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Educación y reforma fiscal

Por: Dinorah García Romero 

Que especialistas en reforma fiscal, políticos comprometidos con el bien común y funcionarios del gobierno formados en este campo y sensibles a los más vulnerables, diseñen una estrategia de información y de educación.

La sociedad dominicana escucha con atención, y con no menos preocupación, una posible e inminente reforma fiscal. Cada vez que se debate un tema de esta naturaleza, las personas más vulnerables, en los ámbitos educativos y económicos, acumulan tensiones y cuentan con poca ayuda para obtener información y orientación clarificadoras. Se institucionaliza, cada vez más, la cultura de hacer un debate entre los teóricos de las reformas. Un grupo reducido, constituido por los versados en temas económicos y en la articulación de estos con la política, se convierten en las estrellas del discurso. Se asumen como los grandes premonitores del presente y del futuro de la sociedad en todos sus niveles y ámbitos. Los medios de comunicación, las redes sociales y los canales con que cuenta el gobierno convierten el tema de la reforma fiscal en prioridad, antes de que se anuncie oficialmente. El conocimiento de los análisis y de las implicaciones de una reforma fiscal es pertinente, pero no lo es mantenerlos en un círculo de eruditos económico-políticos. Estos lanzan epítetos; anuncian convulsiones y fracturas sociales, sin una propuesta educativa para el mayor porcentaje de la población que no tiene formación alguna en el tema.

Es tiempo de cambiar la metodología y de establecer coherencia entre la denuncia permanente sobre la falta de educación de la mayoría de los ciudadanos y un esfuerzo real por el fortalecimiento de su educación. Los grandes temas que inciden de forma directa en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo del país requieren la inclusión de una propuesta de formación ciudadana. Este tipo de propuesta no tiene nada que ver con mecanismos manipuladores para que la sociedad acepte una reforma que robustezca el capital de los más ricos y deteriore vertiginosamente la ya precaria situación del porcentaje más elevado de la población. Es recomendable que a la ciudadanía en general, especialmente a la más sencilla en materia educativa, se le explique la naturaleza de la reforma, las razones que le dan sentido y las implicaciones para los ciudadanos. De igual manera, se ha de diseñar una estrategia que involucre a la ciudadanía en la discusión. Es necesaria una discusión inclusiva y democrática. No se debe mantener una discusión elitista que les dicte a los demás los planteamientos centrales de una reforma que va a impactar la vida de la gente.

Es importante que los teóricos de la reforma fiscal y el gobierno revisen qué quieren decir cuando se lamentan por la baja calidad de la formación ciudadana. También deben revisar por qué no aprovechan los temas vitales para mejorar de forma significativa la educación y la participación social. Estos temas vitales son los que deben analizarse en un contexto educativo y de participación amplia. De no ser así, se incide de forma negativa en la calidad de la formación ciudadana; y las personas se convierten en objetos de los economistas, de los políticos y del gobierno. La privatización de los saberes y de los métodos de análisis y discusión deben ser asuntos del pasado.

Parecería que hay interés en el desarrollo de tensiones sociales. Estas se cultivan y emergen sin esfuerzo alguno cuando a la ciudadanía se le mantiene orillada de la información integral, del debate y del diálogo reflexivo. Si ese interés es real, es tiempo de cambiar de posición y abrirse a un proceso que priorice la educación en la reforma fiscal y para la reforma fiscal. Para nadie es un secreto que el contexto de la pandemia ha provocado cambios profundos en la esfera de la salud, de la economía, de la educación y de las condiciones de vida. Estos cambios determinan modificaciones necesarias en diferentes ámbitos de la vida nacional, pero no pueden hacerse acentuando el problema educativo de las personas. Proponemos que especialistas en reforma fiscal, políticos comprometidos con el bien común y funcionarios del gobierno formados en este campo y sensibles a los más vulnerables, diseñen una estrategia de información y de educación. Esta estrategia debe tener como objetivo principal el fortalecimiento de la calidad de la educación de la sociedad; y una participación consciente y corresponsable en la reforma fiscal.

