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OVE informa: En Panamá continuan las protestas estudiantiles contra la reforma constitucional (Videos)

Por: Otras voces en Educación 

Desde ayer por la tarde y hoy nuevamente, sectores estudiantiles que se oponen a la reforma constitucional que cercena la autonomía universitaria han protagonizado fuertes disturbios en los alrededores del Parlamento panameño

Los estudiantes de las universidades públicas y los liceos se oponen a los intentos de los parlamentarios panameños de aprobar una propuesta de modificación constitucional que abandona la obligación del estado con la universidad pública, pretendiendo redefinirla como contribución en igualdad de condiciones que las universidades privadas

En OVE estamos haciendo un seguimiento y cobertura de lo que ocurre en ese país

 

 

 

 

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Generación E: ¿La respuesta para poder acceder a la educación superior en Colombia?

Por:  UNIMINUTO Radio UVD.

“Generación E” la nueva apuesta del Gobierno Nacional para mejorar la educación en Colombia, esta consta de tres componentes los cuales son, Equidad, Excelencia y Equipo, con estos se busca brindar acceso a la educación superior a los jóvenes de bajos recursos y mejorar la calidad de las universidades públicas.

Antanas Mockus fue restituido en su curul del Congreso de la República luego de que un fallo de la Corte determinara que este no se encontraba inhabilitado para ejercer su puesto.  Luego de que abandonara su esquema de seguridad no se sabe nada del paradero actual de Jesús Santrich, se espera que se presente a indagatoriael 09 de julio para rendir cuentas sobre el caso que es desarrollado en su contra.

Recordamos el 20 de julio del 2003, día en el que se anunció la reforma constitucional que permitió el segundo mandato de Álvaro Uribe como presidente. En los tuits más polémicos de la política encontramos a Ernesto Yamhure, quien dio su opinión frente a la posible candidatura presidencial de la actual congresista Paloma Valencia, en el cuarto lugar está el trino de Julián Rodríguez en donde menciona la violencia que vive el país luego de que se presentaron amenazas en contra del futbolista William Tesillo.

Continuamos con Maria Fernanda Cabal quien tuiteó  sobre el porte de armas; propuso que este fuera legal en todo el país, Gustavo Bolívar quien pregunta a la Corte Suprema de Justicia cuando se realiza la indagatoria al Senador Álvaro Uribe, y en el primer lugar se encuentra el presidente del congreso, Ernesto Macías, quien trinó sobre el caso “Santrich” etiquetando a la INTERPOL y pidiendo que se encargaran del asunto, sin embargo, la etiqueta que realizó no fue dirigida hacia la entidad sino a la banda de rock estadounidense del mismo nombre.

En las voces de:
Wendy Estefani Romero Ostios, Ana Milena López Rojas, María Alejandra Arévalo Forero, Andrea Natalia Galindo Rodríguez.

Fuente de la entrevista: https://www.uniminutoradio.com.co/generacion-e-la-respuesta-para-poder-acceder-la-educacion-superior-en-colombia/
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Colombia: La reforma que iría en contravía de lo que piensa Uribe sobre la educación pública

América del sur/Colombia/11 Abril 2019/Fuente: Semana

Después de 18 años, por primera vez el Gobierno plantea realizar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, la bolsa que financia la educación escolar pública y que está en rojos. El detalle es que ahora contiene todo lo contrario a lo que promovió el expresidente Álvaro Uribe durante sus dos gobiernos. ¿Prosperará?

Tanto para el Gobierno como para Fecode, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), es inminente. La bolsa con la cual las regiones financian la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros temas, no da abasto.

En el caso del sector educativo, cada año los departamentos deben endeudarse para responder por lo mínimo: salarios docente, servicios públicos en los colegios, vigilancia, entre otros. Por esta dinámica, otras necesidades como la construcción y mejoramiento de aulas y la alimentación escolar para todos los niños aún no son una prioridad.

Como los recursos no crecen a la par de las necesidades, este Gobierno consideró esta reforma como un paso obligatorio. Por eso, a principios de año la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que incluirían una reforma constitucional en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Una propuesta que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) ha exigido durante años, por lo que la planteó en su pliego de peticiones y marchó el pasado 19 y 20 de marzo para que se hiciera realidad en el PND.

Frente a un problema tan evidente, este Gobierno creó una comisión de expertos para discutir el tema. Esta comisión, integrada por diferentes expertos y gremios, entre ellos Fecode, se reunirá dos meses después de aprobado el PND y tendrán seis meses para presentar la propuesta de reforma a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.

