España/07 de marzo de 2017/Autor: Europa Press/ Fuente: http://www.deia.com
Ya han registrado la convocatoria de huelga en la enseñanza no universitaria para el 22 de marzo.
Los sindicatos ELA, LAB y Steilas, que han convocado huelga el próximo 22 de marzo en la enseñanza no universitaria, han exigido este lunes la creación de más de 2.000 puestos de trabajo, que se estabilicen 6.000 empleos, que se sustituyan las bajas del profesorado «desde el primer día», que se reduzcan los ratios de alumnos por aula, y que «se reviertan todos los recortes».
BILBAO. Representantes sindicales de ELA, LAB y Steilas han registrado este lunes en la sede del Gobierno vasco en Bilbao, la convocatoria de huelga para el 22 de marzo en la enseñanza no universitaria, que afectará a la red de Haureskolak, Educación Especial, limpieza, cocina y profesorado. En total, están llamado a la huelga cerca de 30.000 trabajadores, y serán más de 250.000 los alumnos afectados.
El responsable de Educación de ELA, Xabier Irastorza, ha recordado que, en su comparecencia ante el Parlamento vasco la pasada semana, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, «nos interpelaba a los sindicatos para decir si de verdad creíamos que el sistema educativo vasco tenía problemas y si las condiciones del personal no eran las mejores».
Irastorza ha afirmado que la consejera «sabe mejor que nadie los recortes que han impuesto a lo largo de estos últimos años, sabe que desde el curso 2009-2010 han destruido más de 2.000 puestos de trabajo, sabe que la temporalidad es del 39% y más de 9.000 trabajadores de Educación son temporales». «Son cifras absolutamente inaceptables que desestabilizan el sistema educativo», ha denunciado, para añadir que «el ratio de alumnos por aula ha subido un 10%, las sustituciones no se realizan, o se realizan pasada una semana».
El responsable de ELA ha señalado que «todo ello deja en evidencia la política educativa del Gobierno vasco» y, ante la invitación de la consejera de Educación a los sindicatos a hacer propuestas, ha asegurado que el documento que hicieron público la semana pasada está «lleno de propuestas».
En ese sentido, ha recordado que sus peticiones son «que se creen más de 2.000 puestos de trabajo, que se estabilicen 6.000 puestos de trabajo, que se sustituya desde el primer día, que se reduzcan los ratios de alumnos por aula, y que se reviertan todos los recortes», además de que «se deje de lado Heziberri y se dé un proceso de euskaldunización del sistema educativo para conseguir alumnos euskaldunes plurilingües».
Irastorka ha advertido que «las OPEs del curso pasado y las de éste, como mucho y en el mejor de los casos, mantienen la tasa de temporalidad existente en este momento, pero como no se cubren del todo año a año van aumentado las tasas de temporalidad». Por ello, ha insistido en que «hace falta una estabilización de empleo, acordada con los sindicatos de más de 6.000 puestos de trabajo».
Asimismo, ha recordado que las OPEs convocadas por Educación, «no acordadas con los sindicatos, no llegan casi al 10% de las necesidades de estabilización», a la vez que ha considerado «discutible que la estabilización, en este momento, tuviera que ser a través de unas oposiciones tal y como las plantea el Gobierno vasco».
«PROPUESTA COMPLETA»
A entender de los sindicatos es «una propuesta completa» y el Departamento de Educación «debe abordarla necesariamente para la mejora de nuestro sistema educativo y de las condiciones laborales».
Por otra parte, el responsable de LAB Aritz Alboniga ha denunciado que «fue el Gobierno vasco el que decidió aplicar los recortes, y, hasta el momento, no ha mostrado compromiso ni voluntad alguna para revertir la situación», por lo que la actual situación del personal de Educación «es consecuencia directa de la política de recortes del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca».