Fuente: https://acento.com.do/politica/taveras-califica-las-exoneraciones-como-privilegios-irritantes-de-ejercicio-politico-8999539.html

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La crisis social colombiana

Por: Leonardo Díaz

Las universidades colombianas coautoras del documento han dado un ejemplo del papel que deben jugar las instituciones educativas latinoamericanas como compromisarias del saber y del deber social, propiciadoras del análisis y del debate público.

La Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Antoquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Valle, representadas por sus rectores, han firmado un documento en nombre de un segmento fundamental del mundo académico colombiano, a raíz de la crisis social generada por la propuesta de reforma fiscal del presidente Iván Duque.

La declaración se identifica con el movimiento social que se ha expresado en la protesta, en función de una deuda social acumulada prototípica de Latinoamérica. En el escrito destacan distintos temas comunes a la región.

El primer asunto es la necesidad de entender que toda reforma tributaria debe responder a una política fiscal integral consensuada por los distintos actores del espacio público. Uno de los graves problemas de las sociedades latinoamericanas consiste en la acumulación anual de déficits presupuestarios por parte del Estado debido a la ineficiencia burocrática, el derroche de recursos producto de la hipercorrupción y las deudas externas asfixiantes que dificultan la inversión en el desarrollo social.

La solución recurrente de muchos gobiernos es intentar resolver el referido problema cargando a la ciudadanía con impuestos que, en el círculo vicioso de la ineficiencia y la hipercorrupción, terminan despilfarrándose y generando nuevos déficits donde terminan financiadas las viejas y corruptas oligarquías.

Otro problema fundamental del texto es la consolidación de las sociedades democráticas. Con sus especificidades históricas, las distintas sociedades latinoamericanas han sufrido una tradición mesiánica, autoritaria y de transgresión a los límites que configuran la independencia de los poderes públicos con una marcada tendencia a la clausura de los espacios dialógicos y al abuso de poder.

No quiero concluir este artículo sin destacar el llamado del documento a luchar por el derecho general de la ciudadanía a la educación y al acceso equitativo del conocimiento. Como ha ocurrido con la salud, en América Latina se ha distorsionado el propósito de la educación, orientada fundamentalmente a generar mano de obra para el mercado y no a formar personas integrales, críticas y dialogantes.

Fuente:  Acento
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Finaliza huelga de empleados públicos en Costa Rica contra la reforma fiscal

Redacción: Ita

Unos 30.000 trabajadores públicos de Costa Rica decidieron el viernes levantar la huelga que mantenían desde hace casi tres meses contra la reforma fiscal aupada por el Gobierno y que fue recientemente aprobada en el Congreso.

La gran mayoría de trabajadores en pie de lucha pertenecía a los sindicatos de educadores, aunque unas pocas decenas de empleados del Poder Judicial proseguían en huelga y su protesta no ha perjudicado los servicios del país centroamericano.

“La decisión es levantar el movimiento de huelga para replantear la estrategia de lucha contra esta nefasta ley (…) en contra del pueblo trabajador y de los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense”, dijo la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en un comunicado.

Fuente: https://lta.reuters.com/articulo/politica-costarica-huelga-idLTAKBN1O62ED

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La huelga de funcionarios en Costa Rica cumple un mes y medio sostenida por los maestros

Redacción: El País

La movilización contra la reforma fiscal de Alvarado pierde fuelle después de que varios sindicatos convocantes se hayan ido desmarcando

La huelga de trabajadores públicos de Costa Rica contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno de Carlos Alvarado cumple ya un mes y medio sostenida por los gremios de maestros y profesores. Con el paso de las semanas, el movimiento, iniciado el pasado 10 de septiembre, ha ido perdiendo el apoyo de varios de los sindicatos convocantes, pero miles de educadores se resisten aún a devolver la normalidad a las aulas. El curso lectivo en Costa Rica, que acaba en noviembre, sigue en vilo, mientras los servicios de salud y transporte ya han sido plenamente restablecidos.