De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la comisión, la idea es incrementar los recursos de todo el SGP, lo que resolvería en realidad los problemas presupuestales de los colegios. Sin embargo, no será fácil de aprobarse en el Congreso, pues para ello se requiere una reforma fiscal que garantice la magnitud de los dineros.

“La segunda etapa de esta propuesta que se debatirá en el Congreso, no será fácil, lo sabemos, sin embargo, los niños la necesitan, pues son los que verdaderamente se van a beneficiar del incremento real y progresivo de los recursos”, dijo Nelson Alarcón, presidente de Fecode.

Se espera que en esta reforma no ocurra lo que sucedió en el gobierno anterior, que dejó un proyecto de ley radicado en el Congreso, el cual no resolvía los problemas de financiación de fondo, pues su idea era redistribuir el presupuesto. Es decir, sin aumentar el total del SGP, le quitarían, por ejemplo, al sector Salud para darle más a Educación.

Recorte tras recorte

Antes de llevar al límite la bolsa del SGP, en 2001 el expresidente Andrés Pastrana decidió recortar el 46% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) que se estaban destinando para las regiones. Para lograrlo, fusionó las bolsas que existían antes de ese año, llamadas Situado Fiscal y Participaciones, y creó el SGP.

En esta misma reforma, se amarraron las transferencias de los ICN solo a la inflación y al crecimiento de la economía, lo que significó una disminución abismal de los recursos no solo para el sector Educación, sino también para los demás sectores.

Aunque la medida era transitoria, es decir, que a partir de 2008 los recursos volverían a estar ligados a los ICN, en su momento, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en vez de volver a la regla original de distribución de los recursos, adoptó otra reforma constitucional para seguir disminuyendo el dinero que el Estado le enviaba a las regiones.

Dicha reforma se amplió hasta 2016, periodo en el que el crecimiento de las transferencias para el SGP seguiría vinculado a la inflación. Luego, para 2017 en adelante, estableció que iban a aumentar de acuerdo a un promedio de los últimos cuatro años anteriores de los ICN.

Si el SGP hubiera crecido al mismo ritmo del promedio de los ICN de los últimos cuatro años a partir de 2008, las transferencias para financiar la educación pública en el país serían 50% mayores a las realmente alcanzadas en 2016. Ello implica que el independizar el SGP de los ICN de los cuatro años anteriores, (reforma hecha por Uribe) le significó al sector educativo una pérdida cercana a los 9 billones de pesos, solo en el 2016. 

La cifra cae como un balde de agua fría. Pero es peor si se calcula desde 2002, fecha en la que empieza a regir la primera reforma, pues alcanza una dimensión abismal: 78 billones en pesos constantes.

Pero no solo es cuestión de plata

Además de que el SGP está desfinanciado, sigue sosteniendo en gran parte los sueldos de los docentes, quienes siguen creciendo en número: a la fecha son casi 327 mil profesores activos para alrededor de 8 millones estudiantes.

Por eso, lo que más preocupa a quienes estudian el SGP es la forma en la que se asigna a las regiones, pues muy pocas veces se tienen en cuenta el costo personal docente para calcular las asignaciones por estudiante. ¿Qué tan sostenible puede ser un sistema que asigna presupuesto sin tener en cuenta una variable tan importante como el crecimiento y el aumento de salario docente?

Y es que del total del presupuesto, los maestros se están llevando una buena porción. Para 2018, los colegios obtuvieron principalmente por SGP, 21,7 billones, de los cuales se usó alrededor de 87% para pagar el sueldo de los docentes, 9% para el funcionamiento de los colegios y tan solo 4% para calidad-matrícula.

Antes de la reforma de 2001, los municipios tenían la facultad de nombrar docentes con los recursos provenientes de los ICN, lo que provocó un incremento de profesores en las regiones. A esto se le sumó que el estatuto que los rige, el 2277 de 1979, facilitaba el ascenso en el escalafón.

Este sistema era insostenible porque significó un incremento acelerado de los costos de personal, a pesar de que su remuneración es de las más bajas entre los profesionales del Estado. Por lo tanto, con la reforma de Pastrana se intentó frenar este crecimiento, ajustando las condiciones laborales de los nuevos maestros con el nuevo estatuto 1278 de 2002.

Por eso, según fuentes cercanas a la comisión, es muy probable que este gobierno no incremente los recursos sin garantizar primero su gasto eficiente.  Así las cosas, según Alarcón, “el gobierno podría intentar recortar los derechos laborales del Magisterio. Pero como la propuesta de reforma es consensuada, no estaríamos de acuerdo”.