Además, ha censurado que el Gobierno vasco «niega y bloquea la negociación colectiva», y «actúa unilateralmente mediante imposiciones». Para los sindicatos convocantes, ha dicho, el modelo actual «es insostenible», con «malas condiciones de trabajo, ninguna opción de negociación y un sistema educativo agotado».
Por ello, ha considerado necesario «un nuevo modelo que reconozca la necesidad de la negociación, y un nuevo modelo que nos lleve a la superación de la situación actual». «Los tres sindicatos somos firmantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y tenemos claro que estas políticas basadas en una insuficiente inversión por una parte, y la imposición de reformas educativas como la LOMCE y Heziberri por otras nos alejan mucho del sistema educativo que reivindicamos en dicha carta», ha concluido.
Por su parte, Ana Pérez, en representación de Steilas, ha afirmado que «la única opción es pasar a la movilización», porque el Departamento vasco de Educación «hace oídos sordos a todas nuestras reivindicaciones». «Vamos a salir a la huelga para demandar nuestras relaciones laborales y recuperar el derecho a la negociación colectiva, porque mientras no tengamos una condiciones laborales dignas es muy difícil que podamos hacer frente y atender como es necesario el sistema educativo», ha afirmado.
Pérez ha acusado a la consejera de Educación de «culpabilizar al profesorado de la situación en la que está la escuela pública en estos momentos, cuando ella sabe muy bien que es lo que está pasando y cuáles son cada una de nuestras reivindicaciones». Por ello, ha advertido a Uriarte de que el 22 de marzo estarán en la calle, pero «no será la única movilización, porque si ellos no se mueven nos moveremos nosotros».
España/07 de marzo de 2017/Autora: Laura Martínez/ Fuente: Cadena SER
Anuncian movilizaciones para este próximo 9 de marzo en contra de la LOMCE.
Una campaña que bajo el título «Matricúlate en la Escuela Pública», se enmarca en un proyecto más ambicioso titulado «Por lo público. Por lo común», y que supone el paso previo a la huelga general convocada por el sector educativo para este próximo jueves 9 de marzo. Todo en un mes en el que se ha abierto el período de prescripción y posterior matriculación escolar, por lo que CGT señala que «la educación es un derecho y no un negocio, y la escuela pública no debería funcionar con criterios de rentabilidad económica, sino social», en palabras del responsable de enseñanza del sindicato CGT en la provincia de Jaén, Manuel López.
Señalaban igualmente que existen centros que segregan y discriminan, haciendo negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Una campaña que se está distribuyendo por los centros educativos de nuestra tierra, «invitando a las familias a que matriculen a sus hijos e hijas en la escuela pública». Así, este jueves se pondrá el acento en una amplia tabla reivindicativa con la que exigirán «la reversión de las recientes reformas educativas que recoge la LOMCE, y que, insisten desde CGT, «obedecen a criterios económicos». Ofrecían además algunos datos, como que en los últimos 5 años se han dejado de invertir unos 8.000 millones de euros en educación, y la red pública ha perdido en nuestro país unos 33.000 docentes para 55.000 alumnos y alumnas más; por el contrario, señalan, la red concertada gana 900 profesores más para un incremento de 7.500 escolares. En la provincia se han convocado dos manifestaciones, una de ellas en la capital jiennense a partir de las 13,00 horas, mientras que en Úbeda la manifestación convocada por la plataforma estudiantil de la ciudad, partirá a las 10,00 del IES ‘Los Cerros’ hasta la Plaza de Andalucía, donde se leerá un manifiesto para finalizar.
España- Grecia – Lituania/04 de marzo 2017/Fuente: educaweb.com
En la agenda de los políticos europeos, las reformas de las políticas educativas tienen que estar marcadas en fosforescente. Esta es una de las conclusiones principales a las que se llega en el informe Social Policy in the EU – Reform Barometer 2016, una investigación sobre el estado de la inclusión social en 28 países de la Unión Europea elaborado por la Fundación Bertelsmann, el European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna y el Economic Policy Center de la Universidad de St. Gallen.
