Brasil: Detienen a seis personas en Brasil por muerte de Joao Silveira

diciembre 14, 2020diciembre 13, 2020Noticias

Detienen a seis personas en Brasil por muerte de Joao Silveira

La Policía Civil del estado brasileño de Río Grande do Sul detuvo a seis personas acusadas de la muerte de Joao Alberto Silveira Freitas, un hombre negro que falleció después de recibir una paliza por parte del personal de seguridad de un supermercado Carrefour en Porto Alegre.

Las seis personas fueron acusadas de asesinato con triple calificación, tres de ellos, los dos guardias de seguridad y un empleado del establecimiento, ya están detenidos.

Los guardias de seguridad Giovane Gaspar da Silva, de 24 años, y Magno Borges Braz, de 30, quienes golpearon a Joao Alberto, fueron arrestados el día del crimen. Además de ellos, la agente de vigilancia del mercado Adriana Alves Dutra, de 51 años, fue arrestada el 24 de noviembre.

De acuerdo con un informe de la policía, “realizamos un análisis coyuntural de todos los aspectos probatorios y doctrinales y concluimos, por tanto, que el racismo estructural que son esos conceptos arraigados en la sociedad fueron, efectivamente, fundamentales para determinar la conducta de estas personas en ese caso”.

En este sentido, una de las comisarias responsables del caso, Roberta Bertoldo, expresó que “entendemos que otra persona, estando en ese momento, en ese lugar, podría haber recibido un trato diferente”.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/12/violencia-racial-en-brasil-detienen-a-seis-personas-por-el-asesinato-de-joao-silveira/

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América Latina arrastra en silencio su racismo

octubre 19, 2020octubre 18, 2020Ivet González

América Latina arrastra en silencio su racismo

Ivett González

Por Ivet González *

El viejo silencio sobre el racismo en América Latina y el Caribe frena al activismo que se suma a las manifestaciones mundiales por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidas y por sus propias víctimas de brutalidad policial, cuando el impacto de la covid-19 amplía la brecha racial.

“Este estallido social pone en evidencia la hipocresía que prima en nuestros países de América Latina”, dijo a IPS Paola Yánez, la coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, con representantes de 21 de los 33 países de la región, además de migrantes en Estados Unidos.

“Se manifiestan en rechazo a la violencia contra los afroestadounidenses pero son incapaces de reconocer el racismo estructural en nuestros países”, lamentó la activista desde La Paz, en Bolivia. “Vivimos en sociedades que niegan el racismo porque no hubo segregación racial como en Estados Unidos o Sudáfrica”, explicó.

“La lucha antirracista nunca se detuvo”, continuó, “lo que estamos viendo ahora es el cansancio ante un sistema que tiene el racismo entre sus pilares y se retoman las calles”, de Estados Unidos, Europa y hasta Australia, aunque en el área con más de 130 millones de afrodescendientes se reportaron protestas apenas en Brasil, Colombia y México.

Y un grupo de ultranacionalistas interrumpió el homenaje “Una flor para Floyd”, que el 9 de junio intentó efectuar en el Parque Independencia, en República Dominicana, la oenegé Reconoci.do, que defiende los derechos de hijos e hijas de haitianos nacidos en ese país. Las dos naciones comparten la isla antillana de Hispaniola.

“Las denuncias de jóvenes negros asesinados por la policía siempre han estado en la agenda de los activistas negros de Brasil”, dijo a IPS la profesora universitaria Patricia Alves, desde la ciudad de Florianápolis, en el país que supera a Estados Unidos en cantidad y proporción de muertes de personas negras a manos de la policía.

Según la edición de 2019 del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, 75,4 por ciento de las muertes causadas por la policía son de afrodescendientes, en su mayoría jóvenes, en el país suramericano con 55 por ciento de su población negra y mestiza.

“El coronavirus trajo otra vulnerabilidad, si eso es posible. El adolescente João Pedro, asesinado por la policía, fue una prueba de que la mayoría de la población negra no tiene derecho a la cuarentena, incluso cuando está en casa”, alertó Alves, sobre un caso anterior a la muerte bajo custodia policial, el 25 de mayo, de Floyd en Minneapolis.

En una favela de Río de Janeiro, João Pedro Mattos, de 14 años, jugaba con otros niños en casa de su tío, el 18 de mayo, cuando recibió disparos en un supuesto altercado entre fuerzas policiales y delincuentes, que se encuentra bajo investigación. Los padres encontraron el cuerpo sin vida de su hijo 17 horas después en el Instituto Médico Legal.

“Se han tomado tantas vidas… es imposible verbalizar tantos nombres”, lamentó la integrante de la brasileña Asociación de Educadores Negros. “Las personas pobres y negras y periféricas necesitan elegir entre morir del nuevo coronavirus o morir de hambre”, criticó.