En efecto, los primeros pasos ya se dieron. Por primera vez, en los últimos 18 años el Gobierno está dispuesto a realizar una reforma constitucional. Lo que veremos en los próximos seis meses, más allá de promover una transformación en la educación escolar, también generará un gran debate sobre el poder que el Estado le otorgará a las regiones si el SGP se incrementa en recursos. ¿Será esa la solución para salir de la crisis?

Imagen tomada de: https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2019/4/8/608686_1.jpg

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/reforma-constitucional-al-sgp-y-su-impacto-en-la-educacion/608690

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La reforma educativa de IV transformación nacional 5. El desafío de los números ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?

Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Guerra Mendoza.  

La Iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73, enviada por AMLO el 12 de diciembre de 2018 a la Cámara de Diputados, debe seguir un trámite legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes del congreso de la unión y en los reglamentos particulares de cada una de las cámaras.

Sin embargo, en este caso hay que insistir en un punto: la iniciativa es de reforma constitucional, por lo que se regula en el:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Entonces, para ser aprobada, la iniciativa de AMLO debe conseguir una mayoría calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en el momento de la votación en cada una de las cámaras, y hacer lo mismo con la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados.

En términos numéricos, esto implica que si no falta ningún diputado o ninguna senadora, debe conseguir al menos 333 votos en la Cámara de Diputados y 85 en la Cámara de Senadores; o podrían ser menos, dependiendo del número de diputados o senadores presentes en el momento de las votaciones, siempre y cuando se cumpla el quórum.

Además, tendría que conseguir el voto, en las mismas condiciones y circunstancias, de al menos 17 de los congresos estatales.

La situación sería distinta, obviamente, si la iniciativa no fuera de reforma constitucional, donde la mayoría requerida se llama mayoría absoluta, es decir, la que resulta del 50% más uno de los representantes populares en las votaciones.

Por tanto, la viabilidad parlamentaria de una iniciativa depende de una cuestión numérica, es decir, formalmente cuantitativa, aunque todxs sabemos que esa es una cifra que resume una operación política. Es el tiempo de las cuentas, los acuerdos, los compromisos y los cabildeos en el proceso legislativo. En terminología convencional, es algo así como una caja negra -por ser oculta, turbia, anegada, la mayoría de las veces inescrutable- en la que se procesan los votos, las negociaciones y el destino efectivo de la iniciativa.

A veces se pueden rastrear las huellas de los compromisos, la mayoría no; esperemos que en esta ocasión sean claros, transparentes y se realicen de cara a la población. Habrá que exigirlo, porque lo cierto es que MORENA y la Coalición “Juntos haremos historia”, no cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa de reforma constitucional.

Vamos por partes.

 La Cámara de Diputados está integrada por 500 representantes populares, elegidos por mayoría relativa y por representación proporcional en listas regionales. Para aprobar una iniciativa de reforma constitucional se requiere el voto asegurado de al menos 333, o las dos terceras partes de los presentes en el momento de la votación. Esto es importante recalcarlo, porque en el arsenal de tácticas parlamentarias aparecen las huidas en masa, para quebrar el quórum e impedir las votaciones; o las faltas, las salidas al momento de la votación, los retrasos, todo lo que pueda alterar la composición de los presentes y la votación requerida.

Sin embargo, esto tiene un supuesto, que la iniciativa haya sido discutida y aprobada, con modificaciones o no, en la Comisión de Puntos Constitucionales, con apoyo de la Comisión de Educación y que sea sometida a la Junta de Coordinación Política para ser incluida en el orden del día.

Así que la primera dificultad radica en la composición de las comisiones responsables del análisis y el dictamen de la iniciativa. Si pasa ahí, sigue el trayecto parlamentario referido, si no, tiene que presentarse en otro período de sesiones.

Vamos a ver la composición de las comisiones para analizar las posibilidades y limitaciones que podría tener la iniciativa.

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados está integrada por 33 diputados. La preside Miroslava Carrillo Martínez, de MORENA; tiene 11 secretarios, de los demás partidos políticos y 21 integrantes más.

Como se puede observar, en esta comisión MORENA tiene una mayoría de 17 miembros, el PT 2 y el PES otros 2, por lo que cuenta con mayoría absoluta para aprobar el dictamen, según el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados (RCD); y tendrá 90 días para hacerlo, a menos que solicite una prórroga; en caso contrario, la Iniciativa se considerará desechada (artículo 89, numeral 2 del RCD).