 

De la aprobación definitiva de la reforma tributaria depende buena parte del futuro económico costarricense a corto y medio plazo: con ella, el Gobierno de Alvarado trata de frenar el severo deterioro de las finanzas públicas y poner límite al déficit público, que ya está dejando sentirse sobre la economía, en plena fase de desaceleración. Algunos partidos opositores y líderes de empresarios apoyan la propuesta, que eleva el impuesto de renta, amplía el de ventas a nuevos sectores y limita el crecimiento de beneficios salariales de empleados estatales.

Los maestros insisten en que la reforma fiscal los afecta de manera injusta. De poco ha servicio la promesa del Ejecutivo de impulsar un proyecto de ley para enmendar un rubro. La amplia mayoría de los educadores mantienen su lucha, según datos del Ministerio de Educación Pública, patrono de 85.000 personas (2,5% de la población mayor de 18 años) que trabajan para 5.500 centros que suman casi un millón de alumnos entre niños y adolescentes. Esta es la base de un modelo considerado ejemplar en la región: Costa Rica está entre los 30 mejores países del mundo en términos de calidad de educación, según el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial. La cobertura general en primaria y secundaria supera el 90% y la tasa de alfabetización cercana al 97%, en medio de Uruguay, Argentina y Chile.

“Han capturado el calendario escolar. Es difícil encontrar en este momento una escuela pública o un colegio que funcione con normalidad, menos aún en las zonas periféricas del país”, dijo a EL PAÍS el ministro de Educación, Édgar Mora. Dice que han vuelto a trabajar más de 7.000 educadores, pero la cifra es baja frente al volumen del gremio agrupado en tres organizaciones sindicales poderosas en afiliados y en recursos. El principal portavoz sindical, Gilberto Cascante, dijo que no tenía tiempo para contestar preguntas de este periódico. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada el 5 de octubre decía que la huelga perdía apoyo popular en su cuarta semana y que tres de cada cuatro costarricenses se oponía a la suspensión de clases en centros educativos.

El presidente Alvarado insiste en la necesidad de una reforma fiscal que permita lanzar señales favorables a los financistas internacionales para mejorar las condiciones de la deuda, que equivale a un 52% del Producto Interno Bruto (PIB). El desfase entre gasto público e ingresos alcanza en este 2018 el 7% de la producción, lo que muestra el peor cuadro de aprietos financieros en 40 años. Aunque la economía se prevé crezca 3% en este año, el Ministerio de Hacienda ya reportó un bajo crecimiento de la recaudación en lo que va del 2018, inferior a 1%, el peor desde la crisis del 2009. “No hay más tiempo. Los sindicatos deben entender que estamos tratando de evitar que sean los mercados los que hagan el ajuste, de una manera más dolorosa”, advertía la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, este miércoles en una de sus decenas de entrevistas para insistir en la necesidad del plan fiscal y en la imposibilidad de complacer a los huelguistas.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/10/24/america/1540407033_246843.html

 

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Universidades públicas de Costa Rica piden no aprobar plan fiscal

Centro América/Costa Rica/25 Octubre 2018/Fuente: Prensa Latina

Universidades públicas de Costa Rica solicitan a los diputados no aprobar la reforma fiscal en el segundo y definitivo debate, según indican las respuestas de estos centros educativos a la Asamblea Legislativa, divulgadas hoy aquí.
Luego de sancionar el pasado día 5 por 35 votos a favor y 22 en contra en primer debate el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal, la directiva del Legislativo tico envió a consulta -requisito de ley- el texto a diversas entidades para conocer su parecer.