El 19 de mayo, otro hecho de violencia policial extrema ocurrió en Colombia, en el municipio de Puerto Tejada, en departamento de Cauca. El joven de 21 años Anderson Arboleda quebró al parecer la cuarentena y se encontró con agentes, que le causaron graves lesiones en la cabeza por las que falleció, el 22 de mayo, en la ciudad de Cali.

“En Brasil muere una persona negra a manos de las fuerzas policiacas cada 23 minutos y Colombia tiene el mayor índice de asesinatos de activistas del mundo donde muchas de ellos son afrodescendientes”, aseguró a IPS desde Bogotá, el sociólogo puertorriqueño Agustín Lao-Montes.

Para Lao-Montes, “el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) se hizo viral por las redes sociales y es uno de los factores por las cuales ha resonado en América Latina y a través del mundo”.

“La ola global de protestas antirracistas luego del asesinato de George Floyd… nutre la conciencia y capacidad de acción de las fuerzas vivas contra el racismo en la región latinoamericana, las cuales ya habían sido cultivadas por el robusto activismo mantenido desde 1990”, evaluó.

Otros activistas en defensa de los derechos de la negritud señalan efectos negativos del fenómeno actual por la democracia racial en América Latina.

“No sé si me da tranquilidad o rabia que ahora es cuando ciertos medios, instituciones y movimientos sociales vengan a presentar atención y tomar nota de la gravedad de estos asesinatos en el área latinoamericana”, indicó el activista Alberto Abreu, desde la ciudad cubana de Matanzas, en el oeste de Cuba.

“Ojalá esos crímenes hubieran llegado a alcanzar toda la cobertura mediática y reacciones de rechazo que provocan cuando ocurren en Estados Unidos”, opinó.

En Cuba, donde el problema local es poco reconocido, las acciones por la muerte de Floyd se reducen a las redes sociales, con algunas menciones a hechos de violencia policial interna, de la que no existen datos públicos, sobre todo contra activistas políticos que se oponen al gobierno socialista el cual no los reconoce.

Activistas realizaron declaraciones, recogidas de firmas y el artista Luis Manuel Otero organizó el performance en línea “Un minuto sin oxígeno para Floyd”. Y circularon fotos de cinco activistas antirracistas que se reunieron con carteles el 10 de junio en un monumento al mártir afroamericano Malcom X, en un céntrico parque de La Habana.

“Se crea un ambiente que destierra de la mentalidad social y política latinoamericana la gravedad y especificidad del racismo en nuestros países, asumiendo que el racismo en Estados Unidos es más feroz que el nuestro”, reflexionó desde La Habana el activista cubano Roberto Zurbano.

“La gran lección la tendrán que pensar los movimientos sociales y antidiscriminatorios, que replegaron sus demandas antirracistas en la última década y han visto como durante el Decenio Afrodescendiente su lucha ha sido coaptada por la política, la academia y la burocracia de organismos internacionales”, concluyó el también investigador.

La actual situación sucede a mitad del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyas propuestas por el reconocimiento, desarrollo y justicia para la población afro apenas han sido escuchadas ni implementadas por los Estados de la región.

“Pero no vamos a tirar la toalla. No olvidemos que el Decenio es creación de las redes de nuestro movimiento y uno de sus objetivos principales es fundar un Foro Permanente Afrodescendiente en la ONU, similar a como ocurre con los pueblos indígenas”, sostuvo Lao-Montes.

La Comisión Económica de América Latina y El Caribe (Cepal) estimó en un informe de diciembre de 2017 que la población afro era de 130 millones, que representa 21 por ciento de la población total de la región. Brasil acoge la mayor cantidad de personas afro y le siguen Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

El 28 de abril, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) emitió una alerta y recomendaciones a los diferentes países sobre las desventajas y desigualdades de esta franja en su informe “Implicaciones de la covid-19 en la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe”.

* Corresponsal de IPS Cuba desde 2011. Se licenció en periodismo en la Universidad de La Habana en 2006 y es maestra en Ciencias de la Comunicación desde 2009. Profesora de agencias de noticias en la Facultad de Comunicación de centro de estudios e investigadora de temas de género, inclusión social y desarrollo local en el ámbito del periodismo. Es integrante de Latin American Studies Association (LASA).

A:utora: Ivet González

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/07/america-latina-arrastra-en-silencio-su-racismo/

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Janaína de Assis Matos, policía negra en Brasil: “El machismo y el acoso vienen en el ‘paquete”

agosto 13, 2020agosto 12, 2020Noticias

América del sur/Brasil/13 Agosto 2020/elpais.com

La agente de la policía civil en Río de Janeiro, de 35 años, tiene suficiente experiencia para hablar sobre el racismo estructural que impregna el cuerpo. El machismo y el acoso vienen en el paquete, como ella relata en esta entrevista

Janaína de Assis Matos, negra, de 35 años, miembro del grupo Policías Contra el Fascismo y agente de la policía civil en Río de Janeiro, tiene suficiente experiencia para hablar con conocimiento de causa sobre el racismo estructural que impregna el cuerpo policial. El machismo y el acoso vienen en el “paquete”, como ella relata. Desde antes de la elección de Jair Bolsonaro, Janaína soporta un acoso moral velado, que se traduce en “guasas” y comentarios de sus compañeros de las fuerzas de seguridad, cuyo apoyo masivo y lealtad a Bolsonaro está siendo objeto de debate.