La Comisión de Educación también tiene también 33 integrantes. La presidenta es Adela Piña Bernal, de MORENA, diputada de la Ciudad de México; 12 secretarías y 20 integrantes adicionales.  En esta Comisión, MORENA tiene 17 miembros, el PT 2, el PES 2, por lo que tiene mayoría absoluta; de entrada no tendría ningún problema en aprobar un dictamen positivo, aún sin cambios a la iniciativa.

El problema viene después. En el pleno, la votación requerida no es simple (mas votos a favor que en contra); ni absoluta (50% mas uno); sino calificada, es decir, al menos dos terceras partes de los presentes, es decir, si asisten todos los diputados, 333, como dijimos antes. Y aquí está el problema de fondo para todas las iniciativas constitucionales que presente el Poder Ejecutivo o los integrantes de MORENA o  la Coalición “Juntos haremos historia”.

La cuestión es simple: ni MORENA, ni la coalición, tienen los votos necesarios para la mayoría calificada.

Para eso es necesario revisar la composición de la Cámara de Diputados. Con datos hasta el 13 de diciembre de 2018, era la siguiente: 1

Para legislar con mayoría simple o incluso absoluta, MORENA no tiene dificultad alguna, con su sola fracción parlamentaria puede lograrlo, dado que tiene 256 diputados. Esto no fue casual. Fue una operación política. Se logró con acuerdos partidarios y compromisos con el PVEM.

El 4 de septiembre de 2018 se anunció que 5 diputados de ese partido se pasaban a la Fracción Parlamentaria de MORENA, para alcanzar la mayoría absoluta. El intercambio, según fue reseñado por diversos periódicos, fue la aprobación de la licencia de Manuel Velasco como senador, para culminar su período en la gubernatura de Chiapas  (Diputados del PVEM se pasan a MORENA para concretar mayoría absoluta).

La estrategia de conseguir la mayoría absoluta de MORENA no solo fue para constituir un bloque orgánico en las votaciones, lo que es importante, sino también obtener la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que una fracción puede reclamar cuando su mayoría es absoluta. En este caso, días mas tarde el coordinador de los diputados de MORENA, Mario Delgado, se convirtió en el presidente de la Junta.

El problema es que los números no dan para las reformas constitucionales. Aún si la fracción votara en bloque, lo que es muy difícil, pero se puede suponer, sólo son 256 diputados. Requiere 333. Le faltan 77: muchos. ¿De dónde puede sacar esos votos? Una primera vía es rearmar la Coalición “Juntos haremos historia” en la Cámara.

Sin embargo, aún suponiendo otra vez el voto en bloque, muy difícil, por los desacuerdos regionales y federales con el PES y el PT , solo se consiguen 30 y 28 votos respectivamente. Se llega entonces a 314 votos posibles: faltan 19 nuevos. ¿De dónde sacarlos? ¿Del PRI? Muy difícil. ¿Del PAN? Casi imposible. ¿De dónde entonces? Le quedan tres fracciones parlamentarias para sondear, más 2 diputados sin partido.

El PRD tiene 20 diputados; Movimiento Ciudadano (MC), 28; y el PVEM, 11. 59 en total. Más los dos sin partido, da un total de 61 diputaciones para tantear. Un buen número. Bastan y sobran. Pero…tendrán que negociar. ¿Qué y cómo? Es una pregunta que se abre en muchas direcciones.

Ya vimos qué y cómo hizo MORENA para alcanzar la mayoría absoluta. Es un cambio ya transitado: el PVEM se presta para muchas cosas. Son 11 diputados. Sólo faltarían 8. La pregunta es:  ¿a cambio de qué? No sabemos qué pida el PVEM, lo que si podemos presumir es que nada honorable. Una larga historia de compromisos con todos, el PRI, PAN y PRD, así lo acredita.

EL MC y el PRD eran aliados antiguos de AMLO. Ha pasado mucho tiempo de eso. Demasiados enfrentamientos y múltiples roces. Pero es posible. Formalmente no debería haber ningún impedimento para los diputados del PRD, fueron los primeros en presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar la mal llamada evaluación punitiva (Las iniciativas para cancelar la reforma educativa).

El MC tiene más diputados, son 28. ¿Por ahí? Podría ser, pero como en el PVEM y el PRD, ¿a cambio de qué? No podremos saberlo ahora, esperemos que sea claro, porque de su decencia no cabe esperar mucho.

En resumen: la Iniciativa de AMLO tiene dificultades para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Necesita, en primer lugar, lograr una gran homogeneidad y presencia en las votaciones de su propia bancada; en segundo, conseguir las votaciones de sus aliados electorales, PT y PES; pero aun así, sigue necesitando 19 votos que podrían salir del PVEM, PRD, MC y dos diputados sin partido, pero tendrá que negociar. El asunto es el qué y el cómo.[1]

La cuestión se complica aún más en el Senado de la república.