Las universidades Nacional (UNA), la de Costa Rica (UCR) y la Estatal a Distancia (UNED) reconocen la crisis fiscal del país, pero piden que no se apruebe esta iniciativa en segundo debate, si antes no se corrigen los aspectos que consideran lesivos, de acuerdo con las respuestas de esos centros de estudio, publicadas por el informativo digital crhoy.com.

La UNA precisa que el plan fiscal viola la autonomía universitaria, fundamentado en que su artículo tres contradice disposiciones específicas de la Ley de Salarios para el Sector Público que ya estas instituciones tienen reguladas como parte de su posibilidad de gobierno propio y organización.

La UNED sostiene que la legislación debe reconocer y respetar esa autonomía de los centros superiores sobre la toma de decisiones y demás acciones propias de la administración de su personal, potestad que les permite atraer, mantener y evaluar el personal más calificado que se requiere para el debido cumplimiento de sus funciones.

De su lado, la UCR considera que la iniciativa legal causaría un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria.

Asimismo, señala que el proyecto legal ‘otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con nuestra carta magna y el espíritu del legislador constituyente.

Finalmente, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) lleva esta misma posición, con la diferencia de que recomiendan cambiar el texto en el artículo cinco sobre regla fiscal.

Las universidades públicas de Costa Rica rechazan también que dentro del ocho por ciento del Producto Interno Bruto destinado a los centros de altos estudios se incluya al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como el gravamen de un dos por ciento para la compra de bienes y servicios, tal cual quedó establecido en el plan fiscal.

Además de los señalamientos mencionados por las universidades públicas, el proyecto legal tiene respuesta negativa de la Corte Suprema de Justicia, mientras afiliados a agrupaciones obreras y sociales realizan desde el 10 de septiembre una huelga general por tiempo indefinido con el objetivo de que dicha reforma fiscal no sea aprobada.

Los huelguistas estiman que sus impuestos y medidas afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y a los más pobres del país.

También, al menos 10 diputados -los exigidos por ley- consultaron la semana anterior a la Sala IV sobre la constitucionalidad del proyecto legal, y la respuesta puede tardar un mes.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=221956&SEO=universidades-publicas-de-costa-rica-piden-no-aprobar-plan-fiscal
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Concentraciones en día 36 de huelga en Costa Rica contra plan fiscal

Redacción: La Gente

Volanteos, perifoneos, campañas informativas y concentraciones regionales caracterizaron este lunes el día 36 de la huelga general por tiempo indefinido en Costa Rica contra el proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, plan o reforma fiscal.

Este lunes comenzó la sexta semana de paro, seguido en firme aún por los trabajadores del sector educativo, y respaldados por otras agrupaciones obreras, pero fundamentalmente movimientos sociales, populares y comunales opuestos a más impuestos para la clase trabajadora y los más pobres del país.

Buena parte del resto de las organizaciones integradas en la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN), para luchas contra ese proyecto legal, que ellos denominan combo fiscal, llegó a acuerdos con sus empleadores para poner fin a la huelga y retornar a sus puestos de labor, proceso que se produjo la semana anterior.

Sin embargo, los tres sindicatos del sector educativo -principalmente- y otras agrupaciones obreras decidieron mantener la protesta contra los impuestos y medidas del Ejecutivo para reducir el déficit fiscal, que sus oponentes califican de regresivas e inequitativas, al perjudicar en mayor medida a los más pobres, aunque el Gobierno insiste en asegurar que serán los más ricos quienes más van a pagar.

Lo cierto es que hasta la Iglesia Católica -mediadora en una negociación infructuosa para poner fin a la huelga- llamó a las partes a volver al diálogo para solucionar el grave problema fiscal del país, al tiempo que le pidió a los promotores de la reforma fiscal evitar que sean los pobres quienes paguen las consecuencias.

Aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa el pasado día 5 por 35 votos a favor y 22 en contra, pese a la movilización obrera y popular en las calles para frenar su curso en el Congreso, la reforma fiscal está ahora en consulta en varias entidades estatales, entre ellas la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, sobre el Poder Judicial vuelven ahora su mirada quienes rechazan el paquete de medidas de corte neoliberal -calificadas así por los sindicatos- con la esperanza de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia acepten mañana el dictamen de la Dirección Jurídica, la cual estimó que el plan fiscal afecta a ese poder del Estado.

De mantener ese criterio, entonces la reforma fiscal requiere de mayoría calificada (38 votos) para ser sancionada en el segundo y definitivo debate en la Asamblea Legislativa.

Además, los opositores al combo fiscal esperan que al menos 10 diputados firmen una consulta a la Sala Constitucional (IV) sobre el proceso seguido en el Congreso para aprobar el referido proyecto legal.

Para muchos analistas y expertos, incluidos los integrantes de la Asesoría Jurídica del propio Legislativo tico, esa discusión y aprobación del plan fiscal presentó vicios de procedimiento que le permitirían a los magistrados calificarlo de inconstitucional.

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/251664/concentraciones-en-dia-36-de-huelga-en-costa-rica-contra-plan-fiscal/

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Juez declara ilegal huelga en sector educación en Costa Rica

Redacción: El Economista

Un juez de Trabajo declaró hoy ilegal en el sector educación la huelga sindical que comenzó el pasado 10 de septiembre contra una reforma fiscal en Costa Rica, lo que supone un golpe al principal bastión del movimiento.

En su fallo, el juez Francisco Quesada declaró la huelga ilegal porque no fue pacífica al participar los huelguistas en bloqueos de carreteras que impidieron el derechos al libre tránsito de las demás personas.

«Participaron -de forma colectiva- de las manifestaciones que llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación nacional», indica la resolución, la cual agrega que «es reprochable su actuar y no puede ser considerado como un movimiento pacífico».

«Ese actuar es un hecho notorio, de trascendencia colectiva, en el que el derecho al libre tránsito se vio totalmente transgredido», añade el fallo, que puede ser apelado por las partes dentro del plazo de tres días.

El ministro de Educación Pública, Edgar Mora, hizo un llamado al personal en huelga para que se presente mañana a trabajar «con tranquilidad» y sin temor a represalias, con el fin de alcanzar «la normalización de nuestro sistema educativo».

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, pidió «calma» a los maestros, pues la sentencia de ilegalidad es «en primera instancia» y puede ser apelada en los próximos tres días.

«Llamo a la calma. La sentencia es en primera instancia, no está en firme. Vamos a hacer la consulta con las bases para tomar decisiones. No nos sintamos angustiados», expresó Cascante en un vídeo divulgado en las redes sociales del sindicato.

Las bases sindicales del sector educación se reunirán mañana para definir si continúan la huelga o la deponen.

La huelga se ha ido debilitando con el pasar de los días y los sindicatos del sector educación son lo que se mantienen más fuertes con un apoyo al movimiento de alrededor del 70 por ciento del personal.

El pasado sábado los principales sindicatos del sector salud, que era el otro bastión del movimiento, llegaron a un acuerdo con el Gobierno para deponer la huelga y establecer un espacio de diálogo.

El pasado viernes el Congreso aprobó en primer debate la reforma fiscal, la cual irá a revisión de diversas instituciones, incluida la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa fiscal.

Los sindicatos creen que la reforma es regresiva y golpea a las clases medias y bajas, por lo que confía en que la Sala Constitucional la declarará inconstitucional tanto por la forma en que fue tramitada en el Congreso como por el fondo.

Según el Gobierno, el plan tributario busca recaudar recursos frescos equivalentes a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas y paliar el déficit proyectado al 7,1 por ciento del PIB para 2018.

El plan convierte el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa, pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

El Gobierno asegura que el 80 por ciento de la recaudación del plan fiscal recaerá sobre el 20 por ciento de la población de mayores ingresos.

Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9441442/10/18/Juez-declara-ilegal-huelga-en-sector-educacion-en-Costa-Rica.html

 

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