“El peor momento fue durante el periodo electoral, en el acto #EleNão; trataban a la gente de ‘ratas, comunistas, drogadictos…”, recuerda Janaína, que está afiliada al PSOL (partido de la concejala Marielle Franco, asesinada por milicianos en Río). “Tras la elección de Bolsonaro, el ambiente también influía: ‘Vamos a expulsar a todos los izquierdistas de la policía’, decían”.

Janaína no oculta sus preferencias políticas. “Soy muy atrevida”, afirma. Ya la han reprendido, claro. Pero no de manera oficial. “Se percibe ese acoso moral, aunque camuflado, siempre que hay algún asunto sobre política”.

Licencia para matar

Según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), en 2019, los policías del estado de Río de Janeiro mataron a 1.810 personas, una media de cinco muertes al día, la mayor cifra jamás registrada. Sin embargo, el número de agentes policiales muertos en Brasil cayó un 42% entre enero y junio de 2019: 108, frente a los 187 muertos en el mismo periodo de 2018, según indica el portal G1.

Con miras a reunir votos de una agrupación con casi 470.000 miembros, el presidente de Brasil anunció la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de acercar aún más las fuerzas policiales a su Gobierno, un apoyo que preocupa a los demócratas. “Bolsonaro representa una política de seguridad pública que no resuelve nada y que solo mata a la juventud de las periferias y a los propios policías”, afirma esta agente forense. El presidente ha intentado garantizar la impunidad a los policías que cometan crímenes en el ejercicio de sus funciones.

La gran mayoría de las muertes ocasionadas por policías se declaran “actos de resistencia” [reacción a la orden de detención], y son objeto de una nueva ley (8928/20) que exige un mayor control de esta práctica en Rio de Janeiro, estado que mantiene el récord de letalidad policial. “¿Cuántos inocentes han tenido y tendrán que morir aún?”, se pregunta Janaína.

Negros y pobres

En 2019 fueron 434 los muertos por “actos de resistencia” en Río, la cifra más elevada desde 1998, según el ISP. “Para la Policía, cuando se matan negros y pobres alegando acto de resistencia, no hace falta investigación pericial”, denuncia Janaína.

Janaína, que trabaja como perito policial, explica ese estado de excepción permanente que priva a una parte de la población de los derechos universales: “En general no se recogen pruebas, ya que la mayoría de los crímenes afecta a una población negra poco escolarizada y de bajo poder adquisitivo. Cuando se recogen, normalmente no se consideran. En este contexto, los gobiernos no invierten en investigación y da la impresión de que a la policía forense solo la llaman cuando no hay manera de incriminar al individuo”.

La agente recuerda que “además de los actos de resistencia, tenemos también el Artículo 70 [que permite condenar a un individuo con la mera declaración del agente policial]”. Para Janaína, esos subterfugios “legales” “muestran que el sistema ni siquiera necesita un delito real para encarcelar y matar”.

Los policías de Brasil matan mucho. Más que los de Estados Unidos. Solo en Río de Janeiro, los policías causaron casi el doble de muertes que los estadounidenses, en comparación con los datos del centro estadounidense Mapping Police Violence [Mapeando la Violencia Policial].

Según un estudio llevado a cabo por el Foro Brasileño de Seguridad Pública en 2018, el más reciente que incluye datos raciales, ese año murieron a manos de la policía casi 5.000 brasileños negros, la mayoría jóvenes. La población negra de Brasil casi triplica la de Estados Unidos y los policías brasileños mataron, según un estudio comparativo, 18 veces más negros que los estadounidenses.

Partiendo de esta realidad, ¿existe alguna conexión entre los movimientos Policías Antifascismo y BlackLivesMatter (las vidas negras importan)? “En términos generales, Policías Antifascismo aborda las conexiones entre el racismo y la violencia, haciendo hincapié en los debates sobre prácticas de abuso que generan una alta letalidad, como los actos de resistencia, y la manera en que los agentes policiales podemos intervenir y demostrar que las vidas negras importan”.

Alta letalidad

Janaína, estudiante de doctorado en geoquímica ambiental con especialización en análisis edafológicos –lo que puede ser útil en la investigación de crímenes, a la hora de determinar, por ejemplo, en qué lugar se cometieron–, afirma que tiene pocas posibilidades de trabajar en investigaciones con la policía forense. Y menos aún en la Baixada Fluminense, una de las zonas más violentas del estado de Río de Janeiro, donde, según datos recopilados por Fórum Grita Baixada, los casos de muertes violentas aumentaron un 7,4% en 2018 en relación con el año anterior. Para poner en contexto: se registraron 2.142 muertes: 56 por cada 100.000 habitantes, el 71% de ellas por homicidio; la media de Brasil es de 30,5 homicidios por cada 100.000 personas, la segunda mayor de Sudamérica. La mundial es de 6,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos publicados por la ONU en 2019.