En comisiones no hay mucha dificultad. La Comisión de Puntos Constitucionales está presidida por Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de MORENA. Hay dos secretarías, una para el PAN, otra para el PRI. Se completa con 11 integrantes más.   De los 14 que integran la comisión, 7 son de MORENA y una del PT, hay mayoría absoluta.

En Educación tampoco hay mucho problema. La preside otro miembro de MORENA, Rubén Tocha Moya, con la misma composición en las secretarías y en los integrantes. MORENA y PT tienen mayoría absoluta.

El problema viene con las votaciones en el pleno.

En este caso, el problema es mayor que con los diputados. AMLO necesita 85 votos para la reforma constitucional. MORENA solo tiene 59, no alcanza la mayoría absoluta, menos aún la calificada, suponiendo que hubiese una votación homogénea. Necesita 26 votos más. Tendrá que acudir primero a sus aliados electorales; pero el PT tiene 6 senadores y el PES sólo 5. Llegaría entonces a 70, le faltan 15. Todo suponiendo que las fracciones votan en bloque afirmativamente.

¿De dónde sacar los votos restantes? Hay 1 senador sin grupo parlamentario, 5 del PRD, 6 del PVEM y 7 del MC. No le queda de otra: necesita negociar con sus adversarios políticos. El margen es menor que en la Cámara de Diputados, pero su blanco sigue siendo el mismo: PVEM, PRD y MC. Muy difícil, pero no imposible. Incluso antes de buscarlos en el PRI y el PAN, algo mucho más difícil.

Aún suponiendo que la iniciativa pasara en el Congreso Federal, todavía tiene que alcanzar la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados. Tiene mayorías absolutas en 19 estados: Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; pero tiene dificultades en la composición de sus bancadas en varios de ellos, que se han dividido y enfrentado, como en Veracruz, por lo que primero tendrá que negociar entre las diferentes fuerzas que componen su fracción parlamentaria, luego con sus aliados electorales, y con los otros partidos, justo como en el congreso federal. No es imposible, pero difícil de conseguir.

En resumidas cuentas, ¿cuál es el desafío de los números para la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución de AMLO?

  1. Ni MORENA, ni sus aliados de la coalición “Juntos haremos historia”, alcanzan la mayoría calificada.
  2. Para aprobar la iniciativa, tendrán que negociar.
  3. El asunto es con quién, qué y cómo.
  4. Los partidos pequeños, como el PRD, el MC y el PVEM, así como los representantes sin grupo parlamentario, tienen un caudal suficiente para alcanzar de sobre la mayoría calificada. El problema es el referido en el punto tres.
  5. El problema numérico es el mismo en las legislaturas de los estados.
  6. La homogeneidad del voto en las fracciones de MORENA, PT y PES es indispensable para las negociaciones con los demás partidos

Como se observa, el reto de los números obliga al Poder Ejecutivo y a la Coalición “Juntos haremos historia”, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, a negociar con los partidos de la oposición. Qué y cómo es materia de un amplio proceso político, parlamentario y extraparlamentario, en el que los poderes fácticos, sus representantes, el magisterio y la población, tendrán una parte fundamental, quizá decisiva.

Pero esa es otra historia…

Contacto: labandadelxs3@gmail.com

[1]  En otro artículo exploraremos las posibilidades de negociación estrictamente argumental y expositiva que podrían hacerse; a lo otro, a los acuerdos en lo oscurito, a los intercambios y demás, ni nos atrevemos ni es lo nuestro. Esperaremos la etnografía parlamentaria y los recortes informativos para saberlo.

Fotografía: canaldelcongreso

*Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/la-reforma-educativa-de-la-iv-transformacion-nacional-5-el-desafio-de-los-numeros-y-ahora-quien-podra-ayudarnos/

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Educación integral de la sexualidad, un tema de vanguardia para las escuelas cubanas

Autor: 

Bajo el lema «Por escuelas a la vanguardia de la educación integral de la sexualidad» sesionará del 25 al 29 de junio el 8vo. Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual

Ponderar la responsabilidad de las escuelas como una de las instituciones más importantes de la comunidad, y el rol que desempeñan en la educación integral de la sexualidad, es el objetivo fundamental del 8vo. Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, sostuvo en conferencia de prensa la doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y presidenta de este evento.