El estudio monitoriza cinco dimensiones: la prevención de la pobreza, el acceso al mercado de trabajo, la cohesión social y no discriminación, la salud, y la equidad en la educación (equitable education). Este último aspecto se desglosa en seis objetivos políticos: la igualdad de oportunidades en los diferentes niveles educativos, las condiciones estructurales (recursos humanos y financieros), la calidad de la docencia, la independencia del éxito académico del origen socioeconómico, la reducción de la tasa de abandono escolar temprano y la integración de las personas refugiadas en el sistema educativo.
En líneas generales, los más de mil expertos encuestados consideran que los estados miembros de la UE «apenas han realizado esfuerzos dirigidos a reformar la educación, y sólo un tercio de las reformas necesarias han sido abordadas en la UE de media». Los países con una actividad reformista más baja han sido precisamente Grecia, Lituania y España.
Particularmente bajas resultan también las reformas llevadas a cabo en el campo del aprendizaje para toda la vida (lifelong learning): 10 países no han realizado ningún tipo de acción significativa para mejorar los recursos humanos o financieros y nueve no han mejorado tampoco la calidad de este tipo de enseñanza.
Los expertos consultados también inciden en la necesidad de debilitar la relación existente entre el éxito educativo y el origen socioeconómico y apuntan que no se ha llevado a cabo ningún tipo de actividad relevante en Croacia, Finlandia, Grecia, Hungría, Eslovaquia ni España, lo cual se califica como «particularmente alarmante», pues conduce a un incremento de las desigualdades sociales.
Alerta en el Reino Unido, tranquilidad en Malta
El Reino Unido ha sido duramente criticado por el impacto negativo para la movilidad social que han supuesto las tasas a las matrículas universitarias recientemente introducidas.
Por el contrario, el país mejor valorado por sus reformas educativas ha sido Malta. En concreto, los encuestados han valorado positivamente el Alternative Learning Programme, un proyecto destinado a reducir el abandono escolar prematuro, el establecimiento de centros gratuitos de cuidado para niños (child care centres), la mejora de la formación del profesorado de preescolar y el fomento de cursos nocturnos y online para permitir más flexibilidad a la hora de estudiar. Rumanía ha sido el segundo país más valorado.
En el caso español, la necesidad de mejorar la educación es evidente, pues el país se sitúa en el puesto 16 de 22. Los expertos consideran que el problema más importante se halla en la necesidad de reducir la elevada tasa de abandono escolar prematuro (lugar 19 de 21). El segundo asunto más grave reside en garantizar el éxito educativo independientemente del origen socioeconómico del alumnado.
España también se encuentra entre los países con la ratio de actividad más bajo, el tercero empezando por la cola. En concreto, no se perciben políticas que intenten desligar el éxito del contexto socioeconómico que se ha mencionado anteriormente ni promuevan la integración de los refugiados en el sistema educativo, y muy pocas abordan una mejora de las condiciones estructurales que supongan un incremento de los recursos humanos y financieros. Es por ello que la dimensión relativa a una educación equitativa sale mal parada, pues el país ocupa el segundo lugar más bajo en un ranking de 21 países. La situación del mercado laboral
Otro de los puntos analizados en este informe es la situación del mercado laboral europeo. Este se podría definir en tres necesidades: reducir la tasa de desempleo juvenil, reducir el número de personas paradas de larga duración y mejorar las competencias de aquellos con menos estudios.
En términos de desempleo juvenil, nueve de cada diez encuestados afirman que se necesitan implementar cambios para mejorar la situación de los jóvenes en toda Europa, pero sobretodo en el este y sur de Europa, donde este colectivo se encuentra en peor posición. Además, también se valora de forma negativa la situación de la juventud anglosajona, debido a las dificultades existentes para acceder al mundo laboral.
