (similares a las que abrieron los “chalecos amarillos” meses atrás en Francia, o la Primavera Árabe en su momento en Medio Oriente): ¿dónde llevan estas explosiones populares?, ¿por qué la izquierda con un planteo de transformación radical no puede conducir estas luchas?, ¿pueden ser un factor de conducción política con proyecto transformador los nuevos movimientos sociales?, ¿el enemigo a vencer es el neoliberalismo o se puede ir más allá? Como sea, lo sucedido a fines del año pasado, ahora suspendido por la pandemia de COVID-19, significa un momento de intensidad sociopolítica que puede deparar sorpresas. ¿Dejó sin fuerzas para la lucha este confinamiento y el futuro distanciamiento social impuesto? ¿Volverán las protestas? Porque, evidentemente, motivos para seguir protestando sobran

Fuente: https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2020/06/13/post-pandemia-volveran-las-protestas

Comparte este contenido:

Suicidio de joven de 14 años por falta de acceso a clases online desata protestas en India

Redacción: La República

En India, una escolar se habría quitado la vida al no poder ingresar a sus clases en línea porque no contaba con un televisor ni un teléfono inteligente.

Las escuelas del estado de Kerala, en la India, iniciaron este lunes su año académico bajo el sistema de clases virtuales, transmitidas por medio de plataformas digitales y televisión, en cumplimiento de las disposiciones de seguridad para contener la propagación del nuevo coronavirus.

En ese contexto, funcionarios de la policía dieron a conocer el fallecimiento de una joven de 14 años, quien habría acabado con su vida después de faltar a una clase en línea debido a que no contaba con los recursos necesarios para poder conectarse a la sesión.

La alumna fue identificada como Devika Balakrishnan y según el reporte policial, ella desapareció de su hogar el lunes por la tarde, aproximadamente a las 3:30 p.m. (hora local). Alrededor de las 6:00 p. m., su cuerpo fue hallado carbonizado en una calle desierta cerca a su casa, ubicada en Valanchery, distrito de Malappuram.

Devika Balakrishnan. | Foto: The Telegraph India

Devika Balakrishnan. | Foto: The Telegraph India

El superintendente de policía de Malappuram, Abdul Kareem, indicó que se halló una nota de suicidio en su habitación. “Hemos recuperado una botella vacía de querosene en el lugar. Durante la investigación inicial, encontramos la frase ‘I Going’ (Me voy) escrito en su cuaderno. Parece ser un suicidio. El cuerpo ha sido enviado para una autopsia”, detalló.

El padre de la menor, un hombre de 45 años que ha estado desempleado durante los últimos dos meses debido al confinamiento, dijo que su hija había estado deprimida por no poder unirse a las clases. “Ella nos había estado diciendo que reparemos el televisor para asistir a la clase en línea. Pero no teníamos dinero para repararlo ni un teléfono inteligente”, declaró Balakrishnan.

En respuesta, el ministro de Educación del Estado de Kerala, C. Raveendranath, ordenó una investigación y solicitó un informe del oficial de educación del distrito sobre las circunstancias que llevaron a la menor a suicidarse. “Hemos introducido aulas de vecindario para niños que no tienen las instalaciones necesarias en el hogar”, señaló.

No obstante, Devika vivía en un área que aún no recibía dicha infraestructura, por lo que había sido registrada en la lista de estudiantes que no tenían televisor o internet en casa. “Ya se realizó una encuesta sobre las instalaciones en hogares de familias económicamente más débiles y el gobierno está trabajando en ello para ayudarlos a que sus hijos no sufran”, aseguró Raveendranath.

La muerte de la menor ha provocado protestas masivas por parte de organizaciones estudiantiles de Kerala, quienes han resaltado que este suceso refleja las desigualdades del sistema educativo. “La acción del gobierno ha puesto a los estudiantes pobres bajo estrés y presión”, señaló a Reuters Abhijith KM, líder del Sindicato de Estudiantes de Kerala.

El activista agregó que su agrupación había organizado protestas en todos los distritos de Kerala, respetando las medidas de distanciamiento y limitando el número de manifestantes a solo 50 personas.