«Este año estamos invitando a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tienen responsabilidades en algunas comisiones permanentes de trabajo como la de Salud; de atención a la Juventud, la Niñez y la igualdad de los derechos de la mujer; de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; para que puedan tocar de primera mano, tener información y conocimiento del diálogo científico que se produce en estos encuentros. Se trata de debates medulares desde los que también se podría aportar a las decisiones de políticas y legislativas que están por venir luego de la reforma constitucional», destacó Castro Espín, como uno de los elementos positivos de este encuentro.

Bajo el lema «Por escuelas a la vanguardia de la educación integral de la sexualidad», este octavo congreso tendrá lugar a 25 años de la celebración del 1er. Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, y en el marco de la celebración del aniversario 30 del Cenesex. La cita –organizada por el Cenesex, y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes)– se desarrollará en el Palacio de Convenciones de La Habana entre los días 25 al 29 de junio.

Para Castro Espín, este será un espacio propicio para presentar resultados de investigación, libros, intercambiar sobre las buenas prácticas de otras naciones en estos temas, y también sistematizar experiencias de la elaboración y actualización del Programa Nacional de Educación Sexual, los proyectos y programas que se derivan de este proceso, así como los indicadores para el monitoreo del mismo y el perfeccionamiento de la preparación del personal docente.

Al ámbito escolar, dijo, han sido dedicados recientemente otros espacios como la 11na edición de las Jornadas cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, las cuales centraron sus acciones en el papel de la escuela en educar sin homofobia ni transfobia y en el vínculo con la familia y la comunidad para evitar situaciones de violencia, rechazo y maltrato a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cuyas características no se parezcan a la «heteronormatividad» o a esos estereotipos estrictos del  binarismo de género. «En ese rol insistimos y seguimos trabajando por su importancia para la vida».

Por su parte, la doctora Ada C. Alfonso Rodríguez, presidenta del comité científico del congreso, valoró este cónclave como esencial para el fortalecimiento de las capacidades y el diálogo político.

En ese sentido, destacó como parte de la agenda, la celebración de la III Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación Integral de la Sexualidad en América Latina y el Caribe –que se organiza con apoyo de UNFPA, y al cual asistirán especialistas de República Dominicana, Bolivia, Paraguay, México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Guatemala, El Salvador y otros de la región–, y el Taller Acelerando el proceso de la Educación Integral de la Sexualidad en América Latina y el Caribe, el cual tomará en cuenta las orientaciones y técnicas internacionales de Naciones Unidas.

Asimismo, resaltó el VI Coloquio Internacional Trans-identidades, Género y Cultura, por su peso para la capacitación y sensibilización en estos temas, así como simposios y conferencias sobre prevención y atención de la violencia hacia las mujeres; malestares y disfunciones sexuales, y las adicciones sexuales en la era de Internet.

La directora del Cenesex recordó que desde 1975, en el primer congreso del PCC, ya se declaraba la educación sexual como una responsabilidad del Estado cubano y se le asignaba el mayor compromiso a la familia y a la escuela con este tema, lo cual fue resultado de un trabajo intenso de la Federación de Mujeres Cubanas.

Respecto a los momentos decisivos que vive la región, y la polémica sobre el aborto legal –que tiene como su más reciente ejemplo a Argentina– Castro Espín, subrayó que en Cuba cuenta desde el año 1964 con un Programa de Planificación Familiar.

Un año después, en 1965, como decisión política se establecen los servicios gratuitos y profesionales para la interrupción del embarazo dentro del sistema nacional de salud, con el propósito de que fuesen seguros para la vida de las mujeres y garantizar su derecho a decidir sobre su cuerpo, y sus proyectos de vida, recalcó.

«En muchos países en el mundo y en la región, si bien ya no se condena a las mujeres a la hoguera como brujas y herejes, sí las condenan a elegir entre la cárcel y la muerte, porque es lo que pasa si practican una interrupción», dijo.

Es doloroso que en pleno siglo XXI aún se arrastre esta violencia institucionalizada y estructural hacia las mujeres. En América Latina y el Caribe, es un tema pendiente que tiene que ver con derechos y la vida de las mujeres, remarcó.

Respecto a Cuba, ratificó además que, con el incentivo de los avances logrados, el Cenesex continúa trabajando para alcanzar las metas en materia de derechos sexuales que todavía faltan, y que están vinculadas a la educación integral de la sexualidad, la lucha contra la homofobia y la transfobia, y otros aspectos.

Una de las mayores fortalezas, señaló, es que estas aspiraciones están reflejadas en las políticas aprobadas por el Partido Comunista de Cuba, en su sexto y séptimo Congresos.

«Las leyes por sí solas no garantizan los derechos, se necesita el diálogo. Y nosotros trabajamos por todos los derechos, de manera integral y sólida», concluyó la directora del Cenesex.