Tanto el caso de los parados de larga duración y las personas con un nivel bajo de competencias, un 90% de los expertos aseguran que se necesitan aplicar cambios en las políticas actuales para mejorar la situación de estos colectivos. Los países del norte de Europa, a causa de su alta empleabilidad son los países que menos necesidad de reformas tienen, y por otro lado, Hungría destaca por las buenas prácticas llevadas a cabo en la lucha contra el desempleo, con las que ha conseguido bajar en cuatro puntos su tasa de paro.
Otro de los puntos que destaca negativamente Europa en cuanto a medidas sociales aplicadas, es en el del acceso de los refugiados al mercado laboral. Del total de 19 países analizados, en 11 no se ha encontrado ninguna actividad en cuanto a políticas sociales destinadas a mejorar la situación de este colectivo.
En la agenda de los políticos europeos, las reformas de las políticas educativas tienen que estar marcadas en fosforescente. Esta es una de las conclusiones principales a las que se llega en el informe Social Policy in the EU – Reform Barometer 2016, una investigación sobre el estado de la inclusión social en 28 países de la Unión Europea elaborado por la Fundación Bertelsmann, el European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna y el Economic Policy Center de la Universidad de St. Gallen.
El estudio monitoriza cinco dimensiones: la prevención de la pobreza, el acceso al mercado de trabajo, la cohesión social y no discriminación, la salud, y la equidad en la educación (equitable education). Este último aspecto se desglosa en seis objetivos políticos: la igualdad de oportunidades en los diferentes niveles educativos, las condiciones estructurales (recursos humanos y financieros), la calidad de la docencia, la independencia del éxito académico del origen socioeconómico, la reducción de la tasa de abandono escolar temprano y la integración de las personas refugiadas en el sistema educativo.
En líneas generales, los más de mil expertos encuestados consideran que los estados miembros de la UE «apenas han realizado esfuerzos dirigidos a reformar la educación, y sólo un tercio de las reformas necesarias han sido abordadas en la UE de media». Los países con una actividad reformista más baja han sido precisamente Grecia, Lituania y España.
Particularmente bajas resultan también las reformas llevadas a cabo en el campo del aprendizaje para toda la vida (lifelong learning): 10 países no han realizado ningún tipo de acción significativa para mejorar los recursos humanos o financieros y nueve no han mejorado tampoco la calidad de este tipo de enseñanza.
Los expertos consultados también inciden en la necesidad de debilitar la relación existente entre el éxito educativo y el origen socioeconómico y apuntan que no se ha llevado a cabo ningún tipo de actividad relevante en Croacia, Finlandia, Grecia, Hungría, Eslovaquia ni España, lo cual se califica como «particularmente alarmante», pues conduce a un incremento de las desigualdades sociales.
Alerta en el Reino Unido, tranquilidad en Malta
El Reino Unido ha sido duramente criticado por el impacto negativo para la movilidad social que han supuesto las tasas a las matrículas universitarias recientemente introducidas.
Por el contrario, el país mejor valorado por sus reformas educativas ha sido Malta. En concreto, los encuestados han valorado positivamente el Alternative Learning Programme, un proyecto destinado a reducir el abandono escolar prematuro, el establecimiento de centros gratuitos de cuidado para niños (child care centres), la mejora de la formación del profesorado de preescolar y el fomento de cursos nocturnos y online para permitir más flexibilidad a la hora de estudiar. Rumanía ha sido el segundo país más valorado.
En el caso español, la necesidad de mejorar la educación es evidente, pues el país se sitúa en el puesto 16 de 22. Los expertos consideran que el problema más importante se halla en la necesidad de reducir la elevada tasa de abandono escolar prematuro (lugar 19 de 21). El segundo asunto más grave reside en garantizar el éxito educativo independientemente del origen socioeconómico del alumnado.