“Solicité que me asignaran a la investigación de crímenes violentos en la región, donde fui profesora de química antes de entrar en la policía, hace cinco años”, recuerda la perita, que continúa en esa zona. “Es prácticamente una favela grande”. Por orden judicial, el Gobierno federal tendrá que publicar informaciones y denuncias sobre violencia policial en la Baixada en 2019.

Cultura machista

Janaína recalca que cada vez menos jóvenes, sobre todo mujeres, tienen interés en ingresar en la policía civil o militar de Brasil. Y no solamente debido a la violencia endémica y a la precarización de las condiciones de trabajo, “sino sobre todo por el machismo institucionalizado en ambas instituciones”. “Las mujeres que optan por enfrentarse a la cultura machista de los dos cuerpos en un intento de transformarlos, deben enfrentarse al acoso moral y sexual ya en el periodo de formación”, asegura. Un ejemplo reciente de esto la sorprendió a ella misma: dos mujeres agentes presentaron una denuncia contra un influyente oficial y colaborador del actual gobernador del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, exjuez federal y autor de la frase “Los policías van a mirar a la cabecita y… fuego” (orden para que los tiradores abatan a quienes porten fusiles).

El instructor Márcio Garcia Liñares –expresidente del Sindicato de Policías Civiles, exasesor especial de la Casa Civil del gobernador Wilson Witzel, que lo nombró, en marzo de 2020, miembro de la comisión para la privatización de la Compañía Estatal de Aguas y Saneamientos de Río de Janeiro (CEDAE por sus siglas en portugués)– fue denunciado por unas alumnas, conforme a lo publicado en el boletín interno de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro de mayo, obtenido en exclusiva para el reportaje. La causa se lleva bajo secreto en la Oficina de Asuntos Internos de la PM-RJ.

Janaína cuenta que Policías Antifascismo está ofreciendo apoyo a las agentes que han denunciado el acoso del instructor. “Estoy convencida de que van a intentar convencerlas de que retiren la queja, so pena de ser mal vistas en el cuerpo o bajo amenaza de imponerles una sanción geográfica. Pero la investigación está en marcha y confiamos en que ellas no desistan”.

Janaína sí ha pensado en rendirse. “El machismo se construye en la división de tareas dentro de la Policía Civil; las mujeres son automáticamente asignadas a áreas administrativas y las que están en la calle es porque se han puesto firmes”, relata. “Durante la formación, los profesores ya intentan apartar a las mujeres de las operaciones a base de intimidaciones”.

En el día a día, las agentes también reciben un trato diferenciado. “En una reunión estábamos siete peritos, y yo era la única mujer. Comenté un caso que yo había investigado y el delegado no dejaba de preguntar datos sobre el informe. Me di cuenta de que era la única a la que se cuestionaba. Los delegados y los inspectores siempre me cuestionan. No sucede lo mismo con los peritos hombres”, asegura la agente.

El racismo, en el caso de Janaína, es una vía de doble sentido. Las víctimas de familias pobres y negras reciben peor trato por parte de los policías y estos también discriminan a sus compañeros “de color”. “En una plantación, apresaron in fraganti a una acusada de homicidio, y estaba muy nerviosa. Fui a conversar con ella, a decirle sus derechos, entre otras orientaciones, cuando un delegado, hablando con otro policía y señalándome a mí, preguntó: “¿Y aquella ‘gansa’ quién es?” [ganso es el término peyorativo usado por los policías para “deshumanizar” a un delincuente]. El policía respondió: “Doctor, esa es la perita”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/06/planeta_futuro/1596726511_746216.html

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INFORME La pandemia del racismo

julio 17, 2020julio 16, 2020Reseñas

América del Sur/Argentina/lapagina12/ Gabriela Naso

Desplazados de sus territorios ancestrales, muchos pueblos indígenas viven en zonas aisladas, sin acceso al agua potable ni a recursos para alimentarse, donde los servicios de salud son limitados o inexistentes. Con la propagación del COVID-19, se acrecentaron las desigualdades sociales y la vulnerabilidad de estas comunidades frente a cualquier contingencia, situación compartida por afrodescendientes, migrantes y otros grupos sociales que viven al día y en condiciones de hacinamiento. Tanto en los asentamientos como en la periferia de las grandes ciudades, el temor por los riesgos de contagio frente a la pandemia convive con la preocupación por la cena de hoy y el almuerzo de mañana.

En paralelo, recrudeció la discriminación por parte de diversos sectores y la violencia institucional infringida por las fuerzas de seguridad, las instituciones y servicios de salud, justicia y educación, producto de la naturalización de “representaciones racistas” por parte de la sociedad.