Fuente: http://www.granma.cu/salud/2018-06-20/educacion-integral-de-la-sexualidad-un-tema-de-vanguardia-para-las-escuelas-cubanas-20-06-2018-19-06-00

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Reforma institucional, la otra reforma educativa pendiente

Fernando Ruiz Ruiz

Un aumento de la inversión educativa en escuelas ubicadas en contextos marginados de nuestro país podría producir rápidas mejoras sustanciales. Así lo señaló Andreas Schleicher, Director de Educación y Asesor sobre Políticas Educativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al analizar los resultados educativos obtenidos por México en las evaluaciones del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la evidencia indica que dichas inversiones tienden a reducir paulatinamente su impacto en las escuelas si no se toman medidas permanentes para asegura la formación adecuada de docentes.

Esto plantea la necesidad de pensar en la creación de un sistema institucional de apoyo a maestros y escuelas que no sólo impulse la actual reforma educativa sino que le dé sostenibilidad a los cambios futuros. La reforma constitucional de 2013 modificó sustancialmente las reglas que rigieron durante décadas las prácticas pedagógicas y laborales del magisterio; ahora es necesario acompañarla con una modificación de aquellas que regulan a las burocracias educativas a fin de asegurar que tengan como misión central el apoyo a maestros y escuelas y que su desempeño esté vinculado a los resultados educativos.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 2015 en varios momentos ha planteado la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma administrativa, pero dicha iniciativa ha carecido de conducción política y claridad de rumbo. Discursivamente se le ha asociado con la eficiencia y transparencia, con el ejercicio del gasto, con el modelo educativo y con aquellas funciones que los estados no realizan.

Asimismo, ubican su realización dentro de una gama amplia y disímbola de acciones que van desde la modificación de su Reglamento Interior, la flexibilización del calendario escolar, la reordenación de las plazas presupuestales, la suspensión de pagos a comisionados sindicales o el regreso de los mismos a las aulas, la creación e implementación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) o las medidas enmarcadas dentro de la Estrategia Escuela al Centro y el nuevo modelo educativo.

En 2015, la refundación y reorganización del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) rompió la atrofia organizacional de esta instancia y abrió la oportunidad para la instauración de nuevas prácticas administrativas alejadas del control político de la Sección 22.

Este debe servir como ejemplo de lo importante que es el tema y de que sí se puede romper con la inercia burocrática. Sin embargo al igual que en la SEP, la gran mayoría de las entidades federativas poco han hecho para modificar las viejas prácticas burocráticas que, en simbiosis con las malas prácticas sindicales, han producido el desastre educativo actual.

Las iniciativas que en el pasado reciente se han impulsado, tales como la gestión de calidad y la gestión y supervisión regionalizada, han tenido poco impacto o de plano naufragado debido a la falta de vigor político y continuidad en su impulso, su desarticulación y las reglas que permitían la injerencia y el veto sindical. Ahora, el nuevo marco normativo puede ser un factor que facilite una política ambiciosa de transformación institucional.

Dentro de la amplia gama de acciones que supone la reforma institucional, es prioritario crear, reorientar y fortalecer los sistemas de apoyo a los docentes, el factor clave para hacer realidad los aprendizajes en el aula. Sin proponérselo el nuevo marco normativo suma nuevas instituciones y responsabilidades a las anteriores dispersando la atención a los docentes. La formación inicial de docentes está a cargo de varios cientos de normales e instituciones de educación superior, reguladas y supervisadas por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE); el ingreso, promoción y separación del cargo de los docentes a cargo de las secretarias estatales pero bajo regulación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); la adscripción de los docentes la lleva a cabo las autoridades educativas estatales; su desarrollo profesional sujeto a directrices nacionales de la SEP y la CNSPD, pero operada por frágiles esquemas estatales; la supervisión y control de asistencia a cargo de los supervisores y la creación y operación de programas educativos, que implican incentivos a docentes, es operada por la Subsecretaría de Educación Básica federal. La negociación salarial anual la lleva a cabo la SHCP y la SEP; la supervisión y aplicación de las afectaciones a la nómina la realiza la Oficialía Mayor de la SEP; la dispersión del salario docente a cargo de la Tesorería de la Federación y las autoridades estatales educativas y de finanzas.

Semejante jungla burocrática plantea el reto de transitar de las anquilosadas y desarticuladas unidades administrativas actuales hacia nuevos arreglos organizativos ágiles, eficaces y con capacidad de respuesta para conducir los trayectos formativos y profesionales de cada docente.