España también se encuentra entre los países con la ratio de actividad más bajo, el tercero empezando por la cola. En concreto, no se perciben políticas que intenten desligar el éxito del contexto socioeconómico que se ha mencionado anteriormente ni promuevan la integración de los refugiados en el sistema educativo, y muy pocas abordan una mejora de las condiciones estructurales que supongan un incremento de los recursos humanos y financieros. Es por ello que la dimensión relativa a una educación equitativa sale mal parada, pues el país ocupa el segundo lugar más bajo en un ranking de 21 países.
La situación del mercado laboral
Otro de los puntos analizados en este informe es la situación del mercado laboral europeo. Este se podría definir en tres necesidades: reducir la tasa de desempleo juvenil, reducir el número de personas paradas de larga duración y mejorar las competencias de aquellos con menos estudios.
En términos de desempleo juvenil, nueve de cada diez encuestados afirman que se necesitan implementar cambios para mejorar la situación de los jóvenes en toda Europa, pero sobretodo en el este y sur de Europa, donde este colectivo se encuentra en peor posición. Además, también se valora de forma negativa la situación de la juventud anglosajona, debido a las dificultades existentes para acceder al mundo laboral.
Tanto el caso de los parados de larga duración y las personas con un nivel bajo de competencias, un 90% de los expertos aseguran que se necesitan aplicar cambios en las políticas actuales para mejorar la situación de estos colectivos. Los países del norte de Europa, a causa de su alta empleabilidad son los países que menos necesidad de reformas tienen, y por otro lado, Hungría destaca por las buenas prácticas llevadas a cabo en la lucha contra el desempleo, con las que ha conseguido bajar en cuatro puntos su tasa de paro.
Otro de los puntos que destaca negativamente Europa en cuanto a medidas sociales aplicadas, es en el del acceso de los refugiados al mercado laboral. Del total de 19 países analizados, en 11 no se ha encontrado ninguna actividad en cuanto a políticas sociales destinadas a mejorar la situación de este colectivo.
Face au bilan de la dernière réforme de la formation des professeurs (cf rapport Comité de suivi de la Loi de refondation de l’École), de nouvelles politiques scolaires s’imposent. L’enjeu est de taille : la société a changé, les élèves ont changé, les modes d’accès aux savoirs aussi. Une formation renouvelée des professeurs s’impose. Dans ce début de campagne aucun candidat n’aborde la question Il est grand temps de former autrement les enseignants, et donc de les recruter autrement.
En France, former les enseignants ne va pas de soi dans une tradition universitaire où la possession de connaissances disciplinaires attestée par la possession d’un niveau de diplôme a longtemps été jugée comme suffisante, l’autorité du Savoir faisant office de compétence pédagogique. Pour réformer la formation, il faut d’abord réformer le concours et l’architecture d’ensemble.
Réformer le concours de recrutement un préalable indispensable
Le concours de recrutement est un levier essentiel, jamais utilisé par les politiques frileuses menées.
PROPOSITION 1 : Pré-recruter les enseignants à bac + 2 en proposant un concours avec des épreuves mixtes pour proposer ensuite une formation en alternance et permettre une présence accrue d’adultes dans les établissements scolaires.
Proposition 1.1
Seul un recrutement précoce dès l’année de L3 permet d’allier une formation disciplinaire et une formation professionnelle. Les candidats à l’issue de leur L2 présenteraient un concours mixte dans les épreuves et les savoirs. Ce pré-recrutement permettrait une véritable formation en alternance, en M1 et M2 sous forme de stages (rémunérés). Il s’agit d’une formation universitaire en L3.
À tous les niveaux de l’enseignement, de l’école maternelle au lycée, un concours de recrutement « mixte » associant épreuves théoriques et épreuves d’enseignement. Certes, un professeur est d’abord quelqu’un qui a une bonne maîtrise des savoirs à enseigner dans les différentes disciplines d’enseignement. Mais cela ne constitue qu’un préalable.