Para Marcela Brac, integrante del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires (UBA), si bien la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio “se realizó con el propósito de prevenir el aumento de contagios y preservar la salud y seguridad de las personas, en algunos casos el contacto se representa en términos de peligrosidad y temor hacia quienes padecen la enfermedad, antes que preocupación por su estado de salud”. “Esta situación no es generalizada, sino que se encarna en casos puntuales”, afirmó la antropóloga, docente de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en diálogo con el Suplemento Universidad.

La violencia institucional ejercida contra les jóvenes qom del barrio Banderas Argentinas, en la localidad chaqueña de Fontana, a fines de mayo, se inscribe “en el marco de violación de derechos humanos cometidos a lo largo de la historia argentina contra gran parte de los ciudadanos, en este caso, los pueblos originarios”, afirmó Brac.

“En general, la sociedad argentina identifica el racismo estructural existente en otros países, como Estados Unidos, pero se muestra menos propensa a la reflexión crítica sobre la situación nacional”, reflexionó. Asimismo, explicó que esa línea de pensamiento “sustenta la concepción de la supremacía blanca y la alimenta en el ‘fetiche de los barcos’: ‘Los argentinos descendemos de los barcos, por cierto, no esclavistas’ es un relato totalizador de la identidad nacional que invisibiliza otras identidades”.

Según la investigadora, las desigualdades socioeconómicas actuales y los mecanismos de exclusión social “se expresan de formas violentas y manifiestas, pero también de maneras soterradas, más silenciosas y que buscan reafirmar cotidianamente jerarquizaciones sociales en relación a la pertenencia étnica”.

En esa línea, Malena Castilla, integrante del ICA y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), advirtió que la “negación e invisibilización de los pueblos indígenas y sus problemáticas” también implica la “inexistencia o falta de implementación de políticas públicas destinadas a esta población”.

Castilla subrayó que “estas dinámicas de violencia se ejercen históricamente” y, en comunicación con este suplemento, hizo suyas las palabras del comunicado de repudio publicado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) sobre lo ocurrido en Fontana con extensión a “toda la provincia”: “Es imperativo detener los aumentos de los niveles de violencia y de despojo que sufren estas poblaciones. Despojos históricos, de sus territorios, sus culturas, sus lenguas, sus modos de vida, su religiosidad, su dignidad, sus nombres…”.

En consonancia con sus colegas del ICA, Laura Weiss dijo que “estás dinámicas y su profundización evidencian y ponen en tensión el interjuego entre una ciudadanía hegemónica y las ciudadanías indígenas, e incrementan aún más las desigualdades de acceso a derechos económicos, sociales y culturales”.

“En un contexto de creciente inseguridad alimentaria” y de difícil “acceso al sistema de salud público y estatal, son las propias organizaciones indígenas y comunitarias las que generan lazos de contención desde sus trayectorias políticas y organizativas y en articulación con organizaciones sociales, sindicales y políticas, pero también instituciones escolares y organismos de desarrollo social y de salud”, apuntó Weiss.

Voces de las comunidades

Lecko Zamora, miembro del pueblo wichí e integrante de la comisión asesora del Programa Pueblos Indígenas (PPI) de la UNNE, consideró que “el Estado debe hacerse cargo con honestidad para contrarrestar el daño ocasionado por más de dos siglos”. Según Zamora, eso implica “inculcar y formar a los compatriotas, en especial a funcionarios privados y públicos, en los derechos y valores de los pueblos indígenas” y, a su vez, “enriquecer a los programas de estudios de las escuelas primarias, colegios secundarios, terciarios y universidades”.

En tanto, Libia Tujuayliya Gea Zamora, médica wichí y colaboradora de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior de la Cátedra Unesco “Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), aseguró que la formación de médicos en “interculturalidad y salud” es una deuda pendiente.

En diálogo con este suplemento, la médica destacó la importancia de “entender y respetar las prácticas ancestrales de los pueblos y los conceptos de salud/enfermedad” que manejan. En ese sentido, afirmó: “En Argentina no hay un sistema de salud intercultural que respete la diversidad cultural”. También apuntó que “no hay suficiente personal de salud en territorio y no tenemos insumos”.

Por su parte, Daniel Loncon, miembro del pueblo mapuche e integrante de la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), explicó que en Chubut la pandemia “profundizó aún más las consecuencias de muchos años de abandono estatal y evidenció claramente que no existe una política pública, social o sanitaria diferenciada y con pertinencia cultural frente a situaciones como éstas”.

Para Loncon, “una intervención social y sanitaria más efectiva” depende de la articulación entre el Estado, en todos sus niveles, y las organizaciones indígenas y otros actores vinculados con las comunidades.