El superintendente Kareem informó que un oficial resultó herido cuando alrededor de 28 estudiantes intentaron ingresar a la oficina de educación del distrito. La policía también utilizó porras para poder dispersar a los manifestantes en el norte del distrito de Malappuram.

A 14 y/o Dalit girl commits suicide by setting herself on fire because she didn’t have the facilities for online school. Her parents barely had enough money to recharge their electricity. When people protest, THIS is the police response

Ver imagen en Twitter

Ver imagen en TwitterVer imagen en Twitter

https://twitter.com/rasmallaii/status/1267754448849231872/photo/1

Fuente: https://larepublica.pe/mundo/2020/06/03/india-suicidio-de-joven-de-14-anos-por-falta-de-acceso-a-clases-virtuales-desata-protestas-en-kerala-educacion-escuelas/

Comparte este contenido:

Ecuatorianos protestan en medio de la pandemia para exigir la salida del ministro de Finanzas: ¿cuáles son las razones?

Redacción: Actualidad

Hay un descontento generalizado por la reducción del presupuesto a las universidades, el pago de deuda en medio de la pandemia y los proyectos de ley de carácter económico.

Este jueves, algunos ciudadanos se concentraron frente al Palacio de Carondelet en Quito, sede de la Presidencia de Ecuador, para exigir la salida del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.

«Fuera Martínez, fuera», se oyó decir a los manifestantes, que se congregaron en medio de las restricciones que existen en el país por la pandemia del coronavirus.

Los asistentes respetaron la distancia que exigen las autoridades para la prevención del contagio, además asistieron con tapabocas e, incluso, algunos con overoles para protegerse completos.

También rechazan que, desde la cartera que dirige, se hiciera un recorte de 98.210.190 dólares al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas del país, según denunció la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano (ASESEC).

Sobre este tema, la Corte Constitucional emitió este martes 12 de mayo medidas cautelares y resolvió que el Ministerio de Economía y Finanzas, así como otras instancias, «suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior». Además solicitaron a las instituciones involucradas a informar sobre la medida en un plazo de ocho días.

Leyes en el Congreso

En el país, además, hay un descontento por dos proyectos de ley enviados a la Asamblea Nacional, con carácter urgente: la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19 y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

La primera contempla, entre otras cosas, la creación de contribuciones especiales por parte de personas naturales y jurídicas, con las cuales el Estado estima recoger unos 1.400 millones de dólares.

En principio, el proyecto establecía contribución por parte de los ciudadanos que devengan 500 dólares de sueldo; sin embargo, en el Parlamento subieron ese monto a 2.500. Mientras, las empresas deberán aportar un 5 % de sus utilidades, cuando hayan ganado más de un millón de dólares.

El otro proyecto, relacionado con las finanzas públicas, plantea la creación del Fondo de Estabilización Fiscal, cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas o la capacidad de egresos en educación y salud; también propone reformas a diferentes cuerpos normativos.

Estos proyectos de ley fueron enviados a la Asamblea Nacional la noche del 16 de abril y deberán ser tratados como «económico urgentes», es decir, el Parlamento tiene 30 días para su debate y aprobación, y, en caso de no hacerlo, se pone en marcha automáticamente tal como lo envió el Ejecutivo.

Otra protesta en Guayaquil

Este mismo jueves, otro grupo de personas se concentró en las cercanías del Parque Centenario de Guayaquil, la ciudad más afectada por la pandemia del coronavirus en Ecuador.

Además de manifestar su descontento por la reducción al presupuesto universitario, también protestaron ante la falta de protocolos para el levantamiento de cadáveres en la urbe, en medio de la pandemia; por el extravío de fallecidos, cuyos familiares desconocen su destino final, y la falta de fondos para la salud pública.

Ver imagen en TwitterVer imagen en TwitterVer imagen en TwitterVer imagen en Twitter
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/353181-protestas-ecuador-piden-renuncia-ministro-economia

Comparte este contenido:
Page 2 of 5
1 2 3 4 5
OtrasVocesenEducacion.org