Il ne suffit pas de savoir pour savoir enseigner. Il faut donc introduire des épreuves pratiques. Nécessitant des stages pratiques (accompagnés) dans les établissements scolaires, ces épreuves se déclineraient d’une part en une série d’interventions en L3 (cours, travaux pratiques, travaux dirigés, séances informatiques, accompagnement scolaire…) devant des élèves, et d’autre part en entretiens évaluant ces interventions. Plusieurs leçons étalées dans le temps permettraient à la fois une meilleure évaluation de la candidature et des capacités de progression du candidat au fur et à mesure de ces leçons.
Le concours doit aussi associer des savoirs disciplinaires, des savoirs « transversaux » issus des sciences humaines et sociales (sociologie, philosophie, anthropologue, sciences de l’éducation, psychologie) mais aussi des didactiques (didactique de la lecture, didactique de la physique ou didactique du français, etc.) et des pédagogies. Le métier d’enseignant devenu plus complexe, nécessite la mise en œuvre de compétences de haut niveau qui dépassent les seuls savoirs disciplinaires habituels : des savoirs scientifique, didactique, pédagogique, éducatif, institutionnel, psychologique, sociologique, philosophique.
Des épreuves théoriques écrites ou orales dont les coefficients seraient aussi importants que les coefficients des épreuves portant sur les disciplines d’enseignement s’imposent, et imposent une véritable révolution de la pensée en éducation. Un véritable travail de fond sur le recours au numérique qui ne doit être ni anecdotique, ni systématique, mais qui doit s’inscrire dans une réelle compétence de jugement sur la pertinence des usages.
Car dans notre culture scolaire et universitaire, cela ne va pas de soi.
Un concours de recrutement associant épreuves individuelles et épreuves collaboratives serait le préalable à cette autre manière d’enseigner et de concevoir l’enseignement. Si le travail collaboratif des enseignants est un impératif, lié aux mutations des contextes culturels et sociaux d’enseignement, le concours doit prévoir une épreuve collective où le processus même du travail de groupe est évalué. Les modalités variables selon la discipline d’enseignement, consisterait en une tâche à élaborer en commun : proposer un TD sur une thématique, évaluer un travail d’élève, définir les objectifs pédagogiques d’une leçon, proposer des exercices adaptés aux besoins des élèves… L’objectif serait d’évaluer les compétences au travail de groupe : à entendre les objections, à écouter l’autre, à organiser la répartition des tâches…
Proposition 1.5
Le concours destiné au corps spécifique de professeurs de collège comporterait en outre des épreuves dans deux disciplines principales : lettres-histoire ; lettres-anglais, mathématiques-physique, etc.
Former autrement
Ces nouvelles modalités de concours de recrutement proposées imposent une nouvelle architecture de la formation des professeurs qui répondent à de nouveaux enjeux. Une véritable formation professionnelle des enseignants, associée à une « universitarisation » de cette formation des enseignants doit être couplée à une formation en alternance réelle sur le terrain.
C’est à dire avec une dimension d’accompagnement au quotidien et pas une immersion dans le « demerdesiesich ». Dans aucun modèle de formation en alternance de n’importe quel métier, on n’ose jeter les formés sans filet, sans mentor au quotidien, sans référent de compétences clairement identifié, et sans référentiel d’adossement.
Il faut apprendre à enseigner. Le compagnonnage auprès d’enseignants expérimentés peut constituer un apport mais il ne peut, en aucun cas, se suffire à lui-même. Le métier de professeur ne s’apprend pas simplement « sur le tas ». Avec l’hétérogénéité croissante des publics scolaires, avec les mutations de la forme familiale et des modes de socialisation contemporains, avec la multiplication des modalités d’accès aux savoirs, le métier d’enseignant est devenu plus complexe et nécessite une formation longue ancrée sur les savoirs de recherche.