En diálogo con el Suplemento Universidad, el referente mapuche manifestó que urge “consolidar y reforzar con insumos, personal y movilidad a los hospitales rurales y reactivar los puestos sanitarios que se encuentran cerrados por falta de personal”. También señaló la necesidad de “agilizar el tránsito de las áreas rurales mediante la refacción y mantenimiento de los caminos vecinales”.

Otra de las medidas que debe tomar el Estado es “garantizar el aprovisionamiento de agua, alimentos, medicamentos y planes o programas a las personas que lo necesiten y se encuentran en comunidades alejadas y que no poseen medios de movilidad para acercarse a los centros urbanos ni dispositivos ni conexión de internet para solicitar los beneficios que ha dispuesto el gobierno nacional”, exigió Loncon.

Por una mayor conciencia

Aunque las “injusticias, inequidades y formas de violencia institucional continúan vigentes en absolutamente todos los países de la región”, el director de la Cátedra Unesco e investigador principal del CONICET, Daniel Mato, afirmó que “existen diferencias” según “las formas en las cuales cada gobierno administra el respectivo Estado”.

En otras palabras: “No es lo mismo tener que enfrentar esta pandemia en el marco de un gobierno nacional como el de Brasil, cuyo presidente reiteradamente proclama mensajes y prácticas racistas, promueve incendios en el Amazonas y practica o cuanto menos tolera asesinatos de dirigentes de esos pueblos, que hacerlo en el contexto de un gobierno nacional como el de Argentina, cuyo presidente de ningún modo incurre en esas prácticas, sino que por el contrario procura acabar con las prácticas de violencia institucional de las fuerzas de seguridad”. “Pero, el ‘Estado’ no es lo mismo que el ‘gobierno’, y este no se reduce al ‘presidente’”, reflexionó Mato.

Consultado por este suplemento, el director de la Cátedra Unesco afirmó que “la pandemia del racismo es la más antigua y letal de la historia de la humanidad” y sostuvo que las universidades contribuyeron a «construirla y diseminarla por todo el planeta mediante su monoculturalismo”, que como contrapartida tuvo “la negación, descalificación o subalternización de las visiones de mundo, lenguas, sistemas de conocimiento y modalidades de aprendizaje de pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Así como “jugaron papeles importantes en la producción y reproducción del racismo”, las casas de estudio deben contribuir a “erradicarlo”, indicó Mato y advirtió que “no se observan respuestas concretas y efectivas por parte de la mayoría de ellas”. En la actualidad, menos de una treintena de universidades cuentan con programas institucionales estables para el desarrollo de actividades interculturales, en colaboración con estudiantes, organizaciones y comunidades, o el apoyo a alumnos indígenas.

Asimismo, Mato remarcó que en sus aulas “se forman profesionales que acaban ocupando lugares de toma de decisiones y de formación de opinión pública, espacios de formulación y aplicación de leyes y políticas públicas, y docentes que irradian la ideología racista hacia todo el sistema educativo, cuando debería ocurrir exactamente lo contrario”.

El investigador del CONICET alentó la creación de nuevos espacios de reflexión y debate, y programas contra el racismo, dirigidos a población en general y a los actores de los sistemas educativos. “Es igualmente urgente e importante que todas las universidades adopten protocolos de prevención y educación contra el racismo y la discriminación racial”, advirtió y consideró que “la experiencias pioneras impulsadas por los movimientos feministas y de mujeres pueden servir de ejemplo”.

Mientras, los contagios se multiplican y las comunidades indígenas y afrodescendientes exigen el desarrollo y la puesta en práctica de respuestas que sean apropiadas a las condiciones estructurales que las afectan, para asegurar el pleno respeto de sus derechos y culturas.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/278662-la-pandemia-del-racismo

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En movimiento: La improbable renovación de las izquierdas institucionales

junio 24, 2020junio 19, 2020Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

La oleada de manifestaciones de los últimos domingos en Brasil, exigiendo la salida del presidente Jair Bolsonaro, marcan una nueva etapa para los sectores populares organizados, que están saliendo de un extenso período de defensiva. La configuración social y política de estas movilizaciones muetra cambios profundos en la realidad del país.

Según todos los análisis y descripciones disponibles, las recientes manifestaciones contra el presidente son más numerosas que las de sus defensores, algo realmente inédito ya que Bolsonaro consigue movilizar grupos relativamente pequeños pero muy activos y agresivos. En algunas ciudades como Sao Paulo, el domingo 14 los bolsonaristas apenas consiguieron un centenar de personas en su convocatoria.

La segunda cuestión es que la mayoría de los movilizados en el campo popular contra el racismo y el fascismo, son jóvenes negros y, como señala un interesante análisis del sociólogo Rudá Ricci, en ciudades como Belo Horizonte asistieron además trabajadores de la limpieza urbana, de pequeños comercios como farmacias y panaderías, y habitantes de la periferia.