No existe una receta única. Cada entidad federativa, y la SEP en primer lugar, deberán emprender su transformación de acuerdo con su contexto. Pero sin duda es preciso que ésta se lleve a cabo de cara a la ciudadanía y con una estrategia lo suficientemente clara y coherente para facilitar y aprovechar la participación social. Sin una comunicación veraz y creíble acerca de los beneficios de los cambios, será difícil remontar la oposición que dichos cambios generan.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/reforma-institucional-la-otra-reforma-educativa-pendiente.html

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La educación en el centenario de la Constitución: Primera parte

Roberto Rodríguez

Sobre el derecho a la educación, la constitución de 1857 se limitaba a la siguiente norma, de espíritu liberal:“La enseñanza es libre. La Ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir” (Constitución de 1857, artículo Tercero).

El proyecto enviado por Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, que sesionó en 1916 y 1917, formulaba la garantía del derecho a la educación conforme a la siguiente fórmula: “Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos” (Artículo Tercero de la Iniciativa de Ley Constitucional, citado por Félix F. Palavicini en Historia de la Constitución de 1917, tomo I, pág. 175). La iniciativa del Ejecutivo Federal mantenía el postulado de libertad de enseñanza, pero añadía la obligación de laicidad para la educación pública y la gratuidad en la enseñanza básica.

El debate del artículo tercero tuvo lugar los días 13, 14 y 16 de diciembre de 1916. En primer lugar, se leyó el dictamen de la Comisión de Constitución, presidida por el general Francisco J. Mújica. En este se incluían dos propuestas: la primera, no aprobar el texto propuesto en la iniciativa. La segunda, reemplazarlo por el siguiente: “Habrá libertad de enseñanza; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria, ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La enseñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos y en los establecimientos oficiales será impartida gratuitamente.” El dictamen fue suscrito por los siguientes miembros de la Comisión: Francisco J. Múgica, Alberto Román, Enrique Recio y Enrique Colunga (Diario de Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, pág. 442).

Además, se dio lectura al voto particular del diputado sonorense Luis G. Monzón, también miembro de la Comisión de Constitución: “Ciudadanos diputados: Los miembros de la comisión de puntos constitucionales hemos formulado de común acuerdo el artículo 3o. de la Constitución reformada, como aparece en el dictamen relativo, y no hemos disentido sino en el empleo de una palabra, que precisamente es la capital en el asunto de referencia, porque es la que debe caracterizar la educación popular en el siglo XX. Esa palabra es el vocablo laica, empleado mañosamente en el siglo XIX, que yo propongo se substituya por el término racional, para expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo.” (ídem pág. 442-443).

Como señala Armando Soto Flores, el debate sobre el artículo tercero polarizó al Congreso en primer lugar porque la Comisión contradecía fundamentalmente la iniciativa presidencial. La discusión en el pleno subió progresivamente de tono haciendo notar las discrepancias entre las fracciones leales a la causa carrancista y las que serían afines al proyecto de Álvaro Obregón. También se reflejó la discrepancia entre las posturas propiamente liberales y las del positivismo anticlerical.

El presidente Carranza, al saber que en esta discusión no había acuerdo para apoyar el proyecto original, acudió y estuvo presente, aunque sin tomar la palabra, en las sesiones plenarias. El debate crucial se daría entre las posturas defendidas por Múgica (en favor de la generalización de la educación laica) y por Félix Palavicini, quien defendía el texto de la iniciativa. Al abrir su intervención en el debate, Múgica argumentaba la postura de la Comisión “a truques de que se me considere enemigo del clericalismo, pues si así se me considera, si así se me juzga, si con ese calificativo pasa a la historia mi palabra, no importa, señores, porque efectivamente soy enemigo del clero, porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria”. Palavicini, por su parte, hacía notar la evidente contradicción en garantizar la libertad de enseñanza para inmediatamente después coartar la opción de la educación religiosa.

Tras decenas de intervenciones, unas a favor del proyecto de Carranza, otras en pro de la postura de la Comisión, se aprobó finalmente el texto que sería incluido en la Constitución. Dice así:

“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.” Este texto, al ser votado en el Congreso, obtuvo el siguiente resultado en el pleno: aprobado por 99 votos a favor y 58 votos en contra. Desde luego una derrota para Carranza quien, al final de su periodo presidencial, envió al Congreso un proyecto para reformular el texto constitucional en materia educativa (11 de septiembre de 1919), iniciativa que tampoco prosperó.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-en-el-centenario-de-la-constitucion-primera-parte/

Fuente de la imagen:http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2016/09/escuela-rural.jpg

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