Comment se construisent les inégalités scolaires ? Comment organiser le travail des élèves ? Comment gérer l’hétérogénéité des classes ? Comment dialoguer avec les familles ? Comment contribuer dans sa classe et dans l’établissement à la démocratisation de l’accès aux savoirs ? Comment prendre en compte les difficultés sociales et psychologiques de certains élèves ? Comment fonctionne un cerveau ? “
Autant de questions et bien d’autres sur lesquelles des savoirs sont produits et devraient nourrir la formation professionnalisante des enseignants. La formation des professeurs doit articuler disciplines d’enseignement, didactique, pédagogie et sciences humaines et sociales. Elle doit aussi se concevoir comme une formation en alternance seule à même de confronter très tôt les futurs enseignants aux contraintes du métier tout en développant les moyens d’observer et d’analyser des situations d’enseignement-apprentissage.
PROPOSITION 2 : une formation mixte de deux ans en alternance
Proposition 2.1
Il s’agit d’une formation en alternance. Dés la réussite au concours en fin de L3, la formation est prise en charge conjointement par l’université et par l’État employeur dans le cadre de stages, accompagnés et en responsabilités en deux ans ; elle permet à la fois l’obtention d’un M1 et d’un M2 et une véritable formation professionnelle longue.
Il s’agit d’une universitarisation de la formation professionnelle qui ne se réduit pas à l’acquisition de connaissances dans les savoirs d’enseignement. Ces connaissances sont bien sûr indispensables… mais elles doivent être nourries de réflexivité et des savoirs de la recherche : par exemple, s’interroger sur les finalités et l’évolution de la discipline, sur les enjeux sociaux ou culturels de sa discipline, sur les relations de celle-ci avec les autres disciplines, sur la dimension civique de tout enseignement sur l’organisation d’un établissement scolaire. Il faut du temps pour mener une réflexion plus générale, ou encore un approfondissement sur les fondements épistémologiques ou gnoséologiques de tel ou tel élément de connaissance, pour intégrer les éléments de la didactique de sa discipline, ou encore se former à la psychologie de l’éducation ou à la sociologie de l’éducation…
Proposition 2.3
Tout professeur stagiaire en préparant son master devra nécessairement participer à un travail de recherche, activité facilitée par les projets collaboratifs menés entre enseignants et chercheurs. Ces projets s’intégreront obligatoirement dans l’emploi du temps de tous les professeurs dans le cadre de la formation continue. La formation par la recherche donne aux professeurs les éléments pour prendre du recul et analyser leur enseignement. La participation à une vraie recherche liée à une question vive en éducation doit être prévue.
Proposition 2.4 : une formation continue
La mise en place des projets collaboratifs en établissements scolaires permet la mise en œuvre d’une formation continue qui nourrit la recherche et s’en nourrit. Le métier de professeur s’apprend sur plusieurs années (c’est un métier dit d’expérience). Après la formation initiale intégrative, la formation continue doit permettre d’accompagner par des périodes de stages en université et à l’ESPE la première année en responsabilité. Enfin, une offre de formation continue au plus près des réalités des établissements d’enseignement devrait exister en complément de cette formation et être articulée avec la recherche et ses résultats, permettant à tout professeur de s’adapter aux mutations de la société.
Proposition 3 : organiser la collaboration de formateurs complémentaires
Les équipes d’encadrement des formations sont constituées par plusieurs professionnels. Les enseignants qui accueillent dans leurs classes les stagiaires doivent être formés et avoir la responsabilité de l’accompagnement sur le terrain. Ils sont reconnus à ce titre. Les tuteurs ne sont pas les évaluateurs. Ceux-là interviennent dans un cadre d’évaluation différent. Les formateurs de l’ESPE interviennent en conseil dans les classes. Tous les intervenants se retrouvent dans un conseil de l’accompagnement, pour construire et partager une culture commune, qui évite les tiraillements entre perspectives théoriques et mise en œuvre pratique.