“Son jóvenes, salieron a la calle porque salen todos los días. Y continuarán saliendo. Enfrentan a la Policía Militar desde hace tiempo, en sus barrios, en las favelas, en los partidos de fútbol. Conocen esta violencia institucional desde niños”, destaca el sociólogo (https://bit.ly/2C9VI60). Debería agregarse que están saliendo muchas mujeres jóvenes, a la par de los varones.

La tercera cuestión es que las consignas son más radicales, muchas se esbozan por primera vez en las calles, visibilizando la cultura negra y popular de las periferias. La crítica radical al racismo va de la mano de la denuncia al autoritarismo del gobierno Bolsonaro. Atacan lo que consideran como “racismo estructural”, que arranca en la esclavitud y se perpetúa desde hace cinco siglos, y no se resuelve con “cuotas de color” para el ingreso a las universidades.

Enarbolan un antirracismo que es a la vez anticapitalista y, cuando aparecen las mujeres negras, anti-patriarcal. A mi modo de ver, este es un punto central de lo que viene sucediendo en Brasil, que representa un quiebre con el pasado inmediato, cuando el sector activo de la población negra se identificaba con el proyecto de Lula y del Partido de los Trabajadores (PT).

La cuarta cuestión es la decisiva. El sociólogo Ricci, que no es ni radical ni autonomista sino que fue activo militante del PT e investigador en el movimiento sindical, señala: “¿Qué pasa con la izquierda tradicional? ¿Cómo viene actuando?”. Se responde: “Con cobardía extrema. Se trata de una izquierda desconectada del mundo real, enfocada en los valores de la época del lulismo”.

En efecto, en las manifestaciones participaron de forma destacada las hinchadas organizadas de los equipos de fútbol agrupadas en la asociación ANATORG (https://anatorg.com.br) y el grupo Somos Democracia, además del Frente Povo Sem Medo, el MTST (Movimiento de Trabajadores sin Hogar) y el CMP (Central de Movimientos Populares), todos identificables como izquierda radical.

Están irrumpiendo también nuevas organizaciones de abajo, como el Frente de Movilización de la Maré, el mayor complejo de favelas de Rio de Janeiro con 120 mil habitantes en 16 barrios, creado por comunicadores populares jóvenes al comienzo de la pandemia (https://bit.ly/3d5xFC2).

La izquierda institucional desertó de las calles por pequeños cálculos electorales, a la que la población negra organizada denomina “izquierda blanca de clase media”, llegando en algunas ciudades como Belém a llamar a no acompañar las manifestaciones. Una izquierda que se limita a hacer “un juego estético” de peticiones online por whatsap, con poca o ninguna práctica incisiva en el mundo real.

Las dos conclusiones más importantes del breve análisis de Ricci, quien participó en las decisivas jornadas de Junio 2013, abordan tanto el repliegue de esa izquierda como la renovación en marcha. Los cinco partidos de izquierda (PT, PCdoB, PSB, PSOL y PDT), cuentan con una quinta parte de los concejales y alcaldes de Brasil, lo que define como “un ejército político”. De ahí procede su temor y su cobardía, como atestigua la historia mundial de la izquierda, cuando se la traga el juego institucional.

Por eso, la renovación de las izquierda vendrá de abajo y, aunque no hay nada seguro, serán personas y colectivas“más curtidas por la vida, menos clase media, menos blancas y menos masculinas”.

Fuente: https://desinformemonos.org/la-improbable-renovacion-de-las-izquierdas-institucionales/

Imagen: https://pixabay.com/

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EEUU: White educators need to fight racism every day

agosto 18, 2017agosto 17, 2017Noticias

América del Norte/EEUU/Agosto del 2017/Noticias/https://theconversation.com

Like many people, I watched the news coming out of Charlottesville this weekend in horror. Future generations will ask about this moment, wondering: How did this happen? What did you do to resist?

I asked myself: As a white educator, how do I respond? What will I say to future generations? What is my responsibility?

Siva Vaidhyanathan wrote in the New York Times about the choice, as a professor at the University of Virginia, between denying extremists the attention “that feeds their flaming torches” and the call to direct confrontation. I read this piece and wondered, what would I do? What have I done?

In the 2016 documentary I am Not Your Negro, James Baldwin said: “History is not the past. It is the present. We carry our history with us. We are our history. If we pretend otherwise, we are literally criminals.”

So I need to act. White educators need to act. Every day.

Acting against white supremacy and systemic racism is not about white people demanding to be absolved because we are good people, have been discriminated against ourselves or are self-declared allies. It isn’t about insisting on being called Caucasian — a racist term — instead of white. This is white fragility that distracts from talking about white supremacy and instead centres again on white people’s needs and desires.

I find myself, as I write this, thinking I should tone it down. I want to minimize and not offend. As a white person I can tell myself that, overall, society is equal and fair. But this is a dangerous lie and it requires ignoring overwhelming evidence about global inequity.

White supremacy is defined as thinking that white people are superior to all others. Acting against white supremacy and racism is about learning what white supremacy, systemic racism and white privilege really mean.

It is about learning how the stress of racism affects learning. It is about learning how to understand and dismantle racism. It is about selecting children’s books carefully. It is about teaching children and teens to undo racism and white supremacy.

Systemic racism in school

White supremacy and white privilege normalize winning through violence — imperialism, killing, hurting, stealing knowledge, wasting and convincing everyone that white people are No. 1. White supremacy and white privilege involve doggedly refusing to acknowledge the contributions, and the vast knowledge, of the majority of people in the world who are not white.

This logic infects how we educate, who and what we see as leadership, and how we come to see each other and the planet that we are rapidly destroying.

Six people were killed in a shooting at a Quebec City mosque on January 29, 2017. Here hundreds march in solidarity with the victims. THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

When I was growing up, the main characters in books were usually white and male. There were some women characters — including Nancy Drew, Wonder Woman, the Bionic Woman and Samantha from Bewitched. But all were white, and their characters often racist. My mother and grandmothers read books with different heroes but what they all had in common is that they were white, and in school we all learned about famous white people. In other words, our education ignored the vast majority of the world’s artists, thinkers, inventors, conservationists and humanitarians.

Today, students are often encouraged to participate in an event to help Africa such as a 24-hour fast that is supposed to enhance their understanding of starvation, or to go build a school or work in an orphanage over spring break. The assumption is that Africa — often represented as one big country rather than a continent with 54 countries — needs the help of us white people to develop.

Their education on Africa doesn’t include facts about African leaders or colonization and the continued violence towards people, water and landsby predominantly white, multinational corporations.

The canon I read in high school was white and predominantly male. The ideas were focused on meritocracy — work hard and you will succeed. Sometimes there were books on totalitarianism, such as 1984 by George Orwell, but race wasn’t discussed. Some of us might have read To Kill a Mockingbird (about a white saviour type). The secondary school students I speak with today have a reading list remarkably similar to what I had back in the 1980s.

So it’s not surprising that scholars, particularly scholars of colour, might anger students and colleagues who presume they’re pushing their special interest if they suggest readings from scholars who are not white. For white students and educators raised on white supremacy and with white privilege, knowledge from people outside of what has been represented as “normal” (code: white) since early childhood seems fringe, it seems special interest, and it seems irrelevant to their education.

It’s not surprising that there is a combination of anger, sadness and confusion when the white savior industrial complex is challenged.

Changing the structures

Bell hooks reminds us that “we have to constantly critique imperialist white supremacist patriarchal culture because it is normalized by mass media and rendered unproblematic.”

Most educators want to do the best for their students. We spend hours in hopes of developing inspiring classes and piquing the curiosity to learn. But we will do harm if we don’t truly act to change the white supremacist power structures we live within. White supremacy isn’t about ignorance, it is about power.

Talking about the crimes committed in the name of white supremacy is painful, but imagine how it is for the mother worried her child might get shot just for having the audacity to walk down the street as a racialized youth. Imagine what it is like for mothers of missing and murdered Indigenous women. Imagine what it is like for students who year after year read stories about white benefactors and superheroes.

We need to refuse to minimize the oppression despite the temptation to do so. White supremacy is real and does immeasurable harm. What do we teach our children? Do they learn about white supremacy and racism and ways to fight against it? Do they learn about people like Rosemary Brown, Mary Two-Axe Earley, James Baldwin, Viola Desmond, Mary Shadd Cary and Nina Simone who give us new ways to think and act for a better world?

Yes, those of us who are white and want to learn new ways of being will get challenged for racism that we are trying to unlearn. We will be embarrassed and we will often be confused and angry. But we do have a responsibility to keep learning a new way of being, despite the discomfort.

Unlearning white supremacy is a lifelong process. The consequence of not doing so is to continue to create a planet that is uninhabitable for all.

The good news is that there are plenty of resources to educate ourselves, and plenty of opportunities to engage in collective action for a better world.

Places to start

Listen to Minelle Mahtani’s Sense of Place radio show. She is a leading voice and brings on other scholars to talk about critical race studies, Indigenous studies and white supremacy. Start with these episodes:

Black scholars interrogate white nationalism after the U.S. elections, an interview with Annette Henry, Handel Wright and David Chariandy.
The adultification of Black girls, an interview with Collier Meyerson.
Negroland, an interview with author Margo Jefferson.

Read Özlem Sensoy and Robin DiAngelo’s book Is everyone really equal? An introduction to key concepts in social justice education.

Watch The Funky Academic’s videos which set basic philosophy to a dub beat, targeting white supremacy.

Fuente: https://theconversation.com/charlottesville-white-educators-need-to-fight-racism-every-day-82550

Fuente imagen:https://lh3.googleusercontent.com/U2Mxn6IRtsN44KZeFlU-Cpftvhti-qT1tzbqOuvHhUI5-UKuGaeOzISg0tNveXMIPN9_=s85

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