Proposition 3.2
Tout au long des trois années de formation, l’évaluation continuée est constituée en regard d’un référentiel de compétences. Celle-ci combine l’auto- positionnement du stagiaire, la guidance de l’enseignant qui accueille dans sa classe, les évaluations des formateurs.
Proposition 3.3
Faire en sorte que formellement dans la formation, les mouvements d’éducation populaire dans leurs diversités, participent à la formation des futurs enseignants.
Proposition 3.4
Faire vivre par les futurs enseignants durant les trois années de formation, d’autres expériences professionnelles en entreprise, dans les collectivités territoriales, ou structures sociales, de sorte de connaître la diversité des réalités sociales des élèves.
Voilà une proposition : sa caractéristique principale est de s’inscrire dans une durée longue. Dans aucun métier on ne peut faire croire qu’en quelques semaines, on construit les conditions d’une expertise professionnelle. C’est donc la responsabilité des politiques, mais également de tous les acteurs de s’imposer un devoir de cohérence. Cela a un prix. Celui de la démocratie.
México/18 de febrero de 2017/ Fuente: http://www.bcsnoticias.mx
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalaron que uno de los artículos de la Ley de Educación en BCS es inconstitucional, porque define un término de ‘educación de calidad’, la cual solo le confiere al Congreso de la Unión
La Paz, Baja California Sur, (BCS). Este lunes, los ministros pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), señalaron que las reformas efectuadas por Baja California Sur en materia educativa, son anticonstitucionales, pues indicaron que éstas, transgreden acciones que solo competen al Congreso de la Unión.
En este sentido, los magistrados declararon que, de acuerdo a la Ley de Educación de la entidad, la fracción cuarta del artículo 8 es inconstitucional, pues define lo que es la educación de calidad, misma que solo puede ser regulada por el Poder Legislativo Federal, pues la definición de ésta, es parte importante del Sistema Nacional de Evaluación.
Así mismo, el ministro Arturo Zaldivar expresó que ello es solo de la competencia federal, de acuerdo a los procedentes constitucionales.
De igual forma, cabe recordar que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, impugnó todas las reformas a la Ley Educativa, por medio de una promoción constitucional, pues se aseguró que se violaba la Ley General de Educación y la Ley General del servicio Profesional Docente, los cuales provienen de la Reforma Constitucional en materia educativa.
España/18 de febrero de 2017/Fuente: http://www.noticiasdenavarra.com
Los sindicatos LAB, Steilas y ELA convocaron ayer una jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria de la CAV para reclamar al Gobierno vasco que “renuncie” a los “recortes” e incremente “la insuficiente inversión pública” en esta materia. El paro será el 22 de marzo. En el caso de Navarra, estos sindicatos advirtieron de que “en la medida en que el proceso de negociación abierto con el Gobierno no dé frutos sustanciales” se activarán las movilizaciones.
En un comunicado, las tres centrales criticaron “los recortes impuestos por los Gobiernos” de la CAV y Navarra, así como “la insuficiente inversión y las salvajes reformas educativas impuestas” que, en su opinión, sitúan al sector en “una dirección totalmente opuesta” a la que recoge la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. “Los sindicatos consideramos imprescindible dar la vuelta a esta situación y reforzar el desarrollo de nuestro sistema educativo”, que apuesta por “recuperar el derecho a la negociación colectiva en la Educación y mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo”, para “avanzar” en este sentido.
Con este fin, LAB, Steilas y ELA piden aumentar las plantillas de la Educación pública en 2.000 personas en la CAV y 900 en Navarra; disminuir la temporalidad hasta el 6 %; reducir un 10 % el número de alumnos por clase; recuperar el poder adquisitivo del personal; que las sustituciones se realicen desde el primer día, que las bajas se paguen “en su integridad”, y que se recuperen las medidas que “facilitan y acompañan” a la jubilación. – D.N./Efe
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